Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 28 de Agosto de
2013 – R. O. No. 68

SUPLEMENTO

SUMARIO

Corte Constitucional del Ecuador:

Casos

Dispónese la publicación de los siguientes instrumentos
internacionales:

0006-13-TI Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
Relacionados con la Aviación Civil Internacional

0012-13-TI Convención para la Conservación y Ordenación de
los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur

0013-13-TI Convenio Constitutivo de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite Enmendado tal como se
convino en el Vigésimo Período de Sesiones de la Asamblea de la IMSO

0014-13-TI Convenio entre la República del Ecuador y la
República de Bolivia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

0016-13-TI Convenio entre la República del Ecuador y el
Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones

0017-13-TI Convenio de Servicios Aéreos entre la República
del Ecuador y el Gobierno del Estado de Qatar

0021-13-TI Acuerdo entre la República del Ecuador y la
República Bolivariana de Venezuela en Materia de Asistencia Mutua y Cooperación
en Asuntos Aduaneros

0022-13-TI Acuerdo de Seguridad Social entre la República de
Colombia y la República del Ecuador

Gobiernos Autónomos Descentralizados Ordenanza Municipal:

Ordenanzas


Cantón Palora: Que expide la primera reforma a la
Ordenanza de funcionamiento del parque industrial y adjudicación de solares


Cantón Isabela: Que expide las reformas a la
Ordenanza para la gestión integral de desechos y residuos

CONTENIDO


CORTE CONSTITUCIONAL

PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.- Quito, 24 de julio del
2013 a las 14:25.- VISTOS: En el caso N.º 0006-13-TI, conocido y aprobado el
informe presentado por el juez constitucional Manuel Viteri Olvera, en sesión ordinaria
llevada a cabo el 24 de julio del 2013, el Pleno de la Corte Constitucional, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 110 numeral 1 y 111 numeral 2, literal b
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en
concordancia con el artículo 71 numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, dispone la publicación en
el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional, del
texto del instrumento internacional denominado: ?Convenio para la Represión de
Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional?, a fin de que
en el término de 10 días, contados a partir de la publicación, cualquier
ciudadano intervenga defendiendo o impugnando la constitucionalidad parcial o
total del respectivo tratado internacional. Remítase el expediente al juez
sustanciador para que elabore el dictamen respectivo. NOTIFÍQUESE.-

f.) Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

Lo certifico.- Quito, D. M., 24 de julio de 2013, las 14:25

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado
por:??? f.) Ilegible.- Quito, a 30 de julio de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría
General.

Quito, D. M., 24 de julio del 2013

INFORME
CASO N.º 0006-13-TI

Juez constitucional ponente: Dr. Manuel
Viteri Olvera,
MSc.

Legitimado activo: Alexis Mera Giler, secretario nacional jurídico
de la Presidencia de la República.

El presente caso fue sorteado por el Pleno de la Corte Constitucional
en sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2013, correspondiendo al suscrito
actuar en calidad de juez sustanciador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 438 numeral 1
de la Constitución de la República, artículo 107 numeral 1 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 71 numeral 1
del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional,
pongo a consideración del Pleno del organismo el presente Informe:

I. ANTECEDENTES

El Dr. Alexis Mera Giler, secretario nacional jurídico de la
Presidencia de la República, mediante oficio N.º T.6638- SNJ-13-81 del 28 de
enero de 2013, comparece en representación del presidente constitucional de la
República y remite el texto del ?Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
Relacionados con la Aviación Civil Internacional?, suscrito en la ciudad de
Beijing (China) el 10 de septiembre de 2010, a fin de que la Corte
Constitucional se pronuncie acerca de la necesidad o no de aprobación
legislativa del referido instrumento internacional, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

PRIMERA.- El Pleno de la Corte Constitucional es competente
para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo previsto en
los artículos 429 y 438 numeral 1 de la Constitución de la República, en concordancia
con el artículo 107 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional, y artículo 71 numerales 1 y 2 del Reglamento de Sustanciación
de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

SEGUNDA.- La presente causa ha sido tramitada de conformidad
con el ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicable al caso, por lo
que se declara su validez.

TERCERA.- El control de constitucionalidad del presente instrumento
internacional consiste en determinar la necesidad o no de aprobación legislativa
previo a su ratificación.

Al efecto, el artículo 71 numerales 1 y 2 del Reglamento de Sustanciación
de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional dispone lo siguiente:

?Modalidades de Control.- Para el control de constitucionalidad
de los tratados internacionales, la Corte Constitucional procederá de la
siguiente forma:

1) Emitirá dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa,
para lo cual el Pleno designará por sorteo al Juez Ponente, quien presentará
informe, dentro del término de cinco días, estableciendo si el tratado
internacional requiere o no de aprobación legislativa. En caso de que, a juicio
del Pleno, el Tratado Internacional no requiera aprobación legislativa, no se
publicará el tratado internacional en el Registro Oficial y el Pleno dispondrá
su devolución a la Presidencia de la República, para el trámite
correspondiente.

2) En caso de requerir aprobación legislativa, la Corte Constitucional
efectuará el control automático, mediante dictamen, para lo cual, el Pleno de
la Corte dispondrá la publicación del
tratado internacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 111
literal b) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional y remitirá el expediente al juez ponente designado, quien
presentará el proyecto de dictamen para conocimiento y resolución del Pleno,
dentro del término de quince días contados a partir de la finalización del
término de diez días de la publicación en el Registro Oficial?.

CUARTA.- De la lectura del instrumento internacional que se
analiza se advierte que su objetivo es hallar nuevos esfuerzos concertados y
políticas de cooperación entre los Estados Partes, para lo cual aquellos
Estados se muestran convencidos de que ?urge fortalecer el marco jurídico para
la cooperación internacional en la prevención y represión de los actos ilícitos
contra la aviación civil?.

Por su parte, el numeral 5 del artículo 1 del Convenio que se
analiza establece que cada Estado Parte ?definirá como delitos (…)
cualesquiera de las conductas siguientes:…?; es decir, tipificará conductas
delictivas; asimismo, el artículo 3 dispone que los Estados Partes se obligan a
?establecer penas severas para los delitos previstos en el artículo 1?; y el
artículo 5 del instrumento internacional señala que los Estados Partes ?podrán
adoptar las medidas necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad
de una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su
legislación cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en
esa calidad un delito previsto en el artículo 1?.

QUINTA.- El artículo 419 de la Constitución de la República
establece lo siguiente:

?La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá
la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

Se refieran a materia territorial o de límites;

Establezcan alianzas políticas o militares;

Contengan el
compromiso de expedir, modificar o derogar una ley (énfasis añadido);

4) Se
refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución;

5)
Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de
Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o
empresas transnacionales;

6)
Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio;

7) Atribuyan
competencias propias desorden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional;

8)
Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su
patrimonio genético?.

Del análisis del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
Relacionados con la Aviación Civil Internacional se advierte que dicho
instrumento internacional se enmarca en la condición N.º 3 del artículo 419 del
texto constitucional, pues estipula el compromiso de los Estados Partes a ?definir
como delitos? las conductas descritas en el referido convenio, ?establecer
penas? para los delitos señalados en el instrumento internacional, y adoptar
las medidas necesarias para que ?pueda establecerse responsabilidad de una entidad
jurídica? por los delitos señalados en el convenio, supuestos que implican la expedición
y/o modificación de normas legales contenidas en nuestro ordenamiento jurídico.
Por tanto, es de aquellos que requieren aprobación legislativa previa para su ratificación.

SEXTA.- En razón de que el ?Convenio para la Represión de
Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional?, suscrito en
la ciudad de Beijing (China) el 10 de septiembre de 2010, es de aquellos
instrumentos internacionales que requieren aprobación legislativa previo a su
ratificación, debe ser publicado en el Registro Oficial, conforme lo previsto
en el artículo 111 numeral 2 literal b de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 71 numeral
2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, a fin de que cualquier ciudadana o ciudadano se pronuncie
defendiendo o impugnando su constitucionalidad y continuar el trámite pertinente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, en mi calidad de juez constitucional
ponente, emito el siguiente:

INFORME

1. Declarar
que el ?Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la
Aviación Civil Internacional?, suscrito en la ciudad de Beijing (China) el 10
de septiembre de 2010, por encontrarse en la causal prevista en el numeral 3
del artículo 419 de la Constitución de la República, requiere aprobación
legislativa previo a su ratificación.

2. Disponer
que el referido Convenio sea publicado en el Registro Oficial.

f.) Dr. Manuel Viteri Olvera, MSc., JUEZ SUSTANCIADOR.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado
por:????? f.) Ilegible.- Quito, a 6 de agosto del 2013.- f.) Ilegible,
Secretaría General.

PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.- Quito, 24 de julio del
2013 a las 14:35.-VISTOS: En el caso N.º 0012-13-TI, conocido y aprobado el
informe presentado por el juez constitucional Manuel Viteri Olvera, en Sesión ordinaria
llevada a cabo el 24 de julio del 2013, el Pleno de la Corte Constitucional, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 110 numeral 1 y 111 numeral 2, literal b
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, en concordancia
con el artículo 71 numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia
de la Corte Constitucional, dispone la publicación en el Registro Oficial y en
el portal electrónico de la Corte Constitucional, del texto del instrumento internacional
denominado: ?Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos
Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur?, a fin de que en el término
de 10 días, contados a partir de la
publicación, cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando la
constitucionalidad parcial o total del respectivo tratado internacional.
Remítase el expediente al Juez sustanciador para que elabore el dictamen
respectivo. NOTIFÍQUESE.-

f.) Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

Lo certifico.- Quito, D. M., 24 de julio de 2013, las 14:35

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado
por:???? f.) Ilegible.- Quito, a 29 de julio de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría
General.

ANEXO

Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos
Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur.

Las Partes contratantes,

Comprometidas a
garantizar la conservación a largo plazo y la explotación sostenible de los
recursos pesqueros en el Océano Pacífico Sur y a salvaguardar de este modo los ecosistemas
marinos que albergan dichos recursos;

Recordando las disposiciones pertinentes del Derecho internacional,
tal como se recogen en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, de 10 de diciembre de 1982, el Acuerdo para la aplicación de las disposiciones
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de
diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de
peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorios, de 4 de
diciembre de 1995, y el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales
de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar,
de 24 de noviembre de 1993; y teniendo en cuenta el Código de Conducta para la
Pesca Responsable, aprobado en la 283 Sesión de la Conferencia de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación el 31
de octubre de 1995;

Reconociendo que, con arreglo al Derecho internacional plasmado
en la disposiciones pertinentes de los Acuerdos antes citados, los Estados
tienen la obligación de colaborar mutuamente en la conservación y ordenación de
los recursos vivos en las zonas de alta mar y cooperar, según proceda, con
vistas al establecimiento de acuerdos o de organizaciones pesqueras regionales
o subregionales a fin de adoptar las medidas necesarias para la
conservación de tales recursos;

Teniendo en cuenta que, con arreglo al Derecho internacional
plasmado en la disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, los Estados
ribereños, en las aguas sujetas a jurisdicción nacional, ejercen derechos de
soberanía para los fines de exploración, explotación, conservación y ordenación
de los recursos
pesqueros y de conservación de los recursos marinos vivos en
los que repercute
la actividad pesquera;

Reconociendo las circunstancias económicas y geográficas y
las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, especialmente los
menos desarrollados de ellos, y de los Estados en desarrollo constituidos por
pequeñas islas, así como de los territorios y posesiones, y de sus comunidades costeras,
en relación con la conservación, ordenación y desarrollo sostenible de los
recursos pesqueros y con la obtención de un beneficio equitativo de tales
recursos;

Teniendo en cuenta la necesidad de que los acuerdos y organizaciones
regionales de ordenación pesquera lleven a cabo una evaluación de su
funcionamiento con objeto de determinar el grado en que están alcanzando sus
respectivos objetivos de conservación y ordenación;

Decididos a colaborar de manera efectiva para erradicar la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada y sus negativas repercusiones en el
estado de los recursos pesqueros del planeta y en los ecosistemas que los
albergan;

Conscientes de la necesidad de evitar repercusiones negativas
en el medio marino, preservar la biodiversidad, mantener la integridad de los
ecosistemas marinos y minimizar el riesgo de que las actividades pesqueras
tengan efectos a largo plazo o irreversibles;

Entendiendo que las medidas de conservación y ordenación deben
estar basadas, para ser eficaces, en la mejor información científica disponible
y en la aplicación a la ordenación de la actividad pesquera del criterio de precaución
y del enfoque basado en los ecosistemas;

Convencidos de que la celebración de una convención internacional
es el mejor modo de alcanzar los objetivos de conservación a largo plazo y
explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Océano Pacífico Sur y de
protección de los ecosistemas marinos que los albergan;

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

DEFINICIONES

1. A los
efectos de la presente Convención, se aplicarán las siguientes definiciones:

a) «Convención
de 1982»: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de
diciembre de 1982;

b) «Acuerdo
de 1995»: el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982,
relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces
transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, de 4 de
diciembre de 1995;

c) «Comisión»:
la Comisión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico
Sur, establecida en virtud del artículo 6;

d) «zona de
la Convención»: la zona donde se aplica la presente Convención, de conformidad
con el artículo 5;

e) «Código
de Conducta»: el Código de Conducta para la Pesca Responsable adoptado por la
28ª Sesión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación el 31 de octubre de 1995;

f) «recursos
pesqueros»: todos los peces en aguas de la zona de la Convención, incluidos los
moluscos, los crustáceos y otros recursos marinos vivos que pueda decidir la
Comisión, pero excluidas:

i) l as
especies sedentarias, en la medida en que estén sometidas a la jurisdicción
nacional de los Estados ribereños en aplicación del artículo 77, apartado 4, de
la Convención de 1982;

ii) las
especies altamente migratorias enumeradas en el Anexo I de la Convención de
1982;

iii) las
especies anádromas y catádromas, y

iv) los
mamíferos marinos, los reptiles marinos y las aves marinas;

g) «pesca»:

i) el
intento logrado o fallido de capturar, extraer o recolectar recursos pesqueros;

ii) la
realización de cualquier actividad que razonablemente pueda conducir a la localización,
captura, extracción o recolección de peces para cualquier fin;

iii) el
transbordo y cualquier operación realizada en el mar con vistas a la
preparación o apoyo de cualquier actividad descrita en la presente definición;
y

iv) la
utilización de buques, vehículos, aeronaves o aerodeslizadores en relación con
cualquier actividad descrita en la presente definición; no se incluye, no
obstante, ninguna operación relacionada con situaciones de emergencia en las que se vean afectadas la salud o seguridad

de los miembros de la tripulación o la seguridad de un
buque;

h) «buque pesquero»:
cualquier buque utilizado para pescar o que esté destinado a la pesca,
incluidos los buques transformadores, las embarcaciones auxiliares, los buques
cargueros y cualquier otro buque que participe directamente en operaciones de pesca;

i) «Estado
del pabellón» (salvo indicación en contrario):

i) un
Estado cuyo pabellón tengan derecho a enarbolar sus buques pesqueros, o

ii) una
organización regional de integración económica en el seno de la cual los buques
pesqueros tengan derecho a enarbolar el pabellón de uno de los Estados miembros
de dicha organización;

j) «pesca
INDNR»: las actividades descritas en el punto 3 del Plan de Acción
Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada
y no reglamentada de la FAO, así como otras actividades que la Comisión pueda
decidir en su caso;

k) «nacionales»;
personas tanto físicas como jurídicas;

l) «puerto»:
incluye las terminales en mar abierto y otras
instalaciones destinadas al desembarque, transbordo, envasado, transformación,
aprovisionamiento de combustible o avituallamiento;

m) «organización
regional de integración económica»: una organización regional de integración
económica a la que sus Estados miembros hayan transferido competencias sobre
materias reguladas en la presente Convención, incluida la autoridad para adoptar
decisiones vinculantes para sus Estados miembros con respecto a tales materias;

n) «infracción
grave»: este concepto tendrá el mismo significado que el que figura en el
artículo 21, apartado 11, del Acuerdo de 1995 e incluirá otras infracciones que
pueda determinar la Comisión; y

o)
«transbordo»: la descarga a otro buque pesquero, ya sea en el mar o en un
puerto, de la totalidad o de una parte de los recursos pesqueros o productos de
recursos pesqueros obtenidos de la pesca en la zona de la Convención que se
encuentren a bordo de un buque pesquero

2.

a) «Parte
contratante»: todo Estado u organización regional de integración económica que haya consentido
en obligarse por la presente Convención y respecto del cual esté en vigor la
Convención.

b) La
presente Convención se aplicará, mutatis mutandis, a toda entidad mencionada en
el artículo 305, apartado 1, letras c),
d) y e), de la Convención de 1982 que se convierta en Parte de la presente Convención,
y, en esa medida, «Parte contratante» se referirá a cualquiera de esas
entidades

Artículo 2

OBJETIVO

El objetivo de la presente Convención es garantizar la conservación
a largo plazo y la explotación sostenible de los recursos pesqueros a través de
la aplicación del criterio de precaución y del enfoque basado en los ecosistemas,
para salvaguardar de este modo los ecosistemas marinos que albergan dichos
recursos.

Artículo 3

PRINCIPIOS Y ENFOQUES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

1. Con el fin de llevar a efecto el objetivo de la presente Convención
y proceder a la adopción de decisiones en el marco de la misma, las Partes
contratantes, la Comisión y los órganos subsidiarios establecidos en virtud del
artículo 6, apartado 2, y del artículo 9, apartado 1:

se atendrán, en particular, a los principios siguientes:

i) la
conservación y ordenación de los recursos pesqueros se efectuarán de manera transparente,
responsable y no excluyente, teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales;

ii) la pesca
guardará proporción con la explotación sostenible de los recursos pesqueros,
teniendo en cuenta las repercusiones en las especies distintas de las especies
objetivo, así como en las especies asociadas o dependientes, además de la obligación
general de proteger y preservar el medio ambiente marino;

iii) se
deberá evitar o eliminar la sobre pesca y el exceso de capacidad de pesca;

iv) deberá
procederse a recopilar, comprobar, notificar y compartir de manera oportuna y apropiada
datos completos y precisos sobre la pesca, que incluyan información relativa a sus
efectos en los ecosistemas v marinos que albergan los recursos pesqueros;

v) las
decisiones se basarán en la mejor información científica y técnica disponible y
en

el asesoramiento recibido de todos los órganos subsidiarios
pertinentes;

vi) se
fomentará la colaboración y coordinación entre las Partes contratantes, con
vistas a garantizar la compatibilidad entre las medidas de conservación y
ordenación adoptadas por la Comisión y las medidas de conservación y ordenación
aplicadas con respecto a los mismos recursos pesqueros en las zonas sujetas a
jurisdicción nacional;

vii) se
protegerán los ecosistemas marinos, especialmente aquellos que requieren plazos
de recuperación prolongados después de haber sufrido alteraciones;

viii) deberán
reconocerse los intereses de los Estados en desarrollo, especialmente los menos
desarrollados de ellos y los Estados en desarrollo constituidos por pequeñas
islas, así como de los territorios y posesiones, y las necesidades de las
comunidades costeras de los Estados en desarrollo;

ix) deberá
garantizarse el cumplimiento efectivo de las medidas de conservación y
ordenación, y la severidad de las sanciones impuestas en caso de infracción
deberá ser la adecuada para que tales sanciones resulten disuasorias en cualquier
lugar en que puedan cometerse las infracciones, debiendo, en particular, quedar
privados los infractores de los beneficios derivados de sus actividades
ilegales;

x) se
deberán reducir al mínimo la contaminación y los residuos procedentes de los
buques pesqueros, así como los descartes, las capturas por aparejos perdidos o abandonados
y los efectos sobre otras especies y sobre los ecosistemas marinos; y

b) aplicarán
el criterio de precaución y el enfoque basado en los ecosistemas, de
conformidad con el apartado 2.

2. .

a) El
criterio de precaución, tal como se describe en el Acuerdo de 1995 y en el
Código de Conducta, se aplicará de manera generalizada a la conservación y ordenación
de los recursos pesqueros con la finalidad de proteger dichos recursos y de
preservar los ecosistemas marinos que los albergan; en particular, las Partes
contratantes, la Comisión y los órganos subsidiarios:

i) observarán
mayor cautela cuando la información sea dudosa o no sea fidedigna o adecuada;

ii) no
podrán aducir la falta de información científica adecuada para posponer o dejar
de adoptar medidas de conservación y ordenación; y

iii) tendrán
en cuenta las mejores prácticas internacionales en lo tocante a la aplicación
del criterio de precaución , incluido el anexo
II del Acuerdo
de 1995 y el Código
de Conducta.

b) Se
aplicará de manera generalizada a la conservación y ordenación de los recursos pesqueros
un enfoque basado en los ecosistemas a través de un enfoque integrado en el
marco del cual las decisiones relacionadas con la ordenación de los recursos
pesqueros se enmarquen en el contexto del funcionamiento de los ecosistemas
marinos más extensos que albergan tales recursos, a fin de garantizar la
conservación a largo plazo y la explotación sostenible de los mismos y
salvaguardar de este modo tales ecosistemas marinos.

Artículo 4

COMPATIBILIDAD DE LAS MEDIDAS

DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

1. Las
Partes contratantes reconocen la necesidad de garantizar la compatibilidad de
las medidas de conservación y ordenación instauradas con respecto a recursos
pesqueros transzonales en las zonas sujetas a jurisdicción nacional de una
Parte contratante que sea Estado ribereño y en las zonas de alta mar adyacentes
de la zona de la Convención y admiten que tienen la obligación de colaborar
entre sí con este fin.

2. Las
medidas de conservación y ordenación que se establezcan para las zonas de alta
mar y las que se adopten para las zonas sujetas a jurisdicción nacional habrán
de ser compatibles, a fin de asegurar la conservación y ordenación de los
recursos pesque ros transzonales en su integridad. Las Partes contratantes, al elaborar
medidas de conservación y ordenación compatibles entre sí para los recursos
pesqueros transzonales, deberán:

a) tener en
cuenta la unidad biológica y demás características biológicas de los recursos
pesqueros y las relaciones entre la distribución de los recursos, las
actividades pesqueras ejercidas con respecto a tales recursos y las
particularidades geográficas de la región de que se trate, así como el grado en
que los recursos pesqueros estén presentes y sean objeto de pesca en las zonas
sujetas a jurisdicción nacional;

b) tener en
cuenta el grado de dependencia de los recursos pesqueros de que se trate tanto
de los Estados ribereños como de los Estados que pescan en alta mar;

c) garantizar
que tales medidas no tengan efectos perjudiciales en el conjunto de los
recursos marinos vivos de la zona de la Convención.

3. Las
medidas de conservación y ordenación que la Comisión adopte inicialmente
tendrán debidamente en cuenta las medidas de conservación y ordenación existentes
que hayan sido establecidas por las Partes contratantes que sean Estados
ribereños con respecto a zonas sujetas a jurisdicción nacional y por las Partes
contratantes con respecto a los buques que enarbolen su pabellón y faenen en
las zonas adyacentes de alta mar de la zona de la Convención, y no irán en
detrimento de su efectividad.

Artículo 5

ZONA DE APLICACIÓN

1. Salvo
disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a las aguas del
Océano Pacífico situadas más allá de las zonas sujetas a jurisdicción nacional
de conformidad con el Derecho internacional:

a) al este
de una línea trazada en dirección sur a lo largo del meridiano 1200 de longitud
este, desde el límite exterior de la jurisdicción nacional de Australia frente
a la costa sur de Australia Occidental hasta su intersección con el paralelo
55° de latitud sur; a continuación, hacia el este a lo largo del paralelo 55°
de latitud sur hasta su intersección con el meridiano 150° de longitud este; de
allí hacia el sur a lo largo del meridiano 150° de longitud este hasta su
intersección con el paralelo 60° de latitud sur;

b) al norte
de una línea trazada en dirección este a lo largo del paralelo 60° de latitud
sur, desde el meridiano 150° de longitud este hasta su intersección con el
meridiano 67° 16? de longitud oeste;

c) al oeste
de una línea trazada en dirección norte a lo largo del meridiano 67° 16? de
longitud oeste, desde el paralelo 60° de latitud sur hasta su intersección con
el límite exterior de la jurisdicción nacional de Chile; a continuación, a lo
largo de los límites exteriores de las jurisdicciones nacionales de Chile, Perú,
Ecuador y Colombia hasta su intersección con el paralelo 2° de latitud norte; y

d) al sur de
la línea trazada en dirección oeste a lo largo del paralelo 2° de latitud norte
(pero sin incluir la jurisdicción nacional de Ecuador (Islas Galápagos)) hasta
su intersección con el meridiano 150° de
longitud oeste; a continuación, hacia el norte a lo largo del meridiano 150° de
longitud oeste hasta su intersección con el paralelo 10° de latitud norte; a
continuación, hacia el oeste a lo largo del paralelo 10° de latitud norte hasta
su intersección con los límites exteriores de la jurisdicción nacional de las
Islas Marshall; y, a continuación, en dirección generalmente hacia el sur,
bordeando los límites exteriores de las jurisdicciones nacionales de los
Estados y territorios del Pacífico, Nueva Zelanda y Australia, hasta unirse con
el inicio de la línea descrita en la letra a).

2. La
Convención se aplicará asimismo en las aguas del Océano Pacífico situadas más
allá de las zonas de jurisdicción nacional delimitadas por el paralelo 10° de latitud
norte y el paralelo 20° de latitud sur y por el meridiano 135° de longitud este
y el meridiano 150° de longitud oeste.

3. Cuando,
a los efectos de la presente Convención, sea necesario determinar la posición
en la superficie terrestre de un punto, línea o zona, dicha posición se fijará
por referencia al Sistema de Referencia Terrestre Internacional, gestionado por
el Servicio Internacional de la Rotación Terrestre, que, a efectos prácticos,
es equivalente al Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS84).

4 Ninguna
de las disposiciones de la presente Convención supondrá el reconocimiento de
las reivindicaciones o posturas de cualquiera de sus Partes contratantes con respecto
al régimen jurídico y la extensión de las aguas y zonas objeto de
reivindicación por tales Partes contratantes.

Artículo 6

LA ORGANIZACIÓN

1. Las
Partes contratantes convienen en establecer, mantener y consolidar la
Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, en lo sucesivo denominada
«la Organización», que desempeñará las funciones enunciadas en la presente
Convención con el fin de alcanzar el; objetivo de la misma.

2. La
Organización estará compuesta por:

a) una
Comisión;

b) un Comité
Científico;

c) un
Comité Técnico y de Cumplimiento;

d) un Comité
de Ordenación de la Subregión Oriental;

e) un Comité
de Ordenación de la Subregión Occidental;

f) un
Comité Administrativo y Financiero;