Una auténtica reformulación institucional
CONSUMO DE DROGAS Y DELITOS
El tratamiento de jóvenes
en conflicto con la ley penal
Por: Osvaldo Agustín Marcón
omarcon@arnet.com.ar
N O SE EXAGERA AL AFIRMAR QUE , en la realidad, cerca del ciento por ciento de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal cuentan en su historia vital con alguna forma de consumo de drogas.
Es cierto que el grado de compromiso es variable pues en algunos casos se configuran cuadros adictivos mientras que en otros sólo aparece el consumo episódico o habitual sin que exista dependencia de la sustancia. Pero lo evidente es que la dimensión de la problemática tiene una incidencia tan significativa que exige acciones acordes desde el nivel de las políticas públicas.
Sin embargo como pretendida respuesta ante la masividad del problema subsiste un sistema de atención que fue diseñado en función de otra realidad, propia de un pasado en el que el delito no aparecía abrumadoramente ligado al consumo de drogas como sucede actualmente. Sobre aquella antigua base se cambiaron aspectos “epidérmicos” generando lo actualmente existente, es decir unos pocos recursos para lo que se conoce como tratamiento ambulatorio y aún menos herramientas para lo que suele denominarse tratamiento en instituciones.
Una auténtica reformulación institucional
Por si esto fuera poco el raquítico sistema de instituciones disponibles, a excepción de algunos valiosos logros de su personal, no ha sido transformado según la nueva relación delito-drogas sino que, por el contrario, se siguen ofreciendo respuestas desde la antigua lógica.
En el mejor de los casos pareciera confundirse lo que debiera ser una auténtica reformulación institucional con -por ejemplo- la asignación de algunos profesionales del campo social y/o psicológico a trabajar en los institutos penales. Pero con esto, más otras correcciones superficiales, se configura un “como si” institucional, paradójicamente análogo a la ficción que se procura la persona que consume drogas.
Las inicitativas de la sociedad civil
En el abanico de recursos existentes tienen una significativa presencia las Organizaciones No Gubernamentales, ante lo cual podría discutirse si se trata de una estrategia planificada o más bien del efecto de cierta inercia estatal que conduce, ante la fuerza de la realidad, a convalidar las valiosas iniciativas de la sociedad civil presentándolas como parte de su política (la del Estado). Podría pensarse que más que a conductas deliberadas esta actitud obedece a una política de rápidos y episódicos sobrevuelos sobre esta parte de la realidad pero sin que tales superficiales miradas lleguen a constituirse en una adecuada interiorización en la problemática para fructificar en respuestas adecuadas.
En este contexto existe otra limitación significativa: en general dichas instituciones (las de la sociedad civil) no nacieron pensadas para el campo de los jóvenes en conflicto con la ley penal, y tampoco para aquellos que no decidan voluntariamente someterse a un tratamiento.
Así dadas las cosas el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal vinculados al consumo de drogas es materia pendiente en cuanto política pública, así como también lo es la generación de posibilidades de tratamiento para aquellos en los que la necesidad es evidente pero que no lo aceptan voluntariamente, imponiéndose la necesidad de un contexto obligatorio.
Es cierto que esto supone una profunda discusión pero damos aquí por aceptado que el contexto obligatorio en muchas ocasiones es indispensable, lo que plantea un profundo conflicto.
Este artículo pretende e, inclusive, evita todo lo que conduzca a suponer que necesitamos un nuevo programa o una nueva institución.
Se trata de algo radicalmente distinto, es decir de una nueva política que surja como respuesta proporcional al tamaño del problema que enfrentamos pues no se trata de uno más sino de una cuestión troncal que, de no mediar una intervención eficaz, promete transformarse en una fábrica de certificados de defunción extendidos en blanco.
Y nos equivocamos si creemos que los nombres que completarán dichos certificados provendrán sólo de un sector social.
