El autor denuncia la corrupción y el nepotismo que desnaturalizan el servicio público en Ecuador, violando la Constitución y la LOSEP. Analiza las nuevas políticas de integridad que buscan restaurar la ética, la eficiencia y la responsabilidad.
La figura del delegado de protección de datos personales ocupa un lugar central dentro del andamiaje jurídico que sostiene la protección de datos en Ecuador.
La caducidad administrativa es la extinción de un acto administrativo. Ocurre por incumplimiento del interesado o por la inacción de la administración en un plazo legal.
Un fallo en Argentina objeta a un abogado por usar IA que "alucinó" jurisprudencia falsa. El precedente: la IA es solo una herramienta, no una fuente. El profesional es 100% responsable de verificar la veracidad de sus citas.
M. Alexandra Vela Cevillano El problema de este trabajo debe ser observado desde la óptica de la Ciencia de la Legislación, al aplicar dos de sus herramientas más difundidas que son la Técnica Legislativa y la Lingüística Aplicada.
Carlos Vásquez Jaramillo. La nulidad de adjudicación de solicitar la declaración de nulidad de un acto administrativo (providencia de adjudicación de tierras) mismo que es emitido en la actualidad ad agraria nacional.
Autora : Ab. Rosana Castro Arroyo, MSc [1] . Analizaré el contrato administrativo con cláusula exorbitante, el principio de igualdad contractual, las prerrogativas y las potestades de la Administración Pública; características de dicha cláusula, el
Giovani Mayorga Andaluz “En 1948 ingresé en la Facultad de Derecho: 47 años llevo, por tanto, dedicado al Derecho, viviendo en él y para él (y, por supuesto, de él).
Análisis de la nueva Ley de Uso Legítimo de la Fuerza (2022). Se examina su impacto en FF.AA., Policía y Seguridad Penitenciaria en Ecuador, contrastando sus avances con las deficiencias y ambigüedades legales.
El creciente indicador delictivo en el Ecuador ha motivado la creación de herramientas normativas que regulen de manera urgente temas relacionados con la seguridad, así como los parámetros mínimos de actuación de los funcionarios.
