LA ORALIDAD Y EL PROCESO CONTENCIOSO

Martes, 01 de marzo de 2016

LA ORALIDAD Y EL PROCESO CONTENCIOSO

 

Autor: Dr. Pablo Castañeda

La palabra es el primer medio de comunicación y transmisión de conocimientos del ser humano.

La oralidad es la primera modalidad histórica de procedimientos, antes de que existiera la escritura; ya existía el proceso judicial. En Roma el proceso judicial era oral, que rigió del año 753 AC hasta la muerte de Justiniano en 12 el año 565 DC; el procedimiento escrito nace en la etapa final del imperio romano, se propaga en Europa con el derecho canónico, Decreto de 1216 del Papa Inocencio III, que impuso que todo acto procesal, debía ser escrito.

 Con la Revolución se Francesa se equilibra la escritura y la oralidad; en Francia se emite el Código Civil en 1804, luego el Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio 1806, Código penal y de instrucción 1810. El Código Procedimiento Civil, plantea una serie de ritos (canónico), formalidades (monarquía) ,1863. Código de Enjuiciamiento Civil, es reemplazado por el Código de Procedimiento Civil de  1938 y reformado el 2005. A partir de la Revolución Francesa, se comienza a restablecer poco a poco la oralidad, con el código Napoleónico  de 1804 comienza la codificación e implementación de la oralidad. En Europa, se aplica primero la oralidad en los juicios penales, a mediados del siglo, en el auge del iluminismo y liberalismo.

Luego de la II Guerra Mundial, se promovió la tutela judicial y la oralidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 10) (DUDH, 1948), Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José, 1969) (artículo 8), (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966) (Artículo 14° inciso J) (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948) (Artículo XXVI).

En América latina, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, se creó en 1958, y en 1988 se propone  el Código Procesal Civil Modelo.

En el siglo XX, en el Ecuador, Projusticia, preparó un proyecto de Código de Procedimiento Civil, con base en el  Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica.

En  Ecuador, el 13 de enero del 2000, el Código de Procedimiento Penal inicio la oralidad, mientras los Arts. Art. 76. 7, h); 168. 6 de la Constitución y las normas del COIP y COGEP, establecen su obligatoriedad.

 

El Código General de Procesos (Cogep) regula el proceso oral en los juicios no penales.

El art. 95 del Código General de Procesos establece que ?la dirección de las audiencias corresponderá exclusivamente al juzgador?, el Juez: actúa desde el inicio del proceso, ordena se complete, aclare o califica la demanda, resuelve incidentes.

El abogado es agente que depura la causa y la lleva al juez, y ese es el rol, el de colaborador con la administración de justicia.

Para ello el juez debe poseer competencia profesional, para en la vía oral determinar el objeto del litigio, resolver excepciones, incidentes, impugnaciones,  en el transcurso mismo de las audiencia; pero no puede otorgar o declarar mayores o diferentes derechos a los pretendidos en la demanda, ni fundar su decisión en hechos distintos a los alegados por las partes.

La oralidad exige la preparación en el manejo de la expresión en el desenvolvimiento de los abogados patrocinadores.

La oralidad contribuye a la democratización de la justicia y del derecho, puesto que se requiere un juez, que además de un rol activo como director del proceso, asuma un papel activo para determinar y delimitar el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admisible.

EL DERECHO ADMINISTRATIVO

El Derecho Civil, es un derecho que regula las relaciones entre los particulares, en lo referentes a patrimonio, parentesco, derechos, obligaciones, etc.; la mayoría de temas se relaciona con derechos patrimoniales, derechos disponibles, por ejemplo: propiedad privada.

El Derecho Penal es selectivo, un instrumento de violencia legal a disposición de un Estado, pues se elige los comportamientos de las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos con relación a esta materia. Este nuevo Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado y tipificar las infracciones penales, debido proceso, promoción de la rehabilitación social y la reparación integral de las víctimas.

El Derecho Constitucional, señala principios jurídicos supremos, el Derecho Administrativo se fijan las normas jurídicas de la aplicación de esos principios, en la esfera de la administración pública, las relaciones del Estado con los particulares están presentes en casi todas las actividades del hombre moderno.

ANTECEDENTES

El Estado de derecho divide el poder en  actividades de administrar, legislar y juzgar, dentro de las competencias de cada poder.

Quién juzga las actuaciones administrativas del Estado?.

Parte de países tienen  tribunales administrativos,  otros tienen Consejo de Estado; 

La historia del contencioso-administrativo es la historia del Derecho Administrativo en la «lucha contra las inmunidades del poder» (GARCÍA, 1983)

La historia del Derecho Administrativo, es una ?lucha contra las inmunidades del poder? (GARCÍA, 1983); se origina en las revoluciones de inglesa (1688) y francesa (1789), la emancipación americana (1776),  Maquiavelo  Montesquieu (división de poderes, poder controla el poder) y Rousseau (ley: expresión voluntad general).

En el Ecuador, en 1954 se crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (RO. 399-3-X-45).

En 1959 se instituye en el Ecuador el Tribunal Fiscal

La Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, se expide en 1968 ,  en 1975 se dicta el Código Tributario

En 1992 se integró estos dos tribunales en la Función Judicial, como ?tribunales distritales? y estableció la casación

Desde el 2002 , existe el ERJAFE, a base de la Ley de Modernización, de 1993.

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado(13-X- 2011), confirma  la intervención del Estado y sus actuaciones administrativas.

El COGEP (22-v-2016), ratifica la existencia  de la justicia tributaria y administrativa y remite al Código Orgánico Administrativo que debe ser emitido por la legislatura.

 PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Es un proceso que garantiza el sometimiento de los actos de la administración al control judicial, mediante el recurso contencioso administrativo, se controla la legalidad de lo actuado.

Su objeto son controversias de: resoluciones,  contratos, reclamos de deficiente servicio; propiedad intelectual; indemnización de daños y perjuicios; juicios por responsabilidad de servidores o de delegatarios o concesionarios; acción de repetición; conflictos de competencia positivos o negativos referentes a servicios públicos; inadecuada  administración de justicia, revisión de sentencia condenatoria, lesividad, silencio administrativo, normas reglamentarias.

El control de la potestad reglamentaria y legalidad de las actuaciones administrativas,   es de la función judicial, como  consecuencia del Estado de Derecho, que garantiza la sujeción del Poder Ejecutivo al Derecho.

El control judicial de la Administración Pública es compatible con el  principio de auto tutela administrativa porque aunque la Administración, a diferencia de los sujetos privados, puede por sí misma (sin recabar la intervención judicial), declarar sus actos con carácter obligatorio y vinculante e, incluso, ejecutar forzosamente los mismos en caso de incumplimiento (auto tutela declarativa y ejecutiva), eso no significa que su actividad no quede sometida al control jurisdiccional en todos los casos.

El control de la legalidad de la  potestad reglamentaria y las actuaciones administrativas,  es de la función judicial, como  consecuencia del Estado de Derecho, les que garantiza la sujeción del Poder al Derecho.

El control judicial de la administración es compatible con el  principio de auto tutela administrativa,  pues la administración, a diferencia de los particulares, puede por sí misma (sin recabar la intervención judicial), declarar sus actos con carácter obligatorio y vinculante , ejecutar forzosamente los mismos en caso de incumplimiento (auto tutela declarativa y auto tutela ejecutiva).

 

EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del administrado (Art. 38 de la Ley de Modernización)

El recurso de plena jurisdicción subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata, se puede proponer el término de 90 días.

El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal, se puede proponer el plazo de 3 años, en igual tiempo el silencio administrativo.

En los casos de lesividad, el término es de 90 días, en materia contractual y otras de competencia de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de cinco (5) años.

El recurso de Lesividad, la declaratoria de lesividad es un acto administrativo por el que una entidad administrativa considera dañosa para el interés público, un acto previamente dictado por ella misma, que es favorable a los interesados, con el fin de poder solicitar su anulación ante la justicia.

 EL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Es un juez de legalidad; y, la legalidad es de orden público, por lo tanto ese orden está por encima de la voluntad de las partes, y en virtud de esto, se da su actuación cuasi oficiosa: la sentencia debe decidir los puntos que conforman la litis y además aquellos otros que tengan relación directa y comporten control de legalidad, en este caso no hay extrapetitia. 

LA POTESTAD DEL ESTADO

El Estado posee potestades-poderes de actuación que producen situaciones jurídicas en las que otros sujetos resultan obligados.

La Constitución es la máxima norma al interior del Estado, al cual deben sujetarse, acoplarse, adecuarse todos los actos judiciales y administrativos, todas las actuaciones de las autoridades de las funciones del Estado, no puede existir acto de autoridad pública que sea contrario a la Constitución, pues esto violaría el principio de supremacía, preponderancia, predominio, preeminencia de la Constitución sobre las demás normas y de la obligación y deber de los servidores públicos y ciudadanos de su observancia. Al existir una norma o acto que sean contrarios a la Constitución existen vías para declarar su invalidez, nulidad. Esto es la base del estado constitucional, que permite precisamente la impugnación judicial de las actuaciones del estado.

PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA

En las materias tributaria y administrativa tienen un gran peso los escritos, la prueba documental, por sobre  las pruebas personales, salvo excepciones.

La presunción de legitimidad del acto administrativo, invierte la carga de la prueba, es quien sostiene que el acto es ilegal o nulo, quien debe probarlo; esto no se exime la actividad probatoria de la  Administración; que es quien tiene el deber de remitir el expediente administrativo, su ausencia obra en contra de la Administración. El expediente: las partes acuden al mismo como fuente de documentos en la que basar sus pretensiones y resistencias.

 

RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS

El recurso subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, vulnerado por el Estado.

El recurso objetivo o por exceso de poder,  apunta a la nulidad de una norma de carácter general por adolecer de un vicio legal.

En lo contencioso, al principio de la doble instancia,  se le opone el de única instancia, cuando el juzgador que decide el proceso es colegiado, por la mayor garantía que ofrece con respecto al singular; además que en la sede administrativa existen mecanismos de impugnación de los actos administrativos  para el administrado, para que recurra a dichos recursos.

Las pretensiones, pueden ser declaratoria de ilegalidad y nulidad.

La demanda es escrita, se presenta al Tribunal del domicilio del administrado (Arts.142  del  COGEP, 38 de la Ley de Modernización), dentro del término  de 90 días en el recurso subjetivo; 3 años: nulidad de actos normativos generales, 5 años: contratación,

La Contestación a la demanda se la debe hacer en 30 días; en el proceso administrativo no cabe la reconvención y cabe la reforma a la demanda

 

Change password



Loading..