altLA GRATUIDAD DEL REGISTRO OFICIAL

Por: Abg. Francisco López Murillo

Introducción:

Al cumplirse cien años de la muerte del ?Viejo Luchador?, es importante realizar un reconocimiento de sus obras, pero no solo para recordar lo que este noble personaje hizo, sino para rescatar sus principios e ideales, y volverlos a retomar para darles la importancia que se merecen. Algunos de estos ideales han vuelto a tomar forma y vigencia en la actualidad y es por medio de este artículo que trataré de redimir uno de ellos ?La Gratuidad del Registro Oficial?.

Tal vez el Registro Oficial no sea una de las obras emblemáticas de Eloy Alfaro, y en cierto sentido no lo fue, ya que el Registro Oficial no es una creación de este ex presidente del Ecuador, anterior a él, hubieron muchas publicaciones oficiales que mantenían algo de concordancia con el sentido que hoy en día tiene, sin embargo no fue hasta el 1 de Julio de 1895 que el ?Viejo Luchador? ordenó la publicación de este importante Diario del Estado en la ciudad de Guayaquil, caracterizada por primera vez en la historia del país, por publicar estrictamente leyes, decretos, resoluciones, actas, circulares, comunicados, proclamas, despachos de los ministerios, es decir toda la información oficial emanada por las diferentes instituciones que componen al Gobierno Nacional. En su preámbulo se describe lo siguiente:

?Al organizarse el nuevo Gobierno, uno de los primeros deseos del Gabinete, ha sido el de crear un órgano de publicidad para que el pueblo conozca y juzgue todos los actos de la Administración que acaba de inaugurarse.

(La negrilla y el subrayado me pertenecen)

En el estadio, de la Prensa, ?El Registro Oficial? ocupará el puesto que le corresponde como fiel intérprete de los propósitos y tendencias del nuevo Gobierno.

La Redacción, penetrada de sus delicados deberes, ni provoca ni acepta polémicas, porque la primera de sus obligaciones es la de respetar la opinión pública.

?El Registro Oficial? se limitará, pues, á publicar los documentos y á exponer el pensamiento del Gobierno, cuando sea necesario?

Es importante recalcar que la función del Registro Oficial es la de comunicar, pero sobre todo de permitir que el pueblo juzgue los actos de la administración pública.

Definición:

El ?Registro Oficial es aquella publicación periódica, emitida por el Estado, con información oficial emanada de las diferentes instituciones que lo conforman y que debe ser de conocimiento público.? , es decir el Registro Oficial es un ?Diario del Estado? que debe cumplir la función de informar, pero que a diferencia de un diario particular, esta publicación debe ser conocida de manera obligatoria por el pueblo ecuatoriano, ya que en él se encuentran disposiciones normativas que son de obligatorio cumplimiento, y que en caso de desconocerlas, podrían acarrear consecuencias jurídicas perjudiciales para el ciudadano.

Antecedentes:

Desde los comienzos de la República del Ecuador, el Registro Oficial como entidad del gobierno, ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del país ya que mediante esta publicación, la ciudadanía puede conocer las resoluciones del gobierno.

Cuando el General Eloy Alfaro, inició con la publicación de este periódico en la ciudad de Guayaquil, se tenía claro que la finalidad era la de comunicar e informar, además de la de permitir a la ciudadanía que juzgue sus actuaciones, pero este propósito podía ser cumplido únicamente con un Registro Oficial gratuito, que pudiera llegar a todo ciudadano sin ningún tipo de restricción, mucho menos económica. Es así que esta publicación tenía en su encabezado una frase que decía ?SE DISTRIBUYE GRATIS?.

Es claro y comprensible que con el transcurso del tiempo, la población creció significativamente y entregar este ejemplar de manera gratuita a toda la ciudadanía, generaba un costo comprensible para el gobierno. Por lo tanto se decretó, que el Registro Oficial tuviera un costo, que en principio solo cubría los gastos de publicación, es decir papel y tinta.

Este modelo de difusión impresa se ha llevado a cabo durante más de un siglo, y a pesar que en la actualidad existen medios informáticos que ahorran los costos anteriormente descritos, se sigue cobrando un valor por la adquisición de esta publicación.

Administración del Registro Oficial:

En la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, se señalaba en la Disposición transitoria cuadragésima tercera que: ?Hasta que se dicte la ley correspondiente, el Registro Oficial con su personal, bienes y presupuesto, pasará a depender del Tribunal Constitucional. El Congreso Nacional, en el plazo de un año, expedirá la ley que establezca la autonomía del Registro Oficial? como es de conocimiento público, dicha Ley nunca fue creada, por lo que el Registro Oficial quedó permanentemente bajo la administración del Tribunal Constitucional, actual Corte Constitucional.

De igual manera en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, del año 2002, se establece en su artículo 214, que el Registro Oficial es un órgano que se encontrará administrativamente bajo la dependencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, se siguió prorrogando la creación de la Ley que le otorgaría autonomía a este órgano.

Sin embargo con la promulgación de la nueva Constitución Política de la República del Ecuador, elaborada en Montecristi, se volvió a enunciar algo parecido respecto del Registro Oficial en su Disposición Transitoria Quinta:

?QUINTA.- El personal de funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados del Tribunal Constitucional, con excepción de los de libre nombramiento y remoción, podrá formar parte de la Corte Constitucional previo proceso de evaluación y selección.

Los bienes del Tribunal Constitucional se transferirán a la Corte Constitucional.

La Editora Nacional y el Registro Oficial se transformarán en una empresa pública del Estado, autónoma, de conformidad con lo establecido en esta Constitución y en la ley. Su personal, bienes y presupuesto se transferirán a la nueva entidad.?

(La negrilla y el subrayado me pertenecen)

A pesar de que se sigue reconociendo la autonomía del Registro Oficial, no se establece un plazo para que dicha autonomía se llegue a cristalizar, por lo tanto, se tendrá que seguir encargando la administración indefinida de este órgano tan importante para el país, a otras entidades del Estado que la manejan a su criterio.

Publicidad de las leyes:

Varios artículos de la normativa interna del país, disponen el principio de que ?La ley se presume conocida por todos?, pero este principio no se aplica únicamente para los ecuatorianos que se encuentran dentro del país, sino que también se aplica para aquellos extranjeros que ingresan al país por cualquier motivo, tal como lo dispone el siguiente artículo:

?Art. 13.- La ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna.?
Recordemos que a pesar que la ley tiene un carácter local, el mismo Código Civil menciona que un ciudadano ecuatoriano independientemente del lugar de su residencia, está sujeto a las leyes ecuatorianas en determinados aspectos:

?Art. 14.- Los ecuatorianos, aunque residan o se hallen domiciliados en lugar extraño, están sujetos a las leyes de su patria:

1. En todo lo relativo al estado de las personas y a la capacidad que tienen para ejecutar ciertos actos, con tal que éstos deban verificarse en el Ecuador; y,
2. En los derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia, pero sólo respecto de su cónyuge y parientes ecuatorianos.?
Para que la ciudadanía pueda conocer las leyes del país, estas deben estar publicadas en el Registro Oficial, es decir existe una obligación por parte de la ciudadanía de mantenerse informado con respecto de las publicaciones establecidas en este boletín oficial, pero también debería haber una obligación y responsabilidad por parte del Estado de procurar una difusión más efectiva y eficaz de este diario oficial, para que en efecto, pueda cumplirse el principio de publicidad de las leyes.

Restricción del acceso al Registro Oficial:

Actualmente existen tres vías mediante las cuales la Corte Constitucional, ha restringido el acceso al Registro Oficial por parte de la ciudadanía en general:

1. La primera es una restricción de carácter económico, ya que esta publicación tiene un valor individual de $ 1,25 más I.V.A., la suscripción anual de la edición impresa tiene un costo de $ 400,00 más I.V.A., y en caso de la edición digital el costo anual es de $ 250,00 más I.V.A.

2. La segunda restricción es una de carácter territorial, ya que únicamente se venden ejemplares del Registro Oficial impreso, en sus oficinas ubicadas en las ciudades de Quito y Guayaquil, dejando desprovistas a todas las demás ciudades del país, que para recibir un ejemplar diario, de manera oportuna, tienen que suscribir el contrato anual para recibir la edición digital de esta publicación, obviamente cancelando el costo anteriormente descrito.

3. La tercera vía mediante la cual se restringe el acceso al Registro Oficial, es la resolución número 008-2007-AD publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 252 del 15 de Enero de 2008, mediante la cual el entonces Tribunal Constitucional, prohíbe la reproducción y difusión del Registro Oficial por cualquier medio, la referida resolución en su artículo dos dice literalmente:

Art. 2.- Prohíbese la reproducción y difusión del Registro Oficial a través de cualquier medio, impreso y/o digital por parte de terceros.

Violación a la libertad de acceso a la información:

La libertad de información está reconocida tanto en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

En la normativa interna existen disposiciones que garantizan el acceso a la información pública, así como la publicidad de la información emanada por las diferentes instituciones del estado, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo primero menciona lo siguiente:

?Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado.

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG’s), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley?.

En concordancia con este enunciado, la misma ley en el literal a) de su artículo 4 declara lo siguiente:

a) La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las instituciones privada depositarias de archivos públicos, son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información;

(La negrilla y el subrayado me pertenecen)

Al ser el Registro Oficial una entidad pública, toda la información que maneja, procesa, archiva y publica por medio de su boletín diario, es por principio pública y se ajusta a lo establecido en el artículo citado anteriormente, por lo tanto dicha información pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por consiguiente, la Corte Constitucional, no puede arrogarse ninguna facultad sobre el manejo, distribución o publicación de esta información, ya que no es el dueño y mucho menos el autor de la misma.

Violación de normas constitucionales:

El libre acceso a la información pública es un derecho consagrado en varias constituciones del mundo, ya que mediante este derecho la ciudadanía puede saber exactamente sobre la actuación de determinado funcionario o entidad del Estado que le afecte directa o indirectamente. En nuestra Carta Magna, este derecho se encuentra consagrado en el artículo 18, numeral segundo:

?Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.?

(La negrilla y el subrayado me pertenecen)

Conclusiones:

Para resumir, el Registro Oficial es una importante entidad del Estado, que en principio debe ser autónoma y no debería estar sometida a la autoridad de otra entidad estatal ya que la misma Constitución lo determina de esa forma.

La gratuidad se puede conseguir eliminando una edición impresa obsoleta y transformando al Registro Oficial en una edición digital, que evite los exagerados costos de grandes imprentas, papel, tinta, etc. Pero que sobre todo, permita a cualquier ciudadano, dentro o fuera del país, acceder al Registro Oficial de manera gratuita, oportuna y eficaz.

España es uno de los países que más ha desarrollado el LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GOBIERNO ELECTRÓNICO Y UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN mediante sus gobiernos autónomos. En el caso de la Provincia de Granada, se permite a sus ciudadanos acceder al Boletín oficial de manera pública y gratuita, tal como lo establece el artículo 13 del Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la Provincia de Granada:

?Artículo 13. Formato y consulta del BOPG.

La edición oficial del BOPG será en formato electrónico, y podrá ser consultado por internet mediante acceso de carácter universal y gratuito. Sin perjuicio de lo anterior, podrán obtenerse copias en formato papel a solicitud de los interesados.

La consulta pública y gratuita del BOPG podrá efectuarse en la Diputación Provincial de Granada, Servicio de Boletín Oficial de la Provincia, o a través de la página web de la Diputación de Granada (www.dipgra.es).?

(La negrilla y el subrayado me pertenecen)

Como vemos en este caso particular, la edición impresa del Boletín Oficial es subsidiaria a la versión digital que sería la oficial y común, sin embargo la edición impresa está disponible para los interesados bajo solicitud.

Al ser el Registro Oficial una publicación que recopila toda la información pública del Estado, la misma está protegida y garantizada por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y como podemos ver en el literal b) del artículo cuarto, la información pública es gratuita.

Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley.- En el desarrollo del derecho de acceso a la información pública se observarán los siguientes principios:

a) El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las normas de esta Ley;

(La negrilla y el subrayado me pertenecen)

Creo firmemente, que si el Registro Oficial logra su tan retrasada autonomía, podría generar libremente productos y servicios de valor agregado que puedan ayudar a financiar su estructura orgánica y funcional, y que a más de esto, permita a la ciudadanía adquirir información de calidad para que el país pueda tener un mejor funcionamiento, cimentado en la base de un acceso total a la información pública.

Un país se puede desenvolver eficazmente, siempre y cuando las bases y la normativa estén claramente establecidas, y se pueda acceder a ellas de manera libre. Porque un país informado, es un país libre.

Abg. Francisco López Murillo
Editor Revista Judicial
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@derechoecuador