Registro Oficial No 821-Miércoles 31 de Octubre de 2012

octubre 31, 2012

n n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado n n Presidente Constitucional de la República del Ecuador n n Miércoles 31 de Octubre de 2012 – R. O. No. 821 n n n n SUMARIO n n n n Presidencia de la República: n n n n Ejecutivo n n Decretos n n 1325 […]

n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

n Presidente Constitucional de la República del Ecuador

n Miércoles 31 de Octubre de 2012 – R. O. No. 821

n SUMARIO

n Presidencia de la República:

n Ejecutivo

n Decretos

n 1325 Créase el Instituto Nacional de Investigación del Transporte – INIT, adscrito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con domicilio en la ciudad de Quito

n 1326 Refórmase el Decreto Ejecutivo 416 de 8 de julio del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 242 el 23 de julio del 2010

n 1327 Dispónese que las entidades y organismos de la Administración Pública Central e Institucional, deberán reencauchar los neumáticos utilizados en sus vehículos livianos y de transporte pesado

n 1328 Dispónese que la Agencia de Regulación y Control Minero expida dentro del plazo máximo de 60 días y con la coparticipación del Ministerio, de Relaciones Laborales, las normas técnicas que regulen reglamentariamente la seguridad de las actividades mineras

n 1329 Asciéndese al grado de Teniente General de las Fuerzas Armadas al Brigadier General Enrique Fernando Velasco Dávila

n Ministerio de Educación:

n Acuerdos

n 0434-12 Expídese la Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas

n 0438-12 Disponer que en un plazo no mayor a sesenta días, se proceda a convocar a través de la página web de este Ministerio a los supervisores educativos en funciones, a las evaluaciones para acceder a las funciones de Asesor Educativo o Auditor Educativo

n 0442-12 Refórmase el Acuerdo Ministerial No. 433-12 de 27 de septiembre del 2012

n Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia:

n Resoluciones

n 011-CNNA-2012 Refórmanse las resoluciones Nos. 20 y 3, publicadas en los Registros Oficiales Nos. 412 de 2 de septiembre del 2004 y 33 de 5 de marzo del 2007, respectivamente

n 012-CNNA-2012 Nómbrase al magíster Sergio Álvaro Sáenz Andrade, Secretario Ejecutivo Nacional, encargado

n Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos:

n Resoluciones

n 013-NG-DINARDAP-2012 Expídese la Norma para el uso y manejo de los logotipos creados por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

n 017-NG-DINARDAP-2012 Expídese la Norma que regula el mecanismo para subsanar la omisión de firmas en inscripciones y anotaciones en los registros mercantiles

n Empresas Públicas: Correos del Ecuador CDE E. P.

n 2012-338 Apruébase la emisión postal denominada 125 Años de la Firma del Tratado de Amistad entre Ecuador y Alemania

n 2012-353 Apruébase la emisión postal denominada Enteros Postales-Buzón Esperanza

n RTVECUADOR Televisión y Radio de Ecuador E. P.:

n GG-100-2012 Apruébase la contratación de la prestación de servicios de conducción de señales por satélites que reciba la señal de ECUADORTV, la procese y la retransmita en España, con la firma NewCom International y el plazo de ejecución será de 24 meses, a partir de la firma del contrato respectivo

n Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

n – Cantón Camilo Ponce Enríquez: Para la aplicación del inciso segundo del Art. 575 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

n – Cantón Chaguarpamba: Que establece el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos

n 04-2012 Cantón Playas: Que deroga la disposición quinta transitoria de la Ordenanza para la organización, administración y funcionamiento del Registro Municipal de la Propiedad

n – Cantón Quevedo: Que reforma a la Ordenanza que reglamenta la determinación, control y recaudación del impuesto de patentes municipales

n CONTENIDO

n n

n No. 1325

n Rafael Correa Delgado

n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

n REPÚBLICA

n Considerando:

n Que el número 3 del Artículo 385 de la Constitución de la República, establece como una de las finalidades del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir;

n Que los números 1 y 2 del Artículo 387 de la Constitución de la República establecen que será responsabilidad del Estado, entre otras cosas, facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo; y promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay;

n Que el Artículo 313 de la Constitución de la República establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia;

n Que según el 313 antedicho, se consideran sectores estratégicos: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley;

n Que el Artículo 394 de la Constitución de la República dispone que el Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias;

n Que la letra f) del Artículo 10.1 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que ésta puede contar, entre otros tipos de entidades, con los institutos, como organismos públicos, adscritos a un Ministerio Sectorial o Secretaría Nacional, creados para el ejercicio y la ejecución de actividades especializadas, preferentemente en las áreas de Investigación, Promoción, Normalización, Ciencia y Tecnología;

n Que el Artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 195, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 111 de 19 de enero de 2010, establece la estructura de los Institutos Nacionales;

n Que es necesario contar en el ámbito sectorial de la gestión del transporte con procesos de investigación científica, asociados a la planificación y ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios del transporte nacional, y vincularlos al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales;

n Que mediante oficio No. MINFIN-DM-2012-0541 de 19 de septiembre de 2012, el Ministerio de Finanzas, emite informe favorable para la creación del Instituto Nacional de Investigación y Transporte, de conformidad con el número 15 del Artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas;

n Que mediante oficio No. SENPLADES-SGDE-2012-0190- OF de 4 de septiembre de 2012, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo emitió informe favorable previo para la creación del Instituto Nacional de Investigación y Transporte, según lo dispuesto en la letra e) del Artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 1577, publicado en el Registro Oficial No. 535 de 26 de febrero de 2009; y,

n En ejercicio de la atribución que le confieren los números 5 y 6 del Artículo 147 de la Constitución de la República, y la letra f) del Artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

n Decreta:

n Artículo 1.- Créase el Instituto Nacional de Investigación del Transporte – INIT, adscrito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con personalidad jurídica de derecho público, con independencia funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, con jurisdicción nacional y domicilio en la ciudad de Quito.

n Artículo 2.- El Instituto Nacional de Investigación del Transporte tiene como objetivo planificar y ejecutar procesos de investigación científica para la producción de normas técnicas, manuales, procedimientos, prácticas recomendables, en apoyo a la gestión eficiente de la infraestructura y servicios del transporte.

n Artículo 3.- El Instituto Nacional de Investigación del Transporte tendrá las siguientes atribuciones:

n Realizar investigaciones técnicas y científicas relacionadas con temas de infraestructura, gestión de los servicios y seguridad del transporte terrestre, aéreo, portuario, marítimo y fluvial, que puedan servir para orientar el mantenimiento, ampliación y modernización del sistema nacional de transporte de pasajeros y mercancías;

n Realizar los estudios previos en base a los cuales la Autoridad Rectora del Transporte pueda desarrollar normas técnicas, manuales, prácticas técnicas recomendables y certificaciones relacionadas con la infraestructura y gestión de los servicios del transporte terrestre, aéreo, portuario, marítimo y fluvial;

n Impulsar la transferencia del conocimiento, contribuyendo a la formación y capacitación post profesional de recursos humanos para la infraestructura y gestión de los servicios del transporte, en coordinación con los organismos pertinentes; y,

n Las demás que le sean atribuidas por el Directorio, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.

n Artículo 4.- El Instituto Nacional de Investigación del Transporte contará con un Directorio como máxima instancia de decisión, integrado por los siguientes miembros, quienes actuarán con voz y voto:

n El Ministro de Transporte y Obras Públicas o su delegado, quien lo presidirá;

n El Ministro Coordinador del Conocimiento y Talento Humano o su delegado; y,

n El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado.

n El Directorio podrá invitar, cuando lo considere necesario, a las entidades públicas cuyo ámbito de gestión se relacione con los fines del Instituto.

n El Director del Instituto Nacional de Investigación del Transporte actuará como Secretario del Directorio con derecho a voz pero sin voto.

n Artículo 5.- El Directorio tendrá como atribuciones las siguientes: a. Aprobar la estructura organizacional del Instituto y sus correspondientes reformas o modificaciones; b. Conocer y aprobar los planes operativos, el presupuesto anual requerido para el funcionamiento del Instituto Nacional de Investigación del transporte y sus Indicadores de Gestión; y, c. Las demás que sean necesarias para el funcionamiento del Instituto, según las competencias asignadas.

n Artículo 6.- El Instituto Nacional de Investigación de Transporte estará representado por un Director Ejecutivo, que será designado por el Ministro de Transporte y Obras Públicas.

n Artículo 7.- El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación de Transporte tendrá las siguientes atribuciones:

n Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Instituto Nacional de Investigación del Transporte;

n Cumplir y dar seguimiento, dentro del ámbito de su competencia, a las políticas expedidas por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas;

n Someter a conocimiento y aprobación del Directorio los planes operativos, el presupuesto anual requerido para el funcionamiento del Instituto Nacional de Investigación del Transporte y sus indicadores de gestión;

n Presentar semestralmente al Directorio los informes de ejecución y logros;

n Nombrar, contratar y remover al personal del Instituto, de conformidad con la normativa legal vigente; y,

n Las demás que le fueren asignadas por el Directorio, necesarias para el adecuado funcionamiento del Instituto Nacional de Investigación del Transporte,

n DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárgase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, contando para ello con el apoyo de las instituciones rectoras de los procesos requeridos para su cabal cumplimiento.

n Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de Octubre 2012.

n f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

n f.) María de los Ángeles Duarte Pesantes, Ministra de Transporte y Obras Públicas.

n Documento certificado electrónicamente.

n f.) Ab. Oscar Pico, Subsecretario Nacional de la Administración Pública.

n No. 1326

n Rafael Correa Delgado

n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

n REPÚBLICA

n Considerando:

n Que en el Encuentro Presidencial y Primera Reunión del Gabinete de Ministerios Binacional del Ecuador y del Perú celebrados en la ciudad de Tumbes, el 1 de junio de 2007, los Presidentes de la República de ambos países acordaron la creación de una Comisión Binacional de Lucha contra el Contrabando integrada por los sectores competentes, con la finalidad de controlar y combatir el contrabando que afecta a ambos países;

n Que durante la VII Reunión de la Comisión de Vecindad Ecuatoriana-Peruana celebrada en Loja, el 13 de junio de 2008, se acordó que la 1 Reunión de la Comisión Binacional de Lucha contra el Contrabando, se realice en el marco de la II Reunión del Comité Técnico Binacional del Régimen Fronterizo y Derechos de las Personas;

n Que el marco de la II Reunión del Comité Técnico Binacional de Régimen Fronterizo y Derechos de las Personas, desarrollado el 25 de septiembre de 2008 en la ciudad de Machala se instaló y se celebró la 1 Reunión de la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando, con la participación de diversos sectores de ambos países vinculados a la lucha contra estos ilícitos;

n Que durante la celebración de la II Reunión de la Comisión Binacional Ecuador-Perú de Lucha contra el Contrabando, que se desarrolló en Piura, el 22 de septiembre de 2009, con la participación de diversos sectores de ambos países involucrados en esta temática, la Delegación ecuatoriana se comprometió a oficializar la conformación de su Sección Nacional;

n Que Según Decreto Ejecutivo 416 de fecha 8 de julio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 242 el 23 de julio de 2010, se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial de la Sección Nacional Ecuatoriana de la Comisión Binacional Ecuador – Perú de Lucha Contra el Contrabando;

n Que en el Encuentro Presidencial y IV Reunión de Gabinete de Ministros Binacional realizada en Loja el 26 de octubre de 2010, los Presidentes de la República de ambos países acordaron instruir a la Comisión Binacional de Lucha Contra el Contrabando, establecer un Plan Operativo con el objeto de lograr resultados concretos en el combate a este delito;

n Que en el Encuentro Presidencial y V Reunión del Gabinete Binacional de Ministros realizada en Chiclayo el 29 de febrero de 2012, ambos países exhortaron que las decisiones acordadas en la Comisión Binacional Ecuador-Perú de, Lucha Contra el Contrabando, aporten y sean efectivas en la lucha contra el contrabando por lo que se recomienda mejorar el nivel de representatividad;

n Que en este sentido resulta apropiado reestructurar el Grupo de Trabajo Multisectorial de la Sección Nacional Ecuatoriana de la Comisión Binacional Ecuador-Perú de Lucha contra el Contrabando,

n Decreta:

n Reformar el Decreto Ejecutivo 416 de fecha 8 de julio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 242 el 23 de julio de 2010.

n Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 2, por el siguiente:

n ?Artículo 2.- El Grupo de Trabajo Multisectorial, estará conformado por los siguientes Ministerios y Entidades Miembros.

n Ministerio de Coordinación de Seguridad;

n Ministerio del Interior;

n Ministerio de Defensa Nacional;

n Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

n Ministerio de Salud Pública;

n Ministerio de Recursos Naturales No Renovables;

n Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad;

n Servicio de Rentas Internas; y,

n Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

n De ser el caso, y para el mejor cumplimiento de sus funciones se podrá convocar la participación, como invitados, de representantes de entidades públicas o privadas para que participen o asistan a las sesiones del presente Grupo de Trabajo Multisectorial.

n También para el mejor cumplimiento de sus funciones podrá el Grupo de Trabajo Multisectorial, crear Comités Técnicos para los operativos y acciones concretas que deban efectuarse para contrarrestar el contrabando.?

n Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 4, por el siguiente:

n ?Artículo 4.- Ejercerá la Presidencia del Grupo de Trabajo Multisectorial el Ministro de Coordinación de Seguridad o su Delegado y, la Secretaría Técnica será ejercida por un Representante o Delegado del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (en coordinación con la Cancillería).?

n Artículo Final.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

n Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 11 de Octubre 2012.

n f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

n f.) Homero Arellano Lascano, Ministro Coordinador de Seguridad.

n Documento certificado electrónicamente.

n f.) Ab. Oscar Pico, Subsecretario Nacional de la Administración Pública.

n No. 1327

n Rafael Correa Delgado

n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

n REPÚBLICA

n Considerando:

n Que el artículo 14 y el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República, determinan que el Estado reconocerá y garantizará el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

n Que el artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la Política Económica tendrá como objetivos, incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, mediante la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, e impulsar el pleno empleo y el consumo social y ambientalmente responsable;

n Que el artículo 414 de la Constitución de la República, señala que el Estado adoptará las medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica;

n Que la Agenda de Transformación Productiva dentro de su eje de sostenibilidad ambiental establece la ?Mitigación de Impactos Ambientales?; así como, el incentivo del manejo integral de desechos y residuos (reciclaje, re-uso y eliminación de los mismos), objetivos en los que se enmarca el proyecto REUSA LLANTA, que fue priorizado por la SENPLADES;

n Que la Política Industrial del Ecuador 2008 – 2012 tiene como uno de sus objetivos fomentar las actividades generadoras de mayor valor agregado, que impulsen encadenamientos productivos, con innovaciones tecnológicas que eleven los niveles de productividad, competitividad sistémica y reactiven la demanda interna, procurando el cuidado del medio ambiente, promoviendo el desarrollo de la industria nacional del reencauche;

n Que la letra a) del artículo 15 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala que el Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN-, deberá cumplir con las funciones de organismo técnico nacional competente, en materia de reglamentación, normalización y metrología;

n Que con el propósito de proteger la vida y la seguridad humana, el medio ambiente y evitar malas prácticas que provoquen perjuicio al consumidor, se han emitido las normas técnicas NTE-INEN-2581: 2011, ?Neumáticos Reencauchados Definiciones y Clasificación? y NTEINEN- 2582:2011, ?Neumáticos Reencauchados. Proceso de Re-encauche. Requisitos; y, RTE INEN 067 e INEN 2616, publicadas en el Registro Oficial, Edición Especial No. 151, de 26 de mayo del 2011; en el Registro Oficial Suplemento No. 712 de 29 de mayo del 2012; y, en el Registro Oficial No. 745 de 13 de julio del 2012, respectivamente;

n Que el Ministerio de Industrias y Productividad, mediante Acuerdo Ministerial No. 11 337, publicado en el Registro Oficial No. 549 de 5 de octubre de 2011, estableció el Registro de Empresas Reencauchadoras;

n Que es necesario mejorar la eficiencia en la administración de neumáticos que se aplica en las flotas estatales de vehículos de transporte liviano y pesado, tanto de pasajeros como de carga, generando así ahorros sustanciales en los costos de operación a nivel institucional; y,

n En uso de las facultades conferidas por el artículo 147, de la Constitución de la República, y 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

n Decreta:

n Artículo 1.- Las entidades y organismos de la administración pública central e institucional, deberán reencauchar los neumáticos utilizados en sus vehículos livianos, a partir del rin número quince; y, con las unidades de transporte pesado; para lo cual utilizarán exclusivamente los servicios de las empresas reencauchadoras registradas en el Ministerio de Industrias y Productividad.

n El cumplimiento de esta disposición constituye un requisito obligatorio para las entidades y organismos de la administración pública central e institucional, que deberá ser cumplido antes de proceder a la adquisición de un neumático nuevo a través del Sistema Nacional de Compras Públicas.

n Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto Ejecutivo, se considerará como reencauche de neumáticos de los vehículos, al proceso a través del cual, se cambia la banda de rodadura usada, por una nueva, con el propósito de extender la vida útil de una llanta, para ello se deberá cumplir con las normas y reglamentos técnicos establecidos por él INEN, en materias de estándares de calidad y seguridad en el proceso de reencauche.

n Artículo 3.- Las entidades y organismos de la administración pública central e institucional, deberán reportar en forma trimestral al Ministerio de Industrias y Productividad, el número de unidades reencauchadas por tipo de vehículo.

n Se faculta al Ministerio de Industrias y Productividad, el expedir los instrumentos legales necesarios para la implementación, seguimiento y evaluación permanente de este Decreto.

n Artículo 4.- Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución, encárguese al Ministro de Industrias y Productividad.

n Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de octubre 2012.

n f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

n f.) Santiago León Abad, Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad.

n Documento certificado electrónicamente.

n f.) Ab. Oscar Pico, Subsecretario Nacional de la Administración Pública.

n No. 1328

n Rafael Correa Delgado

n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

n REPÚBLICA

n Considerando:

n Que los artículos 283 y 284, numeral 6, de la Constitución del República determinan que el sistema económico tendrá por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir, valorando al efecto todas las formas de trabajo y el respeto a los derechos laborales;

n Que el artículo 327 de la Constitución de la República señala que la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadores será bilateral y directa;

n Que el artículo 2 de la Ley de Minería establece que dicho cuerpo normativo regula las relaciones de las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas, mixtas, privadas y las de éstas entre sí, respecto de la obtención, conservación y extinción de derechos mineros y de la ejecución de actividades mineras;

n Que el artículo 68 de la Ley de Minería indica que en materia de seguridad e higiene minera-industrial, los titulares de derechos mineros tienen la obligación de preservar la salud mental y física y la vida de su personal técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de seguridad e higiene minera-industrial previstas en las disposiciones pertinentes, de conformidad con las aprobaciones de los lugares de trabajo efectuadas por la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Trabajo y Empleo, así como que los concesionarios mineros están obligados a tener aprobado y en vigencia un reglamento interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera, sujetándose a las disposiciones al Reglamento de Seguridad Minera y demás Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las instituciones correspondientes.

n Que conforme al artículo 8 de la Ley de Minería corresponde a la agencia de Regulación y Control Minero el ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las diversas fases de la actividad minera, teniendo competencia para supervisar y adoptar acciones administrativas que coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero, y el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental que asuman los titulares de derechos mineros, para lo cual, conforme a la letra b) del artículo 9 del mismo cuerpo legal, debe expedir las regulaciones y planes técnicos para el correcto funcionamiento y desarrollo del sector, así como según la letra h) vigilar que en las actividades mineras no se encuentren trabajando, o prestando servicios niños, niñas y adolescentes y velar por el cumplimiento del artículo 43 de la Constitución de la República, así como sancionar a quienes infringieren dicha disposición; así como según la letra l) de la misma disposición el ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del caso para asegurar la correcta aplicación de las políticas y regulaciones del sector;

n Que las actividades mineras implican el desarrollo de actividades de diversa índole bajo estrictos aspectos técnicos, los cuales son de conocimiento de la Agencia de Regulación y Control Minero;

n En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

n Decreta:

n ARTICULO UNICO.- La Agencia de Regulación y Control Minero expedirá, dentro del plazo máximo de 60 días, con coparticipación del Ministerio de Relaciones Laborales, las normas técnicas que regulen reglamentariamente la seguridad de las actividades mineras.

n Dado en el Palacio Nacional, en Quito a los día 11 de Octubre 2012.

n f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

n f.) Wilson Pastor Morris, Ministro de Recursos Naturales no Renovables.

n Documento certificado electrónicamente.

n f.) Ab. Oscar Pico, Subsecretario Nacional de la Administración Pública.

n No. 1329

n Rafael Correa Delgado

n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

n REPÚBLICA

n Considerando:

n Que de conformidad al Art. 25, letra a) de la Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas que señala: ?la situación militar para los Oficiales Generales y dentro de los Oficiales Superiores a los Coroneles y Capitanes de Navío, se establecerá por Decreto Ejecutivo?.

n Que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en sesión extraordinaria de 07 de septiembre de 2012, dentro del proceso de selección para el ascenso al grado de Teniente General del señor Brigadier General ENRIQUE FERNANDO VELASCO DAVILA, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 122, letra e) de la Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, y contando con los resultados del Cuadro Resumen de Puntajes del Anexo «D» del Reglamento de los Consejos de Oficiales Generales o Almirantes de las Fuerzas Armadas y sus Anexos, mediante RESOLUCIÓN No. CSFA-019.2012, en la parte pertinente RESUELVE: ?1.- Otorgar la resolución favorable por cumplir los requisitos tanto comunes como específicos señalados en la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, y; 2.- Seleccionar al señor BRIG. ENRIQUE FERNANDO VELASCO DÁVILA, para el ascenso al grado de TENIENTE GENERAL, por haber obtenido el puntaje de 34,7500 equivalente al 96,53%, lo cual lo ubica sobre el 70% de! puntaje máximo alcanzable del Estándar de Selección establecido en el Reglamento de los Consejos de Oficiales Generales o Almirantes de las Fuerzas Armadas y sus Anexos.?. En ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos 147, número 5) de la Constitución de la República, en concordancia con el 25, letra a) de la Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, y a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional, previa resolución del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

n Decreta:

n Art. 1. ASCENDER al grado de TENIENTE GENERAL, por haber cumplido con todos los requisitos determinados en los Artículos 117 y 122, letra e) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y con los requisitos establecidos en el Reglamento del Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de las Fuerzas Armadas y sus Anexos, previa resolución del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y por existir la respectiva vacante orgánica, con la fecha que se indica a continuación al siguiente señor Oficial General:

n Promoción del 27 de octubre de 2007.

n Con fecha 27 de octubre del 2012.

n XXX PROMOCIÓN DE OFICIALES DE ARMA

n BRIGADIER GENERAL ENRIQUE FERNANDO VELASCO DÁVILA C.C. 0200469286

n Art. 2. De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, encárguese el Ministro de Defensa Nacional.

n Publíquese y Comuníquese.

n Dado en el Palacio Nacional, en Quito., a 15 de Octubre 2012.

n f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

n f.) Miguel Carvajal Aguirre, Ministro de Defensa Nacional.

n Documento certificado electrónicamente.

n f.) Ab. Oscar Pico, Subsecretario Nacional de la Administración Pública.

n No. 0434-12

n Gloria Vidal Illingworth

n MINISTRA DE EDUCACIÓN

n Considerando:

n Que la Constitución de la República, en su artículo 154, numeral 1, prescribe que ?… las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión?;

n Que según el artículo 344 de este mismo ordenamiento, el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación, y regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema;

n Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 de 31 de marzo de 2011, en su artículo 25 establece que la Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República;

n Que el artículo 2 de esta Ley, en sus literales m) y t), determina como principios de la actividad educativa: la «Educación para la democracia» y la «Cultura de paz y solución de conflictos»; que respectivamente consisten en que, los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz y promotores de la convivencia social, y en que el ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social;

n Que uno de los fines de la educación es el desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, según lo preceptuado por el artículo 3, literal a), de dicha Ley;

n Que es obligación del Estado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 6, literal b), del cuerpo legal citado, garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;

n Que el artículo 8, literal h), de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que los estudiantes tienen la obligación de respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución pacífica de los conflictos;

n Que de conformidad con el artículo 18, literal a), los miembros de la comunidad educativa tienen como obligaciones, el propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa;

n Que el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala las garantías básicas del debido proceso, de las que se encuentran asistidos todos los ciudadanos; y,

n Que el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicado en el suplemento del Registro Oficial 754 de 26 de julio de 2012, en sus artículos 330, inciso segundo, establece: ?Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el Artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves.?; y 331, numeral 3, señala que serán las máximas autoridades de los establecimientos educativos los responsables de sustanciar el proceso disciplinario y remitir el mismo a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la aplicación de la sanción correspondiente.

n En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la Constitución de la República, 22, literales t) y u), de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Disposición General Primera de su Reglamento General, y 17 del Estatuto del Régimen jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

n Acuerda:

n Expedir la NORMATIVA SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

n Capítulo I

n Normas generales

n Art. 1.- Ámbito.- La presente normativa regula las alternativas de solución de conflictos en las instituciones educativas y la aplicación de las acciones educativas disciplinarias.

n Art. 2.- Instituciones educativas.- Las instituciones educativas deben ser espacios de convivencia social pacífica y armónica, en los que se promueva una cultura de paz y de no violencia entre las personas y contra cualquiera de los actores de la comunidad educativa, así como la resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social.

n Art. 3.- Principio.- Las alternativas de solución de conflictos y las acciones educativas disciplinarias, deben ser aplicadas como parte de la formación integral del estudiante, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos y libertades fundamentales y promoviendo la construcción de una cultura de paz y no violencia entre las personas y la convivencia pacífica y armónica entre los miembros de la comunidad educativa.

n Capítulo II

n De las alternativas de solución de conflictos

n Art. 4.- Tratamiento de conflictos.- Las situaciones conflictivas, en todos los espacios de la vida escolar, deben ser abordadas oportuna y eficazmente por la institución educativa, a través de la adopción de acciones de prevención, resolución de los conflictos y seguimiento de las medidas aplicadas para su solución.

n Art. 5.- Prevención de conflictos.- Para prevenir la generación de situaciones conflictivas entre los estudiantes y de éstos con el resto de actores de la comunidad educativa, la institución educativa debe ejecutar las siguientes acciones:

n Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional, el enfoque transversal de la solución pacífica de conflictos;

n Incluir en la planificación, como parte de la asignatura «Educación para la ciudadanía», horas pedagógicas y actividades fuera de clase en las que se promueva la prevención y solución pacífica de conflictos;

n Difundir entre los miembros de la comunidad educativa el Código de Convivencia;

n Capacitar a los docentes en la detección y manejo de conflictos;

n Impartir charlas y conferencias, dirigidas a los representantes de los estudiantes; y,

n Definir la intervención del departamento de Consejería Estudiantil.

n Art. 6.- Detección de conflictos.- Los docentes que lleguen a conocer de hechos que hagan presumir la existencia de un posible conflicto entre los estudiantes y de éstos con otros miembros de la comunidad educativa, que puedan afectar su derecho a la educación; deberá comunicarlos inmediatamente al docente tutor de grado o curso y al departamento de Consejería Estudiantil.

n Cuando se trate de una violación del derecho a la educación u otro derecho de los estudiantes, el docente lo pondrá en conocimiento de la máxima autoridad de la institución educativa.

n Art. 7.- Acoso Escolar.- El abordaje adecuado de las variantes de acoso escolar merecerá especial atención por parte de los docentes y autoridades educativas quienes están llamados a arbitrar las medidas necesarias para la protección integral de los estudiantes. Para la aplicación de medidas educativas o sanciones, mediará la denuncia expresa por parte del estudiante o de su representante en cuyo caso la institución educativa garantizará el seguimiento del caso respetando las normas del debido proceso.

n Art. 8.- Resolución de conflictos.- El docente tutor de grado o curso, que conozca de un hecho que haga presumir la existencia de un posible conflicto entre los estudiantes y de estos con otros miembros de la comunidad educativa, relacionados con su grado o curso, que puedan afectar el derecho a la educación de los estudiantes, pero siempre que no se haya producido la violación de esta prerrogativa fundamental; con el acompañamiento del departamento de Consejería Estudiantil, deberá instar a los implicados en el conflicto a alcanzar una alternativa de solución amistosa a través del diálogo.

n Para el efecto, se seguirá las siguientes reglas:

n El docente tutor de grado o curso y un delegado de la primera autoridad del plantel, convocarán inmediatamente a los estudiantes y a sus representantes, a las reuniones que fueren necesarias, en las instalaciones de la institución educativa, fuera de la jornada escolar. Estas reuniones son de carácter privado y confidencial; y en ellas, cada parte expondrá su parecer sobre la situación conflictiva y, el docente tutor de grado o curso buscará que el problema se solucione, precautelando ante todo el efectivo goce del derecho a la educación de los estudiantes.

n En los días y horas señaladas, se instalarán las reuniones con la presencia del docente tutor de grado o curso y del delegado de la primera autoridad del plantel y de los estudiantes y sus representantes. Si las partes no llegaren a un acuerdo, o faltare una de ellas por dos ocasiones consecutivas, el docente tutor de grado o curso comunicará la imposibilidad de llegar a una solución, a la máxima autoridad de la institución educativa; quien, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General, deberá adoptar las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la educación y la protección integral de los estudiantes inmersos en la situación de conflicto.

n En caso de lograrse un acuerdo, el docente tutor de grado o curso elaborará el acta respectiva, la que contendrá lo siguiente: lugar, fecha y hora; nombres y apellidos completos de los estudiantes y de sus representantes; antecedentes de los hechos; los compromisos y las obligaciones contraídas por las partes; y las firmas de los comparecientes y del docente tutor de grado o curso y del delegado de la primera autoridad del plantel. Copia del acta se remitirá al departamento de Consejería Estudiantil, para el seguimiento respectivo.

n Art. 9.- Seguimiento de las resoluciones de los conflictos.- La institución educativa, a través del docente tutor de grado o curso y del departamento de Consejería Estudiantil, efectuará el seguimiento de las soluciones adoptadas para los conflictos de los estudiantes o de éstos con otros miembros de la comunidad educativa, incluidos los compromisos y las obligaciones contraídas por las partes, en el caso de una solución amistosa.

n El seguimiento se realizará con la participación activa y permanente de los estudiantes y sus representantes.

n Art. 10.- Consejería estudiantil.- El departamento de Consejería Estudiantil deberá evaluar y apoyar permanentemente a los estudiantes que se hayan visto afectados por una situación conflictiva. Los resultados de su gestión deberán ser comunicados a los representantes de los estudiantes, con el fin de que coadyuven en la ejecución de las medidas de apoyo.

n Capítulo III

n De las acciones educativas disciplinarias

n Art. 11.- Determinar que las acciones educativas disciplinarias, previstas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y el Código de Convivencia de cada institución educativa, deberán aplicarse como parte de la formación integral del estudiante, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos y libertades fundamentales y promoviendo la construcción de una cultura de paz y no violencia entre las personas y la convivencia pacífica y armónica entre los miembros de la comunidad educativa.

n Art. 12.- Consejería estudiantil.- El departamento de Consejería Estudiantil deberá hacer el seguimiento y brindar el apoyo permanente a los estudiantes que hayan recibido alguna acción educativa disciplinaria.

n Art. 13.- Debido proceso.- Para garantizar el debido proceso en la aplicación de acciones educativas disciplinarias por faltas muy graves de los estudiantes, las máximas autoridades de las instituciones educativas, deben sustanciar el proceso disciplinario cumpliendo las siguientes reglas:

n La máxima autoridad deberá expedir la respectiva providencia de inicio del proceso, la que contendrá la enunciación de los hechos objeto del proceso disciplinario, junto con el detalle de los documentos de respaldo, si los hubiere. Esta providencia debe ser notificada al representante del estudiante, mediante una boleta dejada en su domicilio.

n Recibida la notificación, el estudiante, por intermedio de su representante, en el término de tres días, debe contestar el planteamiento, adjuntando las pruebas de descargo que considere pertinentes.

n Vencido el término antes mencionado, la máxima autoridad debe señalar fecha y hora, para que el estudiante, por intermedio de su representante, presente su alegato. Esta diligencia debe ser convocada por lo menos con veinticuatro horas de anticipación.

n Una vez concluida la audiencia, la máxima autoridad deberá remitir a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos competente, el expediente con las correspondientes conclusiones y recomendaciones a las que hubiere lugar para que esta proceda al análisis y resolución respectiva, de conformidad con los artículos 330 y 331, numeral 3, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

n Art. 14.- Responsabilizar de la aplicación de la presente normativa a los señores Rectores y Directores de los establecimientos educativos

n Art. 15. Encargar a los/las señores/as Coordinadoras Zonales, Subsecretarias Metropolitanas de Educación y Direcciones Distritales, bajo su responsabilidad, que controlen el cumplimiento del presente Acuerdo.

n Disposición final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

n COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de septiembre del 2012.

n f.) Gloria Vidal Illingworth, Ministra de Educación.

n MINISTERIO DE EDUCACIÓN.- COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.- Certifico: Que esta copia es igual a su original.- f.) Ilegible.- Fecha: 16 de octubre del 2012.

n No. 0438-12

n Gloria Vidal Illingworth

n MINISTRA DE EDUCACIÓN

n Considerando:

n Que la Constitución de la República, en su artículo 154, numeral 1, prescribe que «… las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión»;

n Que el artículo 114, literales e) y f), de esta Ley, dispone: «Dentro de la carrera docente pública, los profesionales de la educación podrán ejercer la titularidad de las siguientes funciones: (…) e. Asesores educativos; f. Auditores educativos;…»;

n Que la disposición transitoria vigésima octava de este mismo cuerpo legal, prescribe: «Las y los supervisores y supervisoras educativos en funciones, desempeñarán las funciones de asesores educativos o auditores educativos, según el perfil profesional, previa evaluación y garantizando su estabilidad y demás derechos laborales»;

n Que el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicado en el suplemento del Registro Oficial 754 de 26 de julio de 2012, en su disposición transitoria trigésima ordena: «Los supervisores educativos que se encuentren en funciones a la fecha de publicación del presente reglamento serán convocados en el plazo máximo de un año a participar en el proceso para evaluar y seleccionar asesores educativos y auditores educativos. Quienes aprueben el proceso de evaluación y selección recibirán la respectiva acción de personal con la nueva denominación»;

n Que se aplicaron, como parte del proceso de validación de los instrumentos de evaluación, pruebas de saberes y pruebas psicométricas, el 19 y 20 de agosto de 2012, a los supervisores de las provincias de Guayas y Santa Elena, el 21 y 22 de ese mismo mes, a los supervisores de la provincia de Pichincha, y el 10 y 11 de septiembre de igual año, a los supervisores de las provincias de Manabí y Azuay; y,

n Que la Magister Susana Araujo Fiallos, Subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo, mediante memorando No MINEDUC-SDPE-2012-00666-MEM de 20 de septiembre de 2012, presenta el informe técnico respectivo y solicita expedir este Acuerdo Ministerial.

n En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la Constitución de la República, 22, literales t) y u), de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

n Acuerda:

n Art. 1.- Disponer que, en cumplimiento de las disposiciones transitorias vigésima octava de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y trigésima de su Reglamento General, en un plazo no mayor a sesenta (60) días, contado a partir de la suscripción del presente Acuerdo, se proceda a convocar a través de la página web del Ministerio de Educación, a los supervisores educativos en funciones, a las evaluaciones para acceder a las funciones de asesor educativo o auditor educativo, previstas en los artículos 114, literales e) y f), de esta Ley y 309 y 310 de su Reglamento General, respectivamente.

n Art. 2.- Los supervisores educativos en funciones, para acceder al cargo de asesor educativo o auditor educativo, de manera obligatoria deberán registrarse en la página web del Ministerio de Educación, durante los cinco (5) días hábiles siguientes al de la fecha de la convocatoria a la evaluación.

n Art. 3.- Los supervisores educativos en funciones que se registren para la evaluación, deberán rendir las pruebas para acceder a las funciones de asesor educativo o auditor educativo, en el lugar, el día y la hora, que se les comunique a través de la página web del Ministerio de Educación.

n Art. 4.- Responsabilizar a la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo del diseño y elaboración de las pruebas de saberes y de la definición de los aspectos a evaluar, que serán aplicadas a los supervisores educativos en funciones que deseen acceder a las funciones de asesor educativo o auditor educativo.

n Art. 5.- Disponer que se apliquen los mismos criterios de aprobación de pruebas iniciales al curso propedéutico de formación de asesores y auditores educativos, definido en el Acuerdo Minister