Esta nota jurídica aborda la clasificación de los delitos de acción privada en el COIP, detallando cuáles proceden según el artículo 415 y sus implicaciones procesales
Asilamientos improcedentes para los contraventores de tránsito La realidad del régimen penitenciario en materia tránsito en Quito es sui generis y de cierta manera fuera del marco de la legalidad en cuanto al lugar de cumplimiento de las penas, por
El artículo analiza las interrogantes sobre la normativa supletoria aplicable al Código Orgánico Integral Penal, abordando su relación con el Código Orgánico de la Función Judicial y el de Procedimiento Civil, así como precisiones sobre su aplicación en…
La nota desarrolla el derecho de no autoincriminación como garantía frente al poder estatal, explorando su arraigo constitucional y su vínculo con la presunción de inocencia y la defensa
Se presenta un análisis sobre las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial introducidas por el COIP, enfocadas en el control disciplinario y la eliminación de audiencias fallidas, cuyo impacto trasciende la especialidad penal
El texto examina el rol del fiscal en la fase de investigación del sistema acusatorio oral, destacando su deber de recabar elementos de convicción para sustentar la acusación. Se analizan los principios de objetividad e investigación integral como…
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en su cuerpo normativo, no establece una definición de contravenciones de tránsito, más bien únicamente se limita a clasificarla y subclasificarlas en Delitos y Contravenciones y a su vez
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) conforme lo establece su Art. 1 tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
Se presenta un análisis sobre las implicaciones procesales del COIP en infracciones de tránsito, destacando competencias judiciales y la posible omisión de etapas previas al juicio
Este contenido revisa las bases normativas que resguardan la independencia judicial en materia penal, analizando cómo la seguridad jurídica y la Constitución protegen la función del juez de garantías
