Registro Oficial No. 647 – Sábado 25 de Febrero de 2012 SUPLEMENTO

febrero 28, 2012

n REGISTRO OFICIAL n n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado n n Presidente Constitucional de la República del Ecuador n n Sábado, 25 de Febrero de 2012 – R. O. No. 647 n n SUPLEMENTO n n n n n n n n n 1062Refórmase el Reglamento para la Aplicación de la Ley […]

n REGISTRO OFICIAL

n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

n Presidente Constitucional de la República del Ecuador

n Sábado, 25 de Febrero de 2012 – R. O. No. 647

n SUPLEMENTO

n n

n 1062Refórmase el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno

n Corte Constitucional-Para el Periodo de Transición:

n 002-12-DTI-CCDispónese que la ?Convención para reducir los casos de apátridas?, suscrita por el Ecuador el 30 de agosto de 1961, requiere de aprobación previa de la Asamblea Nacional; toda vez que esta guarda armonía con la Constitución de la República, declárase su constitucionalidad

n 0745-07-RARevócase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo presentada por el señor Yuri Lenín Ponce Mite, Presidente de la Pre-Cooperativa de Vivienda ?6 de Abril? y otro, aclarando que esta Corte no está interviniendo en un proceso judicial, ni está reconociendo derecho de propiedad o de posesión de ninguna naturaleza, ya que esto le corresponde pronunciarse al Juez Cuarto de lo Civil de Guayaquil

n 014-10-SIS-CC Niégase la acción de incumplimiento de sentencia constitucional presentada por Víctor Hugo Iza Chicaiza, Gerente de la Compañía ARTHERMS CÍA. LTDA., de la Resolución Constitucional Nº 1632-2008-RA del 19 de mayo del 2009, expedida por la Tercera Sala de la Corte Constitucional

n 030-10-SIS-CCDeséchase la demanda de incumplimiento de sentencia constitucional propuesta por el señor Víctor Manuel Macías Bolaños

n 003-12-SCN-CCNiégase la consulta de constitucionalidad sobre los artículos 65 y 66 literal f) de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas, por falta de motivación

n 004-12-SCN-CCNiégase la consulta de constitucionalidad, en virtud de que el artículo 590 del Código del Trabo, no vulnera norma constitucional alguna

n 005-12-SCN-CCNiégase la consulta de constitucionalidad formulada por el Juez Décimo de Garantías Penales de El Oro, por no ser el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, vigente al 3 de agosto del 2007, contrario a la Constitución

n 010-12-SCN-CCNiégase la consulta de constitucionalidad del último inciso del artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que no vulnera norma constitucional alguna

n n

n Nº 1062

n Rafael Correa Delgado

n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

n Considerando:

n Que mediante Decreto Ejecutivo No. 825, publicado en el Registro Oficial No. 498 de 25 de julio del 2011, se reformó el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, y se agregó a continuación del artículo 279 un título innumerado, denominado Régimen Tributario de las Empresas Mineras;

n Que en el primero artículo innumerado de dicho título se estableció la forma como deben liquidar y pagar sus impuestos los sujetos pasivos de tributos titulares de concesiones mineras;

n Que, para el efecto, dichos sujetos pasivos deberán liquidar y pagar sus impuestos de conformidad con las normas de la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento y, supletoriamente, las disposiciones del reglamento de contabilidad correspondiente;

n Que es necesario que el ente de regulación del sector correspondiente, con conocimientos en la materia, sea el encargado de emitir las normas pertinentes de contabilidad; y,

n En ejercicio de la atribución conferida por el número 13 del artículo 147 de la Constitución de la República,

n Decreta:

n La siguiente reforma al Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

n Artículo Único.- En el primer artículo innumerado del título innumerado denominado «Régimen Especial de Empresas Mineras», agregado a continuación del Artículo 279, refórmase lo siguiente:

n En el primer inciso, luego de la frase «las disposiciones del reglamento de contabilidad correspondiente» sustituir el punto (.) por coma (,) y agregar lo siguiente: «emitido por el organismo de control del sector. «

n Disposición final.- Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

n Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a los 16 de febrero del 2012.

n f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

n Documento con firmas electrónicas.

n Quito, D. M., 02 de febrero del 2012

n DICTAMEN N.º 002-12-DTI-CC

n CASO N.º 0008-11-TI

n LA CORTE CONSTITUCIONAL

n PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

n Juez Constitucional Ponente: Dr. Patricio Pazmiño Freire

n I. ANTECEDENTES

n Resumen de admisibilidad

n El doctor Alexis Mera Giler, secretario general jurídico de la Presidencia de la República, mediante oficio N.º T. 5824-SNJ-11-429 del 16 de marzo del 2011, envió a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, la «Convención para reducir los casos de Apatridia», suscrita por la República del Ecuador el 30 de agosto de 1961, en la ciudad de New York, Estados Unidos de Norteamérica, para que, de conformidad con el artículo 438, numeral 1 de la Constitución de la República, expida el correspondiente dictamen acerca de la constitucionalidad de este convenio internacional.

n De acuerdo a lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con el sorteo realizado en sesión ordinaria el 14 de abril del 2011, remite el caso N.º 0008-11-TI al Dr. Patricio Pazmiño Freire, quien actúa como juez constitucional sustanciador.

n El juez constitucional sustanciador, Dr. Patricio Pazmiño Freire, de conformidad con los artículos 107 numeral 1, 108, 109 y 110 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 69 y 71 numeral 1 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional, determina su competencia para efectos de control respecto al dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa de los tratados y convenios internacionales.

n El 19 de agosto del 2011, el Dr. Patricio Pazmiño Freire remite a la Secretaría General de la Corte Constitucional el informe respectivo, a fin de que sea conocido por el Pleno del Organismo. En sesión extraordinaria del jueves 1 de septiembre del 2011, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó el informe presentado por el juez constitucional sustanciador y esa misma fecha, por disposición del Pleno del Organismo, en sesión extraordinaria, solicita que se remita a la Secretaría General el texto pertinente para su publicación en el Registro Oficial, extracto que fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 552 del 20 de octubre del 2011.

n TEXTO DE LA CONVENCION QUE SE EXAMINA

n Convención para reducir los casos de Apatridia

n ?Los Estados contratantes,

n Actuando en cumplimiento de la resolución 896 (IX), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1954, y Considerando conveniente reducir la apatridia mediante un acuerdo internacional,

n Han convenido en lo siguiente:

n Artículo 1

n 1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida. Esta nacionalidad se concederá:

n a) De pleno derecho en el momento del nacimiento, o

n b) Mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre, en la forma prescrita por la legislación del Estado de que se trate. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, la solicitud no podrá ser rechazada.

n Todo Estado contratante cuya legislación prevea la concesión de su nacionalidad mediante solicitud, según el apartado b) del presente párrafo, podrá asimismo conceder su nacionalidad de pleno derecho a la edad y en las condiciones que prescriba su legislación nacional.

n 2. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad según el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo a una o más de las condiciones siguientes:

n a) Que la solicitud se presente dentro de un período fijado por el Estado contratante, que deberá comenzar a más tardar a la edad de 18 años y que no podrá terminar antes de la edad de 21 años, entendiéndose que el interesado deberá disponer de un plazo de un año, por lo menos, para suscribir la solicitud personalmente y sin habilitación;

n b) Que el interesado haya residido habitualmente en el territorio nacional por un período fijado por el Estado contratante, sin que pueda exigirse una residencia de más de 10 años en total ni que el período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud exceda de cinco años;

n c) Que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional ni a una pena de cinco o más años de prisión por un hecho criminal;

n d) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.

n 3. No obstante lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 y en el párrafo 2 del presente artículo, todo hijo nacido dentro del matrimonio en el territorio de un Estado contratante cuya madre sea nacional de ese Estado, adquirirá en el momento del nacimiento la nacionalidad de dicho Estado si de otro modo sería apátrida.

n 4. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona que de otro modo sería apátrida y que no ha podido adquirir la nacionalidad del Estado contratante en cuyo territorio ha nacido por haber pasado la edad fijada para la presentación de su solicitud o por no reunir los requisitos de residencia exigidos, si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del Estado contratante mencionado en primer término. Si los padres no tenían la misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la legislación del Estado contratante cuya nacionalidad se solicita determinará si esa persona sigue la condición del padre o la de la madre. Si la nacionalidad así determinada se concede mediante la presentación de una solicitud, tal solicitud deberá ser presentada por la persona interesada o en su nombre ante la autoridad competente y en la forma prescrita por la legislación del Estado contratante.

n 5. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad según el párrafo 4 del presente artículo a una o varias de las condiciones siguientes:

n a) Que la solicitud se presente antes de que el interesado alcance la edad determinada por el Estado contratante, la que no podrá ser inferior a 23 años;

n b) Que el interesado haya residido habitualmente en el territorio del Estado contratante durante un período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud determinado por ese Estado, sin que pueda exigirse que dicho período exceda de tres años;

n c) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.

n Artículo 2

n Salvo prueba en contrario, se presume que un expósito que ha sido hallado en el territorio de un Estado contratante ha nacido en ese territorio, de padres que poseen la nacionalidad de dicho Estado.

n Artículo 3

n A los efectos de determinar las obligaciones de los Estados contratantes en la presente Convención, el nacimiento a bordo de un buque o en una aeronave se considerará, según sea el caso, como ocurrido en el territorio del Estado cuyo pabellón enarbole el buque o en el territorio del Estado en que esté matriculada la aeronave.

n Artículo 4

n 1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a una persona que no haya nacido en el territorio de un Estado contratante y que de otro modo sería apátrida si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del primero de esos Estados. Si los padres no tenían la misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la legislación de dicho Estado contratante determinará si el interesado sigue la condición del padre o la de la madre. La nacionalidad a que se refiere este párrafo se concederá:

n a) De pleno derecho en el momento del nacimiento, o

n 2. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de la nacionalidad, según el párrafo 1 del presente artículo, a una o varias de las condiciones siguientes:

n a) Que la solicitud se presente antes de que el interesado alcance la edad determinada por el Estado contratante, la que no podrá ser inferior a 23 años;

n c) Que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional;

n d) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.

n Artículo 5

n 1. Si la legislación de un Estado contratante prevé la pérdida de la nacionalidad como consecuencia de un cambio de estado tal como el matrimonio, la disolución del matrimonio, la legitimación, el reconocimiento o la adopción, dicha pérdida estará subordinada a la posesión o la adquisición de la nacionalidad de otro Estado.

n 2. Si, de conformidad con la legislación de un Estado contratante, un hijo natural pierde la nacionalidad de dicho Estado como consecuencia de un reconocimiento de filiación, se le ofrecerá la posibilidad de recobrarla mediante una solicitud presentada ante la autoridad competente, solicitud que no podrá ser objeto de condiciones más estrictas que las determinadas en el párrafo 2 del artículo 1 de la presente Convención.

n Artículo 6

n Si la legislación de un Estado contratante prevé que el hecho de que una persona pierda su nacionalidad o se vea privada de ella entraña la pérdida de esa nacionalidad por el cónyuge o los hijos, la pérdida de la nacionalidad por estos últimos estará subordinada a la posesión o a la adquisición de otra nacionalidad.

n Artículo 7

n 1. a) Si la legislación de un Estado contratante prevé la renuncia a la nacionalidad, dicha renuncia sólo será efectiva si el interesado tiene o adquiere otra nacionalidad;

n b) La disposición del apartado a) del presente párrafo no se aplicará cuando su aplicación sea incompatible con los principios enunciados en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

n 2. El nacional de un Estado contratante que solicite la naturalización en un país extranjero no perderá su nacionalidad a menos que adquiera o se le haya dado la seguridad de que adquirirá la nacionalidad de dicho país.

n 3. Salvo lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, el nacional de un Estado contratante no podrá perder su nacionalidad, si al perderla ha de convertirse en apátrida, por el hecho de abandonar el país cuya nacionalidad tiene, residir en el extranjero, dejar de inscribirse en el registro correspondiente o cualquier otra razón análoga.

n 4. Los naturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en el extranjero durante un período fijado por la legislación del Estado contratante, que no podrá ser menor de siete años consecutivos, si no declaran ante las autoridades competentes su intención de conservar su nacionalidad.

n 5. En el caso de los nacionales de un Estado contratante nacidos fuera de su territorio, la legislación de ese Estado podrá subordinar la conservación de la nacionalidad, a partir del año siguiente a la fecha en que el interesado alcance la mayoría de edad, al cumplimiento del requisito de residencia en aquel momento en el territorio del Estado o de inscripción en el registro correspondiente.

n 6. Salvo en los casos a que se refiere el presente artículo, una persona no perderá la nacionalidad de un Estado contratante, si dicha pérdida puede convertirla en apátrida, aunque dicha pérdida no esté expresamente prohibida por ninguna otra disposición de la presente Convención.

n Artículo 8

n 1. Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida.

n 2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, una persona podrá ser privada de la nacionalidad de un Estado contratante:

n a) En los casos en que, con arreglo a los párrafos 4 y 5 del artículo 7, cabe prescribir que pierda su nacionalidad;

n b) Cuando esa nacionalidad haya sido obtenida por declaración falsa o por fraude.

n 3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los Estados contratantes podrán conservar la facultad para privar a una persona de su nacionalidad si en el momento de la firma, ratificación o adhesión especifican que se reservarán tal facultad por uno o varios de los siguientes motivos, siempre que éstos estén previstos en su legislación nacional en ese momento:

n a) Cuando, en condiciones incompatibles con el deber de lealtad al Estado contratante, la persona,

n i) A pesar de una prohibición expresa del Estado contratante, haya prestado o seguido prestando servicios a otro Estado, haya recibido o seguido recibiendo dinero de otro Estado, o

n ii) Se haya conducido de una manera gravemente perjudicial para los intereses esenciales del Estado;

n b) Cuando la persona haya prestado juramento de lealtad o hecho una declaración formal de lealtad a otro Estado, o dado pruebas decisivas de su determinación de repudiar la lealtad que debe al Estado contratante.

n 4. Los Estados contratantes solamente ejercerán la facultad de privar a una persona de su nacionalidad, en las condiciones definidas en los párrafos 2 ó 3 del presente artículo, en conformidad con la ley, la cual proporcionará al interesado la posibilidad de servirse de todos sus medios de defensa ante un tribunal o cualquier otro órgano independiente.

n Artículo 9

n Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona, o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.

n Artículo 10

n 1. Todo tratado entre los Estados contratantes que disponga la transferencia de un territorio incluirá disposiciones para asegurar que ninguna persona se convertirá en apátrida como resultado de dicha transferencia. Los Estados contratantes pondrán el mayor empeño en asegurar que dichas disposiciones figuren en todo tratado de esa índole que concierten con un Estado que no sea parte en la presente Convención.

n 2. A falta de tales disposiciones, el Estado contratante al que se haya cedido un territorio o que de otra manera haya adquirido un territorio concederá su nacionalidad a las personas que de otro modo se convertirían en apátridas como resultado de la transferencia o adquisición de dicho territorio.

n Artículo 11

n Los Estados contratantes se comprometen a promover la creación dentro de la órbita de las Naciones Unidas, tan pronto como sea posible después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, de un organismo al que podrán acudir las personas que se crean con derecho a acogerse a la presente Convención, para que examine su pretensión y las asista en la presentación de la misma ante la autoridad competente.

n Artículo 12

n 1. En relación con un Estado contratante que no conceda su nacionalidad de pleno derecho, según el párrafo 1 del artículo 1 o el artículo 4 de la presente Convención, en el momento del nacimiento de la persona, una u otra disposición, según sea el caso, será de aplicación a las personas nacidas tanto antes como después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención.

n 2. El párrafo 4 del artículo 1 de la presente Convención será de aplicación a las personas nacidas tanto antes como después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención.

n 3. El artículo 2 de la presente Convención se aplicará solamente a los expósitos hallados en el territorio de un Estado contratante después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado.

n Artículo 13

n Nada de lo establecido en la presente Convención se opondrá a la aplicación de las disposiciones más favorables para la reducción de los casos de apatridia que figuren en la legislación nacional en vigor o que se ponga en vigor en los Estados contratantes, o en cualquier otro tratado, convención o acuerdo que esté en vigor o que entre en vigor entre dos o más Estados contratantes.

n Artículo 14

n Toda controversia que surja entre Estados contratantes referente a la interpretación o la aplicación de la presente Convención, que no pueda ser solucionada por otros medios, podrá ser sometida a la Corte Internacional de Justicia por cualquiera de las partes en la controversia.

n Artículo 15

n 1. La presente Convención se aplicará a todos los territorios no autónomos, en fideicomiso, coloniales y otros territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales esté encargado cualquier Estado contratante; el Estado contratante interesado deberá, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, declarar en el momento de la firma, ratificación o adhesión a qué territorio o territorios no metropolitanos se aplicará ipso facto la Convención en razón de tal firma, ratificación o adhesión.

n 2. En los casos en que, para los efectos de la nacionalidad, un territorio no metropolitano no sea considerado parte integrante del territorio metropolitano, o en los casos en que se requiera el previo consentimiento de un territorio no metropolitano en virtud de las leyes o prácticas constitucionales del Estado contratante o del territorio no metropolitano para que la Convención se aplique a dicho territorio, el Estado contratante tratará de lograr el consentimiento necesario del territorio no metropolitano dentro del término de 12 meses a partir de la fecha de la firma de la Convención por ese Estado contratante, y cuando se haya logrado tal consentimiento el Estado contratante lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas. La presente Convención se aplicará al territorio o territorios mencionados en tal notificación desde la fecha en que la reciba el Secretario General.

n 3. Después de la expiración del término de 12 meses mencionado en el párrafo 2 del presente artículo, los Estados contratantes interesados informarán al Secretario General de los resultados de las consultas celebradas con aquellos territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales están encargados y cuyo consentimiento para la aplicación de la presente Convención haya quedado pendiente.

n Artículo 16

n 1. La presente Convención quedará abierta a la firma en la Sede de las Naciones Unidas del 30 de agosto de 1961 al 31 de mayo de 1962.

n 2. La presente Convención quedará abierta a la firma:

n a) De todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas;

n b) De cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la supresión o la reducción de la apatridia en lo porvenir;

n c) De todo Estado al cual la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigiere una invitación al efecto de la firma o de la adhesión.

n 3. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

n 4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán adherirse a esta Convención. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

n Artículo 17

n 1. En el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, todo Estado puede formular reservas a los artículos 11, 14 y 15.

n 2. No podrá hacerse ninguna otra reserva a la presente Convención.

n Artículo 18

n 1. La presente Convención entrará en vigor dos años después de la fecha de depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.

n 2. Para todo Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por dicho Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión o en la fecha de entrada en vigor de la Convención de acuerdo con el párrafo 1 del presente artículo si esta última fecha es posterior.

n Artículo 19

n 1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto respecto de dicho Estado un año después de la fecha en que el Secretario General la haya recibido.

n 2. En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 la presente Convención se haya hecho aplicable a un territorio no metropolitano de un Estado contratante, éste, con el consentimiento del territorio de que se trate, podrá, desde entonces, notificar en cualquier momento al Secretario General de las Naciones Unidas que denuncia la Convención por lo que respecta a dicho territorio, La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que haya sido recibida la notificación por el Secretario General, quien informará de dicha notificación y de la fecha en que la haya recibido a todos los demás Estados contratantes.

n Artículo 20

n 1. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros mencionados en el artículo 16:

n a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones previstas en el artículo 16;

n b) Las reservas formuladas con arreglo a lo previsto en el artículo 17;

n c) La fecha en que la presente Convención entrará en vigor en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18;

n d) Las denuncias previstas en el artículo 19.

n 2. El Secretario General de las Naciones Unidas señalará a la atención de la Asamblea General, a más tardar después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la cuestión de la creación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, del organismo mencionado en ese artículo.

n Artículo 21

n La presente Convención será registrada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor.

n EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos han firmado la presente Convención.

n HECHO en Nueva York, el treinta de agosto de mil novecientos sesenta y uno, en un solo ejemplar, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso hacen fe por igual, que será depositado en los archivos de las Naciones Unidas y del cual el Secretario General de las Naciones Unidas entregará copias debidamente certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo 16 de la presente Convención.?

n Identificación de las normas constitucionales

n ?Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

n 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (?)

n Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.

n La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.

n La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.

n Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:

n 1. Las personas nacidas en el Ecuador.

n 2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.

n 3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera.

n Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:

n 1. Las que obtengan la carta de naturalización.

n 2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria.

n 3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria.

n 4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley.

n 5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual.

n Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

n La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa.

n Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.

n Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

n Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

n 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.

n 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

n Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

n El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

n 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

n Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

n Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.