Dudas sobre la legalidad de los estatutos del Colegio

Jueves, 24 de noviembre de 2005

Por: Dr. Bayardo Moreno Piedrahita
Director del Movimiento Académico de Abogados Progresitas

 

EL MOVIMIENTO ACADEMICO de Abogados Progresistas (M.A.A.P.), adquirió personería jurídica y desde aquella fecha trascendental para la Abogacía Ecuatoriana, sus afiliados hemos consagrado nuestra lucha transparente para alcanzar la reivindicación del orgullo y autoestima del Abogado, mediante acciones permanentes por recuperar la libertad de trabajo, ampliar el ámbito de acción, ejercer la profesión con dignidad, exigir la respetabilidad que le deben magistrados, jueces y curiales y, la lealtad de los propios colegas, manteniendo una posición clara sobre lo que significa ser profesional del derecho, como funcionario o como abogado en libre ejercicio.

La profundidad y firmeza de los principios filosóficos, en que se apoya la existencia de nuestra institución, nos han permitido mantener una posición de solidaridad de clase y luchar por el honor y el bienestar moral y material del Abogado en el ejercicio de su profesión, que a su vez le permitan vivir respaldado en la libertad de trabajo y dignidad en la acción, hombre o mujer, como también blandir la espada de la justicia, apoyado/a en el derecho, sin la congoja que conlleva la sumisión, a la prepotencia con que actúan algunos burócratas de la administración de justicia.

El Movimiento Académico de Abogados Progresistas, ha sido fuente inagotable de inquietudes, sugerencias y proyectos de gran beneficio social, que les han permitido a los propios organismos administrativos de la Función Judicial trabajar en programas y proyectos que pudieran alcanzar una gran utilidad social , a través de un servicio judicial óptimo y efectivo, que hasta hoy constituye una declaración lírica de la Carta Magna del Estado. Estas e innumerables aciones constituyen la obra tesonera del MAAP en el campo práctico de la administración de justicia., a más de la denuncia en forma en forma constante de las corruptelas que se han cometido; pero sobre todo en la defensa incansable al profesional, aunque sin el respaldo de los diferentes directorios del Colegio que han pasado en las últimas décadas.

Esa es la filosofía en la que se afianzan los programas de nuestra acción; por cuya razón al Movimiento Académico de Abogados Progresistas no se lo debe confundir con los movimientos fugases que aparecen solo en tiempo de elecciones, cada año, sin claridad en sus propuestas ni convicción para romper las argollas y trincas de grupos oportunistas que solo anhelan alcanzar la representación clasista, para satisfacer su ego personal sin importarles la crisis institucional y social que agobia al 85% de habitantes del país, entre los que nos encontramos alrededor de 40.000 profesionales que ejercemos la abogacía con dignidad y altivez.

Inexistencia legal del llamado estatuto del Colegio

Por otra parte, ante la vigencia del nuevo Estatuto del Colegio que aparece aprobado el 11 de marzo del 2003 y la convocatoria a elecciones para el 9 de mayo del año 2003, según una publicación realizada en el diario La Hora, el MAAP, luego del análisis serio de los llamados estatutos en vigencia, Resolvió abstenerse de participar en las elecciones para no manchar la dignidad que nos ha caracterizado y más bien, ampliar el ámbito de acción con el propósito de eliminar a los oportunistas de siempre, que desconociendo el legítimo principio de respeto a la Ley, trafican con el derecho para ubicarse dentro de un marco de visión sombría y caricaturesca que en envilece el nombre del Abogado.

Nuestra decisión como persona jurídica es caminar con fines concretos, como la elevación académica y profesional de todos los colegas, bajo una decidida participación en la vida cultural, científica, jurídica, económica y social de la nación, buscando robustecer el espíritu de solidaridad gremial de manera particular con el Abogado en libre ejercicio; y sin temor ni favor, denunciar permanentemente las violaciones de las Leyes y normas de defensa profesional; demostrando ante la ciudadanía ecuatoriana, los siniestros mecanismos que se han creado para favorecer los funcionarios corruptos, para mantener la impunidad en que viven ciertos personajes privilegiados que hacen daño a la administración de justicia y a todo el mundo.

Prohibiciones legales en las elecciones

Con este breve antecedente, acudimos ante usted para ratificar que nuestra decisión es no participar en la contienda electoral, ya que como persona jurídica debidamente estructurada, no podemos solemnizar con nuestra presencia de lo que sería la elección de una directiva espuria, por la inexistencia legal del llamado estatuto del Colegio de Abogados de Pichincha supuestamente aprobado el 13 de Abril de 1983 y sus reformas, así como por la inexistencia legal del llamado estatuto del Colegio de Abogados de Pichincha del 11 de marzo del 2003; ilegalidades e irregularidades a las que se suman la prohibición de ejercer la abogacía e intervenir en "contiendas electorales", prescrito en la Constitución Política del Estado, precisamente para impedir que en un momento dado como éste, algunos dignatarios elegidos se conviertan en juez y parte frente a los conflictos individuales e institucionales. La razón más elemental que nos llevó a reflexionar si a los profesionales que ejercen cargos públicos se les prohibe ejercer abogacía, mal pueden ser representantes de los abogados en el libre ejercicio profesional ni ejercer la defensa de los agremiados, porque eso sería olvidarse del concepto de Abogado, que es "...el llamado a defender, en auxilio de los que necesitan; ad-vocatus."; y, admitir que los funcionarios públicos se confabulan con la propia inconsciencia del elector y a la vez permitir que ciertos grupos se burlen de 8000 abogados de Pichincha, institucionalizando el mal ejemplo en los otros Colegios de profesionales del país, en los que se han elegido a los propios causantes de la lentitud procesal, la limitación de horario de trabajo, defensores de las Tasas Judiciales y otros problemas más, que han llevado a la desocupación del Abogado en medio de la prepotencia y la vanidad de algunos burócratas.

¿Cómo puede solucionar un problema de un/a colega, si tal o cual miembro del Directorio del Colegio es el mismo magistrado, Juez o Curial que ha originado la dificultad o el impase? Reflexionemos en que el Abogado no lucha contra las paredes, papeles, casilleros judiciales ni escritorios en el Palacio de Justicia. Su pelea constante es contra la falta de la inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia, propiciada por los funcionarios judiciales, sean éstos curiales, jueces o magistrados, a los cuales los respetamos hasta cuando nos permite la paciencia y la dignidad, pero a los que también debemos sancionarlos cuando el abuso ha pasado el límite de lo normal.

En esta ocasión, la posición del MAAP debería servir para que algunos magistrados, jueces y curiales que han sido sorprendidos e incorporados en alguna de las listas que se han presentado para intervenir en las elecciones, seguramente de buena fe, se retracten por el bien del Colegio; y, los oportunistas,aventureros, anidosos y ambiciosos, corrijan sus extravíos y por su honor respeten a sus colegas. Aclaramos que en los dos casos los candidatos de las dos listas que se encuentran involucrados, por falta de idoneidad legal, deben anunciar públicamente que se dieron cuenta que no iban a luchar por los aogados de libre ejercicio, porque para ellos esa obligación sería un absurdo, por falta de capacidad en el manejo de los problemas y la falta de idoneidad moral, debido al temor reverencial frente a sus superiores. ¿Cómo podría luchar contra las Tasas Judiciales, la cárcel del horario de trabajo, la ineptitud de los Juzgados Corporativos, la presencia de Projusticia, etc., "Si aquello es su vida y si son parte integrante de esas dependencias, más no de los problemas del Abogado?..

En virtud de todo lo expuesto, como corolario de nuestra exposición, impugnamos la validez legal de los llamados Estatutos del 13 de abril de 1983 y 11 de marzo del año 2003; impugnamos la convocatoria a elecciones del 31 de marzo del año 2003; y, con la cortesía y solidaridad de profesionales, aunque separados por ambiciones e ideales, de unos y de otros, desde ya pedimos que se declare la nulidad de las elecciones del Colegio de Abogados de Pichincha del 9 mayo del 2003, por ser inconstitucionales y estar plagadas de vicios de fondo y forma ; por cuya razón, consideramos, que lo más saludable sería suspender el proceso, antes de que se ocasiones el escándalo y el Colegio de avoque a la vergüenza ante la opinión pública.

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