Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 03 de junio de 2020 (R.O. 627, 03– junio -2020) EDICIÓN ESPECIAL

SUMARIO:
Págs.
FUNCIÓN EJECUTIVA
ACUERDOS:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
050 Deléguese al Director/a Distrital de Manabí, o a quien haga sus veces, para que en representación de esta Cartera de Estado, suscriba el contrato de comodato o préstamo de uso, con la Junta de Riego y Drenaje del Alto Riochico
053 Nómbrese como Delegado Permanente, al abo¬gado Luis Felipe Santos Boloña, para que en representación de esta Cartera de Estado, asista al Directorio de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP
054 Deléguese al titular del Viceministerio de Desarrollo Productivo Agropecuario, para que apruebe y suscriba los procedimientos, documentos y demás actos que sean procedentes de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
056 Expídese el Instructivo de Gestión de Proce-dimientos y Recursos Administrativos que se Sustancian, a través de medios electrónicos
057 Refórmese el Acuerdo Ministerial N° 327 de 1 de agosto de 2014
RESOLUCIONES:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:
051 Refórmese la Resolución N° 036 de 16 de marzo de 2020
055 Deróguense en todas sus partes las resoluciones 036 l 16 de marzo de 2020 y 051 de 21 de abril de 2020
2 – Miércoles 3 de junio de 2020 Edición Especial N° 627 – Registro Oficial
ACUERDO MINISTERIAL No. 050
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas publicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión»;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinarían, participación, transparencia y evaluación i
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercido de sus junciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: ‘Los Ministros de Estado dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de la funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado»;
Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo señala: «Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva defunciones, privilegia la delegación de la repartición defunciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas».
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Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, respecto a la delegación de competencias, señala lo siguiente: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:
1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependiente”;
Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, con relación a los efectos de la delegación, señala: “1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda»;
Que, el artículo 12 literal h); del Acuerdo Ministerial No.093 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de fecha 09 de Julio de 2018, establece: «b) Delegar competencias y atribuciones a los/las Viceministros/ as, Subsecretarios/ as, Coordinadores/ as Generales, Directores/as Nacionales y Directores/as Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas”;
Que, el ítem 4.1, del mencionado Estatuto, determina como atribuciones de los Directores Distritales, entre otras las siguientes: «b) Gestionar y administrar la suscripción y ejecución de convenios institucionales e interinstitucionales para el desarrollo del sector agropecuario, en el ámbito de su competencia»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, expedido por el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno, se nombró a Xavier Lazo Guerrero, como Ministro de Agricultura y Ganadería;
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 166 de 06 de diciembre de 2018, se delegó «a la o el Titular del Viceministerio de Desarrollo ‘Rural, o a quien haga sus veces realice el monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las actividades desarrolladas por las Direcciones Distritales del Ministerio de Agricultura y Ganadería»;
Que, mediante oficio No. JRDAR-M-0027 de fecha 15 de mayo del 2019, ingresado mediante hoja de control Nro. MAG-UGDVUMANABI-20194770-E, el señor Carlos Washington Loor Cedeño en su calidad de Representante de la Junta de Riego y Drenaje del Arto Riochico, señala que en Asamblea General Ordinaria resolvieron: »solicitar formalmente los predios e instalaciones en los que se encuentra ubicada actualmente la “Granja Experimental Lodana» ubicado en el Km. 17 de la vía Portoviejo — Santa Ana y que actualmente están en desuso, pasen a ser entregados mediante un convenio de «Comodato» a la junta de Riego y Drena/e del Alto Riochico por un período de 100 años (*..) «
Que, mediante oficio No. INMOBILIAR-CZ4-2019-0859-O de 02 de septiembre del 2019, la abogada María Belén Mendoza Borja en su calidad de Coordinadora Zonal 4 de Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, emitió el siguiente

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pronunciamiento: «En ese contexto, de conformidad a las competencias y atribuciones otorgadas a INMOBILIAR y como ente rector del SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, y de acuerdo a su solicitud constante en el Oficio Nro. MAG-DDMANABI-2019-1643-0, se recomienda celebrar un Convenio de Uso entre el Ministerio de Apicultura y Ganadería y la Junta de Riego y Drenaje del Alto de Riochico. En el mencionado Convenio de Uso se establecerá el monto a pagar, que corresponde únicamente al mantenimiento, alícuotas si lo hubiere y servidos básicos que demanden los espacios del bien inmueble, objeto de la solicitud (…)»;
Que, mediante memorando No. MAG-DDMANABI-2020-0774-M de 01 de abril de 2020, el Director Distrital de Manabí solicitó: (…) que se delegue al suscrito para que dentro del marco constitucional y legal, y en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y bajo mi representaron y competencia, se proceda a suscribir el convenio de uso entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Junta de Riego y Drenaje del Alto Riochico.»
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:
ACUERDA:
ARTÍCULO 1.- DELEGACIÓN.- Delegar al Director/a Distrital de Manabí, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, o a quien haga sus veces, para que en nombre y representación del Titular de este Cartera de Estado, proceda a suscribir el contrato de comodato o préstamo de uso entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Junta de Riego y Drenaje del Alto Riochico.
Previo a la suscripción del contrato de comodato o préstamo de uso, el Director/a Distrital de Manabí deberá:
a) Especificar la superficie exacta que será entregada a la Junta de Riego y Drenaje del Alto Riochico, del predio ubicado en el sector Lodana, parroquia Lodana, cantón Santa Ana, Provincia de Manabí;
b) Verificar que sobre la superficie determinada, no exista ningún gravamen.
ARTÍCULO 2.- EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN.- De la ejecución del presente instrumento encárguese al Director Distrital de Manabí y de la supervisión al Viceministerio de Desarrollo Rural, de esta Cartera de Estado, quienes se encargarán de verificar que se cumpla con todos los requisitos establecidos en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público

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ARTÍCULO 3.- RESPONSABILIDAD.- La o el delegado, en virtud del presente Acuerdo, informará trimestralmente de manera detallada y documentada, al Titular de esta Cartera de Estado, sobre las acciones realizadas al amparo de la delegación, y será responsable jurídicamente de sus actos u omisiones en el ejercicio de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la presente techa, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 21 ABR. 2020

6 – Miércoles 3 de junio de 2020 Edición Especial N° 627 – Registro Oficial
ACUERDO MINISTERIAL NRO. 053 EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: “1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedirlos acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidoras públicos j las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y e/erario de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración pública constituye un servido a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluador”;
Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servidos públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas,
Los empresas públicas estarán bajo la regulación y el control especifico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales”.
Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, señala: «Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de fundones, privilegia la delegación de la repartición de fundones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercarlas administraciones a las persona/9;
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, respecto de la delegación de competencias, establece: «LOS órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus

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competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes (…)».
Que, el artículo 71, del Código Orgánico Administrativo dispone «Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante, 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda».
Que, el artículo 12 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, contenido en el Acuerdo Ministerial Nro. 093 del 09 de julio de 2018, en su Título I, numeral 1., contempla como atribuciones y responsabilidades del Ministro de Agricultura y Ganadería, las siguientes: «(…) h) Delegar competencias y atribuciones a ¿os/las Viceministros/as, Subsecretarios/ as, Coordinadores/ as Generales, Directores/ as Nacionales y Directores/ as Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas; (…) k) Expedirlos acuerdos y resoluciones administrativas que requieran sugestión».
Que, el artículo 6 de la Ley de Empresas Públicas establece que «son órganos de dirección y administración de las empresas públicas: 1. El Directorio; y, 2. La Gerencia General».
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 487 de 21 de agosto de 2018, expedido por el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, se nombró a Xavier Lazo Guerrero como Ministro de Agricultura y Ganadería.
Que, el 26 de noviembre de 2019, se expidió la Reforma Integral al Reglamento para el Funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP, en cuyo artículo 1, establece que el objeto de dicho Reglamento es ‘regular ¿a organización y el funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP (…)».
Que, el artículo 3 de dicho Reglamento, señala: «el Directorio es el órgano de dirección de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP, y estará integrado por los siguientes miembros, con voz y voto: 1. La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente, quien h presidirá».
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas,

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ACUERDA:
ARTÍCULO 1.- Nombrar como delegado permanente al abogado Luis Felipe Santos Boloña, para que, en nombre y representación del Titular de esta Cartera de Estado, asista al Directorio de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP y realice todas las gestiones que considere necesarias en el marco de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Reglamento para el Funcionamiento del Directorio de la Empresa Publica Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP y demás normativa vigente.
ARTÍCULO 2.- En virtud del presente acuerdo, el delegado será jurídicamente responsable de sus actos y omisiones en el ejercicio de este instrumento, y tendrá la obligación de informar al titular de esta Cartera de Estado sobre las decisiones y demás asuntos tratados en el Directorio dentro de los 5 días posteriores a la fecha de la sesión realizada.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE,

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ACUERDO MINISTERIAL NO. 054 EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: “1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión»;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación;
Que, el inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. (…)»;
Que, el artículo 7 Código Orgánico Administrativo, señala: «Principio de desconcentración, ha junción administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva defunciones, privilegia la delegación de la repartición de fundones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercarlas administraciones a las personas»;
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, respecto de la delegación de competencias, establece: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:
1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes.
2. Otros órganos o entidades de otras administraciones.

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3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan.
4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos.
5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia.
La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia.
Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, con relación a los efectos de la delegación, señala: “1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda»;
Que, el numeral 1.1, ítem 1, artículo 12, título I del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 093 de 09 de julio de 2018, establece entre las atribuciones y responsabilidades del Ministro, entre otras, las siguientes: “f) Dirigir las actividades de monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las actividades de los viceministerios, subsecretarías, coordinaciones generales y direcciones distritales; y, las observaciones y recomendaciones realizadas por Auditoría Interna; (…) h) Delegar competencias y atribuciones a los/las Viceministros/as Generales, Directores/as Nacionales y Directores/as Distritales de la Institución, así como a las autoridades de las entidades adscritas»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 487 de 21 de agosto de 2018, expedido por el Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno, se nombró a Xavier Lazo Guerrero, como Ministro de Agricultura y Ganadería;
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1.- DELEGACIÓN.- Delegar al Titular del Viceministerio de Desarrollo Productivo Agropecuario, para que apruebe y suscriba los procedimientos, documentos y demás actos que sean procedentes de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, que por norma expresa, deban ser suscritos por el Titular de esta Cartera de Estado.
ARTÍCULO 2.- RESPONSABILIDAD.- En virtud del presente Acuerdo, el Titular del Viceministerio de Desarrollo Productivo Agropecuario, será jurídicamente responsable de sus actos u omisiones en el ejercicio de su delegación, e informará al titular de esta

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Cartera de Estado, sobre las acciones realizadas al amparo del presente Acuerdo Ministerial.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación, en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 08 MAYO 2020

12 – Miércoles 3 de junio de 2020 Edición Especial N° 627 – Registro Oficial
ACUERDO MINISTERIAL NRO. 056
EL MINISTRÓ DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CONSIDERANDO:
Que, el articulo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes»;
Que, el numeral 6, del artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales”;
Que, el numeral 1, del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “ 1 . Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión»;
Que, el articulo 236 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidoras o servicios públicos y los personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimentó de sus fines y hacer efectiva el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone; “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;
Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes (…)
a) El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías; (…)
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa,
e) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones,
d) Los procedimientos serán públicas salvo las excepciones previstas por la ley.
Las partes podrán acceder a todas los documentos y actuaciones del procedimiento (…)

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h) Presentar de forma verbal o escrita las rabones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.
i) Las resoluciones de lo poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a las antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no e encuentren debidamente motivados se considerarán nulos, has servidoras o senadores responsables serán sancionadas,
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos
Que, el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El sistema procesales un medio para la realización de la justicia. LAS normas procesales consagrarán los principias de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «La administración publica constituye un servido a la colectividad que se rige por los principies de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación (…)»;
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ‘SI Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizarla condición de vulnerabilidad (…)»;
Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de tramites Administrativos, establece: «Además de los principios establecidos en los artículos 227 y 314 de la Constitución de la República, los trámites administrativos estarán sujetos a los siguientes:
1. Celeridad.- Los trámites administrativos se gestionarán de la forma más eficiente y en el menor tiempo posible, sin afectar la calidad de sugestión.
2. Consolidación.- Todas las entidades reguladas par esta Ley deberán propender a reunir la mayor Actividad administrativa en la menor cantidad posible de actos.
Además, impulsarán la consolidación de trámites de naturaleza similar o complementaria en un solo proceso administrativo.
3. Control posterior.- Por regla general, las entidades reguladas por esta Ley verificarán el cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable a un trámite administrativo con posterioridad al otorgamiento de la correspondiente autorización, permiso, certificado, titulo habilitante o actuación requerida en virtud de un trámite administrativo, empleando mecanismos meramente declarativos

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determinados por las entidades y mentándose el derecho a comprobar la veracidad de la información presentada y el cumplimiento de la normativa respectiva. En caso de torpearse que la información presentada por el administrado no se sufría a la realidad o que ha incumplido con los requisitos o ti procedimiento establecido en la normativa para, la obtención de la autorización, permiso, certificado, título habilitante o actuación requerida en virtud de un trámite administrativo, la autoridad emisora de dichos títulos o actuación podrá dejarlos sin efecto hasta que el administrado cumpla con la normativa respectiva, sin perjuicio del inicio de los procesos o la aplicación de las sanciones qué correspondan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. ‘Este principio en ningún caso afecta la facultad de las entidades reguladas por esta Ley para implementar mecanismos de control previo con el fin de precautelar la vida, seguridad y salud de las personas.
4. Tecnologías déla información.- Las entidades reguladas por esta Ley harán uso de tecnologías de la información y comunicación con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar la gestión de trámite administrativos (…)
6. Pro-administrado e informalismo. En coso de dudo, los normas serán interpretados a favor de la o el administrado. Los derechos sustanciales de las y los administrados prevalecerán sobre los aspectos meramente formales, siempre y cuando estos puedan ser subsanados y no afecten derechos de tercena o el interés público, según lo determinado en la Constitución de la República,
7. Interoperabilidad; Las entidades reguladas por esta Ley deberán intercambiar información mediante el uso de medios electrónicos y automatizados, para la adecuada gestión de los tramites administrativos.
8. Seguridad jurídica.- Es la gestión de trámites administrativos, las entidades reguladas por esta Ley únicamente podrán exigir el cumplimiento de los requisitos que estén establecidos en una norma jurídica previa, clara y pública.
9. Presunción de veracidad.- Salvo prueba en contrario, los documentos y declaraciones presentadas Por las y les administrados, en el marco de un trámite administrativo y de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, se presumirán verdaderos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se generen por faltar a la verdad en lo declarado o informado.
10. Responsabilidad sobre la información.- La veracidad y autenticidad de la información proporcionada por las y los administrados en la gestión de trámites administrativos es de su exclusiva responsabilidad.
11. Simplicidad – Los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes, útiles y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda complejidad innecesaria.
12. Publicidad y transparencia.- Se garantizará la publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas gestionadas en virtud de un trámite administrativo, a través de la utilización de todos los mecanismos de Ubre acceso para las y los administrados.
13. No duplicidad – La información o documentación presentada por la o el administrado en el mareo de la gestión de un trámite administrativo, no le podrá ser requerida nuevamente por la misma entidad para efectos de atender su trámite o uno posterior.

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14. Mejora continua.- Las entidades reguladas por esta Ley deberán implementar procesos de mejoramiento continuo de la gestión de trámites administrativos a su cargo, que impliquen, al menos, un análisis del desempeño real de la gestión del trámite y oportunidades de mejora’ continua(…)»;
Que, el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, prescribe; «Para efectos de esta Ley, se entiende por: (…)
Emergencia sanitaria.- Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que, favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables.
La emergencia sanitaria deberá ser declarada por el Presidente de la República conforme lo manda la Constitución Política (…)»;
Que, el articulo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, establece: «Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento (…)»;
Que, el artículo 11 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, establece: «Salvo pacto en contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los siguientes:
a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto;
b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación del mensaje de. datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y,
c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos (…) «;
Que, artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, establece: «La firma electrónica tendrá igual valides se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio (…)»;

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Que, el artículo 52 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, establece: «Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y las certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código Orgánico General de Procesos (…)»;
Que, el artículo 56 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, establece: “Todo el que fuere parte de un procedimiento judicial, designará el lugar en que hade ser notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico, de un Abogado legalmente inscrita, en cualquiera de los Colegios de Abogados del Ecuador. Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público y a los funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se harán en las oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un correo electrónico que señalaren para el efecto (…)”;
Que, el artículo 89 del Código Orgánico Administrativo, prescribe; «Las actuaciones administrativas son:
1. Acto administrativo
2. Acto de simple administración
3. Contrato administrativo
4. Hecho administración
5. Acto normativo de carácter administrativo
Las administraciones públicas pueden, excepcionalmente, emplear instrumentos de derecho privado, para el ejercicio de sus competencias».
Que, el artículo 90 del Código Orgánico Administrativo, prescribe,’ «Las actividades a cargo de las administraciones pueden ser ejecutadas mediante el uso de nuevas tecnologías y medios electrónicos, en la medida en que se respeten los principios señalados en este Código, se precautelen la inalterabilidad e integridad de las actuaciones y se garanticen los derechos de las personas (,..) «;
Que, el artículo 93 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «Servidos electrónicos, /JVJ administraciones habilitarán canales o medios para la prestación de servicios electrónicos. Garantizarán su acceso, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimiento. Los servicios electrónicos contarán, al menos, con los siguientes medios: U Oficinas de atención presencial. 2. Puntos de acceso electrónico. 3. Servicio¿ de atención telefónica»;
Que, el artículo 94 del Código Orgánico Administrativo, prescribe.1 ‘Firma electrónica y certificados digitales. La actividad de la administración será emitida mediante certificados digitales de firma electrónica. Las personas podrán utilizar certificados de firma electrónica en sus relaciones con las administraciones publicas (…) «;

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Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y deforma directa. Se expedirá por cualquier medio documental físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo (…) «;
Que, el articulo 120 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «Acto de simple administración es toda declaración unilateral de voluntad, interna o entre árganos de la administración, efectuada en ejercido de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y de forma indirecta».
Que, el Artículo 121 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: ‘instrucción, orden de servicio o sumilla. Los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes a través de una instrucción, orden de servido o sumilla claras, precisas y puestas en conocimiento de la persona destinatario. Pueden constar insertas en el mismo documento al que se refieren o por separado. Para su instrumentaron se puede emplear cualquier mecanismo tecnológico. Su incumplimiento no afecta la valides del acto, independientemente de la responsabilidad disciplinaria de la o el servidor publico (…) «;
Que, el artículo 134 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «Las reglas contenidas en este Titulo se aplican al procedimiento administrativo, a los procedimientos especiales y a los procedimientos para la provisión de bienes y servicios públicos, en lo que no afecte a las normas especiales que rigen su provisión (…)»;
Que, el artículo 138 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «La rayón de recepción es el recibo, físico o digital, que expiden las administraciones públicas en el que se acredita la fecha de presentación de la solicitud, nombres completos y la sumilla de quien recibe. Las administraciones públicas pueden crear registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas, aunque a efectos de cómputos de términos y planos, se aplicará lo previsto en este Código. En caso de que las administraciones publicas no cumplan con esta obligados, la persona interesada puede solicitar la expedición del recibo, incluso acudiendo al superior jerárquico. Las administraciones públicas no pueden negarse a recibir los escritos que la persona interesada presente, salvo e¿ caso en que no se haya consignado el lugar de la notificación. El incumplimiento de este deber genera responsabilidades del servidor público a cargo (…)»;
Que, el artículo 145 del Código Orgánico Administrativo, prescribe; “Los documentos de un expediente constarán ordenados cronológicamente en función de su recepción. Todas las hojas del expediente serán numeradas de manera secuencia!, manualmente o por medios electrónicos. Al acto de simple administración, incluso el inicial de cualquier procedimiento, se hace referencia como orden de procedimiento seguida por el correspondiente ordinal. El acto administrativo lleva la nomenclatura de resolución y cualquier otro indicador empleado en la administración pública para su identificación. La constancia se incorporará al expediente bajo la nomenclatura de razón»;

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Que, el artículo 146 del Código Orgánico Administrativo, establece: “LaS reproducciones digitalizadas o escamadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original. Los expedientes electrónicos deben estar protegidos por medio de sistemas de seguridad de acceso y almacenados en un medio que garantice la presentación e integridad de los datos (…)»
Que, el artículo 164 del Código Orgánico Administrativo, prescribe; «Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, ti contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos. La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas. La notificación de las actuaciones de las administraciones públicas se practica por cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido (…) «;
Que» el artículo 188 del Código Orgánico Administrativo, dispone,’ «El procedimiento administrativo puede iniciar por cualquiera de las formas previstas a través de medios electrónicos cuando estos hayan sido implementados. Las instrucciones determinadas por la administración pública serán claras y prensas, las actuaciones dentro del procedimiento administrativo podrán realizarse a través de medios electrónicos, informáticos, magnéticos, telemáticos u otros producidos por la tecnología (…) «
Que, el artículo 202 del Código Orgánico Administrativo,, prescribe: «El órgano competente resolverá el procedimiento mediante acto administrativo. El vencimiento de los planos previstos para resolver no exime al órgano competente de su obligación de emitir el acto administrativo. Las administraciones públicas no pueden abstenerse de resolver con la excusa de la falta H oscuridad de la ley (…)»;
Que, el Director General de la Organización Mundial de la Salud – OMS, el 30 de enero de 2020, anunció que el virus conocido como COVID-19 y su expansión, constituía una emergencia de salud pública de preocupación internacional.
Que, el presidente constitucional del Ecuador, mediante decreto ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, declaró: «El estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por lo casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que presenta un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacifica del Estado, a fin controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador (…)»;
Que, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, establece: «Respecto del desarrollo de la jornada laboral se dispone lo siguiente:
a) Se SUSPENDE la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, una vez valuado el estado de la situación, podrá prorrogar

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los dios de suspensión de la jornada presencial de trabajo. Para el efecto, los servidores públicos y empleados en general que su actividad lo permita, se acogerán al teletrabajo en todo el territorio nacional conforme el Acuerda Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, para lo cual las máximas autoridades institucionales organizarán las correspondientes acciones con ti fin de implementar la modalidad señalada en el presente articulo.
b) Durante el lapso de suspensión de la jornada presencial de trabajo se deberá garantizar la provisión de los servicios públicos básicos, de salud, seguridad, bomberos, riesgos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimas, fluviales, bancarios, provisión de víveres, sectores estratégicos y otros servidos necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del COVID-19. Para el efecto, estos servicios podrán mantener la jornada laboral presencial.
c)Seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales de las áreas de la alimentación, la salud, los encargados de servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales. Los supermercados, tiendas, bodegas y centros de almacenamiento y expendio de víveres y medicinas no suspenderán sus servicios. Tampoco se suspenderán los servicios de plataformas digitales de entregas a domicilio y otros medios relacionados a servicios de telecomunicaciones (…)»;
Que, mediante acuerdo ministerial Nro. MDT-2020-0076 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio del Trabajo expidió las Directrices para la Aplicación de Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria.
Que, resulta necesario establecer lincamientos para el conocimiento, sustanciación y resolución de procedimientos y recursos administrativos, dentro del marco normativo y atribuciones otorgadas a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan asegurar una atención transparente, segura, eficiente y eficaz.
Con estos antecedentes, para el estricto cumplimiento de las medidas dispuestas por el Presidente de la República en el marco del estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, al verse obstaculizada la capacidad de gestión dentro de los procedimientos administrativos que ejecuta esta cartera de Estado; y, acatando las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa de los administrados y en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas:
ACUERDA:
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO DE
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE SE

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SUSTANCIAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, A TRAVÉS DE
MEDIOS ELECTRÓNICOS
TÍTULO I
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS GENERALES Y
DEFINICIONES
Artículo 1.- Objeto.- El presente Instructivo regula el uso de los medios tecnológicos disponibles por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el conocimiento, sustanciación y resolución de procedimientos y recursos administrativos que se tramitan en esta cartera de Estado. Siempre que se haga referencia a procedimientos administrativos, se estará haciendo referencia a los previstos en el Código Orgánico Administrativo, así como a los demás contemplados en otras leyes, y a los recursos e impugnaciones administrativas establecidos en los mismos.
Articulo 2.- Aseguramiento.- En la atención de procedimientos administrativos se utilizaran las tecnologías de la información y comunicación según lo que dispone el presente Instructivo, permitiendo el acceso, la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestione en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.- Este instructivo será de aplicación en los procedimientos y recursos administrativos a cargo de la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; Subsecretaría de Musáceas y la Coordinación General de Asesoría jurídica del Ministerio de Agricultura v Ganadería; incluidos los que son materia del Manual de Procedimientos y Trámites Administrativos de Tierras Rurales (A/M 73. Rg. Of. Edición Especial 1008. 26 de abril del 2011).
Artículo 4.- Finalidades.- El presente instructivo tiene como fin:
1. Garantizar los Derechos Constitucionales y legales de las partes involucradas en los procedimientos y trámites administrativos.
2. Coadyuvar en el distanciamiento social de los usuarios y servidores públicos, según las regulaciones nacionales y locales.
3. Facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de deberes de los administrados y el Estado, a través de medios electrónicos.
4. Facilitar el acceso de las personas, a la información que repose en los procedimientos y recursos administrativos de forma electrónica, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso.
5. Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias que aseguren la preservación de la integridad de los derechos fundamentales y en especial los relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos.

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6. Promover la continuidad y atención de los procedimientos y recursos administrativos competencia de esta cartera de Estado.
7. Promover la mejora continua del servicio, atención y transparencia en los procedimientos administrativos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
8. Simplificar y acelerar la tramitología de los procedimientos y recursos administrativos en favor de la ciudadanía.
9. Impulsar la construcción de una plataforma digital específica para la tramitación de procedimientos y recursos administrativos,
Artículo 5.- Principios generales.- El uso de las tecnologías de la información y comunicación dentro del ámbito administrativo tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa legal vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, respetando el pleno ejercicio de los derechos de las personas y ajustándose a los siguientes principios:
1. Respeto a los derechos de protección de datos de carácter personal, al honor y a la intimidad personal y familiar.
2. Igualdad, de manera que en ningún caso la utilización de medios electrónicos implique la existencia de restricciones o discriminaciones para aquellas personas que se relacionen con los procedimientos y recursos administrativos por medios no electrónicos, sin perjuicio que se incentive al uso de tecnologías de la información y comunicación.
3. Cooperación en el uso de medios electrónicos entre las entidades del Estado, con quienes tenga relación, con el objeto de garantizar la interoperabilidad de los sistemas y la prestación conjunta de servicios oportunos y eficientes a las personas. Garantizando el mutuo reconocimiento de aquellos documentos electrónicos y medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y su Reglamento.
4. Celeridad, mediante la simplificación procesal, reduciendo notablemente el tiempo de tramitación a fin de lograr eficiencia y eficacia en potestad administrativa del Estado.
5. Transparencia y publicidad del procedimientos y recursos administrativos, por lo que el uso de medios electrónicos facilitará la difusión y ejecución de las actuaciones administrativas,
Artículo 6. Definiciones.- A efectos este Instructivo, se entiende por:
1, Quipux: Sistema de Gestión Documental web, desarrollado y utilizado por el estado
ecuatoriano, que permite el registro, control, circulación y organización de los
documentos digitales y/o físicos que se envían y reciben en una Institución.
2. Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona
natural, jurídica o ente administrativo, del contenido de la voluntad expresada en sus
operaciones, transacciones y documentos y de la integridad y autoría de estos últimos.

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3. Casillero electrónico judicial v/o domicilio electrónico judicial, son espacios virtuales de almacenamiento de información, consistentes en casillas virtuales en las ciue los usuarios debidamente registrados en el Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura u otros organismos colegiados c instituciones relacionados con la Administración de Justicia, reciben todo tipo de notificaciones provenientes de los órganos jurisdiccionales.
4. Correo Electrónico: es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo de documento digital.
5. Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos.
6. Digitalización: Es la transformación de documentos físicos a imágenes digitales para su visualización instantánea, desde cualquier equipo informático.
7. Disponibilidad: Propiedad o característica de la información y los servicios, consistente en que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieran.
8. Dispositivo electrónico; Instrumento físico o lógico utilizado independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al momento de dicho inicio o respuesta.
9. Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.
10. Firma electrónica: Datos consignados en forma electrónica en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo y que permiten la identificación del titular de la firma, en relación con el mensaje de datos e indicar la aprobación y reconocimiento del contenido por parte del firmante. La firma electrónica tiene igual validez y se le reconocen los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos y será admitida como prueba en juicio.
11. Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas informáticos y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos e intercambiar información a través de los procedimientos que den soporte a estos sistemas.
12. Materialización: Es la transformación de la información contenida en mensajes de datos a documentos físicos.
13. Medidas de seguridad: Conjunto de prácticas cuyo objeto son la protección de la información consignada en un determinado sistema y que pueden ser de carácter preventivo, disuasivo, de protección, de detección y reacción o de recuperación.
14. Usuarios internos: Se considerarán usuarios internos a los/las servidores y servidoras públicos del ministerio de Agricultura y Ganadería, responsables de la gestión de los procedimientos y recursos administrativos.
15. Usuarios externos: Se considerarán usuarios externos a las personas interesadas y/o profesionales del derecho, terceros interesados o cualquier parte procesal y público en general.

TÍTULO II
DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS

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Capítulo I
De los derechos y garantías procesales de las y los ciudadanos
Artículo 7.- Validez procesal.- Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada y transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos, satelitales o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación de procedimientos y recursos administrativos, cualquiera que sea su actuación administrativa.
Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos soportes le harán perder el valor jurídico que se les otorga en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal en caso de que constituyan infracción de esta clase.
Todas las disposiciones legales que, sobre la validez y eficacia en los procedimientos y recursos administrativos digitales se encuentran contenidos en la Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos; Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, Código Orgánico Administrativo y la demás normativa legal vigente aplicable en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Artículo 8.- Derechos persona natural y jurídica- Sin perjuicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, la persona natural y jurídica que intervengan como persona interesada o terceros interesados dentro de un procedimiento o recurso administrativo, tendrán los siguientes derechos;
1. Utilizar como medio de comunicación con el ente administrativo las herramientas electrónicas aplicables, para sustanciar o interponer recursos dentro de procedimientos administrativos de cualquier naturaleza.
2. Recibir las notificaciones de la emisión de actuaciones administrativas dentro del procedimiento o recurso administrativo en los plazos y términos establecidos en las normas aplicables a su caso, a través de herramientas electrónicas.
Capítulo II
De los derechos y responsabilidades de los profesionales del derecho
Artículo 9.- Responsabilidades de los abogados en el ejercicio profesional.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 330 del Código Orgánico de la Función Judicial, son responsabilidades de los abogados cuando patrocinen procedimientos y recursos administrativos, Las siguientes:
1. Cumplir con las condiciones de buen uso de la sede electrónica.
2. Hacer uso de las herramientas electrónicas para la presentación de solicitudes, reclamos, recursos y, en general, de cualquier tipo de petición que se le dirija a la administración pública dentro de los procedimientos administrativos.

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Articulo 10.- Derechos de los abogados en el libre ejercicio profesional.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 331 del Código Orgánico de la Función Judicial, los abogados gozarán de los siguientes beneficios:
1. Presentar toda acción, denuncia, solicitud, petitorio, o cualquier otra exposición que dé inicio a un procedimiento administrativo , así como escritos, recursos y demás actuaciones determinadas en la ley, a través de la sede electrónica, sin más requisitos que los establecidos en este Instructivo y las leyes vigentes,
2. Recibir las notificaciones por vía electrónica en el casillero electrónico y/o domicilio electrónico, junto con los anexos a las mismas cuando sea el caso, en especial al tratarse de correr traslado con la documentación presentada en su contra.
Capítulo II
De la obligación de uso de medios electrónicos
Artículo 11.- Obligatoriedad del uso del recurso tecnológico de la firma electrónica y de otros medios.- El uso de medios electrónicos en el conocimiento, sustanciación y resolución de procedimientos y recursos administrativos es de uso obligatorio para todos los servidores públicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que sean competentes para hacerlo, en aplicación del principios y preceptos que rigen la administración pública, así como para los usuarios.
Articulo 12.- Régimen de uso de la firma electrónica.- Para el uso de la firma electrónica se estará a lo dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, su Reglamento y aquellas disposiciones legales vigentes relacionadas con el tema. En el caso de los servidores de esta cartera de Estado, la firma electrónica será proveída por cualquier organismo certificador facultado para su otorgamiento en Ecuador.
TÍTULO III
DE LA TRAMITACIÓN
Artículo 13.- Iniciativa.- el inicio de los procedimientos, presentación de escritos; documentos y recursos administrativos deberán efectuarse únicamente de forma electrónica, a través de Quipux y/o al correo electrónico del (los) servidores públicos destinatarios.
Artículo 14.- Sustanciación, Provisión y Ejecución.- En todos los procedimientos o recursos administrativos, se entenderán como actuaciones administrativas a las circulares, oficios y memorandos que han sido emitidos mediante el sistema documental Quipux, o remitidos a correos electrónicos autorizados por los usuarios; los cuales deberán ser

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notificados, cumpliendo con el debido proceso especificada en el ordenamiento legal vigente; y a su vez, indexados en el registro físico correspondiente.
Artículo 15.- Diligencias.- Sin perjuicio de su reducción a físico, de la misma manera que en el artículo anterior, todas las actuaciones administrativas de los procedimientos y recursos administrativos podrán ser contenidas en circulares, oficios y memorandos emitidos mediante el sistema documental Quipux, los cuales deberán ser dirigidos a la autoridad agraria requirente o competente, con las formalidades necesarias para su correcto efecto y validez legal; y a su vez agregados en el registro físico correspondiente.
Artículo 16.- Presentación de escritos.- La presentación de toda clase de escritos, documentos u otros instrumentos, que, conforme a lo dispuesto en la ley, deban o puedan ser aportados se realizará en forma virtual a través de Quipux o correo electrónico dirigido al servidor (es) público (s) destinatario (s)
Artículo 17.- Reglas para la presentación virtual de escritos.- La presentación virtual de escritos se ajustará a las siguientes reglas:
1. De preferencia, la parte que lo presenta deberá contar con firma electrónica. Si no cuenta con firma electrónica, remitirá el escrito y sus anexos en formato «PDF» con la respectiva firma de responsabilidad.
2. Los escritos deberán ser dirigidos a la autoridad agraria correspondiente, según la etapa del procedimiento o recurso administrativo.
3. Todos los documentos anexados en el escrito, deberán ser legibles y su número de foja deberá constar en el texto del documento emitido.
4. En el supuesto no consentido, que por las características del documento o archivo que se deseen anexar al escrito, el sistema documental Quipux no permita su incorporación, o por el tamaño del documentos no puedan remitirse por correo electrónico, el usuario deberá remitir los correos electrónicos que estime necesarios con la documentación adjunta, en función de la capacidad de recepción de los correos electrónicos del Ministerio, que al momento es de 2 MB (mega byte) por archivo en el Sistema Documental QUIPUX y 4 MB (mega byte) en total para datos adjuntos del Correo Institucional. Todo documento adjunto deberá estar en formato «PDF».
Artículo 18.- Notificación de las Actuaciones Administrativas: Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos.
Las notificaciones de las actuaciones administrativas se harán a la casilla judicial electrónica y/o domicilio judicial electrónico y/o correo electrónico señalado para el efecto por los administrados que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido. No se hará notificaciones en casillas judiciales físicas, es mandatorio para toda parte interviniente contar y señalar usuario de «Quipux» o correo electrónico para notificaciones.

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Artículo 19.- Resolución Administrativa.- Es el acto administrativo mediante el cual el órgano competente se pronuncia en lo principal sobre las pretensiones del administrado.
La resolución administrativa será contenida y emitida desde el Sistema Documental Quipus y deberá ser notificada, cumpliendo con las formalidades del caso, contempladas en el ordenamiento legal vigente, serán agregados al registro físico correspondiente.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Se deberá considerar para la validez y vigencia procesal de los documentos emitidos por los empleados, funcionarios o servidores públicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el conocimiento, sustanciación, resolución y ejecución de procedimientos y recursos administrativos; el cargo, rango y competencias del firmante.
Segunda.- En los casos que la prueba documental anunciada por cualquiera de las partes, no pueda ser validada electrónicamente a través de otros Registros Públicos tales como Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), Función Judicial etc; y, a juicio del servidor público sustanciador, sea relevante para resolver, se dispondrá a la parte correspondiente, bajo prevenciones de Ley, que presente de forma física el original o copia debidamente certificada del instrumento, tal como lo disponen los Arriados 162 No. 1 y 169 del Código Orgánico Administrativo.
Tercera.- El Secretario Ad – hoc del Procedimiento será responsable de conservar los archivos electrónicos que respalden lo actuado, de manera digital y física, con los debidos orden y foliatura.
Cuarta.- En los procedimientos iniciados a petición de parte, se procurará por todos los medios razonables, notificar a los demás interesados de manera electrónica. Si ello no se consigue, se hará la notificación en las otras formas previstas en el Código Orgánico Administrativo. Toda parte que pretenda el inicio de un procedimiento o deduzca un recurso, deberá señalar una dirección de correo electrónico o usuario del sistema «Quipus» para notificaciones.
Quinta.- De ser necesarias audiencias o declaraciones testimoniales, a criterio del funcionario sustanciador, se harán de maneta virtual a través de los medios tecnológicos disponibles para el efecto. Es responsabilidad del funcionario sustanciador proveer la información necesaria para que las partes participen virtualmente de la diligencia. Es responsabilidad del Secretario – Ad Hoc cerciorarse de la presencia de las partes y de su personería.
En lo no previsto en este Instructivo, se deberá aplicar lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos; Ley de Comercio Electrónico y firmas Electrónicas y Mensajes de datos;

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Código Orgánico Administrativo y demás normas de igual o menor jerarquía que verse sobre tema.
Sexta.- Sin perjuicio de la responsabilidad del Secretario Ad – Hoc y del funcionario sustanciador, la Dirección de Gestión Documental de este Ministerio será responsable que todo lo actuado a través de medios viruales quede suficiente, debida y permanentemente respaldado en los servidores del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Séptima.- De la ejecución de este Acuerdo Ministerial, encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’S y a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de esta cartera de Estado. Encárguese a la Dirección de Comunicación Social, la difusión externa del presente Acuerdo Ministerial, a través de los medios con los que cuenta esta Cartera de Estado.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Dentro del plazo de tres meses contados desde la presente fecha, en todos los procedimientos administrativos sujetos a este Acuerdo Ministerial, la autoridad sustanciadora emitirá y notificará una providencia a las partes interesadas, haciendo conocer del presente acuerdo Ministerial, sin perjuicio del inicio de su vigencia y su publicación en el Registro Oficial, e insistiendo en la necesidad de señalar un usuario de «Quipux» o correo electrónico para notificaciones.
Segunda.- Se dispone a la Dirección de Gestión Documental y Archivo que dentro del plazo de 30 días contados desde esta fecha, cree e implemente la ventanilla virtual que permita a los usuarios presentar escritos y peticiones a través de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Instructivo entrará en vigencia, desde su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. En el día, publíquese en la Página «Web» institucional.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
DADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METRÓPOLI TAÑO, A 11 MAYO 2020

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ACUERDO MINISTERIAL NRO. 057
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley les corresponde: 1. Ejercerla rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedirlos acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)».
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercido de los derechos reconocidos en la Constitución».
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación».
Que, en el artículo 9.1, segundo inciso, literal b) de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone: ‘Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión, Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este /Míenlo, las inversiones nuevas y productivas deberán realizarse juera de las jurisdicción es urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el Estado: b. Cadena foresta/y agroforestal y sus productos elaborados (…)”.
Que, en el artículo 1 de la Ley Orgánica Para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos señala: «Esta Ley tiene por objeto disponer la optimización de trámites administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos de gestión, con el fin de facilitar la relación entre las y los administrados y la Administración-Pública y entre las entidades que la

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componen; así como, garantizar el derecho de las personas a contar con tena Administración Pública eficiente, eficaz transparente y de calidad”.
Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos manifiesta: «Las entidades reguladas por esta Ley presumirán que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas efectuadas en virtud de trámites administrativos son verdaderas, bajo aviso a la o al administrado de que, en caso de verificarse lo contrario y el trámite y resultado final de la gestión podrán ser negados y archivados, o los documentos emitidos carecerán de validez alguna, sin perjuicio de las sanciones y otros efectos jurídicos establecidos en la ley, (…) Para el efecto, las y los administrados deberán presentar declaraciones responsables. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el instrumento publico suscrito por el interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercido de una actividad, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio (…)”.
Que, en el numeral 5 del artículo 18 de la norma referida en el considerando anterior indica que las entidades reguladas por la Ley deberán cumplir entre otras obligaciones, con: «5. Implementar mecanismos, de preferencia electrónicos, para la gestión de trámites administrativos, tales como la firma electrónica y cualquier otro que haga más eficiente la Administración Publica (…)”.
Que, el artículo 97 del Código Orgánico del Ambiente especifica: «La Autoridad Nacional de Agricultura ejercerá la regulación, planificación, promoción, fomento y gestión de plantaciones forestales y sistemas agroforestales de producción y confines comerciales».
Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo ordena: «Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias».
Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo manda: «Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales”.
Que, el articulo 5 del Código Orgánico Administrativo define: «Principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos”.
Que, el artículo 17 del Código Orgánico Administrativo puntualiza: «Principio de buena fe. Se presume que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes».

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Que, el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo dispone: «Causales de nulidad del acto administrativo. Es nido el acto administrativo que: (…) 5. Determine actuaciones imposibles”.
Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 981 de 28 de enero de 2020, publicado en el Registro Oficial suplemento Nro. 143 del 14 de febrero del 2020, en su artículo 1 dispone: «Del gobierno electrónico.- La implementación del gobierno electrónico en la Función Ejecutiva, consiste en el uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte de las entidades para transformar las relaciones con los ciudadanos, entre entidades de gobierno y empresas privadas a fin de mejorar la calidad de los servicios gubernamentales a los ciudadanos, promover la interacción con las empresas privadas, fortalecer la participación ciudadana a través del acceso a la información y servicios gubernamentales eficientes y eficaces y coadyuvar con la transparencia, participación y colaboración ciudadana».
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, publicado en el Registro Oficial Suplemento 163 del 17 de marzo del 2020, el señor Presidente Constitucional de la República, declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud.
Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo mencionado en el considerando anterior determina: «SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión (…)»•
Que, el literal a) del artículo 6 del Decreto Ejecutivo antes señalado dispone: «Se SUSPENDE la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado. El Comité de Operaciones de Emergen das Nacional, una pez evaluado el estado de la situación, podrá prorrogar los días de suspensión de la jornada presencial de trabajo (…)».
Que, el literal b) del artículo ibídem determina: «Durante el lapso de la jornada presencial de trabajo se deberá garantizar la provisión de los servicios públicos básicos, de salud, seguridad, bomberos, riesgos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fílmales, bancarios, provisión de víveres, sectores estratégicos y otros servidos necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del COVID-19».
Que, el literal c) del artículo ibídem establece: «Seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales de las áreas de la alimentación, la salud, los encargados de servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, industria agrícola (…)».
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 327 de fecha 01 de agosto de 2014 se expidió el instructivo que regula la elaboración, aprobación y ejecución de los programas de corta, las licencias de aprovechamiento forestal y las guías de circulación de plantaciones forestales comerciales», cuyo

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artículo 4 establece los requisitos que se deben exigir para la aprobación de los programas de corta.
Que, conforme establece la Resolución Nro. 031-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, actualmente se encuentra suspendida la jornada laboral presencial de los órganos administrativos, jurisdiccionales, autónomos y auxiliares de la Función Judicial, entre los cuales se encuentran las notarías y Registros de la Propiedad a escala nacional, disposición que se encuentra en firme hasta tanto se levante el estado de excepción declarado a través de Decreto Ejecutivo Nro. 1017.
Que, la Resolución Nro. 044-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura restableció parcialmente la atención en las Notarías a nivel nacional.
Que, es necesario adecuar a las actuales circunstancias las disposiciones del Instructivo que regula la elaboración, aprobación y ejecución de los programas de corta, las licencias de aprovechamiento forestal y las guías de movilización de plantaciones forestales comerciales, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 327 de fecha 01 de agosto de 2014.
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas,
ACUERDA:
REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 327 DE 01 DE AGOSTO DE 2014, EN EL
QUE SE EMITIÓ EL INSTRUCTIVO QUE REGULA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CORTA, LAS LICENCIAS DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL Y LAS GUÍAS DE CIRCULACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES
COMERCIALES, MIENTRAS DURE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DISPUESTO EN EL
DECRETO EJECUTIVO NRO. 1017 DE 16 DE MARZO DE 2020
ARTÍCULO 1.- Reformar el Acuerdo Ministerial Nro. 327 de 01 de agosto de 2014, y agregar la siguiente Disposición Transitoria con el siguiente texto:
«CUARTA.- Mientras dure el Estado de Excepción ordenado por el Señor Presidente de la República según Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, se delega al Subsecretario de Producción Forestal para que bajo su responsabilidad, implemente las medidas necesarias con el objeto de aprobar programas de corta, ajustándose a las restricciones de movilidad y distanciamiento social imperantes en el

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país por causa de la pandemia. Se preferirá la utilización de medios electrónicos para la presentado» y procesamiento de trámites y solicitudes, sin perjuicio del control “in situ» y/o posterior con cargo a esa Subsecretario”.
ARTÍCULO 2.- Encárguese de la ejecución del presente Acuerdo a la Subsecretaría de Producción Forestal.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

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RESOLUCIÓN No. 051
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del articulo 154 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión»;
Que, el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debida proceso que incitará las siguientes garantías básicas»: derecho a la defensa, derecho a la contradicción, a contar con el suficiente tiempo para preparar sus medios de defensa y corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación»;
Que, el numeral 4 del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, señala: Las entidades reguladas por esta Ley harán uso de tecnologías de la información y comunicación con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar la gestión de trámites administrativos.»;
Que, el articulo 1 del Decreto Presidencial Nro.1017 declaró: «el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud
Que, el artículo 8 del Decreto Presidencial Nro. 1017 dispuso: «EMÍTASE por parte de todas las funciones del Estado y otros organismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, las resoluciones que se consideren necesarias para que proceda a la suspensión de términos y planos a las que haya lugar, en procesos judiciales y administrativos; y, de igual forma, en procesos alternativos de solución de conflictos; a fin de precautelar la salud pública, el orden y la seguridad, en el marco de las garantías del debido proceso, ante la presente calamidad pública.”;
Que, el Ecuador es el principal exportador de Banano del mundo. La exportación de este producto genera considerables ingresos de divisas al país;

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Que, La severa crisis económica que enfrentarnos por causa del COVID 19 y la cuasi paralización del sector productivo, ha sido agravada con la caída internacional del precio del petróleo. Todo lo cual exige a este Ministerio ahondar sus controles para que el flujo de exportaciones bananeras se mantenga con la menor afectación posible.
Que, La Ley para Estimular v Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganere) y otras musáceas afines, destinadas a exportación, impone sanciones a los exportadores que no paguen el precio mínimo de sustentación del producto, siendo el Ministerio de Agricultura v Ganadería la autoridad administrativa competente, para imponerlas en sede administrativa, siguiendo el debido proceso establecido para el efecto en la indicada Lev, su Reglamento y en el Código Orgánico Administrativo;
Que, Mediante Resolución No. 036 del 16 de marzo del 2020, el suscrito Ministro de Agricultura y Ganadería dispuso: «ARTÍCULO 1.- SUSPENDER.- todos los piados y temimos que se encuentran transcurriendo desde el 16 de marzo del 2020, dentro de los procedimientos administrativas que se sustancian en esta Cartera de Estado (…)» «ARTÍCULO 2.- Con la presente suspensión no correrán los planos y términos para todos los efectos de la ley (…) «:
Que, La suspensión de plazos y términos materia de la Resolución No.036, impiden a esta cartera de listado sustanciar los procedimientos administrativos que se inicien con motivo de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a exportación, lo cual puede dejar en indefensión y sin la debida tutela administrativa a los productores cuyos contratos sean incumplidos, con los consiguientes impactos negativos en el flujo de exportaciones de estos productos.
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas,
RESUELVE:
Añadir a la Resolución No. 036 del 16 de marzo del 2020, el Artículo 3, con el siguiente texto:
«ARTÍCULO 3.- Se exceptúa de la suspensión de planos y términos ordenada en este Acuerdo Ministerial, a los procedimientos administrativos en trámite y los que se inicien con posterioridad a la presente fecha, que tengan su origen en la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a exportación y su Reglamento; consiguientemente, los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería a quienes corresponda sustanciar y resolver estos procedimientos por Delegación del suscrito Ministro, continuarán con la respectiva sustanciación y resolución

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de acuerdo al marco normativo aplicable, tanto en la fase de instrucción, como en la de recursos si estos fueren interpuestos,
En atención a la emergencia sanitaria que enfrenta el país, se procurará receptar información por vía electrónica; y, de ser necesarias audiencias o convocatorias, que estas también sean realizadas de manera electrónica.
Es responsabilidad del funcionario sustanciador y del Secretario (a) ad-hoc verificar en cada caso la identidad de las partes intervinientes, así como dejar constancia de todo lo actuado en vía electrónica o virtual».
DISPOSICIÓN FINAL
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

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RESOLUCIÓN NO. 055
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que son atribuciones de las ministras y ministros de Estado: «1. Ejercer las rectorías de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión;
Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso…”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercido de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;
Que, mediante Resolución No. 036 del 16 de marzo del 2020, el suscrito Ministro de Agricultura y Ganadería dispuso: «ARTÍCULO 1.- SUSPENDER, todos los planos y términos que se encuentran transcurriendo desde el 16 de marzo del 2020, dentro de los procedimientos administrativos que se sustancian en esta Cartera de Estado… «ARTICULO 2.- Con la presente suspensión no correrán los planos y términos para todos los efectos de la ley…»
Que, mediante Resolución No. 051 del 21 de Abril del 2020, el suscrito Ministro de agricultura y Ganadería dispuso exceptuar de la suspensión de plazos y términos ordenada en Resolución No. 036, a : «… los procedimientos administrativos en trámite y los que se inicien con posterioridad a la presente fecha que tengan su origen en la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a exportación y su Reglamento…»
Que, el último considerando de la Resolución No. 051 dijo: «La suspensión de planos y términos materia de la Resolución No. 036, impiden a esta cartera de Estado sustanciar los procedimientos administrativos que se inicien con motivo de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras musáceas afines, lo cual puede dejar en indefensión y sin la debida tutela administrativa a los productores cuyos contratos sean incumplidos… «
Que, no es sostenible ni compatible con los preceptos de Debido Proceso, Seguridad Jurídica y Tutela Administrativa vigentes en el país, que los demás procedimientos y recursos

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administrativos que son competencia de este Ministerio al amparo de otras normas jurídicas, permanezcan por más tiempo detenidos en su sustanciación y resolución, o se vean impedidos de iniciarse, sustanciarse y resolverse por causa de la suspensión de plazos y términos dispuesta el 16 de marzo del 2020, esto es, hace cerca de 60 días.
En ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con sustento en las consideraciones expuestas,
RESUELVE:

Artículo 1.- Derogar en todas sus partes las resoluciones 036 del 16 de marzo el 2020 y 051 del 21 de abril del 2020. El suscrito Ministro dictará la normativa pertinente, que rija la sustanciación de procedimientos y recursos administrativos a través de medios electrónicos, de conformidad al marco jurídico y distanciamiento social imperantes en el país.
Artículo 2.- Para los términos y plazos que hayan estado decurriendo al 16 de marzo del 2020, la presente resolución derogatoria entrará en vigencia a partir de las 00h00 del lunes 18 de mayo del 2020. Para los términos y plazos no iniciados, esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha. En ambos casos, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. En el día, publíquese en la Página «Web» institucional.

DISPOSICIÓN GENERAL.- Encárguese a la Dirección de Comunicación Social, la difusión externa de la presente resolución a través de los medios con los que cuenta esta Cartera de Estado.