El Derecho de No Incriminación

Lunes, 14 de julio de 2014

El Derecho de No Incriminación

 

?Si la historia de las penas es una historia de horrores,

la historia de los juicios es una historia de errores?.

Ferrajoli

 

 

Autor: Dr. Paúl Iñiguez Ríos

 

Marco Constitucional

El Art. 77, numeral 7, literal c, de la Constitución de la República establece: ?El derecho de toda persona a la defensa incluye: ? c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal?. De la norma constitucional citada, se deduce, que nos encontramos ante la presencia inequívoca del principio de no autoincriminación, en su más amplia y contemporánea expresión, el cual viene a ser una legítima y abierta reafirmación de los derechos de defensa y de la presunción de inocencia, reconocidos por las modernas sociedades democráticas ?de manera especial en nuestro ordenamiento jurídico, en las cuales el respeto de los derechos humanos, de las garantías constitucionales y procesales, son el pilar fundamental en su estructuración y a la vez constituyen un limitante al poder del Estado, como así categóricamente lo sostiene Julio Maier: ?una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación al poder estatal?.

 

Presunción de Inocencia y la Defensa: origen de la No Autoincriminación

La presunción de inocencia (enunciado ?presunción- con el que personalmente mantengo cierta discrepancia; pues, la inocencia no se presume, es un atributo de toda persona), es el derecho del ciudadano o ciudadana, de decidir voluntariamente incriminarse o no ene l hecho delictivo que se acuse, esta facultad no es más que el ejercicio de su derecho a declarar; presunción que presupone la carga de la prueba hacia quien acusa, por tanto, impide que recaiga en el inculpado la obligación de declarar o de aportar elementos de prueba que lo lleven a su propia incriminación. En este sentido, los derechos de presunción de inocencia y de defensa, dan origen al derecho a la no incriminación. El fundamento de estos derechos lo encontramos en la dignidad humana y al tratarse de Ecuador, en el establecimiento de un Estado constitucional de derechos y justicia, todo lo cual caracteriza a los sistemas procesales garantistas.

Este derecho a no declarar contra sí mismo (Nemo tenetur se ipsum accusare) y a no confesarse culpable, o simplemente el derecho a la no incriminación, se muestra como expresión del derecho de defensa, el procesado tiene derecho a defenderse y a ser escuchado en cualquier estado del proceso. El interrogatorio al acusado es uno de los momentos procesales importantes, en esta etapa donde se enfrenta a la administración de justicia y a todo lo que quiera o no declarar, circunstancia que debe ser considerada como un acto de autodefensa. Derecho de defensa, que a su vez impide que recaiga en el procesado la obligación de declarar o aportar elementos de prueba que lo lleven a su propia incriminación, de modo que, debe ser considerado como un derecho intangible que le asiste a todo ciudadano y ciudadana como sujeto del proceso, de defenderse de todos los cargos que le presenten en el curso de un proceso legal penal, en igualdad de condiciones (principio de igualdad), que siendo fundamental, en su ausencia, las demás garantías que aseguran el respeto a las garantías básica del debido proceso y a la tutela judicial efectiva, sería inefectivas.

 

Guardar Silencio: Garantía Constitucional

Una mirada más amplia nos lleva a enmarcar este derecho a la no incriminación, dentro de la libertad a declarar del ciudadano o ciudadana, que plantea precisamente eso, ?libertades?; es decir, contempla una visión distinta al sistema inquisitivo, en el que el procesado era considerado objeto de prueba, cambiando esta visión del  derecho penal, a un sistema garantista, en el que en virtud del derecho a la no incriminación, conlleva a tratar al procesado como sujeto del proceso: ?un participante provisto de derechos independientes que toma parte en el proceso, es decir, en un sujeto activo del proceso. Este papel de sujeto, hoy en día, está reafirmado; pues la ?dignidad humana? garantizada en la Constitución es intangible respecto del inculpado y porque esa dignidad prohíbe degradar a un individuo a un objeto involuntario? (Sentencia de la Corte Constitucional Nº 1211-2005). Este reconocimiento exige, como correlato de su dignidad, a no obligar a una persona a que contribuya a su propia condena por ser contraria a la dignidad humana.

Busca asimismo equilibrar el interés del Estado en ejercer el ius puniendi y el derecho del individuo a no ser condenado por sus propias declaraciones, además también es partida de nacimiento de un derecho protector, que los constituye ?el derecho a guardar silencio o derecho a callar?, que precisamente es un derecho instrumental de la prohibición de la autoincriminación y del derecho de defensa, que a su vez, también los es del debido proceso, derechos estos que tienen un rango constitucional que en nuestro sistema se encuentran consagrados en los artículos 75,76,77 y 82 de la Constitución de la República.

Es necesario aclarar que,  a pesar de que suelen equipararse, el derecho a la no autoincriminación y el derecho a guardar silencio, no son equivalentes, están íntimamente vinculados, pero son dos instituciones jurídicas diferentes. Así el derecho a la no autoincriminación garantiza a no ser obligado a declarar contra sí mismo, y el derecho de guardar silencio, a no responder contra sí mismo o contra otro, a abstenerse de responder sobre interrogatorios investigativos y declaraciones, al respecto, el artículo 55 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, establece de manera expresa, que aquel que se cree que ha cometido uno de los delitos que son competencia  de la Corte Penal Internacional tendrá el derecho ?[a] guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia?, en el momento de desarrollarse los interrogatorios por parte de la fiscalía u otra autoridad de orden nacional. Este precepto normativo, que en materia penal no solo implica la protección de un derecho fundamental, sino a su vez una garantía para el acusado ene l desarrollo del proceso penal, implica de suyo que bajo ninguna circunstancia  se podrá derivar una interpretación negativa o positiva del ejercicio efectivo del derecho a guardar silencio.

La No Autoincriminación y su relación judicial con el vínculo familiar

El derecho de no autoincriminación, en nuestra Constitución se hace extensivo a la familia, conforme así se encuentra establecido en el artículo 77, numeral 8, de la Constitución de la República, ya que debido a los naturales vínculos de solidaridad y afecto que se dan dentro del círculo familiar valorados y respetados por el orden jurídico, que al proteger a ciertos familiares mediante este derecho , como excepcionalmente se lo hace, el Estado se abstiene de invadir la esfera íntima de las relaciones familiares, en aras de preservar la armonía y unidad de esta célula básica de la sociedad, abandonando definitivamente los métodos de averiguación de la verdad que prescindiendo  de este concepto, admitían cualquier forma de llegar a ella. De esta manera, se proscribe las presiones ejercidas sobre los acusados o sus familiares, que bajo el apremio del juramento o cualquier otra forma de intimidación moral, física o psicológica, conduzcan al declarante a confesar su delito o a delatar a  aquellos con quienes está unido por vínculos muy cercanos de parentesco; por ello, el principio de no incriminación, se concreta en una regla jurídica de respeto a la persona y su dignidad humana.

 

Instrumentos Internacionales que consagran la No Autoincriminación

En el contexto de este análisis, también en el derecho convencional, sea desarrollado y consagrado, el derecho al debido proceso, el derecho a guardad silencio, el cual se ha protegido como derecho fundamental del procesado en los diferentes instrumentos internacionales, tanto en materia de derechos humanos, como en materia del derecho penal internacional. Incluso, ha tenido mayor protección el derecho a la no autoincriminación, que en materia de estándares internacionales ha implicado el amparo directo al derecho a guardar silencio sin que aquella actuación implique, cualquier tipo de indicio en contra de procesado. Al efecto encontramos diferentes normas internacionales, tales como:

El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, artículo 21, numeral 4, literal g); y en el Estatuto del Tribunal Internacional de Ruanda, artículo 20, numeral 4,literal g), manifiestan:  ?Derechos del acusado (?) 4. Toda persona contra al cual pese una acusación en virtud del presente Estatuto tiene derecho, en uso del principio de plena igualdad, de al menos las siguientes garantías: (?) g) De no ser forzado a testimoniar en contra de sí mismo o de declarase culpable?.

Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 55: ?Derechos de las personas durante la investigación. 1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto: a)  Nadie será declarado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable (?).

Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 8: ?Garantías Judiciales. (?) 2. Toda persona inculpada de delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (?) g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable (?)?.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14: ?Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (?) g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable?.

Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 55: ?Derechos de las personas durante la investigación: (?)2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá además los derechos siguientes, de los que será informada antes del interrogatorio: (...) b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia"; preceptos que han sido recogidos en los indicados instrumentos internacionales, en pos de proteger el derecho a la no incriminación, de ahí la obligación de los administradores de justicia, de desarrollar criterios jurisprudenciales, que hagan efectiva su vigencia, y de esta manera garantizar el respeto a la dignidad humana, haciendo propicio lo que sostiene Claus Roxin: ??la jurisprudencia llega allí donde la ley escrita  calla?.

 

Dr. Paúl Iñiguez Ríos

Juez de la Corte Nacional de Justicia

 

Artículo publicado en el R. Ensayos Penales de la Corte Nacional de Justicia

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