El texto examina la crítica como motor de transformación y la organización política, desde la obra de Lenin, para reflexionar sobre los desafíos actuales de la justicia constitucional y su posible reestructuración
Esta nota jurídica aborda las diferencias entre indulto y amnistía, figuras que modifican la responsabilidad penal sin borrar la culpabilidad del condenado
Dentro de la coyuntura electoral que vivió nuestro país, mucho se comentó respecto a la promulgación de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, que reformó el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que norma la adquisición de bienes inmuebles por parte de las instituciones públicas por medio de la declaratoria de utilidad pública.
La nota desarrolla el principio de insignificancia en el derecho penal ecuatoriano, vinculándolo con el debido proceso y la lesividad al bien jurídico protegido
Se presenta un análisis sobre el voto ponderado en la LOES de Ecuador, explorando sus raíces en la reforma universitaria latinoamericana y su impacto en la representación académica actual
Desde una perspectiva jurídica, se explora cómo la doctrina identifica elementos que limitan la plena realización de los derechos sociales, analizando su dimensión subjetiva y la superación de su falta de especificación
La nota desarrolla cómo los procesos constituyentes de Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia dieron paso a un nuevo constitucionalismo latinoamericano que busca superar las limitaciones del modelo clásico en la garantía de los derechos sociales
En esta entrega se revisa la evolución de los roles de género en el modelo familiar, desde el patriarcado tradicional hasta los efectos de la migración laboral femenina, analizando su impacto en las dinámicas conyugales y la igualdad dentro del hogar
Se estudia en esta publicación la función de la pena desde el garantismo penal, analizando sus fundamentos en el derecho penal mínimo y los límites constitucionales que condicionan su aplicación
Esta nota jurídica aborda la distinción entre la vía contencioso administrativa y la acción pública de inconstitucionalidad, explorando cuándo procede cada mecanismo frente a actos de la administración que puedan vulnerar derechos fundamentales
