Tres aspectos esenciales del contrato en el derecho uruguayo
Ponencia del profesor Gerardo Caffera
Universidad Andina Simón Bolívar
Jornadas Derecho Civil
Mientras varios países latinoamericanos han reformado sus códigos civiles para adaptar los contratos a nuevas corrientes sociales, Uruguay mantiene intactas sus normas del siglo XIX. Lejos de ser un defecto jurídico, esta estabilidad revela una profunda y funcional conexión entre un derecho privado estrictamente liberal y un Estado de bienestar robusto.
Los países de tradición civilista en Sudamérica (como Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay) comparten una matriz jurídica común que, en su momento, fue incluso más sofisticada y plural que las codificaciones europeas contemporáneas. Sin embargo, con el paso de las décadas, los caminos se bifurcaron. Mientras algunas naciones abrazaron el “neoconstitucionalismo” y reformaron sus códigos privados para inyectarles componentes de justicia social, Uruguay ha mantenido su Código Civil de 1868 prácticamente inalterado.
Para comprender cómo un país conocido por su audacia en la innovación legislativa (con leyes de vanguardia en derechos civiles y sociales) mantiene un derecho contractual tan clásico, es imperativo utilizar la “teoría de las dos esferas”. Esta teoría postula que no se puede entender el derecho privado de un país sin mirar simultáneamente su derecho público y constitucional. Bajo este lente, el inmovilismo contractual uruguayo deja de ser un anacronismo para convertirse en una pieza importante de un ecosistema legal perfectamente equilibrado.
La arquitectura del contrato uruguayo: dos rupturas históricas
El Código Civil uruguayo, redactado por Tristán Narvaja (quien tuvo la ventaja de escribirlo quince años después que Andrés Bello en Chile, gozando de mayor libertad ideológica), se desmarcó de sus vecinos y de Europa en dos aspectos contractuales que hoy siguen vigentes:
- La erradicación absoluta de la lesión Durante el clímax del liberalismo económico (1850-1875), fuertemente influenciado por la Defensa de la Usura de Bentham, Sudamérica fue pionera en abolir los límites a las tasas de interés. Pero Uruguay fue más allá. Mientras países como Chile o Colombia mantuvieron la figura de la “lesión enorme” (al menos para la compraventa de inmuebles) para proteger a las partes de desequilibrios graves, el Código Civil uruguayo dictaminó en su artículo 1277 una regla radical: “la lesión no vicia los contratos”.
A diferencia de Argentina o Brasil, que en los siglos XX y XXI reintrodujeron la “lesión calificada” (que condena el abuso de la necesidad o inexperiencia de la contraparte), Uruguay se mantuvo firme en su atrincheramiento atlántico: el desequilibrio económico no es excusa para anular lo pactado.
- El literalismo interpretativo (el eco del common law) El segundo pilar disruptivo se encuentra en el artículo 1297. A diferencia de los códigos francés y chileno, que ordenan a los jueces buscar la “intención común de las partes”, el código uruguayo impone un método de interpretación objetivo y literal. Las palabras deben entenderse en su uso general, incluso si el obligado las entendió de otro modo.
El texto pesa más que la voluntad oculta. Esta postura aleja a Uruguay de la tradición civilista clásica y lo acerca sorprendentemente a las reglas del common law anglosajón (como la four-corner rule), donde el contrato es estrictamente lo que está escrito, brindando una previsibilidad absoluta al mercado.
El porqué del sistema: el Estado como amortiguador social
¿Por qué un país ha soportado diversas crisis económicas sin que su jurisprudencia o doctrina logren incorporar figuras como la lesión o la teoría de la imprevisión para salvar a los deudores? La respuesta reside en la esfera pública uruguaya.
En Uruguay, no existen problemas socialmente sensibles librados a la tiranía del libre mercado contractual. El Estado tiene una presencia predominante en la provisión de servicios esenciales: la salud pública funciona con altos estándares, la educación (incluida la universitaria) es gratuita, y servicios como el agua, la electricidad, la telefonía y los seguros de accidentes de trabajo son administrados por empresas públicas robustas.
Al estar las necesidades básicas de los ciudadanos cubiertas y protegidas por la esfera estatal, el derecho privado no necesita actuar como un “salvavidas social”. El contrato queda relegado a su función original: ser un instrumento puro de intercambio económico.
Además, el literalismo interpretativo del contrato hace eco del “literalismo democrático” uruguayo. En un país donde toda ley puede ser sometida a referéndum por la ciudadanía, el texto literal de la norma (y del contrato) es visto como la máxima expresión de virtud democrática y seguridad jurídica.
La maldición de los trasplantes: lecciones para la región
Una de las grandes lecciones que deja la historia del derecho uruguayo es la “maldición de los trasplantes jurídicos”. Durante 50 años (desde 1970 hasta 2020), parte de la doctrina y la jurisprudencia uruguaya intentó forzar una interpretación “subjetiva” de los contratos, saltando por encima del texto expreso de su propio código.
Esto ocurrió por el afán de importar soluciones de la doctrina francesa o italiana, sin darse cuenta de que esos autores extranjeros estaban interpretando textos legales completamente distintos. Recientemente (en 2022, en un emblemático fallo contra el Banco Hipotecario), la Suprema Corte de Justicia de Uruguay puso fin a esta anomalía y regresó a la interpretación literal pura: lo que está escrito es lo que rige, reafirmando la seguridad jurídica.
Accionables estratégicos para abogados y empresas
Para quienes litigan, redactan contratos o hacen negocios en jurisdicciones con matrices jurídicas estables como la uruguaya, las directrices son claras:
- Precisión quirúrgica en la redacción: En sistemas de interpretación objetiva y literal, no hay espacio para apelar a “lo que realmente quisimos decir”. Si un concepto no está en el texto, no existe en el mundo jurídico.
- Mapeo de la esfera pública: Antes de intentar importar figuras de justicia social al derecho contractual (como la lesión o la excesiva onerosidad), el litigante debe analizar si el Estado ya cubre esa necesidad mediante su derecho público.
- Evitar el “copy-paste” doctrinal: Al fundamentar una demanda, es un error estratégico citar doctrina internacional generalizada si esta contraviene la literalidad del código local. El derecho comparado ilustra, pero el texto legal nacional impera.
Desafíos para el derecho continental
El principal desafío para los juristas de la región es resistir la tentación de “modernizar” los códigos civiles por simple moda académica. A menudo, se busca alterar la estabilidad de las normas contractuales decimonónicas para solucionar problemas de desigualdad, ignorando que es el derecho constitucional y administrativo el que debe asumir esa carga. Sobrecargar el derecho de contratos con deberes de justicia distributiva puede destruir su eficacia como herramienta de previsibilidad económica.
El valor de “vender el atraso”
Parafraseando al expresidente uruguayo José Mujica, quien sugería que el país debía “vender su atraso” (refiriéndose a la ganadería de pastura natural como un lujo orgánico frente a la industrialización), en el derecho ocurre algo similar. Lo que a los ojos del modernismo jurídico podría parecer un código civil estancado en el siglo XIX, es en realidad un ecosistema jurídico de altísima calidad. Asumir, respetar y mantener la estabilidad de los textos clásicos no es un signo de subdesarrollo, sino la mayor garantía de seguridad, previsibilidad y solidez que un país puede ofrecer a sus ciudadanos y a los mercados internacionales.
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