Reivindicación del Derecho a la Resistencia de Diario La Hora

Martes, 11 de agosto de 2015

Reivindicación del Derecho a la Resistencia de Diario La Hora

 

Autor: Ab. Ricardo Hernández González [1]

 

Quebranto Constitucional por Carencia de Motivación Jurisdiccional

En virtud de una denuncia presentada por los señores José Bolívar Castillo Vivanco y Álvaro Leonardo Reyes en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico, respectivamente, del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Loja por una supuesta infracción cometida por Diario La Hora a los artículos 10, numeral 3, literal f) y 18 de la Ley Orgánica de Comunicación, la Superintendencia de la información y la Comunicación (SUPERCOM) expidió el 11 de mayo de 2015 la Resolución No.020-2015-DNJRD-INPS mediante la cual resolvió declarar la responsabilidad del medio de comunicación social impreso DIARIO LA HORA (EDIHORA LOJA COMPAÑÍA LTDA.) e imponer una multa equivalente a USD 3.540,00 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES).

Diario La Hora, al encontrarse frente a una resolución dictada por una entidad del poder público que vulnera derechos constitucionales, con fundamento en lo que consagra en Art. 98 de la Constitución de la República, ejerció su derecho a la resistencia. El Diario consideró que el derecho que se había vulnerado era la falta de motivación de la resolución ya que únicamente se encontraban descripciones conceptuales dispersas de los términos ?omisión, deliberada, recurrente? sin que se haya explicado con claridad cómo estos conceptos tenían un nexo con los hechos, capaz de permitir comprobar, más allá de toda duda razonable, la existencia de la infracción administrativa.[2]

Principios Rectores del Derecho a la Resistencia

El derecho a la resistencia, al estar garantizado en la norma suprema, es un derecho al que se aplican los principios de protección estatal, de aplicación directa e inmediata, ejecutabilidad, justiciabilidad, es inalienable, irrenunciable, indivisible, interdependiente, progresivo, entre otros, de conformidad con lo que determina el Art. 11 de la propia Constitución de la República. Es un derecho de ?desobediencia civil?, una acción ipso facto que no requiere estar desarrollada en instrumento legal alguno y que se ejerce libremente, sin la necesidad de agotar previamente una instancia administrativa o jurisdiccional.

De manera errada, el Superintendente de la Información y Comunicación, ha considerado que el derecho a la resistencia constituye el último recurso del afectado y el cual debe ser presentado ante autoridad competente. Este grave error se debe a su confusión con la ?acción ciudadana? que se encuentra consagrada en el Art. 99 de la Constitución y que nada tiene que ver con el derecho a la resistencia.[3]

En apego a este inconcebible criterio de su máxima autoridad, la SUPERCOM, públicamente anunció que iniciará el procedimiento coactivo ante la Contraloría General del Estado a fin de realizar el cobro de la multa impuesta a Diario La Hora. Es decir, existe una amenaza grave e inminente de vulnerar el derecho a la resistencia del medio de comunicación escrito.

Por tal razón, diario La Hora presentó una petición de medidas cautelares autónoma, la cual fue negada por el Dr. Edison Gualotuña Asimbaya, Juez de la Unidad Judicial Especializada Cuarta de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, bajo las siguientes consideraciones: ?En la especie se verifica que se trata de la ejecución de un procedimiento administrativo iniciado y resuelto en contra de los peticionarios, es decir que se asimila con la fase de ejecución de la resolución? Esta afirmación es errada, ya que no se trata de una ?fase ejecución? sino del inicio el procedimiento ejecutivo en donde diario La Hora podrá presentar las excepciones que le asistan.

Más Inconsistencias por parte del juzgador

Otro grave error comete el juez al citar a Jorge Benavides Ordoñez y Jhoel Escudero Soliz como autores de la obra Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana, al referirse a la naturaleza de las medidas cautelares. La referida obra jurídica es la compilación de varios artículos jurídicos sobre materia constitucional. De la página 245 a la 251 consta el artículo del señor Cristian Masapanta Gallegos, de quien efectivamente se ha tomado la cita. Es decir, se ha atribuido la autoría de un texto jurídico a las personas incorrectas.

La cita del texto jurídico se orienta a determinar que las medidas cautelares se hacen extensivas a la fase de conocimiento y no a la fase de ejecución de las SENTENCIAS. La cita, por ende, es ilógica, ya que una sentencia, que resuelve los asuntos principales del juicio, dista en extenso de un acto administrativo, que es una declaración unilateral de efectos jurídicos directos.

Con fundamento en lo que dispone el Art. 289 del Código de Procedimiento Civil, diario La Hora, solicitó la revocatoria de dicha providencia, argumentando, entre otras, que la amenaza de la violación a un derecho básico de la dignidad humana que sirve para oponerse a la opresión y al abuso del poder, es evidente y, además, que para que un acto administrativo sea materializado, debe ser firme, es decir, inimpugnable en vía administrativa y jurisdiccional.

El juez constitucional, negó el pedido de revocatoria por las siguientes consideraciones: a) Porque la Resolución dictada por la SUPERCOM ya fue materia de una garantía jurisdiccional resuelta en segunda instancia (acción de protección No 848-2015) y; b) Porque el Art. 35 de la LOGJCC determina en qué casos es procedente la revocatoria de medidas cautelares y además, porque con la revocatoria los accionantes pretenden que el juez cambie su criterio.

La Hora: Nuevas medidas legales.

Acción de Protección en tutela del Derecho a la Resistencia

En efecto, la Resolución de la SUPERCOM ya fue objeto de una acción de protección, sin embargo, la discusión constitucional se determinó únicamente a los derechos de diario La Hora a la seguridad jurídica, debido proceso y legalidad. La petición de medidas cautelares presentada por diario La Hora era autónoma y buscaba la protección de otro derecho constitucional, el derecho a la resistencia, el cual se encuentra amenazado por la inminencia del inicio del procedimiento coactivo. Por lo tanto, no guardan relación ambas garantías jurisdiccionales, ni en su petición ni en su ámbito de discusión.

El Art. 35 de la LOGJCC señala que solo cuando ya se haya evitado, haya cesado la violación, hayan cesado los requisitos previstos en la Ley o se demuestre que no tenían fundamento, serán revocables LAS MEDIDAS CAUTELARES ordenadas. La revocabilidad de las medidas, ergo, es el acto de  dejar sin efecto la protección del derecho constitucional por razones contempladas en la Ley. Nada tiene que ver esa actuación contemplada en la LOGJCC con el recurso horizontal de revocatoria contemplado en el Art. 289 del CPC. Este recurso, llamado también de reposición por Eduardo Couture, busca efectivamente que el juez cambie su criterio y repare el error que contraria la norma y produce nulidad. Ese es el objetivo del recurso. El juez constitucional confundió el acto de revocar la medida con el recurso de revocatoria que se presenta sobre una providencia.

 

Las acciones de garantías jurisdiccionales son conocidas y resueltas por jueces de la función judicial, especializados en otras ramas del derecho (civil, penal, familia, laboral) pero con graves vacíos en temas constitucionales. No solo en lo sustancial sino, incluso, en temas de derecho procesal constitucional. Me sumo a las recomendaciones realizadas al Presidente de la Corte Nacional de Justicia por parte del Observatorio de Derechos y Justicia respecto a la capacitación constante en materia de derechos humanos y derecho constitucional que debe brindarse a los servidores judiciales. Solo así las garantías jurisdiccionales podrán cumplir sus finalidades.

 



 



[1] Abogado por la PUCE, Especialista Superior en Contratación Pública y candidato a Especialista Superior en Derecho Procesal por la UASB. TW @rikino14

[2] Argumentos tomados del  voto salvado de uno de los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección No. 848-2015, Edihora de Loja S.A. vs SUPERCOM.

[3] Replica solicitada por el Superintendente de la Información y Comunicación, publicada el 13 de junio de 2015 por diario El Universo.

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