Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes 11 de mayo de 2020 (R.O 559, 11–mayo -2020) EDICIÓN ESPECIAL

SUMARIO:

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

011-2020 Cantón Loja: Que regula el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva

– Cantón Palora: Sustitutiva que regula el uso de los espacios públicos, frente al uso y consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y bebidas alcohólicas….. 28

– Cantón Bolívar: Reformatoria a la Ordenanza de creación, organización, implementación y funcionamiento del Sistema Cantonal de Igualdad y Protección Integral de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria+

– Cantón Bolívar: Para la organización, administración y funcionamiento del Registro de la Propiedad

– Cantón Otavalo: Sustitutiva que regula los procedimientos para la incorporación de bienes muebles vacantes o mostrencos al patrimonio municipal, titularización administrativa de predios en favor de sus posesionarios; adjudicaciones forzosas de fajas municipales, ubicadas en a zona urbana, centros urbano-parroquiales, regularización de excedentes o diferencias en el área de terrenos, ubicados en la zona urbana o rural

Nro. 011-2020

ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN

LOJA

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 225 que el sector público comprende: numeral 2. «Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.»

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 227, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 238, determina que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad ínter territorial, integración y participación ciudadana;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 240 manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el inciso final del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador faculta a los gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias y territorio expedir ordenanzas cantonales;

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros

(…)»;

Que, el artículo 300 primer inciso de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria: Se priorizarán los impuestos directos y progresivos;

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Que, el artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, inciso primero dispone que ninguna función del Estado, ni autoridad extraña podrá interferir en la Autonomía política, administrativa y financiera propia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, establece que los gobiernos autónomos descentralizados tienen facultad Normativa para el pleno ejercicio de sus competencias, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, por lo tanto entre sus atribuciones está la de regular la aplicación de medidas que propendan al desarrollo cantonal e institucional;

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), expresa: «Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden (…);

Que, el artículo 57 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, otorga la facultad a los GADS Municipales regular, mediante Ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;

Que, el artículo 340 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece: «Deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera.- Son deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera las que se deriven de las funciones que a la dependencia baja su dirección le compete, las que se señalan en este Código, y resolver los reclamos que se originen de ellos. Tendrá además las atribuciones derivadas del ejercicio de la gestión tributaria, incluida la facultad sancionadora, de conformidad con lo previsto en la ley;

La autoridad financiera podrá dar de baja a créditos incobrables, así como previo el ejercicio de la acción coactiva agotará, especialmente para grupos de atención prioritaria, instancias de negociación y mediación. En ambos casos deberá contar con la autorización previa del ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados (..,)»;

Que, el artículo 344 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), dice que el Tesorero Municipal será el responsable de los procedimientos de ejecución coactiva;

Que, el artículo 47 del Código Tributario dice: «Imputación del pago.- Cuando el crédito a favor del sujeto activo del tributo comprenda también intereses y multas, los pagos parciales se imputarán en el siguiente orden: primero a intereses; luego al tributo; y, por último a multas»;

Que, el artículo 65 del Código Tributario establece que la dirección de la administración tributaria en el ámbito municipal le corresponde al alcalde quien la

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ejercerá a través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que determine la Ley;

Que, el Código Tributario en su artículo 149 dice: «Emisión.- Los títulos de créditos u órdenes de cobro se emitirán por la autoridad competente de la respectiva administración, cuando la obligación tributaria fuere determinada y líquida, sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos legalmente; sea de acuerdo a declaraciones del deudor tributario o a avisos de funcionarios públicos autorizados por la ley para el efecto; sea en base de actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas; o de sentencias del Tribunal Distrital de lo Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia, cuando modifiquen la base de liquidación o dispongan que se practique nueva liquidación.

Por multas o sanciones se emitirán los títulos de crédito, cuando las resoluciones o sentencias que las impongan se encuentren ejecutoriadas.

Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, no podrá emitirse título de crédito.»

Que, el Código Orgánico Administrativo, entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial el 07 de julio del año 2017;

Que, el artículo 164 del Código Orgánico Administrativo determina que la Notificación.-«Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos.

La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas.

La notificación de las actuaciones de las administraciones públicas se practica por cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido.»

Que, la Contraloría General del Estado mediante acuerdo No. 047-CG-2018, emite el reglamento para el ejercicio de la potestad coactiva de la Contraloría General del Estado.

Que, el Concejo Municipal en ejercicio de las facultades que le confieren el Art. 264, numeral 9 de la Constitución de la República literales a) y b) y Art. 57 literal a) del COOTAD.

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTÓN LOJA

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TITULO I

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD COACTIVA

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de ejecución coactiva de competencia privativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja.

No se podrá iniciar el procedimiento coactivo en ausencia de la orden de cobro emitida por el órgano legalmente competente para este efecto. Esta orden de cobro lleva implícita para el órgano recaudador la facultad de proceder con el ejercicio de la coactiva. Al procedimiento coactivo se aparejará el respectivo título de crédito, que se respaldará en título de créditos ejecutivos; catastros y cartas de pago legalmente emitidos; asientos de libros de contabilidad, registros contables; y, en general, en cualquier instrumento público que pruebe la existencia de la obligación.

Art. 2.- Ámbito.- La presente Ordenanza regula el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, para la recuperación de los valores adeudados de obligaciones o créditos tributarios, no tributarios y de cualquier otro concepto que se le adeuden; de conformidad con los artículos 261, 262 del Código Orgánico Administrativo.

Art. 3.- Competencia.- La acción coactiva se ejecutará privativamente por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, a través de los recaudadores; a las que la ley confiera acción coactiva. En caso de falta o impedimento le subrogará el Tesorero del GAD-Loja.

Art. 4.- Prescripción.- La acción coactiva que se deriva de las obligaciones originadas, prescribirá en cinco años, contados desde la fecha de la emisión del título de crédito, que se hubiere ejecutoriado. La prescripción será declarada por la Autoridad Nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, medíante un acto Resolutivo de oficio o a petición de parte, o por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por vía de impugnación o por vía de excepción al procedimiento de ejecución coactiva.

La acción coactiva derivada de obligaciones civiles originadas como consecuencia de la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, establecidos en sentencia judicial ejecutoriada, será imprescriptible.

La prescripción para el cobro de obligaciones se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor, o con la notificación con la orden de cobro. La notificación no interrumpirá la prescripción, cuando la ejecución coactiva hubiere dejado de continuarse por más de cinco (05) años, salvo que la suspensión hubiere sido ordenada por decisión judicial.

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El ejercicio de la potestad de ejecución coactiva, una vez que se ha declarado prescrita la acción, acarreará la baja del título de crédito.

Art. 5.- Obligaciones determinadas y actualmente exigibles.- La obligación es determinada cuando se ha identificado al deudor y se ha señalado con exactitud el monto adeudado, por lo menos quince días antes de la fecha de emisión de la correspondiente orden de cobro.

La obligación es actualmente exigible desde el día siguiente a la fecha en que suceda:

  1. La notificación a la o al deudor con el acto administrativo o el título de crédito en el cual se encuentra contenida la obligación;
  2. El vencimiento del plazo, cuando la obligación esté sujeta al mismo, sin perjuicio de la notificación;
  3. El cumplimiento o la falla de la condición, si se trata de una obligación sometida a condición suspensiva.

Art. 6.- Orden de cobro.- Es la actuación procesal administrativa mediante la cual se declara o constituye una obligación dineraria en favor de la administración pública, suscrita por el órgano competente y cuya notificación al órgano ejecutor lo faculta para el ejercicio de la acción de cobro correspondiente.

A la orden de cobro se aparejará la respectiva copia certificada del título de crédito o la fuente de la obligación a ser recaudada, en caso de que no haya sido efectuada dentro del mismo acto administrativo con el que se constituyó o declaró la obligación.

Art. 7.- Procedimiento coactivo.- Es el conjunto sistemático de actuaciones procesales que se ejercen privativamente y que inicia con la expedición de la orden de cobro, legalmente emitida por el órgano o autoridad competente para, hacerlo y su remisión al órgano ejecutor, con el fin de recaudar la obligación que se encuentra contenida de forma implícita en el título de crédito, el cual estará debidamente aparejado a la orden de cobro.

CAPÍTULO II

INICIO DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO Y FACILIDADES DE PAGO

SECCIÓN PRIMERA

TÍTULO DE CRÉDITO Y PAGO VOLUNTARIO

Art. 8.- Título de crédito.- Es la actuación procesal administrativa que contiene de

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forma expresa una obligación determinada y actualmente exigible; y, su emisión autoriza a la administración pública a ejercer su potestad de ejecución coactiva.

El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito, cuya emisión estará a cargo del Jefe de Rentas o de quien hiciera sus veces; en las empresas púbicas; o, de ser el caso, por el servidor público delegado mediante acto resolutivo por la Autoridad Nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja. Estará respaldado en título de créditos ejecutivos, catastros y cartas de pago legalmente emitidos, asientos de libros de contabilidad, registros contables; y, en general, cualquier otra resolución, acto administrativo, sentencia o instrumento .público en el que se declare o constituya una obligación tanto en favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja.

Art. 9.- Requisitos y contenido del título de crédito.- El título de crédito contendrá los siguientes elementos:

1. Denominación de la administración pública acreedora e identificación del órgano que lo emite;

  1. Identificación de la o del deudor;
  2. Lugar y fecha de emisión;
  3. Concepto por el que se emite, con expresión de su antecedente;
  4. Valor de la obligación que represente;
  5. La fecha desde la cual se devengan intereses;
  6. Liquidación de intereses hasta la fecha de emisión;

8. Firma autógrafa o facsímil del servidor público que lo autorice o emita, salvo en el supuesto de título de créditos de emisión electrónica, en cuyo caso, la autorización para su expedición se verificará de manera previa dentro del procedimiento administrativo.

Art. 10.- Intereses de la obligación.- Las obligaciones contenidas en todo acto administrativo, título de crédito o cualquier otro instrumento público a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, devengarán intereses calculados a la tasa máxima de interés convencional, vigente y determinada por el Banco Central del Ecuador.

Su cálculo y liquidación le corresponderá al órgano competente para emitir la orden de cobro, hasta antes de su emisión. Una vez emitida la orden de cobro, la liquidación será efectuada por el órgano ejecutor.

Art. 11.- Nulidad del título de crédito.- La falta de alguno de los requisitos contenidos en el artículo 9 de esta Ordenanza, acarrea la nulidad del título de crédito. La declaratoria de nulidad implica la baja del título de crédito.

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Art. 12- Inicio del Procedimiento Coactivo.- El procedimiento coactivo iniciará con la existencia de una obligación determinada y actualmente exigible, contenida en el título de crédito correspondiente y fundada en una orden de cobro legalmente transmitida por la autoridad competente al órgano ejecutor. La orden de cobro estará implícita en toda resolución, acto administrativo, sentencia o instrumento público en el cual se declare o constituya una obligación a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja.

El procedimiento coactivo se suspenderá únicamente en virtud de la concesión de facilidades de pago, por la interposición de un reclamo; o, la presentación de una demanda de excepciones.

Art. 13.- Requerimiento de pago voluntario.- Al órgano ejecutor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, le corresponderá notificar al deudor con el requerimiento de pago voluntario para que, dentro de los diez días posteriores a su notificación, el deudor cancele voluntariamente la obligación.

Se prevendrá al deudor que, de no cumplir con la obligación en el plazo establecido, se procederá con la ejecución coactiva. Todo requerimiento de pago debe notificarse junto con una copia certificada de la fuente o título de crédito en el cual consta la obligación.

Art. 14.- Plazo para el pago voluntario.- Se concederá el término de diez (10) días para- efectuar el pago voluntario, dentro del cual el deudor, de ser el caso, podrá solicitar facilidades de pago, presentar una reclamación; o, interponer una demanda de excepciones, suspendiéndose el inicio del procedimiento coactivo.

Art. 15.- Emisión de la orden de pago inmediato.- Vencido el término para el pago voluntario, sin que se hubiere satisfecho la obligación requerida, ni solicitado facilidades de pago, ni presentado una reclamación o demanda de excepciones, el órgano ejecutor emitirá la orden de pago inmediato y dispondrá al deudor, sus garantes; o ambos, que paguen la deuda o dimitan bienes dentro del plazo de tres (03) días, contados desde el día siguiente al de la notificación con dicha orden previniéndoles que, de no hacerlo, se procederá al embargo de bienes equivalentes al total de la deuda por el capital, los intereses y las costas

SECCIÓN SEGUNDA NOTIFICACIÓN

Art. 16.- Notificación.- Es el acto por medio del cual se pone en conocimiento del deudor el contenido de un acto administrativo, a efectos de que conozca el estado del proceso y disponga de la información pertinente para, de ser el caso, se pronuncie y ejerza los derechos y acciones de las que se considere asistido.

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La notificación de la primera actuación del Gobierno Autónomo Descentralizado se realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación que sea dispuesto por el respectivo órgano institucional.

La constancia de haberse realizado la notificación personal por medios electrónicos consistirá en un certificado emitido por el funcionario a cargo de realizarla, que se anexará al expediente físico o electrónico, según corresponda y contemplará:

  1. El hecho de haberse enviado la notificación al correo electrónico proporcionado por el administrado para tales fines;
  2. El registro del sistema del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, o correo electrónico creado para estos fines, del que se desprenda que el correo electrónico enviado no fue rechazado;
  3. La fecha y hora de envío de la notificación;
  4. El contenido íntegro de la comunicación; y,
  5. La identificación fidedigna del remitente y el destinatario.

El registro del sistema y el contenido íntegro de la comunicación podrán ser reemplazados por una copia física o digital. En cualquiera de los casos, constituirán prueba suficiente del envío y recepción de la notificación.

Art. 17- Formas de notificación.- Las actuaciones administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, se notificarán por cualquier medio físico o digital que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido. Se practicará personalmente, por boletas, o a través de uno de los medios de comunicación.

Se observará lo dispuesto en el régimen general previsto en el Libro II, Capítulo IV del Código Orgánico Administrativo.

Art. 18.- Primera actuación.- Cualquier acto administrativo inicial que sea emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, en ejercicio de sus competencias, constituye una primera actuación. Así, la notificación del inicio de un proceso de coactivas, constituyen la primera actuación de todas las etapas y procedimientos que puedan devenir de aquella en el orden administrativo.

Art. 19.- Información inicial.- En la-primera, actuación:

1. Se informará el correo electrónico que será utilizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, para el envío de notificaciones, a fin de que el administrado, bajo su exclusiva responsabilidad, se cerciore de que su sistema tenga habilitada la recepción de correos desde tal dirección de correo electrónico y no sea enviado a la bandeja de correos no deseados o su recepción esté impedida por algún antivirus u otro programa semejante;

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2. Se requerirá señalar un correo electrónico para recibir notificaciones, advirtiendo al administrado la obligación de comunicar inmediatamente cualquier cambio al respecto. La comunicación de dicho cambio surtirá efecto desde el día siguiente al día de haberla puesto en conocimiento del órgano institucional a cuyo cargo se encuentre el respectivo proceso administrativo; y,

El administrado tendrá la responsabilidad de que su sistema disponga de una capacidad no menor a veinticinco (25) megabytes para la recepción de las notificaciones que puedan ser remitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja.

Art. 20.- Correos electrónicos.- El administrado podrá señalar más de un correo electrónico para recibir notificaciones, como el de su abogado patrocinador u otras cuentas personales de correo. En estos casos, la notificación se realizará a todas las direcciones de correo electrónico señaladas por el administrado, sin perjuicio de la previa designación de una casilla judicial o de que el acto administrativo de que se trate se haya puesto a disposición en la oficina sede en la que se esté tramitando su proceso.

SECCIÓN TERCERA FACILIDADES DE PAGO

Art. 21.- Facilidades de pago.- A partir de la notificación con el requerimiento de pago voluntario, la o el deudor podrá solicitar la concesión de facilidades de pago hasta antes del inicio de la etapa de remate. Para estos efectos, la liquidación correspondiente incluirá los gastos en los que haya incurrido el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja hasta la fecha de la petición.

Presentada la solicitud de facilidades de pago no se podrá iniciar con la ejecución coactiva o ésta se suspenderá hasta que se emita la resolución que admita o rechace dicha petición, resolución que estará a cargo del Alcalde como Autoridad Nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja.

Art. 22.- Requisitos de la solicitud.- Sin perjuicio del resto de requisitos establecidos en el Código Orgánico Administrativo para la solicitud de facilidades de pago, la petición contendrá necesariamente:

  1. Indicación clara y precisa de la obligación respecto de la cual se solicita facilidades para el pago;
  2. Oferta de pago al contado de una cantidad no menor al 20% de la obligación;
  3. La forma y plazo en que se pagará el saldo; e
  4. Indicación de la garantía por la diferencia no pagada de la obligación.

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Art. 23- Restricciones para la concesión.- No es posible otorgar facilidades de pago cuando:

  1. La garantía de pago por el saldo no sea suficiente o adecuada, en obligaciones cuyo capital supere los cincuenta (50) salarios básicos unificados;
  2. La o el garante o fiador no sea idóneo, en obligaciones cuyo capital sea igual o inferior a cincuenta (50) salarios básicos unificados;
  3. El monto de la cuota periódica ofertada a pagar por la o el deudor supere el 50% de sus ingresos durante el mismo período, en obligaciones cuyo capital sea igual o menor a cincuenta (50) salarios básicos unificados;
  4. La obligación ya ha sido objeto de concesión de facilidades de pago, siempre que la solicitud sea formulada por la o el mismo deudor que la presentó inicialmente, en lo que respecta a los títulos de créditos que contemplen responsabilidades subsidiarias y solidarias;
  5. Con la solicitud de facilidades de pago se pretenda alterar le prelación de créditos del régimen común; y,
  6. La información disponible y/o los antecedentes crediticios de la o el deudor incrementen el riesgo de no recuperar lo adeudado.

Art. 24.- Tipos de garantías.- Se podrán aceptar las siguientes garantías, con el fin de asegurar el pago de la obligación:

  1. Garantías personales, cuando se trate de obligaciones que no superen los CINCO (5) salarios básicos unificados, o la unidad salarial que haga sus veces;
  2. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecida en el país, o por intermedio de ésta;
  3. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país;
  4. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; y,
  5. Certificados de depósito a plazo emitidos por una institución financiera establecida en el país, endosados por el valor en garantía y a la orden de la entidad acreedora, cuyo plazo de vigencia sea mayor al tiempo establecido en la resolución de facilidades de pago.

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Art. 25.- Plazo para las facilidades de pago.- El plazo para cancelar el saldo de la obligación será de hasta 24 meses y se determinará considerando lo que establece el Art. 277 del Código Orgánico Administrativo.- Plazos en las facilidades de pago. El órgano competente, al aceptar la petición que cumpla los requisitos determinados en los artículos precedentes, dispondrá que la o el interesado pague en diez días la cantidad ofrecida al contado y rinda la garantía por la diferencia. El pago de la diferencia se puede efectuar en cuotas periódicas que cubran el capital, intereses y multas, según corresponda, en plazos que no excedan de veinte y cuatro meses contados desde la fecha de notificación de la resolución con la que se concede las facilidades de pago, salvo que haya previsto un régimen distinto en la ley. Al órgano concedente le corresponde determinar, dentro del plazo máximo previsto en el párrafo precedente y en atención al contenido de la petición, aquel que se concede a la o al deudor.

Para casos especiales como el no tener la capacidad de pago justificada para cancelar la deuda en menos de dos años y previo informe del director financiero, el Alcalde, podrá conceder para el pago de esa diferencia plazos hasta de cuatro años, siempre que se ofrezca cancelar en dividendos mensuales, trimestrales o semestrales, la cuota de amortización gradual que comprendan tanto la obligación principal como intereses y multas a que hubiere lugar, de acuerdo a la tabla que al efecto se elabore; que no se desatienda el pago de los tributos del mismo tipo que se causen posteriormente; y, que se constituya garantía suficiente que respalde el pago del saldo.

Art. 26- Aceptación o rechazo de la solicitud de facilidades de pago.- Una vez presentada la solicitud de facilidades de pago se verificará que cumpla con todos los requisitos legales y que no incurra en ninguna de las restricciones.

Si la petición es rechazada o si el deudor infringe de cualquier modo los términos, condiciones, plazos; o, en general, disposiciones previstas en la resolución que concede facilidades de pago, el órgano ejecutor iniciará o continuará con el procedimiento de ejecución coactiva, según corresponda; y, adoptará las medidas cautelares que se estimen necesarias. En cualquiera de los casos, se notificará al solicitante con la resolución adoptada.

La resolución mediante la cual se conceda o niegue la solicitud de facilidades de pago, será notificada dentro del término de veinte (20) días, contados a partir de la presentación de la solicitud.

Al concederse las facilidades de pago, el órgano competente podrá suspender las medidas cautelares adoptadas, siempre y cuando ello permita el cumplimiento de la obligación.

CAPÍTULO III

FASE DE EJECUCIÓN COACTIVA

Art. 27.- Titular de la acción coactiva.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja es titular de la potestad de ejecución coactiva. El procedimiento coactivo será ejercido por el órgano ejecutor; designado por la Autoridad Nominadora del GAD-Loja.

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Art. 28.- Atribuciones del titular de la potestad de ejecución de coactivas.- Son atribuciones del titular de la potestad de ejecución de coactivas, las siguientes:

  1. Ejercer a nombre el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja la jurisdicción coactiva;
  2. Evaluar y presentar a la Autoridad Nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja los resultados de la ejecución coactiva;
  1. Determinar la necesidad de contratar abogados externos y/o consorcios jurídicos a nivel nacional para el ejercicio de la acción coactiva y remitir la propuesta para conocimiento y autorización de la máxima autoridad o su delegado;
  2. Generar las especificaciones técnicas para la contratación de abogados externos y/o consorcios jurídicos;
  3. Administrar la contratación de abogados externos y/o consorcios jurídicos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y la normativa interna aplicable;
  4. Designar administradores de contrato dentro de su unidad administrativa, por cada contrato celebrado con abogados externos y/o consorcios jurídicos; y,
  5. Las demás que le faculte la Ley.

Art. 29.- Secretario de Recaudación y Coactivas.- En el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, las funciones correspondientes al Secretario de Recaudación y Coactivas se desempeñarán de conformidad con lo prescrito en las disposiciones aplicables de la normativa interna vigente.

El Alcalde del GAD Municipal de Loja podrá designar como Secretario de Recaudación y Coactivas a servidores que pertenezcan al área jurídica o financiera.

Art. 30.- Gestores que intervienen en el proceso coactivo.- Para la ejecución de las gestiones inherentes al ejercicio de la potestad coactiva, El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, podrá contar con la participación de recaudadores, abogados externos y/o consorcios jurídicos. El titular de la potestad de ejecución de coactivas, será el responsable de distribuir y asignar las actividades materiales de cobro y recaudación tanto entre sus servidores, como entre los recaudadores externos. En todos los casos, durante el proceso de ejecución coactiva intervendrán los siguientes gestores:

Recaudador.- Una vez recibido el instrumento que contenga la orden de cobro, el titular de la potestad de ejecución de coactivas, dispondrá la ejecución de las gestiones inherentes tanto a la recaudación previa, como al inicio del procedimiento coactivo, según corresponda, para lo cual se asignará bien a uno de los servidores de dichas unidades, o a un abogado recaudador externo y/o consorcio jurídico. Serán

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funciones de los abogados recaudadores, de conformidad con las estipulaciones contractuales, entre otras:

  1. Notificar y citar con los títulos de créditos de crédito y las órdenes de cobro, respectivamente;
  2. Custodiar el archivo y mantener un registro actualizado de los expedientes de los procesos coactivos asignados a su cargo, debidamente foliados y numerados;
  1. Emitir certificaciones y conferir copias certificadas de los documentos que reposen en los expedientes;
  2. Dar fe de los actos y diligencias ejecutadas durante la tramitación de los procesos coactivos;
  3. Informar periódicamente al órgano ejecutor respecto a las diligencias realizadas a través del sistema institucional dispuesto para tal efecto;
  4. Notificar a los involucrados con las providencias que se emitan dentro de los procesos coactivos;
  5. Verificar y recabar la constancia del depósito o la transferencia de los valores correspondientes a las posturas en las diligencias de remate efectuadas en los procesos coactivos;
  6. Custodiar y mantener actualizado el archivo de las actas de embargos; y,
  7. Las demás diligencias que sean necesarias practicar dentro de los procesos coactivos y que le sean encargadas por el órgano ejecutor.

Servidor encargado de la ejecución de la orden de embargo.- La autoridad nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, designará al responsable de llevar a cabo el embargo o secuestro de bienes ordenados en la ejecución de la coactiva, quien tendrá la obligación de suscribir el acta respectiva, conjuntamente con el depositario, en la que constarán el detalle y las características de los bienes embargados o secuestrados.

Deberá rendir caución de la clase y por el monto establecido en el Reglamento Sustitutivo para Registro y Control de las Cauciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en función de la cuantía del título de crédito.

Los servidores públicos encargados de la ejecución de la orden de embargo no podrán actuar en causas en las que tuvieren interés directo, o su cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Depositario.- Los depositarios serán designados por la autoridad nominadora del

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Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja. Serán civil y penalmente responsables de la custodia de los bienes embargados o secuestrados.

El designado asumirá las obligaciones previstas en la normativa vigente y aplicable para los depositarios que intervengan en procedimientos de ejecución coactiva. En este contexto, para llevar a cabo sus funciones deberá observar y cumplir con lo siguiente:

  1. Recibir mediante acta debidamente suscrita los bienes embargados o secuestrados;
  2. Transportar con los debidos cuidados y las medidas correspondientes, los bienes del lugar del embargo o secuestro al respectivo depósito de ser el caso;
  3. Mantener un lugar de depósito adecuado para el debido cuidado y la conservación de los bienes embargados o secuestrados;
  4. Custodiar los bienes con absoluta diligencia, debiendo responder incluso por culpas leves en su administración;
  5. Informar de inmediato sobre cualquier novedad que se detecte durante la custodia de los bienes;

6. Suscribir la correspondiente acta de entrega de los bienes custodiados conjuntamente con el adjudicatario del remate o el coactivado, según el caso;

  1. Contratar una póliza de seguro cuyos valores serán cargados a la cuenta del administrado; y,
  2. Cumplir con las demás disposiciones previstas en la normativa vigente y aplicable para estos fines.

Los depositarios no podrán actuar en casos en los que tuvieren interés directo, o su cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Peritos.- Serán los técnicos o profesionales, internos o externos, que cuenten con la debida acreditación otorgada por el Consejo de la Judicatura y que, en razón de su pericia específica y su conocimiento científico, técnico, práctico y profesional, informen al recaudador sobre alguna circunstancia o hecho relevante relacionado con la materia del procedimiento coactivo.

El recaudador determinará el lugar, fecha, día y hora para que, con juramento, se posesionen los peritos y concederá un plazo no mayor a cinco (05) días para la presentación de sus informes, que podrá ser prorrogado por una sola vez a petición del perito, salvo casos especiales debidamente motivados.

Exceptuando el caso de los servidores públicos, los peritos tendrán derecho al pago de un honorario fijado por el órgano ejecutor, cuyo valor integrará las costas a cargo del coactivado.

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Art. 31.- Subrogación.- En caso de ausencia temporal o definitiva de uno o más recaudadores se observarán las siguientes reglas:

  1. En las oficinas en las que exista más de un abogado recaudador, se distribuirán los procesos entre los demás abogados recaudadores, hasta la reincorporación o designación del abogado recaudador ausente, según sea el caso;
  2. Alternativamente y de ser necesario, se designará al o a los servidores públicos profesionales del derecho que hayan de reemplazarlos temporal o definitivamente;
  3. El superior jerárquico podrá asumir la sustanciación y trámite de los procesos hasta la referida designación, o hasta la reincorporación de los abogados recaudadores ausentes; y,
  4. En las oficinas en las que exista un solo abogado recaudador se designará al servidor público profesional del derecho que haya de reemplazarlo, temporal o definitivamente.

En caso de no existir reemplazo para el o los abogados recaudadores ausentes, el superior jerárquico asumirá la sustanciación y trámite del o los respectivos procesos, hasta la designación o reincorporación correspondiente.

Art. 32.- Excusa o impedimento.- Cuando un recaudador se excuse o esté impedido de tramitar uno o más procesos coactivos, se observarán las siguientes reglas:

  1. En caso de que exista más de un recaudador, se distribuirán los procesos entre los demás recaudadores;
  2. De ser necesario, el superior jerárquico asumirá la sustanciación y trámite del o los respectivos procesos; y,
  3. En caso de que exista un solo recaudador, el superior jerárquico asumirá la sustanciación y trámite del o los respectivos procesos.

Art. 33.- Medidas cautelares.- Son aquellas que se adoptarán proporcional y oportunamente, con el fin de satisfacer la obligación contenida en el título de crédito y fundada en la orden de cobro. El órgano ejecutor podrá disponer en la misma orden de pago o posteriormente, el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes, así como solicitar la prohibición de ausentarse del país.

Para estos efectos, el órgano ejecutor no precisará de ningún trámite previo y adoptará el criterio general y prevaleciente de la menor afectación a los derechos de las personas.

El coactivado podrá solicitar que cesen las medidas cautelares presentando, a satisfacción del órgano ejecutor, una póliza o garantía bancaria, incondicional y de

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cobro inmediato, por el valor total del capital, los intereses devengados y aquellos que se generen en el siguiente año, así como las costas del procedimiento.

Art. 34.- Extinción de la obligación.- Una vez efectuado el pago total de la obligación de conformidad con lo previsto en esta Ordenanza, el órgano ejecutor dispondrá la extinción de la obligación, la baja del título de crédito y el archivo del proceso de ejecución.

Art. 35.- Insolvencia o quiebra.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, promoverá la declaración de insolvencia o quiebra del deudor, con todos los efectos previstos en la ley, en caso de que no se verifique el pago ni la dimisión de bienes y no existan bienes susceptibles de embargo, o el producto de su remate no permita solucionar íntegramente la deuda. La insolvencia puede ser fortuita, culpable o fraudulenta.

CAPÍTULO IV

ABOGADOS RECAUDADORES EXTERNOS

Art. 36.- Proceso de selección, designación y contratación de abogados externos.- El servidor/a responsable de la Jefatura de Coactivas remitirá al Alcalde el Informe de necesidad institucional de contratación por servicios profesionales de Abogados externos para la gestión coactiva. El Alcalde, conformará una Comisión Técnica de Evaluación y Selección integrada por los Departamentos de Talento Humano, Administrativo, Financiero y Procuraduría Sindica; se regirán por el «Instructivo de Procedimiento de Selección y Contratación de Profesionales Externos para la gestión coactiva del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja» creado para el efecto, donde constan los parámetros de selección y calificación de los postulantes; todo, en el marco de las disposiciones legales vigentes.

Mediante resolución, la máxima autoridad aprobará el inicio del proceso de contratación y la publicación de la convocatoria en la página web institucional, que podrá efectuarse paralelamente en medios de comunicación masiva.

Requisitos generales exigibles para la contratación de Abogados externos:

a. Cédula de ciudadanía o identidad.

b. Certificado de votación del último proceso electoral, en caso de estar obligado a sufragar

c. Tener título de abogado o doctor en jurisprudencia, debidamente registrado en el SENESCYT.

d. Registro Único de Contribuyentes. En el caso de abogados secretarios, relativo a actividades jurídicas.

e. Hoja de vida que acredite experiencia profesional de un mínimo de tres (3) años. Se deberá justificar la experiencia general y especifica.

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f. Credencial del Colegio de Abogados o Foro del Consejo de la Judicatura.

g. Declaración juramentada de no haber sido sentenciado como autor cómplice o encubridor de un delito de cohecho, malversación de fondos, peculado o enriquecimiento ilícito.

Los abogados externos podrán presentarse como personas naturales o jurídicas. Para el caso de los estudios jurídicos |a declaración juramentada deberá ser presentada por el profesional designado como responsable del equipo; incluirá, además, el Certificado de cumplimiento tributario en línea emitido por el SRI.

Los participantes que cumplieren con los requisitos y aprobaren todas las etapas del proceso de contratación, serán preseleccionados según el puntaje alcanzado. De acuerdo con la necesidad institucional se convocará a los oferentes mejor puntuados para la suscripción de los contratos correspondientes, en los que se detallarán y desarrollarán las funciones y responsabilidades específicas que se les asignen.

Art. 37.- Distribución y asignación de título de créditos.- La Dirección Financiera se reservará la potestad de determinar y evaluar cuáles procedimientos coactivos serán asignados a los recaudadores; y, cuáles serán asignados a los abogados externos y/o consorcios jurídicos distribuyéndolos, en este último caso, proporcional y equitativamente en razón de la cantidad y el valor de los títulos de créditos, así como de criterios que tomen en cuenta la eficiencia y eficacia de su gestión.

Para estos efectos, se elaborarán actas de entrega recepción de los expedientes de recaudación, a ser asignados a los abogados externos, en las que se detallará de forma específica cada uno de los documentos, debidamente foliados, que los componen.

Art. 38.- Cálculo y cancelación de honorarios de abogados externos.- Los honorarios de abogados externos y/o consorcios jurídicos serán cancelados contra el cobro efectivo de los valores recaudados, con cargo a la cuenta del coactivado.

Art. 39.- Tabla de porcentajes y honorarios de abogados externos.- La cancelación de honorarios de los abogados externos se realizará de acuerdo a la siguiente tabla:

VALOR DE LA DEUDA

PORCENTAJE FIJO

0 – 1.000

15%

1.001 – 10.000

10%

10.001 – 50.000

7%

50.001 – 100.000

5%

100.001 – 500.000

3%

500.001 -1.000.000

2%

+ de -1.000.001

1%

Art. 40.- Obligación de reporte.- Los recaudadores y abogados externos tienen la obligación de comunicar detallada y periódicamente, de forma mensual y cada vez que

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el órgano ejecutor lo requiera, sobre las acciones ejecutadas y el estado de los procesos coactivos a ellos asignados

Art. 41- Confidencialidad de la información.- Los abogados externos tienen la obligación permanente de mantener una rigurosa reserva en la gestión y una estricta custodia de la documentación e información suministradas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja lo cual incluye asegurar su utilización exclusiva para los fines autorizados y no transferirla a terceros. Esta obligación se extiende a todos sus empleados, dependientes, asociados y demás personas con quienes lleven a cabo las gestiones que les sean delegadas.

La violación de esta obligación es una causal de terminación del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivar.

CAPÍTULO V

EMBARGO Y REMATE

SECCIÓN PRIMERA

EMBARGO

Art. 42- Reglas generales del embargo.- Si no se paga la deuda ni se dimiten bienes dentro del término previsto en la orden de pago inmediato, si la dimisión efectuada es maliciosa o manifiestamente inútil para alcanzar el remate, si los bienes dimitidos están situados fuera del país o son de difícil acceso; o, si éstos no alcanzan a cubrir la obligación, el órgano ejecutor ordenará el embargo de los bienes que estime suficientes para satisfacerla.

Para estos efectos se observará lo establecido en las normas contenidas en el Libro Tercero, Título de crédito II, Capítulo Tercero, Sección Segunda del Código Orgánico Administrativo.

Art. 43.- Límites del embargo.- No podrán ser objeto de embargo los bienes que se detallan a continuación:

  1. Los sueldos de servidores públicos y las remuneraciones de los trabajadores; de igual modo, los montepíos, las pensiones remuneratorias que deba el Estado y a las pensiones alimenticias forzosas;
  2. Los bienes muebles de uso indispensable del coactivado y su familia excepto los que, a juicio del órgano ejecutor, se reputen suntuarios;
  3. El patrimonio familiar;
  4. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación;
  5. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada

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judicialmente. En este caso, podrán embargarse únicamente por el valor adicional que adquieran posteriormente;

6. La propiedad de los objetos que el coactivado posee fiduciariamente;

7. Los libros, máquinas, equipos, instrumentos, útiles y más bienes muebles indispensables para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del coactivado, sin limitación;

8. Los uniformes y equipos de policías y militares, según su arma y grado;

9. Las máquinas, enseres y semovientes propios de las actividades industriales, comerciales o agrícolas, cuando el embargo parcial traiga como consecuencia la paralización de la actividad o negocio; pero, en tal caso, podrán embargarse junto con la empresa misma, de la forma prevista en el Art. 168 del Código Tributario; y,

10. Los demás bienes que las leyes especiales y normativa aplicable declaren inembargables.

SECCIÓN SEGUNDA REMATE

Art. 44.- Reglas generales para el remate.- Se aplicará el remate ordinario a todo bien para el que no se haya previsto un procedimiento específico. La venta directa procederá cuando los bienes sean semovientes y el costo de su mantenimiento resulte oneroso, sean fungibles o de fácil descomposición, tengan fecha de expiración; y, en cualquier tipo de bienes, cuando tras el remate no se haya llegado a la realización del bien.

La práctica del avalúo, la recepción y calificación de posturas, el trámite y gestión del remate o la venta directa; y, la respectiva adjudicación, se efectuará de conformidad con las normas establecidas en el Libro Tercero, Título de crédito II, Capítulo Tercero, Secciones Tercera, Cuarta y Quinta del Código Orgánico Administrativo.

Para estos efectos, el órgano ejecutor observará también y subsidiariamente, las disposiciones contenidas en el Código Orgánico General de Procesos y en el Código Tributario.

Art. 45.- Recepción de posturas.- El aviso de remate se publicará en la Página WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja con- un término de por lo menos veinte (20) días de anticipación a la fecha del remate.

Los postores entregarán mediante depósito bancario o transferencia electrónica el 10% de la postura, en caso de que se proponga el pago al contado; o, el 15%, en caso de que se proponga el pago a plazos.

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En el remate de bienes inmuebles se admitirán posturas en las que para el pago se propongan plazos que no excedan los cinco (05) años, contados a partir de la fecha del remate. Para el remate de bienes muebles el pago se hará de contado, a menos que el órgano ejecutor y el ejecutado convengan que se efectúe a plazos.

Las posturas se recibirán desde las cero hasta las veinticuatro horas del día señalado para el remate, período que se contabilizará de conformidad con el reloj del servidor (WEB Institucional). Fenecido dicho período el sistema se cerrará automáticamente y no admitirá ninguna otra postura. En el caso de existir posturas iguales se preferirá la que haya ingresado en primer lugar, salvo que se trate de una postura del órgano ejecutor.

Los servidores y/o trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, sus empresas públicas e instituciones adscriptas; así como sus cónyuges, convivientes y parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, en ningún caso podrán participar como postores dentro del remate ni podrán adquirirlos bienes materia del mismo.

Art. 46.- Calificación de posturas.- Una vez acreditados los valores de las posturas, el titular de la potestad de ejecución de coactivas señalará día y hora para la audiencia pública, en la que podrán intervenir los postores. Se calificarán las posturas teniendo en cuenta la cantidad ofrecida, el plazo y demás condiciones, prefiriéndose las que cubran al contado el crédito, intereses y costas del órgano ejecutor.

El acto administrativo de admisión y calificación de las posturas se reducirá a escrito y se notificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la realización de la audiencia, conteniendo el examen y la descripción clara, exacta y precisa de todas las posturas que se hubieren presentado.

Art. 47.- Adjudicación.- Dentro del término de diez (10) días de notificado el acto administrativo de calificación de posturas, el postor preferente consignará la totalidad del valor ofrecido para el pago de contado; hecho lo cual, el órgano ejecutor emitirá la adjudicación que contendrá:

  1. Los nombres y apellidos completos, cédula de identidad o pasaporte, estado civil, del coactivado y del postor al que se adjudicó el bien;
  2. La individualización prolija del bien rematado con sus antecedentes de dominio y regístrales, si es del caso;
  3. El precio por el que se haya rematado;

4. La cancelación de todos los gravámenes inscritos con anterioridad a su adjudicación; y,

5. Los demás datos que el órgano ejecutor considere necesarios.

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Los gastos e impuestos que genere la transferencia de dominio se pagarán con el producto del remate.

Las costas de la ejecución coactiva que incluirán el valor de los honorarios de peritos, interventores, depositarios y abogados externos, conforme al cálculo y liquidación que para estos efectos efectúe el titular de la potestad de ejecución de coactivas, serán cargados a la cuenta del coactivado.

El titular de la potestad de ejecución de coactivas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja dispondrá que una vez notificada la adjudicación se proceda a la devolución de los valores correspondientes a las posturas no aceptadas.

Si la cosa rematada es inmueble quedará hipotecada por lo que, en caso de que se haya ofrecido el pago a plazos, se inscribirá el gravamen en el correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de propiedad. Asimismo, la prenda se conservará en poder del acreedor prendario mientras se cancela el precio del remate.

Art. 48.- Plataforma Informática para el remate.- Todas las diligencias y gestiones inherentes al procedimiento de remate de bienes dispuesto dentro de los procesos coactivos iniciados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, se ejecutarán exclusivamente a través de la Plataforma Informática implementada por el GAD – Loja para estos efectos, cuyos mecanismos de registro e ingreso de postores, publicación de avisos de remate, presentación de posturas y demás actividades correspondientes, se efectuarán observando lo establecido en el Código Orgánico Administrativo y de conformidad con lo previsto a la Normativa Legal Vigente, en lo concerniente a los requisitos para la suscripción del Acuerdo de Uso de Medios o Servicios Electrónicos, el acceso de usuarios y la utilización del sistema.

Art. 49- Diferimiento de la fecha de remate por fallas en la Plataforma Informática.- En caso de que existan inconvenientes técnicos debidamente verificados en la Plataforma Informática, tanto para el ingreso de postores como para la presentación de posturas, se diferirá por una sola vez la fecha prevista para la ejecución del remate, exclusivamente con fundamento en el informe motivado que la Jefatura de Informática o quien hiciera sus veces emita certificando el particular, siempre y cuando los inconvenientes se hayan producido durante la totalidad del período de tiempo previsto para la presentación de las posturas, contabilizado de conformidad con el reloj del servidor que aloja el aplicativo, el mismo que se reflejará en un lugar visible de la Plataforma Informática.

CAPÍTULO VI

TERCERÍAS Y EXCEPCIONES

SECCIÓN PRIMERA

TERCERÍAS

Art. 50.- Tercerías coadyuvantes.- Intervendrán como terceristas coadyuvantes los

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acreedores del coactivado, desde que se haya ordenado el embargo de bienes hasta antes de su remate, acompañando el título de crédito en el cual se funde su acreencia, con el objeto de que se satisfaga su crédito con el sobrante del producto del remate.

Art. 51- Tercerías excluyentes.- Únicamente podrá proponerse junto con la presentación del título de crédito que justifique la propiedad, o con la protesta juramentada de presentarlo posteriormente, en un término no menor de diez (10) ni mayor de (30) días desde efectuado el embargo.

La tercería excluyente deducida con el respectivo título de crédito de dominio suspende el procedimiento de ejecución coactiva hasta que el juzgador competente la resuelva, salvo que el órgano ejecutor prefiera embargar otros bienes, en cuyo caso dispondrá la cancelación del primer embargo.

SI se la deduce con protesta juramentada de presentar el título de crédito posteriormente, el procedimiento no se suspende, pero si llega a verificarse el remate, éste no surtirá efecto mientras no se tramite la tercería.

Para la gestión y demás efectos de las tercerías, se acatarán las normas contenidas en el Libro Tercero, Título de crédito II, Capítulo Cuarto, Sección Primera del Código Orgánico Administrativo. También aplicará subsidiariamente las disposiciones pertinentes del Código Tributario.

SECCIÓN SEGUNDA EXCEPCIONES

Art. 52.- Trámite de excepciones.- Se opondrán por parte del coactivado únicamente mediante la interposición oportuna de una demanda de excepciones ante el juzgador competente, dentro del término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación del requerimiento de pago voluntario.

El conocimiento por parte del titular de la potestad de ejecución de coactivas sobre la interposición de la demanda de excepciones, interrumpe el procedimiento exclusivamente en el caso de que el coactivado justifique que:

  1. La respectiva demanda ha sido efectivamente interpuesta;
  2. Las excepciones propuestas correspondan a las previstas en los artículos 328 del Código Orgánico Administrativo y 316 del Código Orgánico General de Procesos; y,
  3. Se han rendido las garantías correspondientes.

Del patrocinio y seguimiento a la sustanciación del trámite de excepciones a la coactiva se encargará el titular de la potestad de ejecución de coactivas, en defensa de los intereses institucionales.

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CAPÍTULO VII

COSTAS Y GASTOS PROCESALES

Art. 53.- Costas.- Todo procedimiento de ejecución coactiva implica la obligación del coactivado de cancelar las costas inherentes al proceso, que se generaren con motivo de las gestiones de recaudación y cobro.

Los honorarios de los agentes externos que intervinieren en las gestiones, obtención de certificaciones, pago por transporte de bienes embargados, alquiler de bodegas, compra de candados o cerraduras de seguridad, pago de publicaciones, comisiones bancarias; y, cualquier otro gasto que derive del ejercicio de la acción coactiva, constituirán costas procesales, las mismas que serán determinadas, liquidadas y canceladas conforme a lo previsto tanto en esta Ordenanza.

Art. 54.- Gastos.- Toda cantidad sufragada tanto por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja para satisfacer el crédito, constituirá parte integral de la obligación total del coactivado, a efectos de que el acreedor no reciba un valor menor al que realmente corresponda por concepto de la obligación. Los gastos serán determinados, liquidados y cancelados conforme a lo establecido en el artículo anterior, adjuntando en cada caso los justificativos correspondientes.

Art. 55.- Honorarios.- Los rubros por concepto de honorarios de abogados externos y/o consorcios jurídicos, depositarios, peritos y demás gestores que intervengan, serán legal y debidamente justificados bajo la responsabilidad el titular de la potestad de ejecución de coactivas, según corresponda, teniendo que ser revisados y aprobados por el titular de la potestad de ejecución de coactivas en todos los casos; y, se adicionarán a la liquidación de costas y gastos procesales que se cargará a la cuenta del coactivado. El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja realizará el pago de honorarios previo a dictar el auto de cancelación y archivo de la causa, así como al despacho de oficios de levantamiento de medidas cautelares.

Art. 56.- Depósito de los valores recaudados.- Los valores que recaude el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, y sus empresas públicas, mediante el ejercicio de la acción coactiva, inherentes a la naturaleza propia de la obligación, serán depositados en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional asignada para estos propósitos.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El titular de la potestad de ejecución de coactivas, previo análisis y autorización del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja emitirá anualmente, hasta el 15 de diciembre, el plan y las políticas a aplicarse durante el año siguiente para el ejercicio de la potestad coactiva, que incluirán directrices para la práctica, la designación de los servidores públicos responsables de las diversas etapas del proceso coactivo, la asignación de los administradores y usuarios funcionales que coordinarán con los servidores de Unidad Administrativa de Sistemas

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Informáticos las gestiones inherentes al acceso y a la administración del Portal Informático; entre otras que correspondan.

SEGUNDA.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo; y, subsidiariamente, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

TERCERA.- Para la imposición de sanciones a los abogados/as externos que actuarán fuera de la ley, se hará un llamado de atención a los mismos por una ocasión, a la segunda se interpondrá la respectiva denuncia ante el Consejo de la Judicatura acompañando las copias certificadas que justifiquen la indebida conducta profesional, dentro de los cinco días posteriores al último acto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los procedimientos que se encontraban en trámite a la fecha de entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme a la normativa vigente al momento de su inicio. Las peticiones, los reclamos y los recursos interpuestos hasta antes de la implementación del Código Orgánico Administrativo, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación.

SEGUNDA.- En el término de 30 días el departamento de Talento Humano elaborará el «Instructivo de Procedimiento de Selección y Contratación de Profesionales Externos para la gestión coactiva del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja», no se podrá contratar abogados externos, sin la vigencia de este instructivo; además, el tesorera/o del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja emitirá el Reglamento para la ejecutabilidad de la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese expresamente «ORDENANZA No. 12-2013 QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA»; constante en la Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja Edición 2015,

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y Gaceta Oficial de la institución.

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Dada y suscrita en el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil

RAZÓN.- Abg. Ernesto Airear Sarmiento, Secretario General del Concejo Municipal de Loja, CERTIFICA: que la ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria del dieciséis de octubre del dos mil diecinueve y sesión ordinaria del veintiuno de enero del dos mil veinte, siendo aprobado su texto en la última fecha; el mismo que es enviado al señor Alcalde Ing. Jorge Bailón Abad, en tres ejemplares para la sanción u observación correspondiente de conformidad a lo establecido en el Articulo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- Loja, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte.

ING. JORGE BAILÓN ABAD, ALCALDE DEL CANTÓN LOJA.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por haberse cumplido el procedimiento establecido en el antes referido Código Orgánico, SANCIONO, expresamente la ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA; y, dispongo su promulgación para conocimiento del vecindario lojano.- Loja, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte.

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Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del cantón Loja, ordenándose la ejecución y publicación en el Registro Oficial de la ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA.- Loja, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte.- LO CERTIFICO.

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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALORA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la-sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay.

Que, el artículo 31 del mismo cuerpo constitucional reconoce el derecho de las personas para disfrutar de la ciudad y sus espacios públicos, bajo principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural.

Que, el artículo 32 de la Norma Suprema, proclama que la salud, es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho a los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

Que, el numeral 5 del artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado adoptará medidas de prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para, la, salud. y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República establece que los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo 260 de la Constitución de la República establece que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la gestión en la- prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;

Que, el numeral 2 del Art. 264 de la Constitución.- Establece que los gobiernos municipales ejercerán el control sobre el uso y ocupación de los suelos en el cantón;

Que, el artículo 277 de la Constitución de la República señala como deber de los Estados, para consecución del buen vivir, entre otros, el de «Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento»;

Que, de conformidad con el artículo 364 de la Constitución de la República, establece que: «Las adicciones son un problema de salud pública, Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales».

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en sus artículos 5 y 6 consagran la autonomía de las municipalidades;

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Que, el artículo 58 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) otorga la atribución a los concejales de presentar proyectos de ordenanzas;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República consagra- el principio de autonomía-municipal en concordancia con el Art. 5 incisos 1, 3 y 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD);

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización, dice; «Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación, fiscalización y ejecutiva, previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden;

Que, la. Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno socio económico de las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización tiene como objeto la prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas; el control y regulación de sustancias catalogadas sujetas a. fiscalización y medicamentos que las contengan; así como el establecimiento de un marco jurídico e institucional suficiente y eficaz.

Que, el artículo 5 de la Ley antes nombrado indica que el Estado garantizará, entre otros, el ejercicio del siguiente derecho:

«a.- Derechos humanos.- El ser humano como eje central de la intervención del Estado, instituciones y personas involucradas, respecto del fenómeno socioeconómico de las drogas, respetando su dignidad, autonomía e integridad, cuidando que dicha intervención no interfiera, limite o viole el ejercicio de sus derechos».

Que, el inciso segundo del artículo 7 de la indicada Ley establece que los gobiernos autónomos descentralizados, implementarán planes y programas destinados a. la prevención integral, con especial atención a los grupos de atención prioritaria.

Que, el Código de la Niñez y la. Adolescencia en su artículo 78 numeral 1 garantizan el derecho de la salud de los niños, niñas y adolescentes y su protección frente al uso indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Que, el artículo 54, literal m, del Código Orgánico de Organización Territorial, indica. que una de las funciones que tiene el gobierno autónomo descentralizado «m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal»;y, que de acuerdo al artículo 55 del mismo cuerpo legal es su competencia exclusiva entre otros, «b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón».

Que de conformidad con el artículo 13, inciso segundo del Reglamento General a la- Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría

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Técnica de Drogas, podrán desarrollar programas y actividades orientadas a la prevención del uso y consumo de drogas, reducción de riesgos y daños e inclusión social;

Que, en el Art. 11 literal b) de la Ley de Seguridad Pública y del Estada señala que la Policía Nacional desarrollará sus tareas de forma desconcentrada a nivel local y regional, en estrecho apoyo y colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados.

Que, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas expidió la resolución 001 CONSEP-CD-2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 19 de 20 de junio de 2013 y que trata sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal, así como la propuesta de cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal;

Que, el artículo 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, encargados del juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por cada nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia administrativa y que los gobiernos autónomos descentralizados tienen plena competencia para establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para su juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y respetando las garantías del debido proceso contempladas en la. Constitución de la República;

Que, la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público son generadores de conflictos sociales e incremento de la violencia, produciendo altos índices en el cometimiento de contravenciones y delitos;

Que, se hace necesario regular este problema ciudadano de manera integral, responsable y acorde con los parámetros establecidos en la Constitución, con la finalidad de que se respeten y protejan los derechos constitucionales de las ciudadanas y los ciudadanos alcanzando de tal forma el sumak kawsay.

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en los artículos 240, numerales 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución de la República, y en los artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo Cantonal,

Expide:

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN PALORA, FRENTE AL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Artículo 1.- Objeto: Regular el uso del espacio público en el cantón Palora, para efectos del uso y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, precautelando una sana, convivencia de la ciudadanía en relación a la facultad que otorga el Art. 228 del COIP

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para la tenencia, o posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y además en lo que se refiere a la. compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Esta ordenanza establece la regulación, las sanciones administrativas y el procedimiento correspondiente, aplicable a las personas naturales que usen o consuman bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y, a las personas naturales y jurídicas que estén inmersos en la venta y entrega gratuita de bebidas alcohólicas en los espacias públicos del cantón Palora.

Artículo 3.- De los espacios públicos.- Para efectos de la presente ordenanza se considera como espacios públicos:

  1. Las calles, avenidas, puentes, pasajes, portales y demás vías de comunicación y circulación;
  2. Las plazas, parques, cementerios y demás espacios destinados a la recreación, ornato público y promoción turística;
  3. Las aceras que formen parte integrante de las calles, plazas y demás elementos y superficies de acceso a las vías de comunicación;
  4. Casas comunales, canchas, mercados, conchas acústicas, escenarios deportivos, instituciones educativas y cementerios;
  5. Márgenes del río, malecones y quebradas ubicadas en el sector urbano, áreas de expansión urbana y del sector rural.
  6. Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplan una función semejante a los citados en los literales precedentes.

CAPÍTULO I

REGULACIÓN DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO

Artículo 4.- Prohibición para el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.- Se prohíbe el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los espacios públicos, determinados en la presente ordenanza; así como también a los ocupantes de vehículos motorizados y no motorizados que se encuentren estacionados en el espacio público.

La prohibición establecida en el inciso anterior se refiere a aquellas sustancias que se determinan en el Art. 6 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, exclusivamente las que están determinadas en su anexo, además para ello se tendrá en cuenta las sustancias y cantidades que hayan sido consideradas para uso y consumo personal que se establece en el tercer párrafo del numeral 2 del Art. 220 del COIP.

Artículo 5.- Intoxicación.- La o las personas que se encuentren en los espacios públicos descritos anteriormente con síntomas de intoxicación por sustancias estupefacientes o psicotrópicas, deberán ser puesto a orden de la Policía Nacional y ser derivadas a los servicios de asistencia médica o emergencias que correspondan, a fin de que reciba el tratamiento especializado correspondiente según el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

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Artículo 6.- Infracciones.- Constituye infracción administrativa el uso indebido del espacio público para consumir sustancias estupefacientes y psicotrópicas en cualquiera de los espacios públicos descritos en el artículo 3 de la presente ordenanza, incluso en las instalaciones e inmediaciones de instituciones públicas.

Artículo 7.- Prohibición para la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas.- Expresamente se prohíbe la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos determinados en la presente ordenanza, esta prohibición incluye o los ocupantes de los vehículos motorizados y no motorizados que se encuentren estacionados en el espacio público. Así también está terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en eventos públicos descritos en el Art. 8 de la presente Ordenanza, sin la respectiva autorización por parte de la Comisaría Municipal.

Artículo 8.- De las fiestas tradicionales o eventos públicos.- En las fiestas de celebración por el aniversario de cantonización de Palora; en las fiestas de parroquialización o de carácter patronal en la zona rural, así como otras programadas por los GAD Cantonal, Rural, Comunidades, Barrios y Sectores, se podrá otorgar autorización para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, previo la presentación de los siguientes requisitos:

  1. Presentar la solicitud para la autorización, adjuntando el formulario correspondiente en la cual se determinará con precisión los datos del evento, el responsable de la organización del mismo y toda la información requerida por la Comisaría- Municipal y la Unidad de Gestión de Riesgos.
  2. En el caso de un evento o fiesta tradicional del sector rural, se deberá presentar la certificación del GAD Parroquial en donde se determine que el evento es parte de la- tradición y cultura de ese territorio.
  3. Plan de Contingencia para el evento aprobado por la entidad que le corresponda de acuerdo al aforo programado por el responsable u organizador del evento.
  4. Acta de compromiso de limpieza legalmente constituida y legalizada en la Comisaría Municipal, que asegure la recolección de los desechos sólidos y líquidos producidos durante el evento en el espacio público utilizado para el expendio o venta de bebidas alcohólicas, y el depósito de una garantía, económica a establecerse en esta, misma normativa;
  5. De existir publicidad para el evento, se deberá incluir en la misma, mensajes que promuevan el respeto al espacio público; y advertencias sobre las consecuencias del excesivo consumo de bebidas alcohólicas.
  6. Los demás requisitos que determine la- legislación municipal vigente, así como la normativa de mayor jerarquía establecido- en el país para la realización de eventos públicos.

Art. 9.- Para eventos públicos masivos que organice el GAD Municipal de Palora, el interesado en vender bebidas alcohólicas en espacios públicos deberá presentar los siguientes requisitos:

a) Solicitud para la autorización, adjuntando el formulario correspondiente en la cual se determinará con precisión los datos del evento, el responsable del local y

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toda la información requerida por la Comisaría Municipal y la Unidad, de Gestión de Riesgos.

  1. Copia de la cédula de identidad y certificado de votación a color.
  2. Copia del pago por utilización de vía pública emitido por la Comisaría Municipal.
  3. Acta de compromiso de limpieza legalmente constituida y legalizada en la Comisaría Municipal, que asegure la recolección de los desechos sólidos y líquidos producidos durante el evento en el espacio público utilizado para el expendio o venta y el depósito de una garantía económica a establecerse en esta misma normativa.

Art. 10.- Con el objeto de garantizar que los espacios públicos que fueron utilizados para la venta, y consumo de bebidas alcohólicas en eventos autorizados por la Comisaría Municipal queden totalmente limpios de todo tipo de residuos inmediatamente luego del mismo y a entera satisfacción del Comisario Municipal o su delegado, el interesado u organizador del evento deberá depositar una garantía económica en la Tesorería-Municipal de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de evento

Monto de garantía

Contribuyente

01

Eventos púbicos masivos organizados por el GAD Municipal de Palora

$15.00

Cada local o puesto de venta de bebidas alcohólicas

02

Eventos púbicos masivos organizados por particulares

$50.00

Organizador del evento

Esta garantía se hará efectiva a favor del GAD Municipal de Palora, cuando el ciudadano o ciudadana que fue autorizado para vender bebidas alcohólicas en el espacio público no haya dejado expedito el lugar en donde realizó su actividad, dentro de las siguientes 6 horas una vez concluido el evento señalado en el formulario ingresado en la Comisaría Municipal. Esta garantía será utilizada para devengar el costo de limpieza que implica el adecentamiento del espacio público afectado.

Art. 11.- Con el objetivo de precautelar la seguridad e integridad de la ciudadanía, en los eventos públicos que posean legalmente el respectivo permiso o autorización de la Comisaría. Municipal para el expendio de bebidas alcohólicas, estas deberán ser servidas en vasos plásticos y por ningún motivo podrán hacerlo en envases de vidrios, latas o materiales que puedan causar daño a la integridad, de un ciudadano o a cualquiera, de sus pertenencias.

Art. 12.- Se concede acción pública para que cualquier ciudadano o ciudadana que se sienta, afectado o afectada por el consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o bebidas alcohólicas en espacios públicos que se han establecido en la presente ordenanza, pueda denunciar a la Comisaría Municipal, Comisaría Nacional o solicitar a la. fuerza, pública o mediante el ECU-911 el desalojo de consumidores y exigir su respectiva sanción.

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CAPITULO II

DE LAS SANCIONES PARA EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS

Artículo 13.- Sanción para el uso o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en espacios públicos.- El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en espacios públicos, sea este inhalado, esnifado, oral o por vía, intravenosa, será sancionado con multa del 10% del salario básico unificado del trabajador en general y la obligación de realizar una. o más de las siguientes medidas administrativas de resarcimiento:

  1. Obligación de prestar servicia comunitario relacionado con limpieza de espacias públicos, recolección de basura, mantenimiento de parques y jardines, por un total de 8 horas; en caso de incumplimiento, se emitirá un título de crédito por el valor que represente las horas de trabajo, tomando en referencia la Remuneración Básica Unificada vigente, y se hará efectivo a través de la vía coactiva
  2. Obligación de asistir a una capacitación, programa o curso educativo sobre ternas relacionados a la prevención del uso y consumo de drogas, por un total de 15 horas.

En caso de reincidencia, en la conducta de un infractor, la multa se duplicará (20%), así como las horas de servicio comunitario (16 horas).

Para efectos de seguimiento y ejecución de las medidas administrativas de resarcimiento, la Comisaría Municipal como ente sancionador coordinará y dispondrá a la dependencia municipal pertinente para que cumpla con la medida impuesta al infractor, así como con las instituciones acreditadas para brindar capacitaciones en materia de. prevención del uso y consumo de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

DE LAS SANCIONES PARA COMPRA, VENTA, ENTREGA GRATUITA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Artículo 14.- Sanción para la venta o entrega gratuita de bebidas alcohólicas en los espacios públicos.- Será sancionado con multa equivalente al 20% de una remuneración básica unificada, y el retiro del producto a la persona, natural o jurídica, que venda o entregue gratuitamente bebidas alcohólicas en los espacios públicos.

Artículo 15.- Sanción para el consumo de bebidas alcohólicas.– Será sancionado con. multa del 15% de una remuneración básica unificada la persona natural que consuma bebidas alcohólicas en espacios públicos. En el caso reincidencia, será sancionado con el 30% de una remuneración básica unificada y en el caso de adolescentes los mismos serán puestos a órdenes de la DINAPEN.

DEL COBRO DE LAS MULTAS

Artículo 16- Multas.- Las multas que por concepto de la sanción señalada en los artículos 13, 14 y 15 de esta normativa, deberán ser canceladas en la Oficina de Recaudación Municipal, previo el respectivo proceso para el cobro que realice la

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Comisaría Municipal en el plazo máximo de 30 días contados a partir de su notificación, bajo prevención de iniciar la coactiva correspondiente.

Ante la imposibilidad probada de pago de la multa, ésta será transformada, a horas de servicio comunitario que corresponderán al doble del tiempo contemplado en las sanciones contenidas en los artículos 13, 14 y 15 de la presente ordenanza. De existir reincidencia, en personas ya sancionadas por esta Ordenanza, la multa que se le imponga se irá duplicando cada, vez que sea amonestada.

CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Artículo 17.- De la competencia* – El control y juzgamiento de las infracciones previstas en esta sección, corresponde en forma privativa y exclusiva al Comisario/a Municipal y las acciones serán coordinadas cuando sea necesario con la Intendencia de Policía, Comisaría. Nacional de Policía, Policía. Nacional, DINAPEN y la Junta. Protectora de los Derechos del cantón Palora.

En el caso, que el presunto infractor sea el juzgador o que guarde parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguineidad, el proceso sancionatorio será ejecutado por el Director Administrativo o por quién la máxima autoridad designe mediante resolución administrativa, y el procedimiento a cumplirse será el mismo.

El apoyo de la Policía Nacional al cumplimiento de esta Ordenanza está fundamentado al Art. 11 literal b) de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Artículo 18.^ Del procedimiento.- El Agente de Control Municipal o el efectivo de la-Policía. Nacional que identifique a personas naturales que usen o consuman bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas en espacios públicos, solicitará, en primera, instancia se retiren del lugar, de insistir en su infracción se requerirá los documentos de identidad y procederá a llenar la boleta de sanción y reportará a la Comisaría Municipal; dicho informe servirá de base para el inicio del expediente administrativo sancionador, la misma que deberá contener de forma clara la, determinación de la infracción cometida, datos del infractor y el monto de la multa a pagar; se dispondrá de manera inmediata según sea el caso, el desalojo del infractor y/o el decomiso de las bebidas alcohólicas encontradas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. De ser el caso al mismo se podrá adjuntar fotografías, videos o cualquier otro medio material que permita constatar y probar el cometimiento de la infracción.

Una vez notificado con la boleta respectiva, el presunto infractor, tendrá un plazo de 48 horas a partir de la notificación, para presentar las pruebas de descargo respecto de la infracción imputada. Con estas pruebas de descargo el Comisario Municipal, resolverá, dentro de las 48 floras subsiguientes y le notificará con su resolución a la persona, aludida, misma que en caso de ser acusada de la infracción cometida, dispondrá del plazo de 15 días para el pago de la multa. En caso de no hacerlo la Dirección Financiera quedará facultada para el cobro por el proceso de vía coactiva.

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De existir el reconocimiento espontáneo y voluntario por parte del infractor de cumplir con la sanción impuesta por su desacato, el Comisario Municipal tendrá la facultad de reducir hasta, un 20% del valor establecido en la multa correspondiente.

CAPITULO IV

POLÍTICAS PÚBLICAS

Artículo 19.- Políticas Públicas.- Con el fin de contribuir a la transformación de los patrones sociales que originan el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, como también de todo tipo de bebidas alcohólicas, que ocasionan conductas no cívicas, de violencia y hasta delictivas, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palora, deberá implementar las siguientes políticas públicas, a través del Departamento de Inclusión Social y Economía Solidaria y el Consejo de Seguridad Ciudadana:

  1. Planificar y ejecutar programas de prevención sobre el consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes y psicotrópicas, enfocadas a toda la población de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo conforme las disposiciones constantes en la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio económico de las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
  2. Planificar y desarrollar talleres y foros para la ciudadanía sobre el respeto y recuperación de espacios públicos; capacitar a la ciudadanía, y formar instancias de participación y veedurías ciudadanas que tenga como finalidad controlar y denunciar los hábitos de los ciudadanos relativos al uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y bebidas alcohólicas en el espacio público.
  3. Coordinar acciones interinstitucionales a fin de prevenir y controlar el consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y bebidas alcohólicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y/o problemáticos de acuerdo al Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador.
  4. Promover y fomentar la. práctica deportiva, actividades culturales, ocio positivo y el fortalecimiento de los núcleos familiares en toda la jurisdicción, utilizando los espacios públicos apropiados para estos fines existentes en el territorio.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Adolescente en infracción administrativa.- Cuando la infracción sea cometida por una persona menor de dieciocho años, la multa que le sea impuesta, será responsabilidad de sus padres, tutores, curadores u otra figura de representación legal que tenga, como también la notificación de la medida o sanción administrativa, en concordancia con el Art. 66 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. De existir reincidencia en un adolescente infractor se procederá según lo señala el Art. 16 de la presente ordenanza.

SEGUNDA.- Queda prohibida la distribución y venta, de bebidas alcohólicas al por mayor en los locales y establecimientos que no hayan sido autorizados legalmente para ejercer dichas actividades y en caso de incumplimiento de esta, disposición por parte de

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personas naturales o jurídicas, se les sancionará conforme a lo previsto en los artículos 14 y 15 de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Derogatoria.- Quedan derogadas todas las ordenanzas de igual o inferior jerarquía, expedidas con anterioridad- y que traten sobre ternas de difusión y fomento del turismo y la cultura, y temas similares.

SEGUNDA.- Todo cuanto no se encuentre contemplado en la presente ordenanza, se aplicará lo dispuesto en el COOTAD y demás leyes conexas.

TERCERA.- Vigencia.- La presente, ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación en la página web del GAD Municipal de Palora y el Registro Oficial.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALORA.-CERTIFICO: Que la presente.- ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN PALORA, FRENTE AL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palora, en primer debate en la Sesión Ordinaria del 18 de octubre del 20/19, y en segundo y definitivo debate en la sesión ordinaria del 31 de enero del 2020; ordenanza que ha sido remitida al señor Alcalde del cantón Palora, para su sanción, conforme lo dispone el Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

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ALCALDÍA DEL CANTÓN PALOPA.- Por haberse observado los trámites legales, esta Alcaldía en goce de las atribuciones que le concede el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciona en todas sus partes la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN PALORA FRENTE AL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, sígase el trámite pertinente.- Promúlguese y ejecútese el treinta y uno de enero del dos mil veinte.-

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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR PROVINCIA DE MANABÍ

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social».

Que, el artículo 3, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para sus habitantes».

Que, el artículo 10, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: «Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales».

Que, el numeral 2 del artículo 11, de la Constitución de la República del Ecuador define que: «Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Que, el artículo 35, de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que: «Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Que, los artículos 36, 37 y 38, de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen y garantizan los derechos de las personas adultas mayores.

Que, el artículo 39, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país.

Que, los artículos 40, 41 y 42, de la Constitución de la República del Ecuador, enuncia el derecho de las personas a migrar, así como ordena los derechos de las personas, cualquiera sea su condición migratoria.

Que, los artículos 44,45 y 46, de la Constitución de la República del Ecuador, instala los derechos de la niñez y la adolescencia, disponiendo al Estado, la sociedad y la familia en sus diversos tipos, la promoción de su desarrollo integral de una manera prioritaria, atendiendo al principio del interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Que, los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen los derechos para las personas con discapacidad, garantizando políticas de prevención y procura la equiparación de oportunidades y su integración social.

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Que, los artículos 56, 57, 58, 59, y 60, de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen y garantizan los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio y las que forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

Que, el artículo 70, de la Constitución de la República del Ecuador, define que: «El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través de mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público».

Que, el artículo 95, de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la participación de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

Que, el artículo 340, de la Constitución de la República del Ecuador, instaura el sistema nacional de inclusión y equidad social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

Que, el artículo 341, de la Constitución de la República del Ecuador, manda que, el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su consideración etaria, de salud o de discapacidad.

Que, el artículo 3, numeral 3, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina que es necesario: «Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medidas de acción afirmativas que promuevan la participación igualitaria a favor de titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad.»

Que, el artículo 30, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, señala que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, define a los Concejos consultivos, como: «mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos Concejos. Su función es meramente consultiva».

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Que, el artículo 3, del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización, de los Principios, a) Unidad, inciso 5, dispone que: «La Igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y costumbres”.

Que, literal h del artículo 4, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tiene entre sus fines: «La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento del sistema de protección integral de sus habitantes.»

Que, literal j del artículo 54, , del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde: «Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los concejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales».

Que, el literal a del artículo 57, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina el ejercicio de la facultad normativa en la materia de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

Que, el artículo 302, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en relación con el Art. 95, de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano; y el Art. 303 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su parte pertinente establece que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos'».

Que, el artículo 598, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo cantonal para la protección de derechos manifiesta que: «Cada gobierno autónomo descentralizado, municipal organizará y financiará un Concejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos». Los Concejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones las formulaciones, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Concejos Nacionales para la Igualdad. Los Concejos de Protección de derechos coordinarán con las entidades, así como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos.

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Los Concejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la participación paritaria de representantes de la sociedad civil, especialmente de los titulares de derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad civil.

En, ejercicio de la competencia y facultad normativa que le confiere los artículos 240 y 264, numerales 2 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo previsto en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

Que, la ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANTONAL DE IGUALDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN BOLÍVAR, fue conocida, debatida y aprobada en las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal celebradas los días 10 y 17 de febrero del 2016, respectivamente, sancionada el 26 de febrero del año 2016 y publicada en la página web de la institución, www.gadbolivar.gob.ec, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.

EXPIDE:

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANTONAL DE IGUALDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN BOLÍVAR

CAPÍTULO I

DEFINICIONES, ÁMBITO, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

Art. 1.- DEFINICIÓN.- El Sistema Cantonal de Igualdad y Protección Integral de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y el

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cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo; será parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y de los sistemas especializados y se regirá por sus mismos principios y ámbitos. Se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

Forman parte del Sistema cantonal de igualdad y Protección Integral de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, además de los señalados en la presente ordenanza, todos aquellos organismos que por sus competencias, funciones o mandatos estén vinculados a servicios, garantía, protección, vigilancia y exigibilidad de derechos.

Art. 2.- ÁMBITO.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza, así como el cumplimiento de los propósitos de los organismos que conforman el Sistema cantonal de igualdad y Protección Integral de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, será dentro de la jurisdicción correspondiente al cantón; incluidas sus áreas de influencia, parroquias, barrios y comunidades urbanas y rurales.

Art. 3.- PRINCIPIOS.- Los principios que rigen al Sistema cantonal de igualdad y Protección Integral de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria, serán: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

Art. 4.- OBJETIVOS.- Los objetivos son los siguientes:

  • Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la constitución, en las leyes y en los instrumentos internacionales.
  • Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y sus sistemas especializados y la sociedad.
  • Generar espacios para la participación de los grupos de atención prioritaria y sociedad civil dentro del Sistema cantonal de igualdad y Protección Integral de los Grupos de Atención Prioritaria, conforme lo establece la ley de participación ciudadana y control social, para el cumplimiento de esta Ordenanza.

DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE IGUALDAD

Y PROTECCIÓN DE DERECHOS

CAPÍTULO II

CONCEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL

CANTÓN BOLÍVAR

Art. 5.- NATURALEZA JURÍDICA.- El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, es un organismo Colegiado del Nivel Cantonal, integrado por representantes del Estado y de la Sociedad Civil. Ejerce las atribuciones de: Formulación, Transversalización, Observancia, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Municipales, articuladas a las Políticas Públicas de los Concejos Nacionales para la Igualdad. Coordinarán con las entidades, así como

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con las redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos y será el ente coordinador del Sistema cantonal Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria. El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, constará en el Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, y Dependerá Financiera y Administrativamente de este.

Art. 6.- DE LA ESTRUCTURA.- Son parte de la estructura del Concejo Cantonal para la Protección de Derechos:

  1. El Pleno del Concejo Cantonal para la Protección de Derechos,
  2. La Presidencia,
  3. Las Comisiones,
  4. La Secretaría Ejecutiva,

Art. 7.- DEL PLENO DEL CONCEJO.- El pleno del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos está conformado por todos sus Miembros y es la máxima instancia decisoria y administrativa.

Art. 8.- INTEGRACIÓN Y CONFORMACIÓN.- El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, se constituirá de forma paritaria por representantes del Estado y de la Sociedad Civil. Del sector del estado:

  1. El Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o su Delegado permanente.
  2. El Presidente o Presidenta de la Comisión de Igualdad y Género o un Miembro de la Comisión. Coordinador o coordinador del Ministerio de Inclusión económica y social
  3. Un Representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales y su respectivo Suplente.
  4. El Director o Directora del Distrito Chone del Ministerio de Inclusión Económica y Social o su Delegado permanente.
  5. El Director o Directora del Distrito 13D06 del Ministerio de Educación o su Delegado permanente.
  6. El Director o Directora del Distrito 13D06 del Ministerio de Salud Pública o su Delegado permanente.

De la sociedad civil:

  1. Un o Una representante de los Titulares de Derecho de los Grupos de Niñez, Adolescencia y Jóvenes y su respectivo Suplente
  2. Un o Una representante de los Titulares de Derecho de los Grupos de las Personas Adultas Mayores y su respectivo Suplente.
  3. Un o Una representante de los Titulares de Derechos de los Grupos de las Personas con Discapacidad y su respectivo Suplente.
  4. Un o Una representante de los Titulares de Derechos de los Grupos de Género y su respectivo Suplente.

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  1. Un o Una representante de los Titulares de Derechos de los Grupos de Personas en Movilidad Humana y su respectivo Suplente.
  2. Un o Una representante de los Titulares de Derechos de los Grupos de Etnias y su respectivo Suplente.

ART. 9.- DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS.- Los Miembros en representación de la Sociedad Civil, serán elegidos mediante Elecciones Publicas normadas mediante reglamento por el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos y los representantes de los Gobiernos Autónomos Parroquiales de definirán de ser posible de manera consensuada entre los miembros de las Juntas Parroquiales rurales del cantón.

Art. 10.- DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS MIEMBROS.- Los Miembros de la Sociedad Civil del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, tendrán un período de duración de cuatro años, y podrán ser reelegidos por una sola ve/, y los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales por el tiempo que duren en sus funciones para el que fueron electos.

Art. 11.- DE LAS ATRIBUCIONES.- Las Atribuciones del Concejo Cantonal Integral para la Protección de Derechos, son las siguientes:

  1. Elaborar en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, los Diagnósticos y Líneas de Base, que evidencien la situación de los Grupos de Atención Prioritaria.
  2. Formular Políticas Públicas Municipales relacionadas con las temáticas de Género, Étnico Cultural, Intergeneracional, Movilidad Humana y Discapacidad, articulada a las Políticas Públicas de los Concejos Nacionales de Igualdad.
  3. Transversalizar los Enfoques de Igualdad (de Género, Étnico/Intercultural, Generacional, Movilidad Humana y Discapacidad), en las Políticas Públicas Municipales.
  4. Realizar el Seguimiento y la Evaluación de las Política Pública Municipales que tengan entre sus fines y objetivos a los Grupos de Atención Prioritarios.
  5. Poner en conocimiento de las Autoridades competentes las Amenazas o Vulneraciones de Derechos o Incumplimientos de las Políticas Públicas Municipales que sean determinadas durante las acciones de Observancia que se realicen.
  6. Observar, Vigilar y Activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los Derechos Individuales y Colectivos, en la aplicación de los Servicios Públicos y Privados relacionados con las Políticas Públicas Municipales.
  7. Coordinar con las Entidades Rectoras y Ejecutoras, con los Organismos Especializados así, como con las Redes Interinstitucionales de Protección de Derechos en el cantón.

h) Exigir a las Instituciones Públicas, Privadas y Comunitarias con ámbito de acción en el cantón, la remisión de Informes Semestrales de avances en sus Metas y Objetivos planteados, en la Implementación de las Políticas Públicas Municipales.

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i) Definir Estrategias y Mecanismos para la Conformación y Fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias y Concejos Consultivos de Titulares de Derechos y demás espacios de Participación, Veeduría y Exigibilidad que representen a los Grupos de Atención Prioritaria.

j) Emitir sus disposiciones por medio de Resoluciones y Acuerdos.

k) Articular y Coordinar con la Junta Cantonal de Protección de Derechos.

l) Vigilar el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 249 del Código Orgánico de Organización territorial. Autonomía y Descentralización, que literalmente dice» No se aprobará el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos el diez por ciento (10%) de los Ingresos no Tributarios para el Financiamiento de la Planificación y Ejecución de Programas Sociales para la atención de los Grupos de Atención Prioritaria.

m) Conocer, Analizar y Evaluar los informes sobre la situación de los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria en el ámbito cantonal, Elaborar los que corresponda a su jurisdicción; y, Colaborar en la Elaboración de los Informes Nacionales que el país debe presentar de acuerdo a los compromisos Internacionales.

n) Crear y Desarrollar Mecanismos de Coordinación, Articulación y Colaboración con los Organismos Internacionales, Nacionales, Provinciales, Cantonales y Parroquiales, Públicos y Privados que se relacionen con los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria en el cantón.

o) Elaborar y Aprobar Normas y Reglamentos que permitan desarrollar las Funciones del Concejo Cantonal para la Protección de Derechos.

p) Elaborar el Presupuesto Anual del Concejo Cantonal para la Protección de Derechos, en coordinación con la Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, para asegurar su financiamiento en los tiempos que señala la ley; mismo que deberá ser puesto en conocimiento del Concejo Municipal y posteriormente incluido en el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

q) Elaborar y Aprobar las Rutas para la Protección de los Derechos en coordinación con las Instituciones Públicas y Privadas que realicen acciones con las Personas y Grupos de Atención Prioritarias.

r) Elaborar y Promover Políticas de Comunicación y Difusión sobre los Derechos, Garantías, Deberes y Responsabilidades de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria dentro del cantón Bolívar.

s) Los demás que le atribuyan las leyes y los reglamentos.

Art. 12.- DEL FINANCIAMIENTO.- En cumplimiento Artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, financiará el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, esto dentro del mínimo 10% para los Grupos de Atención Prioritaria.

Art. 13.- DE LA PRESIDENCIA.- El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, estará presidido por el Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, quien será su Representante Legal o su Delegado Permanente, y contara con una Vicepresidenta o

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Vicepresidente, que será elegido entre los representantes de la Sociedad Civil, el mismo que tendrá un periodo de dos años; el Presidente o Presidenta, podrá encargar de manera Transitoria y por oficio la Presidencia a la Vicepresidenta o Vicepresidente. Las sesiones del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, serán Presididas por el Alcalde o Alcaldesa o su Delegado Permanente, a falta de ellos dos presidirá la sesión el Vicepresidente o Vicepresidenta.

Art. 14.- DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA O SU DELEGADO PERMANENTE.- Son funciones del presidente o presidenta o su delegado permanente las siguientes:

  1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente al Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.
  2. Convocar y presidir las sesiones del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, orientar los debates, conceder el uso de la palabra, ordenar las votaciones y suscribir las actas conjuntamente con el Secretario o Secretaria del Concejo Cantonal para la Protección de derechos.
  3. Celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, con Instituciones Públicas, Privadas y Comunitarias, nacionales o extranjeras.
  4. Delegar por escrito determinadas funciones al Vicepresidente o Vicepresidenta o alguno de los miembros del Concejo Cantonal de Protección de Derechos.
  5. Formular el Orden del Día de las Secciones del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.
  6. Someter los asuntos aprobados por medio de resolución del Concejo Cantonal para la Protección Integral de derechos que se consideren necesarios para el cumplimiento de sus funciones a conocimiento de la Corporación Municipal.
  7. Las demás que determine la Ley y las normas vigentes.

Art. 15.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES.- El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, podrá conformar las Comisiones de trabajo que considere necesarias para alcanzar sus Objetivos, estas podrán ser Permanentes o Temporales y las podrán Integrar Personas de Instituciones Públicas y Privadas que tengan relación directa con el tema encargado a la comisión.

Art. 16.- PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, publicará todas las resoluciones aprobadas por el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, en la Gaceta Oficial y en los dominios web del mismo.

Art. 17.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos rendirá cuentas sobre su accionar ante la ciudadanía y en forma especial a los Grupos de Atención Prioritarios del cantón.

La Rendición de Cuentas oficial la realizara el Alcalde y Presidente del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos junto con la del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

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CAPÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONCEJO CANTONAL PARA LA

PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN BOLÍVAR

ART. 18.- NATURALEZA JURÍDICA.- La Secretaría Ejecutiva es una instancia Técnico -Administrativa del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, encargada de la Coordinación con los Organismos e Instancias Públicas y Privadas que trabajan por las Personas y Grupos de Atención Prioritaria del cantón.

ART. 19.- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.- Las atribuciones y funciones de la Secretaría

Ejecutiva son:

1.- Preparar Propuesta de Políticas Públicas en beneficio de las Personas y Grupos de Atención

Prioritarias.

2.- Realizar los Análisis y Estudios que contribuyen a la Viabilidad de las políticas públicas municipales, a fin de que sean incluyentes con enfoque de derechos de igualdad;

3.- Diseñar Metodologías, Indicadores, Herramientas para la Formulación, Observancia,

Transversalización, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Municipales.

4.-Elaborar y Proponer Mecanismos y Herramientas necesarios para el Funcionamiento del

Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos.

5.- Las demás de establezca el Pleno del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, las Leyes y Reglamentos.

Art. 20.- DEL SECRETARIO EJECUTIVO.- La Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, estará bajo la dirección y responsabilidad del Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva, que será designado de forma directa por el Presidente o Presidenta del Concejo de Protección Integral de Derechos; será de libre nombramiento y remoción, la persona designada, deberá acreditar conocimientos y experiencia en materia de derechos de las personas y grupos de Atención Prioritaria, además cumplir con el perfil requerido para el puesto según el Manual de Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y desarrollará sus funciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público. Podrá participar solo con voz en las sesiones del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, y coordinará sus funciones y actividades con los Concejos Nacionales para la Igualdad.

Art. 21.- FUNCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO.- Las funciones del Secretario o Secretaria Ejecutiva son:

  1. Desarrollar Metodologías y Herramientas que permitan realizar las Atribulaciones de Formulación Transversalización, Seguimiento, Evaluación y Observancia del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos.
  2. Responsable de la implementación. Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

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  1. Responde de la administración adecuada de los bienes del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos.
  2. Responsable por el buen funcionamiento Administrativo de Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos.
  3. Responsable de operativizar las Resoluciones y Acuerdos del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos.
  4. Representa]- al Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos cuando su Presidente o Presidenta así lo designare.
  5. Rendir cuenta de su labor de forma anual al pleno del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, a la Corporación Municipal y en Asamblea General a la ciudadanía del cantón con énfasis a las Personas o Grupos de Atención Prioritaria.
  6. Actuar como Secretaria o Secretario del Concejo Cantonal de Protección de Integral Derechos, en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, en las Reuniones de las Comisiones que se conformaren o cuando el Pleno del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos lo necesitare,
  7. Elaborar los reglamentos necesarios para el funcionamiento del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos y presentarlos para su aprobación,
  8. Elaborar el Plan Operativo Anual del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, presentarlo para su aprobación y enviarlo con la respectiva resolución al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, para que sea incluido en el Presupuesto anual,
  9. Informar en cada Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos las actividades realizadas y el cumplimiento de las resoluciones tomadas y las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual.
  10. Elaboración de los Informes que el Cantón, la Provincia y el País deba presentar de acuerdo a las Políticas Locales. Provinciales, Nacionales y a los Compromisos Internacionales asumidos,
  11. Generar alianzas con Actores Institucionales y Sociales para el cumplimiento de las Funciones y Objetivos del Concejo Cantonal para la Protección de Derechos.
  12. Las demás que señalen las leyes y los reglamentos.

CAPÍTULO IV

DE LAS JUNTAS CANTONALES PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE

DERECHOS

Art. 22.- NATURALEZA JURÍDICA.- Las Juntas Cantonales para la Protección Integral de Derechos son Órganos de Nivel Operativo, que tienen como Función Pública la Resolución por Vía Administrativa de las situaciones de Amenaza o Vulneración de los Derechos Individuales o Colectivos, en el marco de Ley. El Alcalde o Alcaldesa será su Representante Legal, constarán en el Orgánico Funcional y serán Financiadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y gozarán de autonomía funcional. Estarán integradas por tres funcionarios/as de libre nombramiento y remoción, además de tres suplentes en razón de uno para cada miembro

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nombrados por Concejo Cantonal de Protección de derechos de entre candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las responsabilidades propias del cargo, los candidatos serán propuestos por los miembros de la sociedad civil y serán nombrados por un periodo máximo de 3 (tres) años, pudiendo ser reelegidos por una sola ocasión. Su accionar deberá ser articulado y coordinado con el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, la Defensoría del Pueblo y Organismos que trabajen en Protección de Derechos, debiendo remitir informes trimestrales al Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos que orienten la creación de políticas públicas basadas en la realidad local.

Art. 23.- FUNCIONES DE LA JUNTA PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN BOLÍVAR Las funciones de la Junta de Protección Integral de Derechos son:

  1. Conocer de Oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de los Grupos de Atención Prioritaria dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado.
  2. Vigilar la ejecución de sus medidas.
  3. Interponer las acciones necesarias ante los Órganos judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones.
  4. Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información y documentos que requieren para el cumplimiento de sus funciones.
  5. Llevar registro de las familias de los grupos de Atención Prioritaria del respectivo Gobierno Municipal a quienes se haya aplicado medidas de protección.

í) Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones administrativas y penales en contra de cualquier grupo de atención prioritaria.

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de los Grupos de Atención Prioritaria.

CAPITULO V

DEL EQUIPO DE APOYO TERRITORIAL

Art. 24.- ÁMBITO.- Para facilitar el cumplimiento de la presente ordenanza y para el mejor desempeño de la gestión del Sistema de Protección Integral de Derechos del cantón Bolívar, se contara con un equipo de apoyo, cuyos miembros, luego del respectivo concurso de méritos y oposición serán nombrados, por el alcalde y Presidente del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, atendiendo a la disponibilidad de los recursos financieros con los que cuente el gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y su extensión territorial.

Art. 25.- OBJETO.- El miembro del equipo de apoyo territorial urbano desarrollara principalmente sus funciones en toda la extensión territorial de la parroquia urbana del cantón

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bolívar y el miembro del equipo de apoyo territorial rural realizara sus labores de manera principal en las parroquias rurales del cantón Bolívar.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los miembros del equipo territorial de apoyo coordinarán mutuamente, y se darán apoyo en el ámbito de sus funciones, cuando esto conveniente para mejor cumplimiento de las mismas.

Art. 26.- DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE APOYO TERRITORIAL.- El Equipo de apoyo territorial estará conformado como mínimo por un miembro de apoyo territorial urbano y un miembro de apoyo territorial rural.

De existir la necesidad y contar con la disponibilidad presupuestaria, se podrá contar con más miembros de equipos de apoyo urbanos o miembros de equipos de apoyo rurales, para dar cumplimiento a las funciones que queden establecidas en la presente ordenanza.

Art. 27.- FUNCIONES DEL EQUIPO DE APOYO TERRITORIAL.- El equipo de apoyo territorial cumplirá con las siguientes funciones:

  1. Levantar el diagnóstico, registro, control y evaluación de la población GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIOS en todas las parroquias.
  2. Responsable de la realización, ejecución, control de los acercamientos con las familias para socializar el funcionamiento de la Garantía de derechos a favor de los Grupos de atención prioritaria en el Cantón.
  3. Coordinar acciones con el Gobierno Municipal y Parroquiales para acordar los mecanismos que aseguren la participación de los GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIOS en las Parroquias.
  4. Realizar y Coordinar acciones conjuntamente con el Gobierno Cantonal y Parroquial a través de la realización de compromisos para apoyar acciones.

e) Coordinar, ejecutar y controlar las actividades de planificación grupales en las diferentes comunidades debiendo coordinar con el equipo de trabajo,

f) Organizar, ejecutar, y promover los encuentros con líderes y lideresas en cada comunidad para organizar los espacios de participación.

g) Responsable de coordinación, control, capacitación y seguimiento de la conformación de Escuelas de Formación en temas de Derechos Humanos, Enfoque de Igualdad Integral, Ciclo de Vida, Derechos Sexuales y Reproductivos.

h) Responsable de coordinación, control, capacitación para las reuniones mensuales que se realicen con los grupos conformados.

i) Los miembros del equipo de apoyo territorial responsables de cada grupo se comprometerán en la articulación de actividades enfocadas a un fomento productivo en todas las áreas y servicios que oferte el GAD Municipal.

j) Coordinar, realizar, ejecutar, controlar y evaluar las campañas de prevención de vulneración de derechos.

k) Conformar y apoyar los Concejos Consultivos.

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1) Conformar, apoyar y dar seguimiento a los grupos de redes de protección que se hayan

consolidado.

m) Ejecutar las campañas de prevención de violencia, VIH-SIDA, Prevención de Embarazos en Adolescentes, Erradicación del Trabajo infantil, Inclusión de grupos Prioritarios como Discapacidad, Movilidad Humana, Etnias, entre otros, en los días de conmemoración nacional e internacional.

n) Participar en todas las mesas de trabajo para ejecutar acciones.

o) Conformación y fortalecimiento de mesas de trabajo de los diferentes grupos de atención prioritaria.

CAPITULO VI

DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE

DERECHOS DEL CANTÓN BOLÍVAR.

DE LAS DEFENSORÍAS COMUNITARIAS

Art. 28.- NATURALEZA JURÍDICA.- Son formas de Organización Comunitaria de los Titulares de Derechos en las Parroquias, Comunidades, Recintos, Caseríos y Barrios, en Sectores Urbanos y Rurales del cantón, para la Promoción, Defensa y Vigilancia de los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, podrán intervenir en los casos de Vulneración de Derechos, poniéndolos a conocimiento de los organismos competentes.

DE LOS CONCEJOS CONSULTIVOS

Art. 29.- NATURALEZA JURÍDICA.- Los Concejos Consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por Titulares de Derechos de cada una de las temáticas (género, étnico/intercultural, generacional, movilidad humana y discapacidad). Se constituyen en Espacios y Organismos de Consulta que garantizan el goce de los derechos de las Personas y Grupo de Atención Prioritaria al que pertenece. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, podrán convocar en cualquier momento a los Concejos Consultivos. Su función es Meramente Consultiva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, garantizará el funcionamiento tanto del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, su Secretaría Ejecutiva, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos, y el Equipo de Apoyo Territorial.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.

PRIMERA.- Esta Ordenanza sustituye a la Ordenanza del Sistema de Protección Integral del cantón Bolívar, Sancionada el 26 de febrero de 2016.

Registro Oficial – Edición Especial N° 559 Lunes 11 de mayo de 2020 – 53

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Concejo Cantonal y una vez publicada en la página web de la institución, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, conforme lo dispone lo establecido en el Art.324 del COOTAD.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado

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Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el señor Walther Cevallos Pinargote ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, 5 de febrero de 2020. Certifico.-

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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ.

Considerando:

Que, la Constitución de la República estable en la disposición del artículo 265 que «El Sistema Público del Registro de la Propiedad será administrado de manera concurrente entre el ejecutivo y las municipalidades»;

Que, la Constitución de la República dispone que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera conforme al principio establecido en el artículo 238 de la referida Carta Magna;

Que, uno de los derechos de libertad que reconoce y garantiza la Constitución de la República es el de: «Acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características», esto de acuerdo al numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, de conformidad con lo que disponen los artículos 7 y 54, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), es facultad normativa y función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes, reconocidas en la constitución y la ley, y en dicho marco prestar los servicios públicos cantonales correspondientes, con criterio de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiaridad, participación y equidad;

Que, la norma del artículo 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), señala que «La administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El sistema público nacional del registro de la propiedad corresponde al gobierno central y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo a lo que disponga la Ley que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los gobiernos municipales.

Que, el registro de la propiedad forma parte del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, conforme lo dispone el artículo 29 de la Ley Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, publicada en el suplemento del registro oficial No. 162 del 31 de marzo del 2010;

Que, el artículo 19 de la Ley Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos señala que «De conformidad con la Constitución de la República, el Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la función ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos»; por lo tanto el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar, se encargará de la estructuración administrativa del Registro y su coordinación con el

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catastro, y la Dirección Nacional dictará las normas que regularan su funcionamiento a nivel nacional;

Que, el registro de las transacciones que sobre las propiedades se ejecuten en el cantón, constituyen uno de los elementos fundamentales para la adecuada gestión de los catastros municipales.

Que, de conformidad con lo que dispone el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), le corresponde al Concejo Municipal el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales; en tal contexto.

Expide:

La siguiente ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR –

PROVINCIA DE MANABÍ.

CAPITULO I ÁMBITO, OBJETIVO Y PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN- La presente Ordenanza rige y regula la organización, administración y funcionamiento del Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Art. 2.- OBJETIVOS DE LA PRESENTE ORDENANZA.- Los objetivos de la presente ordenanza son los siguientes:

  1. Regular la organización, administración y funcionamiento de Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.
  2. Promover la interrelación técnica e interconexión entre el Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Catastro Municipal.
  3. Reconocer y garantizar a los ciudadanos del cantón el acceso afectivo al servicio del Registro de la Propiedad.
  4. Promover la prestación del servicio público registral de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato.
  5. Incorporar a la administración municipal el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar.

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  1. Reconocer al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, como la entidad nacional rectora del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, con capacidad para emitir Políticas Públicas nacionales que orienten las acciones del referido sistema y para definir los sistemas informáticos aplicables para la gestión concurrente de esta competencia; y, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar como Administrador del Registro de la Propiedad de este cantón con capacidad para ejecutar, proveer, prestar y administrar el servicio público registral conforme a los principios establecidos en la Ley y esta ordenanza.
  2. Regular y controlar el cobro de las Tasas arancelarias por la prestación de los servicios públicos que otorga el Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Bolívar.

Art. 3.- PRINCIPIOS.- El Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar, se sujetará en su gestión en los siguientes principios: Accesibilidad, regularidad, calidad, eficiencia, eficacia, seguridad, rendición de cuentas y transparencia y además en lo siguiente:

Art. 3.1.- Obligatoriedad.- El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, garantizará que los datos públicos regístrales sean completos, accesibles, en formatos libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes, en relación al ámbito y fines de su inscripción.

La información que el Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, entregue puede ser específica o general, versar sobre una parte o sobre la totalidad del registro y será suministrada por escrito o por medios electrónicos.

Art. 3.2.- Responsabilidad de la Información.- El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a más de las atribuciones señaladas en la Ley y la presente Ordenanza, es responsable de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo.

La o el Registrador de la Propiedad, responderá por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros y datos registrados, al igual que las certificaciones, razones de inscripciones y todas sus actuaciones.

Art. 3.3.- Publicidad.- El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, pondrá en conocimiento de la ciudadanía, la existencia de registros o bases de datos de personas y bienes, y en lo aplicable la celebración de actos sobre los mismos, con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar a sus derechos, con las limitaciones señaladas en la Constitución y la Ley.

Art. 3.4.- Accesibilidad y confidencialidad.- El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolivar, de conformidad con la Constitución y la Ley, permitirá el acceso libre de la ciudadanía a los datos regístrales. No existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente establecidos en la Ley.

Se considera confidencial solamente la información señalada en la Ley. El acceso a esta información solo será posible con la autorización expresa del titular de la misma, por disposición

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de la ley o juez competente. También será confidencial aquella información que señale la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos, mediante resolución debidamente motivada.

El acceso a la información sobre el patrimonio de las personas, se realizará cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley, para lo cual el solicitante deberá justificar su requerimiento de forma escrita, en los formatos valorados que para el efecto disponga la municipalidad, debiendo señalar con precisión el uso que se dará a la misma.

El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, formará un registro físico y magnético secuencial de estos requerimientos. En caso de violación a los derechos humanos, el Registro de la Propiedad, no negará el acceso a la información.

Art. 3.5.- Presunción de legalidad.- De acuerdo a lo previsto en el Art. 7 de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, la certificación registral y mercantil da fe pública, y se encuentra investida de la presunción de legalidad. El orden secuencial de los registros se mantendrá sin modificación alguna, excepto por orden judicial.

Art. 3.6.- Rectificabilidad.- Los datos regístrales y mercantiles son susceptibles de actualización, rectificación o supresión en los casos y con los requisitos que la Ley señale.

Art. 3.7.- Gestión compartida.- Las políticas y directrices técnicas, así como el sistema informático aplicable en el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar, serán las que dicte la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Los asuntos de carácter administrativo, organizativos, financieros y de gestión serán dictados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

CAPITULO II PRINCIPIOS REGÍSTRALES

Art. 4- ACTIVIDAD REGISTRAL.- Principios.- La actividad de registro que cumpla el funcionario responsable del Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, se ejecutará utilizando medios tecnológicos normados y estandarizados de conformidad con las políticas dictadas por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

Art. 5.- INFORMACIÓN PÚBLICA.- La información que administrará el Registro de la Propiedad es pública con las limitaciones establecidas en la Constitución, la Ley y esta Ordenanza.

Art. 6- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICA.- Los datos públicos que se incorporan en el Registro de la Propiedad, deberán ser completos, accesibles, en formatos libres, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes.

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CAPITULO III

NORMAS GENERALES APLICABLES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL

CANTÓN BOLÍVAR

Art. 7.- CERTIFICACIÓN REGISTRAL.- La certificación legalmente otorgada por el Registrador o Registradora de la Propiedad, constituye documento público con todos los efectos legales, se expedirá a petición de la parte interesada, por disposición administrativa, u orden judicial.

Art. 8.- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PUBLICA Y BASE DE DATOS.- El Registrador o Registradora de la Propiedad, será responsable de aplicar las Políticas y principios definidos por el Ministerio de Telecomunicaciones, a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, orientados a organizar el intercambio de la información pública y base de datos a su cargo, con las entidades que conforman el Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos.

La Registradora o Registrador de la Propiedad, tiene la obligación de comunicar la aplicación de nuevas políticas y principios dispuestos por órgano competente, a la Alcaldesa o Alcalde, para que éste a su vez, ponga a conocimiento del Concejo Municipal y a la ciudadanía del Cantón.

CAPITULO IV DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Art. 9.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar integra el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), emitirá las políticas públicas nacionales que orienten las acciones del sistema de Registro de Datos Públicos y definirá los sistemas informáticos aplicables para la gestión concurrente de esta competencia. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar, administrará y gestionará el Registro de la Propiedad y tendrá capacidad para ejecutar, proveer, prestar y administrar el servicio público registral, conforme los principios establecidos en la Ley y esta Ordenanza.

Art. 10.- NATURALEZA JURÍDICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- El Registro de la Propiedad es una dependencia municipal, con autonomía registral y funcional, organizada administrativamente por las disposiciones de esta ordenanza y sujeta al control y auditoria de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en lo relativamente exclusivo a la aplicación de las políticas para la interconexión e interoperabilidad de base de datos y de información pública.

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Art. 11.- DE LA AUTONOMÍA REGISTRAL.- El ejercicio de la autonomía registral implica, la no sujeción de la actividad registral de datos sobre la propiedad al poder político sino a la ley, como también el reconocimiento necesario de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

La autonomía registral, no exime de responsabilidad por las acciones u omisiones del Registrador o Registradora de la Propiedad y los servidores del Registro por los excesos cometidos en ejercicios de sus funciones.

Art. 12. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.– El Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar, se organizará administrativamente por las disposiciones de esta ordenanza.

El Registro de la Propiedad será una dependencia administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a cargo del Registrador o Registradora y guardará estrecha coordinación y cooperación en lo que respecte a su materia con todas las Direcciones y Jefaturas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar.

Quienes laboren en los Registros de la Propiedad, serán considerados como servidores y servidoras públicos municipales. Por lo tanto, se someterán a lo que establece la LOSEP, en cuanto se refiere a sus derechos, deberes y obligaciones, para su remuneración se considerara lo que venían percibiendo en base a las planillas de aportes al IESS y conforme certificación presupuestaria establecida para esos puestos. Los servidores que laboren en el Registro de la Propiedad, cumplirán la misma jornada laboral que cumplen los demás servidores del Gobierno Municipal.

Art. 13.- REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD.- Toda la actividad que realice el Registro de la Propiedad en cuanto a inscripciones, certificaciones, marginaciones, y demás actividades regístrales que contempla la ley, se llevarán de modo digitalizado, con soporte físico y bajo el sistema de información cronológica, personal y real.

Los folios cronológicos, personales y reales que el Registrador o Registradora de la Propiedad están obligados a llevar, se administraran en la forma señalada en las disposiciones de los artículos 16, 17 y 18 de la ley Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Art. 14.- DE LA REGISTRADORA O REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD- El Registrador o Registradora de la Propiedad del Cantón Bolívar, será responsable de la administración y gestión del Registro de la Propiedad, será elegido mediante concurso público de méritos y oposición organizado y ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en base a la normativa administrativa de selección de personal emitida por la DLNARDAP.

Art. 15.- VEEDURÍA.- El concurso de méritos y oposición para designar a la Registradora o Registrador de la Propiedad, contará con la participación efectiva de una veeduría ciudadana, para lo cual, el alcalde o alcaldesa, antes de iniciar el proceso de selección, solicitará al Consejo Nacional de Participación Ciudadana y control Social la integración de esta veeduría, misma que se desarrollará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Reglamento General de Veeduría Ciudadana. Con la conformación de la veeduría ciudadana,

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o con la excusa, se dará inicio al concurso, dejando abierta en todo caso la posibilidad de que el control pueda ser realizado antes, durante o después de concluido el concurso con todas las atribuciones que las normas legales les faculten.

Art. 16.- PERIODO DE FUNCIONES.- La Registradora o Registrador de la Propiedad durará en sus funciones cuatro años, y podrá ser reelegido o reelegida por una sola vez, previo concurso de méritos y oposición dispuesto por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, bajo los parámetros emitidos por la DINARDAP.

El cargo de Registrador o Registradora de la Propiedad, podrá ser encargado durante 90 días conforme lo establece la Disposición General Primera de la Resolución No. 19-NGDINARDAP-2015, emitida por la DINARDAP.

Art. 17.- REMUNERACIÓN.- La Registradora o Registrador de la Propiedad, percibirá su remuneración, de acuerdo a la tabla de remuneraciones elaborada por el Ministerio de Trabajo.

Art. 18.- AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA.- En caso de ausencia temporal o definitiva de la Registradora o Registrador de la Propiedad Municipal titular, el despacho será encargado a un funcionario que tenga el título de Abogada o Abogado, este será encomendado por la máxima autoridad administrativa municipal.

En caso de ausencia definitiva e inmediatamente se procederá al llamamiento a concurso de méritos y oposición para el nombramiento de la Registradora o Registrador de la Propiedad titular y para la verificación del concurso se conformará una comisión de veeduría ciudadana.

Art. 19.- DESTITUCIÓN.- La Registradora o Registrador de la Propiedad, podrá ser destituido de sus funciones por las causales establecidas en el artículo. 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público, previo el sumario administrativo respectivo.

CAPITULO V

DEBERES, ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES DE LA REGISTRADORA O REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

Art. 20- DEBERES, ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES.- Los deberes, atribuciones y prohibiciones del Registrador/a de la Propiedad, serán aquellos determinados en la Ley de Registro, la LOSEP, los que dicte bajo órgano normativo la DINARDAP, lo que se disponga en la presente ordenanza y en las demás normativas internas del GAD Municipal del Cantón Bolívar y la Contraloría General del Estado.

CAPITULO VI

DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Art. 21.- DEL FUNCIONAMIENTO.- Para efectos del funcionamiento del Registro de la Propiedad, el Registrador o Registradora, observará las normas constantes en la Ley de Registro relativas a:

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  • Del repertorio.
  • De los registros y de los índices.
  • De los títulos, actos y documentos que deben registrarse.
  • Del procedimiento de las inscripciones.
  • De la valoración de las inscripciones y su cancelación.
  • Deberá igualmente observar las normas pertinentes de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos.

La apertura y cierre del repertorio se realizará a inicio y final del año fiscal efectivamente, para lo cual se abalizará con la firma de la Registradora o Registrador de la Propiedad del cantón Bolívar.

Art. 22.- DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA SER REGISTRADOR.- Para ser registrador de la Propiedad del Cantón Bolívar, se requiere los siguientes requisitos:

1. Acreditar nacionalidad ecuatoriana y hallarse en goce de los derechos políticos;

2. Ser Abogado y/o Doctor en Jurisprudencia, cuyo título deberá estar registrado en la SENESCYT;

  1. Acreditar ejercicio profesional con probidad notoria por un período mínimo de tres años; y, el tiempo de ejercicio profesional será considerado a partir de la fecha de otorgamiento del título;
  2. No estar inhabilitado para ser servidor público para lo cual se observarán las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público;
  3. No encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores; y, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;
  4. Haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición organizado y ejecutado por el GAD Municipal;

7. Los demás requisitos establecidos en la Ley de la materia.

Art. 23.- INHABILIDADES.- Serán inhabilidades para ejercer el cargo de Registrador de la

Propiedad las siguientes:

  1. Los mudos;
  2. Los dementes;
  3. Los disipadores;
  4. Los ebrios consuetudinarios;
  5. Los toxicómanos;
  6. Los interdictos;
  7. Los abogados suspensos en el ejercicio profesional;
  8. Los religiosos; y,
  9. Los condenados a pena de prisión o reclusión.

Art. 24.- PROHIBICIÓN.- No se podrá designar, nombrar, posesionar o encargar como Registrador de la Propiedad del cantón Bolívar, a los parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho del Alcalde o Concejales, así como de los directores de las empresas públicas municipales.

En caso de incumplimiento de esta disposición, cualquier ciudadano podrá presentar la correspondiente denuncia debidamente sustentada al Contralor General del Estado para que proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, así

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como el establecimiento de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales correspondientes.

CAPITULO VII

DEL CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN Y DE SU DESIGNACIÓN

Art. 25.- PLANIFICACIÓN.- Previo a iniciar el proceso del concurso de méritos y oposición para la selección y designación del Registrador de la Propiedad del Cantón Bolívar, la máxima autoridad del GAD Municipal o su delegado, remitirá la planificación del mismo a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

La DINARDAP dentro del término de cinco (5) días contados desde la recepción de la planificación, procederá a su revisión. Dentro del mismo término, emitirá y notificará al GAD Municipal sus observaciones, en caso de existir; o, su conformidad con la misma, a la cual añadirá los nombres de sus delegados para la conformación del Tribunal de Méritos y Oposición, y del de Apelaciones.

En caso de existir observaciones a la planificación, una vez recibidas por el GAD Municipal del cantón Bolívar, las subsanará dentro del término de tres días y comunicará la corrección por escrito a la DINARDAP, para que ésta emita su conformidad en el término de un día.

De igual manera, el GAD Municipal del cantón Bolívar deberá notificar a la DINARDAP sobre el inicio y fin del proceso de selección, en este último caso, con la designación correspondiente de la o el nuevo registrador o con la declaratoria de desierto del concurso.

En caso de que el Registrador de la Propiedad haya cesado en sus funciones, la Municipalidad convocante deberá adjuntar copia certificada de la acción de personal o el acto administrativo en el que conste la cesación de funciones. En caso de encargar el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar, al mismo registrador cesado por terminación del período al amparo de lo dispuesto en el Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, deberá notificarse a la DINARDAP dicho particular con la Acción de Personal correspondiente.

CAPITULO VIII

DE LA SUSTENTABILIDAD DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Art. 26.- FINANCIAMIENTO.- El Registro de la Propiedad se financiará con el cobro de las tarifas establecidas en el arancel por los servicios de registro, los mismos que deberá ser consignado a los recaudadores del departamento de tesorería municipal y el remanente pasará a formar parte del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Bolívar.

Art. 27.- ORDEN JUDICIAL.- En los casos en que el Juez dentro del recurso establecido en la disposición del artículo 11 de la Ley de Registro, ordene la inscripción de un acto o contrato que previamente la Registradora o el Registrador se negó motivadamente a efectuar, esta inscripción no causara nuevas tarifas.

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Art. 28.- TARIFAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Los contratos celebrados por las instituciones del sector público, pagarán las tarifas establecidas en esta ordenanza, salvo expresa exención legal.

Todos los actos regístrales, sin excepción que realice el GADMCB, a su favor, estarán exentos del pago de tarifas.

El Registro de la Propiedad del cantón Bolívar, proporcionará a las autoridades competentes de las instituciones públicas, en forma gratuita la información pública que le sea solicitada legal y en debida forma, es decir por escrito y como resultado de las disposiciones administrativas o judiciales que ellas emanen.

Art. 29.- MODIFICACIONES DE ARANCELES.- El Alcalde o alcaldesa, bajo su facultad privativa presentará la correspondiente propuesta al Concejo Municipal, con la finalidad de que, en cualquier tiempo de acuerdo a las conveniencias institucionales e interés público, se pueda revisar la tabla de aranceles que se aplicará para el cobro en el Registro de la Propiedad.

Art. 30.- BASE IMPONIBLE DEL ARANCEL.- La base imponible del arancel será el que conste como avalúo de la propiedad en el catastro municipal, si este fuera inferior al valor contractual prevalecerá el valor más alto de la propiedad.

CAPITULO VIII ARANCELES

Art. 31.- Para el pago de los derechos de registro por la calificación e inscripción de actos que contengan la constitución, modificación, transferencia de dominio, adjudicaciones y extinción de derechos reales o personales sobre muebles e inmuebles, así como la imposición de gravámenes o limitaciones de dominio, y cualquier otro acto similar, se considerará las siguientes categorías sobre las cuales percibirán los derechos.

a)

CATEGORÍA

VALOR CUANTÍA INICIAL

VALOR CUANTÍA FINAL

DERECHO TOTAL DE INSCRIPCIÓN

1

USD $0.10

USD $1.60

USD $ 2,52

2

1.61

3.00

3,24

3

3.01

4.00

4,05

4

4.01

6.00

5,04

5

6.01

10.00

6,75

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CATEGORÍA

VALOR CUANTÍA INICIAL

VALOR CUANTÍA FINAL

DERECHO TOTAL DE INSCRIPCIÓN

6

10.01

14.00

8.10

7

14.01

20.00

9,45

8

20.01

30.00

11,70

9

30.01

40.00

14,76

10

40.01

80.00

20,25

11

80.01

120.00

22,50

12

120.01

200.00

31.05

13

200.01

280.00

40,14

14

280.01

400.00

46,80

15

400.01

600.00

60,66

16

600.01

800,00

66,60

17

800.01

1,200.00

79,65

18

1,200.01

1,600.00

106,02

19

1,600.01

2,000.00

134,19

20

2,000.01

2,400.00

144,00

21

2,400.01

2,800.00

153,00

22

2,800.01

3,200.00

162,00

23

3,200.01

3,600.00

171,00

24

3,600.01

10,000.00

180,00

25

10,000.01 dólares en adelante se cobrará USD $ .5 por ciento por el excedente 180.00 más el 0 valor de este

  1. Por el registro de la declaratoria de propiedad horizontal y todos los documentos que esta comprenda, se estimará el avalúo correspondiente establecidos en el literal a) del artículo 26 del presente acto administrativo.
  2. Por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar, testamento, adjudicaciones Adjudicaciones de la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura, Ganadería, (MAG), la cantidad de USD $ 40.00.
  3. Por la inscripción de concesiones mineras de exploración, la cantidad de USD $ 40.00, y por las concesiones mineras de explotación, la cantidad de USD $ 100.00 dólares.
  4. Por el registro de las Hipotecas constituidas a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, percibirán el 50% de los valores fijados en la tabla en el literal a) de este artículo para la respectiva categoría.

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  1. Por el registro de contratos de hipotecas celebrado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, se aplicará un 50% de los valores establecidos en las tablas del Registro de los documentos mencionados en el literal a) de este artículo para la respectiva categoría.
  2. Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados en procesos penales serán gratuitos, así como la inscripción de prohibiciones de enajenar y embargos ordenados en procesos penales de acción pública y en causas de alimentos.

h) Por la domiciliación, disolución y liquidación de compañías, reforma y codificación de estatutos, cambio de domicilio, capitulaciones matrimoniales, poderes otorgados en el Ecuador o extranjeros, cancelación de permisos de operación, se cobrará dependiendo del avalúo que tenga el terreno y de acuerdo al número de acciones.

i) Los pedidos enviados, mediante oficios de parte de Fiscales, Jueces Penales, Jueces y Miembros de Tribunales Penales estarán exentos de pago, igualmente gozarán de esta exoneración los pedidos enviados mediante oficios, por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, que tengan relación con la Inscripción de actos regístrales.

j) Todos los actos regístrales, concernientes al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, se encuentran exentos de pago.

k) Se encuentran exentas de pago Las personas naturales de escasos recursos económicos y personas que se encuentran en situaciones catastróficas debidamente comprobadas;

1) Así mismo se encuentran exoneradas de pago por concepto de inscripción todas aquellas transferencias de bienes entre Instituciones del Estado, conforme el procedimiento establecido en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público en vigencia, en cuanto al traspaso de bienes muebles e inmuebles entre entidades del sector enunciado.

Art. 32.- Para el pago de derechos de registro, calificación e inscripción de los siguientes actos, incluyendo los rubros de gastos generales se establecen los siguientes valores:

  1. Por la inscripción de posesiones efectivas, la cantidad de USD $ 40.00.
  2. Por la inscripción de embargos, demandas, sentencias, interdicciones, prohibiciones judiciales de enajenar y sus cancelaciones, la cantidad de USD $ 10.00 por cada una.
  3. Por certificaciones de constar en el índice de propiedades, la cantidad de USD $ 7.00.
  4. Por las certificaciones de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio, la cantidad de USD $ 15.00.
  5. Por las certificaciones de matrículas inmobiliarias, la cantidad de USD $ 10.00.
  6. Por la inscripción de cancelación de gravámenes y derechos personales, la cantidad de USD $ 15.00.
  7. En los casos no especificados en los artículos anteriores la cantidad de USD $ 10.00.

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Art. 33- – Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades del sector público y personas de derecho privado regirá la categoría que le corresponda de acuerdo con la tabla de aranceles del Art. 31 literal a) de la presente ordenanza.

Art. 34.- En los actos y contrato s de cuantía indeterminada, tales como: hipotecas abiertas, fideicomisos, fusiones, rectificaciones, entre otras, se considera para el cálculo el avalúo comercial municipal de cada inmueble.

Art. 35.- Los derechos fijados en los artículos precedentes de este acto administrativo serán calculados por cada acto o contrato según la escala y cuantía correspondiente, aunque estén comprendidos en un solo instrumento, y se incluirán en las planillas el desglose pormenorizado y total de los derechos y serán pagados por el usuario.

Art. 36.- En los casos en que un Juez dentro del recurso establecido en el Art. 11 de la Ley de Registro, ordene la inscripción de un acto o contrato que previamente el registrador se negó a efectuar, esta inscripción no causara nuevos derechos.

Art. 37.- EXENCIONES O EXONERACIONES.- Por disposición constitucional se exonera con el cincuenta por ciento de los derechos regístrales a los siguientes grupos de atención prioritaria: Adultos mayores y personas con discapacidad.

Estas exoneraciones se realizarán previa presentación y constatación de la cédula de ciudadanía, carnet de valoración de discapacidad.

En caso de las personas con discapacidad se tomará en cuenta el grado de discapacidad, según certificado emitido por el Ministerio de Salud. La exoneración estará ligada en igual porcentaje a su discapacidad.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Cuando un mismo instrumento contuviere dos o más actos o contratos, el arancel se cobrará por cada acto o contrato.

SEGUNDA.- Prohíbase a los beneficiarios de exenciones tomar a su cargo las obligaciones que para el sujeto pasivo establezca la ley; así como extender, en todo o en parte, el beneficio de exención en forma alguna a los sujetos no exentos.

TERCERA.- El Registrador o Registradora de la Propiedad, solicitará formalmente al Alcalde o Alcaldesa cada año fiscal que se practique una Auditoría, con la finalidad de auditar la gestión administrativa y financiera de la dependencia a su cargo.

CUARTA, – Toda certificación se la realizará en especies numeradas, las mismas que estarán bajo la custodia del departamento de Tesorería, quien llevará un registro de distribución de las mismas ligadas al pago de las tasas por los servicios administrativos solicitados por los usuarios.

68 – Lunes 11 de mayo de 2020 Edición Especial N° 559 – Registro Oficial

QUINTA.- La Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, es la responsable de la elaboración de contratos y nombramientos para el personal que labora en el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar.

SEXTA.- La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar es la encargada de emitir las partidas presupuestarias necesarias para el buen desempeño del Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

SÉPTIMA- La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, es la encargada de realizar las verificaciones prolijas de las recaudaciones, depósitos y emisión de facturas en los procesos administrativos generados en el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- La Presente Ordenanza derogara de manera expresa la ORDENANZA MODIFICATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN BOLÍVAR- PROVINCIA DE MANABÍ.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición general cuarta, una vez aprobada la presente ordenanza, el Registrador de la propiedad tiene un plazo de 48 horas para entregar las especies numeradas bajo su custodia al Tesorero Municipal mediante acta de entrega recepción.

SEGUNDA.- De las y los Trabajadores y Servidores Públicos. Las y los trabajadores y las y los servidores públicos que, a la fecha de expedición de esta Ordenanza, que en cualquier forma o título trabajen o presten servicios en el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar, podrán pasar a formar parte del Registro de la Propiedad del GAD Municipal del Cantón Bolívar; previa evaluación, calificación, selección y determinación de los requerimientos institucionales.

De existir servidores ocupando cargos innecesarios se aplicará el proceso establecido para los casos de cesación definitiva de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público.

TERCERA.- Como Parte del proceso de transición del Registro de la Propiedad del cantón Bolívar a las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Bolívar y con el afán de brindar un servicio de mayor calidad; se deberá integrar la plataforma informática institucional catastral, así como su base de datos, con el sistema del Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Bolívar y su respectiva base de datos.

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CUARTA.- Una vez promulgada la presente Ordenanza, la Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar notificará a la Dirección Nacional de Datos Públicos el contenido y alcance de la presente Ordenanza, a efectos de la necesaria coordinación para materializar eficazmente los propósitos previstos en la Ley de la materia.

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- La Presente Ordenanza derogara de manera expresa la ORDENANZA MODIFICATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BOLÍVAR- PROVINCIA DE MANABÍ, Publicada en El Registro Oficial Nro. 129 el Viernes 12 de Noviembre de 2013.

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar a los veintiún días del mes de febrero del dos mil veinte

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Calceta, 2 de marzo de 2020 Conforme lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal correspondiente, sanciono la presente Ordenanza. Publíquese y Ejecútese.

Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el señor Walther Cevallos Pinargote, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, el 2 de marzo de 2020. Certifico: –

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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.».

Que, el Artículo 66, numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: «El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.».

Que, en el Artículo 264, numerales 1 y 2, y el segundo inciso del numeral 14 de la Constitución de la República del Ecuador, disponen que los gobiernos municipales tienen como competencias exclusivas, entre otras las de: «1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, (…) con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. (…) En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán las ordenanzas cantonales.».

Que, el Artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir con su función social y ambiental.».

Que, el Artículo 4, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), dispone que, entre los fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, está: «La obtención de un hábitat seguro y saludable para

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los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;».

Que, el Artículo 53 del COOTAD, establece que: «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en ese código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.».

Que, el Artículo 54 del COOTAD en sus literales a) y c) establece que entre las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal está: «Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. […] Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico (…)».

Que, el Artículo 55, en su literal b) establece que parte de las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal es: «Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.»

Que, el Artículo 419 literal c) del COOTAD reconoce que constituyen bienes del dominio privado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: «Los bienes mostrencos situados dentro de las respectivas circunscripciones territoriales;».

Que, el Artículo 426 del COOTAD, establece que: «Cada Gobierno Autónomo Descentralizado llevará un inventario actualizado de todos los bienes valorizados del dominio privado y de los afectados al servicio público que sean susceptibles de valorización. Los catastros de estos bienes se actualizarán anualmente.».

Que, el Art. 436 del COOTAD autoriza a los concejos acordar y autorizar la venta, permuta, hipoteca de los bienes inmuebles de uso privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes;

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Que, el inciso quinto del Art. 481.1 del COOTAD regula la enajenación de los excedentes o diferencias provenientes de errores de medición;

Que, el Artículo 481 del COOTAD norma lo relacionado con lotes, fajas, excedentes y diferencias; y, en su inciso cuarto se señala que: «Para el efecto del presente artículo se entienden mostrencos aquellos bienes inmuebles que carecen de dueño conocido en este caso los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos mediante ordenanza establecerán los mecanismos y procedimientos para regularizar bienes mostrencos.».

Que, el inciso final del Art. 486 literal f) del COOTAD entre las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal establece: mediante ordenanza, los concejos municipales y distritales establecerán los procedimientos de titularización administrativa a favor de los posesionarios de predios que carezcan de título inscrito, en los casos previstos en este código;

Que, el art. 486, último inciso, del COOTAD, faculta a los concejos municipales y distritales para establecer los procedimientos de titularización administrativa a favor de los posesionarios de predios que carezcan de título inscrito

Que, el Artículo 599 del Código Civil, señala que: «El dominio, que se llama también propiedad, es un derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.».

Que, el Artículo 604 del Código Civil, determina que: «Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación toda.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso

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público o bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.».

Que, el Artículo 605 del Código Civil, señala que: «Son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño.». Que, el Artículo 715 del Código Civil, determina que: «Posesión ES la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo.».

Que, el Artículo 98 del Código Orgánico Administrativo establece que: «Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.».

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, en ejercicio de su facultad normativa, expidió la Ordenanza para INCORPORAR BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL, PREDIOS URBANOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES, REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO URBANO Y RURAL PROVENIENTES DE ERRORES DE CALCULO O MEDICIÓN Y ADJUDICACIONES FORZOSAS y se encuentra vigente, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 192, el 26 de febrero del 2014.

Que, la disposición transitoria vigésimo segunda del COOTAD, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 303 del martes 19 de octubre del 2010, dispone que en el periodo actual de funciones todos los órganos y normativas de los gobiernos autónomos

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descentralizados, deberán actualizar y codificar las normas vigentes en cada circunscripción territorial;

Que, en el cantón Otavalo, existen bienes inmuebles urbanos, en posesión de personas naturales y jurídicas o entidades públicas que en la actualidad carecen de justo título de dominio y que por disposición de la ley son de propiedad del municipio, problema de orden social que debe ser solucionado mediante la adopción de políticas públicas adecuadas;

Que, es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo velar porque se mantenga actualizada la información de cabidas (superficies) de terreno en cada uno de los bienes inmuebles existentes en las áreas urbana y rural del cantón Espejo, en beneficio de los intereses institucionales y de la comunidad;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, en base a los preceptos enunciados y como una manera de ejercer su potestad de planificar y controlar el uso y ocupación del suelo urbano, evitando la especulación del suelo y el crecimiento desordenado de la ciudad y los nuevos asentamientos urbanos, propone en este cuerpo normativo, los procedimientos para garantizar un desarrollo armónico, ordenado y sostenido en todas las zonas urbanas del cantón, pero primordialmente, las acciones que permitan a los posesionarios de predios no titularizados, legalizar su situación actual y a futuro, ser parte de los beneficios que la ley los ampara, tanto en el aspecto social, cuanto en el aspecto financiero.

Que, es indispensable dar una solución a los propietarios de los bienes inmuebles urbanos y rurales cuyas superficies que constan en escrituras difieren de la realidad física actual, por errores que arrastran desde los inicios de los procesos de lotización, urbanización o conformación de las áreas de terreno con fines habitacionales;

En ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos 7, 56, 57 literal a) y el 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

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Expide:

ORDENANZA SUSTITUTITA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL; TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN FAVOR DE SUS POSESIONARIOS; ADJUDICACIONES FORZOSAS DE FAJAS MUNICIPALES UBICADAS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CENTROS URBANO -PARROQUIALES, REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS EN EL ÁREA DE TERRENOS, UBICADOS EN LA ZONA URBANA O RURAL DEL CANTÓN OTAVALO

CAPITULO I GENERALIDADES

Art.1.- Ámbito.- La presente ordenanza, norma los procedimientos para la incorporación de bienes inmuebles vacantes o mostrencos al patrimonio municipal; titularización administrativa de predios en favor de sus posesionarios; adjudicaciones forzosas de fajas municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana, centros urbano -parroquiales, regularización de excedentes o diferencias en el área de terrenos, ubicados en la zona urbana o rural del cantón Otavalo de acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico Administrativo (COA), «Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo», los planes de urbanismo y las disposiciones de regulación expedidas por la Dirección de Planificación y Avalúos y Catastro.

Art. 2.- Objeto.- La presente ordenanza regula el procedimiento a través del cual los poseedores de bienes inmuebles vacantes o mostrencos ubicados en el Cantón acceden al derecho de propiedad por el modo de tradición, una vez que se cumplan los requisitos contenidos en el presente cuerpo normativo, a través de la correspondiente resolución de adjudicación, la misma que constituirá título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

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Art. 3.- Principios.- Los principios que rigen y con los que se aplicará la presente ordenanza son: de eficacia, de eficiencia, de calidad, de jerarquía, de desconcentración, de descentralización, de coordinación, de participación, de planificación, de transparencia, de evaluación, de juricidad, de responsabilidad, de proporcionalidad, autonomía municipal, de legalidad, de debido proceso, de generalidad, de igualdad, de justicia social y territorial, de solidaridad, de dispositivo, de simplicidad, de celeridad, de concentración y de buena fe.

Art. 4.- Términos y definiciones.

Para aplicación de la presente Ordenanza, se considerará la siguiente terminología:

  • Posesión.- Se entenderá como posesión la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. El posesionario será reputado como dueño mientras otra persona no justifique serlo.
  • Posesionario, – Persona natural (mayor de 18 años) o jurídica, de dominio privado o público, que ha permanecido en dominio de un predio con ánimo de amo y señor, de forma pública, pacifica e ininterrumpida por un lapso mayor a cinco años. El posesionario será reputado como dueño de un predio, mientras otra persona no justifique serlo.
  • Beneficiarios.- Son las personas naturales o jurídicas, de derecho privado o público, que luego de cumplir con todos los requisitos del respectivo proceso de titularización o adjudicación, acceden a la posibilidad de legalizar la tenencia de un predio.
  • Predio.- Es una pertenencia o bien inmueble de una cierta extensión superficial, perfectamente delimitado, sobre el cual puede o no existir construcciones o servicios básicos; ubicados en el sector rural o urbano del territorio cantonal.

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  • Bienes vacantes o mostrencos.- Son inmuebles o raíces sin dueño conocido o abandonados por quien o quienes lo eran, por lo cual, se presume que no pertenecen a nadie y están sin uso; se considera igualmente a aquellos bienes que en los catastros se desconoce el nombre del propietario, ubicados dentro del perímetro urbano, zonas de expansión urbana, centros urbano-parroquiales y asentamientos declarados como urbanos dentro de la jurisdicción del cantón Otavalo.
  • Lotes.- Son aquellos terrenos en los cuales, de acuerdo con las ordenanzas, es posible levantar una construcción independiente de las ya existentes o por levantarse en los terrenos vecinos. Los terrenos que no son utilizados por los gobiernos autónomos descentralizados, a pedido del Gobierno Central podrán ser destinados a programas de vivienda de interés social, con el compromiso de cubrir los gastos de infraestructura básica necesaria, para garantizar el derecho a la vivienda (Art. 481 COOTAD).
  • Área urbana o urbanizable.- Aquellas áreas que en base a la existencia de infraestructura básica y/o densidad poblacional y edificada, la municipalidad lo haya declarado mediante ordenanza como área urbana o urbanizable.
  • Fajas.- Se entienden aquellas porciones de terreno que por sus reducidas dimensiones o por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las construcciones d ellos inmuebles vecinos, ni es conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, mantenerlas como espacios verdes o comunitarios, por lo tanto, solo pueden ser adquiridas mediante el procedimiento de pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. (Art. 481 COOTAD)
  • Excedentes o diferencias en los lotes o fajas municipales, se entienden aquellas superficies de terreno que superen el error técnico aceptable de medición del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia entre una

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medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas.

Excedentes o diferencias de terrenos de propiedad privada. Por excedentes de un terreno de propiedad privada se entiende a aquellas superficies que forman parte de terrenos con linderos consolidados, que superan el área original que conste en el respectivo título de dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, por errores de cálculo o de medidas

  • Error técnico de medición: Para efectos de la presente normativa, el error técnico por medición, sea este excedente o faltante, se establece en más/menos diez por ciento (± 10%)
  • Titularización administrativa.- Acto administrativo público a través del cual, el Gobierno Municipal adjudica derechos y obligaciones de manera directa a él/los beneficiarios que han estado en posesión del bien inmueble por más de cinco años y que han cumplido los requisitos y procedimientos establecidos en la presente norma.
  • Adjudicación.- Es el acto administrativo público de disposición o enajenación, a través del cual, el Gobierno Municipal transfiere y titula el dominio de un predio de su patrimonio, en favor de el/los beneficiarios que ha cumplido los requisitos determinados en esta normativa.

Art. 5.- Bienes que no Pueden ser Objeto de Titularización Municipal.-

Los predios que no podrán ser adjudicados mediante acto administrativo serán los siguientes:

a) Los que se encuentren destinados a los fines de utilidad pública previstos en la ley y en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial.

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b) Los que se encuentren en márgenes de protección de ríos y quebradas, áreas consideradas derechos de vía.

c) Los predios municipales de dominio público de acuerdo a los art. 416 al 418 del «Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización»; y,

d) Los bienes incluidos en áreas de riesgo, por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación del GAD Municipal del cantón Otavalo y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Art. 6.- En todos los casos de titularización o adjudicación, el Gobierno Municipal asegurará la adecuada configuración de los predios, con lotes que permitan su uso y ocupación racional, de acuerdo a la normativa técnica de cada sector, según dispone el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial o las normas que dicte la Municipalidad a través del Concejo Cantonal.

Art. 7.- Los procesos de titularización y adjudicación derivan de la iniciativa de los interesados, y en adjudicaciones forzosas desde la misma municipalidad de Otavalo, sin perjuicio de que la Municipalidad imponga para el efecto, como garantía de las condiciones de uso y hábitat digno, procedimientos de reestructuración parcelaria e imposiciones de cesión gratuita para la conformación de vías, áreas verdes, espacios abiertos, de protección o recreación, destinados al uso y servicio público.

Art. 8.- Los procesos de titularización se sujetan al pago de tasas, sin embargo, los beneficiarios no están exentos del pago de tasas por servicios administrativos, pagos de alcabala, plusvalía, registro y otros pagos normados en las respectivas ordenanzas.

Art. 9.- La declaratoria de nulidad, invalidez o extinción de la resolución administrativa de titularización o adjudicación por causas no imputables a la Municipalidad, no dará derechos a la restitución de valores pagados por tasas administrativas pagos de alcabala, plusvalía, registro, etc.

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Capítulo II

INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS

AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Art.-10.- El principal objetivo de este proceso es propiciar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, a través del Departamento de Ordenamiento Territorial y Planificación, identifique e incorpore a su patrimonio los bienes vacantes o mostrencos, con el propósito de regularizar su propiedad.

La iniciativa para la incorporación y regularización de los bienes vacantes o mostrencos al patrimonio municipal, podrá ser realizada por las autoridades cantonales, sean estas municipales o parroquiales, entidades del estado.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 419, literal c) del COOTAD, son propiedad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados los bienes de dominio privado, incluidos entre ellos, los bienes mostrencos, situados dentro de su respectiva circunscripción territorial.

Art.- 11.- REQUISITOS PARA LA INCLUSIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL.- La incorporación y regularización de los bienes vacantes o mostrencos al patrimonio municipal, estará amparados en los siguientes documentos y requisitos:

  1. Levantamiento topográfico elaborado por técnicos(as) municipales;
  2. Informe del Director(a) de Ordenamiento Territorial y Planificación;
  3. Informe del Director(a) de Avalúos y Catastros;
  4. Certificación del Registro de la Propiedad del cantón Otavalo
  5. Informe favorable del(a) Procurador(a) Síndico(a);

f) Publicación en un medio de comunicación escrito por una sola vez con cobertura local y en el portal web institucional, (Art.709 del Código Civil)

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Art. 12.- Procedimiento de la Incorporación de Bienes Inmuebles Vacantes o Mostrencos al Patrimonio Municipal

La declaratoria de un bien como mostrenco deberá contar con el aval de las dependencias municipales correspondientes, mismas que emitirían los respectivos informes técnicos, así:

  1. La Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación, luego de identificado el bien, dispondrá de 7 días hábiles a la Dirección de Avalúos y Catastros para, realizar el levantamiento topográfico del predio y elaborar un informe debidamente motivado (conforme lo dispuesto en el Art. 76, numeral 7, literal I) de la Constitución de la República del Ecuador) que determine la factibilidad o no de la declaratoria del mencionado bien como mostrenco.
  2. Este informe, entre otras cosas, deberá contener las principales características del predio: dimensiones, áreas, linderos, colindantes y ubicación georreferenciada dentro del perímetro urbano, zonas de expansión urbana, centros urbano-parroquiales o asentamientos declarados como urbanos, de conformidad a la delimitación urbana y normativa de uso y ocupación de suelo para el sector.
  3. La Dirección de Avalúos y Catastros, por solicitud de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación, remitirá concomitantemente, la planimetría del predio y un certificado de avalúo en base al plano de valor del suelo, en donde se harán constar todas sus particularidades, debidamente sellados y firmados.
  4. Así mismo, se oficiará al Registro de la Propiedad para que certifique si sobre la propiedad en cuestión se encuentra inscrito algún título traslaticio de dominio y los gravámenes respectivos; en caso de existir alguna novedad sobre el predio, la hará constar en dicho documento.
  5. Todo el expediente será remitido al/la Procurador/a Síndico/a, para que en un plazo de 7 días (siete), luego de su revisión y análisis, emita el consiguiente criterio jurídico de factibilidad.

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6) Procuraduría Sindica realizará el extracto para la publicación previo a la declaratoria del bien mostrenco como patrimonio municipal, el mismo que será publicado por una solo vez en un medio de comunicación escrito, con cobertura local y en el portal web institucional;

Sí el trámite cumple con las formalidades y requisitos establecidos, el/a Procurador/a Sindico/a enviará la documentación al Alcalde para que, por su intermedio, sea conocida y aprobada por la Comisión respectiva y posterior por el Concejo Municipal.

De determinarse la existencia de algún defecto subsanable en esta etapa, el expediente volverá a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación para su corrección o complementación.

Si, por el contrario, existieren defectos graves, inconsistencias, errores sustanciales o cualquier tipo de impedimento, el/a Procurador/a Sindico/a de la Municipalidad, de forma debidamente motivada, pedirá el archivo del proceso.

Art.13.- Aprobación, resolución declaratoria del Concejo Municipal.

El Concejo Municipal, luego de conocer la documentación de sustento, mediante resolución debidamente motivada, determinará la pertinencia del procedimiento.

De aprobarse la propuesta de declaratoria del bien mostrenco como propiedad municipal, se procederá a la elaboración de la Resolución por parte de Secretaria General caso contrario, se ordenará el archivo del proceso.

Art. 14.- Registro del bien.

Una vez se han cumplido todas las formalidades establecidas en los artículos precedentes, el bien será inscrito como bien de dominio privado de la Municipalidad, disponiéndose que la Resolución de Concejo sea elevada a escritura pública.

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El Registro de la Propiedad, una vez haya recibido una copia de todo expediente y la correspondiente notificación sobre la resolución favorable, procederá con el protocolo de rigor, agregando a la minuta las clausular de estilo; finalmente hará constar en su- archivo el bien como propiedad municipal.

Art. 15.- Impugnaciones.

Si hubiese alguien que se considere afectado con la declaratoria, dispondrá de 15 días plazo (quince), desde última publicación, para presentar de manera escrita las objeciones del caso; dicho reclamo estará dirigido a la Máxima Autoridad Cantonal, adjuntándose para el efecto los siguientes documentos:

  1. Copia autenticada de la escritura pública que le acredite como propietario legal del bien declarado mostrenco, en la cual deberá constar la respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón;
  2. Carta de pago del impuesto predial actualizado del bien en cuestión;
  3. Certificado de no adeudar al Municipio del peticionario y de su cónyuge (en caso de ser casado o mantener unión de hecho);
  4. Levantamiento planimétrico georreferenciado del predio, físico y digital;
  5. Certificado de gravamen del bien inmueble reclamado, en el que conste el historial del dominio, por lo menos de los últimos 10 años (diez), otorgado por el Registro de la Propiedad del Cantón, y
  6. Declaración juramentada ante el Notario Público de la posesión del bien por más de diez años, la cual estará avalada por dos colindantes del predio.

La impugnación a la declaración de bien mostrenco, será puesta en consideración de la

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Máxima autoridad quien solicitará que en un plazo máximo de 15 días (quince), la Dirección de Avalúos y Catastros, emitan los informes respectivos.

Si se determinase que la reclamación tiene argumentos válidos y se demuestra legalmente que el afectado ejerce derechos sobre el bien declarado mostrenco, Procuraduría Sindica de forma motivada, mediante resolución, revocará dicha declaratoria, pidiendo, además, el archivo del caso.

CAPITULO III

TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN FAVOR DE SUS

POSESIONAMOS

Art.16.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El ámbito de aplicación constituye la circunscripción territorial urbana de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales del cantón Otavalo.

Art. 17.- OBJETO.- Tiene por objeto lo siguiente:

  1. La titularización administrativa de los bienes inmuebles que carecen de título inscrito y que están en posesión de personas naturales y jurídicas de derecho privado y público, que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza.
  2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de dominio de la tierra, siempre que éstas no estén en litigio ni pesen sobre ellas gravámenes que limiten la propiedad.
  3. Complementar los catastros prediales con la identificación de los(as) propietarios(as) de cada inmueble.
  4. Ampliar el universo de contribuyentes en materia tributaria municipal.

Art.18.- Son beneficiarios de la Titularización Administrativa todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado que no poseen título inscrito sobre sus bienes, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, en derecho, reconoce la propiedad de las personas que han permanecido en posesión

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pacífica, pública e ininterrumpida por más de cinco años, sobre los bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro urbano, zonas de expansión urbana, centros urbano-parroquiales y asentamientos declarados como urbanos en de la jurisdicción del cantón Otavalo

Art. 19.- Responsabilidad de los Servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo.- Los procedimientos de titularización se desarrollarán a través de la Dirección de Avalúos y Catastros – Jefatura de Tierras, cuyo titular con el apoyo técnico – legal de: Asesoría Jurídica, Registro de la Propiedad, Dirección de Avalúos y Catastros, Dirección de Ordenamiento territorial y Planificación y más dependencias municipales que fuesen menester, que prestarán el apoyo y soporte de información y logístico necesario, según se requiera.

En caso de comprobarse dolo o falsedad en la información, se archivará el trámite, sin perjuicio del inicio del proceso para el ingreso del bien inmueble al patrimonio municipal; y, de las acciones legales que correspondan.

El Director/a de Avalúos y Catastros ejercerá la función instructora del procedimiento, a través de la Unidad de Tierras.

Art. 20.- Responsabilidad de los Solicitantes.- Los solicitantes son responsables de la información que presentan para el trámite, siendo de su exclusiva obligación el no afectar derechos de terceros, bajo prevenciones de las consecuencias jurídicas por falsedad de la declaración.

De comprobarse la existencia de dolo, mala fe o falsedad en la información proporcionada para el trámite de regularización, dicha conducta constituirá causal suficiente para negar y proceder al archivo del trámite de regularización, sin perjuicio de oficiar a las autoridades competentes para que se proceda conforme a derecho, quedando a salvo la facultad que tiene el GAD Municipal del Cantón Otavalo, de disponer de dicho bien mostrenco que es de su dominio por mandato legal.

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Art. 21.- Obligación de los Beneficiarios.- Los administrados, sin perjuicio de las tareas de verificación y validación de la información por parte de la Dirección de Avalúos y Catastros, deberán dar facilidades para traslados y presentar la documentación técnica de respaldo e información sustentada que aporte a los procesos de titularización de inmuebles mostrencos.

Art. 22.- Concordancia con los Planes de Desarrollo Urbano.- La titularización y adjudicación a título singular o en propiedad común, sólo podrá hacerse respetando los tamaños de lotes que correspondan a las áreas o sectores de planeamiento o por procedimientos de determinación de nuevos sectores o subsectores, según resuelva el Concejo Cantonal de acuerdo a lo que disponga el «Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial» (PDOPT), El Plan de Gestión y Uso del Suelo (PUGS), y más planes urbanísticos complementarios.

La resolución de titularización de cada predio determinará el o los propietarios del predio, sus dimensiones, coordenadas geográficas, linderos, superficie, avalúo, clave catastral y determinantes de uso y ocupación. La resolución de titularización dejará constancia de la licencia urbanística que rige para el predio titularizado.

Art. 23.- Especificaciones técnicas.- El proceso de adjudicación no cambia el régimen de uso de suelo establecido para cada predio.

No se aceptará a trámite de adjudicación, solicitudes que impliquen la división o fraccionamiento de un predio, que no cumpla con lo dispuesto en el artículo 22 de esta ordenanza, contando con informes técnicos de las Direcciones de Planificación y Avalúos y Catastros que garanticen el derecho de habitabilidad.

El levantamiento topográfico referido cumplirá las siguientes especificaciones:

1. Ser debidamente georreferenciado, utilizando el sistema de referencia SIRGAS o su similar WGS-84 y la proyección UTM, ubicación del predio con detalle de las características de construcciones en caso de existir, nombres y apellidos de colindantes, superficie del predio expresada en metros cuadrados con dos decimales, detalles

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geográficos, ancho de las vías colindantes, nombre completo y firma del posesionarlo del cuerpo de terreno y del profesional responsable del levantamiento. El levantamiento topográfico georreferenciado se presentará en medio físico y digital.

2. El levantamiento topográfico se realizará con métodos convencionales y/o GPS diferenciales esto con el afán de garantizar un error máximo de +/- de 50 (cincuenta) centímetros.

Para cada cambio de dirección o cuando coincide con el límite de un predio colindante se deberá establecer un vértice que será identificado con la letra P acompañado de su número secuencial.

  1. Cuando exista más de un posesionarlo, en el plano, a continuación del nombre completo de uno de los poseedores, se agregarán las palabras «y otros».
  2. El cuadro de linderos, en el que constará los nombres de los propietarios o poseedores y dimensiones adyacentes de los predios colindantes.

TITULO I

REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES EN POSESIÓN DE

PARTICULARES

Art. 24.- Requisitos.- El o los posesionarios de un predio mostrenco, que pretendan la propiedad sobre el mismo, de manera individual o conjunta, en los porcentajes que declaren, deberán solicitar al señor/a Alcalde/sa, la adjudicación del predio.

La solicitud debe ser clara y contendrá: (Formato Municipal).

1.- La designación de la autoridad ante quién se dirige.

2.- Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad, estado civil, ocupación y dirección domiciliaria de él (la) peticionario(a) o peticionarios(as), en caso

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de ser persona jurídica copia de su nombramiento debidamente registrado o inscrito. Se reconocerá los derechos sucesorios de posesión a fin de recibir la documentación a nombre todos los herederos o de uno solo si se encuentra debidamente facultado.

3.- La determinación exacta del predio o predios que desea se le adjudique, indicando el sector en dónde está ubicado el predio o predios, los linderos, las medidas, la cabida y coordenadas geográficas.

4.- Los nombres y apellidos completos y dirección domiciliaria exacta de todos y cada uno de los colindantes.- Caso contrario, el peticionario declarará bajo juramento desconocer la residencia o domicilio y/o individualidad de los colindantes del predio que pretende la adjudicación.

5.- La declaración juramentada en la que conste que:

  1. El solicitante está en posesión actual, regular, pacífica e ininterrumpida por lo menos en los últimos 5 años.- Al efecto, a la posesión actual se la puede agregar la de su antecesor o antecesores en el derecho, con todas sus características que la rodean.
  2. El declarante, ni sus antecesores posesionarios tienen escritura pública legalmente inscrita sobre el o los predios que pretende la adjudicación.
  3. El (la) solicitante ha efectuado todas las averiguaciones necesarias para determinar si alguna otra persona tenga escrituras inscrita sobre el o los referidos inmuebles, sin que las haya encontrado.
  4. El (la) solicitante manifieste que no hay conflicto limítrofe o posesorio alguno con los colindantes del predio objeto de adjudicación, ni con tercero alguno.

e) El (la) solicitante, con la titularización que se pretende, no está fraccionando, dividiendo o desmembrando predios; y,

f) El (la) solicitante conoce la normativa vigente para este procedimiento y que asume las

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consecuencias administrativas, civiles y penales que se deriven del mismo, relevando a la Municipalidad de toda responsabilidad sobre los datos consignados y las afirmaciones declaradas o de las reclamaciones de terceros sobre esta declaración y el procedimiento que solicita.

6.- El estado o forma actual de la posesión.

7.- La designación de una dirección electrónica, a través de la cual debe ser notificado o notificada; y/o dirección domiciliaria dentro del radio urbano del cantón Otavalo; y,

8.- Firma del o de los (las) solicitantes.- En caso de no poder hacerlo, deberá poner su huella digital en presencia de un testigo que firme a su ruego.

No se requiere patrocinio de un profesional del derecho.

Art. 25.- Documentos que se deben Acompañar a la Solicitud.- A la petición se debe acompañar:

1.- Copias de la cédula y certificado de votación.

2.- Levantamiento planimétrico y libreta topográfica en el cual conste la determinación exacta del predio o predios que desea se le adjudique, indicando el sector en dónde está ubicado el predio o predios, los linderos, las medidas, la cabida y coordenadas geográficas. Para el respectivo levantamiento el profesional encargado del mismo deberá solicitar a la Dirección de Avalúos y Catastro a través de la VSM los pares de puntos geodésicos necesarios para dicho levantamiento. Deberá realizarse de conformidad a los formatos técnicos establecidos por la Dirección de Planificación.

3.- Certificado de no adeudar a la municipalidad del peticionario y cónyuge.

4.- Copia del comprobante de pago del impuesto al predio urbano en el caso de que el bien tuviere registro de catastro municipal o la certificación de que no está catastrado a nombre del posesionario que solicita la legalización.

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5.- Un certificado otorgado por el Señor/a Registrador de la Propiedad del cantón Otavalo, en el que conste que no hay titularidad inscrita sobre el predio que se pretende la adjudicación, con un historial de 30 años atrás, en el que conste que el solicitante o sus antecesores no son dueños del predio en mención, en caso de que el catastro conste a nombre de otra persona la búsqueda de bienes deberá también realizarse a nombre del titular del catastro.

6.- Declaración juramentada ante notario, en la que conste:

  1. Modo de adquisición del predio;
  2. Tiempo de posesión pública, pacífica, tranquila e ininterrumpida del predio que deberá ser como mínimo de cinco años;
  3. Declaración expresa en la que se indique: que el predio carece de título de dominio, que no existe controversia en cuanto a la posesión y linderos del predio, que asumen la responsabilidad civil y penal por la información que se declara y que en caso de adjudicarse el predio a los solicitantes, aquello no exime de todas las afecciones actuales o futuras que puede tener el predio resultante de la planificación y el ordenamiento territorial del GAD Municipal del Cantón Otavalo y de las limitaciones de su uso; y, que liberan de responsabilidad al GAD Municipal del Cantón Otavalo, por el acto de adjudicación;

7.- El Informe de Regulación (Urbano Rural) del Cantón Otavalo- para titularización de predios en posesión de particulares.

8.- Una certificación o copia de la patente municipal a favor del profesional que realizó el levantamiento; y,

9.- Pago del impuesto predial actualizado.

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10.- En caso de constar el predio catastrado a nombre de una persona fallecida deberá adjuntar copia del acta de definición.

11.- Las demás pruebas que creyere pertinente el interesado aportar en defensa de su petición, sobremanera para probar la posesión y su tiempo.

La prueba, a la que sea imposible tener acceso, deberá ser anunciada por el o la peticionaria.

12.-En el caso de que el(la) posesionario(a) se encuentre ausente, deberá otorgar poder especial a una tercera persona para el trámite respectivo.

TITULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES EN POSESIÓN DE

PARTICULARES

Art. 26.- Una vez que se reciba en la Ventanilla de Servicios Municipales la solicitud y documentación adjunta, el proceso no excederá de 60 días término, iniciará por trasladar a la Dirección de Avalúos y Catastros quien a través de la Jefatura de Tierras procederá con el trámite administrativo correspondiente, de reunirse los requisitos puntualizados en los dos artículos anteriores, en el término de 3 días procederá a calificarla de clara y completa disponiendo su tramitación. En caso contrario la mandará a aclarar y/o completar en el término de 3 días, bajo prevenciones de archivar el expediente.

1.- La Dirección de Avalúos Catastros y la Jefatura de Tierras, conjuntamente con el requirente, realizarán la inspección de rigor al predio, en donde se confrontarán la información consignada en el expediente, con los datos de campo; se verificarán linderos, dimensiones, ubicación, edificaciones, cerramientos, accidentes geográficos y cualquier información adicional que ayude a esclarecer la tenencia pacifica de la propiedad y la no existencia de litigios o disconformidades de los colindantes.

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2.- El informe de la Dirección de Avalúos y Catastro, será un compendio de lo detallado en el párrafo anterior, adicionando aspectos concernientes a la factibilidad o no de la titularización del bien. Se hará constar, además, si el acto administrativo solicitado no se opone a lo establecido en el PDyOT Cantonal o si el bien reclamado, no es de interés Municipal para el desarrollo de obra o proyecto alguno. Además, deberá hacer constar la situación del predio con relación al registro catastral de la Municipalidad: fecha de registro, nombre del contribuyente, clave catastral, ubicación, área, dimensiones, colindantes, avalúo municipal y cualquier otra información relacionada al predio a titularizarse.

  1. Del mismo modo, se determinará si el predio cumple con lo estipulado en el artículo 5 de la presente ordenanza.
  2. En los tramites que procedan el peticionario en el término de 10 días, deberá acudir a la Jefatura de Tierras a retirar el extracto para su publicación, en un medio de comunicación escrito por una sola vez con cobertura local y en el portal web institucional, y en la Cartelera de cada parroquia a la que pertenece el bien inmueble, debiendo entregar un ejemplar de cada una de las publicaciones, en el término máximo de 10 días, contados a partir de la entrega del extracto, caso contrario el proceso será devuelto al usuario (a) a través de la Ventanilla de Servicios Municipales.
  3. En caso de cumplirse con todos los requisitos y de no haber inconsistencias, errores o cualquier impedimento, dentro del término de ocho días el expediente será enviado mediante un informe motivado desde la Dirección de Avalúos Y Catastros, al Alcalde para que se envíe a la Comisión de Planificación y Finanzas del Concejo Municipal.
  4. El Sr. Alcalde enviará al Concejo para que se incluya el caso al orden del día y sea conocido por el Concejo Municipal.
  5. Secretaria General dentro del término de 3 días posteriores a la expedición de la Resolución de Titularización Administrativa, comunicara a la Jefatura de Rentas par la

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emisión de los valores correspondientes y notificara a los interesados, quienes deberán proceder a su cancelación.

  1. Con el trámite aprobado, el expediente y la resolución, serán puestos a consideración del Secretario General para que solicite la protocolización y entregue al peticionario para su protocolización en la Notaría Pública e inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón.
  2. El beneficiario finalmente, para archivo y constancia, entregará en la Dirección de Avalúos y Catastros una copia certificada de la escritura pública con la debida inscripción en el Registro de la Propiedad, para la actualización en el catastro.

Art. 27.- En el caso que el Concejo Municipal, de forma motivada, resolviere negar el pedido se procederá a notificar al (la) interesado(a) para que ejerza sus derechos legales. La negativa expresada por el Concejo Municipal no obsta para que el/la interesada(a) pueda volver a presentar la solicitud y retomar el trámite en caso de haber superado la situación que motivó la misma; o intentar los recursos de reposición o revisión en la vía administrativa, en los términos señalados en el COOTAD.

Art. 28.- RESERVA MUNICIPAL.- De comprobarse dolo o falsedad de los hechos declarados bajo juramento, el Concejo Municipal se reserva el derecho de dejar sin efecto, en cualquier momento, la adjudicación de los bienes inmuebles.

Art. 29.- RECLAMOS Y OBJECIONES DE TERCEROS(AS) INTERESADOS(AS).- Si un tercer interesado(a) entrare en conocimiento del proceso de titularización a favor de una persona natural o jurídica y presentare su reclamo ante el Alcalde(sa), la autoridad dispondrá a la Director(a) de Avalúos y Catastros a través de la Jefatura de Tierras, suspenda el trámite; una vez superado el inconveniente se continuará sustanciando el trámite administrativo. Si un tercer interesado(a) se presentare una vez concluido el trámite administrativo y alegare derechos sobre el bien titulado, deberá acudir a la justicia ordinaria.

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TITULO III

TASAS Y FORMA DE PAGO

Art. 30.- TASAS Y VALORES A PAGAR.- El (la) beneficiario (a), deberá cancelar en Ventanilla de Recaudación lo siguiente:

a) Tasa por trámites administrativos realizados en el proceso: el 10 % de la Remuneración Básica Unificada.

b) Valor de Titularización Administrativa del bien inmueble correspondiente al 5 % del avalúo catastral.

En caso de existir construcciones, se adicionará el 2 % del valor catastral de la edificación.

Art. 31.- FORMA DE PAGO.- Los(as) beneficiarios(as) podrán pagar el valor notificado por secretaría general de la siguiente manera:

  1. De contado, hasta 30 días después de la notificación,
  2. Mediante convenio de pago de hasta 6 meses, sin intereses, con un 30% mínimo de abono inicial. En este caso la entrega de la Resolución de Titularización Administrativa se realizará previa cancelación del valor total.
  3. Mediante convenio de pago de hasta 12 meses con la tasa máxima de interés legal convencional.

En los casos de los literales b) y c) vencidos tres pagos mensuales se declararán vencido el plazo y se dará inicio al cobro vía coactiva.

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TITULO IV DE LAS PROHIBICIONES

Art. 32.- Los predios adjudicados, independientemente de la forma de pago, quedarán prohibidos de enajenar a terceros por un período de tres años; debiendo constar este gravamen en la Resolución de Titularización Administrativa, sin embargo, podrá hipotecarse con el único fin de acogerse a incentivos y beneficios que ofrece el gobierno nacional a la población.

Capítulo IV

REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS EN EL ÁREA DE TERRENOS URBANOS Y RURALES, PROVENIENTES DE ERRORES DE CÁLCULO O MEDICIÓN.

Art. 33- Objeto.

De acuerdo a sus competencias establecidas en la Constitución y COOTAD respecto al uso y ocupación del suelo, es intención y potestad del Gobierno Municipal, regularizar y legalizar la tenencia de los excedentes o diferencias, derivados de errores de cálculo o de medición, en terrenos urbanos o rurales, de propiedad municipal o privada, con el propósito de ejercer un adecuado control y ordenamiento territorial y otorgar seguridad jurídica sobre sus bienes inmuebles al propietario.

La Dirección de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, es la instancia administrativa competente para el proceso de regularización de excedentes o diferencias provenientes de errores de cálculo o medición, objeto de este Título. La adjudicación, en cambio lo realizará el (la) Alcalde (sa) o su delegado/a mediante Resolución Administrativa.

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Art. 34- Consideraciones Técnicas y Legales:

En base a lo establecido en el Art. 481.1 del COOTAD, los excedentes en el área de un terreno que superen el error técnico aceptable, son de propiedad municipal.

Para el caso, se entenderá por excedente al sobrante y por diferencia al fallante en la superficie de un terreno con respecto a la superficie original que conste en el título de propiedad, o entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas, que superen el error técnico aceptable.

Para los predios ubicados en suelo urbano, se considerará como error técnico aceptable de medición, un valor igual o menor al diez por ciento (10%) de la variación existente entre la superficie de la escritura y la última medición realizada.

Para los predios ubicados en suelo rural, se considerará como error técnico aceptable de medición, un valor igual o menor al veinte por ciento (20%) de la variación existente entre la superficie de la escritura y la última medición realizada.

Art. 35.- DIFERENCIAS.- Los excedentes que no superen el error técnico de medición, en terrenos urbanos y rurales, se rectificarán y regularizarán a favor del propietario del lote que ha sido mal medido, esta adjudicación, deberá ser instrumentada mediante escritura pública, e inscrita en el Registro de la Propiedad, conforme al Art. 702 del Código Civil, dejando a salvo los derechos que puedan tener terceros perjudicados.

  1. Si el excedente supera el error técnico de medición, en terrenos urbanos y rurales, se regularizará mediante el proceso de adjudicación; establecido en la presente ordenanza, a través de resolución dictada por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá en el respectivo registro de la propiedad;
  2. Si existe diferencia en menos de la superficie original del terreno que consta en el título de dominio y que se determinen al efectuar una medición por cualquier causa o que resulten entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo

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o de medidas, esta regularización deberá ser instrumentada mediante una Resolución la cual deberá ser elevada a escritura pública, e inscrita en el Registro de la Propiedad;

Art. 36.- DETERMINACIÓN DE LINDEROS.- Para la determinación de linderos se podrán considerar tanto los elementos físicos permanentes existentes en el predio como: muros o cerramientos; así también elementos naturales existentes como: quebradas, taludes, espejos de agua o cualquier otro accidente geográfico.

Art. 37.- Requisitos para el Trámite de Regularización de Excedentes o Diferencias en el Área de Terrenos Urbanos y Rurales, Provenientes de Errores de Cálculo o Medición.

  1. Solicitud dirigida al Alcalde, en formato municipal
  2. Copia de la cédula, certificado de votación de la o el peticionario y su cónyuge o pareja de hecho, en caso de personas naturales. Copia a colores del RUC, nombramiento certificado y papeleta de votación del representante legal, en caso de personas jurídicas;
  3. Copia de la escritura debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad;
  4. Copia del pago del impuesto predial del año en curso;
  5. Certificado de gravámenes actualizado;
  6. Levantamiento planimétrico en el cual conste la determinación exacta del predio o predios que desea se le adjudique, indicando el sector en dónde está ubicado el predio o predios, los linderos, las medidas, la cabida y coordenadas geográficas. Para el respectivo levantamiento el profesional encargado del mismo deberá solicitar a la Dirección de Avalúos y Catastro a través de la VSM los pares de puntos geodésicos necesarios para dicho levantamiento. Deberá realizarse de conformidad a los formatos técnicos establecidos por la Dirección de Avalúos y

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Catastro. Además, deberá establecer medidas, colindantes, ubicación, cuadro de áreas en la que consten los excedentes o diferencias.

g) Declaración juramentada notariada del solicitante, indicando que, con dicho procedimiento, no se está afectando a terceros.

Art. 38.- Formas de Detección de Excedentes y Procedimiento a Seguir.- El

Excedente de terreno se determinará en los siguientes casos:

  1. En el proceso de transferencia de dominio de bienes, aprobación de desmembraciones, proyectos arquitectónicos, urbanizaciones y/o en cualquier otro procedimiento administrativo.
  2. Sin perjuicio de lo previsto en el literal anterior, la iniciativa para la legalización de excedentes objeto de este Título, podrá provenir de la parte interesada.

Art. 39. Procedimiento.-

  1. Una vez que se reciba en la Ventanilla de Servicios Municipales la solicitud y documentación adjunta, el trámite no excederá de 30 días término, el expediente se remitirá a la Dirección de Avalúos y Catastros para que se emita el informe técnico correspondiente, debiendo cotejarse el área del título de dominio con el área actual; se establezca el error técnico aceptable de medición de haberlo; se determine el excedente de terreno existente y el excedente de terreno a regularizar, descontando el error técnico aceptable de medición; así como la diferencia de terreno de ser el caso; y,
  2. Luego se remitirá el trámite a la Dirección Avalúos y Catastros, para que certifique el valor a cancelar, el mismo que se calculara tomando en cuenta lo siguiente:

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– El 8% del valor del metro cuadrado base establecido en el sector homogéneo o eje comercial donde se encuentre el predio, multiplicado por los m2 de excedente a regularizarse; para los predios urbanos de la cabecera cantonal.

– El 25% del valor del metro cuadrado base establecido en el sector homogéneo o eje comercial donde se encuentre el predio, multiplicado por los m2 de excedente a regularizarse; para los predios urbanos de las cabeceras parroquiales

– Para los predios del sector rural se calculará en base a la siguiente tabla:

Área de excedente a regularizarse

Valor por m2 del sector homogéneo

Hasta 1000 m2

2,5%

1000m2 hasta 5000 m2

2%

50001 m2 en adelante

1,50%

c) Término.- El procedimiento para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ordenanza, no podrá superar el término de 30 días, contados a partir de la recepción del expediente en secretaría municipal.

  1. Informe previo del Procedimiento para la regularizado n, – Constituirá informe de obligatoria expedición, dentro del procedimiento de regularización de excedentes o diferencias de terrenos a iniciativa de la municipalidad o del administrado, el informe de avalúos y catastros, que deberá determinar lo siguiente:
  2. La superficie del excedente y/o diferencia del terreno;
  3. La superficie rectificada del inmueble, considerando el excedente que se incorporará a la superficie original del mismo; o, la diferencia que se disminuirá;

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g) El avalúo municipal del terreno y el valor rectificado del impuesto predial del inmueble a regularizarse, considerando dicho excedente o diferencia; y,

h) El valor del metro cuadrado del terreno tomando como referencia el avalúo catastral y las condiciones socio económicas del propietario del lote principal.

i) Resolución de la primera autoridad:

  • Para efectos de la regularización de excedentes y diferencias de terrenos que superen el error técnico aceptable de medición, la primera autoridad del ejecutivo emitirá la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE REGULARIZACIÓN correspondiente, mediante la cual se determinará la nueva superficie de terreno rectificada, que incluirá el excedente o diferencia; al igual que el nuevo avalúo e impuesto predial rectificados; en ambos casos la resolución emitida, una vez protocolizada en una Notaría Pública, se inscribirá en el Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Otavalo, la misma que constituirá justo título para la modificación del historial de dominio del terreno;
  • Previo a emitir la resolución administrativa antes indicada, se emitirán los títulos de crédito correspondientes por el valor a pagar por concepto de los servicios técnicos y administrativos por la regularización de las diferencias y de los excedentes que superen el error técnico aceptable de medición, según lo determinado en el Art. 31 de la presente ordenanza;
  • Una vez presentada toda la documentación, Secretaria General verificada los antecedentes que sirvieron de sustento para la regularización de los excedentes o diferencias de terrenos, y emitirá la resolución administrativa en un término no mayor a 3 días;

• La resolución administrativa será firmada por la primera autoridad del ejecutivo, y contendrá lo siguiente:

• Los considerandos legales que fundamentan el acto administrativo de regularización de excedentes y diferencias de terrenos;

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  • La enunciación de los informes técnicos y más documentos que sirvieron de base para la regularización;
  • El antecedente de dominio del predio sobre el cual se va a regularizar el excedente, detallando como mínimo las últimas tres transacciones de haberlas;
  • La disposición para que se rectifiquen los linderos y medidas del inmueble que es objeto de la regularización, de acuerdo al levantamiento planimétrico actualizado;
  • El requerimiento al Director de Avalúos y Catastros, para que una vez protocolizada e inscrita la resolución administrativa, proceda a RECTIFICAR LA MEDICIÓN Y EL CORRESPONDIENTE AVALÚO E IMPUESTO PREDIAL de los terrenos;

Art. 40.- De la inscripción:

  1. Pagados los títulos de crédito, por los servicios técnicos y administrativos por la regularización de diferencias y excedentes de terrenos urbanos y rurales que superan el error técnico aceptable de medición , Secretaria General procederá a elaborar las resoluciones administrativas que correspondan, que deberán ser protocolizadas e inscritas en el Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Otavalo, entidad que informará a la Sección de Avalúos y Catastros, para efectos de la actualización catastral correspondiente.
  2. La actualización catastral que hubiere sido practicada con anterioridad a la expedición de la resolución administrativa de regularización de excedentes o diferencias de terrenos, para que sea definitiva, deberá guardar concordancia con la superficie que se registre en los documentos protocolizados e inscritos.

Art. 41.- Prohibición de inscripción.- En ningún caso el Registrador Municipal de la Propiedad del Cantón Otavalo inscribirá escrituras públicas que modifiquen el área del último título de dominio o sus linderos, sin que se demuestre que el proceso de regularización por excedentes o diferencias de terreno ha sido sustanciado y concluido por las instancias municipales correspondientes.

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Art. 42.- Responsabilidades.- Las autorizaciones señaladas en esta ordenanza, no comprometen a los funcionarios de la Entidad Municipal ni acarrean responsabilidad por posibles daños o perjuicios a terceros o a la parte interesada, excepto en caso de dolo. Todo trámite será de exclusiva responsabilidad del propietario.

Art. 43.- Alteraciones.- Si se comprobare alteración en los excedentes o en las diferencias de las superficies de terrenos, información falsa, inexactitud en las planimetrías aprobadas, el propietario será sancionado con la reversión del trámite, sin tener derecho a la devolución por pago de tasas e impuestos.

Art. 44- Gastos.- Los valores que se generen por efecto del levantamiento de la información, certificaciones municipales, protocolizaciones e inscripciones, mediciones municipales y otras solemnidades correrán a cargo del beneficiario de la regularización.

Art. 45.- En ningún caso el (la) Registradora) de la Propiedad del cantón Otavalo inscribirá escrituras públicas que modifiquen el área del último título de dominio, sin que demuestre el usuario (a) que el proceso de legalización por excedente ha concluido.

Capítulo V ADJUDICACIONES FORZOSAS DE FAJAS MUNICIPALES

Art. 46.- Consideraciones legales.

En el caso de detectarse la existencia de fajas de terrenos que la Municipalidad, por su forma o dimensiones, no pudiera aprovecharlas, deberán ser adjudicadas a los colindantes, mediante subasta pública.

Las direcciones municipales que en el ejercicio de sus funciones identifiquen fajas de terreno que sean susceptibles de adjudicación, deberán informar del particular por escrito al Alcalde(sa), para que disponga el inicio del proceso de subasta pública.

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TITULO I

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN FORZOSA DE FAJAS

MUNICIPALES

Art. 47.- Procedimiento para la adjudicación forzosa.

a) Una vez determinadas las fajas, el Alcalde ordenará se remitan los informes técnicos respectivos de Planificación, Avalúos y Catastros, y Secretaria General para que elabore la resolución, convocatoria y notificaciones a los colindantes, sobre la subasta;

  • El informe de Planificación deberá contener las consideraciones generales para adjudicación de las fajas en cuestión, sus dimensiones, ubicación, colindantes, etc.
  • El informe de Avalúos y Catastros, en lo posible, presentará el historial y la valoración del bien, en base al avalúo real, precio que servirá de base para la subasta pública.
  1. El proceso de subasta se realizará en el lugar y fecha que se determine en la convocatoria y los interesados deberán presentar las ofertas en sobre cerrado, adjuntando sus documentos personales y mínimo el 10% del precio referencial del bien;
  2. Si habiéndose llamado a subasta, no se manifestare el interés de ninguno de los colindantes, dichas fajas podrán ser adjudicados directamente al propietario colindante, que a juicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, es el más idóneo para adquirirlas, por un valor igual al de la base de la subasta, valor que lo cubrirá incluso por la vía coactiva en caso el propietario se rehusé al pago alegando que no le interesa adquirir el mencionado bien;

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  1. En caso de haber un solo propietario colindante, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, adjudicará de manera directa a éste y su precio será determinado por Avalúos y Catastros;
  2. Dependiendo el monto a cancelar, el 90% restante del valor, podrá realizarse hasta en 5 años (cinco), mediante un convenio de pago;
  3. La Resolución de Adjudicación podrá ser Inscrita en el Registro de la Propiedad, luego de realizado el último pago.

Si el adjudicatario perteneciese a grupos de atención prioritaria, la Municipalidad tomará medidas de acción positiva

Art.- 48.- En todos los casos contemplados en esta ordenanza, previa la emisión de la Resolución Administrativa de la Máxima Autoridad Municipal, el Gobierno Municipal notificará al usuario que ha sido adjudicado deberá cumplir con los consiguientes pagos de tasas, tarifas u otros valores por concepto de estos servicios administrativos.

Art. 49.- Valor del terreno.

Para el caso de adjudicación forzosa de fajas municipales, el valor por metro cuadrado de terreno en el caso de que exista subasta, será el valor del precio base catastral por metro cuadrado de acuerdo a los ejes comerciales y sectores homogéneos tanto en el área urbana como rural.

Para el caso de adjudicación forzosa de fajas municipales, el valor por metro cuadrado de terreno en el caso de que exista un solo propietario colindante el cálculo será igual al valor establecido en las tablas de cálculo para los EXCEDENTES.

Si se tratase de terrenos adjudicados a instituciones del Estado, dichos predios, en base a la disponibilidad y la necesidad debidamente justificada, podrán ser transferidos directamente sin costo alguno.

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Art. 50.- Forma de pago.

  1. De contado.
  2. Mediante convenio de pago máximo de hasta 3 meses, sin intereses con un 30% mínimo de abono inicial. En este caso la entrega del Acta de Adjudicación por parte de él/a Procurador/a Sindico/a será previa la cancelación total. Si el pago es a plazos, se incrementará a cada cuota el interés legal vigente a la fecha de la adjudicación, debiendo elaborar una tabla de amortización.

En caso de haberse convenido realizar los pagos a plazos, y si el beneficiario no pagare consecutivamente cinco (5) cuotas de amortización, el bien revertirá automáticamente al patrimonio Municipalidad, por igual precio al que fue adjudicado; los intereses del capital se entenderán compensados con el uso o usufructo del bien.

Capítulo VI

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: – Prohibiciones de Enajenar: – a) Los lotes adquiridos mediante cualquiera de las formas descritas en esta ordenanza, no podrán enajenarlo por un período de tres años contados desde la inscripción del predio en el Registro de la Propiedad; b) En los casos de planes de vivienda social municipal, la prohibición de enajenar será de 5 años;

c) En ambos casos, deberá hacerse constar la prohibición de enajenar, en la minuta para la escritura pública.

SEGUNDA: Restricciones generales. -a) En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se tramitarán solicitudes para titularización, adjudicación o regularización de excedentes en predios en los que: Se pretenda el reconocimiento del dominio sobre ríos, riachuelos, lagunas, márgenes de protección, etc.; Se determine disconformidad, ya sea en la posesión

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o por La determinación de linderos; Con el acto administrativo correspondiente, se violaren cualquier normativa de orden general o cantonal.

b) El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, mediante Resolución, dejará sin efecto el acto administrativo sobre los predios que se determinaren fueron titularizados, adjudicados o regularizados dolosamente; dicha resolución estará fundamentada en los informes técnicos del Departamento de Ordenamiento Territorial y Planificación y Jurídico respectivamente, sin perjuicio de las acciones legales que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo pudiese implantar en contra de los que cometieron y propiciaron el ilícito, pudiendo incluso la Municipalidad, considerar el predio como vacante o mostrenco e incorpóralo a su patrimonio.

Capítulo VII

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Queda derogada «La ordenanza que regula los procesos de titularización administrativa para: incorporar bienes inmuebles vacantes o mostrencos al patrimonio municipal, predios urbanos en posesión de particulares regularización de excedentes o diferencias de áreas de terreno urbano y rural provenientes de errores de cálculo o medición y adjudicaciones forzosas» publicada en el Registro Oficial N° 192 del 26 de febrero del 2014 y todas las disposiciones que se opongan a la presente Ordenanza, sean estas de igual o menor jerarquía. Se observarán y respectarán los derechos adquiridos bajo la vigencia de la Ordenanza derogada y formas legítimas de adquirir el dominio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Hasta el mes de julio en que la Dirección de Avalúos y Catastros conforme la totalidad del equipo de la Unidad de Tierras, la función instructora del procedimiento continuará a cargo de la Procuraduría Sindica quien con sus funcionarios ejecutara las actividades delegas a través de eta ordenanza a la Unidad de Tierras.

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SEGUNDA.- Una vez que la Dirección de Avalúos y Catastros cuente con los puntos geodésicos establecerán el valor a cancelar a través de la Tesorería Municipal, a fin de cumplir lo que establece el Art. 25 numeral 2 de esta ordenanza.

TERCERA.- En el plazo de un año, las direcciones Financiera y de Avalúos y Catastros verificarán el costo real que representa para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo la prestación de los servicios establecidos en esta ordenanza.

Capítulo VIII

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA Todo cuanto no se encuentre contemplado en la presente ordenanza, se aplicará lo dispuesto en el COOTAD, Código Civil, y demás leyes conexas.

SEGUNDA: – La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIE2RNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO.- CERTIFICO: Que la presente «Ordenanza Sustitutiva que Regula los Procedimientos para la

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Incorporación de Bienes Inmuebles Vacantes o Mostrencos al Patrimonio Municipal; Titularización Administrativa de Predios en favor de sus Posesionarios; Adjudicaciones Forzosas de Fajas Municipales Ubicadas en la Zona Urbana, Zonas de Expansión Urbana, Centros Urbano – Parroquiales, Regularización de Excedentes o Diferencias en el Área de Terrenos, Ubicados en la Zona Urbana o Rural del Cantón Otavalo» , fue discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, en dos discusiones realizadas en sesiones, extraordinaria Nro. 44 de fecha nueve de enero de dos mil veinte, y ordinaria Nro. 46. instalada el día veinte de enero, y clausurada el día diez de febrero del año dos mil veinte, de conformidad con el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, remito al señor Alcalde para su sanción. En la ciudad de Otavalo, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veinte, las nueve horas.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO.- En la ciudad de Otavalo, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinte, las trece horas.- Vistos: Por cuanto la presente «Ordenanza Sustitutiva que Regula los Procedimientos para la Incorporación de Bienes Inmuebles Vacantes o Mostrencos al Patrimonio Municipal; Titularización Administrativa de Predios en favor de sus Posesionarios; Adjudicaciones Forzosas de Fajas Municipales Ubicadas en la Zona Urbana, Zonas de Expansión Urbana, Centros Urbano – Parroquiales, Regularización de Excedentes o Diferencias en el Área de Terrenos, Ubicados en la Zona Urbana o Rural del Cantón Otavalo», reúne todos los requisitos constitucionales y legales: y, de conformidad con lo prescrito en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomías y

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Descentralización, SANCIONO la presente reforma para su inmediata vigencia. Remítase al Registro Oficial para su promulgación y publicación.

CERTIFICO: Sancionó y ordenó la promulgación de la presente «Ordenanza Sustitutiva que Regula los Procedimientos para la Incorporación de Bienes Inmuebles Vacantes o Mostrencos al Patrimonio Municipal; Titularización Administrativa de Predios en favor de sus Posesionarios; Adjudicaciones Forzosas de Fajas Municipales Ubicadas en la Zona Urbana, Zonas de Expansión Urbana, Centros Urbano – Parroquiales, Regularización de Excedentes o Diferencias en el Área de Terrenos, Ubicados en la Zona Urbana o Rural del Cantón Otavalo», el señor Mario Conejo Maldonado, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, a los trece días del mes de febrero del año • dos mil veinte. ^

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes 11 de mayo de 2020 (R.O 559, 11–mayo -2020) EDICIÓN ESPECIAL

SUMARIO:

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

011-2020 Cantón Loja: Que regula el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva

– Cantón Palora: Sustitutiva que regula el uso de los espacios públicos, frente al uso y consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y bebidas alcohólicas….. 28

– Cantón Bolívar: Reformatoria a la Ordenanza de creación, organización, implementación y funcionamiento del Sistema Cantonal de Igualdad y Protección Integral de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria+

– Cantón Bolívar: Para la organización, administración y funcionamiento del Registro de la Propiedad

– Cantón Otavalo: Sustitutiva que regula los procedimientos para la incorporación de bienes muebles vacantes o mostrencos al patrimonio municipal, titularización administrativa de predios en favor de sus posesionarios; adjudicaciones forzosas de fajas municipales, ubicadas en a zona urbana, centros urbano-parroquiales, regularización de excedentes o diferencias en el área de terrenos, ubicados en la zona urbana o rural

Nro. 011-2020

ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN

LOJA

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 225 que el sector público comprende: numeral 2. «Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.»

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 227, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 238, determina que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad ínter territorial, integración y participación ciudadana;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 240 manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el inciso final del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador faculta a los gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias y territorio expedir ordenanzas cantonales;

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros

(…)»;

Que, el artículo 300 primer inciso de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria: Se priorizarán los impuestos directos y progresivos;

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Que, el artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, inciso primero dispone que ninguna función del Estado, ni autoridad extraña podrá interferir en la Autonomía política, administrativa y financiera propia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, establece que los gobiernos autónomos descentralizados tienen facultad Normativa para el pleno ejercicio de sus competencias, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, por lo tanto entre sus atribuciones está la de regular la aplicación de medidas que propendan al desarrollo cantonal e institucional;

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), expresa: «Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden (…);

Que, el artículo 57 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, otorga la facultad a los GADS Municipales regular, mediante Ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;

Que, el artículo 340 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece: «Deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera.- Son deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera las que se deriven de las funciones que a la dependencia baja su dirección le compete, las que se señalan en este Código, y resolver los reclamos que se originen de ellos. Tendrá además las atribuciones derivadas del ejercicio de la gestión tributaria, incluida la facultad sancionadora, de conformidad con lo previsto en la ley;

La autoridad financiera podrá dar de baja a créditos incobrables, así como previo el ejercicio de la acción coactiva agotará, especialmente para grupos de atención prioritaria, instancias de negociación y mediación. En ambos casos deberá contar con la autorización previa del ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados (..,)»;

Que, el artículo 344 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), dice que el Tesorero Municipal será el responsable de los procedimientos de ejecución coactiva;

Que, el artículo 47 del Código Tributario dice: «Imputación del pago.- Cuando el crédito a favor del sujeto activo del tributo comprenda también intereses y multas, los pagos parciales se imputarán en el siguiente orden: primero a intereses; luego al tributo; y, por último a multas»;

Que, el artículo 65 del Código Tributario establece que la dirección de la administración tributaria en el ámbito municipal le corresponde al alcalde quien la

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ejercerá a través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que determine la Ley;

Que, el Código Tributario en su artículo 149 dice: «Emisión.- Los títulos de créditos u órdenes de cobro se emitirán por la autoridad competente de la respectiva administración, cuando la obligación tributaria fuere determinada y líquida, sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos legalmente; sea de acuerdo a declaraciones del deudor tributario o a avisos de funcionarios públicos autorizados por la ley para el efecto; sea en base de actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas; o de sentencias del Tribunal Distrital de lo Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia, cuando modifiquen la base de liquidación o dispongan que se practique nueva liquidación.

Por multas o sanciones se emitirán los títulos de crédito, cuando las resoluciones o sentencias que las impongan se encuentren ejecutoriadas.

Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, no podrá emitirse título de crédito.»

Que, el Código Orgánico Administrativo, entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial el 07 de julio del año 2017;

Que, el artículo 164 del Código Orgánico Administrativo determina que la Notificación.-«Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos.

La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas.

La notificación de las actuaciones de las administraciones públicas se practica por cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido.»

Que, la Contraloría General del Estado mediante acuerdo No. 047-CG-2018, emite el reglamento para el ejercicio de la potestad coactiva de la Contraloría General del Estado.

Que, el Concejo Municipal en ejercicio de las facultades que le confieren el Art. 264, numeral 9 de la Constitución de la República literales a) y b) y Art. 57 literal a) del COOTAD.

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTÓN LOJA

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TITULO I

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD COACTIVA

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de ejecución coactiva de competencia privativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja.

No se podrá iniciar el procedimiento coactivo en ausencia de la orden de cobro emitida por el órgano legalmente competente para este efecto. Esta orden de cobro lleva implícita para el órgano recaudador la facultad de proceder con el ejercicio de la coactiva. Al procedimiento coactivo se aparejará el respectivo título de crédito, que se respaldará en título de créditos ejecutivos; catastros y cartas de pago legalmente emitidos; asientos de libros de contabilidad, registros contables; y, en general, en cualquier instrumento público que pruebe la existencia de la obligación.

Art. 2.- Ámbito.- La presente Ordenanza regula el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, para la recuperación de los valores adeudados de obligaciones o créditos tributarios, no tributarios y de cualquier otro concepto que se le adeuden; de conformidad con los artículos 261, 262 del Código Orgánico Administrativo.

Art. 3.- Competencia.- La acción coactiva se ejecutará privativamente por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, a través de los recaudadores; a las que la ley confiera acción coactiva. En caso de falta o impedimento le subrogará el Tesorero del GAD-Loja.

Art. 4.- Prescripción.- La acción coactiva que se deriva de las obligaciones originadas, prescribirá en cinco años, contados desde la fecha de la emisión del título de crédito, que se hubiere ejecutoriado. La prescripción será declarada por la Autoridad Nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, medíante un acto Resolutivo de oficio o a petición de parte, o por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por vía de impugnación o por vía de excepción al procedimiento de ejecución coactiva.

La acción coactiva derivada de obligaciones civiles originadas como consecuencia de la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, establecidos en sentencia judicial ejecutoriada, será imprescriptible.

La prescripción para el cobro de obligaciones se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor, o con la notificación con la orden de cobro. La notificación no interrumpirá la prescripción, cuando la ejecución coactiva hubiere dejado de continuarse por más de cinco (05) años, salvo que la suspensión hubiere sido ordenada por decisión judicial.

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El ejercicio de la potestad de ejecución coactiva, una vez que se ha declarado prescrita la acción, acarreará la baja del título de crédito.

Art. 5.- Obligaciones determinadas y actualmente exigibles.- La obligación es determinada cuando se ha identificado al deudor y se ha señalado con exactitud el monto adeudado, por lo menos quince días antes de la fecha de emisión de la correspondiente orden de cobro.

La obligación es actualmente exigible desde el día siguiente a la fecha en que suceda:

  1. La notificación a la o al deudor con el acto administrativo o el título de crédito en el cual se encuentra contenida la obligación;
  2. El vencimiento del plazo, cuando la obligación esté sujeta al mismo, sin perjuicio de la notificación;
  3. El cumplimiento o la falla de la condición, si se trata de una obligación sometida a condición suspensiva.

Art. 6.- Orden de cobro.- Es la actuación procesal administrativa mediante la cual se declara o constituye una obligación dineraria en favor de la administración pública, suscrita por el órgano competente y cuya notificación al órgano ejecutor lo faculta para el ejercicio de la acción de cobro correspondiente.

A la orden de cobro se aparejará la respectiva copia certificada del título de crédito o la fuente de la obligación a ser recaudada, en caso de que no haya sido efectuada dentro del mismo acto administrativo con el que se constituyó o declaró la obligación.

Art. 7.- Procedimiento coactivo.- Es el conjunto sistemático de actuaciones procesales que se ejercen privativamente y que inicia con la expedición de la orden de cobro, legalmente emitida por el órgano o autoridad competente para, hacerlo y su remisión al órgano ejecutor, con el fin de recaudar la obligación que se encuentra contenida de forma implícita en el título de crédito, el cual estará debidamente aparejado a la orden de cobro.

CAPÍTULO II

INICIO DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO Y FACILIDADES DE PAGO

SECCIÓN PRIMERA

TÍTULO DE CRÉDITO Y PAGO VOLUNTARIO

Art. 8.- Título de crédito.- Es la actuación procesal administrativa que contiene de

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forma expresa una obligación determinada y actualmente exigible; y, su emisión autoriza a la administración pública a ejercer su potestad de ejecución coactiva.

El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito, cuya emisión estará a cargo del Jefe de Rentas o de quien hiciera sus veces; en las empresas púbicas; o, de ser el caso, por el servidor público delegado mediante acto resolutivo por la Autoridad Nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja. Estará respaldado en título de créditos ejecutivos, catastros y cartas de pago legalmente emitidos, asientos de libros de contabilidad, registros contables; y, en general, cualquier otra resolución, acto administrativo, sentencia o instrumento .público en el que se declare o constituya una obligación tanto en favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja.

Art. 9.- Requisitos y contenido del título de crédito.- El título de crédito contendrá los siguientes elementos:

1. Denominación de la administración pública acreedora e identificación del órgano que lo emite;

  1. Identificación de la o del deudor;
  2. Lugar y fecha de emisión;
  3. Concepto por el que se emite, con expresión de su antecedente;
  4. Valor de la obligación que represente;
  5. La fecha desde la cual se devengan intereses;
  6. Liquidación de intereses hasta la fecha de emisión;

8. Firma autógrafa o facsímil del servidor público que lo autorice o emita, salvo en el supuesto de título de créditos de emisión electrónica, en cuyo caso, la autorización para su expedición se verificará de manera previa dentro del procedimiento administrativo.

Art. 10.- Intereses de la obligación.- Las obligaciones contenidas en todo acto administrativo, título de crédito o cualquier otro instrumento público a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, devengarán intereses calculados a la tasa máxima de interés convencional, vigente y determinada por el Banco Central del Ecuador.

Su cálculo y liquidación le corresponderá al órgano competente para emitir la orden de cobro, hasta antes de su emisión. Una vez emitida la orden de cobro, la liquidación será efectuada por el órgano ejecutor.

Art. 11.- Nulidad del título de crédito.- La falta de alguno de los requisitos contenidos en el artículo 9 de esta Ordenanza, acarrea la nulidad del título de crédito. La declaratoria de nulidad implica la baja del título de crédito.

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Art. 12- Inicio del Procedimiento Coactivo.- El procedimiento coactivo iniciará con la existencia de una obligación determinada y actualmente exigible, contenida en el título de crédito correspondiente y fundada en una orden de cobro legalmente transmitida por la autoridad competente al órgano ejecutor. La orden de cobro estará implícita en toda resolución, acto administrativo, sentencia o instrumento público en el cual se declare o constituya una obligación a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja.

El procedimiento coactivo se suspenderá únicamente en virtud de la concesión de facilidades de pago, por la interposición de un reclamo; o, la presentación de una demanda de excepciones.

Art. 13.- Requerimiento de pago voluntario.- Al órgano ejecutor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, le corresponderá notificar al deudor con el requerimiento de pago voluntario para que, dentro de los diez días posteriores a su notificación, el deudor cancele voluntariamente la obligación.

Se prevendrá al deudor que, de no cumplir con la obligación en el plazo establecido, se procederá con la ejecución coactiva. Todo requerimiento de pago debe notificarse junto con una copia certificada de la fuente o título de crédito en el cual consta la obligación.

Art. 14.- Plazo para el pago voluntario.- Se concederá el término de diez (10) días para- efectuar el pago voluntario, dentro del cual el deudor, de ser el caso, podrá solicitar facilidades de pago, presentar una reclamación; o, interponer una demanda de excepciones, suspendiéndose el inicio del procedimiento coactivo.

Art. 15.- Emisión de la orden de pago inmediato.- Vencido el término para el pago voluntario, sin que se hubiere satisfecho la obligación requerida, ni solicitado facilidades de pago, ni presentado una reclamación o demanda de excepciones, el órgano ejecutor emitirá la orden de pago inmediato y dispondrá al deudor, sus garantes; o ambos, que paguen la deuda o dimitan bienes dentro del plazo de tres (03) días, contados desde el día siguiente al de la notificación con dicha orden previniéndoles que, de no hacerlo, se procederá al embargo de bienes equivalentes al total de la deuda por el capital, los intereses y las costas

SECCIÓN SEGUNDA NOTIFICACIÓN

Art. 16.- Notificación.- Es el acto por medio del cual se pone en conocimiento del deudor el contenido de un acto administrativo, a efectos de que conozca el estado del proceso y disponga de la información pertinente para, de ser el caso, se pronuncie y ejerza los derechos y acciones de las que se considere asistido.

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La notificación de la primera actuación del Gobierno Autónomo Descentralizado se realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación que sea dispuesto por el respectivo órgano institucional.

La constancia de haberse realizado la notificación personal por medios electrónicos consistirá en un certificado emitido por el funcionario a cargo de realizarla, que se anexará al expediente físico o electrónico, según corresponda y contemplará:

  1. El hecho de haberse enviado la notificación al correo electrónico proporcionado por el administrado para tales fines;
  2. El registro del sistema del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, o correo electrónico creado para estos fines, del que se desprenda que el correo electrónico enviado no fue rechazado;
  3. La fecha y hora de envío de la notificación;
  4. El contenido íntegro de la comunicación; y,
  5. La identificación fidedigna del remitente y el destinatario.

El registro del sistema y el contenido íntegro de la comunicación podrán ser reemplazados por una copia física o digital. En cualquiera de los casos, constituirán prueba suficiente del envío y recepción de la notificación.

Art. 17- Formas de notificación.- Las actuaciones administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, se notificarán por cualquier medio físico o digital que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido. Se practicará personalmente, por boletas, o a través de uno de los medios de comunicación.

Se observará lo dispuesto en el régimen general previsto en el Libro II, Capítulo IV del Código Orgánico Administrativo.

Art. 18.- Primera actuación.- Cualquier acto administrativo inicial que sea emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, en ejercicio de sus competencias, constituye una primera actuación. Así, la notificación del inicio de un proceso de coactivas, constituyen la primera actuación de todas las etapas y procedimientos que puedan devenir de aquella en el orden administrativo.

Art. 19.- Información inicial.- En la-primera, actuación:

1. Se informará el correo electrónico que será utilizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, para el envío de notificaciones, a fin de que el administrado, bajo su exclusiva responsabilidad, se cerciore de que su sistema tenga habilitada la recepción de correos desde tal dirección de correo electrónico y no sea enviado a la bandeja de correos no deseados o su recepción esté impedida por algún antivirus u otro programa semejante;

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2. Se requerirá señalar un correo electrónico para recibir notificaciones, advirtiendo al administrado la obligación de comunicar inmediatamente cualquier cambio al respecto. La comunicación de dicho cambio surtirá efecto desde el día siguiente al día de haberla puesto en conocimiento del órgano institucional a cuyo cargo se encuentre el respectivo proceso administrativo; y,

El administrado tendrá la responsabilidad de que su sistema disponga de una capacidad no menor a veinticinco (25) megabytes para la recepción de las notificaciones que puedan ser remitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja.

Art. 20.- Correos electrónicos.- El administrado podrá señalar más de un correo electrónico para recibir notificaciones, como el de su abogado patrocinador u otras cuentas personales de correo. En estos casos, la notificación se realizará a todas las direcciones de correo electrónico señaladas por el administrado, sin perjuicio de la previa designación de una casilla judicial o de que el acto administrativo de que se trate se haya puesto a disposición en la oficina sede en la que se esté tramitando su proceso.

SECCIÓN TERCERA FACILIDADES DE PAGO

Art. 21.- Facilidades de pago.- A partir de la notificación con el requerimiento de pago voluntario, la o el deudor podrá solicitar la concesión de facilidades de pago hasta antes del inicio de la etapa de remate. Para estos efectos, la liquidación correspondiente incluirá los gastos en los que haya incurrido el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja hasta la fecha de la petición.

Presentada la solicitud de facilidades de pago no se podrá iniciar con la ejecución coactiva o ésta se suspenderá hasta que se emita la resolución que admita o rechace dicha petición, resolución que estará a cargo del Alcalde como Autoridad Nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja.

Art. 22.- Requisitos de la solicitud.- Sin perjuicio del resto de requisitos establecidos en el Código Orgánico Administrativo para la solicitud de facilidades de pago, la petición contendrá necesariamente:

  1. Indicación clara y precisa de la obligación respecto de la cual se solicita facilidades para el pago;
  2. Oferta de pago al contado de una cantidad no menor al 20% de la obligación;
  3. La forma y plazo en que se pagará el saldo; e
  4. Indicación de la garantía por la diferencia no pagada de la obligación.

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Art. 23- Restricciones para la concesión.- No es posible otorgar facilidades de pago cuando:

  1. La garantía de pago por el saldo no sea suficiente o adecuada, en obligaciones cuyo capital supere los cincuenta (50) salarios básicos unificados;
  2. La o el garante o fiador no sea idóneo, en obligaciones cuyo capital sea igual o inferior a cincuenta (50) salarios básicos unificados;
  3. El monto de la cuota periódica ofertada a pagar por la o el deudor supere el 50% de sus ingresos durante el mismo período, en obligaciones cuyo capital sea igual o menor a cincuenta (50) salarios básicos unificados;
  4. La obligación ya ha sido objeto de concesión de facilidades de pago, siempre que la solicitud sea formulada por la o el mismo deudor que la presentó inicialmente, en lo que respecta a los títulos de créditos que contemplen responsabilidades subsidiarias y solidarias;
  5. Con la solicitud de facilidades de pago se pretenda alterar le prelación de créditos del régimen común; y,
  6. La información disponible y/o los antecedentes crediticios de la o el deudor incrementen el riesgo de no recuperar lo adeudado.

Art. 24.- Tipos de garantías.- Se podrán aceptar las siguientes garantías, con el fin de asegurar el pago de la obligación:

  1. Garantías personales, cuando se trate de obligaciones que no superen los CINCO (5) salarios básicos unificados, o la unidad salarial que haga sus veces;
  2. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecida en el país, o por intermedio de ésta;
  3. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país;
  4. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral; y,
  5. Certificados de depósito a plazo emitidos por una institución financiera establecida en el país, endosados por el valor en garantía y a la orden de la entidad acreedora, cuyo plazo de vigencia sea mayor al tiempo establecido en la resolución de facilidades de pago.

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Art. 25.- Plazo para las facilidades de pago.- El plazo para cancelar el saldo de la obligación será de hasta 24 meses y se determinará considerando lo que establece el Art. 277 del Código Orgánico Administrativo.- Plazos en las facilidades de pago. El órgano competente, al aceptar la petición que cumpla los requisitos determinados en los artículos precedentes, dispondrá que la o el interesado pague en diez días la cantidad ofrecida al contado y rinda la garantía por la diferencia. El pago de la diferencia se puede efectuar en cuotas periódicas que cubran el capital, intereses y multas, según corresponda, en plazos que no excedan de veinte y cuatro meses contados desde la fecha de notificación de la resolución con la que se concede las facilidades de pago, salvo que haya previsto un régimen distinto en la ley. Al órgano concedente le corresponde determinar, dentro del plazo máximo previsto en el párrafo precedente y en atención al contenido de la petición, aquel que se concede a la o al deudor.

Para casos especiales como el no tener la capacidad de pago justificada para cancelar la deuda en menos de dos años y previo informe del director financiero, el Alcalde, podrá conceder para el pago de esa diferencia plazos hasta de cuatro años, siempre que se ofrezca cancelar en dividendos mensuales, trimestrales o semestrales, la cuota de amortización gradual que comprendan tanto la obligación principal como intereses y multas a que hubiere lugar, de acuerdo a la tabla que al efecto se elabore; que no se desatienda el pago de los tributos del mismo tipo que se causen posteriormente; y, que se constituya garantía suficiente que respalde el pago del saldo.

Art. 26- Aceptación o rechazo de la solicitud de facilidades de pago.- Una vez presentada la solicitud de facilidades de pago se verificará que cumpla con todos los requisitos legales y que no incurra en ninguna de las restricciones.

Si la petición es rechazada o si el deudor infringe de cualquier modo los términos, condiciones, plazos; o, en general, disposiciones previstas en la resolución que concede facilidades de pago, el órgano ejecutor iniciará o continuará con el procedimiento de ejecución coactiva, según corresponda; y, adoptará las medidas cautelares que se estimen necesarias. En cualquiera de los casos, se notificará al solicitante con la resolución adoptada.

La resolución mediante la cual se conceda o niegue la solicitud de facilidades de pago, será notificada dentro del término de veinte (20) días, contados a partir de la presentación de la solicitud.

Al concederse las facilidades de pago, el órgano competente podrá suspender las medidas cautelares adoptadas, siempre y cuando ello permita el cumplimiento de la obligación.

CAPÍTULO III

FASE DE EJECUCIÓN COACTIVA

Art. 27.- Titular de la acción coactiva.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja es titular de la potestad de ejecución coactiva. El procedimiento coactivo será ejercido por el órgano ejecutor; designado por la Autoridad Nominadora del GAD-Loja.

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Art. 28.- Atribuciones del titular de la potestad de ejecución de coactivas.- Son atribuciones del titular de la potestad de ejecución de coactivas, las siguientes:

  1. Ejercer a nombre el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja la jurisdicción coactiva;
  2. Evaluar y presentar a la Autoridad Nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja los resultados de la ejecución coactiva;
  1. Determinar la necesidad de contratar abogados externos y/o consorcios jurídicos a nivel nacional para el ejercicio de la acción coactiva y remitir la propuesta para conocimiento y autorización de la máxima autoridad o su delegado;
  2. Generar las especificaciones técnicas para la contratación de abogados externos y/o consorcios jurídicos;
  3. Administrar la contratación de abogados externos y/o consorcios jurídicos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y la normativa interna aplicable;
  4. Designar administradores de contrato dentro de su unidad administrativa, por cada contrato celebrado con abogados externos y/o consorcios jurídicos; y,
  5. Las demás que le faculte la Ley.

Art. 29.- Secretario de Recaudación y Coactivas.- En el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, las funciones correspondientes al Secretario de Recaudación y Coactivas se desempeñarán de conformidad con lo prescrito en las disposiciones aplicables de la normativa interna vigente.

El Alcalde del GAD Municipal de Loja podrá designar como Secretario de Recaudación y Coactivas a servidores que pertenezcan al área jurídica o financiera.

Art. 30.- Gestores que intervienen en el proceso coactivo.- Para la ejecución de las gestiones inherentes al ejercicio de la potestad coactiva, El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, podrá contar con la participación de recaudadores, abogados externos y/o consorcios jurídicos. El titular de la potestad de ejecución de coactivas, será el responsable de distribuir y asignar las actividades materiales de cobro y recaudación tanto entre sus servidores, como entre los recaudadores externos. En todos los casos, durante el proceso de ejecución coactiva intervendrán los siguientes gestores:

Recaudador.- Una vez recibido el instrumento que contenga la orden de cobro, el titular de la potestad de ejecución de coactivas, dispondrá la ejecución de las gestiones inherentes tanto a la recaudación previa, como al inicio del procedimiento coactivo, según corresponda, para lo cual se asignará bien a uno de los servidores de dichas unidades, o a un abogado recaudador externo y/o consorcio jurídico. Serán

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funciones de los abogados recaudadores, de conformidad con las estipulaciones contractuales, entre otras:

  1. Notificar y citar con los títulos de créditos de crédito y las órdenes de cobro, respectivamente;
  2. Custodiar el archivo y mantener un registro actualizado de los expedientes de los procesos coactivos asignados a su cargo, debidamente foliados y numerados;
  1. Emitir certificaciones y conferir copias certificadas de los documentos que reposen en los expedientes;
  2. Dar fe de los actos y diligencias ejecutadas durante la tramitación de los procesos coactivos;
  3. Informar periódicamente al órgano ejecutor respecto a las diligencias realizadas a través del sistema institucional dispuesto para tal efecto;
  4. Notificar a los involucrados con las providencias que se emitan dentro de los procesos coactivos;
  5. Verificar y recabar la constancia del depósito o la transferencia de los valores correspondientes a las posturas en las diligencias de remate efectuadas en los procesos coactivos;
  6. Custodiar y mantener actualizado el archivo de las actas de embargos; y,
  7. Las demás diligencias que sean necesarias practicar dentro de los procesos coactivos y que le sean encargadas por el órgano ejecutor.

Servidor encargado de la ejecución de la orden de embargo.- La autoridad nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, designará al responsable de llevar a cabo el embargo o secuestro de bienes ordenados en la ejecución de la coactiva, quien tendrá la obligación de suscribir el acta respectiva, conjuntamente con el depositario, en la que constarán el detalle y las características de los bienes embargados o secuestrados.

Deberá rendir caución de la clase y por el monto establecido en el Reglamento Sustitutivo para Registro y Control de las Cauciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en función de la cuantía del título de crédito.

Los servidores públicos encargados de la ejecución de la orden de embargo no podrán actuar en causas en las que tuvieren interés directo, o su cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Depositario.- Los depositarios serán designados por la autoridad nominadora del

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Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja. Serán civil y penalmente responsables de la custodia de los bienes embargados o secuestrados.

El designado asumirá las obligaciones previstas en la normativa vigente y aplicable para los depositarios que intervengan en procedimientos de ejecución coactiva. En este contexto, para llevar a cabo sus funciones deberá observar y cumplir con lo siguiente:

  1. Recibir mediante acta debidamente suscrita los bienes embargados o secuestrados;
  2. Transportar con los debidos cuidados y las medidas correspondientes, los bienes del lugar del embargo o secuestro al respectivo depósito de ser el caso;
  3. Mantener un lugar de depósito adecuado para el debido cuidado y la conservación de los bienes embargados o secuestrados;
  4. Custodiar los bienes con absoluta diligencia, debiendo responder incluso por culpas leves en su administración;
  5. Informar de inmediato sobre cualquier novedad que se detecte durante la custodia de los bienes;

6. Suscribir la correspondiente acta de entrega de los bienes custodiados conjuntamente con el adjudicatario del remate o el coactivado, según el caso;

  1. Contratar una póliza de seguro cuyos valores serán cargados a la cuenta del administrado; y,
  2. Cumplir con las demás disposiciones previstas en la normativa vigente y aplicable para estos fines.

Los depositarios no podrán actuar en casos en los que tuvieren interés directo, o su cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Peritos.- Serán los técnicos o profesionales, internos o externos, que cuenten con la debida acreditación otorgada por el Consejo de la Judicatura y que, en razón de su pericia específica y su conocimiento científico, técnico, práctico y profesional, informen al recaudador sobre alguna circunstancia o hecho relevante relacionado con la materia del procedimiento coactivo.

El recaudador determinará el lugar, fecha, día y hora para que, con juramento, se posesionen los peritos y concederá un plazo no mayor a cinco (05) días para la presentación de sus informes, que podrá ser prorrogado por una sola vez a petición del perito, salvo casos especiales debidamente motivados.

Exceptuando el caso de los servidores públicos, los peritos tendrán derecho al pago de un honorario fijado por el órgano ejecutor, cuyo valor integrará las costas a cargo del coactivado.

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Art. 31.- Subrogación.- En caso de ausencia temporal o definitiva de uno o más recaudadores se observarán las siguientes reglas:

  1. En las oficinas en las que exista más de un abogado recaudador, se distribuirán los procesos entre los demás abogados recaudadores, hasta la reincorporación o designación del abogado recaudador ausente, según sea el caso;
  2. Alternativamente y de ser necesario, se designará al o a los servidores públicos profesionales del derecho que hayan de reemplazarlos temporal o definitivamente;
  3. El superior jerárquico podrá asumir la sustanciación y trámite de los procesos hasta la referida designación, o hasta la reincorporación de los abogados recaudadores ausentes; y,
  4. En las oficinas en las que exista un solo abogado recaudador se designará al servidor público profesional del derecho que haya de reemplazarlo, temporal o definitivamente.

En caso de no existir reemplazo para el o los abogados recaudadores ausentes, el superior jerárquico asumirá la sustanciación y trámite del o los respectivos procesos, hasta la designación o reincorporación correspondiente.

Art. 32.- Excusa o impedimento.- Cuando un recaudador se excuse o esté impedido de tramitar uno o más procesos coactivos, se observarán las siguientes reglas:

  1. En caso de que exista más de un recaudador, se distribuirán los procesos entre los demás recaudadores;
  2. De ser necesario, el superior jerárquico asumirá la sustanciación y trámite del o los respectivos procesos; y,
  3. En caso de que exista un solo recaudador, el superior jerárquico asumirá la sustanciación y trámite del o los respectivos procesos.

Art. 33.- Medidas cautelares.- Son aquellas que se adoptarán proporcional y oportunamente, con el fin de satisfacer la obligación contenida en el título de crédito y fundada en la orden de cobro. El órgano ejecutor podrá disponer en la misma orden de pago o posteriormente, el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes, así como solicitar la prohibición de ausentarse del país.

Para estos efectos, el órgano ejecutor no precisará de ningún trámite previo y adoptará el criterio general y prevaleciente de la menor afectación a los derechos de las personas.

El coactivado podrá solicitar que cesen las medidas cautelares presentando, a satisfacción del órgano ejecutor, una póliza o garantía bancaria, incondicional y de

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cobro inmediato, por el valor total del capital, los intereses devengados y aquellos que se generen en el siguiente año, así como las costas del procedimiento.

Art. 34.- Extinción de la obligación.- Una vez efectuado el pago total de la obligación de conformidad con lo previsto en esta Ordenanza, el órgano ejecutor dispondrá la extinción de la obligación, la baja del título de crédito y el archivo del proceso de ejecución.

Art. 35.- Insolvencia o quiebra.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, promoverá la declaración de insolvencia o quiebra del deudor, con todos los efectos previstos en la ley, en caso de que no se verifique el pago ni la dimisión de bienes y no existan bienes susceptibles de embargo, o el producto de su remate no permita solucionar íntegramente la deuda. La insolvencia puede ser fortuita, culpable o fraudulenta.

CAPÍTULO IV

ABOGADOS RECAUDADORES EXTERNOS

Art. 36.- Proceso de selección, designación y contratación de abogados externos.- El servidor/a responsable de la Jefatura de Coactivas remitirá al Alcalde el Informe de necesidad institucional de contratación por servicios profesionales de Abogados externos para la gestión coactiva. El Alcalde, conformará una Comisión Técnica de Evaluación y Selección integrada por los Departamentos de Talento Humano, Administrativo, Financiero y Procuraduría Sindica; se regirán por el «Instructivo de Procedimiento de Selección y Contratación de Profesionales Externos para la gestión coactiva del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja» creado para el efecto, donde constan los parámetros de selección y calificación de los postulantes; todo, en el marco de las disposiciones legales vigentes.

Mediante resolución, la máxima autoridad aprobará el inicio del proceso de contratación y la publicación de la convocatoria en la página web institucional, que podrá efectuarse paralelamente en medios de comunicación masiva.

Requisitos generales exigibles para la contratación de Abogados externos:

a. Cédula de ciudadanía o identidad.

b. Certificado de votación del último proceso electoral, en caso de estar obligado a sufragar

c. Tener título de abogado o doctor en jurisprudencia, debidamente registrado en el SENESCYT.

d. Registro Único de Contribuyentes. En el caso de abogados secretarios, relativo a actividades jurídicas.

e. Hoja de vida que acredite experiencia profesional de un mínimo de tres (3) años. Se deberá justificar la experiencia general y especifica.

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f. Credencial del Colegio de Abogados o Foro del Consejo de la Judicatura.

g. Declaración juramentada de no haber sido sentenciado como autor cómplice o encubridor de un delito de cohecho, malversación de fondos, peculado o enriquecimiento ilícito.

Los abogados externos podrán presentarse como personas naturales o jurídicas. Para el caso de los estudios jurídicos |a declaración juramentada deberá ser presentada por el profesional designado como responsable del equipo; incluirá, además, el Certificado de cumplimiento tributario en línea emitido por el SRI.

Los participantes que cumplieren con los requisitos y aprobaren todas las etapas del proceso de contratación, serán preseleccionados según el puntaje alcanzado. De acuerdo con la necesidad institucional se convocará a los oferentes mejor puntuados para la suscripción de los contratos correspondientes, en los que se detallarán y desarrollarán las funciones y responsabilidades específicas que se les asignen.

Art. 37.- Distribución y asignación de título de créditos.- La Dirección Financiera se reservará la potestad de determinar y evaluar cuáles procedimientos coactivos serán asignados a los recaudadores; y, cuáles serán asignados a los abogados externos y/o consorcios jurídicos distribuyéndolos, en este último caso, proporcional y equitativamente en razón de la cantidad y el valor de los títulos de créditos, así como de criterios que tomen en cuenta la eficiencia y eficacia de su gestión.

Para estos efectos, se elaborarán actas de entrega recepción de los expedientes de recaudación, a ser asignados a los abogados externos, en las que se detallará de forma específica cada uno de los documentos, debidamente foliados, que los componen.

Art. 38.- Cálculo y cancelación de honorarios de abogados externos.- Los honorarios de abogados externos y/o consorcios jurídicos serán cancelados contra el cobro efectivo de los valores recaudados, con cargo a la cuenta del coactivado.

Art. 39.- Tabla de porcentajes y honorarios de abogados externos.- La cancelación de honorarios de los abogados externos se realizará de acuerdo a la siguiente tabla:

VALOR DE LA DEUDA

PORCENTAJE FIJO

0 – 1.000

15%

1.001 – 10.000

10%

10.001 – 50.000

7%

50.001 – 100.000

5%

100.001 – 500.000

3%

500.001 -1.000.000

2%

+ de -1.000.001

1%

Art. 40.- Obligación de reporte.- Los recaudadores y abogados externos tienen la obligación de comunicar detallada y periódicamente, de forma mensual y cada vez que

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el órgano ejecutor lo requiera, sobre las acciones ejecutadas y el estado de los procesos coactivos a ellos asignados

Art. 41- Confidencialidad de la información.- Los abogados externos tienen la obligación permanente de mantener una rigurosa reserva en la gestión y una estricta custodia de la documentación e información suministradas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja lo cual incluye asegurar su utilización exclusiva para los fines autorizados y no transferirla a terceros. Esta obligación se extiende a todos sus empleados, dependientes, asociados y demás personas con quienes lleven a cabo las gestiones que les sean delegadas.

La violación de esta obligación es una causal de terminación del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivar.

CAPÍTULO V

EMBARGO Y REMATE

SECCIÓN PRIMERA

EMBARGO

Art. 42- Reglas generales del embargo.- Si no se paga la deuda ni se dimiten bienes dentro del término previsto en la orden de pago inmediato, si la dimisión efectuada es maliciosa o manifiestamente inútil para alcanzar el remate, si los bienes dimitidos están situados fuera del país o son de difícil acceso; o, si éstos no alcanzan a cubrir la obligación, el órgano ejecutor ordenará el embargo de los bienes que estime suficientes para satisfacerla.

Para estos efectos se observará lo establecido en las normas contenidas en el Libro Tercero, Título de crédito II, Capítulo Tercero, Sección Segunda del Código Orgánico Administrativo.

Art. 43.- Límites del embargo.- No podrán ser objeto de embargo los bienes que se detallan a continuación:

  1. Los sueldos de servidores públicos y las remuneraciones de los trabajadores; de igual modo, los montepíos, las pensiones remuneratorias que deba el Estado y a las pensiones alimenticias forzosas;
  2. Los bienes muebles de uso indispensable del coactivado y su familia excepto los que, a juicio del órgano ejecutor, se reputen suntuarios;
  3. El patrimonio familiar;
  4. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación;
  5. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada

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judicialmente. En este caso, podrán embargarse únicamente por el valor adicional que adquieran posteriormente;

6. La propiedad de los objetos que el coactivado posee fiduciariamente;

7. Los libros, máquinas, equipos, instrumentos, útiles y más bienes muebles indispensables para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del coactivado, sin limitación;

8. Los uniformes y equipos de policías y militares, según su arma y grado;

9. Las máquinas, enseres y semovientes propios de las actividades industriales, comerciales o agrícolas, cuando el embargo parcial traiga como consecuencia la paralización de la actividad o negocio; pero, en tal caso, podrán embargarse junto con la empresa misma, de la forma prevista en el Art. 168 del Código Tributario; y,

10. Los demás bienes que las leyes especiales y normativa aplicable declaren inembargables.

SECCIÓN SEGUNDA REMATE

Art. 44.- Reglas generales para el remate.- Se aplicará el remate ordinario a todo bien para el que no se haya previsto un procedimiento específico. La venta directa procederá cuando los bienes sean semovientes y el costo de su mantenimiento resulte oneroso, sean fungibles o de fácil descomposición, tengan fecha de expiración; y, en cualquier tipo de bienes, cuando tras el remate no se haya llegado a la realización del bien.

La práctica del avalúo, la recepción y calificación de posturas, el trámite y gestión del remate o la venta directa; y, la respectiva adjudicación, se efectuará de conformidad con las normas establecidas en el Libro Tercero, Título de crédito II, Capítulo Tercero, Secciones Tercera, Cuarta y Quinta del Código Orgánico Administrativo.

Para estos efectos, el órgano ejecutor observará también y subsidiariamente, las disposiciones contenidas en el Código Orgánico General de Procesos y en el Código Tributario.

Art. 45.- Recepción de posturas.- El aviso de remate se publicará en la Página WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja con- un término de por lo menos veinte (20) días de anticipación a la fecha del remate.

Los postores entregarán mediante depósito bancario o transferencia electrónica el 10% de la postura, en caso de que se proponga el pago al contado; o, el 15%, en caso de que se proponga el pago a plazos.

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En el remate de bienes inmuebles se admitirán posturas en las que para el pago se propongan plazos que no excedan los cinco (05) años, contados a partir de la fecha del remate. Para el remate de bienes muebles el pago se hará de contado, a menos que el órgano ejecutor y el ejecutado convengan que se efectúe a plazos.

Las posturas se recibirán desde las cero hasta las veinticuatro horas del día señalado para el remate, período que se contabilizará de conformidad con el reloj del servidor (WEB Institucional). Fenecido dicho período el sistema se cerrará automáticamente y no admitirá ninguna otra postura. En el caso de existir posturas iguales se preferirá la que haya ingresado en primer lugar, salvo que se trate de una postura del órgano ejecutor.

Los servidores y/o trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, sus empresas públicas e instituciones adscriptas; así como sus cónyuges, convivientes y parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, en ningún caso podrán participar como postores dentro del remate ni podrán adquirirlos bienes materia del mismo.

Art. 46.- Calificación de posturas.- Una vez acreditados los valores de las posturas, el titular de la potestad de ejecución de coactivas señalará día y hora para la audiencia pública, en la que podrán intervenir los postores. Se calificarán las posturas teniendo en cuenta la cantidad ofrecida, el plazo y demás condiciones, prefiriéndose las que cubran al contado el crédito, intereses y costas del órgano ejecutor.

El acto administrativo de admisión y calificación de las posturas se reducirá a escrito y se notificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la realización de la audiencia, conteniendo el examen y la descripción clara, exacta y precisa de todas las posturas que se hubieren presentado.

Art. 47.- Adjudicación.- Dentro del término de diez (10) días de notificado el acto administrativo de calificación de posturas, el postor preferente consignará la totalidad del valor ofrecido para el pago de contado; hecho lo cual, el órgano ejecutor emitirá la adjudicación que contendrá:

  1. Los nombres y apellidos completos, cédula de identidad o pasaporte, estado civil, del coactivado y del postor al que se adjudicó el bien;
  2. La individualización prolija del bien rematado con sus antecedentes de dominio y regístrales, si es del caso;
  3. El precio por el que se haya rematado;

4. La cancelación de todos los gravámenes inscritos con anterioridad a su adjudicación; y,

5. Los demás datos que el órgano ejecutor considere necesarios.

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Los gastos e impuestos que genere la transferencia de dominio se pagarán con el producto del remate.

Las costas de la ejecución coactiva que incluirán el valor de los honorarios de peritos, interventores, depositarios y abogados externos, conforme al cálculo y liquidación que para estos efectos efectúe el titular de la potestad de ejecución de coactivas, serán cargados a la cuenta del coactivado.

El titular de la potestad de ejecución de coactivas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja dispondrá que una vez notificada la adjudicación se proceda a la devolución de los valores correspondientes a las posturas no aceptadas.

Si la cosa rematada es inmueble quedará hipotecada por lo que, en caso de que se haya ofrecido el pago a plazos, se inscribirá el gravamen en el correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de propiedad. Asimismo, la prenda se conservará en poder del acreedor prendario mientras se cancela el precio del remate.

Art. 48.- Plataforma Informática para el remate.- Todas las diligencias y gestiones inherentes al procedimiento de remate de bienes dispuesto dentro de los procesos coactivos iniciados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, se ejecutarán exclusivamente a través de la Plataforma Informática implementada por el GAD – Loja para estos efectos, cuyos mecanismos de registro e ingreso de postores, publicación de avisos de remate, presentación de posturas y demás actividades correspondientes, se efectuarán observando lo establecido en el Código Orgánico Administrativo y de conformidad con lo previsto a la Normativa Legal Vigente, en lo concerniente a los requisitos para la suscripción del Acuerdo de Uso de Medios o Servicios Electrónicos, el acceso de usuarios y la utilización del sistema.

Art. 49- Diferimiento de la fecha de remate por fallas en la Plataforma Informática.- En caso de que existan inconvenientes técnicos debidamente verificados en la Plataforma Informática, tanto para el ingreso de postores como para la presentación de posturas, se diferirá por una sola vez la fecha prevista para la ejecución del remate, exclusivamente con fundamento en el informe motivado que la Jefatura de Informática o quien hiciera sus veces emita certificando el particular, siempre y cuando los inconvenientes se hayan producido durante la totalidad del período de tiempo previsto para la presentación de las posturas, contabilizado de conformidad con el reloj del servidor que aloja el aplicativo, el mismo que se reflejará en un lugar visible de la Plataforma Informática.

CAPÍTULO VI

TERCERÍAS Y EXCEPCIONES

SECCIÓN PRIMERA

TERCERÍAS

Art. 50.- Tercerías coadyuvantes.- Intervendrán como terceristas coadyuvantes los

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acreedores del coactivado, desde que se haya ordenado el embargo de bienes hasta antes de su remate, acompañando el título de crédito en el cual se funde su acreencia, con el objeto de que se satisfaga su crédito con el sobrante del producto del remate.

Art. 51- Tercerías excluyentes.- Únicamente podrá proponerse junto con la presentación del título de crédito que justifique la propiedad, o con la protesta juramentada de presentarlo posteriormente, en un término no menor de diez (10) ni mayor de (30) días desde efectuado el embargo.

La tercería excluyente deducida con el respectivo título de crédito de dominio suspende el procedimiento de ejecución coactiva hasta que el juzgador competente la resuelva, salvo que el órgano ejecutor prefiera embargar otros bienes, en cuyo caso dispondrá la cancelación del primer embargo.

SI se la deduce con protesta juramentada de presentar el título de crédito posteriormente, el procedimiento no se suspende, pero si llega a verificarse el remate, éste no surtirá efecto mientras no se tramite la tercería.

Para la gestión y demás efectos de las tercerías, se acatarán las normas contenidas en el Libro Tercero, Título de crédito II, Capítulo Cuarto, Sección Primera del Código Orgánico Administrativo. También aplicará subsidiariamente las disposiciones pertinentes del Código Tributario.

SECCIÓN SEGUNDA EXCEPCIONES

Art. 52.- Trámite de excepciones.- Se opondrán por parte del coactivado únicamente mediante la interposición oportuna de una demanda de excepciones ante el juzgador competente, dentro del término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación del requerimiento de pago voluntario.

El conocimiento por parte del titular de la potestad de ejecución de coactivas sobre la interposición de la demanda de excepciones, interrumpe el procedimiento exclusivamente en el caso de que el coactivado justifique que:

  1. La respectiva demanda ha sido efectivamente interpuesta;
  2. Las excepciones propuestas correspondan a las previstas en los artículos 328 del Código Orgánico Administrativo y 316 del Código Orgánico General de Procesos; y,
  3. Se han rendido las garantías correspondientes.

Del patrocinio y seguimiento a la sustanciación del trámite de excepciones a la coactiva se encargará el titular de la potestad de ejecución de coactivas, en defensa de los intereses institucionales.

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CAPÍTULO VII

COSTAS Y GASTOS PROCESALES

Art. 53.- Costas.- Todo procedimiento de ejecución coactiva implica la obligación del coactivado de cancelar las costas inherentes al proceso, que se generaren con motivo de las gestiones de recaudación y cobro.

Los honorarios de los agentes externos que intervinieren en las gestiones, obtención de certificaciones, pago por transporte de bienes embargados, alquiler de bodegas, compra de candados o cerraduras de seguridad, pago de publicaciones, comisiones bancarias; y, cualquier otro gasto que derive del ejercicio de la acción coactiva, constituirán costas procesales, las mismas que serán determinadas, liquidadas y canceladas conforme a lo previsto tanto en esta Ordenanza.

Art. 54.- Gastos.- Toda cantidad sufragada tanto por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja para satisfacer el crédito, constituirá parte integral de la obligación total del coactivado, a efectos de que el acreedor no reciba un valor menor al que realmente corresponda por concepto de la obligación. Los gastos serán determinados, liquidados y cancelados conforme a lo establecido en el artículo anterior, adjuntando en cada caso los justificativos correspondientes.

Art. 55.- Honorarios.- Los rubros por concepto de honorarios de abogados externos y/o consorcios jurídicos, depositarios, peritos y demás gestores que intervengan, serán legal y debidamente justificados bajo la responsabilidad el titular de la potestad de ejecución de coactivas, según corresponda, teniendo que ser revisados y aprobados por el titular de la potestad de ejecución de coactivas en todos los casos; y, se adicionarán a la liquidación de costas y gastos procesales que se cargará a la cuenta del coactivado. El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja realizará el pago de honorarios previo a dictar el auto de cancelación y archivo de la causa, así como al despacho de oficios de levantamiento de medidas cautelares.

Art. 56.- Depósito de los valores recaudados.- Los valores que recaude el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja, y sus empresas públicas, mediante el ejercicio de la acción coactiva, inherentes a la naturaleza propia de la obligación, serán depositados en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional asignada para estos propósitos.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El titular de la potestad de ejecución de coactivas, previo análisis y autorización del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja emitirá anualmente, hasta el 15 de diciembre, el plan y las políticas a aplicarse durante el año siguiente para el ejercicio de la potestad coactiva, que incluirán directrices para la práctica, la designación de los servidores públicos responsables de las diversas etapas del proceso coactivo, la asignación de los administradores y usuarios funcionales que coordinarán con los servidores de Unidad Administrativa de Sistemas

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Informáticos las gestiones inherentes al acceso y a la administración del Portal Informático; entre otras que correspondan.

SEGUNDA.- En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo; y, subsidiariamente, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

TERCERA.- Para la imposición de sanciones a los abogados/as externos que actuarán fuera de la ley, se hará un llamado de atención a los mismos por una ocasión, a la segunda se interpondrá la respectiva denuncia ante el Consejo de la Judicatura acompañando las copias certificadas que justifiquen la indebida conducta profesional, dentro de los cinco días posteriores al último acto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los procedimientos que se encontraban en trámite a la fecha de entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme a la normativa vigente al momento de su inicio. Las peticiones, los reclamos y los recursos interpuestos hasta antes de la implementación del Código Orgánico Administrativo, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación.

SEGUNDA.- En el término de 30 días el departamento de Talento Humano elaborará el «Instructivo de Procedimiento de Selección y Contratación de Profesionales Externos para la gestión coactiva del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja», no se podrá contratar abogados externos, sin la vigencia de este instructivo; además, el tesorera/o del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja emitirá el Reglamento para la ejecutabilidad de la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguese expresamente «ORDENANZA No. 12-2013 QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA»; constante en la Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja Edición 2015,

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y Gaceta Oficial de la institución.

26 – Lunes 11 de mayo de 2020 Edición Especial N° 559 – Registro Oficial

Dada y suscrita en el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil

RAZÓN.- Abg. Ernesto Airear Sarmiento, Secretario General del Concejo Municipal de Loja, CERTIFICA: que la ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria del dieciséis de octubre del dos mil diecinueve y sesión ordinaria del veintiuno de enero del dos mil veinte, siendo aprobado su texto en la última fecha; el mismo que es enviado al señor Alcalde Ing. Jorge Bailón Abad, en tres ejemplares para la sanción u observación correspondiente de conformidad a lo establecido en el Articulo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- Loja, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte.

ING. JORGE BAILÓN ABAD, ALCALDE DEL CANTÓN LOJA.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por haberse cumplido el procedimiento establecido en el antes referido Código Orgánico, SANCIONO, expresamente la ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA; y, dispongo su promulgación para conocimiento del vecindario lojano.- Loja, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte.

Registro Oficial – Edición Especial N° 559 Lunes 11 de mayo de 2020 – 27

Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del cantón Loja, ordenándose la ejecución y publicación en el Registro Oficial de la ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA.- Loja, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte.- LO CERTIFICO.

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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALORA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la-sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay.

Que, el artículo 31 del mismo cuerpo constitucional reconoce el derecho de las personas para disfrutar de la ciudad y sus espacios públicos, bajo principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural.

Que, el artículo 32 de la Norma Suprema, proclama que la salud, es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho a los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

Que, el numeral 5 del artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado adoptará medidas de prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para, la, salud. y desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República establece que los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo 260 de la Constitución de la República establece que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la gestión en la- prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;

Que, el numeral 2 del Art. 264 de la Constitución.- Establece que los gobiernos municipales ejercerán el control sobre el uso y ocupación de los suelos en el cantón;

Que, el artículo 277 de la Constitución de la República señala como deber de los Estados, para consecución del buen vivir, entre otros, el de «Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento»;

Que, de conformidad con el artículo 364 de la Constitución de la República, establece que: «Las adicciones son un problema de salud pública, Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales».

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en sus artículos 5 y 6 consagran la autonomía de las municipalidades;

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Que, el artículo 58 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) otorga la atribución a los concejales de presentar proyectos de ordenanzas;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República consagra- el principio de autonomía-municipal en concordancia con el Art. 5 incisos 1, 3 y 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD);

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y Descentralización, dice; «Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación, fiscalización y ejecutiva, previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden;

Que, la. Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno socio económico de las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización tiene como objeto la prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas; el control y regulación de sustancias catalogadas sujetas a. fiscalización y medicamentos que las contengan; así como el establecimiento de un marco jurídico e institucional suficiente y eficaz.

Que, el artículo 5 de la Ley antes nombrado indica que el Estado garantizará, entre otros, el ejercicio del siguiente derecho:

«a.- Derechos humanos.- El ser humano como eje central de la intervención del Estado, instituciones y personas involucradas, respecto del fenómeno socioeconómico de las drogas, respetando su dignidad, autonomía e integridad, cuidando que dicha intervención no interfiera, limite o viole el ejercicio de sus derechos».

Que, el inciso segundo del artículo 7 de la indicada Ley establece que los gobiernos autónomos descentralizados, implementarán planes y programas destinados a. la prevención integral, con especial atención a los grupos de atención prioritaria.

Que, el Código de la Niñez y la. Adolescencia en su artículo 78 numeral 1 garantizan el derecho de la salud de los niños, niñas y adolescentes y su protección frente al uso indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Que, el artículo 54, literal m, del Código Orgánico de Organización Territorial, indica. que una de las funciones que tiene el gobierno autónomo descentralizado «m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal»;y, que de acuerdo al artículo 55 del mismo cuerpo legal es su competencia exclusiva entre otros, «b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón».

Que de conformidad con el artículo 13, inciso segundo del Reglamento General a la- Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría

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Técnica de Drogas, podrán desarrollar programas y actividades orientadas a la prevención del uso y consumo de drogas, reducción de riesgos y daños e inclusión social;

Que, en el Art. 11 literal b) de la Ley de Seguridad Pública y del Estada señala que la Policía Nacional desarrollará sus tareas de forma desconcentrada a nivel local y regional, en estrecho apoyo y colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados.

Que, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas expidió la resolución 001 CONSEP-CD-2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 19 de 20 de junio de 2013 y que trata sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal, así como la propuesta de cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal;

Que, el artículo 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, encargados del juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por cada nivel de gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia administrativa y que los gobiernos autónomos descentralizados tienen plena competencia para establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para su juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y respetando las garantías del debido proceso contempladas en la. Constitución de la República;

Que, la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público son generadores de conflictos sociales e incremento de la violencia, produciendo altos índices en el cometimiento de contravenciones y delitos;

Que, se hace necesario regular este problema ciudadano de manera integral, responsable y acorde con los parámetros establecidos en la Constitución, con la finalidad de que se respeten y protejan los derechos constitucionales de las ciudadanas y los ciudadanos alcanzando de tal forma el sumak kawsay.

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en los artículos 240, numerales 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución de la República, y en los artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo Cantonal,

Expide:

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN PALORA, FRENTE AL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Artículo 1.- Objeto: Regular el uso del espacio público en el cantón Palora, para efectos del uso y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, precautelando una sana, convivencia de la ciudadanía en relación a la facultad que otorga el Art. 228 del COIP

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para la tenencia, o posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y además en lo que se refiere a la. compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Esta ordenanza establece la regulación, las sanciones administrativas y el procedimiento correspondiente, aplicable a las personas naturales que usen o consuman bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y, a las personas naturales y jurídicas que estén inmersos en la venta y entrega gratuita de bebidas alcohólicas en los espacias públicos del cantón Palora.

Artículo 3.- De los espacios públicos.- Para efectos de la presente ordenanza se considera como espacios públicos:

  1. Las calles, avenidas, puentes, pasajes, portales y demás vías de comunicación y circulación;
  2. Las plazas, parques, cementerios y demás espacios destinados a la recreación, ornato público y promoción turística;
  3. Las aceras que formen parte integrante de las calles, plazas y demás elementos y superficies de acceso a las vías de comunicación;
  4. Casas comunales, canchas, mercados, conchas acústicas, escenarios deportivos, instituciones educativas y cementerios;
  5. Márgenes del río, malecones y quebradas ubicadas en el sector urbano, áreas de expansión urbana y del sector rural.
  6. Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplan una función semejante a los citados en los literales precedentes.

CAPÍTULO I

REGULACIÓN DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO

Artículo 4.- Prohibición para el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.- Se prohíbe el uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en los espacios públicos, determinados en la presente ordenanza; así como también a los ocupantes de vehículos motorizados y no motorizados que se encuentren estacionados en el espacio público.

La prohibición establecida en el inciso anterior se refiere a aquellas sustancias que se determinan en el Art. 6 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, exclusivamente las que están determinadas en su anexo, además para ello se tendrá en cuenta las sustancias y cantidades que hayan sido consideradas para uso y consumo personal que se establece en el tercer párrafo del numeral 2 del Art. 220 del COIP.

Artículo 5.- Intoxicación.- La o las personas que se encuentren en los espacios públicos descritos anteriormente con síntomas de intoxicación por sustancias estupefacientes o psicotrópicas, deberán ser puesto a orden de la Policía Nacional y ser derivadas a los servicios de asistencia médica o emergencias que correspondan, a fin de que reciba el tratamiento especializado correspondiente según el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

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Artículo 6.- Infracciones.- Constituye infracción administrativa el uso indebido del espacio público para consumir sustancias estupefacientes y psicotrópicas en cualquiera de los espacios públicos descritos en el artículo 3 de la presente ordenanza, incluso en las instalaciones e inmediaciones de instituciones públicas.

Artículo 7.- Prohibición para la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas.- Expresamente se prohíbe la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos determinados en la presente ordenanza, esta prohibición incluye o los ocupantes de los vehículos motorizados y no motorizados que se encuentren estacionados en el espacio público. Así también está terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en eventos públicos descritos en el Art. 8 de la presente Ordenanza, sin la respectiva autorización por parte de la Comisaría Municipal.

Artículo 8.- De las fiestas tradicionales o eventos públicos.- En las fiestas de celebración por el aniversario de cantonización de Palora; en las fiestas de parroquialización o de carácter patronal en la zona rural, así como otras programadas por los GAD Cantonal, Rural, Comunidades, Barrios y Sectores, se podrá otorgar autorización para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, previo la presentación de los siguientes requisitos:

  1. Presentar la solicitud para la autorización, adjuntando el formulario correspondiente en la cual se determinará con precisión los datos del evento, el responsable de la organización del mismo y toda la información requerida por la Comisaría- Municipal y la Unidad de Gestión de Riesgos.
  2. En el caso de un evento o fiesta tradicional del sector rural, se deberá presentar la certificación del GAD Parroquial en donde se determine que el evento es parte de la- tradición y cultura de ese territorio.
  3. Plan de Contingencia para el evento aprobado por la entidad que le corresponda de acuerdo al aforo programado por el responsable u organizador del evento.
  4. Acta de compromiso de limpieza legalmente constituida y legalizada en la Comisaría Municipal, que asegure la recolección de los desechos sólidos y líquidos producidos durante el evento en el espacio público utilizado para el expendio o venta de bebidas alcohólicas, y el depósito de una garantía, económica a establecerse en esta, misma normativa;
  5. De existir publicidad para el evento, se deberá incluir en la misma, mensajes que promuevan el respeto al espacio público; y advertencias sobre las consecuencias del excesivo consumo de bebidas alcohólicas.
  6. Los demás requisitos que determine la- legislación municipal vigente, así como la normativa de mayor jerarquía establecido- en el país para la realización de eventos públicos.

Art. 9.- Para eventos públicos masivos que organice el GAD Municipal de Palora, el interesado en vender bebidas alcohólicas en espacios públicos deberá presentar los siguientes requisitos:

a) Solicitud para la autorización, adjuntando el formulario correspondiente en la cual se determinará con precisión los datos del evento, el responsable del local y

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toda la información requerida por la Comisaría Municipal y la Unidad, de Gestión de Riesgos.

  1. Copia de la cédula de identidad y certificado de votación a color.
  2. Copia del pago por utilización de vía pública emitido por la Comisaría Municipal.
  3. Acta de compromiso de limpieza legalmente constituida y legalizada en la Comisaría Municipal, que asegure la recolección de los desechos sólidos y líquidos producidos durante el evento en el espacio público utilizado para el expendio o venta y el depósito de una garantía económica a establecerse en esta misma normativa.

Art. 10.- Con el objeto de garantizar que los espacios públicos que fueron utilizados para la venta, y consumo de bebidas alcohólicas en eventos autorizados por la Comisaría Municipal queden totalmente limpios de todo tipo de residuos inmediatamente luego del mismo y a entera satisfacción del Comisario Municipal o su delegado, el interesado u organizador del evento deberá depositar una garantía económica en la Tesorería-Municipal de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de evento

Monto de garantía

Contribuyente

01

Eventos púbicos masivos organizados por el GAD Municipal de Palora

$15.00

Cada local o puesto de venta de bebidas alcohólicas

02

Eventos púbicos masivos organizados por particulares

$50.00

Organizador del evento

Esta garantía se hará efectiva a favor del GAD Municipal de Palora, cuando el ciudadano o ciudadana que fue autorizado para vender bebidas alcohólicas en el espacio público no haya dejado expedito el lugar en donde realizó su actividad, dentro de las siguientes 6 horas una vez concluido el evento señalado en el formulario ingresado en la Comisaría Municipal. Esta garantía será utilizada para devengar el costo de limpieza que implica el adecentamiento del espacio público afectado.

Art. 11.- Con el objetivo de precautelar la seguridad e integridad de la ciudadanía, en los eventos públicos que posean legalmente el respectivo permiso o autorización de la Comisaría. Municipal para el expendio de bebidas alcohólicas, estas deberán ser servidas en vasos plásticos y por ningún motivo podrán hacerlo en envases de vidrios, latas o materiales que puedan causar daño a la integridad, de un ciudadano o a cualquiera, de sus pertenencias.

Art. 12.- Se concede acción pública para que cualquier ciudadano o ciudadana que se sienta, afectado o afectada por el consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o bebidas alcohólicas en espacios públicos que se han establecido en la presente ordenanza, pueda denunciar a la Comisaría Municipal, Comisaría Nacional o solicitar a la. fuerza, pública o mediante el ECU-911 el desalojo de consumidores y exigir su respectiva sanción.

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CAPITULO II

DE LAS SANCIONES PARA EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS

Artículo 13.- Sanción para el uso o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en espacios públicos.- El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en espacios públicos, sea este inhalado, esnifado, oral o por vía, intravenosa, será sancionado con multa del 10% del salario básico unificado del trabajador en general y la obligación de realizar una. o más de las siguientes medidas administrativas de resarcimiento:

  1. Obligación de prestar servicia comunitario relacionado con limpieza de espacias públicos, recolección de basura, mantenimiento de parques y jardines, por un total de 8 horas; en caso de incumplimiento, se emitirá un título de crédito por el valor que represente las horas de trabajo, tomando en referencia la Remuneración Básica Unificada vigente, y se hará efectivo a través de la vía coactiva
  2. Obligación de asistir a una capacitación, programa o curso educativo sobre ternas relacionados a la prevención del uso y consumo de drogas, por un total de 15 horas.

En caso de reincidencia, en la conducta de un infractor, la multa se duplicará (20%), así como las horas de servicio comunitario (16 horas).

Para efectos de seguimiento y ejecución de las medidas administrativas de resarcimiento, la Comisaría Municipal como ente sancionador coordinará y dispondrá a la dependencia municipal pertinente para que cumpla con la medida impuesta al infractor, así como con las instituciones acreditadas para brindar capacitaciones en materia de. prevención del uso y consumo de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

DE LAS SANCIONES PARA COMPRA, VENTA, ENTREGA GRATUITA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Artículo 14.- Sanción para la venta o entrega gratuita de bebidas alcohólicas en los espacios públicos.- Será sancionado con multa equivalente al 20% de una remuneración básica unificada, y el retiro del producto a la persona, natural o jurídica, que venda o entregue gratuitamente bebidas alcohólicas en los espacios públicos.

Artículo 15.- Sanción para el consumo de bebidas alcohólicas.– Será sancionado con. multa del 15% de una remuneración básica unificada la persona natural que consuma bebidas alcohólicas en espacios públicos. En el caso reincidencia, será sancionado con el 30% de una remuneración básica unificada y en el caso de adolescentes los mismos serán puestos a órdenes de la DINAPEN.

DEL COBRO DE LAS MULTAS

Artículo 16- Multas.- Las multas que por concepto de la sanción señalada en los artículos 13, 14 y 15 de esta normativa, deberán ser canceladas en la Oficina de Recaudación Municipal, previo el respectivo proceso para el cobro que realice la

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Comisaría Municipal en el plazo máximo de 30 días contados a partir de su notificación, bajo prevención de iniciar la coactiva correspondiente.

Ante la imposibilidad probada de pago de la multa, ésta será transformada, a horas de servicio comunitario que corresponderán al doble del tiempo contemplado en las sanciones contenidas en los artículos 13, 14 y 15 de la presente ordenanza. De existir reincidencia, en personas ya sancionadas por esta Ordenanza, la multa que se le imponga se irá duplicando cada, vez que sea amonestada.

CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Artículo 17.- De la competencia* – El control y juzgamiento de las infracciones previstas en esta sección, corresponde en forma privativa y exclusiva al Comisario/a Municipal y las acciones serán coordinadas cuando sea necesario con la Intendencia de Policía, Comisaría. Nacional de Policía, Policía. Nacional, DINAPEN y la Junta. Protectora de los Derechos del cantón Palora.

En el caso, que el presunto infractor sea el juzgador o que guarde parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguineidad, el proceso sancionatorio será ejecutado por el Director Administrativo o por quién la máxima autoridad designe mediante resolución administrativa, y el procedimiento a cumplirse será el mismo.

El apoyo de la Policía Nacional al cumplimiento de esta Ordenanza está fundamentado al Art. 11 literal b) de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Artículo 18.^ Del procedimiento.- El Agente de Control Municipal o el efectivo de la-Policía. Nacional que identifique a personas naturales que usen o consuman bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas en espacios públicos, solicitará, en primera, instancia se retiren del lugar, de insistir en su infracción se requerirá los documentos de identidad y procederá a llenar la boleta de sanción y reportará a la Comisaría Municipal; dicho informe servirá de base para el inicio del expediente administrativo sancionador, la misma que deberá contener de forma clara la, determinación de la infracción cometida, datos del infractor y el monto de la multa a pagar; se dispondrá de manera inmediata según sea el caso, el desalojo del infractor y/o el decomiso de las bebidas alcohólicas encontradas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. De ser el caso al mismo se podrá adjuntar fotografías, videos o cualquier otro medio material que permita constatar y probar el cometimiento de la infracción.

Una vez notificado con la boleta respectiva, el presunto infractor, tendrá un plazo de 48 horas a partir de la notificación, para presentar las pruebas de descargo respecto de la infracción imputada. Con estas pruebas de descargo el Comisario Municipal, resolverá, dentro de las 48 floras subsiguientes y le notificará con su resolución a la persona, aludida, misma que en caso de ser acusada de la infracción cometida, dispondrá del plazo de 15 días para el pago de la multa. En caso de no hacerlo la Dirección Financiera quedará facultada para el cobro por el proceso de vía coactiva.

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De existir el reconocimiento espontáneo y voluntario por parte del infractor de cumplir con la sanción impuesta por su desacato, el Comisario Municipal tendrá la facultad de reducir hasta, un 20% del valor establecido en la multa correspondiente.

CAPITULO IV

POLÍTICAS PÚBLICAS

Artículo 19.- Políticas Públicas.- Con el fin de contribuir a la transformación de los patrones sociales que originan el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, como también de todo tipo de bebidas alcohólicas, que ocasionan conductas no cívicas, de violencia y hasta delictivas, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palora, deberá implementar las siguientes políticas públicas, a través del Departamento de Inclusión Social y Economía Solidaria y el Consejo de Seguridad Ciudadana:

  1. Planificar y ejecutar programas de prevención sobre el consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes y psicotrópicas, enfocadas a toda la población de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo conforme las disposiciones constantes en la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio económico de las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
  2. Planificar y desarrollar talleres y foros para la ciudadanía sobre el respeto y recuperación de espacios públicos; capacitar a la ciudadanía, y formar instancias de participación y veedurías ciudadanas que tenga como finalidad controlar y denunciar los hábitos de los ciudadanos relativos al uso y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y bebidas alcohólicas en el espacio público.
  3. Coordinar acciones interinstitucionales a fin de prevenir y controlar el consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y bebidas alcohólicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y/o problemáticos de acuerdo al Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador.
  4. Promover y fomentar la. práctica deportiva, actividades culturales, ocio positivo y el fortalecimiento de los núcleos familiares en toda la jurisdicción, utilizando los espacios públicos apropiados para estos fines existentes en el territorio.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Adolescente en infracción administrativa.- Cuando la infracción sea cometida por una persona menor de dieciocho años, la multa que le sea impuesta, será responsabilidad de sus padres, tutores, curadores u otra figura de representación legal que tenga, como también la notificación de la medida o sanción administrativa, en concordancia con el Art. 66 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. De existir reincidencia en un adolescente infractor se procederá según lo señala el Art. 16 de la presente ordenanza.

SEGUNDA.- Queda prohibida la distribución y venta, de bebidas alcohólicas al por mayor en los locales y establecimientos que no hayan sido autorizados legalmente para ejercer dichas actividades y en caso de incumplimiento de esta, disposición por parte de

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personas naturales o jurídicas, se les sancionará conforme a lo previsto en los artículos 14 y 15 de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Derogatoria.- Quedan derogadas todas las ordenanzas de igual o inferior jerarquía, expedidas con anterioridad- y que traten sobre ternas de difusión y fomento del turismo y la cultura, y temas similares.

SEGUNDA.- Todo cuanto no se encuentre contemplado en la presente ordenanza, se aplicará lo dispuesto en el COOTAD y demás leyes conexas.

TERCERA.- Vigencia.- La presente, ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación en la página web del GAD Municipal de Palora y el Registro Oficial.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALORA.-CERTIFICO: Que la presente.- ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN PALORA, FRENTE AL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palora, en primer debate en la Sesión Ordinaria del 18 de octubre del 20/19, y en segundo y definitivo debate en la sesión ordinaria del 31 de enero del 2020; ordenanza que ha sido remitida al señor Alcalde del cantón Palora, para su sanción, conforme lo dispone el Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

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ALCALDÍA DEL CANTÓN PALOPA.- Por haberse observado los trámites legales, esta Alcaldía en goce de las atribuciones que le concede el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciona en todas sus partes la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN PALORA FRENTE AL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, sígase el trámite pertinente.- Promúlguese y ejecútese el treinta y uno de enero del dos mil veinte.-

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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR PROVINCIA DE MANABÍ

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social».

Que, el artículo 3, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para sus habitantes».

Que, el artículo 10, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: «Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales».

Que, el numeral 2 del artículo 11, de la Constitución de la República del Ecuador define que: «Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Que, el artículo 35, de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que: «Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Que, los artículos 36, 37 y 38, de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen y garantizan los derechos de las personas adultas mayores.

Que, el artículo 39, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país.

Que, los artículos 40, 41 y 42, de la Constitución de la República del Ecuador, enuncia el derecho de las personas a migrar, así como ordena los derechos de las personas, cualquiera sea su condición migratoria.

Que, los artículos 44,45 y 46, de la Constitución de la República del Ecuador, instala los derechos de la niñez y la adolescencia, disponiendo al Estado, la sociedad y la familia en sus diversos tipos, la promoción de su desarrollo integral de una manera prioritaria, atendiendo al principio del interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Que, los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen los derechos para las personas con discapacidad, garantizando políticas de prevención y procura la equiparación de oportunidades y su integración social.

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Que, los artículos 56, 57, 58, 59, y 60, de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen y garantizan los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio y las que forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

Que, el artículo 70, de la Constitución de la República del Ecuador, define que: «El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través de mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público».

Que, el artículo 95, de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la participación de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

Que, el artículo 340, de la Constitución de la República del Ecuador, instaura el sistema nacional de inclusión y equidad social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

Que, el artículo 341, de la Constitución de la República del Ecuador, manda que, el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su consideración etaria, de salud o de discapacidad.

Que, el artículo 3, numeral 3, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina que es necesario: «Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medidas de acción afirmativas que promuevan la participación igualitaria a favor de titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad.»

Que, el artículo 30, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, señala que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, define a los Concejos consultivos, como: «mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos Concejos. Su función es meramente consultiva».

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Que, el artículo 3, del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización, de los Principios, a) Unidad, inciso 5, dispone que: «La Igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y costumbres”.

Que, literal h del artículo 4, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tiene entre sus fines: «La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento del sistema de protección integral de sus habitantes.»

Que, literal j del artículo 54, , del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde: «Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los concejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales».

Que, el literal a del artículo 57, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina el ejercicio de la facultad normativa en la materia de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

Que, el artículo 302, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en relación con el Art. 95, de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano; y el Art. 303 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su parte pertinente establece que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos'».

Que, el artículo 598, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo cantonal para la protección de derechos manifiesta que: «Cada gobierno autónomo descentralizado, municipal organizará y financiará un Concejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos». Los Concejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones las formulaciones, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Concejos Nacionales para la Igualdad. Los Concejos de Protección de derechos coordinarán con las entidades, así como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos.

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Los Concejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la participación paritaria de representantes de la sociedad civil, especialmente de los titulares de derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad civil.

En, ejercicio de la competencia y facultad normativa que le confiere los artículos 240 y 264, numerales 2 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo previsto en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

Que, la ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANTONAL DE IGUALDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN BOLÍVAR, fue conocida, debatida y aprobada en las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal celebradas los días 10 y 17 de febrero del 2016, respectivamente, sancionada el 26 de febrero del año 2016 y publicada en la página web de la institución, www.gadbolivar.gob.ec, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.

EXPIDE:

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANTONAL DE IGUALDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN BOLÍVAR

CAPÍTULO I

DEFINICIONES, ÁMBITO, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

Art. 1.- DEFINICIÓN.- El Sistema Cantonal de Igualdad y Protección Integral de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y el

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cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo; será parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y de los sistemas especializados y se regirá por sus mismos principios y ámbitos. Se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

Forman parte del Sistema cantonal de igualdad y Protección Integral de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, además de los señalados en la presente ordenanza, todos aquellos organismos que por sus competencias, funciones o mandatos estén vinculados a servicios, garantía, protección, vigilancia y exigibilidad de derechos.

Art. 2.- ÁMBITO.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza, así como el cumplimiento de los propósitos de los organismos que conforman el Sistema cantonal de igualdad y Protección Integral de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, será dentro de la jurisdicción correspondiente al cantón; incluidas sus áreas de influencia, parroquias, barrios y comunidades urbanas y rurales.

Art. 3.- PRINCIPIOS.- Los principios que rigen al Sistema cantonal de igualdad y Protección Integral de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria, serán: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

Art. 4.- OBJETIVOS.- Los objetivos son los siguientes:

  • Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la constitución, en las leyes y en los instrumentos internacionales.
  • Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y sus sistemas especializados y la sociedad.
  • Generar espacios para la participación de los grupos de atención prioritaria y sociedad civil dentro del Sistema cantonal de igualdad y Protección Integral de los Grupos de Atención Prioritaria, conforme lo establece la ley de participación ciudadana y control social, para el cumplimiento de esta Ordenanza.

DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE IGUALDAD

Y PROTECCIÓN DE DERECHOS

CAPÍTULO II

CONCEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL

CANTÓN BOLÍVAR

Art. 5.- NATURALEZA JURÍDICA.- El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, es un organismo Colegiado del Nivel Cantonal, integrado por representantes del Estado y de la Sociedad Civil. Ejerce las atribuciones de: Formulación, Transversalización, Observancia, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Municipales, articuladas a las Políticas Públicas de los Concejos Nacionales para la Igualdad. Coordinarán con las entidades, así como

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con las redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos y será el ente coordinador del Sistema cantonal Protección de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria. El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, constará en el Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, y Dependerá Financiera y Administrativamente de este.

Art. 6.- DE LA ESTRUCTURA.- Son parte de la estructura del Concejo Cantonal para la Protección de Derechos:

  1. El Pleno del Concejo Cantonal para la Protección de Derechos,
  2. La Presidencia,
  3. Las Comisiones,
  4. La Secretaría Ejecutiva,

Art. 7.- DEL PLENO DEL CONCEJO.- El pleno del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos está conformado por todos sus Miembros y es la máxima instancia decisoria y administrativa.

Art. 8.- INTEGRACIÓN Y CONFORMACIÓN.- El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, se constituirá de forma paritaria por representantes del Estado y de la Sociedad Civil. Del sector del estado:

  1. El Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o su Delegado permanente.
  2. El Presidente o Presidenta de la Comisión de Igualdad y Género o un Miembro de la Comisión. Coordinador o coordinador del Ministerio de Inclusión económica y social
  3. Un Representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales y su respectivo Suplente.
  4. El Director o Directora del Distrito Chone del Ministerio de Inclusión Económica y Social o su Delegado permanente.
  5. El Director o Directora del Distrito 13D06 del Ministerio de Educación o su Delegado permanente.
  6. El Director o Directora del Distrito 13D06 del Ministerio de Salud Pública o su Delegado permanente.

De la sociedad civil:

  1. Un o Una representante de los Titulares de Derecho de los Grupos de Niñez, Adolescencia y Jóvenes y su respectivo Suplente
  2. Un o Una representante de los Titulares de Derecho de los Grupos de las Personas Adultas Mayores y su respectivo Suplente.
  3. Un o Una representante de los Titulares de Derechos de los Grupos de las Personas con Discapacidad y su respectivo Suplente.
  4. Un o Una representante de los Titulares de Derechos de los Grupos de Género y su respectivo Suplente.

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  1. Un o Una representante de los Titulares de Derechos de los Grupos de Personas en Movilidad Humana y su respectivo Suplente.
  2. Un o Una representante de los Titulares de Derechos de los Grupos de Etnias y su respectivo Suplente.

ART. 9.- DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS.- Los Miembros en representación de la Sociedad Civil, serán elegidos mediante Elecciones Publicas normadas mediante reglamento por el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos y los representantes de los Gobiernos Autónomos Parroquiales de definirán de ser posible de manera consensuada entre los miembros de las Juntas Parroquiales rurales del cantón.

Art. 10.- DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS MIEMBROS.- Los Miembros de la Sociedad Civil del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, tendrán un período de duración de cuatro años, y podrán ser reelegidos por una sola ve/, y los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales por el tiempo que duren en sus funciones para el que fueron electos.

Art. 11.- DE LAS ATRIBUCIONES.- Las Atribuciones del Concejo Cantonal Integral para la Protección de Derechos, son las siguientes:

  1. Elaborar en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, los Diagnósticos y Líneas de Base, que evidencien la situación de los Grupos de Atención Prioritaria.
  2. Formular Políticas Públicas Municipales relacionadas con las temáticas de Género, Étnico Cultural, Intergeneracional, Movilidad Humana y Discapacidad, articulada a las Políticas Públicas de los Concejos Nacionales de Igualdad.
  3. Transversalizar los Enfoques de Igualdad (de Género, Étnico/Intercultural, Generacional, Movilidad Humana y Discapacidad), en las Políticas Públicas Municipales.
  4. Realizar el Seguimiento y la Evaluación de las Política Pública Municipales que tengan entre sus fines y objetivos a los Grupos de Atención Prioritarios.
  5. Poner en conocimiento de las Autoridades competentes las Amenazas o Vulneraciones de Derechos o Incumplimientos de las Políticas Públicas Municipales que sean determinadas durante las acciones de Observancia que se realicen.
  6. Observar, Vigilar y Activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los Derechos Individuales y Colectivos, en la aplicación de los Servicios Públicos y Privados relacionados con las Políticas Públicas Municipales.
  7. Coordinar con las Entidades Rectoras y Ejecutoras, con los Organismos Especializados así, como con las Redes Interinstitucionales de Protección de Derechos en el cantón.

h) Exigir a las Instituciones Públicas, Privadas y Comunitarias con ámbito de acción en el cantón, la remisión de Informes Semestrales de avances en sus Metas y Objetivos planteados, en la Implementación de las Políticas Públicas Municipales.

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i) Definir Estrategias y Mecanismos para la Conformación y Fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias y Concejos Consultivos de Titulares de Derechos y demás espacios de Participación, Veeduría y Exigibilidad que representen a los Grupos de Atención Prioritaria.

j) Emitir sus disposiciones por medio de Resoluciones y Acuerdos.

k) Articular y Coordinar con la Junta Cantonal de Protección de Derechos.

l) Vigilar el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 249 del Código Orgánico de Organización territorial. Autonomía y Descentralización, que literalmente dice» No se aprobará el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos el diez por ciento (10%) de los Ingresos no Tributarios para el Financiamiento de la Planificación y Ejecución de Programas Sociales para la atención de los Grupos de Atención Prioritaria.

m) Conocer, Analizar y Evaluar los informes sobre la situación de los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria en el ámbito cantonal, Elaborar los que corresponda a su jurisdicción; y, Colaborar en la Elaboración de los Informes Nacionales que el país debe presentar de acuerdo a los compromisos Internacionales.

n) Crear y Desarrollar Mecanismos de Coordinación, Articulación y Colaboración con los Organismos Internacionales, Nacionales, Provinciales, Cantonales y Parroquiales, Públicos y Privados que se relacionen con los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria en el cantón.

o) Elaborar y Aprobar Normas y Reglamentos que permitan desarrollar las Funciones del Concejo Cantonal para la Protección de Derechos.

p) Elaborar el Presupuesto Anual del Concejo Cantonal para la Protección de Derechos, en coordinación con la Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, para asegurar su financiamiento en los tiempos que señala la ley; mismo que deberá ser puesto en conocimiento del Concejo Municipal y posteriormente incluido en el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

q) Elaborar y Aprobar las Rutas para la Protección de los Derechos en coordinación con las Instituciones Públicas y Privadas que realicen acciones con las Personas y Grupos de Atención Prioritarias.

r) Elaborar y Promover Políticas de Comunicación y Difusión sobre los Derechos, Garantías, Deberes y Responsabilidades de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria dentro del cantón Bolívar.

s) Los demás que le atribuyan las leyes y los reglamentos.

Art. 12.- DEL FINANCIAMIENTO.- En cumplimiento Artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, financiará el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, esto dentro del mínimo 10% para los Grupos de Atención Prioritaria.

Art. 13.- DE LA PRESIDENCIA.- El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, estará presidido por el Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, quien será su Representante Legal o su Delegado Permanente, y contara con una Vicepresidenta o

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Vicepresidente, que será elegido entre los representantes de la Sociedad Civil, el mismo que tendrá un periodo de dos años; el Presidente o Presidenta, podrá encargar de manera Transitoria y por oficio la Presidencia a la Vicepresidenta o Vicepresidente. Las sesiones del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, serán Presididas por el Alcalde o Alcaldesa o su Delegado Permanente, a falta de ellos dos presidirá la sesión el Vicepresidente o Vicepresidenta.

Art. 14.- DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA O SU DELEGADO PERMANENTE.- Son funciones del presidente o presidenta o su delegado permanente las siguientes:

  1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente al Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.
  2. Convocar y presidir las sesiones del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, orientar los debates, conceder el uso de la palabra, ordenar las votaciones y suscribir las actas conjuntamente con el Secretario o Secretaria del Concejo Cantonal para la Protección de derechos.
  3. Celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, con Instituciones Públicas, Privadas y Comunitarias, nacionales o extranjeras.
  4. Delegar por escrito determinadas funciones al Vicepresidente o Vicepresidenta o alguno de los miembros del Concejo Cantonal de Protección de Derechos.
  5. Formular el Orden del Día de las Secciones del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.
  6. Someter los asuntos aprobados por medio de resolución del Concejo Cantonal para la Protección Integral de derechos que se consideren necesarios para el cumplimiento de sus funciones a conocimiento de la Corporación Municipal.
  7. Las demás que determine la Ley y las normas vigentes.

Art. 15.- CONFORMACIÓN DE COMISIONES.- El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, podrá conformar las Comisiones de trabajo que considere necesarias para alcanzar sus Objetivos, estas podrán ser Permanentes o Temporales y las podrán Integrar Personas de Instituciones Públicas y Privadas que tengan relación directa con el tema encargado a la comisión.

Art. 16.- PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, publicará todas las resoluciones aprobadas por el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, en la Gaceta Oficial y en los dominios web del mismo.

Art. 17.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- El Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos rendirá cuentas sobre su accionar ante la ciudadanía y en forma especial a los Grupos de Atención Prioritarios del cantón.

La Rendición de Cuentas oficial la realizara el Alcalde y Presidente del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos junto con la del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

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CAPÍTULO III

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONCEJO CANTONAL PARA LA

PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN BOLÍVAR

ART. 18.- NATURALEZA JURÍDICA.- La Secretaría Ejecutiva es una instancia Técnico -Administrativa del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, encargada de la Coordinación con los Organismos e Instancias Públicas y Privadas que trabajan por las Personas y Grupos de Atención Prioritaria del cantón.

ART. 19.- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.- Las atribuciones y funciones de la Secretaría

Ejecutiva son:

1.- Preparar Propuesta de Políticas Públicas en beneficio de las Personas y Grupos de Atención

Prioritarias.

2.- Realizar los Análisis y Estudios que contribuyen a la Viabilidad de las políticas públicas municipales, a fin de que sean incluyentes con enfoque de derechos de igualdad;

3.- Diseñar Metodologías, Indicadores, Herramientas para la Formulación, Observancia,

Transversalización, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Municipales.

4.-Elaborar y Proponer Mecanismos y Herramientas necesarios para el Funcionamiento del

Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos.

5.- Las demás de establezca el Pleno del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, las Leyes y Reglamentos.

Art. 20.- DEL SECRETARIO EJECUTIVO.- La Secretaría Ejecutiva del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, estará bajo la dirección y responsabilidad del Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva, que será designado de forma directa por el Presidente o Presidenta del Concejo de Protección Integral de Derechos; será de libre nombramiento y remoción, la persona designada, deberá acreditar conocimientos y experiencia en materia de derechos de las personas y grupos de Atención Prioritaria, además cumplir con el perfil requerido para el puesto según el Manual de Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y desarrollará sus funciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público. Podrá participar solo con voz en las sesiones del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, y coordinará sus funciones y actividades con los Concejos Nacionales para la Igualdad.

Art. 21.- FUNCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO.- Las funciones del Secretario o Secretaria Ejecutiva son:

  1. Desarrollar Metodologías y Herramientas que permitan realizar las Atribulaciones de Formulación Transversalización, Seguimiento, Evaluación y Observancia del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos.
  2. Responsable de la implementación. Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

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  1. Responde de la administración adecuada de los bienes del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos.
  2. Responsable por el buen funcionamiento Administrativo de Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos.
  3. Responsable de operativizar las Resoluciones y Acuerdos del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos.
  4. Representa]- al Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos cuando su Presidente o Presidenta así lo designare.
  5. Rendir cuenta de su labor de forma anual al pleno del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, a la Corporación Municipal y en Asamblea General a la ciudadanía del cantón con énfasis a las Personas o Grupos de Atención Prioritaria.
  6. Actuar como Secretaria o Secretario del Concejo Cantonal de Protección de Integral Derechos, en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, en las Reuniones de las Comisiones que se conformaren o cuando el Pleno del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos lo necesitare,
  7. Elaborar los reglamentos necesarios para el funcionamiento del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos y presentarlos para su aprobación,
  8. Elaborar el Plan Operativo Anual del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, presentarlo para su aprobación y enviarlo con la respectiva resolución al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, para que sea incluido en el Presupuesto anual,
  9. Informar en cada Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos las actividades realizadas y el cumplimiento de las resoluciones tomadas y las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual.
  10. Elaboración de los Informes que el Cantón, la Provincia y el País deba presentar de acuerdo a las Políticas Locales. Provinciales, Nacionales y a los Compromisos Internacionales asumidos,
  11. Generar alianzas con Actores Institucionales y Sociales para el cumplimiento de las Funciones y Objetivos del Concejo Cantonal para la Protección de Derechos.
  12. Las demás que señalen las leyes y los reglamentos.

CAPÍTULO IV

DE LAS JUNTAS CANTONALES PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE

DERECHOS

Art. 22.- NATURALEZA JURÍDICA.- Las Juntas Cantonales para la Protección Integral de Derechos son Órganos de Nivel Operativo, que tienen como Función Pública la Resolución por Vía Administrativa de las situaciones de Amenaza o Vulneración de los Derechos Individuales o Colectivos, en el marco de Ley. El Alcalde o Alcaldesa será su Representante Legal, constarán en el Orgánico Funcional y serán Financiadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y gozarán de autonomía funcional. Estarán integradas por tres funcionarios/as de libre nombramiento y remoción, además de tres suplentes en razón de uno para cada miembro

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nombrados por Concejo Cantonal de Protección de derechos de entre candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las responsabilidades propias del cargo, los candidatos serán propuestos por los miembros de la sociedad civil y serán nombrados por un periodo máximo de 3 (tres) años, pudiendo ser reelegidos por una sola ocasión. Su accionar deberá ser articulado y coordinado con el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, la Defensoría del Pueblo y Organismos que trabajen en Protección de Derechos, debiendo remitir informes trimestrales al Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos que orienten la creación de políticas públicas basadas en la realidad local.

Art. 23.- FUNCIONES DE LA JUNTA PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN BOLÍVAR Las funciones de la Junta de Protección Integral de Derechos son:

  1. Conocer de Oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de los Grupos de Atención Prioritaria dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado.
  2. Vigilar la ejecución de sus medidas.
  3. Interponer las acciones necesarias ante los Órganos judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones.
  4. Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información y documentos que requieren para el cumplimiento de sus funciones.
  5. Llevar registro de las familias de los grupos de Atención Prioritaria del respectivo Gobierno Municipal a quienes se haya aplicado medidas de protección.

í) Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones administrativas y penales en contra de cualquier grupo de atención prioritaria.

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de los Grupos de Atención Prioritaria.

CAPITULO V

DEL EQUIPO DE APOYO TERRITORIAL

Art. 24.- ÁMBITO.- Para facilitar el cumplimiento de la presente ordenanza y para el mejor desempeño de la gestión del Sistema de Protección Integral de Derechos del cantón Bolívar, se contara con un equipo de apoyo, cuyos miembros, luego del respectivo concurso de méritos y oposición serán nombrados, por el alcalde y Presidente del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, atendiendo a la disponibilidad de los recursos financieros con los que cuente el gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y su extensión territorial.

Art. 25.- OBJETO.- El miembro del equipo de apoyo territorial urbano desarrollara principalmente sus funciones en toda la extensión territorial de la parroquia urbana del cantón

Registro Oficial – Edición Especial N° 559 Lunes 11 de mayo de 2020 – 51

bolívar y el miembro del equipo de apoyo territorial rural realizara sus labores de manera principal en las parroquias rurales del cantón Bolívar.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los miembros del equipo territorial de apoyo coordinarán mutuamente, y se darán apoyo en el ámbito de sus funciones, cuando esto conveniente para mejor cumplimiento de las mismas.

Art. 26.- DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE APOYO TERRITORIAL.- El Equipo de apoyo territorial estará conformado como mínimo por un miembro de apoyo territorial urbano y un miembro de apoyo territorial rural.

De existir la necesidad y contar con la disponibilidad presupuestaria, se podrá contar con más miembros de equipos de apoyo urbanos o miembros de equipos de apoyo rurales, para dar cumplimiento a las funciones que queden establecidas en la presente ordenanza.

Art. 27.- FUNCIONES DEL EQUIPO DE APOYO TERRITORIAL.- El equipo de apoyo territorial cumplirá con las siguientes funciones:

  1. Levantar el diagnóstico, registro, control y evaluación de la población GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIOS en todas las parroquias.
  2. Responsable de la realización, ejecución, control de los acercamientos con las familias para socializar el funcionamiento de la Garantía de derechos a favor de los Grupos de atención prioritaria en el Cantón.
  3. Coordinar acciones con el Gobierno Municipal y Parroquiales para acordar los mecanismos que aseguren la participación de los GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIOS en las Parroquias.
  4. Realizar y Coordinar acciones conjuntamente con el Gobierno Cantonal y Parroquial a través de la realización de compromisos para apoyar acciones.

e) Coordinar, ejecutar y controlar las actividades de planificación grupales en las diferentes comunidades debiendo coordinar con el equipo de trabajo,

f) Organizar, ejecutar, y promover los encuentros con líderes y lideresas en cada comunidad para organizar los espacios de participación.

g) Responsable de coordinación, control, capacitación y seguimiento de la conformación de Escuelas de Formación en temas de Derechos Humanos, Enfoque de Igualdad Integral, Ciclo de Vida, Derechos Sexuales y Reproductivos.

h) Responsable de coordinación, control, capacitación para las reuniones mensuales que se realicen con los grupos conformados.

i) Los miembros del equipo de apoyo territorial responsables de cada grupo se comprometerán en la articulación de actividades enfocadas a un fomento productivo en todas las áreas y servicios que oferte el GAD Municipal.

j) Coordinar, realizar, ejecutar, controlar y evaluar las campañas de prevención de vulneración de derechos.

k) Conformar y apoyar los Concejos Consultivos.

52 – Lunes 11 de mayo de 2020 Edición Especial N° 559 – Registro Oficial

1) Conformar, apoyar y dar seguimiento a los grupos de redes de protección que se hayan

consolidado.

m) Ejecutar las campañas de prevención de violencia, VIH-SIDA, Prevención de Embarazos en Adolescentes, Erradicación del Trabajo infantil, Inclusión de grupos Prioritarios como Discapacidad, Movilidad Humana, Etnias, entre otros, en los días de conmemoración nacional e internacional.

n) Participar en todas las mesas de trabajo para ejecutar acciones.

o) Conformación y fortalecimiento de mesas de trabajo de los diferentes grupos de atención prioritaria.

CAPITULO VI

DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE

DERECHOS DEL CANTÓN BOLÍVAR.

DE LAS DEFENSORÍAS COMUNITARIAS

Art. 28.- NATURALEZA JURÍDICA.- Son formas de Organización Comunitaria de los Titulares de Derechos en las Parroquias, Comunidades, Recintos, Caseríos y Barrios, en Sectores Urbanos y Rurales del cantón, para la Promoción, Defensa y Vigilancia de los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, podrán intervenir en los casos de Vulneración de Derechos, poniéndolos a conocimiento de los organismos competentes.

DE LOS CONCEJOS CONSULTIVOS

Art. 29.- NATURALEZA JURÍDICA.- Los Concejos Consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por Titulares de Derechos de cada una de las temáticas (género, étnico/intercultural, generacional, movilidad humana y discapacidad). Se constituyen en Espacios y Organismos de Consulta que garantizan el goce de los derechos de las Personas y Grupo de Atención Prioritaria al que pertenece. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, podrán convocar en cualquier momento a los Concejos Consultivos. Su función es Meramente Consultiva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, garantizará el funcionamiento tanto del Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos, su Secretaría Ejecutiva, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos, y el Equipo de Apoyo Territorial.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.

PRIMERA.- Esta Ordenanza sustituye a la Ordenanza del Sistema de Protección Integral del cantón Bolívar, Sancionada el 26 de febrero de 2016.

Registro Oficial – Edición Especial N° 559 Lunes 11 de mayo de 2020 – 53

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Concejo Cantonal y una vez publicada en la página web de la institución, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, conforme lo dispone lo establecido en el Art.324 del COOTAD.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado

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Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el señor Walther Cevallos Pinargote ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, 5 de febrero de 2020. Certifico.-

Registro Oficial – Edición Especial N° 559 Lunes 11 de mayo de 2020 – 55

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE MANABÍ.

Considerando:

Que, la Constitución de la República estable en la disposición del artículo 265 que «El Sistema Público del Registro de la Propiedad será administrado de manera concurrente entre el ejecutivo y las municipalidades»;

Que, la Constitución de la República dispone que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera conforme al principio establecido en el artículo 238 de la referida Carta Magna;

Que, uno de los derechos de libertad que reconoce y garantiza la Constitución de la República es el de: «Acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características», esto de acuerdo al numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, de conformidad con lo que disponen los artículos 7 y 54, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), es facultad normativa y función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes, reconocidas en la constitución y la ley, y en dicho marco prestar los servicios públicos cantonales correspondientes, con criterio de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiaridad, participación y equidad;

Que, la norma del artículo 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), señala que «La administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El sistema público nacional del registro de la propiedad corresponde al gobierno central y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo a lo que disponga la Ley que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los gobiernos municipales.

Que, el registro de la propiedad forma parte del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, conforme lo dispone el artículo 29 de la Ley Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, publicada en el suplemento del registro oficial No. 162 del 31 de marzo del 2010;

Que, el artículo 19 de la Ley Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos señala que «De conformidad con la Constitución de la República, el Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la función ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos»; por lo tanto el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar, se encargará de la estructuración administrativa del Registro y su coordinación con el

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catastro, y la Dirección Nacional dictará las normas que regularan su funcionamiento a nivel nacional;

Que, el registro de las transacciones que sobre las propiedades se ejecuten en el cantón, constituyen uno de los elementos fundamentales para la adecuada gestión de los catastros municipales.

Que, de conformidad con lo que dispone el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), le corresponde al Concejo Municipal el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales; en tal contexto.

Expide:

La siguiente ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR –

PROVINCIA DE MANABÍ.

CAPITULO I ÁMBITO, OBJETIVO Y PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN- La presente Ordenanza rige y regula la organización, administración y funcionamiento del Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Art. 2.- OBJETIVOS DE LA PRESENTE ORDENANZA.- Los objetivos de la presente ordenanza son los siguientes:

  1. Regular la organización, administración y funcionamiento de Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.
  2. Promover la interrelación técnica e interconexión entre el Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y el Catastro Municipal.
  3. Reconocer y garantizar a los ciudadanos del cantón el acceso afectivo al servicio del Registro de la Propiedad.
  4. Promover la prestación del servicio público registral de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato.
  5. Incorporar a la administración municipal el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar.

Registro Oficial – Edición Especial N° 559 Lunes 11 de mayo de 2020 – 57

  1. Reconocer al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, como la entidad nacional rectora del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, con capacidad para emitir Políticas Públicas nacionales que orienten las acciones del referido sistema y para definir los sistemas informáticos aplicables para la gestión concurrente de esta competencia; y, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar como Administrador del Registro de la Propiedad de este cantón con capacidad para ejecutar, proveer, prestar y administrar el servicio público registral conforme a los principios establecidos en la Ley y esta ordenanza.
  2. Regular y controlar el cobro de las Tasas arancelarias por la prestación de los servicios públicos que otorga el Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Bolívar.

Art. 3.- PRINCIPIOS.- El Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar, se sujetará en su gestión en los siguientes principios: Accesibilidad, regularidad, calidad, eficiencia, eficacia, seguridad, rendición de cuentas y transparencia y además en lo siguiente:

Art. 3.1.- Obligatoriedad.- El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, garantizará que los datos públicos regístrales sean completos, accesibles, en formatos libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes, en relación al ámbito y fines de su inscripción.

La información que el Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, entregue puede ser específica o general, versar sobre una parte o sobre la totalidad del registro y será suministrada por escrito o por medios electrónicos.

Art. 3.2.- Responsabilidad de la Información.- El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a más de las atribuciones señaladas en la Ley y la presente Ordenanza, es responsable de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo.

La o el Registrador de la Propiedad, responderá por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros y datos registrados, al igual que las certificaciones, razones de inscripciones y todas sus actuaciones.

Art. 3.3.- Publicidad.- El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, pondrá en conocimiento de la ciudadanía, la existencia de registros o bases de datos de personas y bienes, y en lo aplicable la celebración de actos sobre los mismos, con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar a sus derechos, con las limitaciones señaladas en la Constitución y la Ley.

Art. 3.4.- Accesibilidad y confidencialidad.- El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolivar, de conformidad con la Constitución y la Ley, permitirá el acceso libre de la ciudadanía a los datos regístrales. No existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente establecidos en la Ley.

Se considera confidencial solamente la información señalada en la Ley. El acceso a esta información solo será posible con la autorización expresa del titular de la misma, por disposición

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de la ley o juez competente. También será confidencial aquella información que señale la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos, mediante resolución debidamente motivada.

El acceso a la información sobre el patrimonio de las personas, se realizará cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley, para lo cual el solicitante deberá justificar su requerimiento de forma escrita, en los formatos valorados que para el efecto disponga la municipalidad, debiendo señalar con precisión el uso que se dará a la misma.

El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, formará un registro físico y magnético secuencial de estos requerimientos. En caso de violación a los derechos humanos, el Registro de la Propiedad, no negará el acceso a la información.

Art. 3.5.- Presunción de legalidad.- De acuerdo a lo previsto en el Art. 7 de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, la certificación registral y mercantil da fe pública, y se encuentra investida de la presunción de legalidad. El orden secuencial de los registros se mantendrá sin modificación alguna, excepto por orden judicial.

Art. 3.6.- Rectificabilidad.- Los datos regístrales y mercantiles son susceptibles de actualización, rectificación o supresión en los casos y con los requisitos que la Ley señale.

Art. 3.7.- Gestión compartida.- Las políticas y directrices técnicas, así como el sistema informático aplicable en el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar, serán las que dicte la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Los asuntos de carácter administrativo, organizativos, financieros y de gestión serán dictados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

CAPITULO II PRINCIPIOS REGÍSTRALES

Art. 4- ACTIVIDAD REGISTRAL.- Principios.- La actividad de registro que cumpla el funcionario responsable del Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, se ejecutará utilizando medios tecnológicos normados y estandarizados de conformidad con las políticas dictadas por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

Art. 5.- INFORMACIÓN PÚBLICA.- La información que administrará el Registro de la Propiedad es pública con las limitaciones establecidas en la Constitución, la Ley y esta Ordenanza.

Art. 6- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICA.- Los datos públicos que se incorporan en el Registro de la Propiedad, deberán ser completos, accesibles, en formatos libres, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes.

Registro Oficial – Edición Especial N° 559 Lunes 11 de mayo de 2020 – 59

CAPITULO III

NORMAS GENERALES APLICABLES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL

CANTÓN BOLÍVAR

Art. 7.- CERTIFICACIÓN REGISTRAL.- La certificación legalmente otorgada por el Registrador o Registradora de la Propiedad, constituye documento público con todos los efectos legales, se expedirá a petición de la parte interesada, por disposición administrativa, u orden judicial.

Art. 8.- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PUBLICA Y BASE DE DATOS.- El Registrador o Registradora de la Propiedad, será responsable de aplicar las Políticas y principios definidos por el Ministerio de Telecomunicaciones, a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, orientados a organizar el intercambio de la información pública y base de datos a su cargo, con las entidades que conforman el Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos.

La Registradora o Registrador de la Propiedad, tiene la obligación de comunicar la aplicación de nuevas políticas y principios dispuestos por órgano competente, a la Alcaldesa o Alcalde, para que éste a su vez, ponga a conocimiento del Concejo Municipal y a la ciudadanía del Cantón.

CAPITULO IV DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Art. 9.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- El Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar integra el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), emitirá las políticas públicas nacionales que orienten las acciones del sistema de Registro de Datos Públicos y definirá los sistemas informáticos aplicables para la gestión concurrente de esta competencia. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar, administrará y gestionará el Registro de la Propiedad y tendrá capacidad para ejecutar, proveer, prestar y administrar el servicio público registral, conforme los principios establecidos en la Ley y esta Ordenanza.

Art. 10.- NATURALEZA JURÍDICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- El Registro de la Propiedad es una dependencia municipal, con autonomía registral y funcional, organizada administrativamente por las disposiciones de esta ordenanza y sujeta al control y auditoria de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en lo relativamente exclusivo a la aplicación de las políticas para la interconexión e interoperabilidad de base de datos y de información pública.

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Art. 11.- DE LA AUTONOMÍA REGISTRAL.- El ejercicio de la autonomía registral implica, la no sujeción de la actividad registral de datos sobre la propiedad al poder político sino a la ley, como también el reconocimiento necesario de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

La autonomía registral, no exime de responsabilidad por las acciones u omisiones del Registrador o Registradora de la Propiedad y los servidores del Registro por los excesos cometidos en ejercicios de sus funciones.

Art. 12. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.– El Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar, se organizará administrativamente por las disposiciones de esta ordenanza.

El Registro de la Propiedad será una dependencia administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a cargo del Registrador o Registradora y guardará estrecha coordinación y cooperación en lo que respecte a su materia con todas las Direcciones y Jefaturas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar.

Quienes laboren en los Registros de la Propiedad, serán considerados como servidores y servidoras públicos municipales. Por lo tanto, se someterán a lo que establece la LOSEP, en cuanto se refiere a sus derechos, deberes y obligaciones, para su remuneración se considerara lo que venían percibiendo en base a las planillas de aportes al IESS y conforme certificación presupuestaria establecida para esos puestos. Los servidores que laboren en el Registro de la Propiedad, cumplirán la misma jornada laboral que cumplen los demás servidores del Gobierno Municipal.

Art. 13.- REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD.- Toda la actividad que realice el Registro de la Propiedad en cuanto a inscripciones, certificaciones, marginaciones, y demás actividades regístrales que contempla la ley, se llevarán de modo digitalizado, con soporte físico y bajo el sistema de información cronológica, personal y real.

Los folios cronológicos, personales y reales que el Registrador o Registradora de la Propiedad están obligados a llevar, se administraran en la forma señalada en las disposiciones de los artículos 16, 17 y 18 de la ley Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Art. 14.- DE LA REGISTRADORA O REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD- El Registrador o Registradora de la Propiedad del Cantón Bolívar, será responsable de la administración y gestión del Registro de la Propiedad, será elegido mediante concurso público de méritos y oposición organizado y ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en base a la normativa administrativa de selección de personal emitida por la DLNARDAP.

Art. 15.- VEEDURÍA.- El concurso de méritos y oposición para designar a la Registradora o Registrador de la Propiedad, contará con la participación efectiva de una veeduría ciudadana, para lo cual, el alcalde o alcaldesa, antes de iniciar el proceso de selección, solicitará al Consejo Nacional de Participación Ciudadana y control Social la integración de esta veeduría, misma que se desarrollará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Reglamento General de Veeduría Ciudadana. Con la conformación de la veeduría ciudadana,

Registro Oficial – Edición Especial N° 559 Lunes 11 de mayo de 2020 – 61

o con la excusa, se dará inicio al concurso, dejando abierta en todo caso la posibilidad de que el control pueda ser realizado antes, durante o después de concluido el concurso con todas las atribuciones que las normas legales les faculten.

Art. 16.- PERIODO DE FUNCIONES.- La Registradora o Registrador de la Propiedad durará en sus funciones cuatro años, y podrá ser reelegido o reelegida por una sola vez, previo concurso de méritos y oposición dispuesto por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar, bajo los parámetros emitidos por la DINARDAP.

El cargo de Registrador o Registradora de la Propiedad, podrá ser encargado durante 90 días conforme lo establece la Disposición General Primera de la Resolución No. 19-NGDINARDAP-2015, emitida por la DINARDAP.

Art. 17.- REMUNERACIÓN.- La Registradora o Registrador de la Propiedad, percibirá su remuneración, de acuerdo a la tabla de remuneraciones elaborada por el Ministerio de Trabajo.

Art. 18.- AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA.- En caso de ausencia temporal o definitiva de la Registradora o Registrador de la Propiedad Municipal titular, el despacho será encargado a un funcionario que tenga el título de Abogada o Abogado, este será encomendado por la máxima autoridad administrativa municipal.

En caso de ausencia definitiva e inmediatamente se procederá al llamamiento a concurso de méritos y oposición para el nombramiento de la Registradora o Registrador de la Propiedad titular y para la verificación del concurso se conformará una comisión de veeduría ciudadana.

Art. 19.- DESTITUCIÓN.- La Registradora o Registrador de la Propiedad, podrá ser destituido de sus funciones por las causales establecidas en el artículo. 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público, previo el sumario administrativo respectivo.

CAPITULO V

DEBERES, ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES DE LA REGISTRADORA O REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

Art. 20- DEBERES, ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES.- Los deberes, atribuciones y prohibiciones del Registrador/a de la Propiedad, serán aquellos determinados en la Ley de Registro, la LOSEP, los que dicte bajo órgano normativo la DINARDAP, lo que se disponga en la presente ordenanza y en las demás normativas internas del GAD Municipal del Cantón Bolívar y la Contraloría General del Estado.

CAPITULO VI

DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Art. 21.- DEL FUNCIONAMIENTO.- Para efectos del funcionamiento del Registro de la Propiedad, el Registrador o Registradora, observará las normas constantes en la Ley de Registro relativas a:

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  • Del repertorio.
  • De los registros y de los índices.
  • De los títulos, actos y documentos que deben registrarse.
  • Del procedimiento de las inscripciones.
  • De la valoración de las inscripciones y su cancelación.
  • Deberá igualmente observar las normas pertinentes de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos.

La apertura y cierre del repertorio se realizará a inicio y final del año fiscal efectivamente, para lo cual se abalizará con la firma de la Registradora o Registrador de la Propiedad del cantón Bolívar.

Art. 22.- DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA SER REGISTRADOR.- Para ser registrador de la Propiedad del Cantón Bolívar, se requiere los siguientes requisitos:

1. Acreditar nacionalidad ecuatoriana y hallarse en goce de los derechos políticos;

2. Ser Abogado y/o Doctor en Jurisprudencia, cuyo título deberá estar registrado en la SENESCYT;

  1. Acreditar ejercicio profesional con probidad notoria por un período mínimo de tres años; y, el tiempo de ejercicio profesional será considerado a partir de la fecha de otorgamiento del título;
  2. No estar inhabilitado para ser servidor público para lo cual se observarán las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público;
  3. No encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores; y, no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;
  4. Haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición organizado y ejecutado por el GAD Municipal;

7. Los demás requisitos establecidos en la Ley de la materia.

Art. 23.- INHABILIDADES.- Serán inhabilidades para ejercer el cargo de Registrador de la

Propiedad las siguientes:

  1. Los mudos;
  2. Los dementes;
  3. Los disipadores;
  4. Los ebrios consuetudinarios;
  5. Los toxicómanos;
  6. Los interdictos;
  7. Los abogados suspensos en el ejercicio profesional;
  8. Los religiosos; y,
  9. Los condenados a pena de prisión o reclusión.

Art. 24.- PROHIBICIÓN.- No se podrá designar, nombrar, posesionar o encargar como Registrador de la Propiedad del cantón Bolívar, a los parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho del Alcalde o Concejales, así como de los directores de las empresas públicas municipales.

En caso de incumplimiento de esta disposición, cualquier ciudadano podrá presentar la correspondiente denuncia debidamente sustentada al Contralor General del Estado para que proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, así

Registro Oficial – Edición Especial N° 559 Lunes 11 de mayo de 2020 – 63

como el establecimiento de las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales correspondientes.

CAPITULO VII

DEL CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN Y DE SU DESIGNACIÓN

Art. 25.- PLANIFICACIÓN.- Previo a iniciar el proceso del concurso de méritos y oposición para la selección y designación del Registrador de la Propiedad del Cantón Bolívar, la máxima autoridad del GAD Municipal o su delegado, remitirá la planificación del mismo a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

La DINARDAP dentro del término de cinco (5) días contados desde la recepción de la planificación, procederá a su revisión. Dentro del mismo término, emitirá y notificará al GAD Municipal sus observaciones, en caso de existir; o, su conformidad con la misma, a la cual añadirá los nombres de sus delegados para la conformación del Tribunal de Méritos y Oposición, y del de Apelaciones.

En caso de existir observaciones a la planificación, una vez recibidas por el GAD Municipal del cantón Bolívar, las subsanará dentro del término de tres días y comunicará la corrección por escrito a la DINARDAP, para que ésta emita su conformidad en el término de un día.

De igual manera, el GAD Municipal del cantón Bolívar deberá notificar a la DINARDAP sobre el inicio y fin del proceso de selección, en este último caso, con la designación correspondiente de la o el nuevo registrador o con la declaratoria de desierto del concurso.

En caso de que el Registrador de la Propiedad haya cesado en sus funciones, la Municipalidad convocante deberá adjuntar copia certificada de la acción de personal o el acto administrativo en el que conste la cesación de funciones. En caso de encargar el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar, al mismo registrador cesado por terminación del período al amparo de lo dispuesto en el Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, deberá notificarse a la DINARDAP dicho particular con la Acción de Personal correspondiente.

CAPITULO VIII

DE LA SUSTENTABILIDAD DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Art. 26.- FINANCIAMIENTO.- El Registro de la Propiedad se financiará con el cobro de las tarifas establecidas en el arancel por los servicios de registro, los mismos que deberá ser consignado a los recaudadores del departamento de tesorería municipal y el remanente pasará a formar parte del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Bolívar.

Art. 27.- ORDEN JUDICIAL.- En los casos en que el Juez dentro del recurso establecido en la disposición del artículo 11 de la Ley de Registro, ordene la inscripción de un acto o contrato que previamente la Registradora o el Registrador se negó motivadamente a efectuar, esta inscripción no causara nuevas tarifas.

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Art. 28.- TARIFAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Los contratos celebrados por las instituciones del sector público, pagarán las tarifas establecidas en esta ordenanza, salvo expresa exención legal.

Todos los actos regístrales, sin excepción que realice el GADMCB, a su favor, estarán exentos del pago de tarifas.

El Registro de la Propiedad del cantón Bolívar, proporcionará a las autoridades competentes de las instituciones públicas, en forma gratuita la información pública que le sea solicitada legal y en debida forma, es decir por escrito y como resultado de las disposiciones administrativas o judiciales que ellas emanen.

Art. 29.- MODIFICACIONES DE ARANCELES.- El Alcalde o alcaldesa, bajo su facultad privativa presentará la correspondiente propuesta al Concejo Municipal, con la finalidad de que, en cualquier tiempo de acuerdo a las conveniencias institucionales e interés público, se pueda revisar la tabla de aranceles que se aplicará para el cobro en el Registro de la Propiedad.

Art. 30.- BASE IMPONIBLE DEL ARANCEL.- La base imponible del arancel será el que conste como avalúo de la propiedad en el catastro municipal, si este fuera inferior al valor contractual prevalecerá el valor más alto de la propiedad.

CAPITULO VIII ARANCELES

Art. 31.- Para el pago de los derechos de registro por la calificación e inscripción de actos que contengan la constitución, modificación, transferencia de dominio, adjudicaciones y extinción de derechos reales o personales sobre muebles e inmuebles, así como la imposición de gravámenes o limitaciones de dominio, y cualquier otro acto similar, se considerará las siguientes categorías sobre las cuales percibirán los derechos.

a)

CATEGORÍA

VALOR CUANTÍA INICIAL

VALOR CUANTÍA FINAL

DERECHO TOTAL DE INSCRIPCIÓN

1

USD $0.10

USD $1.60

USD $ 2,52

2

1.61

3.00

3,24

3

3.01

4.00

4,05

4

4.01

6.00

5,04

5

6.01

10.00

6,75

Registro Oficial – Edición Especial N° 559 Lunes 11 de mayo de 2020 – 65

CATEGORÍA

VALOR CUANTÍA INICIAL

VALOR CUANTÍA FINAL

DERECHO TOTAL DE INSCRIPCIÓN

6

10.01

14.00

8.10

7

14.01

20.00

9,45

8

20.01

30.00

11,70

9

30.01

40.00

14,76

10

40.01

80.00

20,25

11

80.01

120.00

22,50

12

120.01

200.00

31.05

13

200.01

280.00

40,14

14

280.01

400.00

46,80

15

400.01

600.00

60,66

16

600.01

800,00

66,60

17

800.01

1,200.00

79,65

18

1,200.01

1,600.00

106,02

19

1,600.01

2,000.00

134,19

20

2,000.01

2,400.00

144,00

21

2,400.01

2,800.00

153,00

22

2,800.01

3,200.00

162,00

23

3,200.01

3,600.00

171,00

24

3,600.01

10,000.00

180,00

25

10,000.01 dólares en adelante se cobrará USD $ .5 por ciento por el excedente 180.00 más el 0 valor de este

  1. Por el registro de la declaratoria de propiedad horizontal y todos los documentos que esta comprenda, se estimará el avalúo correspondiente establecidos en el literal a) del artículo 26 del presente acto administrativo.
  2. Por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar, testamento, adjudicaciones Adjudicaciones de la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura, Ganadería, (MAG), la cantidad de USD $ 40.00.
  3. Por la inscripción de concesiones mineras de exploración, la cantidad de USD $ 40.00, y por las concesiones mineras de explotación, la cantidad de USD $ 100.00 dólares.
  4. Por el registro de las Hipotecas constituidas a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, percibirán el 50% de los valores fijados en la tabla en el literal a) de este artículo para la respectiva categoría.

66 – Lunes 11 de mayo de 2020 Edición Especial N° 559 – Registro Oficial

  1. Por el registro de contratos de hipotecas celebrado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, se aplicará un 50% de los valores establecidos en las tablas del Registro de los documentos mencionados en el literal a) de este artículo para la respectiva categoría.
  2. Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados en procesos penales serán gratuitos, así como la inscripción de prohibiciones de enajenar y embargos ordenados en procesos penales de acción pública y en causas de alimentos.

h) Por la domiciliación, disolución y liquidación de compañías, reforma y codificación de estatutos, cambio de domicilio, capitulaciones matrimoniales, poderes otorgados en el Ecuador o extranjeros, cancelación de permisos de operación, se cobrará dependiendo del avalúo que tenga el terreno y de acuerdo al número de acciones.

i) Los pedidos enviados, mediante oficios de parte de Fiscales, Jueces Penales, Jueces y Miembros de Tribunales Penales estarán exentos de pago, igualmente gozarán de esta exoneración los pedidos enviados mediante oficios, por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, que tengan relación con la Inscripción de actos regístrales.

j) Todos los actos regístrales, concernientes al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, se encuentran exentos de pago.

k) Se encuentran exentas de pago Las personas naturales de escasos recursos económicos y personas que se encuentran en situaciones catastróficas debidamente comprobadas;

1) Así mismo se encuentran exoneradas de pago por concepto de inscripción todas aquellas transferencias de bienes entre Instituciones del Estado, conforme el procedimiento establecido en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público en vigencia, en cuanto al traspaso de bienes muebles e inmuebles entre entidades del sector enunciado.

Art. 32.- Para el pago de derechos de registro, calificación e inscripción de los siguientes actos, incluyendo los rubros de gastos generales se establecen los siguientes valores:

  1. Por la inscripción de posesiones efectivas, la cantidad de USD $ 40.00.
  2. Por la inscripción de embargos, demandas, sentencias, interdicciones, prohibiciones judiciales de enajenar y sus cancelaciones, la cantidad de USD $ 10.00 por cada una.
  3. Por certificaciones de constar en el índice de propiedades, la cantidad de USD $ 7.00.
  4. Por las certificaciones de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio, la cantidad de USD $ 15.00.
  5. Por las certificaciones de matrículas inmobiliarias, la cantidad de USD $ 10.00.
  6. Por la inscripción de cancelación de gravámenes y derechos personales, la cantidad de USD $ 15.00.
  7. En los casos no especificados en los artículos anteriores la cantidad de USD $ 10.00.

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Art. 33- – Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades del sector público y personas de derecho privado regirá la categoría que le corresponda de acuerdo con la tabla de aranceles del Art. 31 literal a) de la presente ordenanza.

Art. 34.- En los actos y contrato s de cuantía indeterminada, tales como: hipotecas abiertas, fideicomisos, fusiones, rectificaciones, entre otras, se considera para el cálculo el avalúo comercial municipal de cada inmueble.

Art. 35.- Los derechos fijados en los artículos precedentes de este acto administrativo serán calculados por cada acto o contrato según la escala y cuantía correspondiente, aunque estén comprendidos en un solo instrumento, y se incluirán en las planillas el desglose pormenorizado y total de los derechos y serán pagados por el usuario.

Art. 36.- En los casos en que un Juez dentro del recurso establecido en el Art. 11 de la Ley de Registro, ordene la inscripción de un acto o contrato que previamente el registrador se negó a efectuar, esta inscripción no causara nuevos derechos.

Art. 37.- EXENCIONES O EXONERACIONES.- Por disposición constitucional se exonera con el cincuenta por ciento de los derechos regístrales a los siguientes grupos de atención prioritaria: Adultos mayores y personas con discapacidad.

Estas exoneraciones se realizarán previa presentación y constatación de la cédula de ciudadanía, carnet de valoración de discapacidad.

En caso de las personas con discapacidad se tomará en cuenta el grado de discapacidad, según certificado emitido por el Ministerio de Salud. La exoneración estará ligada en igual porcentaje a su discapacidad.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Cuando un mismo instrumento contuviere dos o más actos o contratos, el arancel se cobrará por cada acto o contrato.

SEGUNDA.- Prohíbase a los beneficiarios de exenciones tomar a su cargo las obligaciones que para el sujeto pasivo establezca la ley; así como extender, en todo o en parte, el beneficio de exención en forma alguna a los sujetos no exentos.

TERCERA.- El Registrador o Registradora de la Propiedad, solicitará formalmente al Alcalde o Alcaldesa cada año fiscal que se practique una Auditoría, con la finalidad de auditar la gestión administrativa y financiera de la dependencia a su cargo.

CUARTA, – Toda certificación se la realizará en especies numeradas, las mismas que estarán bajo la custodia del departamento de Tesorería, quien llevará un registro de distribución de las mismas ligadas al pago de las tasas por los servicios administrativos solicitados por los usuarios.

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QUINTA.- La Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, es la responsable de la elaboración de contratos y nombramientos para el personal que labora en el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar.

SEXTA.- La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar es la encargada de emitir las partidas presupuestarias necesarias para el buen desempeño del Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

SÉPTIMA- La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, es la encargada de realizar las verificaciones prolijas de las recaudaciones, depósitos y emisión de facturas en los procesos administrativos generados en el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- La Presente Ordenanza derogara de manera expresa la ORDENANZA MODIFICATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN BOLÍVAR- PROVINCIA DE MANABÍ.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición general cuarta, una vez aprobada la presente ordenanza, el Registrador de la propiedad tiene un plazo de 48 horas para entregar las especies numeradas bajo su custodia al Tesorero Municipal mediante acta de entrega recepción.

SEGUNDA.- De las y los Trabajadores y Servidores Públicos. Las y los trabajadores y las y los servidores públicos que, a la fecha de expedición de esta Ordenanza, que en cualquier forma o título trabajen o presten servicios en el Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar, podrán pasar a formar parte del Registro de la Propiedad del GAD Municipal del Cantón Bolívar; previa evaluación, calificación, selección y determinación de los requerimientos institucionales.

De existir servidores ocupando cargos innecesarios se aplicará el proceso establecido para los casos de cesación definitiva de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público.

TERCERA.- Como Parte del proceso de transición del Registro de la Propiedad del cantón Bolívar a las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Bolívar y con el afán de brindar un servicio de mayor calidad; se deberá integrar la plataforma informática institucional catastral, así como su base de datos, con el sistema del Registro de la Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Bolívar y su respectiva base de datos.

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CUARTA.- Una vez promulgada la presente Ordenanza, la Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar notificará a la Dirección Nacional de Datos Públicos el contenido y alcance de la presente Ordenanza, a efectos de la necesaria coordinación para materializar eficazmente los propósitos previstos en la Ley de la materia.

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- La Presente Ordenanza derogara de manera expresa la ORDENANZA MODIFICATORIA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BOLÍVAR- PROVINCIA DE MANABÍ, Publicada en El Registro Oficial Nro. 129 el Viernes 12 de Noviembre de 2013.

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar a los veintiún días del mes de febrero del dos mil veinte

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Calceta, 2 de marzo de 2020 Conforme lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal correspondiente, sanciono la presente Ordenanza. Publíquese y Ejecútese.

Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el señor Walther Cevallos Pinargote, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, el 2 de marzo de 2020. Certifico: –

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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.».

Que, el Artículo 66, numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: «El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.».

Que, en el Artículo 264, numerales 1 y 2, y el segundo inciso del numeral 14 de la Constitución de la República del Ecuador, disponen que los gobiernos municipales tienen como competencias exclusivas, entre otras las de: «1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, (…) con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. (…) En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán las ordenanzas cantonales.».

Que, el Artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir con su función social y ambiental.».

Que, el Artículo 4, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), dispone que, entre los fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, está: «La obtención de un hábitat seguro y saludable para

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los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;».

Que, el Artículo 53 del COOTAD, establece que: «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en ese código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.».

Que, el Artículo 54 del COOTAD en sus literales a) y c) establece que entre las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal está: «Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. […] Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico (…)».

Que, el Artículo 55, en su literal b) establece que parte de las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal es: «Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.»

Que, el Artículo 419 literal c) del COOTAD reconoce que constituyen bienes del dominio privado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: «Los bienes mostrencos situados dentro de las respectivas circunscripciones territoriales;».

Que, el Artículo 426 del COOTAD, establece que: «Cada Gobierno Autónomo Descentralizado llevará un inventario actualizado de todos los bienes valorizados del dominio privado y de los afectados al servicio público que sean susceptibles de valorización. Los catastros de estos bienes se actualizarán anualmente.».

Que, el Art. 436 del COOTAD autoriza a los concejos acordar y autorizar la venta, permuta, hipoteca de los bienes inmuebles de uso privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes;

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Que, el inciso quinto del Art. 481.1 del COOTAD regula la enajenación de los excedentes o diferencias provenientes de errores de medición;

Que, el Artículo 481 del COOTAD norma lo relacionado con lotes, fajas, excedentes y diferencias; y, en su inciso cuarto se señala que: «Para el efecto del presente artículo se entienden mostrencos aquellos bienes inmuebles que carecen de dueño conocido en este caso los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos mediante ordenanza establecerán los mecanismos y procedimientos para regularizar bienes mostrencos.».

Que, el inciso final del Art. 486 literal f) del COOTAD entre las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal establece: mediante ordenanza, los concejos municipales y distritales establecerán los procedimientos de titularización administrativa a favor de los posesionarios de predios que carezcan de título inscrito, en los casos previstos en este código;

Que, el art. 486, último inciso, del COOTAD, faculta a los concejos municipales y distritales para establecer los procedimientos de titularización administrativa a favor de los posesionarios de predios que carezcan de título inscrito

Que, el Artículo 599 del Código Civil, señala que: «El dominio, que se llama también propiedad, es un derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.».

Que, el Artículo 604 del Código Civil, determina que: «Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación toda.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso

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público o bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.».

Que, el Artículo 605 del Código Civil, señala que: «Son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño.». Que, el Artículo 715 del Código Civil, determina que: «Posesión ES la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo.».

Que, el Artículo 98 del Código Orgánico Administrativo establece que: «Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.».

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, en ejercicio de su facultad normativa, expidió la Ordenanza para INCORPORAR BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL, PREDIOS URBANOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES, REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE ÁREAS DE TERRENO URBANO Y RURAL PROVENIENTES DE ERRORES DE CALCULO O MEDICIÓN Y ADJUDICACIONES FORZOSAS y se encuentra vigente, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 192, el 26 de febrero del 2014.

Que, la disposición transitoria vigésimo segunda del COOTAD, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 303 del martes 19 de octubre del 2010, dispone que en el periodo actual de funciones todos los órganos y normativas de los gobiernos autónomos

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descentralizados, deberán actualizar y codificar las normas vigentes en cada circunscripción territorial;

Que, en el cantón Otavalo, existen bienes inmuebles urbanos, en posesión de personas naturales y jurídicas o entidades públicas que en la actualidad carecen de justo título de dominio y que por disposición de la ley son de propiedad del municipio, problema de orden social que debe ser solucionado mediante la adopción de políticas públicas adecuadas;

Que, es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo velar porque se mantenga actualizada la información de cabidas (superficies) de terreno en cada uno de los bienes inmuebles existentes en las áreas urbana y rural del cantón Espejo, en beneficio de los intereses institucionales y de la comunidad;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, en base a los preceptos enunciados y como una manera de ejercer su potestad de planificar y controlar el uso y ocupación del suelo urbano, evitando la especulación del suelo y el crecimiento desordenado de la ciudad y los nuevos asentamientos urbanos, propone en este cuerpo normativo, los procedimientos para garantizar un desarrollo armónico, ordenado y sostenido en todas las zonas urbanas del cantón, pero primordialmente, las acciones que permitan a los posesionarios de predios no titularizados, legalizar su situación actual y a futuro, ser parte de los beneficios que la ley los ampara, tanto en el aspecto social, cuanto en el aspecto financiero.

Que, es indispensable dar una solución a los propietarios de los bienes inmuebles urbanos y rurales cuyas superficies que constan en escrituras difieren de la realidad física actual, por errores que arrastran desde los inicios de los procesos de lotización, urbanización o conformación de las áreas de terreno con fines habitacionales;

En ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos 7, 56, 57 literal a) y el 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

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Expide:

ORDENANZA SUSTITUTITA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL; TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN FAVOR DE SUS POSESIONARIOS; ADJUDICACIONES FORZOSAS DE FAJAS MUNICIPALES UBICADAS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CENTROS URBANO -PARROQUIALES, REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS EN EL ÁREA DE TERRENOS, UBICADOS EN LA ZONA URBANA O RURAL DEL CANTÓN OTAVALO

CAPITULO I GENERALIDADES

Art.1.- Ámbito.- La presente ordenanza, norma los procedimientos para la incorporación de bienes inmuebles vacantes o mostrencos al patrimonio municipal; titularización administrativa de predios en favor de sus posesionarios; adjudicaciones forzosas de fajas municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana, centros urbano -parroquiales, regularización de excedentes o diferencias en el área de terrenos, ubicados en la zona urbana o rural del cantón Otavalo de acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico Administrativo (COA), «Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Otavalo», los planes de urbanismo y las disposiciones de regulación expedidas por la Dirección de Planificación y Avalúos y Catastro.

Art. 2.- Objeto.- La presente ordenanza regula el procedimiento a través del cual los poseedores de bienes inmuebles vacantes o mostrencos ubicados en el Cantón acceden al derecho de propiedad por el modo de tradición, una vez que se cumplan los requisitos contenidos en el presente cuerpo normativo, a través de la correspondiente resolución de adjudicación, la misma que constituirá título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

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Art. 3.- Principios.- Los principios que rigen y con los que se aplicará la presente ordenanza son: de eficacia, de eficiencia, de calidad, de jerarquía, de desconcentración, de descentralización, de coordinación, de participación, de planificación, de transparencia, de evaluación, de juricidad, de responsabilidad, de proporcionalidad, autonomía municipal, de legalidad, de debido proceso, de generalidad, de igualdad, de justicia social y territorial, de solidaridad, de dispositivo, de simplicidad, de celeridad, de concentración y de buena fe.

Art. 4.- Términos y definiciones.

Para aplicación de la presente Ordenanza, se considerará la siguiente terminología:

  • Posesión.- Se entenderá como posesión la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. El posesionario será reputado como dueño mientras otra persona no justifique serlo.
  • Posesionario, – Persona natural (mayor de 18 años) o jurídica, de dominio privado o público, que ha permanecido en dominio de un predio con ánimo de amo y señor, de forma pública, pacifica e ininterrumpida por un lapso mayor a cinco años. El posesionario será reputado como dueño de un predio, mientras otra persona no justifique serlo.
  • Beneficiarios.- Son las personas naturales o jurídicas, de derecho privado o público, que luego de cumplir con todos los requisitos del respectivo proceso de titularización o adjudicación, acceden a la posibilidad de legalizar la tenencia de un predio.
  • Predio.- Es una pertenencia o bien inmueble de una cierta extensión superficial, perfectamente delimitado, sobre el cual puede o no existir construcciones o servicios básicos; ubicados en el sector rural o urbano del territorio cantonal.

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  • Bienes vacantes o mostrencos.- Son inmuebles o raíces sin dueño conocido o abandonados por quien o quienes lo eran, por lo cual, se presume que no pertenecen a nadie y están sin uso; se considera igualmente a aquellos bienes que en los catastros se desconoce el nombre del propietario, ubicados dentro del perímetro urbano, zonas de expansión urbana, centros urbano-parroquiales y asentamientos declarados como urbanos dentro de la jurisdicción del cantón Otavalo.
  • Lotes.- Son aquellos terrenos en los cuales, de acuerdo con las ordenanzas, es posible levantar una construcción independiente de las ya existentes o por levantarse en los terrenos vecinos. Los terrenos que no son utilizados por los gobiernos autónomos descentralizados, a pedido del Gobierno Central podrán ser destinados a programas de vivienda de interés social, con el compromiso de cubrir los gastos de infraestructura básica necesaria, para garantizar el derecho a la vivienda (Art. 481 COOTAD).
  • Área urbana o urbanizable.- Aquellas áreas que en base a la existencia de infraestructura básica y/o densidad poblacional y edificada, la municipalidad lo haya declarado mediante ordenanza como área urbana o urbanizable.
  • Fajas.- Se entienden aquellas porciones de terreno que por sus reducidas dimensiones o por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las construcciones d ellos inmuebles vecinos, ni es conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, mantenerlas como espacios verdes o comunitarios, por lo tanto, solo pueden ser adquiridas mediante el procedimiento de pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. (Art. 481 COOTAD)
  • Excedentes o diferencias en los lotes o fajas municipales, se entienden aquellas superficies de terreno que superen el error técnico aceptable de medición del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia entre una

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medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas.

Excedentes o diferencias de terrenos de propiedad privada. Por excedentes de un terreno de propiedad privada se entiende a aquellas superficies que forman parte de terrenos con linderos consolidados, que superan el área original que conste en el respectivo título de dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, por errores de cálculo o de medidas

  • Error técnico de medición: Para efectos de la presente normativa, el error técnico por medición, sea este excedente o faltante, se establece en más/menos diez por ciento (± 10%)
  • Titularización administrativa.- Acto administrativo público a través del cual, el Gobierno Municipal adjudica derechos y obligaciones de manera directa a él/los beneficiarios que han estado en posesión del bien inmueble por más de cinco años y que han cumplido los requisitos y procedimientos establecidos en la presente norma.
  • Adjudicación.- Es el acto administrativo público de disposición o enajenación, a través del cual, el Gobierno Municipal transfiere y titula el dominio de un predio de su patrimonio, en favor de el/los beneficiarios que ha cumplido los requisitos determinados en esta normativa.

Art. 5.- Bienes que no Pueden ser Objeto de Titularización Municipal.-

Los predios que no podrán ser adjudicados mediante acto administrativo serán los siguientes:

a) Los que se encuentren destinados a los fines de utilidad pública previstos en la ley y en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial.

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b) Los que se encuentren en márgenes de protección de ríos y quebradas, áreas consideradas derechos de vía.

c) Los predios municipales de dominio público de acuerdo a los art. 416 al 418 del «Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización»; y,

d) Los bienes incluidos en áreas de riesgo, por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación del GAD Municipal del cantón Otavalo y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Art. 6.- En todos los casos de titularización o adjudicación, el Gobierno Municipal asegurará la adecuada configuración de los predios, con lotes que permitan su uso y ocupación racional, de acuerdo a la normativa técnica de cada sector, según dispone el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial o las normas que dicte la Municipalidad a través del Concejo Cantonal.

Art. 7.- Los procesos de titularización y adjudicación derivan de la iniciativa de los interesados, y en adjudicaciones forzosas desde la misma municipalidad de Otavalo, sin perjuicio de que la Municipalidad imponga para el efecto, como garantía de las condiciones de uso y hábitat digno, procedimientos de reestructuración parcelaria e imposiciones de cesión gratuita para la conformación de vías, áreas verdes, espacios abiertos, de protección o recreación, destinados al uso y servicio público.

Art. 8.- Los procesos de titularización se sujetan al pago de tasas, sin embargo, los beneficiarios no están exentos del pago de tasas por servicios administrativos, pagos de alcabala, plusvalía, registro y otros pagos normados en las respectivas ordenanzas.

Art. 9.- La declaratoria de nulidad, invalidez o extinción de la resolución administrativa de titularización o adjudicación por causas no imputables a la Municipalidad, no dará derechos a la restitución de valores pagados por tasas administrativas pagos de alcabala, plusvalía, registro, etc.

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Capítulo II

INCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS

AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Art.-10.- El principal objetivo de este proceso es propiciar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, a través del Departamento de Ordenamiento Territorial y Planificación, identifique e incorpore a su patrimonio los bienes vacantes o mostrencos, con el propósito de regularizar su propiedad.

La iniciativa para la incorporación y regularización de los bienes vacantes o mostrencos al patrimonio municipal, podrá ser realizada por las autoridades cantonales, sean estas municipales o parroquiales, entidades del estado.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 419, literal c) del COOTAD, son propiedad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados los bienes de dominio privado, incluidos entre ellos, los bienes mostrencos, situados dentro de su respectiva circunscripción territorial.

Art.- 11.- REQUISITOS PARA LA INCLUSIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL.- La incorporación y regularización de los bienes vacantes o mostrencos al patrimonio municipal, estará amparados en los siguientes documentos y requisitos:

  1. Levantamiento topográfico elaborado por técnicos(as) municipales;
  2. Informe del Director(a) de Ordenamiento Territorial y Planificación;
  3. Informe del Director(a) de Avalúos y Catastros;
  4. Certificación del Registro de la Propiedad del cantón Otavalo
  5. Informe favorable del(a) Procurador(a) Síndico(a);

f) Publicación en un medio de comunicación escrito por una sola vez con cobertura local y en el portal web institucional, (Art.709 del Código Civil)

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Art. 12.- Procedimiento de la Incorporación de Bienes Inmuebles Vacantes o Mostrencos al Patrimonio Municipal

La declaratoria de un bien como mostrenco deberá contar con el aval de las dependencias municipales correspondientes, mismas que emitirían los respectivos informes técnicos, así:

  1. La Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación, luego de identificado el bien, dispondrá de 7 días hábiles a la Dirección de Avalúos y Catastros para, realizar el levantamiento topográfico del predio y elaborar un informe debidamente motivado (conforme lo dispuesto en el Art. 76, numeral 7, literal I) de la Constitución de la República del Ecuador) que determine la factibilidad o no de la declaratoria del mencionado bien como mostrenco.
  2. Este informe, entre otras cosas, deberá contener las principales características del predio: dimensiones, áreas, linderos, colindantes y ubicación georreferenciada dentro del perímetro urbano, zonas de expansión urbana, centros urbano-parroquiales o asentamientos declarados como urbanos, de conformidad a la delimitación urbana y normativa de uso y ocupación de suelo para el sector.
  3. La Dirección de Avalúos y Catastros, por solicitud de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación, remitirá concomitantemente, la planimetría del predio y un certificado de avalúo en base al plano de valor del suelo, en donde se harán constar todas sus particularidades, debidamente sellados y firmados.
  4. Así mismo, se oficiará al Registro de la Propiedad para que certifique si sobre la propiedad en cuestión se encuentra inscrito algún título traslaticio de dominio y los gravámenes respectivos; en caso de existir alguna novedad sobre el predio, la hará constar en dicho documento.
  5. Todo el expediente será remitido al/la Procurador/a Síndico/a, para que en un plazo de 7 días (siete), luego de su revisión y análisis, emita el consiguiente criterio jurídico de factibilidad.

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6) Procuraduría Sindica realizará el extracto para la publicación previo a la declaratoria del bien mostrenco como patrimonio municipal, el mismo que será publicado por una solo vez en un medio de comunicación escrito, con cobertura local y en el portal web institucional;

Sí el trámite cumple con las formalidades y requisitos establecidos, el/a Procurador/a Sindico/a enviará la documentación al Alcalde para que, por su intermedio, sea conocida y aprobada por la Comisión respectiva y posterior por el Concejo Municipal.

De determinarse la existencia de algún defecto subsanable en esta etapa, el expediente volverá a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación para su corrección o complementación.

Si, por el contrario, existieren defectos graves, inconsistencias, errores sustanciales o cualquier tipo de impedimento, el/a Procurador/a Sindico/a de la Municipalidad, de forma debidamente motivada, pedirá el archivo del proceso.

Art.13.- Aprobación, resolución declaratoria del Concejo Municipal.

El Concejo Municipal, luego de conocer la documentación de sustento, mediante resolución debidamente motivada, determinará la pertinencia del procedimiento.

De aprobarse la propuesta de declaratoria del bien mostrenco como propiedad municipal, se procederá a la elaboración de la Resolución por parte de Secretaria General caso contrario, se ordenará el archivo del proceso.

Art. 14.- Registro del bien.

Una vez se han cumplido todas las formalidades establecidas en los artículos precedentes, el bien será inscrito como bien de dominio privado de la Municipalidad, disponiéndose que la Resolución de Concejo sea elevada a escritura pública.

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El Registro de la Propiedad, una vez haya recibido una copia de todo expediente y la correspondiente notificación sobre la resolución favorable, procederá con el protocolo de rigor, agregando a la minuta las clausular de estilo; finalmente hará constar en su- archivo el bien como propiedad municipal.

Art. 15.- Impugnaciones.

Si hubiese alguien que se considere afectado con la declaratoria, dispondrá de 15 días plazo (quince), desde última publicación, para presentar de manera escrita las objeciones del caso; dicho reclamo estará dirigido a la Máxima Autoridad Cantonal, adjuntándose para el efecto los siguientes documentos:

  1. Copia autenticada de la escritura pública que le acredite como propietario legal del bien declarado mostrenco, en la cual deberá constar la respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón;
  2. Carta de pago del impuesto predial actualizado del bien en cuestión;
  3. Certificado de no adeudar al Municipio del peticionario y de su cónyuge (en caso de ser casado o mantener unión de hecho);
  4. Levantamiento planimétrico georreferenciado del predio, físico y digital;
  5. Certificado de gravamen del bien inmueble reclamado, en el que conste el historial del dominio, por lo menos de los últimos 10 años (diez), otorgado por el Registro de la Propiedad del Cantón, y
  6. Declaración juramentada ante el Notario Público de la posesión del bien por más de diez años, la cual estará avalada por dos colindantes del predio.

La impugnación a la declaración de bien mostrenco, será puesta en consideración de la

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Máxima autoridad quien solicitará que en un plazo máximo de 15 días (quince), la Dirección de Avalúos y Catastros, emitan los informes respectivos.

Si se determinase que la reclamación tiene argumentos válidos y se demuestra legalmente que el afectado ejerce derechos sobre el bien declarado mostrenco, Procuraduría Sindica de forma motivada, mediante resolución, revocará dicha declaratoria, pidiendo, además, el archivo del caso.

CAPITULO III

TITULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PREDIOS EN FAVOR DE SUS

POSESIONAMOS

Art.16.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El ámbito de aplicación constituye la circunscripción territorial urbana de la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales del cantón Otavalo.

Art. 17.- OBJETO.- Tiene por objeto lo siguiente:

  1. La titularización administrativa de los bienes inmuebles que carecen de título inscrito y que están en posesión de personas naturales y jurídicas de derecho privado y público, que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza.
  2. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de dominio de la tierra, siempre que éstas no estén en litigio ni pesen sobre ellas gravámenes que limiten la propiedad.
  3. Complementar los catastros prediales con la identificación de los(as) propietarios(as) de cada inmueble.
  4. Ampliar el universo de contribuyentes en materia tributaria municipal.

Art.18.- Son beneficiarios de la Titularización Administrativa todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado que no poseen título inscrito sobre sus bienes, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, en derecho, reconoce la propiedad de las personas que han permanecido en posesión

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pacífica, pública e ininterrumpida por más de cinco años, sobre los bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro urbano, zonas de expansión urbana, centros urbano-parroquiales y asentamientos declarados como urbanos en de la jurisdicción del cantón Otavalo

Art. 19.- Responsabilidad de los Servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo.- Los procedimientos de titularización se desarrollarán a través de la Dirección de Avalúos y Catastros – Jefatura de Tierras, cuyo titular con el apoyo técnico – legal de: Asesoría Jurídica, Registro de la Propiedad, Dirección de Avalúos y Catastros, Dirección de Ordenamiento territorial y Planificación y más dependencias municipales que fuesen menester, que prestarán el apoyo y soporte de información y logístico necesario, según se requiera.

En caso de comprobarse dolo o falsedad en la información, se archivará el trámite, sin perjuicio del inicio del proceso para el ingreso del bien inmueble al patrimonio municipal; y, de las acciones legales que correspondan.

El Director/a de Avalúos y Catastros ejercerá la función instructora del procedimiento, a través de la Unidad de Tierras.

Art. 20.- Responsabilidad de los Solicitantes.- Los solicitantes son responsables de la información que presentan para el trámite, siendo de su exclusiva obligación el no afectar derechos de terceros, bajo prevenciones de las consecuencias jurídicas por falsedad de la declaración.

De comprobarse la existencia de dolo, mala fe o falsedad en la información proporcionada para el trámite de regularización, dicha conducta constituirá causal suficiente para negar y proceder al archivo del trámite de regularización, sin perjuicio de oficiar a las autoridades competentes para que se proceda conforme a derecho, quedando a salvo la facultad que tiene el GAD Municipal del Cantón Otavalo, de disponer de dicho bien mostrenco que es de su dominio por mandato legal.

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Art. 21.- Obligación de los Beneficiarios.- Los administrados, sin perjuicio de las tareas de verificación y validación de la información por parte de la Dirección de Avalúos y Catastros, deberán dar facilidades para traslados y presentar la documentación técnica de respaldo e información sustentada que aporte a los procesos de titularización de inmuebles mostrencos.

Art. 22.- Concordancia con los Planes de Desarrollo Urbano.- La titularización y adjudicación a título singular o en propiedad común, sólo podrá hacerse respetando los tamaños de lotes que correspondan a las áreas o sectores de planeamiento o por procedimientos de determinación de nuevos sectores o subsectores, según resuelva el Concejo Cantonal de acuerdo a lo que disponga el «Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial» (PDOPT), El Plan de Gestión y Uso del Suelo (PUGS), y más planes urbanísticos complementarios.

La resolución de titularización de cada predio determinará el o los propietarios del predio, sus dimensiones, coordenadas geográficas, linderos, superficie, avalúo, clave catastral y determinantes de uso y ocupación. La resolución de titularización dejará constancia de la licencia urbanística que rige para el predio titularizado.

Art. 23.- Especificaciones técnicas.- El proceso de adjudicación no cambia el régimen de uso de suelo establecido para cada predio.

No se aceptará a trámite de adjudicación, solicitudes que impliquen la división o fraccionamiento de un predio, que no cumpla con lo dispuesto en el artículo 22 de esta ordenanza, contando con informes técnicos de las Direcciones de Planificación y Avalúos y Catastros que garanticen el derecho de habitabilidad.

El levantamiento topográfico referido cumplirá las siguientes especificaciones:

1. Ser debidamente georreferenciado, utilizando el sistema de referencia SIRGAS o su similar WGS-84 y la proyección UTM, ubicación del predio con detalle de las características de construcciones en caso de existir, nombres y apellidos de colindantes, superficie del predio expresada en metros cuadrados con dos decimales, detalles

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geográficos, ancho de las vías colindantes, nombre completo y firma del posesionarlo del cuerpo de terreno y del profesional responsable del levantamiento. El levantamiento topográfico georreferenciado se presentará en medio físico y digital.

2. El levantamiento topográfico se realizará con métodos convencionales y/o GPS diferenciales esto con el afán de garantizar un error máximo de +/- de 50 (cincuenta) centímetros.

Para cada cambio de dirección o cuando coincide con el límite de un predio colindante se deberá establecer un vértice que será identificado con la letra P acompañado de su número secuencial.

  1. Cuando exista más de un posesionarlo, en el plano, a continuación del nombre completo de uno de los poseedores, se agregarán las palabras «y otros».
  2. El cuadro de linderos, en el que constará los nombres de los propietarios o poseedores y dimensiones adyacentes de los predios colindantes.

TITULO I

REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES EN POSESIÓN DE

PARTICULARES

Art. 24.- Requisitos.- El o los posesionarios de un predio mostrenco, que pretendan la propiedad sobre el mismo, de manera individual o conjunta, en los porcentajes que declaren, deberán solicitar al señor/a Alcalde/sa, la adjudicación del predio.

La solicitud debe ser clara y contendrá: (Formato Municipal).

1.- La designación de la autoridad ante quién se dirige.

2.- Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad, estado civil, ocupación y dirección domiciliaria de él (la) peticionario(a) o peticionarios(as), en caso

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de ser persona jurídica copia de su nombramiento debidamente registrado o inscrito. Se reconocerá los derechos sucesorios de posesión a fin de recibir la documentación a nombre todos los herederos o de uno solo si se encuentra debidamente facultado.

3.- La determinación exacta del predio o predios que desea se le adjudique, indicando el sector en dónde está ubicado el predio o predios, los linderos, las medidas, la cabida y coordenadas geográficas.

4.- Los nombres y apellidos completos y dirección domiciliaria exacta de todos y cada uno de los colindantes.- Caso contrario, el peticionario declarará bajo juramento desconocer la residencia o domicilio y/o individualidad de los colindantes del predio que pretende la adjudicación.

5.- La declaración juramentada en la que conste que:

  1. El solicitante está en posesión actual, regular, pacífica e ininterrumpida por lo menos en los últimos 5 años.- Al efecto, a la posesión actual se la puede agregar la de su antecesor o antecesores en el derecho, con todas sus características que la rodean.
  2. El declarante, ni sus antecesores posesionarios tienen escritura pública legalmente inscrita sobre el o los predios que pretende la adjudicación.
  3. El (la) solicitante ha efectuado todas las averiguaciones necesarias para determinar si alguna otra persona tenga escrituras inscrita sobre el o los referidos inmuebles, sin que las haya encontrado.
  4. El (la) solicitante manifieste que no hay conflicto limítrofe o posesorio alguno con los colindantes del predio objeto de adjudicación, ni con tercero alguno.

e) El (la) solicitante, con la titularización que se pretende, no está fraccionando, dividiendo o desmembrando predios; y,

f) El (la) solicitante conoce la normativa vigente para este procedimiento y que asume las

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consecuencias administrativas, civiles y penales que se deriven del mismo, relevando a la Municipalidad de toda responsabilidad sobre los datos consignados y las afirmaciones declaradas o de las reclamaciones de terceros sobre esta declaración y el procedimiento que solicita.

6.- El estado o forma actual de la posesión.

7.- La designación de una dirección electrónica, a través de la cual debe ser notificado o notificada; y/o dirección domiciliaria dentro del radio urbano del cantón Otavalo; y,

8.- Firma del o de los (las) solicitantes.- En caso de no poder hacerlo, deberá poner su huella digital en presencia de un testigo que firme a su ruego.

No se requiere patrocinio de un profesional del derecho.

Art. 25.- Documentos que se deben Acompañar a la Solicitud.- A la petición se debe acompañar:

1.- Copias de la cédula y certificado de votación.

2.- Levantamiento planimétrico y libreta topográfica en el cual conste la determinación exacta del predio o predios que desea se le adjudique, indicando el sector en dónde está ubicado el predio o predios, los linderos, las medidas, la cabida y coordenadas geográficas. Para el respectivo levantamiento el profesional encargado del mismo deberá solicitar a la Dirección de Avalúos y Catastro a través de la VSM los pares de puntos geodésicos necesarios para dicho levantamiento. Deberá realizarse de conformidad a los formatos técnicos establecidos por la Dirección de Planificación.

3.- Certificado de no adeudar a la municipalidad del peticionario y cónyuge.

4.- Copia del comprobante de pago del impuesto al predio urbano en el caso de que el bien tuviere registro de catastro municipal o la certificación de que no está catastrado a nombre del posesionario que solicita la legalización.

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5.- Un certificado otorgado por el Señor/a Registrador de la Propiedad del cantón Otavalo, en el que conste que no hay titularidad inscrita sobre el predio que se pretende la adjudicación, con un historial de 30 años atrás, en el que conste que el solicitante o sus antecesores no son dueños del predio en mención, en caso de que el catastro conste a nombre de otra persona la búsqueda de bienes deberá también realizarse a nombre del titular del catastro.

6.- Declaración juramentada ante notario, en la que conste:

  1. Modo de adquisición del predio;
  2. Tiempo de posesión pública, pacífica, tranquila e ininterrumpida del predio que deberá ser como mínimo de cinco años;
  3. Declaración expresa en la que se indique: que el predio carece de título de dominio, que no existe controversia en cuanto a la posesión y linderos del predio, que asumen la responsabilidad civil y penal por la información que se declara y que en caso de adjudicarse el predio a los solicitantes, aquello no exime de todas las afecciones actuales o futuras que puede tener el predio resultante de la planificación y el ordenamiento territorial del GAD Municipal del Cantón Otavalo y de las limitaciones de su uso; y, que liberan de responsabilidad al GAD Municipal del Cantón Otavalo, por el acto de adjudicación;

7.- El Informe de Regulación (Urbano Rural) del Cantón Otavalo- para titularización de predios en posesión de particulares.

8.- Una certificación o copia de la patente municipal a favor del profesional que realizó el levantamiento; y,

9.- Pago del impuesto predial actualizado.

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10.- En caso de constar el predio catastrado a nombre de una persona fallecida deberá adjuntar copia del acta de definición.

11.- Las demás pruebas que creyere pertinente el interesado aportar en defensa de su petición, sobremanera para probar la posesión y su tiempo.

La prueba, a la que sea imposible tener acceso, deberá ser anunciada por el o la peticionaria.

12.-En el caso de que el(la) posesionario(a) se encuentre ausente, deberá otorgar poder especial a una tercera persona para el trámite respectivo.

TITULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES EN POSESIÓN DE

PARTICULARES

Art. 26.- Una vez que se reciba en la Ventanilla de Servicios Municipales la solicitud y documentación adjunta, el proceso no excederá de 60 días término, iniciará por trasladar a la Dirección de Avalúos y Catastros quien a través de la Jefatura de Tierras procederá con el trámite administrativo correspondiente, de reunirse los requisitos puntualizados en los dos artículos anteriores, en el término de 3 días procederá a calificarla de clara y completa disponiendo su tramitación. En caso contrario la mandará a aclarar y/o completar en el término de 3 días, bajo prevenciones de archivar el expediente.

1.- La Dirección de Avalúos Catastros y la Jefatura de Tierras, conjuntamente con el requirente, realizarán la inspección de rigor al predio, en donde se confrontarán la información consignada en el expediente, con los datos de campo; se verificarán linderos, dimensiones, ubicación, edificaciones, cerramientos, accidentes geográficos y cualquier información adicional que ayude a esclarecer la tenencia pacifica de la propiedad y la no existencia de litigios o disconformidades de los colindantes.

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2.- El informe de la Dirección de Avalúos y Catastro, será un compendio de lo detallado en el párrafo anterior, adicionando aspectos concernientes a la factibilidad o no de la titularización del bien. Se hará constar, además, si el acto administrativo solicitado no se opone a lo establecido en el PDyOT Cantonal o si el bien reclamado, no es de interés Municipal para el desarrollo de obra o proyecto alguno. Además, deberá hacer constar la situación del predio con relación al registro catastral de la Municipalidad: fecha de registro, nombre del contribuyente, clave catastral, ubicación, área, dimensiones, colindantes, avalúo municipal y cualquier otra información relacionada al predio a titularizarse.

  1. Del mismo modo, se determinará si el predio cumple con lo estipulado en el artículo 5 de la presente ordenanza.
  2. En los tramites que procedan el peticionario en el término de 10 días, deberá acudir a la Jefatura de Tierras a retirar el extracto para su publicación, en un medio de comunicación escrito por una sola vez con cobertura local y en el portal web institucional, y en la Cartelera de cada parroquia a la que pertenece el bien inmueble, debiendo entregar un ejemplar de cada una de las publicaciones, en el término máximo de 10 días, contados a partir de la entrega del extracto, caso contrario el proceso será devuelto al usuario (a) a través de la Ventanilla de Servicios Municipales.
  3. En caso de cumplirse con todos los requisitos y de no haber inconsistencias, errores o cualquier impedimento, dentro del término de ocho días el expediente será enviado mediante un informe motivado desde la Dirección de Avalúos Y Catastros, al Alcalde para que se envíe a la Comisión de Planificación y Finanzas del Concejo Municipal.
  4. El Sr. Alcalde enviará al Concejo para que se incluya el caso al orden del día y sea conocido por el Concejo Municipal.
  5. Secretaria General dentro del término de 3 días posteriores a la expedición de la Resolución de Titularización Administrativa, comunicara a la Jefatura de Rentas par la

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emisión de los valores correspondientes y notificara a los interesados, quienes deberán proceder a su cancelación.

  1. Con el trámite aprobado, el expediente y la resolución, serán puestos a consideración del Secretario General para que solicite la protocolización y entregue al peticionario para su protocolización en la Notaría Pública e inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón.
  2. El beneficiario finalmente, para archivo y constancia, entregará en la Dirección de Avalúos y Catastros una copia certificada de la escritura pública con la debida inscripción en el Registro de la Propiedad, para la actualización en el catastro.

Art. 27.- En el caso que el Concejo Municipal, de forma motivada, resolviere negar el pedido se procederá a notificar al (la) interesado(a) para que ejerza sus derechos legales. La negativa expresada por el Concejo Municipal no obsta para que el/la interesada(a) pueda volver a presentar la solicitud y retomar el trámite en caso de haber superado la situación que motivó la misma; o intentar los recursos de reposición o revisión en la vía administrativa, en los términos señalados en el COOTAD.

Art. 28.- RESERVA MUNICIPAL.- De comprobarse dolo o falsedad de los hechos declarados bajo juramento, el Concejo Municipal se reserva el derecho de dejar sin efecto, en cualquier momento, la adjudicación de los bienes inmuebles.

Art. 29.- RECLAMOS Y OBJECIONES DE TERCEROS(AS) INTERESADOS(AS).- Si un tercer interesado(a) entrare en conocimiento del proceso de titularización a favor de una persona natural o jurídica y presentare su reclamo ante el Alcalde(sa), la autoridad dispondrá a la Director(a) de Avalúos y Catastros a través de la Jefatura de Tierras, suspenda el trámite; una vez superado el inconveniente se continuará sustanciando el trámite administrativo. Si un tercer interesado(a) se presentare una vez concluido el trámite administrativo y alegare derechos sobre el bien titulado, deberá acudir a la justicia ordinaria.

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TITULO III

TASAS Y FORMA DE PAGO

Art. 30.- TASAS Y VALORES A PAGAR.- El (la) beneficiario (a), deberá cancelar en Ventanilla de Recaudación lo siguiente:

a) Tasa por trámites administrativos realizados en el proceso: el 10 % de la Remuneración Básica Unificada.

b) Valor de Titularización Administrativa del bien inmueble correspondiente al 5 % del avalúo catastral.

En caso de existir construcciones, se adicionará el 2 % del valor catastral de la edificación.

Art. 31.- FORMA DE PAGO.- Los(as) beneficiarios(as) podrán pagar el valor notificado por secretaría general de la siguiente manera:

  1. De contado, hasta 30 días después de la notificación,
  2. Mediante convenio de pago de hasta 6 meses, sin intereses, con un 30% mínimo de abono inicial. En este caso la entrega de la Resolución de Titularización Administrativa se realizará previa cancelación del valor total.
  3. Mediante convenio de pago de hasta 12 meses con la tasa máxima de interés legal convencional.

En los casos de los literales b) y c) vencidos tres pagos mensuales se declararán vencido el plazo y se dará inicio al cobro vía coactiva.

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TITULO IV DE LAS PROHIBICIONES

Art. 32.- Los predios adjudicados, independientemente de la forma de pago, quedarán prohibidos de enajenar a terceros por un período de tres años; debiendo constar este gravamen en la Resolución de Titularización Administrativa, sin embargo, podrá hipotecarse con el único fin de acogerse a incentivos y beneficios que ofrece el gobierno nacional a la población.

Capítulo IV

REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS EN EL ÁREA DE TERRENOS URBANOS Y RURALES, PROVENIENTES DE ERRORES DE CÁLCULO O MEDICIÓN.

Art. 33- Objeto.

De acuerdo a sus competencias establecidas en la Constitución y COOTAD respecto al uso y ocupación del suelo, es intención y potestad del Gobierno Municipal, regularizar y legalizar la tenencia de los excedentes o diferencias, derivados de errores de cálculo o de medición, en terrenos urbanos o rurales, de propiedad municipal o privada, con el propósito de ejercer un adecuado control y ordenamiento territorial y otorgar seguridad jurídica sobre sus bienes inmuebles al propietario.

La Dirección de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, es la instancia administrativa competente para el proceso de regularización de excedentes o diferencias provenientes de errores de cálculo o medición, objeto de este Título. La adjudicación, en cambio lo realizará el (la) Alcalde (sa) o su delegado/a mediante Resolución Administrativa.

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Art. 34- Consideraciones Técnicas y Legales:

En base a lo establecido en el Art. 481.1 del COOTAD, los excedentes en el área de un terreno que superen el error técnico aceptable, son de propiedad municipal.

Para el caso, se entenderá por excedente al sobrante y por diferencia al fallante en la superficie de un terreno con respecto a la superficie original que conste en el título de propiedad, o entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas, que superen el error técnico aceptable.

Para los predios ubicados en suelo urbano, se considerará como error técnico aceptable de medición, un valor igual o menor al diez por ciento (10%) de la variación existente entre la superficie de la escritura y la última medición realizada.

Para los predios ubicados en suelo rural, se considerará como error técnico aceptable de medición, un valor igual o menor al veinte por ciento (20%) de la variación existente entre la superficie de la escritura y la última medición realizada.

Art. 35.- DIFERENCIAS.- Los excedentes que no superen el error técnico de medición, en terrenos urbanos y rurales, se rectificarán y regularizarán a favor del propietario del lote que ha sido mal medido, esta adjudicación, deberá ser instrumentada mediante escritura pública, e inscrita en el Registro de la Propiedad, conforme al Art. 702 del Código Civil, dejando a salvo los derechos que puedan tener terceros perjudicados.

  1. Si el excedente supera el error técnico de medición, en terrenos urbanos y rurales, se regularizará mediante el proceso de adjudicación; establecido en la presente ordenanza, a través de resolución dictada por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá en el respectivo registro de la propiedad;
  2. Si existe diferencia en menos de la superficie original del terreno que consta en el título de dominio y que se determinen al efectuar una medición por cualquier causa o que resulten entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo

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o de medidas, esta regularización deberá ser instrumentada mediante una Resolución la cual deberá ser elevada a escritura pública, e inscrita en el Registro de la Propiedad;

Art. 36.- DETERMINACIÓN DE LINDEROS.- Para la determinación de linderos se podrán considerar tanto los elementos físicos permanentes existentes en el predio como: muros o cerramientos; así también elementos naturales existentes como: quebradas, taludes, espejos de agua o cualquier otro accidente geográfico.

Art. 37.- Requisitos para el Trámite de Regularización de Excedentes o Diferencias en el Área de Terrenos Urbanos y Rurales, Provenientes de Errores de Cálculo o Medición.

  1. Solicitud dirigida al Alcalde, en formato municipal
  2. Copia de la cédula, certificado de votación de la o el peticionario y su cónyuge o pareja de hecho, en caso de personas naturales. Copia a colores del RUC, nombramiento certificado y papeleta de votación del representante legal, en caso de personas jurídicas;
  3. Copia de la escritura debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad;
  4. Copia del pago del impuesto predial del año en curso;
  5. Certificado de gravámenes actualizado;
  6. Levantamiento planimétrico en el cual conste la determinación exacta del predio o predios que desea se le adjudique, indicando el sector en dónde está ubicado el predio o predios, los linderos, las medidas, la cabida y coordenadas geográficas. Para el respectivo levantamiento el profesional encargado del mismo deberá solicitar a la Dirección de Avalúos y Catastro a través de la VSM los pares de puntos geodésicos necesarios para dicho levantamiento. Deberá realizarse de conformidad a los formatos técnicos establecidos por la Dirección de Avalúos y

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Catastro. Además, deberá establecer medidas, colindantes, ubicación, cuadro de áreas en la que consten los excedentes o diferencias.

g) Declaración juramentada notariada del solicitante, indicando que, con dicho procedimiento, no se está afectando a terceros.

Art. 38.- Formas de Detección de Excedentes y Procedimiento a Seguir.- El

Excedente de terreno se determinará en los siguientes casos:

  1. En el proceso de transferencia de dominio de bienes, aprobación de desmembraciones, proyectos arquitectónicos, urbanizaciones y/o en cualquier otro procedimiento administrativo.
  2. Sin perjuicio de lo previsto en el literal anterior, la iniciativa para la legalización de excedentes objeto de este Título, podrá provenir de la parte interesada.

Art. 39. Procedimiento.-

  1. Una vez que se reciba en la Ventanilla de Servicios Municipales la solicitud y documentación adjunta, el trámite no excederá de 30 días término, el expediente se remitirá a la Dirección de Avalúos y Catastros para que se emita el informe técnico correspondiente, debiendo cotejarse el área del título de dominio con el área actual; se establezca el error técnico aceptable de medición de haberlo; se determine el excedente de terreno existente y el excedente de terreno a regularizar, descontando el error técnico aceptable de medición; así como la diferencia de terreno de ser el caso; y,
  2. Luego se remitirá el trámite a la Dirección Avalúos y Catastros, para que certifique el valor a cancelar, el mismo que se calculara tomando en cuenta lo siguiente:

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– El 8% del valor del metro cuadrado base establecido en el sector homogéneo o eje comercial donde se encuentre el predio, multiplicado por los m2 de excedente a regularizarse; para los predios urbanos de la cabecera cantonal.

– El 25% del valor del metro cuadrado base establecido en el sector homogéneo o eje comercial donde se encuentre el predio, multiplicado por los m2 de excedente a regularizarse; para los predios urbanos de las cabeceras parroquiales

– Para los predios del sector rural se calculará en base a la siguiente tabla:

Área de excedente a regularizarse

Valor por m2 del sector homogéneo

Hasta 1000 m2

2,5%

1000m2 hasta 5000 m2

2%

50001 m2 en adelante

1,50%

c) Término.- El procedimiento para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ordenanza, no podrá superar el término de 30 días, contados a partir de la recepción del expediente en secretaría municipal.

  1. Informe previo del Procedimiento para la regularizado n, – Constituirá informe de obligatoria expedición, dentro del procedimiento de regularización de excedentes o diferencias de terrenos a iniciativa de la municipalidad o del administrado, el informe de avalúos y catastros, que deberá determinar lo siguiente:
  2. La superficie del excedente y/o diferencia del terreno;
  3. La superficie rectificada del inmueble, considerando el excedente que se incorporará a la superficie original del mismo; o, la diferencia que se disminuirá;

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g) El avalúo municipal del terreno y el valor rectificado del impuesto predial del inmueble a regularizarse, considerando dicho excedente o diferencia; y,

h) El valor del metro cuadrado del terreno tomando como referencia el avalúo catastral y las condiciones socio económicas del propietario del lote principal.

i) Resolución de la primera autoridad:

  • Para efectos de la regularización de excedentes y diferencias de terrenos que superen el error técnico aceptable de medición, la primera autoridad del ejecutivo emitirá la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE REGULARIZACIÓN correspondiente, mediante la cual se determinará la nueva superficie de terreno rectificada, que incluirá el excedente o diferencia; al igual que el nuevo avalúo e impuesto predial rectificados; en ambos casos la resolución emitida, una vez protocolizada en una Notaría Pública, se inscribirá en el Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Otavalo, la misma que constituirá justo título para la modificación del historial de dominio del terreno;
  • Previo a emitir la resolución administrativa antes indicada, se emitirán los títulos de crédito correspondientes por el valor a pagar por concepto de los servicios técnicos y administrativos por la regularización de las diferencias y de los excedentes que superen el error técnico aceptable de medición, según lo determinado en el Art. 31 de la presente ordenanza;
  • Una vez presentada toda la documentación, Secretaria General verificada los antecedentes que sirvieron de sustento para la regularización de los excedentes o diferencias de terrenos, y emitirá la resolución administrativa en un término no mayor a 3 días;

• La resolución administrativa será firmada por la primera autoridad del ejecutivo, y contendrá lo siguiente:

• Los considerandos legales que fundamentan el acto administrativo de regularización de excedentes y diferencias de terrenos;

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  • La enunciación de los informes técnicos y más documentos que sirvieron de base para la regularización;
  • El antecedente de dominio del predio sobre el cual se va a regularizar el excedente, detallando como mínimo las últimas tres transacciones de haberlas;
  • La disposición para que se rectifiquen los linderos y medidas del inmueble que es objeto de la regularización, de acuerdo al levantamiento planimétrico actualizado;
  • El requerimiento al Director de Avalúos y Catastros, para que una vez protocolizada e inscrita la resolución administrativa, proceda a RECTIFICAR LA MEDICIÓN Y EL CORRESPONDIENTE AVALÚO E IMPUESTO PREDIAL de los terrenos;

Art. 40.- De la inscripción:

  1. Pagados los títulos de crédito, por los servicios técnicos y administrativos por la regularización de diferencias y excedentes de terrenos urbanos y rurales que superan el error técnico aceptable de medición , Secretaria General procederá a elaborar las resoluciones administrativas que correspondan, que deberán ser protocolizadas e inscritas en el Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Otavalo, entidad que informará a la Sección de Avalúos y Catastros, para efectos de la actualización catastral correspondiente.
  2. La actualización catastral que hubiere sido practicada con anterioridad a la expedición de la resolución administrativa de regularización de excedentes o diferencias de terrenos, para que sea definitiva, deberá guardar concordancia con la superficie que se registre en los documentos protocolizados e inscritos.

Art. 41.- Prohibición de inscripción.- En ningún caso el Registrador Municipal de la Propiedad del Cantón Otavalo inscribirá escrituras públicas que modifiquen el área del último título de dominio o sus linderos, sin que se demuestre que el proceso de regularización por excedentes o diferencias de terreno ha sido sustanciado y concluido por las instancias municipales correspondientes.

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Art. 42.- Responsabilidades.- Las autorizaciones señaladas en esta ordenanza, no comprometen a los funcionarios de la Entidad Municipal ni acarrean responsabilidad por posibles daños o perjuicios a terceros o a la parte interesada, excepto en caso de dolo. Todo trámite será de exclusiva responsabilidad del propietario.

Art. 43.- Alteraciones.- Si se comprobare alteración en los excedentes o en las diferencias de las superficies de terrenos, información falsa, inexactitud en las planimetrías aprobadas, el propietario será sancionado con la reversión del trámite, sin tener derecho a la devolución por pago de tasas e impuestos.

Art. 44- Gastos.- Los valores que se generen por efecto del levantamiento de la información, certificaciones municipales, protocolizaciones e inscripciones, mediciones municipales y otras solemnidades correrán a cargo del beneficiario de la regularización.

Art. 45.- En ningún caso el (la) Registradora) de la Propiedad del cantón Otavalo inscribirá escrituras públicas que modifiquen el área del último título de dominio, sin que demuestre el usuario (a) que el proceso de legalización por excedente ha concluido.

Capítulo V ADJUDICACIONES FORZOSAS DE FAJAS MUNICIPALES

Art. 46.- Consideraciones legales.

En el caso de detectarse la existencia de fajas de terrenos que la Municipalidad, por su forma o dimensiones, no pudiera aprovecharlas, deberán ser adjudicadas a los colindantes, mediante subasta pública.

Las direcciones municipales que en el ejercicio de sus funciones identifiquen fajas de terreno que sean susceptibles de adjudicación, deberán informar del particular por escrito al Alcalde(sa), para que disponga el inicio del proceso de subasta pública.

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TITULO I

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN FORZOSA DE FAJAS

MUNICIPALES

Art. 47.- Procedimiento para la adjudicación forzosa.

a) Una vez determinadas las fajas, el Alcalde ordenará se remitan los informes técnicos respectivos de Planificación, Avalúos y Catastros, y Secretaria General para que elabore la resolución, convocatoria y notificaciones a los colindantes, sobre la subasta;

  • El informe de Planificación deberá contener las consideraciones generales para adjudicación de las fajas en cuestión, sus dimensiones, ubicación, colindantes, etc.
  • El informe de Avalúos y Catastros, en lo posible, presentará el historial y la valoración del bien, en base al avalúo real, precio que servirá de base para la subasta pública.
  1. El proceso de subasta se realizará en el lugar y fecha que se determine en la convocatoria y los interesados deberán presentar las ofertas en sobre cerrado, adjuntando sus documentos personales y mínimo el 10% del precio referencial del bien;
  2. Si habiéndose llamado a subasta, no se manifestare el interés de ninguno de los colindantes, dichas fajas podrán ser adjudicados directamente al propietario colindante, que a juicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, es el más idóneo para adquirirlas, por un valor igual al de la base de la subasta, valor que lo cubrirá incluso por la vía coactiva en caso el propietario se rehusé al pago alegando que no le interesa adquirir el mencionado bien;

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  1. En caso de haber un solo propietario colindante, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, adjudicará de manera directa a éste y su precio será determinado por Avalúos y Catastros;
  2. Dependiendo el monto a cancelar, el 90% restante del valor, podrá realizarse hasta en 5 años (cinco), mediante un convenio de pago;
  3. La Resolución de Adjudicación podrá ser Inscrita en el Registro de la Propiedad, luego de realizado el último pago.

Si el adjudicatario perteneciese a grupos de atención prioritaria, la Municipalidad tomará medidas de acción positiva

Art.- 48.- En todos los casos contemplados en esta ordenanza, previa la emisión de la Resolución Administrativa de la Máxima Autoridad Municipal, el Gobierno Municipal notificará al usuario que ha sido adjudicado deberá cumplir con los consiguientes pagos de tasas, tarifas u otros valores por concepto de estos servicios administrativos.

Art. 49.- Valor del terreno.

Para el caso de adjudicación forzosa de fajas municipales, el valor por metro cuadrado de terreno en el caso de que exista subasta, será el valor del precio base catastral por metro cuadrado de acuerdo a los ejes comerciales y sectores homogéneos tanto en el área urbana como rural.

Para el caso de adjudicación forzosa de fajas municipales, el valor por metro cuadrado de terreno en el caso de que exista un solo propietario colindante el cálculo será igual al valor establecido en las tablas de cálculo para los EXCEDENTES.

Si se tratase de terrenos adjudicados a instituciones del Estado, dichos predios, en base a la disponibilidad y la necesidad debidamente justificada, podrán ser transferidos directamente sin costo alguno.

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Art. 50.- Forma de pago.

  1. De contado.
  2. Mediante convenio de pago máximo de hasta 3 meses, sin intereses con un 30% mínimo de abono inicial. En este caso la entrega del Acta de Adjudicación por parte de él/a Procurador/a Sindico/a será previa la cancelación total. Si el pago es a plazos, se incrementará a cada cuota el interés legal vigente a la fecha de la adjudicación, debiendo elaborar una tabla de amortización.

En caso de haberse convenido realizar los pagos a plazos, y si el beneficiario no pagare consecutivamente cinco (5) cuotas de amortización, el bien revertirá automáticamente al patrimonio Municipalidad, por igual precio al que fue adjudicado; los intereses del capital se entenderán compensados con el uso o usufructo del bien.

Capítulo VI

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: – Prohibiciones de Enajenar: – a) Los lotes adquiridos mediante cualquiera de las formas descritas en esta ordenanza, no podrán enajenarlo por un período de tres años contados desde la inscripción del predio en el Registro de la Propiedad; b) En los casos de planes de vivienda social municipal, la prohibición de enajenar será de 5 años;

c) En ambos casos, deberá hacerse constar la prohibición de enajenar, en la minuta para la escritura pública.

SEGUNDA: Restricciones generales. -a) En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se tramitarán solicitudes para titularización, adjudicación o regularización de excedentes en predios en los que: Se pretenda el reconocimiento del dominio sobre ríos, riachuelos, lagunas, márgenes de protección, etc.; Se determine disconformidad, ya sea en la posesión

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o por La determinación de linderos; Con el acto administrativo correspondiente, se violaren cualquier normativa de orden general o cantonal.

b) El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, mediante Resolución, dejará sin efecto el acto administrativo sobre los predios que se determinaren fueron titularizados, adjudicados o regularizados dolosamente; dicha resolución estará fundamentada en los informes técnicos del Departamento de Ordenamiento Territorial y Planificación y Jurídico respectivamente, sin perjuicio de las acciones legales que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo pudiese implantar en contra de los que cometieron y propiciaron el ilícito, pudiendo incluso la Municipalidad, considerar el predio como vacante o mostrenco e incorpóralo a su patrimonio.

Capítulo VII

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Queda derogada «La ordenanza que regula los procesos de titularización administrativa para: incorporar bienes inmuebles vacantes o mostrencos al patrimonio municipal, predios urbanos en posesión de particulares regularización de excedentes o diferencias de áreas de terreno urbano y rural provenientes de errores de cálculo o medición y adjudicaciones forzosas» publicada en el Registro Oficial N° 192 del 26 de febrero del 2014 y todas las disposiciones que se opongan a la presente Ordenanza, sean estas de igual o menor jerarquía. Se observarán y respectarán los derechos adquiridos bajo la vigencia de la Ordenanza derogada y formas legítimas de adquirir el dominio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Hasta el mes de julio en que la Dirección de Avalúos y Catastros conforme la totalidad del equipo de la Unidad de Tierras, la función instructora del procedimiento continuará a cargo de la Procuraduría Sindica quien con sus funcionarios ejecutara las actividades delegas a través de eta ordenanza a la Unidad de Tierras.

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SEGUNDA.- Una vez que la Dirección de Avalúos y Catastros cuente con los puntos geodésicos establecerán el valor a cancelar a través de la Tesorería Municipal, a fin de cumplir lo que establece el Art. 25 numeral 2 de esta ordenanza.

TERCERA.- En el plazo de un año, las direcciones Financiera y de Avalúos y Catastros verificarán el costo real que representa para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo la prestación de los servicios establecidos en esta ordenanza.

Capítulo VIII

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA Todo cuanto no se encuentre contemplado en la presente ordenanza, se aplicará lo dispuesto en el COOTAD, Código Civil, y demás leyes conexas.

SEGUNDA: – La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIE2RNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO.- CERTIFICO: Que la presente «Ordenanza Sustitutiva que Regula los Procedimientos para la

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Incorporación de Bienes Inmuebles Vacantes o Mostrencos al Patrimonio Municipal; Titularización Administrativa de Predios en favor de sus Posesionarios; Adjudicaciones Forzosas de Fajas Municipales Ubicadas en la Zona Urbana, Zonas de Expansión Urbana, Centros Urbano – Parroquiales, Regularización de Excedentes o Diferencias en el Área de Terrenos, Ubicados en la Zona Urbana o Rural del Cantón Otavalo» , fue discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, en dos discusiones realizadas en sesiones, extraordinaria Nro. 44 de fecha nueve de enero de dos mil veinte, y ordinaria Nro. 46. instalada el día veinte de enero, y clausurada el día diez de febrero del año dos mil veinte, de conformidad con el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, remito al señor Alcalde para su sanción. En la ciudad de Otavalo, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veinte, las nueve horas.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO.- En la ciudad de Otavalo, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinte, las trece horas.- Vistos: Por cuanto la presente «Ordenanza Sustitutiva que Regula los Procedimientos para la Incorporación de Bienes Inmuebles Vacantes o Mostrencos al Patrimonio Municipal; Titularización Administrativa de Predios en favor de sus Posesionarios; Adjudicaciones Forzosas de Fajas Municipales Ubicadas en la Zona Urbana, Zonas de Expansión Urbana, Centros Urbano – Parroquiales, Regularización de Excedentes o Diferencias en el Área de Terrenos, Ubicados en la Zona Urbana o Rural del Cantón Otavalo», reúne todos los requisitos constitucionales y legales: y, de conformidad con lo prescrito en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomías y

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Descentralización, SANCIONO la presente reforma para su inmediata vigencia. Remítase al Registro Oficial para su promulgación y publicación.

CERTIFICO: Sancionó y ordenó la promulgación de la presente «Ordenanza Sustitutiva que Regula los Procedimientos para la Incorporación de Bienes Inmuebles Vacantes o Mostrencos al Patrimonio Municipal; Titularización Administrativa de Predios en favor de sus Posesionarios; Adjudicaciones Forzosas de Fajas Municipales Ubicadas en la Zona Urbana, Zonas de Expansión Urbana, Centros Urbano – Parroquiales, Regularización de Excedentes o Diferencias en el Área de Terrenos, Ubicados en la Zona Urbana o Rural del Cantón Otavalo», el señor Mario Conejo Maldonado, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, a los trece días del mes de febrero del año • dos mil veinte. ^