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Imparcialidad e Independencia

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IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA
Los jueces y el Estado de Derecho

Por: Dr. Roberth Puertas Ruiz
Fundación Fabián Ponce

L AS IDEAS DE LIBERTAD y de derechos se profundizó a raíz de las revoluciones Americana y Francesa, lo que afectó no solo a las instituciones feudales preexistentes, sino también a los jueces que se constituían en una “aristocracia de la toga”, en la cual los cargos judiciales eran considerados propiedad privada que podía ser adquirida, vendida e incluso heredada.

En Francia

“La aristocracia de la toga” apoyó a la aristocracia terrateniente, rehusándose a aplicar nuevas leyes, interpretándolas para favorecer a sus protegidos y entorpeciendo su ejecución. De allí que la revolución francesa propuso la separación de poderes (ejecutivo-legislativo y judicial) y la obligatoriedad del juez de limitarse a aplicar la ley para prevenir los abusos y evitar la interferencia con las autoridades administrativas.

EE. UU. e Inglaterra

En Estados Unidos e Inglaterra sucedió lo contrario y los jueces eran una enorme fuerza progresista que velaba por el individuo, por lo que la concepción del juez garante de las libertades se volvió parte sustancial de la comunidad y nunca hubo temor alguno a su capacidad de legislar, a través de las sentencias.

Latinoamérica

Heredó el sistema francés, en que los jueces se limitan a aplicar mecánicamente la ley, sin compromiso alguno con las personas ni con el Estado de Derecho que en teoría garantiza sus derechos. A tal punto han llevado esta práctica, que durante las dictaduras, los jueces no defendieron a los individuos e incluso aplicaron normas abiertamente violatorias a los derechos humanos y contrarias a las constituciones.

Pasado el periodo de dictaduras parecía que Latinoamérica entraba en un proceso sin retorno de democratización de sus instituciones.

Se proclamó la vigencia del Estado de Derecho y con ello se asumió el deber de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la persona en sus relaciones privadas, así como el deber de protección de esos derechos frente al arbitrio de los titulares del poder estatal.

Para ello, era necesario contar con un poder judicial fortalecido e independiente de quienes detentan el poder estatal (otras funciones del estado, partidos políticos y/o caudillos) y tener a la ley como fundamento de su actuar.

Imparcialidad, independencia
y vigencia del Estado de Derecho

A pesar de los progresos normativos y declarativos realizados hasta la actualidad, la función judicial no ha sido capaz de garantizar su propia independencia y con ello su imparcialidad. La inercia ha continuado y poco o nada se ha hecho para que la justicia deje de ser un mito. Es más, continúan como ayer, dependientes de nuevos actores e intereses particulares que obstaculizan la búsqueda del bien común.

En un Estado de Derecho son los jueces los responsables de que la autoridad de la ley sea una práctica diaria y no un discurso vacío. Son los jueces los llamados a someter a personas y autoridades al imperio de la ley y con ello garantizar la seguridad jurídica en la sociedad. De allí su responsabilidad con la vigencia del estado de derecho y la inclaudicable búsqueda por parte de la sociedad de “buena” función judicial comprometida con este objetivo, sin olvidar que no puede existir una buena función judicial sin buenos jueces; esto es, jueces que apliquen las leyes con honestidad, independencia, imparcialidad y capacidad.

Amigo lector: ¿Cree Usted que en el Ecuador vivimos en un Estado Social de Derecho como lo proclama la Constitución de la República en su artículo primero y que los jueces cumplen con su papel de hacerlo realidad?.