Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 18 de septiembre de 2019 (R. O42, 18–septiembre -2019)

Año I – Nº 42

Quito, miércoles 18 de septiembre de 2019

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA:

009-19… Desígnese al arquitecto Carlos Andrés Salazar Andrade, para que actúe como Delegado Permanente ante el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P

MINISTERIO DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL:

127…….. Deléguense funciones y atribuciones al/la Ge­ rente del Proyecto Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA

Y VIGILANCIA DE LA SALUD:

Concédese personería jurídica y apruébense los estatutos de las siguientes organizaciones:

00026-2019 Asociación Ecuatoriana de Dermatología y Ciencias Afines Núcleo Pichincha, domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

00027-2019 Fundación de Defensa y Protección de Animales «LUA’S FOUNDATION», domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

00028-2019 Sociedad de Médicos Especialistas en Nutrición, domiciliada en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay

00029-2019 Sociedad Ecuatoriana de Alergia, Asma e Inmunología Capítulo Centro Sur Occidental SEAAI-Centro S.O, domiciliada en la ciudad de Máchala, provincia de El Oro

RESOLUCIONES:

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN:

072-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2019 Apruébese la octava reforma al Plan Anual de Contrataciones PAC 2019

2 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

Págs.

INSTITUTO DE CINE Y CREACIÓN AUDIOVISUAL:

ICCA-DE-11-2018 Expídese el Reglamento que Norma la Autorización de Gastos y Autorización de Pagos (Codificado

FUNCIÓN JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

136-2019 Créase la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas; y, refórmese la Resolución No. 104-2013

137-2019 Créase la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi

138-2019 Créase la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay; y, refórmese la Resolución No. 176-2014

139-2019 Créase la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí; y refórmese la Resolución No. 191-2013

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

-…………. Cantón El Tambo: Que reforma a la Ordenanza sustitutiva para el arrendamiento y/o adjudicación de locales y puestos en plazas, mercados, centro comercial, feria comercial de ganado, ferias libres, y demás bienes inmuebles de propiedad municipal

-…………. Cantón Zaruma: Que crea y regula el Consejo de Seguridad Ciudadana

No. 009-19

Señor Guido Esteban Macchiavello Almeida

MINISTRO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos,

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo COA, sobre la representación legal de las administraciones públicas y señala que: «(…) la máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos y contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley. «

Que, el artículo 48 del Código Orgánico Administrativo, sobre la representación jurisdiccional de las administraciones públicas dispone: «Las administraciones públicas que no estén dotadas de personería jurídica estarán representadas en asuntos jurisdiccionales por el Procurador General del Estado, de acuerdo con la ley. Las demandas se dirigirán, en todo caso, contra el órgano o entidad responsable del acto, contrato o la relación jurídica objeto de la controversia.

La representación de las administraciones públicas es delegable de conformidad con la ley. «

Que, el Código Orgánico Administrativo COA, en los artículos 69 al 73 regula el contenido de la delegación de competencias y su revocación.

Que, el Código Orgánico Administrativo COA, en su artículo 72 sobre la prohibición de delegación dice en el numeral 2: «Las competencias, que a su vez se ejercerán por delegación, salvo autorización expresa del órgano titular de la competencia».

Que, la Norma de Control Interno No. 200-05, emitida por la Contraloría General del Estado, señala: «Delegación de autoridad (…) La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios. La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación. «

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 3

Que, con Decreto Ejecutivo No. 3 publicado en el Registro Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1992, se crea el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Que, el Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda expedido mediante Acuerdo No. 051-15 de 27 de noviembre del 2015, publicado en la Edición Especial No.515 del Registro Oficial del 25 de Febrero del 2016, en el artículo 10 atribuciones y responsabilidades del Ministro dispone: «Literal c) definir y emitir las políticas y el marco normativo regulador del desarrollo urbano y vivienda que garantice un adecuado desarrollo del sector y controlar su cumplimiento. (…) d) Definir y emitir las políticas y el Marco Normativo regulador para el desarrollo del Sistema Nacional de Catastros. (…) g) Expedir conforme la ley acuerdos, resoluciones, reglamentos y más disposiciones requeridas para la adecuada conducción de la gestión institucional. (…) w) Dirigir la gestión de los modelos integrales: Técnicos, económicos, financieros y de calidad que permitan el fortalecimiento institucional, garantizando el mejoramiento continuo del sector de hábitat, vivienda y asentamientos humanos. «

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 17 determina que: «(…) Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales (…). «

Que, el Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone en el artículo 373, lo siguiente:

«Artículo 373.- Directorio. Cada una de las entidades financieras públicas tendrá un directorio constituido de la siguiente manera: 1. Un delegado permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 2. Los titulares de tres secretarías de Estado cuyo ámbito de acción esté directamente relacionado con las finalidades y objetivos de la respectiva entidad financiera, o sus delegados permanentes; y, 3. El titular de la secretaría de Estado a cargo de la política económica o su delegado permanente. El Presidente de la República en cada decreto ejecutivo de creación establecerá qué ministros o secretarios de Estado participarán en cada directorio, de conformidad con este artículo. La entidad financiera pública notificará a la respectiva superintendencia la designación de directores, representantes legales y auditores interno y externo, dentro del plazo de ocho días de su designación”.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 867 de 30 de diciembre de 2015, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 676 de 25 de enero de 2016, dispone: «Reorganizar el Banco del Estado, entidad que a partir de la expedición del presente Decreto se denominará «Banco de Desarrollo del Ecuador B.P”.

Que, el Decreto Ejecutivo No. 867, en el artículo 9, dispone que la administración del Banco de Desarrollo

del Ecuador B.R, estará a cargo del «b) Directorio», y que forma parte del Directorio de dicha Institución Financiera el «Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda».

Que, mediante memorando No. MIDUVI-MIDUVI-2019-0477-M de 27 de agosto de 2019, el señor Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, dispone a la Coordinación General Jurídica, que el señor Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, arquitecto Carlos Andrés Salazar Andrade, actuará como delegado permanente en representación de esta Cartera de Estado, ante el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Que, en virtud de las actividades institucionales que debe cumplir la máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y de la disposición contenida en el memorando No. MIDUVI-MIDUVI-2019-0477-M de 27 de agosto de 2019, es indispensable se delegue a otra Autoridad Jerárquica inferior, para que en nombre y representación del señor Ministro integre el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador BP, dicha facultad se encuentra legalmente establecida en los artículos 47, 69, y 70 del Código Orgánico Administrativo; artículos 5, 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativa de la Función Ejecutiva.

Que, con Decreto Ejecutivo No. 818 de fecha 3 de julio del 2019, se designa al señor Guido Esteban Macchiavello Almeida, como Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En uso de las facultades previstas en los artículos 154 de la Constitución de la República, artículo 69 del Código Administrativo Financiero y artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

Artículo 1.- Designar al Arquitecto Carlos Andrés Salazar Andrade, Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que a nombre y representación del señor Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, actúe como Delegado Permanente de esta Secretaría de Estado, ante el Directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Artículo 2.- El Delegado, será responsable de los actos comprendidos en el ejercicio de esta delegación, e informará al Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, de forma trimestral o según le sea requerido, sobre las actividades cumplidas y las resoluciones adoptadas en el Directorio del Banco de Desarrollo B.P.

Artículo 3.- El Delegante queda facultado para realizar el trámite que corresponda ante el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, para formalizar la participación en el Directorio como Delegado del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Artículo 4.- La presente delegación quedará sin efecto una vez que el delegante cese en sus funciones.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registo Oficial.

4 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

Dado en la ciudad de Quito a los, 03 de septiembre de 2019.

f.) Señor Guido Esteban Macchiavello Almeida, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.- Certifico que este documento es fiel copia del original.- 06 de septiembre de 2019.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. 127

Lourdes Berenice Cordero Molina

MINISTRA DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;

Que, el artículo 44 ibídem, indica que: «El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, los mismos que serán prioritarios frente a los de las demás personas”;

Que, el artículo ibídem, define al desarrollo integral como: «(…) el proceso de crecimiento, maduración y despliegue del intelecto y de las capacidades, potencialidades y aspiraciones de los niños, niñas y adolescentes en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad; y enfatiza en que el entorno permitirá la satisfacción de las necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales de las niñas y niños, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”;

Que, el primer inciso del artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad fisica y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que juera perjudicial para su bienestar»;

Que, el artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone entre otras cosas que el Estado adoptará las medidas que aseguren a los menores de seis años una atención que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos;

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo»;

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 8 señala que: «Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.»;

Que, el artículo 9 ibídem señala que: «La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos»;

Que, El artículo 11 de la citada norma, señala como principio fundamental el interés superior del niño e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento;

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 5

Que, en el artículo 12 de la norma invocada, se establece que en la provisión de recursos debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran;

Que, el artículo 37, numeral 4, respectivamente, del Código del Niñez y Adolescencia, determina que: «Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos»;

Que, mediante Decreto Supremo No. 3815, de 7 de agosto de 1979, publicado en el Registro Oficial Nro.2018, de 12 de junio de 1980, se creó el Ministerio de Bienestar Social y a través del Decreto Ejecutivo No. 158, de 29 de agosto de 2007, se cambia la razón social del Ministerio de Bienestar Social, por el de Ministerio de Inclusión Económica y Social con las funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades que le correspondían al Ministerio de Bienestar Social;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1356, publicado el 12 de noviembre de 2012, se integra el Instituto de la Niñez y la Familia -INFA- y el Programa de Protección Social -PPS- a la estructura del Ministerio de Inclusión Económica y Social;

Que, el «Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida», aprobado en sesión del 22 de septiembre de 2017, mediante Resolución No. CNP-003-2017, plantea entre sus Objetivos Nacionales en el eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida y el objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro.000080, de 09 de abril de 2015, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 329, de 19 de junio de 2015, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el mismo que establece: «Artículo 5.- Misión.- Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria. Artículo 8.- Objetivos Estratégicos.- Entre los objetivos estratégicos que guían la gestión de la Institución tenemos los siguientes: Incrementar el acceso y calidad de los servicios de inclusión social con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en pobreza o vulnerabilidad, para reducir las brechas existentes. Incrementar la promoción del

desarrollo integral de la población que requiere de los servicios de inclusión social, durante el ciclo de vida, así como la corresponsabilidad de las familias y comunidad ligadas a la prestación de los servicios que brinda el MIES. Incrementar las intervenciones de prevención en el ámbito de la protección especial para la población susceptible de vulneración de derechos.”;

Que, el artículo 9 del Estatuto ibídem, sobre las atribuciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social entre otras son: «Ejercer la rectoría de las Políticas Públicas en materia de protección, inclusión y movilidad social y económica para: primera infancia, juventud, adultos mayores, protección especial al ciclo de vida, personas con discapacidad, aseguramiento no contributivo, actores de la economía popular y solidaria; con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, y los grupos de atención prioritaria; Diseñar, definir e implementar políticas de Inclusión Económica y Social, para asegurar servicios de calidad en el territorio”;

Que, con fecha 12 de marzo de 2019 se suscribió el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC entre el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Estado ecuatoriano y el Banco Interamericano de Desarrollo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 085 del 05 de abril de 2019, suscrito por la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Lourdes Berenice Cordero Molina, se aprobó el Reglamento Operativo del Proyecto Inversión en Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil (EC-LI235), del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC;

Que, el Reglamento Operativo del Proyecto de Inversión y Calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil (EC-L1235), del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC, en su numeral 1: «Aspectos Generales del Reglamento» y literal a): «Finalidad y Temporalidad”, establece: «El presente documento tiene como finalidad establecer los términos y condiciones por los que regirá la ejecución del proyecto «Inversión en calidad de los servicios de Desarrollo Infantil (EC- L1235)», actualmente enmarcado en el proyecto «Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional Misión Ternura», con CUP Nro. 102800000.0000. En sujeción a lo dispuesto en el Contrato de Préstamo 4607/ OC-EC con fecha 12 de marzo de 2019, el proyecto será ejecutado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador.”;

Que, el Reglamento Operativo ibídem, en su numeral 1: «Aspectos Generales del Reglamento» y literal c): «Aprobación y Vigencia», establece: «Una vez que el ROP cuente con la No objeción, el documento entrará en vigor con la emisión de un Acuerdo Ministerial que especifique lo siguiente: (…) Delegación de la máxima autoridad al Gerente de Proyectos BID para cumplir con las siguientes funciones: (…) Autorizador de gasto de las actividades contempladas en el Proyecto y suscripción de todos los actos y contratos. «, «Firma autorizada ante el BID

6 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

para el envío de todos los documentos e informes y para representar al MIES ante el MEF para la rendición de cuentas del Proyecto.»;

Que, El Reglamento Operativo ibídem establece en su numeral 6.18, numeral i) Máxima Autoridad del MIES, literal a): «Delegar mediante Acuerdo Ministerial al Gerente del Proyecto para suscribir todos los actos, contratos, convenios y en general cualquier instrumento jurídico derivado de la ejecución del proyecto, así, como autorizador de gasto de los recursos provenientes del Contrato de préstamo (Fondos BID y Contraparte local).”;

Que, Mediante Acuerdo Ministerial No.082 del 26 de marzo del 2019, la Máxima Autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, declaró como emblemático el proyecto «FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA»;

Que, Con fecha 20 de mayo de 2019, mediante oficio Nro. MIES-VIS-2019-0191-O, se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo la actualización de designación del delegado para representar a esta Cartera de Estado, en la ejecución técnica, operativa y de desembolsos del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC celebrado con el BID;

Que, Con memorando No. MIES-SDII-2019-1161-M de 21 de agosto de 2019, el Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Subrogante, remitió a la Viceministra de Inclusión Social, el Informe Técnico de Viabilidad para la suscripción del Acuerdo Ministerial de delegación de funciones al Gerente del Proyecto «FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA»;

Que, mediante «INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES AL GERENTE DEL PROYECTO INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL (EC-L1235) EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 4607/OC-EC Y EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROYECTO», la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, recomendó: «(…) la suscripción del Acuerdo Ministerial por medio del cual la máxima autoridad delegue las funciones al Gerente de Proyectos BID de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo del Proyecto «Inversión en calidad de los servicios de Desarrollo Infantil (EC-L1235)» aprobado mediante Acuerdo Ministerial 085 de fecha 5 de abril de 2019. «

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador.

Acuerda:

Artículo 1- Delegar al/la Gerente del Proyecto FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA, suscribir todos los actos, contratos, convenios y en general cualquier instrumento jurídico derivado de la ejecución del proyecto; así como autorizador de gasto de los recursos provenientes del Contrato de Préstamo 4607/ OC-EC (Fondos BID y Contraparte local); de igual forma, autorizar con su firma ante el Banco Interamericano de Desarrollo el envío de todos los documentos e informes y para representar al Ministerio de Inclusión Económica y Social ante el Ministerio de Economía y Finanzas para la rendición de cuentas del Proyecto; así mismo, todas las atribuciones y responsabilidades contempladas en el Reglamento Operativo del Proyecto, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 085 de 05 de abril de 2019.

Artículo 2.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, en lo que corresponda, encárguese al/ la Gerente del Proyecto FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA, de esta Cartera de Estado, dentro de sus competencias.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El/la Gerente del Proyecto FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA, informará mensualmente sobre las acciones realizadas en ejercicio de la presente delegación al/la titular del Viceministerio de Inclusión Social y el/la titular de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.

SEGUNDA.- El/la Gerente del Proyecto FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA, para la ejecución de la presente delegación, articulará con la Unidades Administrativas del MIES, conforme las atribuciones y responsabilidades constantes en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social de cada Unidad según corresponda.

TERCERA.- El/la Gerente del Proyecto FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA, será responsable administrativa, civil o penalmente, por las infracciones al ordenamiento jurídico cometidas en el ejercicio de la presten delegación; sin perjuicio de dichas responsabilidades, responderá de sus actuaciones ante la autoridad delegante.

CUARTA.- El/la Gerente del Proyecto

FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA, en ejercicio de las atribuciones delegadas en el presente Instrumento, deberá observar y respetar estrictamente las normas constitucionales, legales y reglamentarias

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aplicables a la materia que se trate, sin perjuicio de la normativa dictada por el Banco Interamericano de Desarrollo en cada caso que amerite conforme el Contrato de Préstamo 4607/OC-EC y el Reglamento Operativo del Proyecto, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 085 de 05 de abril de 2019.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 23 de agosto de 2019.

f.) Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social.

MIES.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓ­MICA Y SOCIAL.- Secretaría General.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible.- 06 de septiembre de 2019.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

No. 00026-2019

EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y

VIGILANCIA DE LA SALUD

Considerando:

Que, el Estado reconoce y garantiza a las personas, el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria, así como las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos, conforme lo prescrito en los artículos 66 y 96 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, los estatutos de las corporaciones y fundaciones deben ser sometidos a la aprobación del Presidente de la República, conforme lo prescrito en el artículo 565 de la Codificación del Código Civil;

Que, la máxima autoridad administrativa ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia, pudiendo delegar el ejercicio de sus competencias a otros órganos de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes, conforme lo previsto en los artículos 47 y 69 del Código Orgánico Administrativo COA;

Que, el Presidente de la República, con Decreto Ejecutivo No. 339, publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, delegó a cada Ministro de Estado la facultad para que de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe y reforme los estatutos de las organizaciones pertinentes y les otorgue personalidad jurídica;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017 expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, cuyo artículo 4 establece los tipos de organizaciones que se puede constituir: a saber fundaciones, corporaciones, u otras formas de organización social nacionales o extranjeras;

Que, el artículo 9 del Reglamento referido señala que son Corporaciones las entidades de naturaleza asociativa, conformadas por un número mínimo de cinco miembros, expresada mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario, que tiene como finalidad la promoción y búsqueda de bien común de sus miembros, el bien público en general o de una colectividad en particular; pudiendo ser de primer, segundo o tercer grado; además, en el artículo 12 del mismo Reglamento se establecen los requisitos y procedimiento para la concesión de la personalidad jurídica y aprobación del estatuto de la organización;

Que, conforme consta en el Acta Constitutiva de 18 de julio de 2017, los miembros de la ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE DERMATOLOGÍA Y CIENCIAS AFINES NÚCLEO PICHINCHA en constitución, se reunieron con la finalidad de constituir la referida organización, así como para la aprobación del estatuto, cuyo ámbito de acción es «Proponer y ejecutar programas y servicios relacionados con la salud pública y privada, en lo relacionado a la especialidad de la Dermatología y Ciencias Afines»

Que, el Abogado Patrocinador de la ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE DERMATOLOGÍA Y CIENCIAS AFINES NÚCLEO PICHINCHA en constitución, mediante comunicación de 17 de julio de 2019 solicitó la aprobación del estatuto y la concesión de personalidad jurídica de la referida organización, para lo cual remitió el acta constitutiva conjuntamente con el proyecto de estatuto y el documento que acredita el patrimonio de la organización;

Que, de conformidad con el «Informe de cumplimiento de requisitos de las organizaciones sociales y ciudadanas «No. DNCL-GC-29-2019 de 19 de julio de 2019 la Dirección Nacional de Consultoría Legal realizó la revisión y análisis del expediente que contiene el acta constitutiva, el proyecto de estatuto; y la declaración juramentada mediante la cual se acredita el patrimonio del Asociación, determinando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y,

8 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

En ejercicio de la atribución que le confiere el Acuerdo Ministerial No. 00005257 de 25 mayo de 2015, reformado con Acuerdo Ministerial No. 00005274 de 15 de julio de 2015

Acuerda:

Art. 1.- Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE DERMATOLOGÍA Y CIENCIAS AFINES NÚCLEO PICHINCHA, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

Art. 2.- La ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE DERMATOLOGÍA Y CIENCIAS AFINES NÚCLEO PICHINCHA deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017.

Disposición Final Única.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 02 de septiembre de 2019.

f.) Dr. Ronald Roberty Cedeño Vega, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General, al que me remito en caso necesario.- Lo certifico en Quito a, 05 de septiembre de 2019.- f.) Director(a) Nacional de Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

No. 00027-2019

EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD

Considerando:

Que, el Estado reconoce y garantiza a las personas, el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria, así como las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular

para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos, conforme lo prescrito en los artículos 66 y 96 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, los estatutos de las corporaciones y fundaciones deben ser sometidos a la aprobación del Presidente de la República, conforme lo prescrito en el artículo 565 de la Codificación del Código Civil;

Que, la máxima autoridad administrativa ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia, pudiendo delegar el ejercicio de sus competencias a otros órganos de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes, conforme lo previsto en los artículos 47 y 69 del Código Orgánico Administrativo COA;

Que, el Presidente de la República, con Decreto Ejecutivo No. 339, publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, delegó a cada Ministro de Estado la facultad para que de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe y reforme los estatutos de las organizaciones pertinentes y les otorgue personalidad jurídica;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017 se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, cuyo artículo 4 establece los tipos de organizaciones que se puede constituir: a saber fundaciones, corporaciones, u otras formas de organización social nacionales o extranjeras;

Que, el artículo 10 del Reglamento referido señala que las Fundaciones podrán constituirse por la voluntad de uno o más fundadores, que buscan o promueven el bien común de la sociedad e incluyen las actividades de promoción, desarrollo e incentivo de dicho bien en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, así como en actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública, entre otras;

Que, con Acuerdo Ministerial No. SNGP-008-2014 de 27 de noviembre de 2014 la Secretaria Nacional de Gestión de la Política expidió el «Instructivo para establecer procedimientos estandarizados en la transferencia de expedientes de organizaciones sociales en aplicación del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales-SUIOS», en el cual establece las competencias del Ministerio de Salud Pública, entre ellas, «Organizaciones confines de protección y rescate de animales domésticos”.

Que, conforme consta en el Acta Constitutiva de 18 de septiembre de 2018, los miembros de la FUNDACIÓN DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES «LÚAS

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 9

FOUNDATION» en constitución, se reunieron con la finalidad de constituir la referida organización y aprobar su estatuto, cuyo fin es: «La defensa, protección y rescate de animales domésticos (perros y gatos) , en procura de salvaguardar la salud humana…”.

Que, la Abogada Patrocinadora de la Fundación en constitución, mediante oficio LUA’S 005-2019 de 31 de julio de 2019 ingresado en esta Cartera de Estado el 7 de agosto de 2019, solicitó la aprobación del estatuto y la concesión de personalidad jurídica de la referida organización para lo cual remitió el acta constitutiva conjuntamente con el proyecto de estatuto y el documento que acredita el patrimonio de la organización;

Que, de conformidad con el «Informe de cumplimiento de requisitos de las organizaciones sociales y ciudadanas» No. DNCL-GC-35-2019 de 23 de agosto de 2019 la Dirección Nacional de Consultaría Legal realizó la revisión y análisis del expediente que contiene el acta constitutiva, el proyecto de estatuto; y la declaración juramentada mediante la cual se acredita el patrimonio de la Fundación, determinando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y,

En ejercicio de la atribución que le confiere el Acuerdo Ministerial No. 00005257 de 25 mayo de 2015, reformado con Acuerdo Ministerial No. 00005274 de 15 de julio de 2015

Acuerda:

Art. 1.- Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatu­to de la FUNDACIÓN DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES «LÚAS FOUNDATION», con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

Art. 2.- La FUNDACIÓN DE DEFENSA Y PROTEC­CIÓN DE ANIMALES «LÚAS FOUNDATION» deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017.

Disposición Final Única.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 02 de septiembre de 2019.

f.) Dr. Ronald Roberty Cedeño Vega, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General, al que me remito en caso necesario.- Lo certifico en Quito a, 05 de septiembre de 2019.- f) Director(a) Nacional de Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

No. 00028-2019

EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD

Considerando:

Que, el Estado reconoce y garantiza a las personas, el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria, así como las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos, conforme lo prescrito en los artículos 66 y 96 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, los estatutos de las corporaciones y fundaciones deben ser sometidos a la aprobación del Presidente de la República, conforme lo prescrito en el artículo 565 de la Codificación del Código Civil;

Que, la máxima autoridad administrativa ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia, pudiendo delegar el ejercicio de sus competencias a otros órganos de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes, conforme lo previsto en los artículos 47 y 69 del Código Orgánico Administrativo COA;

Que, el Presidente de la República, con Decreto Ejecutivo No. 339, publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, delegó a cada Ministro de Estado la facultad para que de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe y reforme los estatutos de las organizaciones pertinentes y les otorgue personalidad jurídica;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017 se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, cuyo artículo 4 establece los tipos de organizaciones que se puede constituir: a saber fundaciones, corporaciones, u otras formas de organización social nacionales o extranjeras;

Que, el artículo 9 del Reglamento referido señala que son Corporaciones las entidades de naturaleza asociativa, conformadas por un número mínimo de cinco miembros, expresada mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario, que tiene como finalidad la promoción y búsqueda de bien común de sus miembros, el bien público en general o de una colectividad en particular; pudiendo ser de primer, segundo o tercer grado; además, en el artículo 12 del mismo Reglamento se establecen los requisitos y procedimiento para la concesión de la personalidad jurídica y aprobación del estatuto de la organización;

10 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

Que, conforme consta en el Acta Constitutiva de 10 de marzo de 2018, los miembros de la Sociedad de Médicos Especialistas en Nutrición en constitución, se reunieron con la finalidad de constituir la referida organización, así como para la aprobación del estatuto, cuyo ámbito de acción es el”…apoyo, innovación e investigación científica para beneficio de la sociedad en el campo de la medicina y nutrición…”;

Que, el Abogado Patrocinador de la Sociedad de Médicos Especialistas en Nutrición en constitución, mediante comunicación de sin fechas ingresada en esta Cartera de Estado el 9 de abril1 de 2019, solicitó la aprobación del estatuto y la concesión de personalidad jurídica de la referida organización, para lo cual remitió el Acta Constitutiva conjuntamente con el proyecto de estatuto y el documento que acredita el patrimonio de la organización;

Que, mediante oficio No. 00450-FME-EC-HR-19 de 2 de agosto de 2019, el Presidente de la Federación Médica Ecuatoriana manifestó que no existe inconveniente en continuar con el procedimiento de aprobación del proyecto de estatuto, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de la Federación Médica Ecuatoriana para el Ejercicio, Perfeccionamiento y Defensa Profesional que dispone que las sociedades de especialidad se regirán por estatutos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, que deberán contar con un informe favorable de la Federación Médica Ecuatoriana;

Que, de conformidad con el «Informe de cumplimiento de requisitos de las organizaciones sociales y ciudadanas» No. DNCL-GC-33-2019 de 21 de agosto de 2019 la Dirección Nacional de Consultaría Legal realizó la revisión y análisis del expediente que contiene el acta constitutiva, el proyecto de estatuto; y la declaración juramentada mediante la cual se acredita el patrimonio de la Sociedad, determinando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y,

En ejercicio de la atribución que le confiere el Acuerdo Ministerial No. 00005257 de 25 mayo de 2015, reformado con Acuerdo Ministerial No. 00005274 de 15 de julio de 2015

Acuerda:

Art. 1.- Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la Sociedad de Médicos Especialistas en Nutrición con domicilio en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay.

Art. 2.- La Sociedad de Médicos Especialistas en Nutrición deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017.

Disposición Final Única.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 02 de septiembre de 2019.

f.) Dr. Ronald Roberty Cedeño Vega, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General, al que me remito en caso necesario.- Lo certifico en Quito a, 05 de septiembre de 2019. – f.) Director(a) Nacional de Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

No. 00029-2019

EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD

Considerando:

Que, el Estado reconoce y garantiza a las personas, el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria, así como las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos, conforme lo prescrito en los artículos 66 y 96 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, los estatutos de las corporaciones y fundaciones deben ser sometidos a la aprobación del Presidente de la República, conforme lo prescrito en el artículo 565 de la Codificación del Código Civil;

Que, la máxima autoridad administrativa ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia, pudiendo delegar el ejercicio de sus competencias a otros órganos de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes, conforme lo previsto en los artículos 47 y 69 del Código Orgánico Administrativo COA;

Que, el Presidente de la República, con Decreto Ejecutivo No. 339, publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, delegó a cada Ministro de Estado la facultad para que de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe y reforme los estatutos de las organizaciones pertinentes y les otorgue personalidad jurídica;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017 se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales,

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 11

cuyo artículo 4 establece los tipos de organizaciones que se puede constituir: a saber fundaciones, corporaciones, u otras formas de organización social nacionales o extranjeras;

Que, el artículo 9 del Reglamento referido señala que son Corporaciones las entidades de naturaleza asociativa, conformadas por un número mínimo de cinco miembros, expresada mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario, que tiene como finalidad la promoción y búsqueda de bien común de sus miembros, el bien público en general o de una colectividad en particular; pudiendo ser de primer, segundo o tercer grado; además, en el artículo 12 del mismo Reglamento se establecen los requisitos y procedimiento para la concesión de la personalidad jurídica y aprobación del estatuto de la organización;

Que, conforme consta en el Acta Constitutiva de 26 de marzo de 2019, los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Alergia, Asma e Inmunología Capítulo Centro Sur Occidental SEAAI-Centro S.O en constitución, se reunieron con la finalidad de constituir la referida organización, así como para la aprobación del estatuto, cuyo ámbito de acción es el”…fomentar el desarrollo de la especialidad médica en Alergia, Asma e Inmunología, Capítulo Centro Sur Occidental…”;

Que, el Presidente Provisional de la Sociedad Ecuatoriana de Alergia, Asma e Inmunología Capítulo Centro Sur Occidental SEAAI-Centro S.Oen constitución, mediante comunicación de 27 de abril de 2019, ingresada en esta Cartera de Estado el 6 de mayo de 2019, solicitó la aprobación del estatuto y la concesión de personalidad jurídica de la referida organización, para lo cual remitió el Acta Constitutiva conjuntamente con el proyecto de estatuto y el documento que acredita el patrimonio de la organización;

Que, mediante oficio No. 00448-FME-EC-HR-19 de 2 de agosto de 2019, el Presidente de la Federación Médica Ecuatoriana manifestó que no existe inconveniente en continuar con el procedimiento de aprobación del proyecto de estatuto, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley de la Federación Médica Ecuatoriana para el Ejercicio, Perfeccionamiento y Defensa Profesional que dispone que las sociedades de especialidad se regirán por estatutos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, que deberán contar con un informe favorable de la Federación Médica Ecuatoriana;

Que, de conformidad con el «Informe de cumplimiento de requisitos de las organizaciones sociales y ciudadanas» No. DNCL-GC-32-2019 de 21 de agosto de 2019 la Dirección Nacional de Consultaría Legal realizó la revisión y análisis del expediente que contiene el acta constitutiva, el proyecto de estatuto; y la declaración juramentada mediante la cual se acredita el patrimonio de la Sociedad, determinando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y,

En ejercicio de la atribución que le confiere el Acuerdo Ministerial No. 00005257 de 25 mayo de 2015, reformado con Acuerdo Ministerial No. 00005274 de 15 de julio de 2015

Acuerda:

Art. 1.- Conceder personalidad jurídica y aprobar el estatuto de la Sociedad Ecuatoriana de Alergia, Asma e Inmunología Capítulo Centro Sur Occidental SEAAI-Centro S.O con domicilio en la ciudad de Máchala, provincia de El Oro.

Art. 2.- La Sociedad Ecuatoriana de Alergia, Asma e Inmunología Capítulo Centro Sur Occidental SEAAI-Centro S.O deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017.

Disposición Final Única.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 02 de septiembre de 2019.

f.) Dr. Ronald Roberty Cedeño Vega, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General, al que me remito en caso necesario.- Lo certifico en Quito a, 05 de septiembre de 2019.- f)Director(a) Nacional de Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

No. 072-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2019

Lcdo. Vicente Andrés Taiano González

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226, establece: «(…) las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en función de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución

(…)»;

12 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227, señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación

(…)»;

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las compras pública cumplirán con criterios de eficiencia, trasparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social (…)”;

Que, en el Registro Oficial Suplemento N° 395 de 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; estableciendo, que las normas y principios del Sistema de Contratación Pública se aplican a las instituciones de Derecho Público y Privado, estas últimas, siempre que tengan capital o participación pública;

Que, el artículo 6 numeral 16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: «Máxima autoridad.- Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. (…)»;

Que, el Título III de los Procedimientos, Capítulo I, Normas Comunes a todos los Procedimientos de Contratación Pública, Sección I, sobre la contratación para la ejecución de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios, artículo 22, sobre el Plan Anual de Contratación, señala:

«Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado.

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRAS PUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso.

El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley.”;

Que, el Título III de los Procedimientos, Capítulo I, Normas Comunes a todos los Procedimientos de Contratación Pública, Sección II, Plan Anual de Contratación (PAC), artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: «Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y

publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultorio que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley.

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal www. compraspublicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado.

Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el Portal www. compraspublicas.gov.ec.”;

Que, en el artículo 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto del contenido del PAC, señala:

«El Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente información:

1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;

2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultorio a contratarse;

3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y,
4. El cronograma de implementación del Plan.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de entidades contratantes que realicen actividades empresariales o de carácter estratégico, en coordinación con el SERCOP, establecerán el contenido del PAC que será publicado en el Portal, con la finalidad de que dicha información no afecte al sigilo comercial y de estrategia necesario para el cumplimiento de los fines y objetivos de dichas entidades.”;

Que, mediante Decreto del Congreso de la República del Ecuador, s/n, publicado en el Registro Oficial No. 1252 de 29 de octubre de 1900, se estableció desde el 1 de enero de 1901, en la República el Registro Civil;

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 13

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 13 de agosto de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 10 de fecha 24 de agosto de 2009, con su última reforma de 27 de noviembre de 2015 en su artículo 21 determina: «Adscríbase la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el que supervisará la inmediata reforma y modernización de esa entidad. El Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, será nombrado por el Ministro de Telecomunicaciones y podrá dictar la normativa interna de carácter general»;

Que, mediante Resolución No. 003-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2019, de 14 de enero del 2019, el ex Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Ing. Jorge Oswaldo Troya Fuertes, aprobó el Plan Anual de Contratación (PAC), para el ejercicio económico fiscal 2019;

Que, mediante Acuerdo Ministerial 001-2019 de fecha 18 de enero de 2019, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información nombró al Lcdo. Vicente Andrés Taiano González como Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, desde el 18 de enero de 2019;

Que, mediante Resolución No. 005-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2019, de 01 de febrero del 2019, el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Lcdo. Vicente Andrés Taiano González, aprobó la Primera Modificación al Plan Anual de Contratación (PAC), para el ejercicio económico fiscal 2019;

Que, mediante Resolución No. 006-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2019, de 12 de febrero del 2019, el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Lcdo. Vicente Andrés Taiano González, aprobó la Segunda Modificación al Plan Anual de Contratación (PAC), para el ejercicio económico fiscal 2019;

Que, mediante Resolución No. 020-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2019, de 26 de marzo del 2019, el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Lcdo. Vicente Andrés Taiano González, aprobó la Tercera Modificación al Plan Anual de Contratación (PAC), para el ejercicio económico fiscal 2019;

Que, mediante Resolución No. 026-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2019, de 08 de abril del 2019, el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Lcdo. Vicente Andrés Taiano González, aprobó la Cuarta Modificación al Plan Anual de Contratación (PAC), para el ejercicio económico fiscal 2019;

Que, mediante Resolución No. 035-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2019, de 02 de mayo del 2019, el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Lcdo. Vicente Andrés Taiano González, aprobó la Quinta Modificación al Plan Anual de Contratación (PAC), para el ejercicio económico fiscal 2019;

Que, mediante Resolución No. 047-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2019, de 03 de junio del 2019, el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Lcdo. Vicente Andrés Taiano González, aprobó la Sexta Modificación al Plan Anual de Contratación (PAC), para el ejercicio económico fiscal 2019;

Que, mediante Resolución No. 070-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2019, de 15 de agosto del 2019,el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Lcdo. Vicente Andrés Taiano González, aprobó la Séptima Modificación al Plan Anual de Contratación (PAC), para el ejercicio económico fiscal 2019;

Que, el 30 de agosto del 2019, mediante Acta Reforma al Plan Anual de Contrataciones PAC 2019, se establece: «En base a las necesidades de los líderes de las Direcciones Nacionales se presenta la necesidad de contratar bienes y servicios durante el tercer cuatrimestre del año 2019, mismos que garantizarán un servicio confiable y continuo a los usuarios de la DIGERCIC y de esta manera seguir aportando con el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la reprogramación de las actividades en base al presupuesto asignado.”;

Que, el 30 de agosto de 2019, mediante memorando N° DIGERCIC-CGPGE.PIN-2019-0466-M, el Director de Planificación e Inversión, Mgs. Lenin Lizano Santamaría, informó al Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que conforme al Acta de Reforma al PAC de 30 de agosto del 2019, la cual fue validada y firmada por cada líder de los procesos a ser ejecutados en el segundo y tercer cuatrimestre del año en curso, se gestione las acciones para la elaboración de la Resolución Reformatoria al Plan Anual de Contrataciones PAC-2019;y,

Que, el 30 de agosto del 2019, mediante sumilla inserta el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Lcdo. Vicente Andrés Taiano González, autoriza a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, proceder en virtud de la normativa legal vigente.

En uso de sus atribuciones y en lo determinado en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Dirección General:

Resuelve:

APROBAR LA OCTAVA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC 2019

Artículo 1.- Reformar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el ejercicio económico fiscal 2019 de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, conforme al siguiente detalle:

14 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

COMPRA

TIPO DE MODIFICACIÓN

PERÍODO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

SIN IVA

ÁREA REQUIRENTE

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

SERVICIO

SE CAMBIA EL

NOMBRE DEL

PROCESO:

«SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y

CORRECTIVO PARA

LOS 50 VEHÍCULOS

PERTENECIENTES A LA

DIRECCIÓN GENERAL

DE REGISTRO CIVIL,

IDENTIFICACIÓN Y

CEDULACIÓN»

POR:

«SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y

CORRECTIVO PARA

LOS VEHÍCULOS

PERTENECIENTES A LA

DIRECCIÓN GENERAL

DE REGISTRO CIVIL,

IDENTIFICACIÓN

Y CEDULACIÓN

UBICADOS EN LA

PROVINCIA DE

PICHINCHA»,

*SE MODIFICA EL

PRESUPUESTO DE:

$170.089,20

POR: $91.371,31

TERCERO

«SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y

CORRECTIVO

PÁRALOS

VEHÍCULOS

PERTENECIENTES

A LA DIRECCIÓN

GENERAL DE

REGISTRO CIVIL,

IDENTIFICACIÓN

Y CEDULACIÓN

UBICADOS EN LA

PROVINCIA DE

PICHINCHA»

$91.371,31

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ing Edison Fernando Hinojosa Guerra

Director Administrativo (E)

SERVICIO

PROCESO:

«REMODELACIÓN DEL

ÁREA DE PASAPORTES

Y MÓDULOS DE

ATENCIÓN DE

LA AGENCIA

GOBIERNO ZONAL DE

GUAYAQUIL»

*SE MODIFICA EL

CUATRIMESTRE DE:

SEGUNDO

POR: TERCERO

TERCERO

«REMODELACIÓN

DEL ÁREA DE

PASAPORTES Y

MÓDULOS DE

ATENCIÓN DE

LA AGENCIA

GOBIERNO ZONAL

DE GUAYAQUIL»

$110.709,86

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN E

INVERSIÓN

Ms. Lenin Eduardo Lizano Santamaría

Director de Planificación e Inversión

SERVICIO

PROCESO:

«REMODELACIÓN DEL ÁREA DE PASAPORTES – ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA REGISTRO CIVIL SAN BLAS DE

CUENCA»

*SE MODIFICA EL

CUATRIMESTRE DE:

SEGUNDO

POR: TERCERO

TERCERO

«REMODELACIÓN

DEL ÁREA DE

PASAPORTES –

ADMINISTRATIVA

DE LA AGENCIA

REGISTRO CIVIL

SAN BLAS DE

CUENCA»

$76.757,03

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN E

INVERSIÓN

Ms. Lenin Eduardo Lizano Santamaría

Director de Planificación e Inversión

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 15

SERVICIO

ELIMINAR PROCESO:

«ADQUISICIÓN E

IMPLEMENTACIÓN

DE EQUIPOS

DE SEGURIDAD

PERIMETRAL PARA LA

RED DE DATOS DE LA

DIGERCIC»

SE ELIMINA

DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

Y OPERACIONES

TIC

Ing. Adriana Gabriela

Pachucho Villa

Director de Infraestructura Operaciones TIC (S)

SERVICIO

ELIMINAR PROCESO:

«SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE ATRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS No. 3 DE LA DIGERCIC»

SE ELIMINA

DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

Y OPERACIONES

TIC

Ing. Adriana Gabriela Pichucho

Villa

Directora de Infraestructura

y Operaciones TIC (S)

SERVICIO

ELIMINAR PROCESO:

«CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA

LOS EQUIPOS DE

ALMACENAMIENTO

AMS2500 MARCA

HITACHI»

SE ELIMINA

DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

Y OPERACIONES

TIC

Ing. Adriana Gabriela Pichucho

Villa

Directora de Infraestructura

y Operaciones TIC (S)

INCLUIR PROCESO:

«RENOVACIÓN

DE LICENCIAS,

GARANTÍA TÉCNICA

Y SOPORTE TÉCNICO

PARA EL SISTEMA

DE SEGURIDAD

PERIMETRAL DE LA

DIGERCIC»

POR: $139.970,15

TERCERO

«RENOVACIÓN

DE LICENCIAS,

GARANTÍA TÉCNICA

Y SOPORTE TÉCNICO

PARA EL SISTEMA

DE SEGURIDAD

PERIMETRAL DE LA

DIGERCIC»

$139.970,15

DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

Y OPERACIONES

TIC

Ing. Adriana Gabriela Pichucho

Villa

Directora de Infraestructura y

Operaciones TIC (S)

PROCESO:

«ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN DE ANCHO DE BANDA PARA LA RED WAN E INTERNET DE LA

DIGERCIC»

* SE MODIFICA EL

PRESUPUESTO DE:

$169.335,00

POR:

$171.735,00

**SE MODIFICA EL

CUATRIMESTRE DE:

SEGUNDO

POR: TERCERO

TERCERO

«ADQUISICIÓN E

IMPLEMENTACIÓN

DE EQUIPOS PARA

ADMINISTRACIÓN

DE ANCHO DE

BANDA PARA LA RED

WAN E INTERNET DE

LA DIGERCIC»

$171.735,00

DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

Y OPERACIONES

TIC

Ing. Adriana Gabriela Pichucho Villa Directora de Infraestructura y Operaciones TIC (S)

16 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

SERVICIO

PROCESO:

«REPOTENCIACIÓN

Y MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA

DE EXTINCIÓN Y

DETECCIÓN DE

INCENDIOS EXISTENTE

DE LA AGENCIA MATRIZ DEL REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL»

SE MODIFICA EL

CUATRIMESTRE DE:

SEGUNDO

POR: TERCERO

TERCERO

«REPOTENCIACIÓN

Y MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA

DE EXTINCIÓN

Y DETECCIÓN

DE INCENDIOS

EXISTENTE DE LA

AGENCIA MATRIZ

DEL REGISTRO CIVIL

DE GUAYAQUIL»

$373.554,87

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Ing. Edison Fernando Hinojosa Guerra Director Administrativo (E)

Artículo 2.- Disponer a la Dirección Administrativa realizar la publicación inmediata de la Octava Reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC), en el portal de compras públicas, www.compraspublicas.gob.ec. correspondiente a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para el ejercicio económico fiscal 2019, de acuerdo a los lineamientos y formatos publicados por el ente regulador (Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP).

Artículo 3.- Disponer a las diferentes unidades administrativas de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, la cabal ejecución de las reformas al Plan Anual de Contrataciones (PAC 2019) aprobado mediante la presente Resolución.

Artículo 4.- Del seguimiento de la ejecución de esta Resolución encárguese a la Dirección Administrativa y la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, la misma que entrará en vigencia a partir de su

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Artículo 5.- Notifíquese, por intermedio de la Unidad de Gestión de Secretaría, a las áreas administrativas previstas en el artículo 4 de este Instrumento, a la Subdirección General y Coordinaciones Generales.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a los tres (03) días del mes de septiembre de 2019.

f.) Lcdo. Vicente Andrés Taiano González, Director General de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN- Certifico que es fiel copia del original.-f.) Ilegible, Coordinadora de la Unidad de Secretaría.- 06 de septiembre de 2019.

Nro. ICCA-DE-11-2018

EL DIRECTOR EJECUTIVO SUBROGANTE DEL INSTITUTO DE CINE Y CREACIÓN AUDIOVISUAL

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, señala que «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 233 del citado cuerpo constitucional determina: » Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 17

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos…»;

Que, el artículo 377 de la precitada norma dispone que: «El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivarla libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales»;

Que, el numeral 1 del artículo 380 de la Constitución de la República, establece que es responsabilidad del Estado: «(…)l. Velar mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.”;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo prevé que la función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo contempla que los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: «1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. (…) La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia.”;

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Cultura determina «Las entidades, organismos e instituciones del Sistema Nacional de Cultura ejecutarán políticas que promuevan la creación, la actividad artística y cultural, las expresio­nes de la cultura popular, la formación, la investigación, el fomento y el fortalecimiento de las expresiones culturales; el reconocimiento, mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio cultural y la memoria social y la producción y desarrollo de industrias culturales y creativas»;

Que, el artículo 132 de la Ley Orgánica de Cultura determina que el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, es la entidad pública encargada del desarrollo del cine y la creación audiovisual, con personería jurídica propia y competencia nacional, adscrita al ente rector de la Cultura y el Patrimonio, con capacidad de gestión financiera y administrativa;

Que, el artículo 137 de la norma en referencia indica: «El Instituto de Cine y Creación Audiovisual estará representado legal, judicial y extrajudicialmente por su Director Ejecutivo, quien será designado para un período de cuatro años por el Directorio, de entre los aspirantes mejor puntuados de la convocatoria pública, de conformidad con el Reglamento respectivo.

Que, la Ley Orgánica de Cultura, publicada en el Registro Oficial 913 Sexto Suplemento del 30 de diciembre del 2016, es el cuerpo normativo que define las competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, los fundamentos de la política pública orientada a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad; así como ordenar la institucionalidad encargada del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura;

Que, el artículo 23 de la Ley de Cultura establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales”;

Que, el artículo 9 y artículo 77 numeral 1) literal a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone como responsabilidad de la máxima autoridad de cada organismo del sector público, el establecimiento de políticas, métodos y procedimientos de control interno para salvaguardar sus recursos;

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ordena: «Se tendrán en cuenta las normas sobre funciones incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con cheque o mediante la red bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; y, el reglamento orgánico funcional que será publicado en el Registro Oficial.»;

Que, el artículo 63 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece como obligaciones de las entidades del sector público: «(…) 7. Nombrar autorizadores de gasto y pago institucionales”;

Que, el artículo 16 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado prevé: «El manual de procesos y procedimiento que emitirán las entidades establecerá las funciones incompatibles, la distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago, los procedimientos y los procesos administrativos, financieros, operativos y ambientales, para reducir el grado de error y la posibilidad de fraude a niveles mínimos, el pago con cheques o por la red bancaria, el depósito intacto e inmediato de lo recaudado y el otorgamiento de recibos. Cada entidad emitirá, codificará y actualizará su reglamento orgánico funcional, que será publicado en el Registro Oficial.”;

Que, la Norma de Control Interno No.200-05 publicada en el Registro Oficial Suplemento 87 de 14 de diciembre de 2009 expedida por la Contraloría General del Estado respecto a la Delegación de autoridad, dispone: «La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad

18 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

y el establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios.»;

Que, la letra e), numeral 1.4.2, artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto de Cine y Creación Audiovisual asigna entre las atribuciones y responsabilidades del Director Administrativo Financiero: «(…) e) Autorizar los gastos establecidos en el presupuesto y ordenar pagos con la autorización previa expresa de la autoridad competente”;

Que, mediante Acción de Personal Nro. ICCA-00004- 2018 del 19 de marzo del 2018, el Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, designa al Señor Jan Vandierendonck, como Director Ejecutivo del Instituto de Cine y Creación Audiovisual;

Que, mediante Acción de Personal Nro. ICCA-00028-

2019 del 19 de agosto del 2019, se dispone al Lic. Mario Bolívar Vera Loor, la subrogación del cargo de Director Ejecutivo del Instituto de Cine y Creación Audiovisual;

Que, mediante memorando Nro. ICCA-DE-2019-0193-M de 21 de agosto del 2019, el Director Ejecutivo Subrogante dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica el análisis y revisión de la Resolución Nro. ICCA-DE-11-2018 de fecha 13 de abril del 2018, a fin de que la misma cumpla con los parámetros legales y reglamentarios y, de ser el caso, proponga una reforma a la misma; y,

En ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento,

Resuelve:

EXPEDIR EL REGLAMENTO QUE NORMA LA

AUTORIZACIÓN DE GASTOS Y AUTORIZACIÓN

DE PAGOS DEL INSTITUTO DE CINE Y

CREACIÓN AUDIOVISUAL (CODIFICADO)

CAPITULO I

OBJETO, ÁMBITO Y DEFINICIONES

Artículo 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la autorización de gastos y pagos con cargo a los recursos públicos asignados al Instituto de Cine y Creación Audiovisual.

Artículo 2.- Ámbito.- Se sujetan al presente reglamento todos los servidores/as, obreros/as públicos del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, particularmente los designados como autorizadores de pago y autorizadores de gasto.

Artículo 3.- Definiciones.- Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se estará a las siguientes definiciones:

3.1. Autorizador de Gasto: Son autorizadores u ordenadores de gasto, las autoridades competentes del

Instituto de Cine y Creación Audiovisual que, mediante acto administrativo o de simple administración expresa y válida, y según los niveles previstos en este Reglamento, decidan la realización de gastos con recursos asignados al Instituto de Cine y Creación Audiovisual.

1. Autorizador de pago: Es autorizador u ordenador de pago, el funcionario competente del Instituto de Cine y Creación Audiovisual que, mediante acto administrativo o de simple administración, y con base en la documentación de respaldo recibida por el ordenador de gasto, autoriza el pago conforme a la normas legales vigentes.
2. Egresos: Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización, presupuestaria y estadística, de conformidad con el artículo 79 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

3.4. Egresos No Permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Instituto de Cine y Creación Audiovisual efectúe con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requieren repetición permanente.

1. Egresos Permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Instituto de Cine y Creación Audiovisual efectúe con carácter operativo que requieren repetición permanente.
2. Gastos de Contrataciones: Se refieren a contrataciones que se realizan en función de planes operativos y del Plan Anual de Contratación, sobre adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría.

1. Gastos de Personal: Son aquellos que se refieren a las erogaciones a favor del personal de la Institución, sea este a nombramiento, contrato o sujetos al Código del Trabajo, incluidas las remuneraciones y todos los ingresos complementarios contemplados en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General.
2. Gastos de Transferencias: Corresponde a todo egreso de recursos públicos a favor de personas naturales e instituciones públicas y entidades privadas, nacionales o extranjeras, u organismos bilaterales o multilaterales, que correspondan a obligaciones, con contraprestación de servicio o sin ella, producto de disposiciones legales directas, o por contribuciones o pagos establecidos en contratos, acuerdos o convenios.
3. Recursos públicos: Conforme lo previsto en el artículo 76 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 19

cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales.

CAPITULO II AUTORIZADORES DE GASTO

Artículo 4.- Competencia para autorizar gastos.- Tienen competencia para autorizar gastos, las siguientes autoridades:

4.1. Coordinador/a General Técnica: Tiene competencia para autorizar el gasto de:

1. Todas las contrataciones que celebre el Instituto de Cine y Creación Audiovisual para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras, provisión de bienes y prestación de servicios normalizados o no normalizados, incluidos los de consultoría, dentro y fuera del país, cuyo valor sea igual o menor al monto de multiplicar el factor 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado.
2. Viáticos, movilizaciones y subsistencias al exterior y viáticos y movilización al interior que los Directores/ ras bajo su cargo requieran para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a los montos establecidos en el Reglamento de viáticos y movilización al interior y Reglamento de Viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior expedido por el Ministerio de Trabajo. También será responsable de la aprobación de las solicitudes e informes que por las comisiones de servicio otorgadas en el interior y en el exterior deban presentar los funcionarios.
3. Gastos de transferencias, según la definición establecida en el artículo 2 de este Reglamento, cuyo valor sea igual o menor al monto de multiplicar el factor 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado.

4.2. Director/a Administrativo/a Financiero/a: Tiene competencia para autorizar el gasto de:

1. Todas las contrataciones de ínfima cuantía para la provisión de bienes y prestación de servicios del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, cuyo valor sea igual o menor al monto de multiplicar el factor 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado.
2. Pago de servicios básicos necesarios en las actividades administrativas de la institución, como energía eléctrica, agua potable, telefonía fija, telefonía celular, servicio de correo, fletes, combustible y lubricantes, internet, internet móvil, mantenimiento, y otros servicios de carácter administrativo, cuyo valor sea igual o menor al monto de multiplicar el factor 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado
3. Gastos de Personal, según la definición establecida en el artículo 2 de este Reglamento sea este a nombramiento, contrato o sujetos al Código del Trabajo.

d) Viáticos, movilizaciones y subsistencias al exterior y viáticos y movilización al interior que el personal bajo su cargo requiera para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a los montos establecidos en el Reglamento de viáticos y movilización al interior y Reglamento de Viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior expedido por el Ministerio de Trabajo. También será responsable de la aprobación de las solicitudes e informes que por las comisiones de servicio otorgadas en el interior y en el exterior deban presentar los funcionarios

4.3. Directores de Área: Tienen competencia para autorizar el gasto de:

a) Viáticos, movilizaciones y subsistencias al exterior y viáticos y movilización al interior que el personal bajo su cargo requiera para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a los montos establecidos en el Reglamento de viáticos y movilización al interior y Reglamento de Viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior expedido por el Ministerio de Trabajo. También será responsable de la aprobación de las solicitudes e informes que por las comisiones de servicio otorgadas en el interior y en el exterior deban presentar los funcionarios

4.4. Directores de Planificación y Gestión Estratégica y de Asesoría Jurídica: Tienen competencia para autorizar el gasto de:

a) Todas las contrataciones que celebre el Instituto de Cine y Creación Audiovisual para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras, provisión de bienes y prestación de servicios normalizados o no normalizados, incluidos los de consultoría, dentro y fuera del país, cuyo valor sea igual o menor al monto de multiplicar el factor 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado y que tengan relación exclusivamente con su área de trabajo y que no sean competencia de la Coordinación General Técnica y Dirección Administrativa Financiera.

CAPITULO III

AUTORIZADORES Y EJECUTOR DE PAGO

Artículo 5.- Del autorizador de pago.- El autorizador u ordenador de pago será el Director Administrativo Financiero o el funcionario que hiciere sus veces. Actuará como ordenador de pago en los siguientes casos:

1. Para todo tipo de contratación que tenga relación con la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras, provisión de bienes y prestación de servicios normalizados y no normalizados, incluidos los de consultoría, dentro y fuera del país.
2. Remuneraciones, anticipos, bonificaciones, aportes al IESS, fondos de reserva, fondos de cesantía, retenciones a la fuente, aportes de organismos nacionales e internacionales, liquidaciones, indemnizaciones, jubilaciones y otros aportes legales relacionados con el personal de la institución sean de nombramiento, servicios ocasionales o sujetos al Código del Trajo.

20 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

3. ago de viáticos, movilizaciones y subsistencias de los funcionarios, servidores, trabajadores y obreros del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, en el interior y exterior del país.
4. Pago de servicios de luz, agua, telefonía fija y celular, internet, internet móvil y otros servicios básicos.

Artículo 6.- Responsabilidades.- Los autorizadores de Gasto y autorizadores de Pago especificados en el presente Reglamento, actuarán con eficacia, eficiencia y calidad, debiendo observar estrictamente las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas vigentes, caso contrario, responderán por sus acciones u omisiones de conformidad con la Ley.

Artículo 7.- Prohibición de delegación.- Los autorizadores de Gasto y autorizadores de Pago no podrán delegar las funciones especificadas en el presente Reglamento.

Artículo 8.- Ejecutor de Pago.- El Tesorero/a y el Contador/a realizarán, cada uno dentro de su ámbito de competencia, toda retención, débito o desembolso con respecto a los impuestos y retenciones que como sujeto pasivo le corresponda al Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ante el Servicio de Rentas Internas.

Artículo 9.- Control.-Compete a la Dirección Administrativa Financiera del ICCA, a través de las Unidades de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, el control, registro y ejecución de los pagos y obligaciones legalmente establecidas.

CAPITULO IV CONTROL PREVIO

Artículo 10.- Control Previo a la Autorización de un Gasto.- Como parte del control previo a la autorización de un gasto, las autoridades designadas en este reglamento verificarán previamente que:

1. El gasto esté directamente relacionado con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en el Plan Operativo Anual y presupuesto institucional.
2. El gasto reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarlo a cabo, que no existan restricciones legales sobre el mismo.
3. Exista la certificación presupuestaria para precautelar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Artículo 11.- Control Previo a la Autorización para la Ejecución de un Pago.- Las autoridades designadas para autorizar un pago, previamente observarán las siguientes disposiciones:

1. Todo pago estará debidamente justificado y comprobado con los documentos originales o legalmente certificados.

2. Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA- Las delegaciones que anteceden incluyen la facultad de suscribir todos los actos de simple administración, actos administrativos y órdenes de compra que sean necesarios para la ejecución de las respectivas actividades institucionales, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

SEGUNDA- Todas las actividades de la Máxima Autoridad no delegadas en el presente reglamento, permanecen reservadas exclusivamente para él mismo.

TERCERA- Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal por infracciones al ordenamiento jurídico, el servidor delegado responderá de sus actuaciones ante la autoridad delegante.

CUARTA.- Todo aquello que se encuentre regulado en el presente reglamento deberá cumplir las disposiciones generales del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General y demás disposiciones aplicables.

QUINTA.- Los funcionarios delegados en el presente Reglamento como ordenadores de gasto, deberán llevar a cabo un control suficiente de los procedimientos bajo su responsabilidad, y en aquellos casos que existan indicios de haberse ejecutado sin cumplir las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Resoluciones del SERCOP, y en la presente resolución, deberán informarlo oportunamente al Director Ejecutivo.

SEXTA- El funcionario que legalmente subrogue un cargo, en ausencia de su titular, ejercerá todas las atribuciones, facultades y obligaciones que el cargo conlleva, inclusive la de ordenar gastos y pagos, conforme las facultades de su titular.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de abril de 2018.

Nota: La presente codificación contiene el Reglamento que Norma la Autorización de Gastos y Autorización de Pagos del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, expedido mediante Resolución Nro. ICCA-DE-11-2018 de 13 de abril de 2018; y, reformado mediante Resolución Nro. ICCA-DE-2019-0008-R de 27 de agosto de 2019.

f.) Lic. Mario Vera Loor, Director Ejecutivo (S), Instituto de Cine y Creación Audiovisual.

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 21

Certificamos que el presente documento es copia fiel y exacto a su original mismo que reposa en los archivos de esta Dirección.- En Quito a los 02 días del mes 09 de 2019.- Visto Bueno.- Fedatario, Dirección Asesoría Jurídica, Instituto de Cine y Creación Audiovisual.

No. 136-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.”;

Que el artículo 181 numerales 1 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que el artículo 186 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «(…) En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social existirá, al menos, un juzgado de garantías penitenciarias.»;

Que el artículo 203 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: «(…) Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones»;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: «(…) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios;(…)»;

Que el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «Competencia de las juezas y jueces de garantías penitenciarias.- En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social habrá, al menos, una o un juez de garantías penitenciarias. / Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria (…)»;

Que el artículo 264 numeral 8 literales a) y b) del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales,

tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente. b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel…”;

Que el artículo 666 del Código Orgánico Integral Penal, establece: «Competencia.-En las localidades donde exista un centro de privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias. /La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá al Organismo Técnico encargado del Sistema de Rehabilitación Social, bajo el control y supervisión de las o los jueces de garantías penitenciarias.»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de enero de 2014, mediante Resolución 018-2014, publicada en el Registro Oficial No. 189, de 21 de febrero de 2014, reformada por la Resolución 032-2014, de 20 de febrero de 2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 206, de 18 de marzo de 2014, resolvió: «Ampliar la competencia en razón de la materia de las juezas y jueces de Garantías Penales de primer nivel (…), para que conozcan y resuelvan los asuntos relacionados con la materia de garantías penitenciarias conforme las disposiciones contenidas en el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial»:

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 26 de agosto de 2013, mediante Resolución 104-2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 86 de 23 de septiembre de 2013, resolvió: «CREAR LAS UNIDADES JUDICIALES: PENAL Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA PRO VINCIA DE GUAYAS CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL; Y, TRASLADAR LA UNIDAD DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL»,

Que mediante Memorando circular CJ-DNDMCSJ-2019-0073-MC, de 14 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el: «INFORME TÉCNICO – JURÍDICO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS»;

Que mediante Memorando CJ-DNGP-2019-4065-M, de 16 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el «INFORME DE REASIGNACIÓN RESPECTO DE LA CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE GARANTÍAS PENITENCIARÍAS»;

Que mediante Memorando No. CJ-DNJ-2019-0991-M, de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, remitió a la Dirección Nacional de Planificación, el proyecto de resolución para: «CREAR LA

22 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS»;

Que mediante Memorando CJ-DNP-2019-1751-M, de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Planificación, remite a la Dirección General, el informe técnico DNP-SSIG-IT-2019-027, en el que: «(…) considera pertinente la aplicación de la propuesta realizada por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica en el «INFORME TÉCNICO – JURÍDICO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS», mismo que contempla la optimización de equipos jurisdiccionales existentes de las: Unidad Judicial Norte Penal con sede en el cantón Guayaquil (…) y de la Unidad Judicial Sur Penal con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas (sic)».;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2019-5284-M, de 30 de agosto de 2019, suscrito por el Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-2019-1077-MC, de 30 de agosto de 2019, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el: «Alcance al memorando CJ-DNJ-2019-0991-M, para «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS»; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

Resuelve:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA

DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL

GUAYAS; Y, REFORMAR LA RESOLUCIÓN 104-

2013

Artículo 1.- Creación.- Crear la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

Artículo 2.- Competencia territorial.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, serán competentes en razón del territorio para el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

Artículo 3.- Competencia en razón de la materia. –

Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, serán competentes para conocer y resolver las siguientes materias:

1. Garantías Penitenciarias, conforme lo determina el artículo 230 del Código Orgánico de la Función

Judicial, así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal; y,

2. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III del Capítulo III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, dotará de la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

SEGUNDA- Los servidores judiciales cumplirán su jornada laboral establecida en la ley; no obstante, en días y horas no laborales, ejercerán su función cuando el servicio lo requiera sujetándose a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- De conformidad a la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal, los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas privativas de libertad y de garantías penitenciarias que han sido conocidos y sustanciados antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, continuarán su trámite conforme al Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio hasta su conclusión.

SEGUNDA- Las causas que en materia de garantías penitenciarias venían conociendo los jueces que integran las Unidades Judiciales Penales con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, continuarán siendo conocidas por estos mismos jueces, hasta que la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal, dentro del ámbito de sus competencias y sobre la base del informe respectivo, ejecuten en el plazo máximo de treinta (30) días la reasignación de causas a las judicaturas que correspondan.

TERCERA- La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal y; con la Dirección Nacional de Talento Humano, implementará el sistema SATJE, a fin de habilitar las nuevas competencias a la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha de aprobación de la presente Resolución.

CUARTA.- Los jueces que integren la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, continuarán sustanciando las causas que, en materia de garantías penitenciarias, venían conociendo en las Unidades Judiciales Penales con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 23

Las causas que en materia penal venían conociendo los jueces que integren la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, serán reasignadas entre los jueces que integran las Unidades Judiciales Penales con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución.

Se exceptúan las causas que, con anterioridad a la vigencia de la presente resolución, se encuentren con convocatorias a audiencias, en cuyo caso éstas deberán realizarse dentro del plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la puesta en funcionamiento de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias, con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, luego de lo cual se procederá con la reasignación referida anteriormente.

A partir de la vigencia de la presente resolución no se asignarán más causas de garantías penitenciarias a los jueces de las unidades de garantías penales.

QUINTA.- La Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, informará a la ciudadanía, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y demás órganos vinculados con el sector de la justicia sobre la creación de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.

SEXTA.- La Escuela de la Función Judicial capacitará a los servidores de la nueva Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, al inicio de sus funciones.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA

ÚNICA- En la Resolución 104-2013, de 26 de agosto de 2013, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 86, de 23 de septiembre de 2013, elimínense: el numeral 2 del artículo 3, el numeral 2 del artículo 9 y el numeral 2 del artículo 15.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA- La ejecución de la presente resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, Dirección Nacional de Planificación, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’S, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional de Comunicación Social, la Escuela de la Función Judicial y la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, a los tres días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.

f.) Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Jorge Aurelio Moreno Yanes, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Juan José Morillo Velasco, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dra. Ruth Maribel Barreno Velin, Vocal del Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó por unanimidad, esta resolución el tres de septiembre de dos mil diecinueve.

f.) Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán, Secretaria General.

No. 137-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial»;

Que el artículo 181 numerales 1 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial»;

Que el artículo 186 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «(…) En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social existirá, al menos, un juzgado de garantías penitenciarias»;

Que el artículo 203 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: «(…) Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones»;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: «(…) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios;(…)»;

Que el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «Competencia de las juezas y jueces

24 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

de garantías penitenciarias.- En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social habrá, al menos, una o un juez de garantías penitenciarias. / Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria (…).»‘,

Que el artículo 264 numeral 8 literales a) y b) del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente. b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel (…)”;

Que el artículo 666 del Código Orgánico Integral Penal, establece: «Competencia.-En las localidades donde exista un centro de privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias. /La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá al Organismo Técnico encargado del Sistema de Rehabilitación Social, bajo el control y supervisión de las o los jueces de garantías penitenciarias.»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de enero de 2014, mediante Resolución 018-2014, publicada en el Registro Oficial No. 189, de 21 de febrero de 2014, reformada por la Resolución 032-2014, de 20 de febrero de 2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 206, de 18 de marzo de 2014, resolvió: «Ampliar la competencia en razón de la materia de las juezas y jueces de Garantías Penales de primer nivel (…), para que conozcan y resuelvan los asuntos relacionados con la materia de garantías penitenciarias conforme las disposiciones contenidas en el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial»;

Que mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2019-0069-MC, de 14 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el: «INFORME TÉCNICO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI”;

Que mediante Memorando CJ-DNGP-2019-4065-M, de 16 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el: «INFORME DE REASIGNACIÓN RESPECTO DE LA CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE GARANTÍAS PENITENCIARÍAS»;

Que mediante Memorando CJ-DNJ-2019-0987-M, de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, remitió a la Dirección Nacional de Planificación, el proyecto de resolución para: «CREAR LA

UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI»;

Que mediante Memorando CJ-DNP-2019-1750-M, de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura, remite a la Dirección General, el informe DNP-SSIG-IT-2019-026, en el que: «(…) considera pertinente la aplicación de la propuesta realizada por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica en el «INFORME TÉCNICO – JURÍDICO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXL’, ya que contempla la optimización de equipos jurisdiccionales existentes de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga”.;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2019-5291-M, de 30 de agosto de 2019, suscrito por el Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-2019-1078-M, de 30 de agosto de 2019, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el alcance al proyecto de resolución y al informe técnico, para: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI»; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

Resuelve:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA

DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE

EN EL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE

COTOPAXI

Artículo 1.- Creación.- Crear la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi.

Artículo 2.- Competencia territorial.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, serán competentes en razón del territorio para el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi.

Artículo 3.- Competencia en razón de la materia.– Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, serán competentes para conocer y resolver las siguientes materias:

1. Garantías Penitenciarias, conforme lo determina el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal; y,

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 25

2. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III del Capítulo III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección Provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, dotará de la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi.

SEGUNDA.- Los servidores judiciales cumplirán su jornada laboral establecida en la ley; no obstante, en días y horas no laborales, ejercerán su función cuando el servicio lo requiera sujetándose a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- De conformidad a la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal, los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas privativas de libertad y de garantías penitenciarias que han sido conocidos y sustanciados antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, continuarán su trámite conforme al Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio hasta su conclusión.

SEGUNDA.- Las causas que en materia de garantías penitenciarias venían conociendo los jueces que integran las Unidades Judiciales Penales con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, continuarán siendo conocidas por estos mismos jueces hasta que la Dirección Provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal, dentro del ámbito de sus competencias y sobre la base del informe respectivo, ejecute en el plazo máximo de treinta (30) días la reasignación de causas a las judicaturas que correspondan.

TERCERA.- La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal y con la Dirección Nacional de Talento Humano, implementará el sistema SATJE, a fin de habilitar las nuevas competencias a la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en el plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución.

CUARTA- Los jueces que integren la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, continuarán sustanciando las causas que, en materia de garantías penitenciarias, venían conociendo en las unidades judiciales penales con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi.

Las causas que en materia penal venían conociendo los jueces que integren la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, serán reasignadas entre los jueces que integran las unidades judiciales penales con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en el plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.

Se exceptúan las causas que, con anterioridad a la vigencia de la presente resolución, se encuentren con convocatorias a audiencias, en cuyo caso estas deberán realizarse dentro del plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la puesta en funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, luego de lo cual se procederá con la reasignación referida anteriormente.

A partir de la vigencia de la presente resolución no se asignarán más causas de garantías penitenciarias a los jueces de las unidades de garantías penales.

QUINTA.- La Dirección Provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, informará a la ciudadanía, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y demás órganos vinculados con el sector de la justicia sobre la creación de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en el plazo máximo de quince (15) días contado s a partir de la aprobación de la presente resolución.

SEXTA.- La Escuela de la Función Judicial capacitará a los servidores de la nueva Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, con sede en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, al inicio de sus funciones.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La ejecución de la presente resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, Dirección Nacional de Planificación, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’S, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional de Comunicación Social, la Escuela de la Función Judicial; y la Dirección Provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, a los tres días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.

f) Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Jorge Aurelio Moreno Yanes, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro, Vocal del Consejo de la Judicatura.

26 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

f.) Dr. Juan José Morillo Velasco, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dra. Ruth Maribel Barreno Velin, Vocal del Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó por unanimidad, esta resolución el tres de septiembre de dos mil diecinueve.

f.) Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán, Secretaria General.

No. 138-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.”;

Que artículo 181 numerales 1 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que el artículo 186 de la Constitución de la república del Ecuador, establece: «(…) En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social existirá, al menos, un juzgado de garantías penitenciarias.”;

Que el artículo 203 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: «(…) Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones.”;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: «(…) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios (…) «

Que el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «Competencia de las juezas y jueces de garantías penitenciarias.- En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social habrá, al menos, una o un juez de garantías penitenciarias. / Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria (…)”;

Que el artículo 264 numeral 8 literales a) y b) del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente. b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel (…)”;

Que el artículo 666 del Código Orgánico Integral Penal, establece: «Competencia.-En las localidades donde exista un centro de privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias. /La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá al Organismo Técnico encargado del Sistema de Rehabilitación Social, bajo el control y supervisión de las o los jueces de garantías penitenciarías.”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de enero de 2014, mediante Resolución 018-2014, publicada en el Registro Oficial No. 189, de 21 de febrero de 2014, reformada por la Resolución 032-2014, de 20 de febrero de 2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 206, de 18 de marzo de 2014, resolvió: «Ampliar la competencia en razón de la materia de las juezas y jueces de Garantías Penales de primer nivel (…), para que conozcan y resuelvan los asuntos relacionados con la materia de garantías penitenciarias conforme las disposiciones contenidas en el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 11 de septiembre de 2014, mediante Resolución 176-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 353, de 14 de octubre de 2014, resolvió: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DE AZUAY»;

Que mediante Memorando circular CJ-DNDMCSJ-2019-0067-MC, de 14 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el «INFORME TÉCNICO CREACIÓN DE UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS Y CON COMPETENCIA EN MATERIA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS – CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DE AZUAY»;

Que mediante Memorando CJ-DNGP-2019-4065-M, de 16 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el «INFORME DE REASIGNACIÓN RESPECTO DE LA CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS»;

Que mediante Memorando CJ-DNJ-2019-0986-M, de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, remitió a la Dirección Nacional de

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 27

Planificación, el proyecto de resolución para «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEAZUAY»;

Que mediante Memorando CJ-DNP-2019-1749-M, de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Planificación, remite el informe DNP-SSIG-IT-2019-024, de 19 de agosto de 2019, en el que:”…considera pertinente la aplicación de la propuesta realizada por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica en el «INFORME TÉCNICO CREACIÓN DE UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS Y CON COMPETENCIA EN MATERIA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS – CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DE AZUAY», mismo que contempla la optimización de equipos jurisdiccionales existentes de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca (sic)”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2019-5285-M, de 30 de agosto de 2019, suscrito por el Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-2019-1075-M, de 30 de agosto de 2019, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el alcance del informe técnico y el proyecto de resolución, para: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DE AZUAY»; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE

EN EL CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL

AZUAY; Y, REFORMAR LA RESOLUCIÓN 176-

2014

Artículo 1.- Creación.- Crear la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Artículo 2.- Competencia territorial.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, serán competentes en razón del territorio para el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Artículo 3.- Competencia en razón de la materia.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, serán competentes para conocer y resolver las siguientes materias:

1. Garantías Penitenciarias, conforme lo determina el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal; y,

2. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III del Capítulo III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección Provincial del Azuay del Consejo de la Judicatura, dotará de la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

SEGUNDA- Los servidores judiciales cumplirán su jornada laboral establecida en la ley; no obstante, en días y horas no laborales, ejercerán su función cuando el servicio lo requiera sujetándose a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial del Azuay del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- De conformidad a la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal, los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas privativas de libertad y de garantías penitenciarias que han sido conocidas y sustanciadas antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, continuarán su trámite conforme al Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio hasta su conclusión.

SEGUNDA- Las causas que en materia de garantías penitenciarias venían conociendo los jueces y juezas que integran la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, continuarán siendo conocidas por esos mismos jueces hasta que la Dirección Provincial del Azuay del Consejo de la Judicatura ,en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal, dentro del ámbito de sus competencias y sobre la base del informe respectivo, ejecute en el plazo máximo de treinta (30) días la reasignación de estas causas a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

TERCERA- La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal y con la Dirección Nacional de Talento Humano, implementará el sistema SATJE, a fin de habilitar las nuevas competencias a la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha de aprobación de la presente Resolución.

CUARTA.- El juez que integre la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, continuará sustanciando las causas que, en materia de garantías penitenciarias, venía conociendo en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

28 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

Las causas que en materia penal venía conociendo el juez que integre la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, serán reasignadas entre los jueces y juezas que integran las Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución.

Se exceptúan las causas que, con anterioridad a la vigencia de la presente resolución, se encuentren con convocatorias a audiencias, en cuyo caso éstas deberán realizarse dentro del plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la puesta en funcionamiento de la unidad judicial de garantías penitenciarias, luego de lo cual se procederá con la reasignación referida anteriormente.

A partir de la vigencia de la presente resolución no se asignarán más causas de garantías penitenciarias a los jueces de las unidades de garantías penales.

QUINTA.- La Dirección Provincial del Azuay del Consejo de la Judicatura, informará a la ciudadanía, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y demás órganos vinculados con el sector de la justicia sobre la creación de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.

SEXTA.- La Escuela de la Función Judicial, capacitará a los servidores de la nueva Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, al inicio de sus funciones.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA

ÚNICA-En la Resolución 176-2014, de 11 de septiembre de 2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 353, de 14 de octubre de 2014, elimínese el numeral 4 del artículo 3.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; Dirección Nacional de Planificación; Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’S; Dirección Nacional de Talento Humano; Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; Dirección Nacional de Gestión Procesal; Dirección Nacional Administrativa; Dirección Nacional de Comunicación Social, la Escuela de la Función Judicial; y, la Dirección Provincial del Azuay del Consejo de la Judicatura.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Conejo de la Judicatura, a los tres días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.

f.) Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Jorge Aurelio Moreno Yanes, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f) Dr. Juan José Morillo Velasco, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f) Dra. Ruth Maribel Barreno Velin, Vocal del Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó por unanimidad, esta resolución el tres de septiembre de dos mil diecinueve.

f) Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán, Secretaria General.

No. 139-2019

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.”;

Que artículo 181 numerales 1 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que el artículo 186 de la Constitución de la república del Ecuador, establece: «(…) En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social existirá, al menos, un juzgado de garantías penitenciarias.”;

Que el artículo 203 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: «(…) Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones.”;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: «(…) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios

(…)»;

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 29

Que el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «Competencia de las juezas y jueces de garantías penitenciarias.- En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social habrá, al menos, una o un juez de garantías penitenciarias. / Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria (…)”;

Que el artículo 264 numeral 8 literales a) y b) del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente. b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel (…)”;

Que el artículo 666 del Código Orgánico Integral Penal, establece: «Competencia.-En las localidades donde exista un centro de privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias. /La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá al Organismo Técnico encargado del Sistema de Rehabilitación Social, bajo el control y supervisión de las o los jueces de garantías penitenciarías.”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de enero de 2014, mediante Resolución 018-2014, publicada en el Registro Oficial No. 189, de 21 de febrero de 2014, reformada por la Resolución 032-2014, de 20 de febrero de 2014, publicada en el Suplemento del registro Oficial No. 206, de 18 de marzo de 2014, resolvió: «Ampliar la competencia en razón de la materia de las juezas y jueces de Garantías Penales de primer nivel (…), para que conozcan y resuelvan los asuntos relacionados con la materia de garantías penitenciarias conforme las disposiciones contenidas en el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 22 de noviembre de 2013, mediante Resolución 191-2013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 182, de 14 de febrero de 2014, resolvió: «Crear la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí»; y, mediante Resolución 119-2016, de 18 de julio de 2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 813, de 5 de agosto de 2016, se resolvió: «REFORMAR LAS RESOLUCIONES: 261-2015; 191-2013; 234-2014; Y190-2013»;

Que mediante Memorando circular CJ-DNDMCSJ-2019-0068-MC, de 14 de agosto de 2019, y su alcance CJ-DNDMCSJ-2019-0074-MC, de 16 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el: «INFORME TÉCNICO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL

ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ»;

Que mediante Memorando CJ-DNGP-2019-4065-M, de 16 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el: «INFORME DE REASIGNACIÓN RESPECTO DE LA CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS”;

Que mediante Memorando CJ-DNJ-2019-0985-M, de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, remitió a la Dirección Nacional de Planificación, el proyecto de resolución para: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ»;

Que mediante Memorando CJ-DNP-2019-1748-M, de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Planificación, remite a la Dirección General, el informe DNP-SSIG-IT-2019-025, de 19 de agosto de 2019, en el que:”… considera pertinente la aplicación de la propuesta realizada por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica en el ‘INFORME TÉCNICO CREACIÓN DE UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADAS Y CON COMPETENCIA EN MATERIA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS-CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ’, mismo que contempla la optimización de equipos jurisdiccionales existentes de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Portoviejo. La mencionada propuesta no tendrá afectación en traslados ni adecuaciones adicionales en infraestructura y movimiento de personal, puesto que, los funcionarios se mantendrán dentro del mismo espacio físico, sin que esto afecte el normal desenvolvimiento del servicio judicial (sic)”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2019-5286-M, de 30 de agosto de 2019, suscrito por el Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-2019-1073-M, de 30 de agosto de 2019, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el alcance al proyecto de resolución y el informe técnico, respectivamente, para: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ»; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL

ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS

PENITENCIARIAS CON SEDE EN EL CANTÓN

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ; Y

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 191-2013

30 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

Artículo 1.- Creación.- Crear la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

Artículo 2.- Competencia territorial.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, serán competentes en razón del territorio para el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

Artículo 3.- Competencia en razón de la materia.-

Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, serán competentes para conocer y resolver las siguientes materias:

1. Garantías Penitenciarias, conforme lo determina el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal; y,
2. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III del Capítulo III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura dotará de la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

SEGUNDA.- Los servidores judiciales cumplirán su jornada laboral establecida en la Ley; no obstante, en días y horas no laborales, ejercerán su función cuando el servicio lo requiera sujetándose a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- De conformidad a la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal, los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas privativas de libertad y de garantías penitenciarias que han sido conocidos y sustanciados antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, continuarán su trámite conforme al Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio hasta su conclusión.

SEGUNDA.- Las causas que en materia de garantías penitenciarias venían conociendo los jueces y juezas que integran la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, continuarán siendo conocidas por esos mismos jueces hasta que la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal, dentro del ámbito de sus competencias y sobre la base del informe respectivo, ejecute en el plazo máximo

de treinta (30) días la reasignación de estas causas a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

TERCERA- La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión Procesal y con la Dirección Nacional de Talento Humano, implementará el sistema SATJE, a fin de habilitar las nuevas competencias a la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, en el plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución.

CUARTA.- El juez que integre la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, continuará sustanciando las causas que, en materia de garantías penitenciarias, venía conociendo en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

Las causas que en materia penal venía conociendo el juez que integre la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, serán reasignadas entre los jueces y juezas que integran las unidad judicial penal con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí en el plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución.

Se exceptúan las causas que, con anterioridad a la vigencia de la presente resolución, se encuentren con convocatorias a audiencias, en cuyo caso éstas deberán realizarse dentro del plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la puesta en funcionamiento de la unidad judicial de garantías penitenciarias, luego de lo cual se procederá con la reasignación referida anteriormente.

A partir de la vigencia de la presente resolución no se asignarán más causas de garantías penitenciarias a los jueces de las unidades de garantías penales.

QUINTA- La Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, informará a la ciudadanía, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y demás órganos vinculados con el sector de la justicia sobre la creación de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, en el plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la aprobación de la presente resolución.

SEXTA.- La Escuela de la Función Judicial, capacitará a los servidores de la nueva Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias concede en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, al inicio de sus funciones.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA

ÚNICA.-En la Resolución 191-2013, de 22 de noviembre de 2013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 182, de 14 de febrero de 2014, elimínese el numeral 2 del artículo 21.

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 31

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La ejecución de la presente resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, Dirección Nacional de Planificación, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’S, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional Administrativa, Dirección Nacional de Comunicación Social, la Escuela de la Función Judicial; y, la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Conejo de la Judicatura, a los tres días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.

f.) Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Jorge Aurelio Moreno Yanes, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Juan José Morillo Velasco, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dra. Ruth Maribel Barreno Velin, Vocal del Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó por unanimidad, esta resolución el tres de septiembre de dos mil diecinueve.

f.) Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán, Secretaria General.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

INTERCULTURAL EL TAMBO

Considerando:

Que, la Constitución de La República del Ecuador en su artículo 264, numeral 5, faculta a los gobiernos municipales, crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.

Que, La Constitución establece en su Art. 329 que las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos

activos en la producción, así como en las labores de auto sustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones.

Que, la Constitución reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la Ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. Los procesos de selección, contratación y promoción Laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten La privacidad, la dignidad e integridad de las personas.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en sus Artículos 5 y 6 consagran la autonomía de las municipalidades.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su Art. 54, dispone. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: 1) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) en su artículo 57, literal x, dispone: Regular y controlar, mediante La normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra.

Que, los Artículos 57 Literal b) y 58 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), otorga la atribución a los concejales de presentar proyectos de ordenanzas y a los municipios La facultad de regular mediante ordenanza, los tributos municipales, creados expresamente por la Ley.

Que, los Art. 53 y 54 Literal L) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece: «Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.

Que, con fecha siete y catorce de diciembre del 2017, fue discutida y aprobada la ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA EL ARRENDAMIENTO Y/O ADJUDICACIÓN DE LOCALES Y PUESTOS EN PLAZAS, MERCADOS, CENTRO COMERCIAL, FERIA COMERCIAL DE GANADO, FERIAS LIBRES, Y DEMÁS BIENES

32 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, EN EL CANTÓN EL TAMBO, publicada en el Registro Oficial N° 202 de fecha viernes 29 de diciembre de 2017.

En ejercicio de la facultad que le confiere los Arts. 57 literal b) y 58 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Expide:

LA REFORMA A LA ORDENANZA

SUSTITUTIVA PARA EL ARRENDAMIENTO Y/O

ADJUDICACIÓN DE LOCALES Y PUESTOS EN

PLAZAS, MERCADOS, CENTRO COMERCIAL,

FERIA COMERCIAL DE GANADO, FERIAS

LIBRES, Y DEMÁS BIENES INMUEBLES DE

PROPIEDAD MUNICIPAL, EN EL CANTÓN EL

TAMBO

CAPITULO I

GENERALIDADES

Art. 1.- FUNCIONAMIENTO.- El funcionamiento de locales y puestos en plazas, mercados, centro comercial, feria comercial de ganado, ferias libres, y demás bienes inmuebles de propiedad municipal, en el cantón El Tambo estarán sujetos a la autoridad y disposiciones del Alcalde/ sa como primera autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural Comunitario EL TAMBO y para su ejecución y cumplimiento por el Administrador/ra de ferias y mercados en coordinación con la Comisaria Municipal

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal EL TAMBO concederá el derecho a ejercer el comercio en estos establecimientos, previa inscripción en el registro que para el efecto mantendrá la Administración de Ferias y Mercados.

Art. 2.- ÁMBITO.- La presente ordenanza tiene por objeto regular las adjudicaciones, arrendamiento, uso, funcionamiento y administración de los locales y puestos en plazas, mercados, centro comercial, feria comercial de ganado, ferias libres, y demás bienes inmuebles de propiedad municipal, en el cantón El Tambo.

Art. 3.- PRINCIPIOS.- El uso, funcionamiento, mantenimiento y administración de los locales y puestos en plazas, mercados, centro comercial, feria comercial de ganado, ferias libres, y demás bienes inmuebles de propiedad municipal, en el cantón El Tambo, se regirán por los siguientes principios:

1. Respeto.- En todas las acciones que se lleven a cabo ya sea por parte de la administración como de los usuarios.
2. Equidad.- Para el uso, funcionamiento, mantenimiento y administración, de los Locales y puestos en plazas, mercados, centro comercial, feria comercial de ganado, ferias libres, y demás bienes inmuebles de propiedad municipal, en el cantón El Tambo, se

dará un tratamiento equilibrado a todas y todos, con respeto a sus diferencias, garantizando igualdad en la diversidad.

c) Calidad, Eficacia y Eficiencia.- Las y los usuarios de los locales y puestos en plazas, mercados, centro comercial, feria comercial de ganado, ferias libres, y demás bienes inmuebles de propiedad municipal, en el cantón El Tambo, con el fin de contribuir con el desarrollo equitativo y solidario del comercio dentro de la jurisdicción cantonal, demostraran la máxima calidad y eficiencia en todas actividades comerciales que desarrollen.

Art. 4.- UBICACIÓN.- La ubicación de Los locales y puestos en plazas, mercados, centro comercial, feria comercial de ganado, ferias libres, y demás bienes inmuebles de propiedad municipal, en el cantón EL Tambo son Las siguientes:

1. El centro Comercial Municipal se encuentra ubicado en la Panamericana Central y Miguel Carrasco.
2. El Mercado Minorista se encuentra ubicado en las calles Miguel Carrasco y calle sin nombre.
3. El Mercado Mayorista, se encuentra ubicado en la Ciudadela Municipal
4. La Feria Comercial de Ganado se ubicará en el Lugar que se destinen para el efecto.
5. La Feria del Cuy se ubicará en el lugar que se destinen para el efecto.
6. Otros Bienes de Propiedad Municipal que se ubican en diferentes sectores dentro del perímetro urbano del cantón El Tambo.

Art. 5.- USOS Y SERVICIOS.- Las actividades, usos y servicios que presten los locales y puestos en plazas, mercados, centro comercial, feria comercial de ganado, ferias libres, y demás bienes inmuebles de propiedad municipal, en el cantón El Tambo para garantizar el servicio público, son aquellos que se encuentran establecidos por el Administrador/ra de ferias y mercados del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de EL TAMBO.

CAPITULO II

DEL CENTRO COMERCIAL Y MERCADOS,

FERIAS LIBRES, FERIA COMERCIAL DE

GANADO Y OTROS BIENES DE PROPIEDAD

MUNICIPAL

Art. 6.- CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL Y MERCADOS.- Son Locales construidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de EL Tambo, con la finalidad de conceder a los comerciantes la utilización de los locales y puestos para el ejercicio del comercio mediante el pago de una tarifa previamente establecida.

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 33

Art. 7.- FERIAS LIBRES.- Se considerarán ferias Libres los espacios públicos utilizados por Los comerciantes, previa autorización de La máxima autoridad ejecutiva del cantón.

Art. 8.- FERIA COMERCIAL DE GANADO.- Es el espacio designado para la comercialización de especies de producción zootécnica.

Art. 9.- OTROS BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.- Son locales que, sin encontrarse dentro del Centro Comercial Municipal, de Mercados ni Ferias, son de propiedad Municipal, disponibles para el arriendo en diferentes giros de negocios.

Art. 10.- ZONAS DE APLICACIÓN- La presente ordenanza regirá para El Centro Comercial, El Mercado Minorista, El Mercado Mayorista, Feria comercial de Ganado, Feria del Cuy, Ferias Libres y Otros Bienes de Propiedad Municipal en el Cantón El Tambo.

Art. 11.- CÁLCULO DEL VALOR DE LOS DERECHOS MUNICIPALES.- Las concesiones, permisos, cánones de arrendamiento, multas y demás derechos municipales se cobrarán tomando como base para su aplicación y cálculo el salario básico unificado del trabajador en general vigente.

Art. 12.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo para efectos de la presente ordenanza es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Tambo.

Art. 13.- SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que ocuparen mediante arriendo y/o adjudicación de locales y puestos ubicados en el Centro Comercial, Ferias, Mercados y otros bienes de propiedad Municipal con el fin de comercialización en la jurisdicción cantonal de El Tambo.

CAPITULO III

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES,

LOCALES COMERCIALES, PUESTOS Y OTROS

BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Art. 14.- CLASIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES.- Para mejor funcionamiento del Centro Comercial, Ferias, Mercados, y otros bienes de propiedad municipal, se ha realizado la siguiente clasificación de los inmuebles municipales:

a.- PARQUEADERO.- Es el estacionamiento público de los automotores que se ubicarán en las áreas asignadas para el efecto.

b.- LOCALES COMERCIALES EXTERNOS.- Son aquellos locales cerrados en la parte exterior del Centro Comercial, Ferias y Mercados.

c- LOCALES COMERCIALES INTERNOS.- Son aquellos locales cerrados que se encuentran al interior del Centro Comercial, Ferias y Mercados

d.- PUESTOS PERMANENTES.- Son los que se encuentran ubicados en el interior del Centro Comercial, Ferias y Mercados.

e.- PUESTOS TEMPORALES.- Son los que se encuentran ubicados en el interior del Centro Comercial, Ferias y Mercados, según las necesidades de los productores.

f- ÁREAS COMUNALES.- Se entiende por áreas comunales, aquellos espacios que al interior del Centro Comercial, Ferias y Mercados, están destinados para el uso común de la ciudadanía como son: Áreas verdes, áreas deportivas, pasillos, patios de comida, graderíos, entre otras; en Las que es prohibido adjudicar, arrendar o realizar cualquier tipo de comercio.

g.- OTROS BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL-Son locales que sin encontrarse dentro del Centro Comercial Municipal, Mercados ni Ferias, son de propiedad Municipal, disponibles para el arriendo a particulares en diferentes giros de negocios.

Art. 15.- CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES.- Los locales comerciales se clasificarán en:

a. Locales externos,

b. Locales internos,

c. Locales de expendio de comida,

d. Locales para oficinas planta alta del Centra Comercial,

e. Otros Locales de Propiedad Municipal

Art.- 16.- CLASIFICACIÓN DE PUESTOS EN EL MERCADO MINORISTA- En el Mercado Minorista los puestos se clasifican en:

a. Puestos Permanentes sección frutas y legumbres

Puestos Grandes Puestos Pequeños

b. Puestos temporales

Puestos Grandes Puestos Pequeños Puestos para Productores

Art.- 17.- CLASIFICACIÓN DE PUESTOS EN EL MERCADO MAYORISTA. – En el Mercado Mayorista los puestos se clasifican en:

a. Puestos para Mayoristas

b. Puestos de Comida y otros giros de negocios menores

34 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

c. Puestos para Minoristas Puestos Grandes Puestos Pequeños Puestos para Productores Productores Mayores. Productores Menores.

Art. 18-NUMERACIÓN DE LOCALES Y PUESTOS.- La numeración de Locales y puestos comerciales, será conforme lo establecido por el Administrador/ra de Ferias y Mercados quien para dicho efecto coordinará con la Comisaria Municipal y la Dirección de planificación.

CAPITULO IV

DE LOS HORARIOS DE ATENCIÓN EN EL

CENTRO COMERCIAL, MERCADO MAYORISTA,

MERCADO MINORISTA, FERIA COMERCIAL DE

GANADO, FERIA DEL CUY, FERIAS LIBRES Y

OTROS BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Art. 19.- HORARIOS DE ATENCIÓN. – Para la correcta atención al público los horarios en los que se atenderá en el Centro Comercial, Ferias, Mercados y Otros Bienes de Propiedad Municipal son las siguientes:

1. En el Centro Comercial Municipal. – De lunes a Domingo de 06h00 hasta las 19h00.
2. En el Mercado Minorista. – De lunes a Domingo de 06M10 hasta las 19M10.
3. En el Mercado Mayorista. – Los días viernes de 05h00 hasta las 19h00
4. En la Feria Comercial de Ganado. – Los días Domingos de 07:00 hasta la 13h00.
5. En la Feria de Especies Menores. – Los días viernes de 07h00 a 13h00 y los Iunesl3h00 a 16h00.
6. Provisión al mayor de mercadería.– El Abastecimiento de productos al por mayor será distribuido únicamente en el mercado Mayorista, quedando prohibido el abastecimiento en cualquier parte de La vía y/o espacios públicos del cantón, en caso de incumplimiento por cualquiera persona y/o institución será sancionado con la multa impuesta por Falta Grave.
7. En Otros Bienes de Propiedad Municipal. – Serán regulados por los arrendatarios sin perjuicio de lo establecido en las Leyes vigentes para el funcionamiento de negocios y Locales comerciales.

CAPÍTULO V

DEL ARRENDAMIENTO

Art. 20.-ARRENDAMIENTO.- Los locales comerciales existentes en el Centro Comercial, Ferias, Mercados y

otros bienes de propiedad Municipal serán entregados bajo La modalidad de contratos administrativos, regulados por el Articulo 460 del COOTAD, los mismos que tendrán una duración de un año; por tratarse de contratos administrativos no existe renovación tácita y en caso de que los comerciantes o arrendatarios no la soliciten hasta el 15 de Diciembre del año anterior al que corresponde la renovación, se entenderá que los mismos no tienen interés de continuar la relación contractual con el Gobierno Municipal del Cantón El Tambo.

El arrendamiento de los puestos del Mercado Mayorista, Mercado Minorista y de las ferias libres se los realizará mediante adjudicación directa por parte del Alcalde o Alcaldesa previo informe del Administrador/ra del Centro Comercial Ferias y Mercados.

Art. 21.- BASE LEGAL- Para la elaboración del contrato de arrendamiento de un local comercial, el Procurador Síndico realizará el contrato correspondiente y aplicará lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público; y la presente Ordenanza.

Art. 22.- VALOR DEL ARRIENDO.- El valor del arriendo mensual se establecerá en un porcentaje de La Remuneración Básica Unificada Vigente de la siguiente manera:

Descripción

Ubicación

Valor A Cobrar Mensual

N° de Local

CENTRO COMERCIAL

Locales Planta Baja

Frente a la

Panamericana

Central

$ 100.00

9

CENTRO COMERCIAL

Locales posterior planta Baja

Frente a la Calle Miguel Carrasco

$ 100.00

9

Locales de Cárnicos Planta Baja

Interior del Centro Comercial

$ 70.00

9

Locales Venta de Ornados Planta Alta

Interior del Centro Comercial

$35.00

4

Locales Comedores Planta Alta Interna

Interior del Centro Comercial

$ 40.00

4

Locales Comedores Planta Alta Externa

Exteriores del Centro Comercial Frente a la Panamericana Norte

$ 40.00

4

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 35

Locales Planta Alta

Interior del Centro Comercial

$ 70.00

5

Locales Planta Alta

Frente a la Calle Miguel Carrasco

$ 80.00

4

Locales Planta Alta

Frente a la

Panamericana

Central

$ 80.00

CENTRO COMERCIAL

Ubicación

Valora Cobrar

N° de Puestos

Locales para la venta de Mariscos Planta Baja

Interior del Centro Comercial

$3.00

3

Puestos para la veta de frutas y verduras

Interior del Centro Comercial

$5.00

16

Puestos Medianos

Interior del Centro Comercial al ingresar por la calle Mig/ Carrasco

$3.00

4

Puestos Pequeños

Interior del Centro Comercial al ingresar por la Panamericana Norte

$3.00

8

Puestos para Adultos Mayores

Interior del Centro Comercial

$1.50

2

Y Personas con Discapacidad

MERCADO MINORISTA

Descripción

Ubicación

Valora Cobrar Mensual

Nº de Local

Locales Planta Baja

Frente a la Calle Miguel Carrasco

$ 80.00

9

Locales posterior planta Baja

Frente a la Calle s/n

$ 80.00

17

Locales de Ropa

Interior del

Mercado

Minorista

$65.00

17

Salón de Actos Múltiples (Eventos Sociales)

Interior del

Mercado

Minorista

$ 150.00

1

Salón de Actos Múltiples (Eventos Institucionales y Benéficas

Interior del

Mercado

Minorista

$ 100.00

1

MERCADO MINORISTA

Ubicación

Valora Cobrar Semanal

N° de Puestos

Puestos Medianos

Interior del

Mercado

Minorista

$5.00

9

Puestos Pequeño

Interior del

Mercado

Minorista

$3.00

31

MERCADO MAYORISTA

Ubicación

Valor A Cobrar Mensual

Nro. de Locales

Locales de Comida

En Granja Municipal

$30.00

8

Puestos destinados a la venta de Madera

Frente al Mercado Mayorista

$0.38 Por m2

2

MERCADO MAYORISTA

Ubicación

Valore a Cobrar por Semana

Frente al Mercado Mayorista

Puestos Grades (Comerciantes Mayorista).

Interior del Merca Mayorista

$ 10.00

Puestos Medianos

(Comerciantes

Grades).

Interior del

Mercado

Mayorista

$5.00

Puestos Pequeño

(Comerciantes

Pequeños).

Interior del

Mercado

Mayorista

$1.50

Puestos Productores Mayores

Interior del

Mercado

Mayorista

$3.00

Entrada de Sacos (Mayor a 10 sacos)

Interior de

Mercado

Mayorista

$0.25

Por Cada Saco

Puestos

Comercialización de Hierba

Externo del

Mercado

Mayorista

$2.00

Puestos

Comercialización de Ropa

Exteriores del Mercado Mayorista

$1.50

FERIA

COMERCIAL DE GANADO

Ubicación

Valor a Cobrar Por Animal

Bovinos (Por Especie Adulta)

Ciudadela Municipal

$0.50

Por cada Especie

Equinos {por Especie Adulta)

Ciudadela Municipal

$0.50

Por cada Especie

Porcinos (Por Especie Adulta)

Ciudadela Municipal

$0.25

Por cada Especie

Ovinos (Por Especie Adulta)

Ciudadela Municipal

$0.25

Por cada Especie

FERIA

COMERCIAL DE CUYES

Ubicación

Valora Cobrar Por Semana

Dentro de la feria de Ganado

Puestos de Comercialización de cuyes

Ciudadela Municipal

$5.00

6

36 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

OTROS BIENES INMUEBLES

Ubicación

Valor A Cobrar Mensual

N° de Local

Bar El Tren

Plaza del Arte

150

1

Dulce Tradición

Plaza del Arte

85

1

Los demás locales existentes o que se crearen se procederá a cobrar de conformidad con el informe técnicos que emita las direcciones de Planificación y Financiero.

Art. 23.- Para los cobros de puestos en todas las ferias y mercados por día de feriase procederá a emitir los ticks respectivos por parte del personal de recaudación municipal.

Art. 24.- REQUISITOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES.- Conjuntamente con la solicitud, el o la interesada presentará los siguientes requisitos:

1. Ser de nacionalidad ecuatoriana; caso contrario se tendrá que demostrar estar legalmente domiciliado en el Ecuador.
2. Ser capaz legalmente para suscribir actos o contratos válidos.
3. Hoja de solicitud en especie valorada dirigida al Alcalde/sa, especificando la necesidad y el giro de negocio.
4. Certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública cuando las circunstancias Lo ameriten
5. Copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación actualizadas,
6. Certificado de no adeudar a la Municipalidad,
7. Certificado de no adeudar a EMAPAT-EP

h) Certificación conferida por el Administrador/ra del Centro Comercial Ferias y Mercados en la que se indique el estado en que se encuentre el local,

i) Certificado de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria de manipulación e higiene de alimentos cuando el caso lo amerite

i) Depositar en las ventanillas de recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de EL TAMBO en calidad de garantía el valor correspondiente a CUATRO CÁNONES de arrendamiento en efectivo en el caso de arriendo de locales externos e internos de la planta baja y planta alta del Centro Comercial Municipal, Mercado Minorista, locales de comida en el Centro Comercial y Mercado Mayorista y Otros Locales de Propiedad Municipal.

Se aclara que para ser arrendadores de locales o adjudicatarios de puestos del Centro Comercial, las Ferias, Mercados y Otros Bienes de Propiedad Municipal no es un requisito encontrarse agremiado a Asociaciones, Clubes u otros similares.

Art. 25.- FALTA DE REQUISITOS.- El o la solicitante que no cumpla con los requisitos del artículo 24 de La presente ordenanza no será tomado en cuenta para el arrendamiento.

Art. 26.- FIRMA DEL CONTRATO.- El contrato de arriendo debe ser firmado por el arrendatario en el término de cinco días, contados desde la notificación de la adjudicación, caso contrario la Alcaldía concederá al solicitante que siga en orden de presentación.

Toda la documentación precontractual y contractual se remitirá en copias a la Dirección Financiera y a Tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Tambo, para efectos de recaudación de los valores pactados y custodio de las garantías.

Art. 27. – REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCALES.- La persona a quien se adjudique el contrato de arrendamiento, debe cumplir con los siguientes requisitos para el respectivo funcionamiento del local comercial;

1. Patente municipal
2. Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos del cantón El Tambo
3. Permiso Anual de Funcionamiento PAF otorgado por la Intendencia de Policía (MINISTERIO DEL INTERIOR).
4. Demás requisitos que se requieran de acuerdo al giro de negocio en cada local.

Art. 28.- RENOVACIÓN.- La Alcaldía autorizará la renovación del contrato de arrendamiento del [ocal comercial en el Centra Comercial Municipal, Mercado Minorista, Mercado Mayorista y Otros Locales de Propiedad Municipal previa solicitud del interesado adjuntando los siguientes requisitos:

1. Solicitud del arrendatario en especie valorada presentada hasta el 15 de diciembre del año en que finalice el contrato, o hasta 15 días anteriores a la fecha de vencimiento del contrato.
2. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación.
3. Certificado de no adeudar al Municipio, actualizado a La fecha.
4. Certificado de no adeudar al EMAPAT, actualizado a la fecha.
5. Informe y certificación otorgada por el Administrador/ re del Centro Comercial Ferias y Mercados referente a Las sanciones de los arrendatarios.

Con esta documentación la Alcaldía emitirá una resolución administrativa en la que se autorice o no la renovación del contrato. En caso de autorizarse se procederá con la Legalización respectiva del contrato.

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 37

Los contratos de renovación se remitirán por parte de la Procuraduría Sindica a las dependencias pertinentes máximo hasta La primera quincena de enero del año correspondiente y/o 15 días anteriores a la fecha de vencimiento del contrato.

EL Administrador de Ferias y mercados, registrará todos los contratos y emitirá un carnet de identificación al contratista.

Art. 29-ADJUDICACIÓN DE PUESTOS EN FERIAS Y MERCADOS.- El Administrador/ra de Ferias y Mercados autorizará la ubicación de puestos temporales en las Ferias y Mercados, previa la presentación de los Siguientes requisitos:

1. Copia de La cédula de ciudadanía y certificado de votación,
2. Certificado de no adeudar al Municipio,
3. Certificado de no adeudar a EMAPAT,
4. Hoja de solicitud dirigida al Administrador/ra de ferias y mercados especificando la necesidad de comercialización.
5. Certificado de salud cuando el caso o las circunstancias lo amerite.

Art. 30.- ENTREGA DE UN SOLO LOCAL- A cada comerciante, sea éste persona natural o jurídica, no podrá entregarse en arriendo más de un local en el Centro Comercial, ni más de un puesto en Ferias y Mercados del cantón El Tambo con la finalidad de fortalecer el comercio.

El Administrador/ra del Centro Comercial Ferias y Mercados, en coordinación con la Dirección de Planificación, y la Comisaria Municipal, diseñarán señalizaran y numeraran la ubicación de los puestos a adjudicarse en Las Ferias y Mercados de acuerdo al giro del negocio.

Art. 31.- PAGO DEL CANON ARRENDATICIO. Los arrendatarios pagarán el valor de arrendamiento mensualmente en las ventanillas de Recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Tambo, en el transcurso de los cinco primeros días de cada mes y en caso de mora se les cobrará el interés de ley, sobre el valor de arrendamiento. Se entiende por mora el retraso del pago a partir del sexto día del mes siguiente,

CAPITULO VI

DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

Art. 32.-ATENCIÓN AL PÚBLICO.- Los comerciantes deberán demostrar respeto y cordialidad con los usuarios; para servir los alimentos o expender los productos es necesario que lo hagan observando las normas de higiene y salubridad respectivas, el no hacerlo, será causal de sanción conforme se determine en esta ordenanza.

Art. 33.- SERVICIO DE ALIMENTOS.- Los comerciantes que expenden alimentos deberán utilizar

platos desechables o vajilla de porcelana, cuidando las normas de higiene y salubridad.

Art. 34.- USO DE UNIFORMES.- Los comerciantes deberán obligatoriamente portar eL uniforme determinado por el Administrador/ra del Centro Comercial Ferias y Mercados, conforme se determine a cada sección, el mismo que será adquirido por cada uno de los comerciantes la primera quincena de cada año. El hecho de no usar el mencionado uniforme será causa de sanción conforme lo determina la presente ordenanza.

Art. 35.- PUBLICIDAD.- Se permitirá a los arrendatarios el uso de publicidad, previa aprobación de Los diseños, por el Departamento de Planificación, quedando prohibido el uso de altavoces, el voceo y competencia desleal y procedimientos que puedan afectar a la imagen general de los Locales.

Art. 36.- EXPENDIO DE COMIDAS.- La preparación y venta de comidas, se permitirá exclusivamente en los locales destinados para el efecto; particular que debe constar en el contrato de arriendo.

Art. 37.- EXPENDIO DE BEBIDAS.- La venta de bebidas refrescantes como gaseosas, jugos, batidos y similares se permitirá únicamente en los locales que se destine para el efecto; particular que debe constar en eL contrato de arriendo. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todos Los locales arrendados y puestos adjudicados a particulares.

Art. 38.- COMEDORES POPULARES.- Los locales de expendio de comidas, serán considerados como comedores populares.

Art. 39.- CONCESIONES.- Las baterías sanitarias, pueden ser entregados en concesión, mediante resolución administrativa emitida por el Alcalde/sa Cantonal, previo los informes del Administrador/ra del Centro Comercial Ferias y Mercados del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de EL TAMBO.

CAPITULO VII

DE LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL, FERIAS Y MERCADOS

Art. 40.- LIMPIEZA DE LOS LOCALES.- Todos los comerciantes que arrienden locales o se les adjudique espacios en EL Centro Comercial, las Ferias y Mercados, obligatoriamente realizarán las labores de limpieza de los mentados espacios permanentemente. Además, cuidarán del mobiliario, pasillos, patios de comidas, basureros municipales, escalinatas y baterías sanitarias.

Art. 41- DETERIORO O DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA.- Para garantizar el buen uso de los locales arrendados y precautelar Los bienes municipales sobre posibles deterioros que se ocasionaren, los arrendatarios o adjudicatarios de un local comercial o puestos en el mercado, se responsabilizarán y se comprometerán a cubrir todos Los costos que deanden

38 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

la reparación de las zonas en donde se hubieren causado desperfectos. Se evaluarán y cuantificarán los daños ocasionados y se emitirá el respectivo título de crédito para su cobro inmediato, previa sustanciación del respectivo proceso administrativo sancionatorio por parte de Comisaría Municipal.

En caso de que los daños sean realizados en áreas comunales y no se haya Identificado al causante de los mismos, el valor de la reparación será dividida entre todos los adjudicatarios o arrendatarios de la sección del Centro Comercial, las Ferias y Mercados donde se realizaron los daños.

Art. 42.- DESTRUCCIÓN O PÉRDIDAS DE MOBILIARIO.- En caso de destrucción o pérdida del mobiliario de uso común u objetos de propiedad municipal, los comerciantes serán solidariamente responsables, excepto cuando se conozca el causante, a quien se le exigirá la reposición o el pago respectivo; En caso de tratarse de mobiliario de uso particular, la Municipalidad no asumirá responsabilidad alguna de los mismos.

Art. 43.- CUIDADO DE ÁREAS COMUNES.- Las áreas comunes y el mobiliario, destinados al servicio público están sometidos al mantenimiento, cuidado y responsabilidad común por parte de los comerciantes de la sección respectiva. La utilización de tales áreas es general y gratuita de acuerdo a las condiciones naturales y propias de su uso, sin que en ellas se pueda ubicar ninguna dase de objetos.

CAPÍTULO VIII

DE LAS AUTORIDADES

Art.44.- Son Autoridades competentes para conocer y resolver todos los asuntos relacionados con esta ordenanza los siguientes:

1. El Alcalde/sa.
2. El Director Financiero.
3. El Administra do r/ra de Ferias y mercados del GAD municipal El Tambo.
4. El Comisario Municipal.

CAPÍTULO IX

DE LA ADMINISTRACIÓN

Art. 45.- LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL, MERCADOS Y FERIA COMERCIAL DE GANADO.– Estará a cargo del Administrador/ra de Ferias y Mercados con el apoyo de Comisaría Municipal y con toda autoridad pública que coadyuve al buen funcionamiento de los centros de comercialización y expendio.

Art. 46.- DEBERES, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR/RA DEL CENTRO

COMERCIAL FERIAS Y MERCADOS.- Son deberes y atribuciones del Administrador/ra del Centro Comercial Ferias y Mercados;

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, ordenanzas y disposiciones legales
2. Dictar las disposiciones que considere necesarias para el buen manejo y orden en el funcionamiento del Centro Comercial Municipal, Mercados y Feria Comercial de Ganado y dar a conocer al Comisario Municipal o a cualquiera autoridad administrativa competente.
3. Dirigir y controlar al personal que está a su cargo.
4. Vigilar La actividad mercantil que se realice en las ferias y mercados dentro del marco legal pertinente.
5. Velar por el buen orden, limpieza y el uso adecuado de las Instalaciones de aprovechamiento común,
6. Atender las quejas, redamos y sugerencias del público, titulares de puestos y locales de comercio encaminándolas a La administración encargada de su tramitación
7. Difundir la información pertinente que emane de las instancias superiores

h) Facilitar el trabajo de los inspectores sanitarios, técnicos veterinarios y demás funcionarios para el cumplimiento de sus respectivas funciones

i) Ejercer acciones para eliminar el comercio informal dentro y fuera de las ferias y mercados en coordinación con el Comisario Municipal

j) Velar por la conservación y mantenimiento de las instalaciones del Centro Comercial Municipal, Mercados y Feria Comercial de Ganado.

k) Mantener un archivo con la documentación de la gestión administrativa del Centro Comercial Municipal, Mercados y Feria Comercial de Ganado.

l) Emitir un informe trimestral al Comisario Municipal y/o al Alcalde/sa sobre su gestión

m) Coordinar con las unidades pertinentes para capacitación del personal, de comerciantes y otros actores que participen en el proceso de comercialización.

n) Informar al Alcalde/sa en caso de solicitar la terminación anticipada del contrato de arrendamiento.

o) Controlar que las baterías sanitarias de uso público cumplan con las condiciones higiénico – sanitarias y el buen uso de las mismas.

p) Previo informe del Tesorero(a) Municipal notificar a los arrendatarios sobre el incumplimiento del pago de cánones de arriendo de locales comerciales para el

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 39

inicio de las acciones legales (Juicios Coactivos).

q) Controlar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, así como de precios, etiquetado, manipulación y publicidad de acuerdo con la normativa vigente en materia de sanidad, seguridad y defensa del consumidor, para lo que subsidiariamente, podrá solicitar la ayuda de las autoridades pertinentes.

r) Complementar cuantos otros deberes, atribuciones y funciones se deriven de esta ordenanza y le fueren encomendadas.

Art. 47.- DEBERES, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL COMISARIO MUNICIPAL.- Son deberes, atribuciones y funciones del Comisario Municipal a más de las que constan en el Manual de Funciones, en materia de administración de plazas, mercados y ferias las siguientes:

1. Vigilar el cumplimiento de Las disposiciones de la presente ordenanza;
2. Vigilar las actuaciones de los Agentes de Control Municipal evaluando su desempeño;
3. Inspeccionar los Locales comerciales y sus instalaciones en cualquier tiempo en coordinación con el Administrador/ra de Ferias y Mercados.
4. Juzgar y sancionar administrativamente a los comerciantes que incumplan la presente ordenanza previo informe del Administrador/ra del Centro Comercial Ferias y Mercados.
5. Informar al Alcalde/sa, sobre cualquier eventualidad que se produjere dentro de los recintos de comercio masivo,
6. Realizar operativos de control en cuanto a pesas y medias y de ser el caso retirar pesas que se encuentren en mal estado.
7. Adoptar medidas para mantener o restablecer la correcta prestación del servicio;

Art.- 48.- DEBERES, OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LOS AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL.- Las funciones de los Agentes de Control Municipal dentro del Centro Comercial, los mercados, ferias libres, mercado mayorista y feria comercial de ganado será las siguientes:

1. Cumplir las disposiciones de esta ordenanza.
2. Vigilar la disciplina y el orden Interno y externo del Centro Comercial, los mercados, ferias libres, mercado mayorista y feria Comercial de ganado.
3. Vigilar que los comerciantes se mantengan dentro de los límites del local o puesto asignados
4. Imponer el orden y la disciplina cuando pretendan ser alterados por comerciantes o personas que se encuentren dentro de los recintos de comercialización.

5. Coordinar con la Policía Nacional para impedir que vendedores ambulantes no autorizados o con vehículos traten de comercializar en la vía pública, aceras o lugares no autorizados para el efecto
6. Controlar que se cumplan con las normas de seguridad de los bienes tanto de la municipalidad como de los comerciantes
7. Garantizar el Ubre tránsito de los usuarios por los corredores de los mercados y ferias libres.

h) Las demás que se relacionen con sus funciones específicas.

Art. 49.- En caso de incumplimiento por parte de los comerciantes de lo dispuesto en esta ordenanza, los Agentes de Control Municipal Informarán de manera escrita dentro del plazo de veinte y cuatro horas al Comisario Municipal y este emitirá la sanción correspondiente.

CAPÍTULO X

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS ARRENDATARIOS

Art. 50.- DERECHOS.- Los arrendatarios tienen los siguientes derechos:

a) Ejercer sus actividades comerciales con absoluta libertad, con sujeción a las leyes y ordenanzas municipales;

1. Ser tomados en cuenta en Los actos cívicos y culturales,
2. Ser atendido s oportunamente por el Concejo Municipal y las autoridades administrativas en lo referente a cualesquier Inquietud o sugerencia relacionadas con el comercio.
3. Recibir cursos de capacitación.
4. Tienen el Derecho a la defensa en los procesos de la [imposición de sanciones
5. Ser informados oportunamente con Las resoluciones del Concejo Municipal, a través de la Administración del Centro Comercial ferias y mercados que tengan relación con su actividad comercial;
6. Denunciar por escrito ante el Alcalde/sa, cualquier irregularidad cometida por el personal encargado de la Administración o La Unidad de Comisaría, como: peculado, cohecho, concusión, extorsión, chantaje, amenazas, agresiones físicas, verbales, psicológicas o sexuales y otros similares.

Art. 51.- OBLIGACIONES.- Los arrendatarios tienen Las siguientes obligaciones:

a) Pagar oportunamente los impuestos, tasas por servicios o derechos de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial,

40 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

Autonomía y Descentralización, esta ordenanza y demás normas jurídicas aplicables;

2. Pagar mensualmente el canon arrendando en la Tesorería Municipal, conforme lo establecido en el contrato;
3. Mantener buena presentación en sus Locales, una esmerada limpieza en los frentes y techos de los mismos y las instalaciones, con las debidas condiciones de higiene y salubridad;
4. Exhibir los precios de venta de los productos;
5. Usar pesas y medidas debidamente controladas por la Comisaria Municipal;
6. Ingresar las mercancías a través de los lugares, horarios y corredores habilitados para tal fin;
7. Colaborar con el personal de las entidades públicas en funciones de inspección, suministrando toda ciase de información sobre instalaciones, precios, calidad de los productos o documentación justificativa de Las transacciones realizadas;
8. Cumplir con Las disposiciones vigentes reguladoras deL comercio minorista y mayorista, así como con la normativa higiénico-sanitaria vigente;
9. Moderar el volumen de los aparatos de sonido instalados en el interior de sus locales, cuando los utilicen.
10. Ser considerados con el público, debiendo dirigirse a las personas con respeto y amabilidad, evitando palabras quesean contrarias a La moral y a las buenas costumbres;
11. Cubrir los gastos por daños y deterioro causados en el local arrendado; que serán imputados a Las garantías, debiendo el arrendatario en un plazo no mayor a quince días restituir el valor descontado en la tesorería municipal.
12. Contribuir con la conservación de la higiene en sus puestos, depositando la basura y desperdicios en un colector adecuado el mismo que será desocupado en Los lugares asignados y luego trasladado al relleno sanitario;
13. Informar al Alcalde/sa por [o menos con quince días de anticipación, su deseo de dar por terminado el contrato de arrendamiento;
14. Asistir a las reuniones de trabajo, mingas de Limpieza, cursos de capacitación y otras actividades convocadas por la Municipalidad, a través de la Administración de Ferias y Mercados y responder por Las acciones u omisiones de sus colaboradores o trabajadores;
15. Observar Las normas de disciplina, cortesía y buen trato a Los demás arrendatarios, autoridades y usuarios;
16. p) Abrir su local o atender en los horarios establecidos en esta ordenanza.

q) Informar al Administración de Ferias y Mercados cualquier anomalía observada en el interior o exterior del recinto comercial

Art. 52.- OBLIGACIÓN DE CARÁCTER INDIVIDUAL- Cada arrendatario tendrá en su Local un depósito de basura con tapa, de color y modelo establecido por la Administración de Ferias y Mercados. Todos los establecimientos estarán sujetos a La inspección sanitaria y de control municipal para garantizar tanto la calidad de los productos como el debido estado de las instalaciones y útiles de trabajo.

Art. 53.- PROHIBICIONES.- Se prohíbe a los arrendatarios;

1. Provocar algazaras, griteríos y escándalos que alteren el orden público;
2. Introducir, ingerir, regalar o vender bebidas alcohólicas y sustancias sujetas a fiscalización para su consumo o de terceros, dentro del Centro Comercial Mercados y Ferias Libres, así como ejercer el comercio en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias sujetas a fiscalización;
3. Almacenar, expender gratuitamente o vender materiales inflamables o explosivos;
4. Instalar toldos, rótulos, tarimas, cajones, canastos y cualquier otro objeto que deforme los puestos, obstruya puertas, pasillos, aceras, y obstaculice el tránsito del público o impida La visibilidad;
5. Lavar y preparar Las mercancías fuera de Las zonas destinadas para el efecto;
6. Modificar los locales;
7. Utilizar Los puestos y locales para fines distintos a los autorizados;
8. Arrojar basura fuera de los depósitos destinados para este propósito;
9. Portar y/o utilizar cualquier tipo de armas dentro de Los Locales;
10. Usar pesas y medidas no aprobadas oficialmente;
11. Criar o mantener en el local animales domésticos o cualquier tipo de mascotas;
12. Obstaculizar con cualquier objeto las zonas destinadas para pasillos, patio de comidas o graderíos;
13. Mantener un comportamiento hostil con los demás arrendatarios o clientes que visiten sus negocios;
14. Vender de manera ambulante en Los mercados y paraderos turísticos;

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 41

o) Vender productos no autorizados o cambiar el giro del negocio;

p) Realizar actos de cochinería, usura y/o desmantelamiento de objetos o bienes de dudosa procedencia,

q) Expender productos en mal estado o que no sean aptos para el consumo humano;

r) Mantener los locales comerciales cerrados, en los horarios de atención establecidos;

s) La competencia desleal y la conformación de monopolios u oligopolios; y,

t) Las demás que establezca esta ordenanza o el Concejo Cantonal.

CAPÍTULO XI

DE LAS FALTAS

Art. 54.- TIPO DE FALTAS.- Se clasifican en:

a. Faltas Leves y

b. Faltas Graves

c. Gravísimas.

Art. 55.- FALTAS LEVES.- Se establece como faltas leves:

1. El cierre no autorizado o injustificado de los puestos y locales comerciales;
2. La falta de limpieza de las áreas de uso común y del área del local;
3. No depositar la basura en el lugar destinado para ello;
4. No usar el uniforme exigido por la Administración de Mercados y Ferias.

Art. 56.- FALTAS GRAVES. – Se considera como faltas graves:

1. Las discusiones o altercados que produzcan molestias a los usuarios de los locales o clientes externos;
2. La reincidencia de cualquier falta leve en el transcurso de un trimestre;
3. No asistir a las reuniones de trabajo, mingas de limpieza, cursos de capacitación y otras actividades convocadas por la administración sin justificación alguna;
4. La inobservancia de las instrucciones emanadas por la administración;
5. Obstaculizar con cualquier objeto las áreas comunes;

Art. 57.- FALTAS MUY GRAVES.- Se consideran faltas muy graves:

a) Expender bebidas alcohólicas o sustancias sujetas a fiscalización dentro del Centro Comercial, Ferias, Mercados y otros locales de propiedad Municipal

2. Causar en forma dolosa o culposa daños al edificio o sus instalaciones;
3. La modificación sin permiso la estructura o instalaciones de los locales;
4. La utilización de los puestos para fines no autorizados;
5. Falta de pago del canon de arrendamiento.
6. Vender productos no autorizados o cambiar el giro del negocio;
7. Realizar actos de cochinería y/o usura;

h) Expender productos en mal estado, caducados, sin registro sanitario o que resulten peligrosos o no aptos para el consumo humano;

i) Infringir la normativa sanitaria y de consumo vigente, sin perjuicio de lo que se establezca en la misma,

j) La competencia desleal y la conformación de monopolios u oligopolios.

CAPITULO XII

DE LAS SANCIONES

Art. 58,- SANCIONES PARA LAS FALTAS LEVES. – Se sancionarán con apercibimiento y multa equivalente al 5% de la Remuneración Mensual Unificada del Trabajador en General Vigente.

Art. 59 – SANCIONES PARA LAS FALTAS GRAVES. – Se sancionarán con multa equivalente al 15% del Salario Básico Unificado para el Trabajador en General Vigente.

Art. 60.- SANCIONES PARA US FALTAS GRAVÍSIMAS.- Se sancionarán con multa equivalente aL 25% del Salario Básico Unificado para el Trabajador en General Vigente.

Art. 61.- CLAUSURA.- Se clausurará el local o puesto y se dará por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento por Las siguientes causales:

1. En caso de reincidir en dos faltas graves dentro de un año
2. Por falta de pago de dos meses o más del valor arrendando mensual, y
3. Por ofensas de palabra u obra a las autoridades, empleados y a los demás arrendatarios.

Art. 62.- INCAUTACIÓN DE BIENES Y DESALOJO DE LOCALES.- La Administración del Centro Comercial Ferias y Mercados, tendrá la obligación de verificar que los contratos de los arrendatarios se encuentren vigentes, en caso de no estarlo, en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, emitirán el informe respectivo a la comisaria, solicitando que se proceda cn la noificación

42 – Miércoles 18 de septiembre de 2019 Registro Oficial N° 42

respectiva; y en caso de no acatar la notificación se proceda con la incautación de los enseres que se encontraren dentro de los bienes municipales, para su posterior devolución, remate o adjudicación en caso de ser necesario, para lo que se seguirá el debido proceso correspondiente.

En caso de no existir persona responsable de los bienes, el Comisario designará como Depositario al Guardalmacén Municipal, quien será responsable de los mismos hasta su devolución.

Previa la devolución de los bienes, el Guardalmacén realizará un cálculo de los costos tanto de transporte como de alquiler de bodega, que deberá cancelar el propietario de los mismos en la Tesorería Municipal.

Si en el plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la incautación no se han retirado los bienes, el o la Guardalmacén comunicará del particular a Procuraduría Sindica para que se inicie el remate conforme el reglamento que se dicte para el efecto. El dinero producto de este remate será depositado en las cuentas municipales.

Art. 63.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA APLICAR LAS SANCIONES.- En primera instancia la Comisaría y en segunda y definitiva instancia el Alcalde/ sa, previa denuncia por escrito de cualquier persona o de oficio, de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 401 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Las multas que se generen por este concepto, se cancelarán en las ventanillas de Recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de EL TAMBO, una vez emitido el respectivo título de crédito.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Dirección Financiera conjuntamente con Comisaria Municipal informará acerca de otros bienes de propiedad Municipal que se encuentren disponibles para el arriendo a particulares.

Segunda.- Las tarifas establecidas en la presente ordenanza que regulan el cobro de comercialización de especies zootécnicas en la Feria Comercial de Ganado, regirán a partir de la construcción y reubicación al local definitivo que se establezca para tal efecto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta que se realice la creación del puesto de Administrador de Centro Comercial, Ferias, Mercados, y se designe a su titular, las funciones a él asignadas en esta Ordenanza, serán cumplidas por el Comisario Municipal.

Segunda.- El costo de los puestos subastados, mantienen el valor de la adjudicación hasta la próxima subasta.

Tercera.- Los cinco puestos que fueron subastados en el centro comercial municipal por un valor de Cien Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mensuales, se mantendrán con el mismo valor hasta la próxima subasta.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Primera.- Se deroga toda normativa que se oponga a la presente ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural El Tambo, a los diecinueve días del mes de julio del dos mil diecinueve.

f) Ing. Alex Andrés Arce Amay a, Alcalde del GADMIET.

f) Ab. Esteban Bernardo Rodríguez Pinos, Secretario General y del Concejo.

El Tambo 22 de julio del 2019.- El infrascrito Secretario del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural El Tambo, CERTIFICO: que la REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA EL ARRENDAMIENTO Y/O ADJUDICACIÓN DE LOCALES Y PUESTOS EN PLAZAS, MERCADO, CENTRO COMERCIAL, FERIA COMERCIAL DE GANADO, FERIA LIBRE Y DEMÁS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL CANTÓN EL TAMBO, fue discutida en sesiones ordinaria y extraordinaria de fecha 11 de julio y 19 de julio del 2019. LO CERTIFICO.

f.) Ab. Esteban Bernardo Rodríguez Pinos, Secretario General y del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural El Tambo.

SECRETARIA GENERAL Y DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL EL TAMBO. – El Tambo 22 de julio del 2019, de conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, REMÍTASE al señor Alcalde original y copias de la presente Reforma a la Ordenanza, para su SANCIÓN u observaciones de conformidad con la ley.

f.) Ab. Esteban Bernardo Rodríguez Pinos, Secretario General y del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural El Tambo.

EL ALCALDE DEL CANTÓN EL TAMBO. – El Tambo a los 24 días del mes de julio del 2019, de conformidad con las disposiciones establecidas en el cuarto inciso del art. 322 del COOTAD, me allano a la normativa presentada y procedo con la SANCIÓN, de la misma, y conforme manda el art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, dispongo la publicación de la Reforma a la ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA EL ARRENDAMIENTO Y/O ADJUDICACIÓN DE LOCALES Y PUESTOS EN PLAZAS, MERCADO, CENTRO COMERCIAL,

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 43

FERIA COMERCIAL DE GANADO, FERIA LIBRE Y DEMÁS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL CANTÓN EL TAMBO.

f.) Ing. Alex Andrés Arce Amaya, Alcalde del GADMIET.

EL Tambo 24 de julio del 2019, Proveyó y Firmo el Ing. Alex Andrés Arce Amaya, Alcalde del Cantón El Tambo la ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA EL ARRENDAMIENTO Y/O ADJUDICACIÓN DE LOCALES Y PUESTOS EN PLAZAS, MERCADO, CENTRO COMERCIAL, FERIA COMERCIAL DE GANADO, FERIA LIBRE Y DEMÁS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL CANTÓN EL TAMBO, en la fecha antes señalada.

f.) Ab. Esteban Bernardo Rodríguez Pinos, Secretario General y del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural El Tambo.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA

Considerando:

Que, es deber primordial del Estado y sus instituciones asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y la seguridad social;

Que, el Art. 85, numeral 3 de la Constitución de la República, establece que «la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garantizan los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Numeral 3: El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”;

Que, el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador determina que «es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”;

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 35 de la Constitución de la República, «Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad»;

Que, el tercer inciso del artículo 163 de la Constitución de la República, establece que » para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes Niveles de Gobierno Autónomo Descentralizado”;

Que, el Art. 95 de la Constitución consagra «El derecho de participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público y prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos…”;

Que, el Art. 393 de la Constitución de la República establece que «el Estado garantizará la «Seguridad Humana» a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos; y que la planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de Gobierno»;

Que, el Art. 54 literal n) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), «establece como una de las funciones del GAD, de crear y coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana Municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”;

Que, el Art. 64, literal k) del COOTAD, «establece como una de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias»;

Que, el Art. 64, literal m) del COOTAD, «determina como una de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la Seguridad Ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y en el literal n) las que determine la ley»;

Que, el Art. 67 literal q) del COOTAD «dispone que, a la Junta Parroquial Rural le corresponde, promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, según la ley”;

Que, el Art. 67 literal r) del COOTAD, «prevé que a la Junta Parroquial Rural le corresponde, impulsar

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la conformación de Organizaciones de la población-parroquial, tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte”;

Que, el Art. 70 literal n) del COOTAD,» establece como una atribución del Presidente de la Junta Parroquial Rural, coordinar un plan de Seguridad Ciudadana, acorde con la realidad de cada Parroquia Rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el Gobierno Parroquial Rural, el Gobierno Central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional»;

Que, el Art. 3 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece que «es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales”;

Que, el Art. 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su literal d) «determina en el principio de ‘Proporcionalidad», que las acciones de seguridad y asignación de recursos serán proporcionales a las necesidades de prevención y protección, y a la magnitud y trascendencia de los factores que atenten contra la seguridad de los habitantes del Estado»;

Que, el Art. 4 literal 0 de la Ley de Seguridad Publica y del Estado determina en el principio de «Responsabilidad» que «las entidades públicas tienen la obligación de facilitar coordinadamente los medios humanos, materiales, y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la presente ley. La responsabilidad operativa corresponde a la entidad en cuyo ámbito y competencia radique su misión, funciones y naturaleza legal mente asignadas”;

Que, el Art. 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su literal e) determina que «la prevención y protección de la convivencia ciudadana, corresponden a todas las entidades del Estado y que el Ministerio del Interior coordinará sus acciones con los Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias”;

Que, el Art. 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, define «La seguridad ciudadana, como una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador.

Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación de adecuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia; del crimen organizado; del secuestro, de la trata de personas; del contrabando, del coyoterismo, del narcotráfico, del

tráfico de armas; tráfico de órganos y cualquier otro tipo de delitos; de la violencia social; y la violación a los derechos humanos.

Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a la información, la ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y de erradicación de violencia de cualquier tipo, mejora de las relaciones entre la Policía y la comunidad, la provisión y la medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar e investigar los eventos que se producen y que amenazan a la ciudadanía”;

Que, el Art. 45 respecto a «Participación Ciudadana» de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, dispone que «La ciudadanía podrá ejercer su derecho de participar en el sistema de seguridad pública, de conformidad con lo presento en la Constitución, las normas legales de participación ciudadana y control social, de modo individual u organizado, en los proceros de definición, de las políticas públicas y acciones de planificación, evaluación y control para los fines de la presente ley; exceptuando la participación en la aplicación del uso de la fuerza, que es de responsabilidad del Estado, a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional»;

Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, propicia que «la sociedad emprenda con iniciativas a incidir en las gestiones que atañen al interés común para así procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular»;

Que, el Art. 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que «la Participación ciudadanía en todos los asuntos de interés público, es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria»;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Zaruma, ha coordinado la cooperación con las instituciones representativas del mismo, a fin de procurar su colaboración en el campo de la seguridad;

Que, es deber de las instituciones del Estado coordinar sus acciones para la consecución del bien común y particularmente generar condiciones de seguridad para la convivencia armónica de los ciudadanos/as;

Que, es tarea de todos los ciudadanos e instituciones públicas o privadas, coadyuvar a la lucha, prevención y erradicación de toda forma de violencia; y.

Que, en estricto cumplimiento a las Normas Constitucionales y legales antes descritas, respecto al legítimo derecho de las ciudadanas y ciudadanos de participar conjuntamente con sus autoridades en la toma de decisiones del sector público y en este mismo sentido, con la finalidad de precautelar los intereses, tranquilidad y bienestar de vecinos del Cantón Zaruma.

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 45

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el literal a) del Art. 57 y art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:

La siguiente: ORDENANZA QUE CREA Y REGULA

EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL

CANTÓN ZARUMA

CAPITULO I

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto crear y regular un organismo especializado, cuyas funciones son: analizar, planificar, coordinar, controlar y resolver de manera articulada la problemática que se suscite en el cantón, en cuanto a materia de seguridad. Además de integrar a diferentes actores políticos, públicos y privados, con la finalidad de generar y evaluar políticas públicas locales de seguridad y acciones que debe desarrollar cada una de las instituciones, en el marco del respeto a sus facultades y funciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y la ley.

Art. 2.- Responsabilidad.- De conformidad con la Constitución de la República, la Ley de Seguridad Publica y del Estado y el COOTAD, es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías.

Es deber del Gobierno Municipal de Zaruma, crear y coordinar el Consejo de Seguridad Ciudadana.

Es deber del Consejo de Seguridad Ciudadana de Zaruma, como órgano especializado de la seguridad cantonal, formular y ejecutar políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana.

Art. 3.- Regulación.- Son principios del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón, a más de los determinados en la Ley de Seguridad Ciudadana y del Estado, los siguientes;

Carácter Argumental.- las decisiones deben sustentarse dentro del marco jurídico vigente y las propuestas serán basadas en la realidad de los hechos, debidamente consensuadas.

Regularidad.- la participación de los actores debe ser constante.

Solidaridad, cada actor apoyará con su gestión; analizando, planificando, coordinando, controlando y resolviendo de manera conjunta y articulada a la problemática que se suscite en el cantón.

Eficiencia y Efectividad.- las decisiones tomadas en materia de seguridad ciudadana deben ser ejecutadas de manera inmediata, ágil, en base a la realidad local y deberán producir resultados en favor del bienestar común.

Transparencia.- sus acciones serán públicas y debidamente informadas a la ciudadanía.

Preventiva.- procurará anticiparse a la ocurrencia de incidentes delincuenciales, y otras actividades.

CAPITULO II

De las atribuciones y medidas

Art. 4.- Serán atribuciones del Consejo de Seguridad Ciudadana, las siguientes:

1. Elaborar el diagnóstico de seguridad ciudadana del cantón.
2. Elaborar, proponer y ejecutar el plan de seguridad ciudadana y prevención participativa de la población del cantón.
3. Concertar, organizar, planificar, controlar y evaluar el plan integral de seguridad ciudadana en el cantón.
4. Desarrollar el sistema de seguridad ciudadana, aplicando estrategias de carácter preventivo en el cantón, aplicando los principios determinados en la Ley y la presente ordenanza.
5. Aplicar las estrategias en materia de seguridad ciudadana, así como la suscripción de convenios que respalden las acciones a ejecutarse entre las entidades que conforman el Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón.
6. Proponer los reglamentos necesarios para su funcionamiento.
7. Fomentar la participación ciudadana local, en la formación de un voluntariado para vigilancia y alerta a la Policía Nacional.

Art. 5.- El Consejo de Seguridad Ciudadana, para la implementación del plan de seguridad y prevención participativa, adoptará las siguientes medidas:

1. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana local.
2. Generar espacios de confianza interinstitucional y coordinar los planes, proyectos, programas y campañas de seguridad con todos los actores involucrados en materia de seguridad.
3. Gestionar los recursos en los ámbitos: local, nacional e internacional necesarios para la consecución de los objetivos y acciones planteados en los planes de seguridad ciudadana cantonal.

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4. Desarrollar campañas permanentes de capacitación para la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones, a fin de garantizar la eficaz participación de los ciudadanos en las políticas de seguridad.
5. Evaluar permanentemente los procesos y retroalimentación de las experiencias aplicadas en el ámbito de seguridad ciudadana.

CAPITULO III

Estructura, organización y funcionamiento

Art. 6.- El Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Zaruma, se constituye con los siguientes organismos:

1. Asamblea General de Autoridades y Actores Sociales.
2. Comité Directivo.

Art. 7.- La Asamblea General de autoridades del Cantón, es la máxima instancia de decisión en materia de seguridad y se constituye por los siguientes miembros,

1. El/la Alcalde/sa del cantón, o su delegado/a;
2. El/la Jefe/a Político del cantón;
3. El/la Comisario/a Nacional;
4. El/la Agente Fiscal del cantón;

e) La Máxima Autoridad de la Policía Nacional del cantón

6. La Máxima Autoridad de Salud del cantón
7. La Máxima Autoridad de Educación del cantón

h) Los/as Presidentes/as de los Gads Parroquiales Rurales;

i) Presidentes/as o lideres/as barriales del cantón;

j) Representantes de medios de comunicación local;

k) El/la Jefe/a de la comisión de tránsito del Ecuador;

L) El/la Jefe/a del Cuerpo de Bomberos;

Art. 8.- Los miembros de la Asamblea General de Autoridades del cantón, en el caso de no poder asistir a las reuniones convocadas, delegarán a la persona que actuará en su representación. La nominación y representación en el comité es institucional y no personal.

Art. 9- La Asamblea General de Autoridades tendrá sesiones ordinarias trimestralmente y extraordinarias cuando la situación así lo amerite, las sesiones se realizarán previa convocatoria del Presidente del Consejo, realizada por lo menos con dos días de anticipación.

Art. 10.- El quórum para las sesiones de la Asamblea será la mayoría absoluta, es decir la mitad más uno. En

caso de que no contarse con el quorum necesario, se esperará un lapso de treinta minutos. En caso de persistir la inasistencia, la sesión se instalará con los miembros asistentes, las decisiones así adoptadas serán válidas y de cumplimiento y acatamiento obligatorio para todo el Consejo de Seguridad Ciudadana Cantonal.

Art. 11.- Las decisiones de la Asamblea se adoptarán mediante votación nominal y con la mayoría absoluta de los asistentes.

Art. 12.- En caso de registrarse empate en la votación, el voto del Presidente/ a será dirimente.

Art. 13.- Son atribuciones de la Asamblea General las siguientes:

1. Conocer, discutir y aprobar las Políticas locales, diagnósticos, planes, proyectos y programas en el campo de seguridad ciudadana.
2. Coordinar con los Consejos de Seguridad Ciudadana Provincial y Nacional.

Art. 14.- Conforman el Consejo Directivo:

1. El/a Alcalde/sa del Cantón, o su delegado quien lo presidirá;
2. El/la Jefe/a del distrito 07D03 Policía Nacional, como vicepresidente

3. El/la Comisario/a Nacional, como secretario. Vocales:
4. El/la Jefe/a Político del cantón.

5. El/la Jefe/a de la comisión de tránsito del Ecuador.
6. El/la Agente Fiscal del cantón.
7. El/la Jefe/a del Cuerpo de Bomberos.
8. Un/a representante de la ciudadanía, electo/a por la asamblea.

Art. 15.- Serán funciones del Consejo Directivo, las siguientes:

1. Enfocar los problemas de inseguridad ciudadana y formular las políticas locales y planes de prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana.
2. Establecer formas de participación, coordinación y aporte de recursos de cada una de las instituciones para el cumplimiento del objeto y fines de la presente norma.
3. Aprobar hasta el 30 de enero de cada año los planes de seguridad ciudadana y los respectivos planes operativos, los cuales se elaborarán garantizando la participación ciudadana.

Registro Oficial N° 42 Miércoles 18 de septiembre de 2019 – 47

4. Evaluar trimestralmente los planes de seguridad ciudadana y los planes operativos, con el objeto de determinar resultados y plantear posibles modificaciones.
5. Desarrollar el sistema de seguridad ciudadana, aplicando estrategias de carácter preventivo, los principios determinados en la Ley y la presente Ordenanza.
6. Gestionar recursos que permitan el mejor desempeño del consejo cantonal de seguridad ciudadana.
7. Convocar a una asamblea anual a la comunidad, en la que el consejo de seguridad ciudadana rendirá cuentas e informara acerca de las acciones desarrolladas, acogiendo también las importantes sugerencias de los ciudadanos.

h) Proponer la Política Pública de seguridad ciudadana al Consejo de Seguridad para la aplicación de las estrategias en materia de seguridad ciudadana, así como la suscripción de convenios que respalden las acciones a ejecutarse entre las entidades que conforman el sistema de seguridad ciudadana en el Cantón.

i) Proponer los reglamentos necesarios para su funcionamiento.

j) Fomentar la participación ciudadana local, en asambleas comunitarias para la vigilancia y alerta a la Policía Nacional.

k) Las demás establecidas en la ley y la presente ordenanza.

Art. 16.- Las funciones del Presidente del Consejo Directivo y de la Asamblea General de autoridades, serán las siguientes:

1. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Consejos.
2. Representar a la institución en las reuniones interinstitucionales siendo responsable de lograr la armonía y colaboración de los diferentes miembros del consejo.
3. Coordinar con el secretario y las instancias que conforman el consejo, las acciones a desarrollarse y colaborar en la elaboración de las propuestas y planes de seguridad ciudadana local.
4. Formular la convocatoria a las sesiones de los consejos.
5. Formular el orden del día de las sesiones.
6. Instalar y clausurar las sesiones.
7. Suscribir conjuntamente con el secretario, las actas de las sesiones de los Consejos.h) Implementar el sistema parlamentario en las sesiones de los Consejos.

Art. 17.- El Secretario será responsable por la gestión de seguridad ciudadana en todo el territorio, será responsable de toda la parte operativa para hacer cumplir las políticas locales y planes de prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana,

Art. 18.- Funciones del Secretario:

1. Actualizar semestralmente el diagnóstico de seguridad ciudadana del cantón.
2. El Secretario del Consejo de Seguridad Ciudadana, permanentemente coordinará las acciones con las instituciones de respuesta a emergencias como: prevención de incendios, auxilio y evacuación médica y vigilancia y respuesta de la Policía Nacional.
3. Elaborar el plan operativo anual de prevención del delito y desastres para el cantón.
4. Elaborar y presentar trimestralmente al Consejo Directivo los informes de actividades pertinentes;
5. Dirigir y coordinar la aplicación del plan de prevención que será aprobado por el Consejo Directivo y velar por la ejecución de los programas y proyectos de prevención;
6. Formular el presupuesto anual para el desarrollo del plan operativo de prevención del delito.
7. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de prevención en el cantón;

h) Notificar a los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana Cantonal de Zaruma, con las convocatorias a las reuniones de los comités y ejercer la secretaría de los mismos con derecho a voz y voto.

i) Tramitar las decisiones del Consejo de Seguridad y traducir las mismas en políticas públicas de prevención delincuencial y de desastres.

j) Elaborar y suscribir conjuntamente con el Presidente las actas y resoluciones que se adopten en el Consejo.

k) Dar fe de las actuaciones de los consejos y acatar sus decisiones.

CAPITULO IV

Administración y financiamiento

Art. 19.- El Consejo Directivo presentará los proyectos de reglamentos o procedimientos administrativos y financieros a la asamblea para su aprobación, de acuerdo a los planes d prevención diseñados para el cantón.

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Art. 20.- Los recursos del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón se constituyen por:

1. Los aportes con los que contribuya cada uno de los órganos y entidades que conforman el consejo y la asamblea general de autoridades y actores sociales.
2. Los que se gestionen de proyectos nacionales o internacionales de apoyo a los programas de desarrollo social y planes de prevención delincuencial.

d) Los recursos provenientes de aportes, donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras a cualquier título, certificadas como licitas, que serán aceptadas por el Consejo Directivo con beneficio de inventario.

Art. 21.- Manejo y destino de los recursos: Los valores recaudados en la aplicación de esta ordenanza se manejarán en una cuenta especial y se destinarán al cumplimiento de las atribuciones y funciones específicas del Consejo de Seguridad Ciudadana.

Art. 22.- Elaboración y aprobación del presupuesto del Consejo de Seguridad Ciudadana. El presupuesto anual del Consejo de Seguridad Ciudadana será elaborado por el secretario y aprobado por el Consejo Directivo, hasta el 30 de enero de cada año.

Art. 23.- El patrimonio del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón, no se destinará a otros fines que a los de sus obligaciones y funciones específicas.

Art. 24.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación realizada en las formas determinadas en el COOTAD.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA: En todo lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará las disposiciones establecidas para el efecto en el COOTAD, COESCOP, Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado y en las leyes conexas.

SEGUNDA: Lodo proyecto, programa, campaña y gestión en general se efectuará por medio del Concejo de Seguridad Ciudadana Cantonal.

TERCERA: Delegase a los Presidentes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales y/o Recintos y Ciudadelas, la creación de los Comités de Seguridad Ciudadana Parroquiales, en las diferentes jurisdicciones del Cantón; a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 literal n) del COOTAD. «Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde a la realidad de cada Parroquia Rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el Gobierno Parroquial Rural, el Gobierno Central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional.

CUARTA: En caso de situaciones de emergencia y acciones de respuesta inmediata, actuarán los responsables del grupo de Seguridad y Control del comité de operaciones de emergencia cantonal (COE-M).

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y página web de la institución.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Zaruma, a 26 de julio de 2019.

f.) Ing. Jhansy López Jumbo, Alcalde del GADM-Zaruma.

f) Ab. María Cecilia Guzmán Romero, Secretaria.

SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA

La infrascrita Secretaria Municipal, certifica que en las sesiones ordinarias celebradas los días 12 y 26 de julio del 2019, el Concejo Municipal de Zaruma aprobó en primero y segundo debate, respectivamente, la ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN ZARUMA.

Zaruma, 26 de julio del 2019.

f.) Ab. Ma. Cecilia Guzmán R., Secretaria Municipal.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA

Zaruma 29 de julio del 2019.

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono la presente ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN ZARUMA y autorizo la promulgación y publicación en el Registro Oficial y pagina web de la institución.

f.) Ing. Jhansy López Jumbo, Alcalde.

SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA Proveyó y firmo el decreto que antecede para la ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN ZARUMA, el Ing. Jhansy López Jumbo, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma, el 29 de julio del 2019.- LO CERTIFICO.-

Zaruma, 29 de julio del 2019.

f) Ab. Ma. Cecilia Guzmán R., Secretaria Municipal.