Derecho de la Niñez y la Adolescencia - Derecho Ecuador

Se estudia en esta publicación el conjunto de obligaciones y derechos que genera el matrimonio legal, así como las vías judiciales previstas para su disolución, sin incluir el caso del fallecimiento de uno de los cónyuges

Esta nota jurídica aborda cómo la Doctrina de la Protección Integral transforma la categoría de menor delincuente en la precisa figura del adolescente infractor, alterando su consideración legal

Se presenta un análisis sobre el trabajo infantil y su distinción de experiencias formativas. El texto examina las dinámicas de abuso adulto y el contexto normativo, incluyendo el Convenio 182 de la OIT, sin agotar las implicancias de su aplicación

El texto examina el vínculo entre ciudadanía y derechos de niñas, niños y adolescentes en la nueva Constitución, destacando avances y tensiones sin agotar el análisis

Desde una perspectiva jurídica, se explora el rol del Ministerio Público en el Código de la Niñez y Adolescencia. El análisis preliminar aborda el contexto histórico y social de la normativa, sin cerrar las implicaciones actuales de su aplicación

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Hoy, en Ecuador, el estudio jurídico que liderará la próxima década no será el que tenga el edificio más lujoso, sino aquel cuyos abogados aprendan a dictarle a las máquinas cómo hacer el trabajo pesado, liberando la mente humana para lo que realmente importa: la estrategia, la argumentación y la justicia.

El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.

La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.

La acción de protección se configura como un mecanismo de tutela constitucional cuya finalidad es proteger derechos constitucionales frente a actos u omisiones que generen su vulneración, en consecuencia, su procedencia exige la existencia de una afectación real y directa a un derecho constitucional

Una de las estrategias político-criminales para combatir las estructuras criminales ha sido implementar medidas de control de sus economías con la finalidad de boicotear el funcionamiento de estas empresas delictivas.

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