Administración
del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del
Ecuador

Miércoles 25 de Mayo de 2016 – R. O. No. 762

SUPLEMENTO

SUMARIO

Corte Constitucional del Ecuador:

Caso

0014-15-TI Dispónese la publicación del texto
del instrumento internacional ?TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ITALIA?

Sala de Admisión:

Causas

0105-15-IN Acción pública de
inconstitucionalidad.- Legitimado activo: Marlon Ítalo Espinoza Sotomayor,
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Rosa

0010-16-IN Acción pública de
inconstitucionalidad.- Legitimado activo: Tcnel. (B) Erwin Marcelo Merchán
Centeno, Jefe y representante legal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Centinela
del Cóndor

Gobiernos Autónomos Descentralizados:
Ordenanzas Municipales:

Ordenanzas


Cantón
Guayaquil: Que expide la Quinta reforma a la Ordenanza que regula el servicio
público de revisión técnica vehicular, matriculación, registro de la propiedad
vehicular y ventanilla única de trámites de movilidad, y que autoriza la
concesión de dichos servicios a la iniciativa privada


Cantón
Limón Indanza: Reforma a la Ordenanza General para el cobro de las
contribuciones especiales de mejoras a benefi ciarios de obras públicas
ejecutadas

Fe de Erratas:


A la
publicación de la Resolución PLECPCCS-027-08-12-2015, emitida por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, efectuada en el Registro Oficial No.
670 de 15 de enero de 2016

CONTENIDO


CORTE
CONSTITUCIONAL

DEL ECUADOR

Caso
N.° 0014-15-TI

PLENO
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.- Quito, D. M., 11 de mayo del 2016 a las 14:00.-VISTOS:
En el caso N.º 00014-15-TI, conocido y aprobado el informe presentado por la
jueza constitucional Ruth Seni Pinoargote, en sesión llevada a cabo el 11 de
mayo del 2016, el Pleno de la Corte Constitucional, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 110 numeral 1 y 111 numeral 2, literal b de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el
artículo 82 numeral 2 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, dispone la publicación en
el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional, del
texto del instrumento internacional denominado: ?TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
ITALIA?, a fin de que en el término de 10 días, contados a partir de la
publicación, cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando la
constitucionalidad parcial o total del respectivo tratado internacional.
Remítase el expediente a la jueza sustanciadora para que elabore el dictamen
respectivo. NOTIFÍQUESE.

f.)
Alfredo Ruiz Guzmán, PRESIDENTE.

f.)
Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

Razón:
Siento por tal, que el informe que antecede fue aprobado por el Pleno de la
Corte Constitucional, con cinco votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade, Ruth
Seni Pinoargote y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los
jueces Tatiana Ordeñana Sierra, Patricio Pazmiño Freire, Roxana Silva Chicaiza
y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 11 de mayo del 2016. Lo certifico.

f.)
Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

CORTE
CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.- Es fi el copia del original.- Revisado por ? f.)
Ilegible.- Quito, a 16 de mayo de 2016.- f.) Ilegible, Secretaría General.

Quito,
D. M., 11 de mayo de 2016

CORTE
CONSTITUCIONAL

DEL
ECUADOR

INFORME
DEL CASO N.º 0014-15-TI

?TRATADO
DE EXTRADICIÓN ENTRE EL

GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y

EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ITALIA?

En
virtud del sorteo correspondiente, como jueza sustanciadora del presente caso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 419 de la Constitución de la República y los artículos 107, 108,
109, 110 y 111 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, y de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional, pongo a consideración del Pleno de la Corte
Constitucional el presente informe.

I.
ANTECEDENTES

El
doctor Alexis Mera Giler en calidad de secretario nacional jurídico de la
Presidencia de la República y en representación del economista Rafael Correa
Delgado, mediante oficio N.º T.7292-SGJ-15-935 del 23 de diciembre de 2015,
remitió a la Corte Constitucional copias certificadas del ?Tratado de
Extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la
República de Italia?, para que previo a la ratificación del mismo por su parte,
deba ser puesto en conocimiento de la Corte Constitucional, a fin de que se
resuelva si requiere o no, aprobación legislativa.

El 24
de diciembre de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional, la Secretaría General de la Corte Constitucional certificó
que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

De
conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en
sesión ordinaria del 6 de enero de 2016, el secretario general, mediante
memorando N.º 0012-CCE-SG-SUS-2016, remitió la presente causa a la jueza
constitucional sustanciadora, Ruth Seni Pinoargote, quien avocó conocimiento de
la misma mediante providencia del 11 de abril de 2016 a las 09:00.

II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL

La
Corte Constitucional es competente para conocer y emitir el correspondiente
informe de conformidad con lo previsto en el artículo 438 numeral 1 de la
Constitución de la República, en concordancia con los artículos 75 numeral 3
literal d, 107 al 112 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, y de acuerdo con los artículos 80 a 83 de la Codificación
del Reglamento de Sustanciación de Proceso de Competencia de la Corte
Constitucional.

De
conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 107 numeral 1 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional
es competente para realizar el presente control constitucional y emitir un
dictamen sobre la necesidad o no de aprobación legislativa.

Por su
parte, el artículo 419 de la Constitución la República, establece.


La
ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación
previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

Se
refieran a materia territorial o de límites.

Establezcan
alianzas políticas o militares.

Contengan
el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.

Se
refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.

Comprometan
la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo
a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales.

Comprometan
al país en acuerdos de integración y de comercio.

Atribuyan
competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o
supranacional.

Comprometan
el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio
genético.

III.
INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE

APROBACIÓN
LEGISLATIVA

El
control de constitucionalidad del presente Convenio, consiste en determinar la
necesidad de aprobación legislativa del mismo, según lo dispuesto en el
artículo 107 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional.

El
?Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador y el
gobierno de la República de Italia? fue suscrito el 25 de noviembre de 2015 en
la ciudad de Quito, Ecuador.

El
presidente de la República considera que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, previo a la ratificación de los tratados internacionales por
parte de la Presidencia de la República, estos deben ser puestos en
conocimiento de la Corte Constitucional, a fin de que se resuelva si requieren
o no aprobación legislativa.

En
efecto, el presidente constitucional de la República, actuando dentro de sus
facultades de conducción de las relaciones internacionales y política exterior
del Ecuador, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 numeral 1 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
presenta ante la Corte Constitucional, el análisis del mencionado Convenio para
que se determine si este requiere o no de aprobación legislativa.

De
esta manera, corresponde a la Corte Constitucional efectuar el control de
constitucionalidad pertinente con la finalidad de determinar si el referido instrumento internacional
es de aquellos enumerados en el artículo 419 de la Constitución de la
República, mismos que, en virtud de la materia que regulan, requieren de
aprobación legislativa.

El
?Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador y el
Gobierno de la República de Italia? tiene por objeto promover una cooperación
judicial eficaz entre los dos países con la intención de reprimir la
criminalidad.

En el
referido Convenio se determina que cada Estado parte, se compromete a
extraditar al otro, a las personas que se encuentren en su territorio y que
sean buscadas por el Estado requirente, a fin de dar curso a un procedimiento penal
o de ejecutar una condena definitiva a una pena privativa de libertad u otra
medida restrictiva de la libertad personal dictada en su contra.

Para
los efectos de este Tratado, la extradición podrá ser concedida cuando la
solicitud de extradición sea formulada para dar curso a un procedimiento penal,
y cuando esta sea formulada para ejecutar una condena definitiva o una pena privativa
de libertad u otra medida restrictiva de la libertad personal.

Adicionalmente
se manifiesta que la extradición será concedida si el delito objeto de la
solicitud, ha sido cometido en el territorio del Estado requirente. También
darán lugar a la extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos
en los convenios multilaterales de los que ambos países sean parte.

Este
Convenio detalla con claridad los motivos por los cuales no podrá ser concedida
la extradición y las circunstancias que podrían incurrir para que la misma sea
denegada. Además de lo mencionado, cada Estado tendrá el derecho de denegar la
extradición de sus nacionales, y en caso de denegación de la extradición y bajo
petición del Estado requirente, el Estado requerido someterá el caso a sus
propias autoridades competentes para la incoación de un procedimiento penal.

Las
autoridades centrales en cada Estado parte, serán el Ministerio de Justicia de
la República de Italia y la Corte Nacional de Justicia de la República del
Ecuador.

La
presentación de la solicitud de extradición se realizará por la vía
diplomática, la misma que debe ser formulada por escrito, para lo cual el
referido Tratado señala los requisitos pertinentes para su presentación, además
de los documentos adjuntos que deben ser presentados para que la solicitud sea procesada.

El
Estado requerido decidirá sobre la solicitud de extradición de conformidad con
los procedimientos previstos en su propio derecho interno e informará en el
menor tiempo posible al Estado requirente sobre su decisión, y si el Estado
requerido niega total o parcialmente la solicitud de extradición, los motivos
de negación se notificarán al Estado requirente.

La
persona extraditada no podrá ser detenida o juzgada, por los fines de la
ejecución de una condena, ni sometida a cualquier otra medida restrictiva de la
libertad personal en el Estado requirente,
por cualquier delito cometido anteriormente a la entrega, y distinto del que
haya dado lugar a la extradición, salvo que: la persona extraditada, tras haber
abandonado el territorio del Estado requirente, haya regresado al mismo
voluntariamente o no haya abandonado el territorio del Estado requirente dentro
de sesenta días desde cuando haya tenido la posibilidad de hacerlo. También aplica
esta condición si el Estado requerido consienta en ello.

El
Estado requirente podrá realizar los actos irrepetibles o los que interrumpan
la prescripción o cualquier actividad procesal que tenga la finalidad de
absolver a la persona extraditada, y cuando la calificación jurídica del hecho imputado
sea modificada en el curso del proceso, la persona extraditada podrá ser
perseguida y juzgada por el delito calificado diferentemente, a condición de
que también por ese nuevo delito sea permitida la extradición.

Sin el
consentimiento del Estado requerido, el Estado requirente no podrá entregar a
un tercer Estado a la persona que le haya sido entregada y que sea reclamada
por un tercer Estado, por delitos cometidos anteriormente a la entrega. En esta
línea, el referido Tratado detalla las circunstancias que deben tener lugar en
el momento de una detención provisional.

Si el
Estado requerido, recibe del Estado requirente, y de uno o más Estados, una
solicitud de extradición para la misma persona, por el mismo delito o por
delitos distintos, el Estado requerido valorará si las solicitudes han sido presentadas
en base a un tratado; la gravedad de los distintos delitos; el tiempo y el
lugar de comisión del delito; la nacionalidad y el lugar habitual de residencia
de las persona reclamada; las fechas respectivas de presentación de las solicitudes
y la posibilidad de una sucesiva reextradición a un tercer Estado, para
determinar al Estado que debe ser extraditada la persona.

Una
vez que se haya concedido la extradición, los Estados se pondrán de acuerdo
sobre el tiempo, el lugar y todos los demás aspectos relativos a la ejecución
de la misma. El Estado requirente será informado de la duración de la privación
de libertad sufrida por la persona reclamada para los fines de la extradición.
Adicionalmente, el referido Tratado señala que el plazo para la entrega de la
persona reclamada será de cuarenta días desde la fecha en que el Estado
requirente fuere informado de la concesión de la extradición.

Otras
de las disposiciones que detalla el este Convenio, son las referentes a la
entrega diferida de la persona extraditada, a la entrega temporal de la persona
extraditada y a la existencia de un procedimiento simplificado de extradición bajo
la existencia del consentimiento de la persona a ser extraditada.

Bajo
petición del Estado requirente, el Estado requerido, de conformidad con su
legislación nacional, incautará las cosas encontradas en su territorio y de las
que disponga la persona reclamada y cuando se conceda la extradición, entregará
esas cosas al Estado requirente, y la entrega se realizará conforme lo detalla
este Tratado.

El
Convenio también manifiesta las disposiciones en relación al tránsito de las personas extraditadas y los gastos
en los que incurrirían los Estados
partes.

El
Estado requirente, bajo petición del Estado requerido, facilitará en elmenor
tiempo posible al Estado requerido, información sobre el procedimiento o la
ejecución de la condena a cargo de la persona extraditada, o información sobre
la extradición de esta persona a un tercer Estado.

El
presente Convenio no impide a los Estados cooperar en materia de extradición,
de conformidad con otros tratados de los que ambos Estados sean parte, además
de que determina ciertos aspectos relacionados con la confidencialidad de la
información y de la documentación utilizada dentro del proceso de extradición.

Cualquier
controversia derivada de la interpretación o de la aplicación del presente
Tratado, será resuelta mediante consulta por la vía diplomática.

El
presente Tratado entrará en vigor en la fecha de la segunda de las dos notificaciones
con las que los Estados contratantes se hayan comunicado oficialmente, a través
de los canales diplomáticos, habiendo llevado a cabo los respectivos procedimientos
internos de ratificación. Adicionalmente, el presente Tratado podrá ser modificado
en cualquier momento mediante acuerdo escrito entre los Estados contratantes.

El
presente Tratado tendrá una duración indefinida. Cada uno de los Estados
contratantes tiene la facultad de denunciarlo en cualquier momento, dando
comunicación escrita de ello al otro Estado por la vía diplomática. El cese tendrá
efecto en ciento ochenta días sucesivos a la fecha de la comunicación. El cese
de la eficacia no perjudicará los procedimientos iniciados con anterioridad a
la misma.

El
referido Tratado se aplicará a toda solicitud presentada después de su entrada
en vigor, inclusive si los delitos han sido cometidos antes de la entrada en
vigor del mismo.

De
esta forma, el ?Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del
Ecuador y el gobierno de la República de Italia? se ubica dentro de lo
dispuesto en el artículo 419 numeral 4 de la Constitución de la República que expresamente,
determina: ?La ratificación o denuncia de los tratados internacionales
requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: (?) 4.
Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución?.

En tal
virtud, al encontrarse el presente instrumento internacional dentro de aquellos
que requieren aprobación legislativa, corresponde a la Corte Constitucional
realizar un control automático de constitucionalidad, previo al conocimiento de
dicho instrumento por parte de la Asamblea Nacional, conforme lo establecido en
el artículo 110 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional.

f.)
Dra. Ruth Seni Pinoargote, JUEZA CONSTITUCIONAL SUSTANCIADORA.

CORTE
CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.- Es fi el copia del original.- Revisado por ? f.)
Ilegible.- Quito, a 16 de mayo de 2016.- f.) Ilegible, Secretaría General.

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B133.png

B134.JPG

MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifi co que es fi el copia del
documento original que se encuentra en los archivos de la Dirección de
Instrumentos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana.- Quito, a 07 de diciembre de 2015.- f.) Dr. Christian Cruz
Medina, Director de Intrumentos Internacionales

(E).




Caso
N.° 0014-15-TI

RAZÓN.-
Siento por tal que las nueve (9) fojas que anteceden son fi el compulsa de las
copias certificadas del ?TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ITALIA?, que reposan en
el expediente N.° 0014-15-TI.- Quito, D.M., 11 de mayo del 2016.

f.)
Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

CORTE
CONSTITUCIONAL

DEL ECUADOR

SALA
DE ADMISIÓN

RESUMEN
DE LA CAUSA No. 0105-15-IN

En
cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 03 de
mayo del 2016, a las 12h05 y de conformidad con lo establecido en el artículo
80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

CAUSA:
Acción pública de inconstitucionalidad.

LEGITIMADOS
ACTIVOS: Marlon Ítalo Espinoza Sotomayor, primer jefe del Cuerpo de Bomberos
del Cantón Santa Rosa.

CASILLA
CONSTITUCIONAL: 136.

CORREO
ELECTRÓNICO: [email protected]

LEGITIMADOS
PASIVOS: alcalde y procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Santa Rosa, y procurador general del Estado.

NORMAS
CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS: artículos 82 y 425 de la
Constitución de la República.

PRETENSIÓN
JURÍDICA:

El
accionante demanda: ?que se declare la inconstitucionalidad del fondo y la
forma de la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Regula la Gestión de los Servicios
de Prevención, Protección, Socorro y Extinción de Incendios en el cantón Santa
Rosa, publicada el 04 de septiembre de 2015?; así como la suspensión
provisional de la disposición acusada como inconstitucional.

De
conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen
de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte
Constitucional.

LO
CERTIFICO.- Quito D.M., 18 de mayo del 2016, a las 10h40.

f.)
Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

CORTE
CONSTITUCIONAL

DEL ECUADOR

SALA
DE ADMISIÓN

RESUMEN
DE LA CAUSA No. 0010-16-IN

En
cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 03 de mayo
del 2016, a las 12h15 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80,
numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

CAUSA:
Acción pública de inconstitucionalidad.

LEGITIMADOS
ACTIVOS: Tcnel. (B) Erwin Marcelo Merchán Centeno, jefe y representante legal
del Cuerpo de Bomberos del cantón Centinela del Cóndor

CASILLA
CONSTITUCIONAL: 753.

CORREO
ELECTRÓNICO: [email protected]

LEGITIMADOS
PASIVOS: alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Centinela del Cóndor, y procurador general del Estado.

NORMAS
CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS: artículos 84; 120 numeral 6; 226; 264
numeral 13; 425; 426, de la Constitución de la República.

PRETENSIÓN
JURÍDICA:

El
accionante demanda: <<?inconstitucionalidad de palabras y frases, y
artículos 2; 3; 5; 14; 15; 16; 17; 18; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 hasta el
37 de la ?Ordenanza que Regula la Gestión de los Servicios de Prevención, Protección,
Socorro y Extinción de Incendios en el cantón Centinela del Cóndor?, sancionada
y firmada por el alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Centinela del Cóndor el 30 de diciembre de 2015?>>

De
conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen
de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte
Constitucional.

LO
CERTIFICO.- Quito D.M., 19 de mayo del 2016, a las 10h40.

f.)
Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

EL M.I.
CONCEJO MUNICIPAL

DE GUAYAQUIL

Considerando:

Que,
de conformidad con el artículo 238 de la Constitución de la República del
Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa
y financiera, y de acuerdo a su artículo 240, tales gobiernos tendrán facultades legislativas en el ámbito de
sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que,
de acuerdo con el numeral 6 del artículo 264 de la Constitución de la República
y el artículo 55 letra f) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD), los gobiernos autónomos descentralizados
municipales tienen competencia exclusiva para la planificación, regulación y
control del tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal;

Que,
según lo dispuesto en el artículo 30.5 letra j) de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los gobiernos autónomos descentralizados
municipales tienen competencia para autorizar, concesionar o implementar los
centros de revisión y control técnico vehicular, a fin de controlar el estado
mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y el ruido con origen
en medios de transporte terrestre;

Que,
el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 006-CNC-2012 de
fecha 26 de abril de 2012, transfirió la competencia para planificar, regular y
controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de
los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país, progresivamente,
en los términos de dicha Resolución;

Que,
de conformidad con el artículo 64 de la ?Ordenanza que Regula el Servicio
Público de Revisión Técnica Vehicular, Matriculación, Registro de la Propiedad Vehicular
y Ventanilla Única de Trámites de Movilidad en el cantón Guayaquil y que
Autoriza la Concesión de dichos Servicios a la Iniciativa Privada?, las tasas y
demás tarifas aprobadas por el Concejo Municipal de Guayaquil tienen una
vigencia anual, y se deben actualizar para cada periodo fiscal de conformidad
con el incremento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que señale el
Banco Central del Ecuador;

Que,
el contrato de concesión de los Servicios Públicos de Revisión Técnica
Vehicular, Matriculación, Registro de la Propiedad Vehicular y Ventanilla Única de
Trámites de Movilidad, establece en su Clausula Sexta, numeral 6.3; que el
Concejo Municipal de Guayaquil actualizará las tasas a cobrarse a los usuarios
por los servicios concesionados de acuerdo con la inflación anual, dicho
aumento otorga equilibrio económico al Contrato de Concesión a lo largo de su
vigencia;

Que,
la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) estableció, mediante Resolución No.
109-DIR-2015-ANT del 28 de diciembre del 2015, el nuevo Cuadro Tarifario para
el año fi scal 2016, señalando en el artículo 2 de la misma que las tarifas
emitidas por la ANT podrán ser modificadas por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados en el ámbito de su competencia; y,

Que,
de igual forma, es necesario realizar operativos en la vía pública para
controlar los vehículos que no realizan la revisión técnica vehicular, la cual
es obligatoria para circular en el cantón Guayaquil.

En
ejercicio de la facultad normativa prevista en los artículos 240 de la
Constitución de la República y 57 letra a) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:

LA
?QUINTA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO PÚBLICO DE REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR, MATRICULACIÓN, REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR Y VENTANILLA ÚNICA
DE TRÁMITES DE MOVILIDAD EN EL CANTÓN GUAYAQUIL Y QUE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE
DICHOS SERVICIOS A LA INICIATIVA PRIVADA?

Art.
1.- Refórmense los cuadros de tarifas contemplados en el artículo 63, los
cuales tendrán el siguiente texto:


Tasas
por Servicio de Revisión Técnica Vehicular (US$)

Categorías

Frecuencia de Revisión

Revisión Voluntaria

Primera

Tercera