Por: Ing. Mario Nieto Mora
De manera similar a lo que ocurre cuando a dos o más grupos multidisciplinarios diversos se encarga la tarea de evaluar un proyecto de inversión privada o uno gubernamental en que -por esa diversidad, entre otros motivos- los resultados de la evaluación son por lo común desiguales, al discutir sobre la denominada soberanía alimentaria pueden haber, y de hecho existirán varias preocupaciones sobre todo respecto de lo que hará o podría hacer nuestro Estado en procura de “garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente”, como al referirse a esta Soberanía alimentaria y concordando en parte con el viejo e inalcanzado objetivo de la Codificación de la Ley de Desarrollo Agrario vigente consta en el párrafo primero del artículo 281 de nuestra Constitución Política y como con ilusión -de la misma forma que en la referida Codificación- mencionan los catorce numerales que conforman este artículo.
Si bien es significativo e indiscutible que la nueva Carta Magna señale el deber que tiene nuestro Estado de velar por la supervivencia digna de quienes residimos y/o continuaremos viviendo en el país, la citada discusión podrá -y con razón considerando los usualmente tibios resultados obtenidos hasta ahora- incrementarse al discernir, constatar y/o elucubrar que el sector público no cuenta con los suficientes recursos materiales ni humanos -estos últimos en número y calidades técnica y ética- para cumplir esta tarea que además requiere del concurso de la mayoría de los organismos estatales y por ende de la generalidad de las carreras técnicas y profesiones.
Es que no solo basta y bastará producir alimentos en cantidades adecuadas -incluso para exportar sus excedentes- sino que éstos sean nutritivos y sanos, cuestión difícil de lograr si pensando en el futuro no actuamos con sentido común pues, como se constata, cada día aumenta la contaminación del medio natural debido, entre otras causas, a la emanación propia y afuereña de los desechos industriales al igual que a los producidos por la explotación minera -que comienzan contaminando las fuentes de agua, los ríos y los suelos-, al abusivo e incontrolado uso de los plaguicidas por parte de los empresarios y de los mismos campesinos, a la deforestación igualmente incontrolada de nuestros bosques y manglares, al exagerado y asimismo incontrolado uso del parque automotor, a la falta de reciclaje de los productos reciclables, a la carencia de conocimientos que tiene la población para deshacerse de los promocionados focos ahorradores y al irreflexivo e inoportuno depósito de basura en cualquier calle, esquina o quebrada natural.
Por el daño que causan estos contaminantes y si la mencionada soberanía alimentaria espera llegar a producir alimentos sanos y en cantidades suficientes y si para el efecto se requiere y requerirá disponer no solo de mano de obra y gerencia sino, además, de un conjunto de técnicas, insumos y de equipos que trabajen por este objetivo, es de insistir que será indispensable contar con un equipo multidisciplinario de personas que aparte de que sean entendidas tengan sentido común y que en lo que corresponda se apoyen en reglamentos técnicos y leyes prácticas y futuristas para que no sean violadas como, debido en parte a la falta de previsión de los ex asambleístas, esta siendo violada nuestra nueva Constitución Políti