Ejecución del Laudo Arbitral en
el Ecuador

Autor: Dr. Gabriel Manzur

Enfoque General

Durante muchos años
escuchamos las duras críticas sobre la poca confianza que los sistemas
judiciales representaban en las sociedades para resolver los conflictos que surgirían
entre ciudadanos, en los diferentes ámbitos de las relaciones interpersonales o
para sancionar a aquellos transgresores de la Ley. Mucho se dijo de la
corrupción existente en la administración de justicia, consecuencia de ello
?percepción de la realidad- es que en muchos países surgieron los métodos
alternativos de solución de conflictos, como una nueva opción que despoje d
estos temores a la ciudadanía, poniendo en manos de estos métodos sus
eventuales litigios. El estandarte de estos métodos han sido sin duda, la
mediación y el arbitraje.

Ecuador no fue la
excepción y, en 1992, la Cámara de Comercio de Guayaquil crea su Centro de
Mediación y Arbitraje. El pago de las tasas que deben cubrirse en los diferentes momentos del proceso arbitral está regulado por sus respectivos
reglamentos.

MASC en la Constitución del 2008

Pese a que desde el
año 1997 ya estaba vigente la Ley de Arbitraje y Mediación, es la Constitución
del 2008 la que establece diversos métodos de solución alternativa de
conflictos. En coherencia con la disposición constitucional, nuestro
ordenamiento jurídico dotó a los árbitros con la facultad de resolver un
conflicto, en aquellos casos que por su naturaleza son susceptibles de
transacción. Es decir, la facultad jurisdiccional contemplada en el Código de
procedimiento Civil queda extendida a los árbitros, como facultad convencional
de las partes.

Así mismo, el
artículo 9 de la mencionada Ley, faculta a los árbitros para que puedan otorgar
medidas cautelares. Sin embargo, el artículo 32, tercer inciso, establece que:
?Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa
juzgada? y se ejecutarán del mismo modo que las sentencias de última instancia,
siguiendo la vía de apremio?. Es decir, los árbitros tienen la facultad de
conocer y resolver un conflicto, pero actualmente, tal y como está concebida la
norma, carecen de la potestad de ejecutar lo resuelto. No resulta acaso
contradictorio que se tenga que acudir a la justicia ordinaria que en un primer
momento se quiso evadir, para ejecutar lo resuelto en un laudo arbitral?.

Bien vale la
observación de que la Ley de Arbitraje expedida en el año 2008 y vigente hasta
la actualidad en Perú, establece en el numeral cuarto de su artículo 59,
concordante con el artículo 67 ibídem, la facultad de los árbitros para
ejecutar sus laudos o decisiones, a solicitud de parte y siempre que medie el
acuerdo de las partes o se encuentre previsto en el reglamento arbitral
aplicable.

Resultaría valioso,
entonces, analizar una reforma en el Ecuador que permita a los árbitros
ejecutar lo resuelto mediante laudo.

En nuestro país,
años atrás, se eliminó el pago de tasas judiciales, por lo que la gratuidad de
la justicia se convirtió no solo en un enunciado sino en una realidad. Se han
creado Unidades Judiciales en diferentes materias a lo largo y ancho del país,
ubicadas en sectores estratégicos de las diferentes ciudades, con la finalidad
de que los ciudadanos tengan un acceso inmediato desde su domicilio. Ha
existido un incremento de operadores de justicia acorde con la población y
demanda de causas, lo que ha permitido descongestionar y agilizar los procesos.
Se ha dotado de infraestructura física y de contingente humano preparado y
elegido previo concursos de méritos públicos, lo que garantiza el conocimiento
y transparencia de sus actuaciones.

Conclusión

Los cambios en las
sociedades no ocurren de la noche a la mañana, y al confianza de un pueblo en
sus sistema judicial debe recuperarse poco a poco, por lo que está en manos de
quienes integramos este nuevo modelo de gestión ejecutar nuestro trabajo no
solo por obligación sino por convicción. De tal manera que la decisión de un
ciudadano de acudir a un método alternativo de solución de conflicto no tenga
relación directa con evadir un sistema judicial que no responde a sus
necesidades, sino a una decisión que sea tomada teniendo varias opciones en
igualdad de condiciones.

Dr. Gabriel Manzur

Juez de la Corte Provincial del
Guayas

Artículos publicados en el
Boletín Institucional de la Corte Nacional de Justicia