Derecho Administrativo en Ecuador: Doctrinas y Análisis | Derecho Ecuador

Cuando se formula una solicitud a la Administración y no hay respuesta, nos enfrentamos a la institución del silencio administrativo

Existen varios casos en que la falta de respuesta de la Administración, en el tiempo oportuno, no podría generar los efectos previstos para el silencio administrativo

La Contraloría General del Estado es el máximo organismo de control fiscal ecuatoriano

La delegación es la forma más utilizada para la transferencia de competencias en el sector público.

El poder público, no es infalible, perfecto, para ello existe el control de legalidad

Se reforman cuerpos legales, como: COGEP, para aplicar el silencio administrativo; Ley de la Contraloría, Ley de Empresas Públicas sobre competencia coactiva; el COFJ sobre medidas cautelares y depositarios.

El derecho administrativo del Ecuador tiene su origen en el español y a su vez del derecho francés; en el país, las últimas décadas se legisló la materia.

Nadie puede ser sancionado administrativamente dos veces, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, objeto y causa

Son características de la potestad administrativa ser: "Unilateral, Irrenunciable, Imprescriptible, Intransferible, Inalienable

El vocablo prueba, dentro del Derecho Procesal, se utiliza para indicar los diversos elementos de juicio

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El delito de terrorismo en la legislación penal ecuatoriana ha experimentado una evaluación progresiva en el transcurso de los años, consolidándose como un tipo penal que en la actualidad abarca la mayor cantidad de circunstancias delictuosas a fin de sancionar actos criminales y erradicar, mediante la prevención general, supuestos cometimientos en un futuro.

El Dr. Mariño Bustamante analiza el Art. 162 COIP (secuestro extorsivo). Explica que la conjunción disyuntiva "u" ("...otra infracción u obtener dinero...") demuestra dogmáticamente que el delito tiene dos propósitos alternativos, no acumulativos.

Las medidas cautelares son una acción constitucional, que evitan la amenaza contra derechos constitucionales o derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

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