Incumplimiento, Fraude, Simulación y Enriquecimiento Injusto

Jueves, 09 de octubre de 2014

Materia Laboral

 

Incumplimiento, Fraude, Simulación y Enriquecimiento Injusto

 

Autor: Dr. Johnny Ayluardo Salcedo

 

El Incumplimiento de Obligaciones Laborales

El Código del Trabajo vigente, en su ar­tículo 42, describe las obligaciones labora­les del empleador, señalando que son las siguientes:

1.- Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código;

2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y de­más lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el ade­cuado desplazamiento de las personas con discapacidad;

3.- Indemnizar a los trabajadores por los acci­dentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salve­dad prevista en el Art. 38 de este Código;

4.- Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuen­ta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más cercana;

5.- Establecer escuelas elementales en benefi­cio de los hijos de los trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos kilómetros de dis­tancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos.


6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera necesi­dad para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumpli­rán esta obligación directamente mediante el establecimiento de su propio comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros. El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de pagár­sele su remuneración. Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación se­rán sancionados con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América diarios, tomando en consideración la capacidad eco­nómica de la empresa y el número de tra­bajadores afectados, sanción que subsistirá hasta que se cumpla la obligación;

7.- Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo que se lo ac­tualizará con los cambios que se produzcan;

8.- Proporcionar oportunamente a los trabaja­dores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea realizado;

9.- Conceder a los trabajadores el tiempo ne­cesario para el ejercicio del sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la Di­rección del Seguro General de Salud Indi­vidual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer reque­rimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones;

10.- Respetar las asociaciones de trabajadores;

11.- Permitir a los trabajadores faltar o ausentar­se del trabajo para desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al empleador con la opor­tunidad debida. Los trabajadores comisio­nados gozarán de licencia por el tiempo ne­cesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no ga­narán la remuneración correspondiente al tiempo perdido;

12.- Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado;

13.- Tratar a los trabajadores con la debida con­sideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de obra;

14.- Conferir gratuitamente al trabajador, cuan­tas veces lo solicite, certificados relativos a su trabajo. Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obli­gado a conferirle un certificado que acre­dite: a) El tiempo de servicio; b) La clase o clases de trabajo; y, c) Los salarios o sueldos percibidos;

15.- Atender las reclamaciones de los trabajadores;

16.- Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo perte­necientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo;

17.- Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles los informes que para ese efecto sean indis­pensables. Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales;


18.- Pagar al trabajador la remuneración co­rrespondiente al tiempo perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador;

19.- Pagar al trabajador, cuando no tenga dere­cho a la prestación por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cin­cuenta por ciento de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en cada año, previo certifi­cado médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso;

20.- Proporcionar a las asociaciones de traba­jadores, si lo solicitaren, un local para que instalen sus oficinas en los centros de traba­jo situados fuera de las poblaciones. Si no existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para este fin cualquiera de los lo­cales asignados para alojamiento de los tra­bajadores;

21.- Descontar de las remuneraciones las cuo­tas que, según los estatutos de la asociación, tengan que abonar los trabajadores, siem­pre que la asociación lo solicite;

22.- Pagar al trabajador los gastos de ida y vuel­ta, alojamiento y alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia;

23.- Entregar a la asociación a la cual pertenez­ca el trabajador multado, el cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del contrato de trabajo;

24.- La empresa que cuente con cien o más tra­bajadores está obligada a contratar los ser­vicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o más, contratarán otro trabajador social por cada trescientos de excedente. Las atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales serán los inhe­rentes a su función y a los que se determi­nen en el título pertinente a la ?Organiza­ción, Competencia y Procedimiento?;

25.- Pagar al trabajador reemplazante una remu­neración no inferior a la básica que corres­ponda al reemplazado;

26.- Acordar con los trabajadores o con los re­presentantes de la asociación mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del comité obrero patronal;

27.- Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con derecho a remuneración hasta por seis meses al tra­bajador que, teniendo más de cinco años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma empresa, obtuvie­re beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita, o para especializarse en esta­blecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente con quince o más traba­jadores y el número de becarios no exceda del dos por ciento del total de ellos. El be­cario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos años en la misma empresa;

28.- Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda interna en pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de estricto carácter sindicalista;

29.- Suministrar cada año, en forma completa­mente gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;

30.- Conceder tres días de licencia con remu­neración completa al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su convi­viente en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguini­dad o afinidad;

31.- Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día de labores, dando aviso de en­trada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de tra­bajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previs­tas en las leyes sobre seguridad social;

32.- Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el res­pectivo Departamento del Instituto Ecua­toriano de Seguridad Social. Los inspecto­res del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta obligación; se concede, además, acción popular para denunciar el incumplimiento. Las empresas empleadoras que no cum­plieren con la obligación que establece este numeral serán sancionadas por el Institu­to Ecuatoriano de Seguridad Social con la multa de un salario mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo de diez días para este pago, vencido el cual proce­derá al cobro por la coactiva;

33.- El empleador público o privado, que cuen­te con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimien­tos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Regis­tro Oficial. En el segundo año, la contrata­ción será del 1% del total de los trabajado­res, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la tercerización de servicios o intermediación laboral.

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo co­rrespondiente, que mantendrá un regis­tro específico para el caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condi­ción se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será san­cionado con una multa mensual equivalen­te a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Es­tado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecunia­riamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Direc­tor General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será des­tinado a fortalecer los sistemas de supervi­sión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previs­tos en la Ley de Discapacidades;

34.- Contratar un porcentaje mínimo de tra­bajadoras, porcentaje que será establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministe­rio de Trabajo y Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código.

35.- Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre ac­cesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones internacionales le­galmente suscritos por el país.

De todas las obligaciones del emplea­dor las únicas que se encuentran tipificadas como delitos únicamente la señalada en el numeral 31, respecto a la afiliación al Insti­tuto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El Fraude Laboral

Del latín fraus, fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en perjuicio de otra persona, sea esta natural o jurídica, como el Estado o una empresa.

Fraude, para el derecho Penal, es un delito cometido mediante el uso del enga­ño que se hace a uno para procurarse una ventaja en detrimento de él, simulándose la existencia de hechos. El concepto de fraude está asociado al de estafa, que es un delito contra el patrimonio o la propiedad. Con­siste en un engaño para obtener un bien pa­trimonial, haciendo creer a la persona o la empresa que paga que obtendrá algo que, en realidad, no existe.

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 186, define el delito de Estafa, señalando: La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simula­ción de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induz­ca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Existen múltiples tipos de fraude. Así, entre los mismos se hallan los pagos de suel­dos a personal que no trabaja, la anulación de facturas que han sido cobradas, la doble facturación, los pasivos registrados sin do­cumentación soporte, las ventas y servicios que no son declarados en impuestos o los sueldos pagados a personas que no existen.

También, a la inversa, empleadores que no cancelan los haberes legítimamente de­vengados por los trabajadores. Especial­mente los de carácter económico (falta de pago de las remuneraciones, o pago incom­pletas, la retención de valores de forma ile­gal, o falta de entrega de las aportaciones por concepto de seguridad social, etc.

La nueva legislación Penal incorpora también, en su artículo 272, el delito de Fraude procesal, indicando que la persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimien­to civil o administrativo, antes de un pro­cedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancio­nada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

La Simulación Laboral

El vocablo simulación viene del latín simulatîo, y consiste es la acción de simu­lar. Este verbo refiere a representar algo, imitando o fingiendo lo que no es. Puede definirse a la simulación como la experi­mentación con un modelo que imita ciertos aspectos de la realidad. Esto permite tra­bajar en condiciones similares a las reales, pero con variables controladas y en un en­torno que se asemeja al real pero que está creado o acondicionado artificialmente.

Una práctica cotidiana sobre simulación laboral ha consistido, ordinariamente, en disfrazar la relación laboral mediante moda­lidades de contratación con figuras jurídicas como las civiles, con el ánimo de afectar a la persona trabajadora en los derechos de­rivados de la relación laboral, básicamente respecto a su estabilidad.

El enriquecimiento injusto en Materia Laboral

Esta parte resulta bastante interesante su análisis, y la falta de antecedentes juris­prudenciales y doctrinarios obligarán a los administradores de justicia a ir dotando de contenido y delimitación a la norma consti­tucional y penal.

Qué consecuencias jurídicas se van a generar a partir de la falta de pago, por ejemplo del porcentaje legal que sobre las utilidades tienen las personas trabajadoras. Habrá que establecer inicialmente que esta falta de pago no sea producto de una prácti­ca artificiosa y dolosa.

Si los informes económicos son elabo­rados por auditores financieros y económi­cos, ¿la responsabilidad jurídica (civil, penal y administrativa) es exclusiva de éste? ¿O también hace extensiva a los representantes de los empleadores o solo a estos? Pudiera estimarse,  inclusive, que la responsabilidad penal también involucraría a los accionistas, por ser los beneficiarios directos del enri­quecimiento injusto.

La Constitución, obligó al órgano legis­lativo adecuar, mediante norma infra cons­titucional el principio constitucional que penaliza el fraude, la simulación y el enri­quecimiento laboral injusto, por lo que lo contenido en el COIP es un acatamiento a dicho mandato. Habrá que esperar los re­sultados para poder valorar si esta adecua­ción ha sido suficiente.

Por eso es importante tener en cuenta que en Derecho penal, se reconoce la exis­tencia de normas penales en blanco o leyes necesitadas de complemento, y que no obs­tante de ser preceptos penales principales que contienen la pena, estos no contienen plenamente los elementos específicos del supuesto de hecho, puesto que el legislador se remite a otras disposiciones legales del mismo o inferior rango.

Dentro del estado constitucional de derechos y justicia, la utilización de leyes penales en blanco constituye una grave afectación a los principios del ?Garantismo Constitucional?, especialmente  a las garan­tías del debido proceso, de forma particular al principio de legalidad en Derecho penal.

La dogmática penal reconoce al princi­pio de legalidad penal la existencia de cua­tro exigencias: lex scripta, lex certa, lex previa y ?lex stricta?.A saber: ley escrita, cierta, pre­via y estricta. Las dos primeras exigencias pueden verse afectadas por la existencia de las normas penales que hacen un reenvío a normas de rango menor.

Igualmente, se entiende que también im­plica afectación al principio de separación de poderes, o independencia de funciones, puesto que, en muchas ocasiones  habilita a las demás funciones el establecimiento de prohibiciones penales, lo cual, dentro del Estado de Derecho, es atribución privativa de la función legislativa.

Dr. Johnny Ayluardo Salcedo

Juez y Presidente de la Sala Penal, Penal Militar,

Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia

 

Artículo publicado en la R. Ensayos Penales Nº 9 de la Corte Nacional de Justicia


 

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