EL CASO FYBECA DIEZ AÑOS DESPUES

Viernes, 22 de noviembre de 2013

EL CASO FYBECA DIEZ AÑOS DESPUES

 

Autor: Prof. Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

 

Introducción

 

Las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas que es lo que ocurrió en el caso   FYBECA constituyen GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS que son considerados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como delitos imprescriptibles. Se señala así mismo que carece de imparcialidad e independencia la actuación de jueces policiales y militares (en este caso policiales). El fuero policial y militar desapareció con la Constitución del 2008 de Ecuador y eso es positivo. En el CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL de Ecuador, se reconoce que este tipo de delitos no prescriben como lo señala igualmente la Constitución vigente.

 

Imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad

 

En este tipo de procesos y por esta clase de delitos no se puede alegar ni la prescripción ni la pretensión de que se trata de un caso ya resuelto por la justicia penal policial, por lo que se  estaría afectando el derecho al ne bis in ídem, esto es el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos (Art. 76, n. 7 de la Constitución). La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado entre otros, en el caso de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos contra  Perú como delitos  imprescriptibles. El ex Presidente Alberto Fujimori y el asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos están  condenados por estas masacres, en cuyos procesos se les aplicó la teoría del autor mediato que es quien tiene el dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder como sostiene el jurista alemán, Prof. Claus Roxin.

 

Probablemente el caso más significativo resuelto por la Corte IDH es ALMONACID ARELLANO y otros vs. CHILE de 2006, al igual que el caso BULACIO vs. ARGENTINA del año 2003 en que se pronuncian por la imprescriptibilidad y la necesidad de abrir nuevos procesos ante casos aparentes o fraudulentos de cosa juzgada. En el caso FYBECA no tiene asidero la pretendida excepción  del ne bis in ídem. La sentencia en ALMONACID ARELLANO que es norma del ius cogem, dice con respecto a leyes de prescripción y de amnistía:  

"152. En efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, el delito cometido en contra del señor Almonacid Arellano, además de ser inamnistiable, es imprescriptible. Como se señaló en los párrafos 105 y 106 de esta Sentencia, los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad |161| claramente afirmó que tales ilícitos internacionales "son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.

153. Aún cuando Chile no ha ratificado dicha Convención, esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esta norma imperativa."

CIDH: Casos de inaplicabilidad del principio ?ne bis in ídem?

El fuero policial y militar en más de una ocasión se ha convertido en patente de corso, y se ha pretendido invocar incluso el principio de la cosa juzgada para sostener que esas conductas que significaban ejecuciones extrajudiciales o sumarias y desapariciones forzadas no podían ser materia de un nuevo juzgamiento, así se planteo como excepción en el caso Consuelo Benavides vs. Ecuador (1998) así como en el caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador (2007) que fueron ejecuciones sumarias por un comando de la marina y por miembros de fuerzas armadas con ocasión de un operativo anti delincuenciales, similar al de caso Fybeca. En el tema específico del ne bis in idem en el caso Almonacid Arellano se sienta un precedente vinculante y obligatorio en lo que tiene que ver con graves violaciones de derechos humanos, pues dijo la Corte IDH:

"154. En lo que toca al principio ne bis in idem, aún cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada "aparente" o "fraudulenta". Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem."

Codificación del asesinato como crimen de lesa humanidad.

El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg

La Corte IDH recordó además  que el asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el cual fue anexado al Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de guerra del Eje Europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de 1945 (el "Acuerdo de Londres"). Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II. c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

La Corte, además, reconoce que el Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Este Estatuto proporcionó la primera articulación de los elementos de dicha ofensa, que se mantuvieron básicamente en su concepción inicial a la fecha de muerte del señor Almonacid Arellano, con la excepción de que los crímenes contra la humanidad pueden ser cometidos en tiempos de paz como en tiempos de guerra. En base a ello, la Corte reconoce que los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que "un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable?. Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.

El recordado amigo y jurista chileno Prof. Juan Bustos Ramirez era partidario de la imprescriptibilidad de estas graves violaciones de derechos humanos, a lo que debe sumarse la creación de tribunales de excepción y de estatutos punitivos con aplicación retroactiva de su normativa, pues el mensaje a los depredadores de derechos humanos es que su conducta JAMAS será impune. Es oportuno el título del libro que se publicara en Argentina a propósito de las graves violaciones a derechos humanos, NUNCA MAS!  El caso FYBECA debe servir como referente histórico para que en Ecuador JAMAS se vuelvan a crear escuadrones de exterminio como el que asesinó a un grupo de ocho ciudadanos en el norte de Guayaquil y cometió el crimen de desaparición en contra de  otros. Es importante el rol de la Fiscalía General del Ecuador que sin esperar requerimiento oficial del Sistema Interamericano de DD.HH ha ejercido la acción penal en contra de 31  personas imputadas por presunta ejecución extrajudicial en el caso FYBECA.

Esta ampliación del campo de utilización del derecho internacional de los derechos humanos es también un nuevo desafío para todas las organizaciones de derechos humanos, abogados y activistas especializados lo que obligará a una revisión de categorías y conceptos en el discurso utilizable frente a los Estados comprometidos con violaciones graves contra los derechos humanos. Sumemos a lo dicho la utilización de las normas del derecho internacional consuetudinario y de sentencias y resoluciones de la naturaleza de la que hemos referido.

Haití: prescripción de los crímenes de lesa humanidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la declaración de prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el régimen de Jean-Claude Duvalier en Haití, negando a las víctimas sus derechos a verdad, justicia y reparación. La CIDH instó a las autoridades haitianas a cumplir con su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar dichos crímenes. Según información el 30 de enero de 2012 el juez de instrucción a cargo de investigar las denuncias presentadas contra Jean-Claude Duvalier en Haití por violaciones a los derechos humanos y corrupción en dicho país, declaró prescritos los delitos por violaciones a los derechos humanos y decidió procesar a Duvalier por el delito de malversación de fondos públicos. Como es de público conocimiento, el gobierno de Jean-Claude Duvalier se caracterizó por la comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Esta situación fue documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití publicado en 1979, preparado con base en la visita de observación in loco realizada en dicho país del 16 al 25 de agosto de 1978. La Comisión Interamericana ha continuado dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en Haití.

En un pronunciamiento emitido en mayo de 2011 sobre el deber del Estado haitiano de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de Jean-Claude Duvalier, la Comisión Interamericana destacó que ?las torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Jean-Claude Duvalier son crímenes de lesa humanidad y, como tales, son imprescriptibles y no pueden quedar comprendidos dentro de una amnistía?.

De acuerdo a la jurisprudencia consolidada del sistema interamericano de derechos humanos, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma imperativa de derecho internacional que no puede dejar de ser cumplida por los Estados. En este sentido, los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en su territorio. Las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericanas han facilitado en otros países de la región el inicio de procesos tendientes a establecer verdad, justicia y reparación por las graves violaciones a los derechos humanos.

  El Poder Judicial haitiano, como parte del aparato estatal, debió someter su actuación a las obligaciones asumidas al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos; asimismo, tenía la obligación de velar para que los efectos de las disposiciones de dicho instrumento internacional no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. En tal sentido, el Poder Judicial, al momento de aplicar las normas jurídicas internas debió ajustarlas a la Convención Americana.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Recordando el caso de La CANTUTA en el Perú

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el 29 de noviembre de 2006, sentencia mediante la cual condena al Estado peruano en el caso de  La Cantuta, caso que denuncia la responsabilidad del Estado en la matanza del profesor Hugo Muñoz Sánchez y de nueve estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Valle ocurrida el 18 de julio de 1992, durante la presidencia de Alberto Fujimori.

La matanza de La Cantuta es uno de los crímenes por los cuales el Gobierno peruano solicitó en 2003 la extradición del ex-presidente Alberto Fujimori al gobierno del Japón y posteriormente en enero de 2006 al gobierno de Chile. El caso había sido presentado a la Comisión Interamericana en 1992 por petición de la APRODEH, denunciado que los autores intelectuales de la matanza nunca fueron investigados y que los autores materiales, condenados en 1994, fueron liberados en 1995, después que fueron aprobadas las leyes de amnistía, las cuales conceden amnistía al personal militar, policial o civil involucrado en violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1980 hasta el 14 de junio de 1995.

La Corte reconoció que "la planeación y ejecución de la detención y posteriores actos crueles, inhumanos y degradantes y ejecución extrajudicial o desaparición forzada de las víctimas, (...) no habrían podido perpetrarse sin el conocimiento y órdenes superiores de las más altas esferas del poder ejecutivo y de las fuerzas militares y de inteligencia de ese entonces, específicamente de las jefaturas de inteligencia y del mismo Presidente de la República" (Párr. 96). De esta forma la Corte declaró por unanimidad que el Estado peruano violó el derecho a la vida, a la integridad personal y libertad personal, y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Igualmente la Corte consideró que el "Estado peruano incumplió su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno a fin de adecuar la normativa interna a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecida en el artículo 2 de la misma, en relación con los artículos 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado, durante el período en que las "leyes" de amnistía No. 26.479 de 14 de junio de 1995 y No. 26.492 de 28 de junio de 1995 fueron aplicadas en el presente caso".

De esta forma la Corte decide que el Estado debe hacer lo necesario para "llevar a término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean necesarios, para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos". La Corte consideró que la ausencia de Fujimori en el proceso, uno de los principales imputados, determinan en gran parte la impunidad, por esta razón la Corte considera que "el Estado debe continuar adoptando todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, y proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan, bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes".
La Corte estima que el Estado debe realizar una acto público de reconocimiento de su responsabilidad  por la desaparición forzada o ejecución extrajudicial. De la misma forma, exhorta al Estado peruano a buscar los restos mortales de las víctimas, representar a las víctimas en el monumento denominado "El Ojo que Llora" e indemnizar por daños materiales e inmateriales a los familiares de las víctimas. Así mismo, debe implementar programas de educación de derechos humanos para los miembros de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, fiscales y jueces.

Hay que seguir aprendiendo!

Prof. Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

Profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Guayaquil

 

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