El habeas corpus en el sistema ecuatoriano
Autores: Lainez Asencio, Maryelin Ariana Tomalá Carreño, Emely Teresa
Universidad Salesiana
La evolución del hábeas corpus ha permitido diversificar esta garantía para proteger la dignidad de las personas privadas de libertad. Sin embargo, su desnaturalización y politización amenazan con convertir un escudo de derechos humanos en una llave maestra para la impunidad.
La historia del derecho es, en gran medida, la historia de la lucha contra el poder arbitrario. Desde las prácticas coercitivas del derecho romano —como la manus injectio, que permitía esclavizar a un deudor—, pasando por la Carta Magna de 1215 y el Habeas corpus Amendment Act de 1679 en Inglaterra, la humanidad ha buscado mecanismos para frenar los abusos del Estado.
En Ecuador, esta garantía ingresó formalmente en la Constitución de 1929, pero alcanzó su máxima madurez con la Constitución de 2008 (Art. 89), la cual no solo busca recuperar la libertad de quien sufre una detención ilegal, sino también proteger la vida y la integridad física de quienes ya están privados de ella. De esta última premisa nace una de las figuras más incomprendidas y polémicas del sistema judicial actual: el hábeas corpus correctivo.
Su crecimiento exponencial y la desnaturalización
A diferencia del hábeas corpus tradicional o “restaurativo” (que busca liberar a alguien apresado ilegalmente), el hábeas corpus correctivo parte de un supuesto distinto: la detención es legal y legítima. Su propósito exclusivo es garantizar que, durante el cumplimiento de una pena o prisión preventiva, no se vulneren “derechos conexos” del detenido, como la salud, la alimentación, la integridad física o el trato digno.
El problema radica en que la falta de regulación legislativa específica sobre esta tipología ha generado un terreno fértil para el abuso. Entre 2020 y 2022, el sistema judicial ecuatoriano vio un aumento drástico en estas acciones (pasando de 2.366 a 3.121 casos anuales). Si bien factores como la crisis carcelaria y la pandemia influyeron, la realidad procesal evidenció una tendencia alarmante: el uso del hábeas corpus correctivo como un atajo para eludir el cumplimiento de sentencias penales, disfrazando intentos de excarcelación bajo el argumento de afectaciones a la salud.
Corte Constitucional traza los límites
Ante el caos interpretativo de los jueces de instancia, la Corte Constitucional del Ecuador ha tenido que intervenir a través de sentencias vinculantes para frenar los abusos y definir los verdaderos contornos de esta garantía:
- Sentencia No. 202-19-JH/21: La protección de los más vulnerables Este caso redefinió el alcance de la garantía al aplicarla fuera del ámbito penal tradicional. Una madre interpuso un hábeas corpus correctivo a favor de sus cinco hijos, quienes se encontraban bajo cuidado institucional en un centro de acogida. La Corte determinó que esta figura sí ampara a menores de edad institucionalizados, permitiendo a los jueces verificar que las medidas de internamiento sean verdaderamente excepcionales, necesarias y proporcionales, garantizando derechos conexos como la dignidad, la alimentación y el respeto a los vínculos familiares.
- Sentencia No. 98-23-JH/23: El freno al abuso procesal Esta resolución es un punto de inflexión contra la impunidad. Nace del análisis de casos donde jueces de primer nivel (como ocurrió en Portoviejo) concedieron libertades inmediatas a reclusos e, incluso, extendieron esos efectos a terceros no involucrados en la demanda. La Corte fue categórica:
- El hábeas corpus correctivo no puede anular sentencias condenatorias.
- Excepcionalmente procede por motivos graves de salud, pero exige agotar primero la atención médica intrapenitenciaria. Si se otorgan medidas alternativas, el reo debe volver a prisión al mejorar su estado.
- Queda terminantemente prohibido el efecto inter communis (extender el fallo a otros reos) sin que exista una comunidad fáctica estrictamente probada. Cada caso es individual.
- Se ratificó la competencia territorial estricta: solo el juez del lugar donde el reo cumple condena puede conocer la causa.
Politización y la visión de los operadores de justicia
La teoría constitucional choca a menudo con la realidad de los tribunales. Casos de alta conmoción social, como los de Jorge Glas y Daniel Salcedo, evidenciaron cómo actores políticos y económicos de alto perfil intentaron instrumentalizar el hábeas corpus correctivo, polarizando a la opinión pública y ridiculizando la imagen de la justicia.
Consultas recientes a jueces de garantías penitenciarias y abogados penalistas en Ecuador revelan un diagnóstico dividido pero convergente. Para algunos operadores, el problema radica en la falta de ética de ciertos abogados que litigan de mala fe; para otros, el fallo es sistémico y recae en jueces susceptibles a la corrupción o a presiones mediáticas. Sin embargo, todos coinciden en un punto crítico: la mediatización de estos casos paradigmáticos ha “insensibilizado” el recurso, eclipsando su verdadera intención protectora y perjudicando a los reclusos comunes que legítimamente sufren torturas o negligencia médica.
Oportunidades y accionables para el sistema judicial
Para evitar que el hábeas corpus correctivo siga perdiendo legitimidad, los profesionales del derecho deben adoptar posturas estratégicas y correctivas:
- Especialización y rigor procesal: Los jueces constitucionales y de garantías penitenciarias deben aplicar un escrutinio riguroso. No se requieren nuevas leyes restrictivas (que podrían mermar derechos humanos), sino la aplicación implacable de las reglas de competencia y jurisprudencia ya establecidas por la Corte Constitucional.
- Sanciones efectivas al litigio de mala fe: El Consejo de la Judicatura debe ejercer su potestad disciplinaria de forma oportuna frente a abogados y jueces que interpongan o concedan sucesivas acciones de hábeas corpus con el único fin de dilatar procesos o evadir el cumplimiento de sentencias (fraude procesal).
- Auditoría médica independiente: En los casos donde se aleguen afectaciones a la salud, los despachos judiciales deben exigir peritajes médicos avalados por el sistema de salud pública que confirmen el riesgo vital real, evitando la liberación basada en certificados médicos de dudosa procedencia.
- Transformación cultural y académica: Las facultades de derecho tienen el deber de formar a las nuevas generaciones de juristas bajo un estricto código de responsabilidad social, separando la defensa técnica legítima de las prácticas de elusión de la justicia.
Equilibrio entre la dignidad y la ley
El hábeas corpus correctivo es, en su esencia, una victoria del Estado de derecho; es la confirmación de que la pérdida de la libertad ambulatoria no equivale a la pérdida de la dignidad humana. Sin embargo, su noble propósito se desvanece cuando es secuestrado por intereses particulares, políticos o de impunidad.
La jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional ecuatoriana ha trazado una línea de defensa institucional invaluable. Ahora, el desafío recae sobre los operadores de justicia de primera línea. Garantizar que esta herramienta se utilice exclusivamente para corregir la arbitrariedad estatal y no como un salvoconducto para la evasión penal, es la única manera de restaurar la confianza ciudadana en un sistema judicial que hoy, más que nunca, necesita demostrar su independencia y su rigor.
Director de Tesis: Del Pozo Villamil, María de Lourdes
Texto Original:
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/30266/1/UPS-GT006274.pdf
