Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 15 de julio de 2020 (R.O. 246, 15– julio -2020)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA:

027-20 Expídese el Reglamento para la aplicación de la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

00032-2020 Expídese el Reglamento para la emisión del permiso de funcionamiento de los establecimientos y servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud

FUNCIÓN JUDICIAL

Y JUSTICIA INDÍGENA

RESOLUCIONES:

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

071-2020 Optimícese el talento humano y suprímense los puestos “Coordinador de Unidad Judicial 1 y 2” y de “Coordinador General de Operaciones de Complejo Judicial

073-2020 Suspéndese la aplicación del calendario de vacaciones para las y los servidores de las dependencias judiciales a nivel nacional debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19

074-2020 Reestablécese la modalidad de llamada en el turno de madrugada en flagrancia y priorícese la modalidad de videoaudiencias durante la vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional

No. 027-20

Arquitecto Guido Esteban Macchiavello Almeida

MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 30, dispone: «(…) las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica (…).»

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 57 numerales 4, 5 y 6; y en los artículos 58 y 59 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen y garantizan a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblos montubios, los derechos colectivos a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables e indivisibles: a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales; y obtener su adjudicación gratuita; y a participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que dentro de las atribuciones de los Ministros de Estado está: «(…) Ejercer la rectoría de los políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera (…)».

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y los personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «

Que, el artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: ‘el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y Complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. «

Que, el artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, (…) ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. «

Que, el Código Orgánico Administrativo en el artículo 4, dispone: «Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales.”

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Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo – COA señala que: “(…) La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todas los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley. «

Que, el artículo 147 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Autonomía y Descentralización, señala: «Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas.

El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas nacionales para garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, un catastro nacional integrado georreferenciado de hábitat y vivienda, como información necesaria para que todos los niveles de gobierno diseñen estrategias y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento, gestión del suelo y de riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad.

Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar».

Que, al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, le corresponde definir y emitir las políticas públicas de hábitat, vivienda, asentamientos humanos y desarrollo urbano, a través de las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154 numeral 1, 226, 261 numeral 6, y 375 numerales 1. 2, 3. 4 y 5 inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, artículos 113, i 14, 11:5 y 116 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y artículo 90 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo.

Que, en el Registro Oficial Nro. 183, de 03 de octubre de 2007, se expidió la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y Posesionarios de los predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, en el cual se dispuso lo siguiente: «Art. 1.- Declárese de utilidad pública e inmediata ocupación, para fines de orden social, eminentemente de vivienda; y, exprópiense a favor de los Municipios de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, con la obligación de que estos vendan, adjudiquen y legalicen la tenencia de los terrenos a los actuales Posesionarios de los predios ubicados dentro de la jurisdicción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, que están ocupados actualmente por asentamientos poblacionales constituidos en ciudadelas, cooperativas de

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vivienda y lotizaciones, así como los terrenos que sean destinados para servicios básicos, sanitarios y espacios verdes, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Municipal y las ordenanzas que sobre la materia hayan dictado los ilustres consejos municipales y cuya singularización se encuentran ubicados o localizados dentro de sus circunscripciones territoriales (…)

Los predios declarados de utilidad pública o interés social y los predios pertenecientes a entidades del Gobierno Central no estarán sujetos a expropiación por parre de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, sin embargo el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda podrá destinarlos a planes y proyectos habitacionales de interés social, adjudicar y transferir la propiedad exclusivamente a los Posesionarios de los predios mencionados en este artículo, que cumplan con las disposiciones de esta Ley.

A este beneficio solo se podrán acoger los Posesionarios que justifiquen la tenencia y construcción en las condiciones y plazos establecidos en el Acuerdo Ministerial o Reglamento que se expida para lo ejecución de la presente Ley».

Que, la Ley de Legalización de la Tenencia de tierras a favor de los moradores y posesiónanos de predios que se encuentran dentro de la Circunscripción Territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, en el artículo 2 manifiesta: «(…) Los predios materia de la presente Ley que pertenecen al Gobierno Central o los que estén declarados por este, de utilidad pública o interés social, serán adjudicados o vendidos directamente por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

2.1. – Son beneficiarios de la adjudicación o venta directa las personas que justifiquen la tenencia y construcción en las condiciones y plazos establecidos en el Acuerdo Ministerial o Reglamento que se expida para la ejecución de la presente Ley. (…)

2.2.- La adjudicación y venta directa procederá no sólo para fines habitacionales, sino también para todo tipo de uso o destino licito que tenga el respectivo inmueble de conformidad al Acuerdo Ministerial o Reglamento que se expida para la ejecución de la presente Ley. El funcionamiento efectivo de la actividad o negocio se sujetará a los permisos de las Direcciones municipales correspondientes.

De existir duda acerca de la naturaleza de la actividad que se realiza en la vivienda, esta será resuella por la autoridad competente.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda podrá vender y adjudicar predios o traspasarlos a la o las instituciones públicas encargadas de la promoción de proyectos nuevos destinados a vivienda de interés social, equipamiento y comercio (…).

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para realizar la adjudicación o venta directa de los predios debe adoptar el procedimiento establecido en el Acuerdo Ministerial o Reglamento que se expida para la ejecución de la presente Ley. Para determinar el valor de los predios se deberá considerar la

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capacidad de pago y condición socioeconómica de loa posesiónanos; y, los usos a los que se destina el inmueble (…).

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para realizar la adjudicación o venta directa de los predios debe adoptar el procedimiento establecido en el Acuerdo Ministerial o Reglamento que se expida para la ejecución de la presente Ley Para determinar el valor de los predios se deberá considerar la capacidad de pago y condición socioeconómica de los Posesionarios (…).

2.4.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales establecidos en esta Ley y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda deberán determinar predios con fines no habitacionales, para equipamiento urbano y de servicios básicos. Si por efecto de la planificación urbana, para determinar zonas de equipamiento comunitario de índole social, recreativo-ambiental, se requieren uno o varios lotes que ya tienen posesionarlo, este cederá el late y será reubicado en otro predio perteneciente a uno de los asentamientos determinados en el artículo 1, sin que esto implique que se lo pueda cambiar a otra circunscripción cantonal. No se podrá adjudicar o realizar venta directa de los predios que se registren como vacíos, en construcción, que se encuentren en zonas de riesgo o afectadas por encontrarse en zonas reservadas para equipamiento comunitario de índole social, recreativo-ambiental, zonas de servidumbre de esteros, canales de drenajes naturales, interconectados, gasoductos, poliductos, y otros establecidos en el Acuerdo Ministerial o Reglamento que se expida para la ejecución de la presente Ley. Los Posesionarios que se encuentren en zonas de riesgo, serán re ubicados en zonas seguras del mismo asentamiento humano. Estas zonas de riesgo serán declaradas como áreas de reserva natural y queda prohibido el cambio del uso de suelo».

Que, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda expidió con Acuerdo Ministerial 007-17 de 14 de febrero de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento 946 de 16 de febrero de 2017, el Reglamento para la aplicación la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y Posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil. Samborondón y El Triunfo, cuyo objeto es determinar el procedimiento de adjudicación y venta directa de los inmuebles, en aplicación a la Ley 88.

Que, a fin de legalizar la tenencia de las tierras a favor de los posesiónanos de lotes urbano marginales, que se encuentran dentro de la jurisdicción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, y les permita beneficiarse de los incentivos de la política de hábitat y vivienda, establecido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se expidió la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y Posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los prenombrados cantones, publicada en el Registro Oficial No. 183 de 03 de octubre de 2007, y sus posteriores reformas publicadas en el Registro Oficial Suplemento No, 105 de 21 de octubre del 2013 y en el Registro Oficial Suplemento No. 999 de 8 de mayo del 2017;

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Que, es necesario adecuar las regulaciones contenidas en el Reglamento citado, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y Posesionarios de predios que $c encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil. Samborondón y el Triunfo, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 999 de 8 de mayo del 2017;

Que, con Decreto ejecutivo No. 818 de fecha 3 de julio del 2019, se designa al señor Arquitecto Guido Esteban Macchiavello Almeida, como Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda;

Que, la Abogada María José Carvajal Ayala, Coordinadora General Regional con jurisdicción en la provincia del Guayas, mediante memorando Nro. MIDUVI-CZ5-M-2020-0896-M del 12 de junio de 2020, remitió a la Coordinación General Jurídica, el proyecto de Acuerdo Ministerial mediante el cual se expide el Reglamento de aplicación de la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la Circunscripción Territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo; y, el informe técnico que motiva la suscripción del mismo.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 1 inciso final, 2 numerales 2.1. 2.2 y 2.4 de la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y posesiónanos de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo.

Acuerda:

Expedir el REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE TIERRAS A FAVOR DE LOS MORADORES Y POSESIONARIOS DE PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS CANTONES GUAYAQUIL, SAMBORONDÓN Y EL TRIUNFO.

Artículo. 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto determinar el procedimiento de adjudicación de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en aplicación a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo y reforma expedida.

Artículo 2.- Ámbito.- El Reglamento, se aplicará en los predios identificados y singularizados en el artículo 1 de la Ley 88 y su Reformatoria, de propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; y será de cumplimiento obligatorio.

Articulo 3.- Competencia.- Corresponde la suscripción de las Transferencias de Dominio o la Adjudicación de los inmuebles de propiedad del MIDUVI, a la máxima autoridad o el Delegado del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, en aplicación a la Ley Reformatoria de la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios calificados por el MIDUVI, de los predios que se

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encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil. Samborondón y El Triunfo.

CAPÍTULO I

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Artículo 4.- Definiciones.- Para efectos de aplicación el presente Acuerdo los términos señalados a continuación tendrán el siguiente significado:

1. Adjudicación.- De conformidad con las competencias otorgadas por la Ley 88, es el acto por el cual el MIDUVI transfiere el dominio de un bien inmueble singularizado a favor de un beneficiario (morador/posesionario). que justifique la tenencia del inmueble y construcción, en el plazo determinado por el ente rector de vivienda, mediante Resolución Administrativa debidamente motivada generada a través de un expediente de Adjudicación, previo verificación del cumplimiento de los requisitos determinados en el presente Reglamento. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, se regirá a sus procedimientos establecidos.
2. Beneficiario.- Sera beneficiario la persona que cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley 88 y su Reforma, y demás normativa legal correspondiente que se dicte para el efecto, reciba una resolución de adjudicación del inmueble correspondiente a) tipo del lote, determinado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el presente Reglamento.
3. Convenio de Pago.- Es el documento mediante el cual, el beneficiario calificado por el MIDUVI, se compromete a cancelar los valores determinados por el MIDUVI, según la condición socio económica y en un plazo señalado, por la adjudicación del inmueble.
4. Ley 88.- La Ley de la Legalización de la tenencia de las Tierras a favor de los moradores y posesiónanos de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil. Samborondón. y El Triunfo, y su reforma que faculta al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, adjudicación de los inmuebles de propiedad del MIDUVI.
5. Lote Social para vivienda.- Área de terreno destinada a la vivienda, a ser adjudicada o vendida de forma directa por el MIDUVI a los beneficiarios que cumplan con los requisitos que establece la Ley 88, su Reforma y demás normativa aplicable. El lote mínimo desuñado para lote social para vivienda, será el establecido por el GAD de la jurisdicción que corresponda, y no será superior a los 400 metros cuadrados.
6. Lote Regular.- Área de terreno destinada a la vivienda y comercio, cuya extensión no sea superior a 600 metros cuadrados, en los que el predio y la construcción a ser adjudicada o vendida de forma directa a los beneficiarios que cumplan con los requisitos que establece la Ley 88, su Reforma y demás normativa aplicable
7. Lote de otros usos.- Área de terreno destinada para otros usos tales como: comercio, educación, salud, religioso, entre otros, cuyo objeto sea la prestación lícita de un servicio de cualquier índole a favor de la comunidad a ser adjudicada de forma directa a los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos en el presente acuerdo. La extensión máxima adjudicarse será de hasta 10.000 metros cuadrados.

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8. MIDUVI.- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
9. Posesionarlo.- Morador con edificación en ejercicio del derecho de posesión en el sector, hasta antes del 28 de marzo de 2017, fecha en la cual se levantó la fotografía aérea por parte del Instituto Geográfico Militar, dentro de los predios determinados en la Ley 88 y sus reformas, y que conste en la base de dalos geo referenciada que mantienen conjuntamente con la Secretaría Técnica del Comité de Asentamientos Humanos irregulares (STPHI), o quien haga sus veces, y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
10. Postulantes.- Son los moradores con edificación en ejercicio del derecho de posesión dentro del polígono de la Ley 88, que constan en la base de datos geo referenciada y fotografía aérea del Instituto Geográfico Militar, de fecha de 28 de marzo de 2017.
11. Registro Social.- R.S.- Es el catastro nacional de información individualizada por familia, que permite identificar la calificación socio económico de las familias y personas que serán potenciales beneficiarías de los programas, y proyectos sociales del Estado.
12. SNGR.- Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
13. STPAHI.- Secretaría Técnica de Prevención de Asentamiento Humano Irregulares.
14. Zonas de Riesgos no mitigables.- Para efectos del presente Reglamento, son aquellas zonas donde el riesgo identificado no tiene solución de ingeniería posible para su mitigación o donde la obra de ingeniería para la eliminación del riesgo identificado, tiene un costo superior al costo financiero de la reubicación de los hogares que ocupen la zona.

CAPITULO II

DE LA ADJUDICACIÓN DE LOTE SOCIAL DE VIVIENDA

Artículo 5.- Lote Social para Vivienda.- El área mínima del lote social para vivienda será el establecido por el GAD Municipal de la jurisdicción en la cual se encuentre ubicado el inmueble, conforme a la Ordenanza Municipal; y, la superficie no será superior a los 400 metros cuadrados.

Artículo 6.- Requisitos para Adjudicación del lote social.- Los postulantes a ser beneficiados con la adjudicación de un lote social para vivienda, deben cumplir los requisitos determinados en el presente artículo, conforme lo establecido en la Ley 88 y su Reforma:

1. No ser posesionado de un bien inmueble en el mismo cantón, incluido el cónyuge, conviviente, en unión de hecho, hijo o hija dependiente.
2. No superar la extensión máxima del lote de terreno de 400 metros cuadrados; y, cumplir la extensión mínima del lote establecido por la Ordenanza Municipal de la jurisdicción que corresponda.
3. Certificado conferido por la Secretaría Técnica de Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, o quien haga sus veces, en el cual se señale que consta en la base de datos georreferenciadas que mantienen conjuntamente la Secretaría Técnica del Comité de Prevención Asentamientos Humanos Irregulares (STPAH), y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la

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misma que se sustenta en la aerofotografía v restitución de fecha 28 de marzo de 2017.

Artículo 7.- Documentos habilitantes que deben presentar los postulantes para la adjudicación del lote social de vivienda.- Los postulantes para la adjudicación del lote social deberán presentar los siguientes documentos:

1. Formulario de postulación, que será proporcionado por la Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicio del Guayas.
2. Copia de cédula de identidad.
3. Declaración Juramentada ante Notario Público en la que se establezca ser propietario o posesionan o de un bien inmueble, en la provincia del Guayas; y además que se señale que ningún miembro de su núcleo familiar (incluyendo cónyuge, conviviente, en unión de hecho, hija/o dependientes) es propietario de otro inmueble en el mismo cantón; y, que no tiene en su contra sentencia ejecutoriada condenatoria relacionada con el delito de oocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.
4. Original del Certificado del Registro de la Propiedad que demuestre, no ser propietario o poses lunario de bien inmueble alguno, dentro de la circunscripción territorial cantonáis según lo establecido.
5. Suscribir el Convenio de Pago por el valor correspondiente a la adjudicación del lote social.

CAPÍTULO III

DE LA ADJUDICACIÓN DE LOTES REGULARES

Artículo 8.- Lote Regular.- Se considera como lote regular, al lote de terreno destinando para vivienda y actividad económica o de comercio, cuya extensión mínima sea la establecida por el GAD Municipal, en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble; la superficie no sea superior a 600 metros cuadrados; y la vivienda edificada o construida en el inmueble objeto de adjudicación deberá ocupar más del 50% del mismo.

Artículo 9.- Requisitos que deben cumplir los postulantes para ser adjudicatarios de un lote regular.- Los postulantes deben cumplir los siguientes requisitos establecidos en la Ley 88 y su Reforma:

1. No ser posesionario de un bien inmueble en el mismo cantón, incluido el cónyuge, conviviente, en unión de hecho, hijo o hija dependiente.
2. No superar la extensión máxima del lote de terreno de 600 metros cuadrados.
3. Certificado conferido por la Secretaria Técnica de Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, o quien haga sus veces, en el cual se señale que consta en la base de datos georreferenciadas que mantienen conjuntamente la Secretaria Técnica del Comité de Asentamientos Humanos irregulares (STPAH), b quien haga sus veces, y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. la misma que se sustenta en la aerofotografía y restitución de fecha 28 de marzo de 2017.

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4. Certificación de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, o quien haga sus veces, en donde se indique que el lote objeto de adjudicación, se desarrollan actividades comerciales:
5. Informe Técnico de la Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios de Guayas, en el cual determine que:

1.- El inmueble está destinado para vivienda y actividad comercial;

2.- Cumple con la extensión de 600 metros cuadrados;

3.- Que la vivienda ocupa más del 50% del inmueble.

Artículo 10.- Documentos habilitantes que deben presentar los postulantes para la adjudicación de lote regular.- Para ser calificado como adjudicatario de un lote regular, los postulantes deben presentar los siguientes documentos:

1. Formulario de postulación, que será proporcionado por la Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicio del Guayas.
2. Copia de cédula de identidad y certificado de votación.
3. Copia del Registro Único de Contribuyentes, RUC; o, del Régimen Impositivo Simplificado de RISE.
4. Declaración Juramentada ante Notario Público en la que se establezca ser propietario o posesionarlo de un bien inmueble, en la provincia del Guayas; y además, que se señale que ningún miembro de su núcleo familiar (incluyendo cónyuge, conviviente, en unión de hecho o hija/o dependientes) es propietario de otro inmueble en el mismo cantón; y, que no tiene en su contra sentencia ejecutoriada condenatoria relacionada con el delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.
5. Original del Certificado del Registro de la Propiedad, que demuestre no ser propietario o posesionarlo de bien inmueble alguno, dentro de la circunscripción territorial cantonal, según lo establecido.
6. La actividad comercial que se encuentre realizando el beneficiario, deberá presentar las debidas factibilidades del mismo; y contar con los permisos de autorización para su funcionamiento emitidos por la Autoridad competente respectiva, de acuerdo al caso.
7. Presentar en original los permisos de funcionamiento de la actividad comercial que realice, suscritos por la Autoridad competente.
8. Suscribir el Convenio de Pago por el valor correspondiente a la adjudicación de lote regular.

En el caso que el beneficiario de la adjudicación de lotes regulares, a la fecha de postulación no presente los permisos de funcionamiento de la actividad comercial que realiza, suscrito por la Autoridad competente y documentos que demuestren que la actividad económica se encuentra legalizada, y aprobada ante Autoridad competente, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, le concede el plazo de 6 meses para que presente dichos documentos, contados a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la Resolución de Adjudicación del lote objeto de adjudicación.

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CAPÍTULO IV

DE LA ADJUDICACIÓN DE LOTES OTROS USOS

Artículo 11.- Lote Otros Usos.- El área mínima de los lotes para otros usos que no corresponde a vivienda será el establecido por el GAD de la jurisdicción que se encuentre ubicado el inmueble, conforme a la Ordenanza Municipal; y, la superficie no será superior a los 10.000 metros cuadrados.

Artículo 12.- Requisitos que deben cumplir los postulantes para ser adjudicatarios de lotes para otros usos.- Los postulantes para ser beneficiarios de la adjudicación de lotes para otros usos, actividad económica comercial, u otros fines que no correspondan a vivienda, conforme lo establecido en la Ley 88 y su Reforma, deben cumplir los siguientes requisitos:

1. No ser posesionario de un bien inmueble en el mismo cantón, incluido el cónyuge, conviviente, en unión de hecho, hijo o hija dependiente.
2. Constar en la base de datos georreferenciadas que mantienen conjuntamente la Secretaría Técnica del Comité de Asentamientos Humanos Irregulares (STPAH). o quien haga sus veces, y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la misma que se sustenta en la aerofotografía y restitución de fecha 28 de marzo de 2017, para lo cual se expedirá la certificación respectiva.
3. Certificación de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, o quien haga sus veces, en donde se indique que el lote objeto de adjudicación, se desarrollan actividades económicas de índole comercial;
4. La extensión de lote de terreno adjudicar o vender dependerá de los siguientes aspectos:

1. La extensión que se esté utilizando actualmente, que no supere los 10,000 metros cuadrados.
2. La debida justificación del proyecto de comercio, educación, salud, religioso, entre otros.
3. Su extensión máxima dependerá de lo establecido en la regulación realizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, sin que pueda exceder los 10.000. metros cuadrados.
4. La actividad comercial que se encuentre realizando, deberá presentar las debidas factibilidades del mismo; y contar con los permisos de autorización para su funcionamiento emitido por la Autoridad competente respectiva.

5. El inmueble a adjudicarse no deberá encontrarse con litigios en sede judicial o extrajudicial.
6. Informe Técnico de la Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios de Guayas, en el cual determine que:

1.- El inmueble está destinado a actividad comercial lícita;

2.- Cumple con la extensión de 10.000 metros cuadrados;

3.- Documentación de factibilidad emitido por el GAD de la jurisdicción que corresponda.

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Artículo 13.- Documentos habilitantes que deben presentar los postulantes para la adjudicación de lotes para otros usos.- Para ser calificado como adjudicatario o beneficiario de la adjudicación de un lote para otros usos:

1. Formulario de postulación, el mismo que será proporcionado por la Dirección de Oficina Técnica de Guayas.
2. Copia de cédula de identidad y certificado de votación.
3. Copia del Registro Único de Contribuyentes, RUC; o, del Régimen Impositivo Simplificado de RlSE.
4. Declaración Juramentada ante Notario Público en la que se establezca NO ser posesionarlo de un bien inmueble, en la provincia del Guayas; y además, que se señale que ningún miembro de su núcleo familiar (incluyendo cónyuge. conviviente, en unión de hecho, hijo o hija dependiente) es propietario de otro inmueble en el mismo cantón: y, que no tiene en su contra sentencia ejecutoriada condenatoria relacionada con el delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.
5. Original del Certificado del Registro de la Propiedad que demuestre, no ser propietario o posesionarlo de bien inmueble alguno dentro de la circunscripción territorial cantonal, según lo establecido.
6. Presentar en original los permisos de funcionamiento de la actividad comercial que realice, suscritos por la Autoridad competente.
7. Suscribir el Convento de Pago por el valor correspondiente a la adjudicación de lotes de otros usos.

En el caso que el beneficiario de la adjudicación de lotes para otros usos, a la fecha de postulación no presente los permisos de funcionamiento de la actividad comercial que realiza, suscrito por la Autoridad competente y documentos que demuestren que la actividad económica se encuentra legalizada, y aprobada ante Autoridad competente, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, le concede el plazo de 6 meses para que presente dichos documentos, contados a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la Resolución de adjudicación.

CAPITULO V

DE LA ADJUDICACIÓN DE LOTE EN CASO DE INMUEBLES UBICADOS

EN ZONAS DE RIESGOS

Artículo 14.- De la Adjudicación de lotes en caso que los beneficiarios son posesiónanos de un inmueble en zona de riesgo no mitigable.- En el caso de que el terreno habitado por un posesionarlo que cumpla con los requisitos establecidos en el presente acuerdo, se encuentre en zonas riesgo no mitigable, el MIDUVI adjudicará un lote en un área cercana segura dentro del polígono de la Ley 88 y su reforma; inmueble que sea de propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; según la disponibilidad de terrenos en la zona.

Artículo 15.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda podrá adjudicar a los posesionarios de inmuebles en zona de riesgo no mitigable los lotes que cuenten con construcciones abandonadas, previo informe técnico de la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares.

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Artículo 16.- El posesionario de un inmueble en zona de riesgo no mitigante, deberá cumplir los requisitos determinados en el presente Acuerdo Ministerial, considerando el tipo de lote, social, regular, para vivienda o actividad comercial.

Adicionalmente deberá presentar los siguientes documentos:

• Certificación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la jurisdicción en la cual se encuentre ubicado en el inmueble, en el cual se determine que el lote se encuentra en zona de riesgo.
• Certificado conferido por la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, o quien haga sus veces, en el cual se señale que el beneficiario consta en la base de datos georreferenciadas que mantienen conjuntamente la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (STPAH) y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la misma que se sustenta en la aerofotografía y restitución de fecha 28 de marzo de 2017.

CAPITULO VI

DE LA POSTULACIÓN, CALIFICACIÓN

Artículo 17.- De los postulantes.- Los postulantes para ser beneficiarios de la adjudicación de un lote de terreno de propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberán cumplir lo establecido en la Ley de la Legalización de la Tenencia de la Tierras a favor de los moradores y posesiónanos de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil^ Samborondón, y El Triunfo y su reforma; y, entregar en la Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicio de Guayas, los documentos señalados en el presente Acuerdo Ministerial, de acuerdo al tipo de lote a ser objeto de adjudicación.

Artículo 18.- De la calificación de postulantes.- La Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios del Guayas, realizará el proceso de calificación de los postulantes, para lo cual aperturará un expediente administrativo para cada postulante.

El criterio único de calificación es la autenticidad y veracidad de la documentación presentada.

La Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios del Guayas, una vez realizado el proceso de calificación del expediente del postulante, y en caso que cumpla con los requisitos determinados en el presente Reglamento, aprobará la postulación y se continuará con el proceso para la suscripción del Convenio de Pago y Adjudicación del lote.

Artículo 19.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, no calificará como beneficiarios para la adjudicación de lotes a quiénes tengan sentencia ejecutoriada condenatoria relacionada con el delito ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.

El beneficiario en la Declaración Juramentada que otorgue, deberá manifestar bajo juramento, que no tiene sentencia ejecutoriada relacionada con el delito de ocupación,

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uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, en caso que el MIDUVI, compruebe lo contrario procederá con el proceso sancionatorio y revertirá la propiedad a nombre del Estado.

CAPÍTULO VII

DEL AVALÚO DEL INMUEBLE

Artículo 20.- Del valor del inmueble objeto de adjudicación.- El valor del Inmueble objeto de adjudicación será el que corresponda a los avalúos que son establecidos por los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados, de la jurisdicción en la cual se encuentren ubicados.

El valor del inmueble establecido por los Gobiernos Autónomos Descentralizados. objeto de adjudicación podrá ser cancelado por el beneficiario calificado por el MIDUVI, en un plazo menor a diez (10) años, el mismo que será acordado en el respectivo Convenio de Pago, por la Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios del Guayas.

Artículo 21.- Informe Técnico.- La Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios, emitiré un informe Técnico en el cual, en base al avalúo determinado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, determinará el valor de los inmuebles a ser objeto de venta o adjudicación.

Los valores que se determinen en el Informe Técnico, se harán constar en los respectivos Convenios de Pago.

CAPÍTULO VIII

DEL CONVENIO DE PAGO

Artículo 22.- Convenio de Pago.- Una vez que los postulantes hayan sido calificados favorablemente por el MIDUVI, a través de la Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios de Guayas, y establecido el valor del inmueble, el beneficiario suscribirá con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Convenio de Pago en el cual se determinará la obligación de pago del beneficiario del valor del lote de terreno a ser objeto de adjudicación, plazo y la forma de pago.

Los Convenios de Pago se suscribirán en los formatos previamente aprobados por la Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios.

Artículo 23.- Obligación de Pago.- El beneficiario calificado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda una vez suscrito el Convenio de Pago, se obliga a cancelar el valor determinado en el mismo dentro del plazo señalado en el mismo; y, cumplir las obligaciones que se establezcan en dicho instrumento y las disposiciones del presente Acuerdo Ministerial.

Artículo 24.- Entrega de comprobantes de depósito.- El beneficiario calificado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, una vez suscrito el Convenio de Pago, conforme vaya cancelando los valores determinados en el Convenio de Pago, entregará en las oficinas de la Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios del

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Guayas, los comprobantes originales de los depósitos realizados, con los cuales se demuestre los pagos efectivamente realizados.

Artículo 25.- Control de los pagos.- La Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios realizará el control y seguimiento de los pagos realizados por parte de los beneficiarios de la adjudicación de los lotes, en aplicación de la Ley 88 y su Reforma.

Del seguimiento que realice a los pagos que correspondan a los Convenios de Pagos, remitirán un informe mensual a la Dirección Financiera y Subsecretaría de Vivienda del MIDUVI, para el control y registro respectivo.

CAPÍTULO IX

DE LA ADJUDICACIÓN

Articulo 26.- De la Adjudicación.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en aplicación a lo establecido en Ley de la Legalización de la Tenencia de la Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón, y El Triunfo y su reforma, podrá adjudicar los inmuebles de propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para lo cual, expedirá la Resolución Administrativa debidamente motivada generada a través de un expediente de Adjudicación, previa verificación por parte del ente rector, del cumplimiento de los requisitos determinados en el presente Reglamento, y la Ley antes citada.

Artículo 27.- Beneficiarios.- Serán beneficiarios de la adjudicación de lotes los posesionarios que justifiquen la tenencia y construcción de las edificaciones en inmuebles que son propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, conforme lo establecido en la Ley de la Legalización de la Tenencia de la Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón, y El Triunfo, y cumplan los requisitos y disposiciones contenidas en el presente Acuerdo Ministerial.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, únicamente realizará la transferencia de dominio, en favor de los beneficiarios únicamente de un predio conforme lo establecido en la Ley de la Legalización de la Tenencia de la Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón, y El Triunfo, artículo 5.

Artículo 28.- Elaboración de la Resolución de Adjudicación del lote.- La Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios del Guayas, elaborará la correspondiente Resolución de Adjudicación para firma de la máxima Autoridad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda o su Delegado/a, y será notificada al beneficiario conforme lo dispuesto en el artículo 165 del Código Orgánico Administrativo COA, para que proceda con la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad de la jurisdicción que corresponda.

Artículo 29.- Pago de valores por concepto de transferencia de dominio.- Los valores que se generen por el pago de los impuestos, tasas y registro, y demás gastos

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que se generen para la legalización de los inmuebles dados en adjudicación, serán cancelados por los beneficiarios calificados por esta Cartera de Estado.

Artículo 30.- Del cronograma y programación.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, establecerá un cronograma sectorizado para la entrega de adjudicaciones en el polígono establecido en la Ley 88 y su reforma, y respecto de los inmuebles que son de propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Artículo 31.- Prohibición de Enajenar de los lotes.- Los lotes de terreno, que sean objeto de adjudicación, por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el marco de lo establecido en el la Ley de la Legalización de la Tenencia de la Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón, y El Triunfo y su reforma, no podrán ser enajenados en un plazo menor a diez. (10) años, plazo que será contabilizado a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la jurisdicción que corresponda, de la Resolución de Adjudicación o Escritura Pública de Transferencia de Dominio.

Artículo 32.- Constitución del Patrimonio Familiar.- Se constituyen en patrimonio familiar los lotes de terreno, que sean objeto de adjudicación, por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el marco de lo establecido en el la Ley de la Legalización de la Tenencia de la Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón, y el Triunfo y su reforma

Artículo 33.- Inscripción en el Registro de la Propiedad.- Una vez que se cuente con el convenio de pago y la adjudicación, el beneficiario sin otro requisito adicional, solicitará la Inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establecido en la Ley 88 y su reforma.

El Beneficiario de la adjudicación del inmueble, tiene un plazo de seis meses (6), contados a partir de la notificación con la adjudicación, para la inscripción de dicho documento en el Registro de la Propiedad del inmueble, en la jurisdicción que corresponda.

En caso de incumplimiento se revertirá la propiedad del inmueble, a nombre del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Artículo 34.- El beneficiario de la adjudicación de Lotes regulares, u otros usos, tiene el plazo de seis meses contados a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la Resolución de Adjudicación o escritura pública de transferencia de dominio, para presentar en la Dirección de Oficina Técnica de Guayas, los permisos de funcionamiento de la Autoridad competente, del negocio o actividad económica que realice, según corresponda.

En caso de incumplimiento del beneficiario de la obligación determinada en el presente artículo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, procederá con el trámite administrativo de la reversión del lote, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.

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Articulo 35.- Negativa de inscripción en el Registro de la Propiedad de la Adjudicación.- El Registrador de la Propiedad de la jurisdicción en la cual se encuentre ubicado el lote de terreno objeto de adjudicación por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo a la inscripción de documento mediante el cual se transfirió el dominio del inmueble, verificará que el beneficiario, no conste en el Registro de la Propiedad como propietario de otro inmueble en el mismo cantón.

En el caso de verificar que es propietario de otro inmueble, se abstendrá de inscribir la adjudicación, y notificará al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para, que efectúe las acciones legales respectivas para la reversión del lote adjudicado.

Artículo 36.- Transferencia de dominio a Instituciones Públicas de la Función Ejecutiva.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda podrá vender o adjudicar predios o traspasarlos a favor de las Instituciones Públicas, con el objeto de ejecutar proyectos de vivienda de interés social, equipamiento urbano, infraestructura pública, y comercio para el desarrollo de la comunidad, conforme lo establecido en el artículo 2 numeral 2,2 de la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de Predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.

CAPITULO X

DEL COMPONENTE SOCIAL

Arríenlo 37.- De los riesgos.- El MIDUVI identificará y realizará un análisis técnico de las zonas de riesgo como actividad integrada a la delimitación de zonas para uso residencial y equipamientos, utilizando los criterios técnicos establecidos por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), o quién haga sus veces, para establecer cuales son mitigables y cuales no son mitigables.

Los terrenos en zonas de riesgo no mitigables, serán destinados a áreas verdes no edificables.

Artículo 38.- Delimitación de las áreas verdes.- El MIDUVI reservará el porcentaje de áreas verdes, según el porcentaje de consolidación de cada sector.

Articulo 39.- De las afectaciones.- Como parte del proceso de planeamiento urbanístico, el MIDUVI mantendrá un registro de los beneficiarios que habiten en los lotes afectados por estar ubicados en áreas destinadas a espacio público, para proyectos habitacionales de interés social a equipamientos a infraestructuras, o en zonas de protección del canal Trasvase Santa Elena. Los beneficiarios afectados serán reubicados adjudicándoles un lote social en otra área dentro del polígono de la Ley 88 y su Reforma preferiblemente en la manzana más próxima.

Articulo 40.- De los equipamientos públicos.- El MIDUVI dimensionará y ubicará los equipamientos públicos (educativos, de salud, deportivos, de seguridad, sociales, entre otros) de acuerdo a la densidad de la población y a la planificación territorial de las entidades públicas competentes, y a la disponibilidad de suelo.

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Artículo 41.- De los servicios básicos.- Se coordinará con las instituciones correspondientes de acuerdo a su competencia, el diseño y construcción de los proyectos de infraestructura necesario para asegurar una provisión universal de servicios básicos: agua potable, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones; así como el sistema de evacuación de aguas pluviales, garantizando la seguridad de la población del área de intervención y sus alrededores respetando los cursos naturales del agua, y definiendo el destino del agua evacuada.

La competencia exclusiva para prestar los servicios públicos de agua potable. alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley, es de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conforme lo establecido en el Código Orgánico de Ordenamiento de Organización Territorial, Autonomía, Descentralización.

Artículo 42.- De los proyectos habitacionales de interés social.- Para el diseño y ejecución de proyectos habitacionales de interés social señalados en la referida Ley y su Reforma, se aplicará lo establecido en el presente Acuerdo, y demás normativa vigente o que llegare a expedir el MIDUVI.

Una vez aprobado los proyectos de vivienda de interés social por el MIDUVI, los beneficiarios podrán postular a los subsidios e incentivos, conforme establezca la normativa vigente o que llegare a expedir el MIDUVI.

El MIDUVI y/o otras entidades especializadas podrán brindar asistencia técnica y legal a los beneficiarios que tomen iniciativa de construcción o mejoramiento de vivienda, sea de forma organizada en la modalidad de Producción Social de Hábitat, o individualmente en la modalidad de la construcción propia. Dicha asistencia, en todos los casos, estará orientada a asegurar las condiciones ele habitabilidad y seguridad de las viviendas.

Artículo 43.- Lotes a o considerados para adjudicación.- No se podrá adjudicar los predios que se registren como vacíos, en construcción, que se encuentren en zonas de riesgo o afectados por encontrarse en zonas reservadas para equipamiento comunitario de índole social, recreativo, ambiental, zonas de servidumbre de esteros, canales de drenajes naturales, interconectados, gasoductos, poliductos y los que establezca el MIDUVI, conforme lo establecido en el artículo 2, numeral 2.4 de la Ley 2007- 88 y su reforma.

Los posesiónanos que se encuentren en zonas de riesgo, serán reubicados en zonas seguras del mismo asentamiento humano. Estas zonas de riesgo serán declaradas como áreas de reserva natural y queda prohibido el cambio del uso del suelo.

CAPÍTULO XI

DEL INCUMPLIMIENTO DEL BENEFICIARIO

Artículo 44.- Casos de incumplimiento.- El MIDUVI revocará el acto administrativo de la adjudicación, otorgada en favor del beneficiario en los siguientes casos:

a) Falsedad de la declaración juramentada.

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2. Certificación del Registrador de la Propiedad, en el que conste que el beneficiario, su cónyuge, hijo/a, poseen un inmueble o esté registrado como propietario de otro bien inmueble en el mismo cantón.
3. Cuando el bien inmueble entregado mediante adjudicación, no cumpla con la finalidad establecida o se enajene antes de los 10 años previstos en la Reglamentación.
4. Incumplimiento por falta de pago de 3 cuotas consecutivas de los valores establecidos en el Convenio de Pago.
5. No haber inscrito la Resolución de Adjudicación, en el registro de la Propiedad en el término previsto en el presente Reglamento.
6. En caso que los beneficiarios de la adjudicación de los lotes regulares y otros usos, no presenten los permisos de funcionamiento de las actividades económicas comerciales que realicen en los lotes dentro del plazo determinado en el presente Reglamento.
7. Incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, Ley 88 y su Reforma.

Articulo 45.- Reversión del lote adjudicado.- Se entiende por reversión, al procedimiento administrativo efectuado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual restituye al Estado la propiedad del inmueble entregado al beneficiario por efecto de la Ley 88 y su Reforma.

Articulo 46.- Para la reversión de la vivienda, deberá contarse de acuerdo al caso del incumplimiento, con los siguientes documentos habilitantes:

1. Informe Oficina Técnica del MIDUVI, en el cual se motive documentadamente el incumplimiento.
2. Informes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de ser el caso.
3. Acta de inventario del estado de la infraestructura y equipamiento de los inmuebles.
4. Recomendación de reversión de la vivienda motivada y suscrita por el COMITÉ DE REVERSIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, (en todos los casos este documento es obligatorio).
5. Y los demás documentos que el MIDUVI considere pertinentes para el presente caso.

Artículo 47.- Expediente.- Previo el inicio del Procedimiento Sancionador determinado en el Código Orgánico Administrativo, se pondrán en conocimiento del Comité de Reversión los informes que se hayan expedido, para la conformación del expediente.

Artículo 48.- Acciones Previas.- El Comité de Reversión, una vez que haya sido notificado con los informes en el cual determinen la presunción de incumplimiento del beneficiario del Reglamento que normó la adjudicación del inmueble, Ley 88 y su Reforma, emitirá un informe que motive el inicio del procedimiento sancionados que será remitido a la Dirección de Patrocinio solicitando el inicio del Procedimiento Sancionador determinado en el Código Orgánico Administrativo.

Artículo 49.- Procedimiento de Reversión.- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en caso de incumplimiento del beneficiario del Reglamento que normó la adjudicación del inmueble, Ley 88 y su Reforma, aplicará el Procedimiento Sancionados determinado en el Libro III. Titulo l, Capítulo III del Código Orgánico.

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Artículo 56.- Acciones legales.- Culminado el procedimiento sancionador establecido en el Código Orgánico Administrativo, y en caso que se emita la resolución sancionatoria en contra del beneficiario, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, iniciará el procedimiento judicial correspondiente para la restitución del bien inmueble; conforme Jo que dictamine la resolución respectiva.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, podrá ejercer la potestad de ejecución coactiva, de ser el caso.

Artículo 57.- En todo lo no previsto en el Reglamento en relación a las etapas del procedimiento sancionador, se aplicará y prevalecerá lo establecido en el Código Orgánico Administrativo.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El MIDUVI velará por el cumplimiento de condiciones urbanísticas, ambientales y de riesgos adecuadas para la conformación del asentamiento humano de los sectores del ámbito de la Ley 88.

SEGUNDA.- El MIDUVI en caso de haber expedido la resolución mediante la cual revoque la Resolución Administrativa de Adjudicación a favor de los beneficiarios, se revertirán a favor del MIDUVI, la propiedad de los inmuebles.

TERCERA.- El MIDUVI emprenderá las acciones legales pertinentes en los casos de incumplimiento del Convenio de Pago suscritos por concepto de Adjudicación de lotes sociales para vivienda, lotes regulares y lotes de otros usos.

CUARTA.- El MIDUVI podrá transferir a un banco público o privado, o a una institución del sistema financiero solidario, la gestión de cobro a la recaudación de los valores establecidos en los Convenios de Pagos referidos en el presente Acuerdo.

QUINTA.- El MIDUVI, conforme lo dispuesto en la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción Territorial de los cantones de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, adjudicará un lote por beneficiario, Ley 88 artículo 5.

SEXTA.- En el caso de que la vivienda conforme informe técnico de la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares, se registrase como construcción abandonada, el MIDUVI podrá disponer de dicho predio dentro del proceso de reubicación a las familias asentadas en zonas de riesgo no mitigable.

DISPOSICIONES TRANSITORIA

PRIMERA.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su calidad de ente rector del hábitat y vivienda, y en aplicación a lo establecido en la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción Territorial de los cantones de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, establece el plazo de hasta 2 años, contados a partir de la expedición del presente Reglamento, para que los posesionarios de los lotes de

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Administrativo, y demás disposiciones legales aplicables al procedimiento determinadas en el citado Código.

Artículo 50.- Función Instructora y Sancionadora.- En los procedimientos sancionadores que efectúe el MIDUVI, la Dirección de Patrocinio de la Coordinación General Jurídica, cumplirá la función instructora, es decir se encargará de la sustanciación del procedimiento; y, el Comité Reversión cumplirá la función sancionadora, es decir emitirá la resolución, conforme lo establecido en el artículo 248, numeral 1 del Código Orgánico Administrativo.

Artículo 51.- Inicio del procedimiento.- El procedimiento sancionador dará inicio con la formalización del acto administrativo, emitido por la Dirección de Patrocinio, que es el órgano instructor, que se emitirá cumpliendo lo establecido en el artículo 251 del Código Orgánico Administrativo.

Artículo 52.- Notificación del acto administrativo de iniciación.- El Acto Administrativo de inicio se notificará con todo lo actuado al peticionario, al denunciante en caso de haberlo, y a la persona inculpada según el caso, conforme lo establecido en el artículo 252 del Código Orgánico Administrativo, con el objeto que conteste el acto administrativo de inicio, y ejerza el derecho a la defensa.

Articulo 53.- Procedimiento Sancionador.- La Dirección de Patrocinio, como órgano instructor en el procedimiento sancionador, observará y cumplirá las disposiciones contenidas en el en el Libro III, Título I, Capitulo III del Código Orgánico Administrativo, relativas al Procedimiento Sancionador; y, luego del procedimiento, emitirá el Dictamen correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 257 del Código Orgánico Administrativo, que en caso que se determine que existen elementos de convicción suficientes que determinen la responsabilidad del inculpado (beneficiario de la adjudicación del lote), remitirá el dictamen, junto con todos los documentos, alegaciones e información que obren en el mismo al Comité de Reversión.

En el caso que, luego del trámite del procedimiento sancionador, se determine que no existen elementos de convicción que establezcan la existencia de responsabilidad del inculpado, en el dictamen que emita podrá determinar la inexistencia de responsabilidad.

En los dos casos el Dictamen será remitido al Comité de Reversión, para la emisión de la Resolución respectiva.

Artículo 54.- Resolución.- Se faculta al Comité de Reversión, la emisión del acto administrativo que resolverá el procedimiento sancionador, que además de cumplir los requisitos previstos en el Código Orgánico Administrativo, deberá cumplir los requisitos determinados en el artículo 260 del COA.

Artículo 55.- Conformación del Comité de Reversión. – El Comité de Reversión estará conformado por:

1. El/la Coordinador/a Zonal 5, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente.
2. Técnico Oficina Técnica de Guayas.
3. Delegado/a de la Subsecretaría de Vivienda del MIDUVI.
4. Un/a secretario/a AD-HOC, sin voz y sin voto (elegido por el Comité de Reversión quien elaborara actas o Informe),

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propiedad de esta Cartera de Estado, presenten la documentación establecida en el presente Reglamento, considerando el tipo de lote, en las Oficinas de la Dirección de Oficina Técnica y de Prestación de Servicios del MIDUVI, para la legalización del inmueble.

En caso que se incumpla dicha disposición, se procederá con las acciones legales para la desocupación de los inmuebles.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA.- Deróguese el Acuerdo Ministerial 007-17, de 14 de febrero de 2017 y reforma, expedida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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No. 00032-2020

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 32, ordena que la salud es un derecho que garantiza el Estado mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y, el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud;

Que, el artículo 361 de la referida Constitución de la República dispone que el Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, quien será responsable de formular la política nacional de salud y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;

Que, la Norma Suprema, en el artículo 362, preceptúa que la atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales, alternativas y complementarias, servicios de salud que serán seguros, de calidad y calidez;

Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, determina que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponda el ejercicio de las funciones de rectoría en salud, así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de dicha ley, siendo obligatorias las normas que se dicte para su plena vigencia;

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud establece entre las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: «(…) 24, Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; (…) 34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. (…).»;

Que, los establecimientos sujetos a control sanitario, para su funcionamiento, deberán contar con el permiso otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional, mismo que tendrá vigencia de un año calendario, conforme lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Salud;

Que, la Disposición General Primera de la Ley Ibídem determina: «Los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias, registros y otros de similar naturaleza que presta la autoridad sanitaria nacional, satisfarán el pago de derechos de conformidad con los reglamentos respectivos.»;

Que, el Código Orgánico Administrativo establece: «Art. 130.- Competencia normativa de carácter administrativo, Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la

24 – Miércoles 15 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 246

máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 703 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 534 de 1 de julio de 2015, se creó la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS, como un organismo técnico administrativo, adscrito al Ministerio de Salud Pública, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, con sede principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con jurisdicción en todo el territorio nacional;

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo antes citado establece las atribuciones y responsabilidades de la ACESS, siendo, entre otras: «(…) 4. Otorgar, suspender, cancelar y restituir los permisos de funcionamiento, licencias, registros, certificaciones y acreditaciones sanitarias de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro de las Empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud, según corresponda; (…).»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1018 de 21 de marzo de 2020, Publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 195 de 4 de mayo de 2020, el Presidente Constitucional de la República designó al doctor Juan Carlos Zevallos López, como Ministro de Salud Pública;

Que, a través de Acuerdo Ministerial No. 00005212 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 428 de 30 de enero de 2015, el Ministerio de Salud Pública expidió la «Tipología sustitutiva para homologar los establecimientos de salud por niveles de atención y servicios da apoyo del Sistema Nacional de Salud», instrumento que clasifica a los establecimientos del Sistema Nacional de Salud por niveles de atención y según su capacidad resolutiva;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000079 publicado en el Registro Oficial No. 834 de 6 de septiembre de 2016, reformado con Acuerdos Ministeriales No. 35, publicado en el Registro Oficial No. 978 de 5 de Abril del 2017 y No. 145 publicado en el Registro Oficial No. 112 de 1 de Noviembre del 2017, se expidió la «Normativa Sanitaria para la Emisión del Permiso de Funcionamiento de los Establecimientos de Salud Públicos y Privados del Sistema Nacional de Salud, Servicios de Atención Domiciliaria de Salud. Establecimientos que prestan Servicios de Apoyo Indirecto»;

Que, el informe técnico No. DNCS-2020 de 18 de mayo de 2020, elaborado por la Dirección Nacional de Control Sanitario y aprobado por el Director Nacional de Control Sanitario y por la Directora Nacional de Normatización, concluye que; «El análisis técnico descrito en el presente informe busca agilizar procesos para la obtención de permiso de funcionamiento de establecimientos de salud, así como para la vigilancia y control de los mismos en correspondencia con el personal técnico que dispone la ACESS.»;

Que, en virtud de los lineamientos definidos para la vigilancia y control sanitario y las nuevas disposiciones reglamentarías vinculantes, es necesaria actualizar la normativa para el

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desarrollo de los procesos de emisión de Permisos de Funcionamiento y control posterior a los establecimientos de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomas y comunitarios; así como a los servicios de atención de salud; y,

Que, mediante memorando No. MSP-VGVS-2019-0773-M de 12 de Junio de 2020, el Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, remitió el informe técnico correspondiente y solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica el cambio de funcionarios constante en el cuadro de sumillas, para continuar con el proceso de expedición ele! presente Acuerdo Ministerial.

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 154, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y 130 DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO

ACUERDA:

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DEL PERMISO DE

FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN DE

SALUD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

CAPITULO I

DEL OBJETO Y ÁMBITO

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos y lineamientos que deben cumplir los establecimientos y servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud, para obtener su Permiso de Funcionamiento.

Art. 2.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de aplicación obligatoria a nivel nacional por todos los establecimientos y servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud.

CAPÍTULO II

DE LAS DEFINICIONES

Art. 3.- Para efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

Control: proceso que se ejecuta mediante inspecciones in situ a establecimientos o servicios de atención en salud que cuentan con Permiso de Funcionamiento vigente, para verificar que se mantengan las condiciones bajo las cuales la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS otorgó el permiso de funcionamiento.

Establecimientos de salud: son los ambientes sanitarios compuestos por servicios que cuentan con la infraestructura, equipamiento y talento humano necesarios para brindar prestaciones de salud a la población en general en cumplimiento de la normativa legal vigente. Estos establecimientos pueden ser asistenciales, de apoyo diagnóstico y terapéutico, y móviles, de acuerdo con los servicios que prestan.

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Hallazgo: se considera a cualquier incumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica de Salud.

Observación: consiste en el registro de lo observado objetiva y técnicamente durante las inspecciones a establecimientos de salud y servicios de atención de salud.

Servicios de atención de salud: son las áreas específicas del establecimiento en las que se brindan las prestaciones sanitarias. Estos servicios se clasifican a su vez en asistenciales y de apoyo diagnóstico y/o terapéutico.

Trámite de Permiso de Funcionamiento: proceso administrativo para la obtención o renovación del Permiso de Funcionamiento, que inicia con el ingreso de la solicitud en el sistema informático implementado para el efecto, y concluye con el otorgamiento o negación del mismo.

Vigilancia: proceso que se ejecuta mediante inspecciones in situ a establecimientos o servicios de atención en salud, que no cuenten con Permiso de Funcionamiento o el mismo no esté vigente.

CAPÍTULO III

DE LA RESPONSABILIDAD TÉCNICA

PARA ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD DEL SISTEMA

NACIONAL DE SALUD

Art. 4.- Los establecimientos y servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud, contarán para su funcionamiento con la responsabilidad técnica de un profesional de la salud con título registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT o quien haga sus veces y ante la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Preparada – ACESS o quien ejerza sus competencias, conforme a la normativa vigente.

En el caso de consultorios, el profesional que brinda la atención de salud debe ser, obligatoriamente, el responsable técnico.

Art. 5.- Son obligaciones del responsable técnico, las siguientes:

1. Responder ante la Autoridad Sanitaria Nacional por el cumplimiento de la normativa aplicable para el funcionamiento del establecimiento o servicio de atención de salud a su cargo.
2. Garantizar que en el establecimiento o servicio de atención de salud se realicen únicamente las prestaciones y/o subprestaciones para la/as que se le otorgó el Permiso de Funcionamiento.
3. Verificar que el personal y profesionales de la salud que laboran en el establecimiento o servicio de atención de salud, cuenten con título debidamente registrado en la SENESCYT o quien haga sus veces, y ante la Autoridad Sanitaria Nacional a través de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS o quien ejerza sus competencias, cuando corresponda; y, que dichos profesionales únicamente actúen dentro de las competencias otorgadas por su título.

d) Garantizar que se apliquen las medidas de salud ocupacional correspondientes, para la protección de la salud del personal del establecimiento o servicio de atención de salud.

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c) Asegurar que el establecimiento o servicio de atención de salud disponga del Permiso de Funcionamiento vigente, y cuente con la documentación que habilite su funcionamiento.

f) Aprobar y asegurar la implementación de los protocolos y manuales en materia de bioseguridad aplicable al establecimiento o servicio de atención de salud, incluyendo programas periódicos de control de plagas.

g) Garantizar que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, instrumentos e instalaciones del establecimiento o servicio de atención de salud a su cargo.

h) Aprobar, implementar y garantizar el cumplimiento del plan para la gestión integral de los residuos y desechos sanitarios generados por el establecimiento o servicio de atención de salud, garantizando el cumplimiento de la normativa nacional vigente.

i) Asegurar que los medicamentos, dispositivos médicos y otros productos que se utilicen en las actividades y prestaciones de salud que brinda el establecimiento o servicio de atención de salud, cumplan con las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional.

j) Notificar a la Autoridad Sanitaria Nacional cualquier modificación o cambio que se realice en el establecimiento de salud, en las condiciones o en la documentación en base a la cual se obtuvo el Permiso de Funcionamiento, así como el cierre del mismo.

CAPÍTULO IV

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN

DE SALUD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Art. 6.- Para efectos de la obtención o renovación del Permiso de Funcionamiento y del control y la vigilancia sanitaria, se aplicarán las definiciones de establecimientos y servicios de atención de salud, contempladas en el vigente documento normativo sobre tipologías de establecimientos de salud, así como sus respectivas carteras de servicios.

Art. 7.- La clasificación de los establecimientos de salud y servicios de atención de salud se realizará de acuerdo al perfilador de riesgo y será establecida en la normativa técnica que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, o quien haga sus veces emita para el efecto, de conformidad con los criterios que determine la Autoridad Sanitaria Nacional.

CAPÍTULO V

DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

Art. 8.- Los establecimientos y servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud, para su funcionamiento deben contar obligatoriamente con el respectivo Permiso de Funcionamiento vigente otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, o quien ejerza sus competencias.

Si los profesionales de la salud debidamente habilitados y en libre ejercicio de su profesión, brindan atención a domicilio sin que cuenten con un establecimiento de salud, no requieren de Permiso de Funcionamiento.

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Art. 9.- El Permiso de Funcionamiento para los establecimientos y servicios de atención de salud objeto del presente Reglamento, será otorgado de acuerdo a la tipología y clasificación conforme a su riesgo sanitario, mismo que tendrá vigencia de un (1) año calendario, contado a partir de la fecha de su emisión.

SECCIÓN 1

DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE

FUNCIONAMIENTO POR PRIMERA VEZ

Art. 10.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera para solicitar por primera vez el Permiso de Funcionamiento de los establecimientos o servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud, deberá ingresar su solicitud a través del sistema informático implementado para el efecto por la ACESS, contando con los siguientes requisitos:

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo, del establecimiento o del servicio de atención de salud:

2. Unicódigo del Registro Único de Establecimiento de Salud (RUES), emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional;
3. Registro del/los titulo/s de el/los profesional/es de la salud que laboran en el establecimiento o servicio de salud, en la SENESCYT o quien haga sus veces y ante la Autoridad Sanitaria Nacional;
4. Adjuntar a la solicitud en el sistema informático, en archivo PDF, la cartera de servicios del establecimiento o servicio de salud, en el formato emitido por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS, firmada por el responsable técnico:
5. Documento que acredite la designación coma responsable técnico del establecimiento o servicio de salud: y,
6. Otros requisitos contemplados en normativa específica, en los casos que corresponda.

Art. 11.- En el caso de que la información contenida en la solicitud y sus anexos no corresponda a lo señalado en el presente Reglamento, se notificará al usuario a través del sistema, quien deberá subsanar las observaciones y reenviar la solicitud corregida en el término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de notificación.

Si las observaciones no fueran subsanadas en el término establecido, se procederá a anular la solicitud, debiendo el usuario iniciar un nuevo trámite.

Art. 12.- Una vez aceptado la solicitud, se generará la orden de pago por trámite de Permiso de Funcionamiento, por el valor contemplado en la normativa técnica que expida la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, o quien ejerza sus competencias. Dicha orden de pago tendrá vigencia de cinco (5) días término, posterior al cual será anulada junto con la respectiva solicitud, debiendo el usuario iniciar un nuevo trámite.

Art. 13.- Todos los establecimientos y servicios de atención de salud, para la obtención del Permiso de Funcionamiento por primera vez, requieren previamente de una inspección técnica.

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Art. 14.- La ACESS registrará en los formularios que corresponda a cada tipo de establecimiento o servicio de salud, la información de lo observado en la Inspección técnica que realice.

Art. 15.- Si durante la inspección técnica se determinan hallazgos o se realizan observaciones, dependiendo de éstos, se negará el Permiso de Funcionamiento o, se concederá al propietario o representante legal del establecimiento o servicio de atención de salud, un término no mayor a treinta (30) días para que subsane dichas observaciones, particular que debe constar en el respectivo formulario de inspección. La subsanación de las observaciones será verificada mediante reinspección. Los hallazgos encontrados deberán ser reportados a través de un informe dirigido a la autoridad competente.

Art. 16.- En caso que durante la reinspección se verifique que las observaciones a las que se refiere el artículo 13 de este Reglamento no han sido subsanadas, la solicitud de Permiso de Funcionamiento será negada, debiendo el usuario Iniciar un nuevo trámite que incluye el pago de la tasa.

Art. 17.- Con base en la aceptación de la solicitud y su(s) anexo(s) (documentación presentada), e inspección favorable, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, o quien ejerza sus competencias emitirá el Permiso de Funcionamiento.

SECCIÓN 2

DE LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

Art. 18.- La solicitud de renovación anual del Permiso de Funcionamiento deberá ser ingresada por el responsable técnico del establecimiento o servicio de salud en el sistema informático de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, dentro del término de cuarenta y cinco (45) días anteriores a la fecha de vencimiento del Permiso vigente.

Art. 19.- La necesidad de realizar una Inspección previa para otorgar la renovación del Permiso de Funcionamiento, dependerá de la clasificación del establecimiento o servicio de atención en salud, de acuerdo al perfilador de riesgo emitido por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS.

Art. 20.- Si durante la inspección técnica se determinan hallazgos o se realizan observaciones, dependiendo de éstos, se negará la renovación del Permiso de Funcionamiento o, se concederá al propietario o representante legal del establecimiento o servicio de atención de salud, un término no mayor a treinta (30) días para que subsane dichas observaciones, particular que debe constar en el respectivo formulario de inspección. La subsanación de las observaciones será verificada mediante reinspección. Los hallazgos encontrados deberán ser reportados a través de un informe dirigido a la autoridad competente.

Art. 21.- En caso que durante la reinspección se verifique que las observaciones a las que se refiere el artículo 18 de este Reglamento no han sido subsanadas, la solicitud de renovación del Permiso de Funcionamiento será negada, siendo necesario iniciar un nuevo trámite, incluyendo el pago de la tasa.

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Art. 22.- Con base en la aceptación de la solicitud y documentación anexa e inspección favorable, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, o quien ejerza sus competencias, emitirá el Permiso de Funcionamiento.

SECCIÓN 3

DE LAS MODIFICACIONES

Art. 23.- El responsable técnico del establecimiento o servido de atención de salud del Sistema Nacional de Salud, obligatoriamente, deberá notificar a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS o quien ejerza sus competencias, a través del sistema informático, las modificaciones que se hayan producido y que cambien las condiciones iniciales bajo las cuales fue otorgado el Permiso de Funcionamiento, adjuntando los documentos que justifiquen la modificación o modificaciones realizadas.

Art. 24.- Cuando ocurran las modificaciones descritas a continuación, será necesario realizar el procedimiento establecido para la obtención del Permiso de Funcionamiento por primera vez, incluido el pago de la tasa correspondiente:

a) Cambio del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC);

b) Cambio o ampliación de los servicios que presta el establecimiento o servicio de atención de salud, que genere cambio en la tipología y/o riesgo asignado originalmente; y,

e) Cambio de dirección y/o ubicación del establecimiento o servicio de atención de salud.

Art. 25.- Cuando se produzcan las siguientes modificaciones no se requerirá realizar el procedimiento establecido para la obtención del Permiso de Funcionamiento por primera vez; en este caso, el Permiso de Funcionamiento se actualizará conforme a la (s) modificación (es) realizadas y notificadas según lo estipulado en el artículo 21 del presente Reglamento:

1. Razón social a nombre comercial del establecimiento o servicio de atención de salud;
2. Cambio o ampliación de los servicios que presta el establecimiento o servicio de atención de salud, que no genere cambio en la tipología y/o riesgo asignado originalmente;
3. Nombre del propietario o representante legal; o,
4. Nombre del responsable técnico.

Las modificaciones señaladas en los articulas 22 y 23 de este Reglamento, serán verificadas durante las inspecciones técnicas con fines de emisión del Permiso de Funcionamiento o control posterior.

CAPÍTULO VI

DEL CONTROL Y VIGILANCIA

Art. 26.- La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS o quien ejerza sus competencias, a través de las dependencias técnicas correspondientes, realizará Inspecciones de control con el fin de verificar que los establecimientos y servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud cumplan con las condiciones bajo las cuales fue otorgado el Permiso de Funcionamiento.

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Art. 27.- Si durante la inspección de control se determina que el establecimiento o servicio de salud no cumple con la normativa aplicable, se procederá conforme a la Ley Orgánica de Salud o el documento que la reemplace, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a las que hubiere lugar.

La ACESS registrará, en los formularios de inspección que corresponda a cada tipo de establecimiento o servicio de salud, la información de lo observado y los hallazgos encontrados durante el control; los hallazgos encontrados deberán ser reportados mediante informe a la autoridad competente.

Art. 28.- La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS o quien ejerza sus competencias, realizará inspecciones de vigilancia a los establecimientos o servicios de atención de salud, cuyo Permiso de Funcionamiento haya vencido o que se encuentre funcionando sin el mismo.

La ACESS registrará, en el formularlo correspondiente, la Información de lo observado y los hallazgos encontrados durante la vigilancia; los hallados encontrados deberán ser reportados mediante informe a la autoridad competente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los representantes legales, propietarios y responsables técnicos de los establecimientos y servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud, garantizarán el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y demás instrumentos Jurídicos y técnicos que se dicten para el efecto.

SEGUNDA.- Para la obtención o renovación del Permiso de Funcionamiento de los establecimientos de salud que certifiquen defunciones, la ACESS verificará la implementación del Sistema Nacional de Registro de Datos Vitales REVIT- Defunciones en las Inspecciones técnicas; sin embargo, su incumplimiento no será causal para la negación del Permiso de Funcionamiento.

TERCERA.- Los establecimientos y servicios de salud del Sistema Nacional de Salud que cuenten con el Certificado de Licenciamiento, obtendrán el Permiso de Funcionamiento automáticamente, con el ingreso de la solicitud a través del sistema Informático, sin que se requiera un pago adicional al que cancelaron para el proceso de Licenciamiento.

CUARTA.- Los establecimientos de salud que obtuvieren en su índice global de licenciamiento el resultado correspondiente a «licencia condicionada» podrán obtener el Permiso de Funcionamiento, siempre y cuando los servicios de alto riesgo alcanzaran el resultado correspondiente a «sí licencia”.

En el caso de que los servicios de alto riesgo obtuvieran el resultado de licencia condicionada o no licencia, el establecimiento de salud no podrá obtener el Permiso de Funcionamiento, por lo tanto no podrá funcionar; entendiéndose como servicios de alto riesgo aquellos en los que se realizan procedimientos que implican exposiciones esperadas a sangre, líquidos corporales o tejidos.

QUINTA.- Previo a la obtención del Permiso de Funcionamiento de los establecimientos y servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud, los usuarios deberán registrar al

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establecimiento en el portal único de servicios del Ministerio de Salud Pública, módulo «Registro Único de Establecimientos de Salud – RUES».

SEXTA.- Los establecimientos o servicios de atención de Salud que hubieren sido Sancionados por infracciones a la Ley Orgánica de Salud y/o a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas al Fiscalización a través de un proceso especial sanitario, podrán solicitar la renovación del Permiso de Funcionamiento; no obstante, el cumplimiento efectivo de la sanción impuesta a suscripción de un compromiso de pago, será verificado por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada-ACESS o quien ejerza sus competencias, previa a la aceptación de la solicitud.

El incumplimiento de un compromiso de pago será causal para no emitir el Permiso de Funcionamiento, hasta el cumplimiento efectivo de la obligación.

SÉPTIMA.- El Permiso de Funcionamiento vigente se colocará en un lugar visible del respectivo establecimiento y servicio de salud del Sistema Nacional de Salud, para conocimiento de los usuarios.

OCTAVA.- Los establecimientos y servicios de atención de salud públicos deberán obtener el Permiso de Funcionamiento cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento, excepto con el pago por trámite de Permiso de Funcionamiento.

NOVENA.- Los formularlos de inspección correspondientes a cada tipología de establecimiento y servicio de atención de salud, serán elaborados y oficializados por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS, en base a las carteras de servicios emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional.

DÉCIMA.- Las inspecciones técnicas a los establecimientos y servicios de atención de salud con fines de emisión de Permiso de Funcionamiento; y, aquellas que se realicen para el control y vigilancia sanitaria posterior, serán ejecutadas por profesionales de la salud designados por la ACESS para el efecto.

De ser pertinente, dependiendo de la tipología del establecimiento o servicio de atención en salud, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los servicios de Salud y Medicina Prepegada-ACESS designará el acompañamiento de profesionales de distinto perfil al anteriormente mencionado.

DÉCIMA PRIMERA.- Si un establecimiento de salud realiza prestaciones extramurales (Puestos Periféricos de toma de muestras, Atención Domiciliarla. etc.), las mismas únicamente tendrán alcance a nivel de la provincia donde se domicilie el establecimiento de salud debidamente habilitado con el Permiso de Funcionamiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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PRIMERA.- A efectos de la emisión del Permiso de Funcionamiento, las inspecciones técnicas a los establecimientos y servicios de atención de salud señalados en este Reglamento, se realizarán hasta la implementación de las normas de licenciamiento correspondientes,

SECUNDA.- Los establecimientos de salud y servicios de atención en salud que han obtenido el licenciamiento, deberán pagar la tasa por trámite de Permiso de Funcionamiento hasta que se implemente la tasa para el proceso de Licenciamiento.

TERCERA.- En el caso de aquellos establecimientos y servicios de atención de salud cuyo trámite de renovación del Permiso de Funcionamiento se hubiere Iniciado previo a la publicación del presente Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial, o que dicho trámite se hubiere presentado con anterioridad a la finalización de la vigencia de su Permiso de Funcionamiento, estos podrán continuar desarrollando sus actividades hasta la conclusión del trámite de renovación, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente a la fecha de Ingreso del trámite.

CUARTA.- En el término máximo de sesenta días (60) contados a partir de la publicación de este Acuerdo en el Registro Oficial, la Autoridad Sanitaria Nacional definirá los criterios para el perfilador de riesgo de los establecimientos y servicios de atención de salud del Sistema Nacional de Salud, para lo cual, el Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud a través de sus instancias competentes elaborará la propuesta respectiva.

QUINTA.- En el término máximo de noventa días (90) contados a partir de la publicación de este Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial la ACESS emitirá el Instructivo para la aplicación del presente Reglamento, incluido el perfilador de riesgos.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA

ÚNICA.- En el Acuerdo Ministerial No. 2393 publicado en el Registro Oficial No. 848 de 11 de diciembre de 2012, a través del cual se expidió el «Reglamento para el Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos», sustitúyase el artículo 10, por el siguiente:

«Art. 10.- Todo puesto periférico de toma de muestras biológicas del Sistema Nacional de Salud está sujeto a inspección y funcionará bajo la responsabilidad de un Laboratorio de Análisis Clínico con Permiso de Funcionamiento vigente emitido por la ACESS, como laboratorio o como servicio de un establecimiento de salud».

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Deróguense todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Acuerdo Ministerial, expresamente la «Normativa Sanitaria para la emisión del permiso de funcionamiento de los establecimientos de salud, públicos y privados del Sistema Nacional de Salud, servicios de atención domiciliaria de salud y establecimientos que prestan servicios de apoyo indirecto», emitida mediante Acuerdo Ministerial 00000079, publicado en el Registro Oficial No. 834 de 6 de septiembre de 2016, y sus reformas realizadas a través del Acuerdo Ministerial No. 35 publicado en el Registro Oficial No. 978 de 5 de Abril del 2017 y del Acuerdo Ministerial No. 145 publicado en el Registro Oficial No. 112 de 1 de Noviembre del 2017.

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SEGUNDA.- Deróguese el » Reglamento de Aplicación para el Proceso de Licenciamiento en los Establecimientos y Servicios encargados de la Atención Prehospitalaria», expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 00001595 publicado en el Registro Oficial No. 776 de 28 de agosto de 2012.

DISPOSICIÓN FINAL

De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad cíe los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 07 JUL. 2020

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No. 071-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 168 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «(…) 1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. (…)”;

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, así como el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 181, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que es función del Consejo de la Judicatura: «(…) 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. (…)»;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, estatuye que: «Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y este Código, dentro de los grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios; políticas económicas que permitan la gestión del presupuesto con el fin de optimizar los recursos de que se dispone y la planificación y programación oportuna de las inversiones en infraestructura física y operacional; políticas de recursos humanos que consoliden la carrera judicial, fiscal y de defensoría pública, fortalezcan la Escuela de la Función Judicial, y erradiquen la corrupción.»;

Que el artículo 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe que: «La Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. Administrativamente se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones, bajo los criterios de descentralización y desconcentración. / El Estado tendrá la obligación de entregar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio

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judicial que garantice la seguridad jurídica. El incumplimiento de esta disposición será considerado como obstrucción a la administración de justicia.»;

Que el artículo 43 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que: «(…) La Carrera Administrativa que comprende a todas las servidoras y servidores que colaboran con los diversos órganos de la Función Judicial y que no desempeñan funciones como jueces, fiscales o defensores públicos, están sujetos a este Código y subsidiariamente a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. (…)»;

Que el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «(…) 10. Expedir (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial; (…).»;

Que el artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe que le corresponde a la o el Director General: «1. Dirigir y supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, administrativos de la Función Judicial y los procesos de selección, evaluación, formación profesional y capacitación continua, en el ámbito de su competencia; 2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial; (…).»;

Que el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 118; y, Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 576, determinan que las copias certificadas, mismas que deben ser otorgadas de forma física de manera excepcional, serán expedidas por el Coordinador de la Unidad judicial. Por otra parte, el artículo 575 del mismo Código Orgánico Integral Penal, dispone que la Coordinadora o Coordinador de la Unidad Judicial, deberá llevar un registro de las notificaciones realizadas tanto en audiencia como fuera de ella, para lo cual podrá utilizar los medios técnicos idóneos;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura (período 2013-2018), con Resolución 081-2016, de 5 de mayo de 2016, publicada en el Registro Oficial 770, de 7 de junio de 2016 expidió: «EL ESTATUTO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES A NIVEL DE: SALAS DE CORTE PROVINCIAL, TRIBUNALES CONTENCIOSOS, TRIBUNALES DE GARANTÍAS PENALES, COMPLEJOS JUDICIALES Y UNIDADES JUDICIALES», cuyo anexo 3, en numeral 3.1.1 determina que el puesto directivo de la Coordinación Administrativa y Control de Gestión General de Operaciones de Complejo Judicial, es el Coordinador General de Operaciones de Complejo Judicial, en tanto que en su numeral 3.1.2 establece que el puesto directivo de la Coordinación

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Administrativa y Control de Gestión de Dependencia Judicial es el Coordinador de Unidad Judicial;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura (período 2013-2018), mediante Resolución 001-2018, de 3 de enero de 2018, publicada en el Registro Oficial No. 186 de 22 de febrero de 2018, expidió el: «INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS, OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN DE SERVIDORES DE LA CARRERA JUDICIAL ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL»;

Que mediante Resolución CJ-DG-2018-41, de 16 de mayo de 2018, el Director General del Consejo de la Judicatura (período 2013-2018) aprobó el: «MODELO DE GERENCIAMIENTO PARA COMPLEJOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 192-2019, del 21 de noviembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 100 de 13 de diciembre de 2019, resolvió: «IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRIBUNALES FIJOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES PLURIPERSONALES A NIVEL NACIONAL»;

Que con Memorando circular CJ-DG-2020-1917-MC, de 28 de mayo de 2020, se aprobó el cronograma para el proceso de reestructura del Consejo de la Judicatura, remitido por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano mediante Memorando CJ-DNTH-2020-1799-M, de 22 de mayo de 2020;

Que con el objetivo de garantizar la provisión de un servicio judicial seguro, oportuno y ágil, mediante Memorando circular CJ-DG-2020-2126-MC, de 12 de junio de 2020, la Dirección General, conoció el Memorando circular CJ-DNGP-2020-0566-MC, de 12 de junio de 2020 de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, a través de los cuales se puso al servicio de abogados en libre ejercicio, profesionales del Derecho de instituciones públicas y privadas, fiscales y defensores públicos, el sistema E-SATJE 2020, herramienta que permite la realización de trámites judiciales de manera digital desde domicilios, oficinas o cualquier lugar que cuente con acceso a internet, siendo un importante avance tecnológico para la Función Judicial y sus usuarios;

Que en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, se explica la grave situación económica que enfrenta el Ecuador, misma que afecta a todas sus funciones e instituciones públicas, incluida la Función Judicial;

Que la Función Judicial, desde el año 2019, ha sufrido significativos recortes presupuestarios por parte del Ministerio de Economía y

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Finanzas, mismos que afectan a la prestación del servicio de justicia, lo cual obliga al Consejo de la Judicatura a agilizar el proceso de reestructura institucional y a diseñar de manera emergente, mecanismos para la optimización de recursos;

Que mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2020-0624-M, de 25 de junio de 2020, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, presentó su informe técnico en relación a la necesidad de mantener la existencia de la Coordinación de Operaciones de Complejo Judicial y de la Coordinación de Unidad Judicial, estableciendo que: » (…) con la implementación del sistema E-SATJE 2020 que considera la automatización de varias actividades de carácter administrativo y con el proceso de reestructura institucional por el que está atravesando el Consejo de la Judicatura, en el corto plazo ya no sería necesaria la participación de un Rol como este en el nuevo Modelo de Gestión, ni en los demás instrumentos que comportan el proceso de reestructura institucional que atraviesa el Consejo de la Judicatura (…)»;

Que con la introducción del sistema E-SATJE 2020, la Oficina de Gestión Judicial Electrónica y los Tribunales Fijos, que permiten el ingreso de demandas, sorteo de causas, ingreso de escritos de juicios en trámite y de los procesos presentados a partir de su implementación, la revisión del casillero judicial electrónico, con los anexos de los escritos despachados, y la visualización de los expedientes judiciales digitalizados, ya no sería necesaria la participación del puesto de Coordinador General de Operaciones del Complejo Judicial y de Coordinador de Unidad Judicial 1 y 2, ya que las tareas y servicios que estos ejecutan serán automatizados, quedando aún ciertas tareas y actividades de carácter operativo que según lo previsto por la Dirección Nacional de Talento Humano, podrán ser atendidas por un puesto diferente;

Que mediante Memorando CJ-DNGP-2020-2403-M, de 26 de junio de 2020, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, emitió su informe en cuanto a la visión del modelo de gestión de dependencias judiciales y la perspectiva de reforma para cumplir con el proceso de restructuración institucional que lleva adelante el Consejo de la Judicatura, concluyendo que: “Las actividades que actualmente cumplen los coordinadores de dependencia judicial o coordinadores de complejo judicial, al tratarse de actividades de gestión administrativa dentro de cada dependencia judicial, pueden ser cumplidas o ejecutadas por otras u otros funcionarios administrativos, sea de la misma dependencia judicial o de las direcciones provinciales, a fin de optimizare! trabajo y aplicarlos lineamientos de austeridad económica y presupuestaria dispuestos por el Gobierno Central.»;

Que la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante Memorando circular CJ-DNTH-2020-0160-MC, de 27 de junio de 2020, remitió el

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Informe Técnico DNTH-SD-015-2020, de 26 de junio de 2020, a través del cual identificó los perfiles de puestos vigentes que podrán asumir las atribuciones establecidas para los coordinadores de unidades judiciales en el estatuto orgánico de dependencias judiciales, así como las actividades y tareas identificadas por las Direcciones Nacionales de Gestión Procesal y de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial;

Que la Dirección General remitió el Memorando CJ-DG-2020-5384-M, de 27 de junio de 2020, a la Secretaría General para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, por el cual trasladó los Memorandos CJ-DNGP-2020-2403-M; CJ-DNDMCSJ-2020-0624-M; CJ-DNTH-2020-0160-MC, que contiene el Informe Técnico DNTH-SD-015-2020, de 26 de junio de 2020; y el Memorando CJ-DNJ-2020-1287-M, de 27 de junio de 2020, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el informe jurídico y el proyecto de resolución respectivo; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

OPTIMIZAR EL TALENTO HUMANO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y

SUPRIMIR LOS PUESTOS DE «COORDINADOR DE UNIDAD JUDICIAL 1 y 2»

Y DE «COORDINADOR GENERAL DE OPERACIONES DE COMPLEJO

JUDICIAL»

Artículo 1.- Acoger la recomendación de la Dirección General y aprobar los informes técnicos y jurídico contenidos en los Memorandos CJ-DNDMCSJ-2020-0624-M, de 25 de junio de 2020, de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, CJ-DNGP-2020-2403-M, de 26 de junio de 2020, de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, Memorando circular CJ-DNTH-2020-0160-MC, a través del cual remite el Informe Técnico DNTH-SD-015-2020, de 26 de junio de 2020, de la Dirección Nacional de Talento Humano y Memorando CJ-DNJ-2020-1287-M, de 27 de junio de 2020, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contienen el análisis técnico y jurídico para la eliminación y reasignación de actividades de los puestos de Coordinador de Unidad Judicial 1 y 2 y de Coordinador General de Operaciones de Complejo Judicial.

Artículo 2.- Eliminar los puestos de Coordinador de Unidad Judicial 1 y 2 y de Coordinador General de Operaciones de Complejo Judicial.

Artículo 3.- Disponer a la Dirección General del Consejo de la Judicatura que en la convocatoria vigente, realizada con base en la Resolución 001-2018, de 3 de enero de 2018, suprima los puestos de Coordinador de Unidad Judicial 1 y 2 y de Coordinador General de Operaciones de Complejo Judicial.

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Artículo 4.- Disponer al Director General dé por terminados los nombramientos provisionales y los contratos de servicios ocasionales de las y los servidores judiciales que ocupen los puestos eliminados en el artículo 2 de la presente resolución.

Artículo 5.- Exceptúese de lo determinado en el artículo anterior a las mujeres embarazadas, a aquellas en licencia por lactancia, a las personas que padezcan enfermedades catalogadas como catastróficas, discapacidad o a sus sustitutos, todas ellas, debidamente establecidas en el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano y jurídico de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, quienes prestarán sus servicios conforme a las necesidades institucionales que prevean el Director General y los directores provinciales, de conformidad con la ley.

Artículo 6.- Disponer a la Dirección General ordene a las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, reasignen las actividades que realizaban los Coordinadores de Unidad Judicial 1 y 2 y los Coordinadores Generales de Operaciones de Complejo Judicial.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Consejo de la Judicatura, en uso de su autonomía como órgano rector de la administración de la Función Judicial, dispone que las y los secretarios de las unidades judiciales cumplirán las actividades para expedir las copias certificadas de procesos judiciales en medio electrónico, establecidas en los artículos 118 del Código Orgánico General de Procesos y 576 del Código Orgánico Integral Penal (las cuales se emitirán de manera excepcional en formato físico), al estar plenamente facultados para acreditar la veracidad de las copias de piezas procesales o de todo un expediente judicial, según lo establecido en el literal h del numeral 2.1.2 (Gestión de Secretarios), capítulo 2 del anexo No. 3 de la Resolución 081-2016, que contiene el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de las Dependencias Judiciales a nivel de: Salas de Corte Provincial, Tribunales Contenciosos, Tribunales de Garantías Penales, Complejos Judiciales y Unidades Judiciales así como también llevarán los registros de las notificaciones realizadas tanto en audiencia como fuera de ella, para lo cual utilizarán los medios tecnológicos idóneos, conforme al artículo 575 del mismo Código Orgánico Integral Penal.

SEGUNDA.- La Dirección General notificará la terminación de la relación laboral a cada una de las y los servidores contemplados en el artículo 2 de la presente resolución con los informes técnicos, informe jurídico y resoluciones emitidas por el Pleno y la Dirección General del Consejo de la Judicatura al respecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, remitirán a la Dirección General el informe que contenga la redistribución definitiva de actividades de coordinación para las dependencias judiciales y el personal que las ejecutará a partir de la vigencia de la presente resolución, especificando el nombre

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y cargo de los servidores así como aquellos que brindarán el soporte necesario para garantizar la continuidad del servicio de justicia, dentro de un plazo de quince (15) días.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Deróguense dentro de la Resolución 081-2016, de 5 de mayo de 2016, así como en todas las demás resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, todas las menciones a los puestos de Coordinador de Unidad Judicial 1 y 2 y de Coordinador General de Operaciones de Complejo Judicial.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El cumplimiento de la presente resolución estará a cargo de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de: Talento Humano, Gestión Procesal, Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’s y de las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, dentro del ámbito de sus competencias.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veinte.

42 – Miércoles 15 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 246

No. 073-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 100 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece entre los deberes de las y los servidores de la Función Judicial: «(…) formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios; (…)»;

Que el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno le corresponde: «10. Expedir, modificar, derogar (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento., responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución 205-2019, de 12 de diciembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 113, de 3 de enero de 2020, aprobó el «CALENDARIO DE VACACIONES PARA LAS Y LOS SERVIDORES DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL’;

Que ante la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución 031-2020, de 17 de marzo de 2020_; publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 619, de 1 de junio de 2020, resolvió: «SUSPENDER LAS LABORES EN LA FUNCIÓN JUDICIAL FRENTE A LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”;

Que mediante resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional emitida el 28 de abril de 2020, se menciona que «(…) Una vez cumplida la primera etapa de aislamiento que inició tías la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, a partir del 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del Distanciamiento Social (…)»;

Que mediante Memorandos CJ-DNTH-2020-1887-M, de 3 de junio de 2020 y CJ-DNTH-2020-0156-MC, de 22 de junio de 2020, y su alcance con Memorando CJ-DNTH-2020-0158-MC, de 23 de junio de 2020; la Dirección Nacional de Talento Humano puso en conocimiento de la Dirección Nacional de Asesoría

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Jurídica, los correspondientes informes respecto a la suspensión de vacaciones para las y los servidores de las dependencias judiciales a nivel nacional;

Que mediante Memorandos CJ-DNGP-2020-2266-M, de 13 de junio de 2020 y CJ-DNGP-2020-0579-MC, de 21 de junio de 2020, la Dirección Nacional de Gestión Procesal emitió su respectivo pronunciamiento a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en relación a la carga procesal en trámite a nivel nacional;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2020-5271-M, de 23 de junio de 2020, suscrito por el Director General, quien remitió el Memorando circular CJ-DNJ-2020-0158-MC, de 23 de junio de 2020, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el informe jurídico y el correspondiente proyecto de resolución;

Que debido a la elevada carga de procesos judiciales en trámite a nivel nacional, los cuales no se pudieron llevar a cabo durante la suspensión de labores en la Función Judicial por motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19) que enfrenta nuestro país, se ha considerado necesario adoptar medidas para que las mismas no repercutan en una mayor carga laboral de los equipos jurisdiccionales; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial.

RESUELVE:

SUSPENDER LA APLICACIÓN DEL CALENDARIO DE VACACIONES PARA LAS

Y LOS SERVIDORES DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL

DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19

Artículo único. – Suspender la aplicación del calendario de vacaciones contemplado en la Resolución 205-2019, de 12 de diciembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 113, de 3 de enero de 2020, para las y los servidores de las dependencias judiciales a nivel nacional, en virtud de la elevada carga de procesos judiciales en trámite.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA. – Cuando las causas que motivaron la emisión de la presente resolución sean superadas y se cuente con los informes respectivos, el Pleno del Consejo de la Judicatura considerará el levantamiento de la suspensión contemplada en el artículo único de la presente resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. – La ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, de las Direcciones Nacionales de: Talento Humano, Gestión Procesal y de las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.

44 – Miércoles 15 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 246

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de julio de dos mil veinte.

Registro Oficial Nº 246 Miércoles 15 de julio de 2020 – 45

No. 074-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicarla norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia»;

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el artículo 22 del Código Orgánico de la Función Judicial, señalan que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, sin que en ningún caso quede en indefensión, y que los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia, por lo que el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función Judicial, establecerán las medidas para superar las barreras de cualquier naturaleza que sean discriminatorias e impidan la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso;

Que los artículos 168 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 8 y 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, hacen referencia a los principios de independencia y autonomía administrativa, económica y financiera, de los cuales goza la Función Judicial;

Que el artículo 178, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: ‘El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. (…) 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional»;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: «(…) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial (…)»;

46 – Miércoles 15 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 246

Que el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que al Pleno le corresponde: «(…) Expedir, modificar, derogare interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial (…)»;

Que el artículo 565 del Código Orgánico Integral Penal, manifiesta: «Audiencias telemáticas u otros medios similares.- Cuando por razones de cooperación internacional, seguridad o utilidad procesal y en aquellos casos en que sea imposible la comparecencia de quien debe intervenir en la audiencia, previa autorización de la o el juzgador, la diligencia podrá realizarse a través de comunicación telemática o videoconferencia u otros medios técnicos semejantes (…)»;

Que el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, señala: «Proceso oral por audiencias. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria de 3 de junio de 2020, aprobó la Resolución 057-2020, publicada en el Registro Oficial No. 236, de 1 de julio de 2020, con la cual se resolvió: «Restablecer progresivamente las actividades jurisdiccionales a nivel nacional»;

Que al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, tiene la obligación constitucional y legal de emitir resoluciones tendientes a precautelar la vida, la salud y el bienestar de las y los usuarios de la Función Judicial, así como de los servidores de esta Función del Estado, debido a la emergencia sanitaria que en los actuales momentos atraviesa el país;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1074, de 15 de junio de 2020, el licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, declaró: «Artículo 1- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 (…).»;

Que mediante Memorando CJ-DNTICS-2020-1330-M, de 30 de junio de 2020 y su alcance con Memorando circular CJ-DNTICS-2020-0234-MC, de 1 de julio de 2020, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’s, remitió a la Dirección General su pronunciamiento técnico respecto de la infraestructura tecnológica con la que cuenta el Consejo de la Judicatura;

Registro Oficial Nº 246 Miércoles 15 de julio de 2020 – 47

Que mediante Memorando CJ-DNGP-2020-2487-M, de 1 de julio de 2020, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el: «INFORME PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ATENCIÓN EN FLAGRANCIA Y REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS TELEMÁTICAS»;

Que la Dirección General remitió el Memorando circular CJ-DG-2020-2382-MC, de 1 de julio de 2020, a la Secretaría General para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, por el cual puso en conocimiento el Memorando circular CJ-DNJ-2020-0169-MC, de 1 de julio de 2020, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mismo que contiene el informe jurídico y el proyecto de resolución respectivo; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

RESTABLECER LA MODALIDAD DE LLAMADA EN EL TURNO DE

MADRUGADA EN FLAGRANCIA Y PRIORIZAR LA MODALIDAD DE

VIDEOAUDIENCIAS DURANTE LA VIGENCIA DE LA EMERGENCIA

SANITARIA A NIVEL NACIONAL

Artículo 1.- Sustitúyase el texto del artículo 4 de la Resolución 057-2020, por el siguiente:

«Artículo 4. – Restablecer la atención habitual en fas unidades judiciales con competencia en infracciones flagrantes especializadas, y en las no especializadas y multicompetentes.- Las unidades judiciales con competencia en infracciones flagrantes especializadas que han venido laborando durante la emergencia sanitaria bajo el sistema de turnos, restablecerán de manera obligatoria su atención habitual y pasarán a prestar atención bajo la modalidad presencial los 7 días de la semana, en el horario de 06h00 a 00h00. El turno comprendido en el horario de 00h00 a 06h00 se realizará mediante la modalidad por llamada.

En aquellas unidades no especializadas y multicompetentes, la atención se restablecerá de manera obligatoria en la forma habitual, de acuerdo a las modalidades y procedimientos previstos por cada dirección provincial.

Artículo 2.- Sustitúyase el texto del artículo 11 de la Resolución 057-2020, por el siguiente:

«Artículo 11.- Realización de audiencias.- Las y los jueces podrán priorizar la realización de videoaudiencias en las circunscripciones territoriales donde se cuente con la factibilidad técnica y tecnológica que permita su ejecución, de conformidad con lo previsto en los artículos 4 del Código Orgánico General de Procesos y 565 del Código Orgánico Integral

48 – Miércoles 15 de julio de 2020 Registro Oficial Nº 246

Penal y garantizando el cumplimiento de los principios procesales.

Para la práctica de las audiencias presenciales se observarán los protocolos de bioseguridad emitidos por la Dirección General del Consejo de la Judicatura y por la Corte Nacional de Justicia, respectivamente. Asimismo, en la práctica de las videoaudiencias, se observarán los protocolos emitidos por la Dirección Nacional de Tecnologías de la información y Comunicaciones del Consejo de la Judicatura».

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- Las direcciones provinciales coordinarán con la Fiscalía General del Estado la atención de actos urgentes y determinarán la o el juzgador disponible para su atención, tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- En el término de cinco (5) días, las Direcciones Nacionales de: Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’s y de Gestión Procesal emitirán el protocolo de manejo de videoaudiencias que será puesto en conocimiento de las y los operadores de justicia.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, las Direcciones Nacionales de: Gestión Procesal, Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’s, Comunicación Social y de las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de julio de dos mil veinte.

Registro Oficial Nº 246 Miércoles 15 de julio de 2020 – 49

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución por unanimidad, el tres de julio de dos mil veinte.