.gif "VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA CONSTITUCION 1")
Por: Lic. Raúl Velasco Garcés
La Constitución trata de este derecho a la vivienda en forma directa en el Título II.- Derechos.- Capítulo II.- Derechos del Buen Vivir.- Sección Sexta.- Hábitat y Vivienda. Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.
El desalojo en materia de inquilinato es un proceso que para obtener una orden de desalojo se tendrá que agotar primero un proceso sumario.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 334 del COGEP el juicio de partición está considerado como un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
El proceso contencioso tributario en el Ecuador constituye uno de los mecanismos más relevantes de control judicial de la actividad fiscal del Estado, en tanto permite someter a escrutinio jurisdiccional los actos administrativos de determinación, liquidación, sanción y cobro de tributos.
Autor: Luis Fernando Ostaiza Moreira. Queda en grado de tentativa cuando el actor no consuma el acto, entonces la pena será inferior a la del...
Refundación de la justicia.- Cada gobierno, cada autoridad, cada servidor público de nuestro país tiene como modelo nacional destrozar lo que se hizo antes, criticar a quienes les precedieron en sus funciones, pero muy pocas veces se plantea seriamente los cambios o ajustes que el sector criticado merece o que se harían para solucionar o mejorar el desarrollo del país o de sus instituciones.
Es una medida extrema durante períodos de disturbio, zozobra, alteración del orden, amenazas naturales o antrópicas que afectan la seguridad pública del Estado.
La electromovilidad y cooperación Sur- Sur y el modo en que Ecuador y China reescriben las normas legales y el desarrollo se ha vuelto más densa.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.
La figura del delegado de protección de datos personales ocupa un lugar central dentro del andamiaje jurídico que sostiene la protección de datos en Ecuador.
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