Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 24 de junio de 2020 (R.O. 231, 24– junio -2020) SUPLEMENTO

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

DECRETO:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:

1075…. Refórmese el Decreto Ejecutivo Nº 822, publicado
en el Registro Oficial Suplemento Nº 635 de 25 de
noviembre de 2015………………………………………… 2

– Miércoles 24 de junio de 2020 Suplemento – Registro Oficial Nº 231

Nº 1075

LENÍN MORENO GARCÉS

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 260 de la Constitución de la República establece como competencia exclusiva del Estado central, el control y administración de las empresas públicas nacionales;

Que el numeral 3 del artículo 225 de la Constitución de la República prescribe que el sector público comprende: «3) Los organismos y entidades creados por la Ley para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado»:

Que el artículo 226 de la Constitución de la República señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que el inciso primero del artículo 315 de la Constitución de la República dispone que: «El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servidos públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas»;

Que el los numerales 2 y 6 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Empresas públicas establecen como objetivos de ese cuerpo legal: «Establecer los medios para garantizar el cumplimiento, a través de las empresas públicas, de las metas fijadas en las políticas del Estado ecuatoriano, de conformidad con los lincamientos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y: proteger el patrimonio, la propiedad estatal, pública y los derechos de las generaciones futuras sobre los recursos naturales renovables y no renovables, para coadyuvar con ello el buen vivir»:

Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala que: «Las empresas públicas se rigen por los siguientes principios: 1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la población ecuatoriana; (…) 6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública»;

Que el primer inciso del artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, determina que: «Útt empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la

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prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado»:

Que el artículo 6 del mismo cuerpo legal, determina que: «Son órganos de dirección y administración de las empresas públicas: l. El Directorio; y, 2. La Gerencia General»:

Que el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo prevé: «Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución)’ asesoría en la administración.'»:

Que el inciso final del artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prescribe: «£n el caso de que para la negociación, instrumentación. perfeccionamiento de operaciones de endeudamiento público, colocación o recompra de títulos emitidos por el Estado, cobertura o la novación de deuda, se requiriera en forma previa o concurrente de la celebración de contratos que sin ser de deuda pública, fueren indispensables para coadyuvar a los señalados propósitos, tales contrataciones, estarán exceptuados del trámite previsto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; no obstante el ente rector de las finanzas públicas, deberá expedir para el efecto, los procedimientos que normen aquellas contrataciones, entre ellos, la selección, calificación y adjudicación (…) Se podrá vincular un convenio de préstamo con otros convenios o contratos comerciales, de exportación, de importación, de ejecución de obras, prestación de servicios o financieros incluyendo los de manejo de cuentas bancarias»:

Que el segundo artículo innumerado a continuación del artículo 148 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas denominado «Excepciones a la prohibición de gravación global de rentas», prevé: «Se podrá comprometer rentas, activos o bienes de carácter público únicamente en contratos u operaciones de endeudamiento público que cumplan con las siguientes condiciones: – Que el contrato u operación esté vinculada directa y exclusivamente para financiar un proyecto que cuenten con capacidad financiera de pago total de las obligaciones financieras y no financieras por su aplicación. El Proyecto no deberá requerir para su funcionamiento de transferencias sin contraprestación del Presupuesto General del Estado. Estas operaciones únicamente podrán comprometer los flujos y activos de cada proyecto. Para garantizar el cumplimiento de esta exclusión se deberán constituir unidades administrativas independientes o fórmalos de gerenciamiento del proyecto que permita identificar deforma clara su información financiera.- Que el contrato u operación, mediante estructuras financieras, este vinculada directa y exclusivamente para obtener financiamiento para el Estado usando sus activos con los sustentos

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adecuados, lo que incluye el análisis de riesgos de la operación y de impacto fiscal. El Ente rector de las finanzas públicas deberá presentar deforma anual mediante acuerdo ministerial el listado de las estructuras financieras permitidas en el marco de la normativa para las finanzas públicas. El Comité de Deuda y Financiamiento deberá incluir en su aprobación la referencia exacta sobre los compromisos de rentas, activos o bienes de carácter público de cada operación»:

Que mediante Decreto Ejecutivo 822, publicado en el Registro Oficial Suplemento 635, de 25 de noviembre de 2015, se expidió el Reglamento que regula las atribuciones, deberes y responsabilidades de los Directorio y de las Gerencias Generales de la Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, en el cual se establecen tanto las atribuciones del Directorio como las atribuciones y deberes de la Gerencia General de las empresas públicas de la Función Ejecutiva;

Que el primer inciso del artículo 3 de dicho Decreto Ejecutivo preceptúa: “El Directorio es responsable de que los objetivos, políticas y metas de la empresa estén debidamente articulados con el Plan Nacional de Desarrollo, las estrategias nacionales y las poli ticas sectoriales»: y,

Que, en procura de aplicar criterios que puedan considerar aspectos de interés general y beneficio del Estado sin limitarse a aspectos de rentabilidad empresarial, es necesario facilitar y coordinar operaciones integrales que coadyuven al sostenimiento de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos públicos en su conjunto, así como el alcance de las responsabilidades de los órganos de las empresas públicas en este marco.

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 147 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador,

DECRETA:

Artículo 1.- Incorporar a continuación del cuarto inciso del artículo 3 del Decreto Ejecutivo 822 publicado en el Registro Oficial Suplemento 635 de 25 de noviembre de 2015, el siguiente texto:

«El Directorio, ante el requerimiento del ente rector de finanzas públicas y, previo a autorizar el inicio de procesos de negociación de operaciones que correspondan a la empresa pública y que sean concurrentes en operaciones integrales que se estructuren para el beneficio del Estado ecuatoriano en su conjunto, analizará y aprobará los informes presentados por el Gerente General que sustenten tal autorización. El Directorio podrá ejercer tal atribución, cuando los estudios realizados y remitidos por el ente rector de las finanzas públicas, a más de los

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informes del Gerente General de la empresa, justifiquen que las operaciones que integren la estructura respectiva consideradas de manera integral, sean indispensables para generar un beneficio financiero o económico para el listado en su conjunto, sin limitarse al rendimiento y utilidad empresarial.»

Disposición Final.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas- EMCO EP y al Ministerio de Economía y Finanzas.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 23 de junio de 2020.

Quito, 24 de junio del 2020, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR