La crisis de la justicia en Ecuador
Autor: Marco Vinicio Gárate Abad.
El sistema judicial ecuatoriano atraviesa una profunda crisis de credibilidad y funcionamiento, un diagnóstico inequívoco que se manifiesta en la erosión de la fe pública y el debilitamiento de sus cimientos institucionales. Esta situación exige un llamado urgente a la transformación, pues la justicia, en su esencia, no solo está en juego, sino que su deshumanización amenaza la estabilidad social y el Estado de derecho.
La administración de justicia enfrenta un panorama sombrío, donde la corrupción, la precariedad institucional y la injerencia política se entrelazan para debilitar los cimientos del Estado de derecho. La crisis actual se nutre de diversas fuentes, interconectadas y mutuamente potenciadoras.
En primer lugar, la corrupción y la falta de integridad han permeado a tal punto que la venta de sentencias y la dictadura de fallos a conveniencia se han vuelto prácticas que, aunque denunciadas, siguen erosionando la credibilidad. Los recientes casos de alto impacto, como Metástasis, Purga y Plaga, entre otros, han desnudado la infiltración del crimen organizado en la Función Judicial, llevando a la destitución de jueces y fiscales y evidenciando una red de complicidad que va desde sobornos a grandes criminales hasta el uso del estrado para venganzas personales. Esta “podredumbre” no se limita a los grandes casos; puede manifestarse en favores políticos o en el uso del estrado para rencillas mezquinas. Un juez que cede a intereses ajenos a la ley traiciona su humanidad y la de aquellos a quienes debe servir. Esta situación ha llevado a una desconfianza generalizada, donde las decisiones judiciales, incluso cuando son técnicamente correctas, carecen de una justificación moral profunda a los ojos del ciudadano.
A la corrupción se suma una grave crisis de gestión. La precariedad institucional y los desaciertos administrativos han “herido de muerte” a la justicia. El Consejo de la Judicatura atraviesa un déficit de presupuesto monetario que ha dejado a la mitad de las dependencias judiciales en un estado crítico, con una infraestructura deficiente, sin el personal suficiente e, incluso, sin suministros de oficina. Se estima que existe un déficit de cientos de jueces a nivel nacional, lo que ha provocado un represamiento de causas que pueden demorar años en ser atendidas. A esto se suman los cambios de jueces sin el debido análisis técnico-jurídico, que han violado el principio de especialidad. Jueces penales han sido asignados a temas laborales sin el conocimiento mínimo requerido, lo que genera estancamiento en los procesos y extingue la celeridad judicial. Estos desaciertos generan un clamor ciudadano por la desaparición de organismos como el Consejo de la Judicatura, percibido como un ente que más que solucionar, agrava los problemas.
Finalmente, la injerencia política en el sistema judicial es una amenaza constante. La designación de nuevas autoridades en instituciones clave como el Consejo de la Judicatura o la Fiscalía se ha convertido en un campo de batalla político, lo que prolonga la interinidad y genera inestabilidad. Un reciente anuncio de declarar en emergencia al sistema judicial por su colapso institucional y falta de recursos, si bien parece una medida necesaria, también genera incertidumbre sobre los mecanismos que se usarán para financiar la reestructuración y si el gobierno central asumirá los costos, en un contexto donde el poder político ha sido acusado de ejercer presión sobre la Corte Constitucional y otros organismos de control.
Para enfrentar esta crisis, se exhorta a la comunidad jurídica a asumir un reto fundamental: transformar la justicia a través de un compromiso renovado con la ética y la humanidad. Es crucial que jueces y abogados cultiven una “luz interior”, un espacio de soledad para la introspección ética que permita discernir lo justo antes que lo estrictamente legal. La verdadera ética judicial armoniza la ley con los principios de justicia y equidad, anclando la labor del juez en una profunda coherencia ética. Restaurar la legitimidad del sistema judicial requiere un compromiso inquebrantable con la ética, la integridad y la humanidad en cada actuación de jueces y abogados. Al abrazar la introspección, la excelencia profesional, la sensibilidad hacia la condición humana y el poder evocador de un lenguaje jurídico consciente, la justicia puede recuperar su “alma” y transformarse en un verdadero faro de confianza.
A pesar de las fallas evidentes en el sistema, es importante reconocer que aún hay profesionales que ejercen con integridad. En el poder judicial, la honestidad y la vocación de servicio persisten en aquellos que, silenciosamente, honran su juramento y demuestran que es posible un cambio.
Marco Vinicio Gárate Abad.
