La Confesión Judicial

Martes, 19 de junio de 2012

LA CONFESIÓN JUDICIAL

¿CUÁNDO SE DECLARA CONTRA SÍ MISMO?

 

altPor: Daniel Jácome Cahueñas

Estudiante de la carrera de derecho, en la Universidad Central del Ecuador.

I. PLANTEAMIENTO.

La pregunta fue formulada en el aula durante la cátedra de Procedimiento Civil I dictado por el Dr. José García Falconí, ¿es válida la confesión judicial cuando se declara contra sí mismo?, teniendo en cuenta que es una prueba en la cual, una persona declara contra sí mismo.

Tradicionalmente la doctrina jurídica ha considerado a la confesión judicial como una prueba plena valida, en todo proceso judicial; de ahí que nuestra legislación la recoja dentro del Código de Procedimiento Civil, señalando que el Art. 122 ibídem define lo que es la confesión y dice:

?Confesión  judicial  es  la  declaración  o  reconocimiento  que  hace  una  persona,  contra  sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho?.

De este modo el derecho positivo a instaurado algunas salvaguardas para garantizar la plena validez  de la confesión para considerarla prueba, al determinar que será válida solo si se rinde ante el juez competente, que la confesión judicial tendrá que realizarse en base a un cuestionario previamente proporcionado por la parte peticionaria, el mismo que debe ser calificado por el Juez, a fin de establecer si las preguntas contenidas en el interrogatorio son o no constitucionales.

 

LEGISLACIÓN PERTINENTE

El Código de  Procedimiento Civil dispone en el artículo  123:  ?Para  que  la  confesión  constituya  prueba  es  necesario  que  sea  rendida  ante  el  juez competente, que se haga de una manera explícita y que contenga la contestación pura y llana del hecho o hechos preguntados?.

Haciendo énfasis en que la rendir confesión judicial se tendrá que contestar de forma clara y precisa, esto para evitar respuesta ambigua que hagan incurrir en error al juez.

El Código de Procedimiento Civil dice en el artículo 125: ?En la confesión ordenada por el juez, a solicitud de parte o de oficio, deberán afirmarse o negarse  de  un  modo  claro  y  decisivo  los  hechos  preguntados,  y  no  se  admitirán  respuestas ambiguas o evasivas?.

Más si las preguntas son algo confusas o no se entienden del todo, el mismo artículo en su segundo inciso ordena al juez realizar la ampliación a la pregunta para que así la persona que va a rendir la confesión lo pueda entender cabalmente.

El Código de Procedimiento Civil en el Art. 125, segundo inciso dice: ?Para llenar este objeto, el juez está obligado a explicar suficientemente las preguntas, de tal modo que el confesante se halle en condiciones de dar una respuesta del todo categórica?.

Más aún, si la confesión judicial realizada no ha reunido los requisitos antes señalados, si el cuestionario fue confuso, o las respuesta proporcionadas no han sido del todo claras, o peor aún si la confesión no ha sido rendido ante el juez o en un lugar propicio, el juez en su calidad de juzgador posee la capacidad de interpretar la prueba en base a la sana critica

El Código de Procedimiento Civil dice en el Art. 124: ?Si la confesión no tuviere alguna de las calidades enunciadas en el artículo anterior, será apreciado por el juez en el grado de veracidad que éste le conceda, de acuerdo con las reglas de la sana crítica?.

He ahí que estamos ente una prueba muy sui generis, ya que ésta por sus condiciones propias puede ser considera la base de la demanda, esto equivale a decir que si a una persona se le llame a declarar, él tendría que ir acompañado de su abogado defensor, a contestar con un sí o no a las preguntas y en base a ello se resuelva el juicio, en la sentencia a dictarse por parte del juez valorando la prueba a través de las reglas de la sana crítica.

 

DERECHOS QUE RECONOCE LA NORMA SUPREMA

La pregunta que aparece es ¿qué sucede cuando la norma suprema reconoce ciertos derechos, los cuales son inalienables e irrenunciables y de aplicación progresiva?.

La Constitución de la República en el Art. 11 Nos. 6 y 8 dice:  ?El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

8.  El  contenido  de  los  derechos  se  desarrollará  de  manera  progresiva  a  través  de  las  normas,  la jurisprudencia y las políticas públicas?.

Hay que señalar que la misma Constitución manda a que los jueces, servidores y demás funcionarios judiciales sean quienes cautelen estos derechos y vigilen su fiel cumplimiento

La Constitución de la República en el Art. 76 señala:  ?En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes?.

Como dice la lógica al decir toda autoridad, estas palabras en español, significa que una persona sea quien fuese, tiene derechos reconocidos por la Constitución de la República, que estos derechos son irrenunciables, o sea no podemos decir yo no quiero que se me reconozca este derecho, pues los derechos constitucionales los tenemos todos y nadie nos puede obligar a renunciarlos;  es inalienable porque nadie (persona, autoridad, ley) nos lo pueden quitar, son nuestros y de nadie más, hasta aquí ya vamos viendo que un derecho nadie me lo puede quitar ni obligar (sea de facto o expresamente) a renunciar a ellos. De aplicación progresiva significa que van ir de menos a más y jamás pueden ir en forma contraria. Si por ejemplo hoy teníamos derecho a la vida, mañana tenemos derecho a una vida digna; jamás se puede consentir una disminución.

II. HIPÓTESIS

Para subsanar todo esto y que la confesión judicial siga siendo una prueba plenamente valida, será menester que en el art 123 del Código de Procedimiento Civil se incluya un inciso que diga:

 

Art.  123.-  Para  que  la  confesión  constituya  prueba  es  necesario  que  sea  rendida  ante  el  juez competente, que se haga de una manera explícita y que contenga la contestación pura y llana del hecho o hechos preguntados.

 

El juez tendrá que explicar de forma clara y concisa a la persona que va rendir una confesión judicial que tiene el derecho constitucional a acogerse al silencio (CRE, Art. 77 Núm. 7 Letra b); la respuesta que se dé será asentada por escrito en acta, y contará con la firma del juez, secretario y las legítimas partes procesales, entre ellos el abogado defensor del confesante.

Solo de esa forma se respetará la Constitución de la República, tratados internacionales de derechos humanos,  y seguirán siendo válida una prueba que en muchas circunstancias ha logrado que las cosas se resuelvan en vez de complicarse más, ya que eliminar de total forma a la confesión por incurrir parcialmente en inconstitucionalidad, sería hacer un daño que un bien, a la sociedad y al derecho.

Recalco que esta interrogante se plantea, en base a lo dispuesto en la Constitución de la República del 2008, en atención a los Arts. 11, 76 y 77 .

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1.  Los  derechos  se  podrán  ejercer,  promover  y  exigir  de  forma  individual  o  colectiva  ante  las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para  el  ejercicio  de  los  derechos  y  las  garantías  constitucionales  no  se  exigirán  condiciones  o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar violación  o  desconocimiento,  para  desechar  la  acción  por  esos  hechos  ni  para  negar  su reconocimiento.

4.  Ninguna  norma  jurídica  podrá  restringir  el  contenido  de  los  derechos  ni  de  las  garantías constitucionales.

5.  En  materia  de  derechos  y  garantías  constitucionales,  las  servidoras  y  servidores  públicos, administrativos  o  judiciales,  deberán  aplicar  la  norma  y  la  interpretación  que  más favorezcan  su efectiva vigencia.

FUNCIÓN SOCIAL DE LOS JUECES Y SERVIDORES PÚBLICOS

De una breve lectura salta a la vista, que son los jueces y servidores judiciales los llamados a garantizar la plena vigencias de estos derechos, dicho en otras palabras su función social es tutelar los derechos de las personas en su ejercicio profesional

Por ende cuando los artículos 123 al 125 del Código de Procedimiento Civil hablan que la confesión judicial debe ser actuada antes juez o autoridad competente, este está en la obligación de advertir los derechos constitucionales al confesante, como el de acogerse al silencio (Art 77, Núm. 7, Letra b)

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

4.  Las  pruebas  obtenidas  o  actuadas  con  violación  de  la  Constitución  o  la  ley  no  tendrán  validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por  una  autoridad  policial  o  por  cualquier  otra,  sin  la  presencia  de  un  abogado  particular  o  un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.

 

Del artículo citado, se colige que en todo proceso donde están en juego los derechos,  toda persona tiene derecho a la debida defensa, por ende en una confesión judicial debe estar presente el abogado sea este particular o proporcionado por el estado (léase defensor público)

Llegado a este punto algunos dirán que no se puede aplicar en materia civil un derecho consagrado en materia penal como lo es el derecho al silencio a no declarar contra sí mismo o parientes cercanos, lo cual tiene que ser dilucidado por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, acorde a lo dispuesto en la Constitución de la República y Código Orgánico de la Función Judicial.

 

El Art. 77 de la Constitución de la República señala en su parte pertinente: ?En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:

b) Acogerse al silencio.

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.

Más si revisa detenidamente lo declarado por el artículo 11 de la Constitución de la República, se colegirá que los derechos son de aplicación progresiva y no se incumple y menos aún se viola la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos o la ley, si se aplica lo más favorable hacia el ciudadano

De ahí que opine, que la confesión judicial es plenamente valida si al momento de ser receptada, el juez advirtió al confesante sobre sus derechos (a tener un abogado presente, a no declarar contra sí mismo y a acogerse al silencio) caso contrario si la confesión judicial fue realizada sin estas advertencias será totalmente nula, ya que estaría violando disposiciones constitucionales y otras contenidas en tratados internacionales de derechos humanos, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, conforme lo señalan los Arts. 424 y 425 de la Constitución de la República; y 4 y 5 del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

Daniel Jácome Cahueñas

Estudiante de la carrera de derecho, en la Universidad Central del Ecuador.

 

Change password



Loading..