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REGISTRO OFICIAL
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Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado
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Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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Miércoles, 23 de Febrero de 2011 – R. O. No. 391
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SEGUNDO SUPLEMENTO
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CORTE CONSTITUCIONAL
nPARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN
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nDICTÁMENES:
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n001-DCP-CC-2011 Declárase la constitucionalidad formal condicionada del proyecto de convocatoria a plebiscito contenido en el Oficio N.º T. 5715-SNJ-11-55, de fecha 17 de enero del 2011, que sólo será constitucional si el Decreto de Convocatoria a Plebiscito suprime las frases introductorias a las preguntas, y se reformulan las consideraciones y pre-guntas bajo los términos y conside-raciones establecidos en la parte considerativa de este Dictamen.
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n001-11-DRC-CC Remítase al Presidente de la República para que expida el Decreto Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el dictamen y dispónese que una vez expedido el Decreto Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral, organice el proceso electoral de referéndum, atendiendo estrictamente las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, en la ley pertinente y en el presente Dictamen de constitucionalidad .
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nQuito, D. M., 15 de febrero del 2011
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Quito, D. M., 15 de febrero del 2011
n n n DICTAMEN N.º 001-DCP-CC-2011 n n CASO N.º 0001-11-CP n n n LA CORTE CONSTITUCIONAL, n para el período de transición n n Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie n n I. ANTECEDENTES n n
El economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, mediante oficio N.º T. 5715-SNJ-11-55 de fecha 17 de enero del 2011, envió a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, el proyecto de enmienda de la Constitución de la República y de Consulta Popular.
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En su escrito, el señor Presidente de la República solicitó a esta Corte dictaminar cuál de los procedimientos constitucionales corresponde aplicar a cada caso, y emitir un dictamen respecto de la constitucionalidad de la convocatoria a referendo, así como de las preguntas a efectuarse junto con sus respectivas consideraciones.
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El 18 de enero del 2011, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, avocó conocimiento del documento presentado por el accionante.
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La Sala, previo a pronunciarse sobre la admisibilidad, ordenó al Secretario General de la Corte Constitucional, formar dos expedientes: el uno respecto a temas constitucionales y el segundo referente a temas generales.
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El mismo día, el Secretario General certificó que no se había presentado otra causa con identidad de objeto y acción.
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El 19 de enero del 2011, la Sala de Admisión de esta Corte admitió a trámite la causa, asignándole el número de caso 0001-11-CP.
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El 20 de enero del 2011, el Pleno de la Corte Constitucional realizó el sorteo de ley y designó al Dr. Roberto Brhunis Lemarie, como Juez Constitucional Sustanciador de la presente causa.
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La causa entró al despacho del juez sustanciador el día 24 de enero del 2011, teniendo el término de 10 días para presentar el proyecto de dictamen a la Secretaría General, según lo que dispone el artículo 74 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
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Contenido de la solicitud de consulta popular propuesta por el Presidente de la República
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En la parte pertinente1 del oficio N.º T. 5715-SNJ-11-55 del 17 de enero del 2011, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, planteó los argumentos constitucionales que a su juicio justifican el proyecto de convocatoria a consulta popular (plebiscito); así como formuló las preguntas cuya constitucionalidad debe examinar esta Corte Constitucional.
n n n LAS CONSIDERACIONES n n
Respecto a la necesidad de tipificar el delito de enriquecimiento privado no justificado
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Conforme la solicitud de consulta popular, en la legislación vigente se sanciona con pena privativa de la libertad a aquellas personas que, siendo servidores públicos, incrementan injustificadamente su patrimonio; sin embargo, señala que no ocurre lo mismo con el sector privado.
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Así habría muchos particulares que incrementan injustificadamente su riqueza, pero como su conducta no se
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1 Páginas 15 a 17 del Oficio T. 5715-SNJ-11-55, del 17 de enero de 2011.
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ajusta exactamente a los requisitos del tipo penal de enriquecimiento ilícito tipificado en el Código Penal2, se mantienen impunes, a pesar de ser evidente el enriquecimiento fraudulento.
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En tal virtud, el señor Presidente considera que esta conducta debe ser sancionada penalmente y que por ese motivo se hace necesario crear el delito de enriquecimiento privado no justificado, como delito autónomo.
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Respecto a la necesidad de prohibir en el territorio ecuatoriano los juegos de azar con fines de lucro
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La petición del Presidente de la República indica que una de las actividades que más repercusiones negativas tiene sobre la sociedad ecuatoriana, especialmente frente a los jóvenes, son los juegos de azar practicados en los casinos y casas de apuestas.
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Según la solicitud, las personas naturales o jurídicas que se ocupan de este tipo de actividades engañan a la gente con la promesa de que el juego es una forma fácil de conseguir dinero.
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Asimismo, afirma que el juego en casinos y casas de apuestas va acompañado en ocasiones de otros vicios que causan daño y corrompen al ser humano, y que es deber del Estado evitar que los ecuatorianos sean víctimas de este tipo de actividades. Adicionalmente, expresa que los negocios relacionados con los juegos de azar han generado una fuente de corrupción que afecta a autoridades e instituciones del Estado, que incluye a funcionarios administrativos y jueces que, utilizando mal sus atribuciones, abusan del derecho y protegen de manera dolosa los intereses de las empresas dedicadas a este negocio.
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En este sentido, a juicio del Poder Ejecutivo, debe preguntarse al pueblo ecuatoriano sobre la necesidad e importancia de declarar al Ecuador, un Estado libre de juegos de azar con finalidad de lucro.
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Respecto a la prohibición de matar animales por diversión
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De acuerdo con el escrito presentado a consideración de la Corte Constitucional, uno de los objetivos prioritarios del Estado ecuatoriano, como Estado constitucional de derechos y justicia, es la eliminación de la violencia en todas sus formas.
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Así, se argumenta que el artículo 71 y siguientes de la Constitución de la República reconocen y elevan a la categoría de derechos constitucionales, los derechos de la naturaleza, en
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2 Quedan impunes por el hecho de que el delito de enriquecimiento ilícito es un delito de sujeto activo calificado, (funcionarios públicos) por lo que hace imposible aplicárselo a los particulares; y otros delitos como la estafa, la conducta objeto de sanción penal no corresponde exactamente con la conducta que se quiere sancionar mediante este nuevo delito.
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contra de los cuales están todas las acciones que impliquen algún tipo de tortura, tratos crueles o destrucción de los seres que forman parte de la Pachamama.
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A criterio del señor Presidente de la República, la violencia es reprochable sea que se perpetre entre seres humanos o en contra de otros seres no racionales que, en virtud de pertenecer a la naturaleza, tienen derecho a que su existencia e integridad sea protegida y respetada, puesto que también sufren dolor.
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Conforme se expresa, en el país existen espectáculos públicos que injustificadamente ensalzan la violencia gratuita contra los animales; espectáculos donde éstos son torturados, desangrados y agredidos hasta causarles la muerte.
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En ese contexto, en opinión del gobierno, es necesario que el pueblo debata si se debe o no declarar al Ecuador libre de espectáculos públicos en los que se mate a los animales por simple diversión.
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Respecto a la necesidad de regular la actividad de los medios de comunicación para evitar excesos
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En la petición presidencial, los cambios experimentados a partir del avance tecnológico, en especial en el campo de la comunicación, han revolucionado las relaciones humanas, de manera positiva y negativa.
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El Presidente afirma que la televisión y los medios de comunicación masiva son la principal fuente de información y guía de las ideas de las personas en el mundo contemporáneo. En este contexto, al ser la televisión el medio de comunicación masivo más importante, debe servir, antes que todo, de orientador positivo de la sociedad; de acuerdo con el criterio expresado, este rol fundamental muchas veces no es atendido adecuadamente, puesto que en la producción de mensajes televisivos se priorizan las ganancias de los dueños de la industria del entretenimiento, antes que la calidad de los mensajes.
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Como resultado de esto, se indica que la sociedad ecuatoriana registra cada vez más altos índices de violencia que se expresa de diversas maneras, entre ellas, el machismo, la agresividad para con los demás, la discriminación, entre otras.
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Y en ese sentido, es un deber del Estado garantizar los derechos de las personas y mejorar sus condiciones de vida, para lo cual, el Presidente de la República del Ecuador, considera que es necesario preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que se regule y se prohíba la difusión de programas y mensajes televisivos con contenido violento.
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Respecto a la necesidad de convertir en delito el incumplimiento de las obligaciones relativas al pago de la seguridad social
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Uno de los objetivos que persigue la propuesta es el combate frontal a la impunidad y a la inseguridad; al ser el delito un fenómeno social más que un problema normativo, indica hay que combatir las causas estructurales del mismo, que tienen sus raíces en la profunda desigualdad generada por una realidad histórica que ha ocasionado una inmensa brecha entre los sectores más opulentos y los más excluidos del desarrollo y de los beneficios de la generación de la riqueza.
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Señala que un ejemplo de esta realidad histórica es indudablemente el incumplimiento de los dueños del capital respecto a sus obligaciones para con la fuerza de trabajo, tales como distribución de utilidades y particularmente el pago en las aportaciones para la seguridad social, dejándolos a merced de las enfermedades, afecciones a la salud y en general desprotegidos ante cualquier contingencia.
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Refiere también que el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República, reconoce el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación, lo que implica que ante la ley nadie tiene privilegios de ninguna naturaleza. En desarrollo de tal principio, el Ejecutivo considera que tal como se sanciona a un trabajador que dispone fraudulentamente de los fondos pertenecientes a la empresa en la que trabaja, bajo la figura punitiva de abuso de confianza, se hace necesario que los empleadores respondan penalmente cuando omiten afiliar al seguro social obligatorio a sus trabajadores, puesto que están desviando y aprovechándose fraudulentamente de dineros que no les pertenecen a ellos, sino a su fuerza laboral.
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En tal virtud, el señor Presidente de la República considera que debe preguntarse al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo en tipificar como delito esta conducta reñida con la ley, la justicia social y el derecho.
n n LAS PREGUNTAS n n CONSULTA POPULAR n n
1.- Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado?
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SI ( ) NO ( )
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2.- Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
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SI ( ) NO ( )
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3.- Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?
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SI ( ) NO ( )
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4.- Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
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SI ( ) NO ( )
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5.- Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?
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SI ( ) NO ( )
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En la Audiencia Pública llevada a cabo el 27 de enero del 2011, intervinieron los siguientes ciudadanos y organizaciones sociales: Alfredo Riofrío, Organización SOMOS ECUADOR UNETE; Guillermo Albán y Alonso Moreno, Concejales de Quito; Carlos Solines Coronel, Presidente de la Federación de Peñas Taurinas del Ecuador; Blasco Peñaherrera, Comité Empresarial Ecuatoriano; Juan Carlos Solines, Fundamedios; Galo Vayas y José Guevara Aguirre, Asociación Galleros del Guayas; Felipe Ogaz, DIABLUMA; Freddy Fuenmayor, Antitaurinos Ecuador por la vida contra la violencia de animales “Ecuador por la Vida”; María Díaz, Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juegos; Priscila Benítez, Asociación Pro Trabajadores de Casinos; Jaime Roura Dávila, Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador; Delfín Tenesaca, ECUARUNARI CONAIE; Víctor Sánchez, CUCOMITAE Comité de Trabajadores Autónomos; Pablo Dávila Jaramillo, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción; Rodrigo Collaguazo, FENUNSEE; Diego Delgado, Particular; Fernando Ibarra, CEDOC; Efigenia UIT, ASIESS; Marcos Martínez, ex Asambleístas Constituyentes; Ab. Vicente Peralta, delegado de la Presidencia de la República.
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El Señor Alonso Moreno, Concejal del Distrito Metropolitano de Quito y miembro del Comité taurino, se pronuncia en contra de la posibilidad de prohibir mediante Consulta Popular las fiestas taurinas. Manifiesta que la Plaza de Toros Quito tiene alrededor de cincuenta años, lo que ha convertido a la actividad taurina en el ícono de las fiestas; argumenta además que la actividad taurina ya está regulada mediante ordenanza 019 del 16 de julio de 1999, y ahí se establece estrictas condiciones para el ejercicio de la actividad taurina, justificando dichos argumentos con la documentación que se presenta.
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El doctor Blasco Peñaherrera, Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito, interviene en la audiencia para ratificar la facultad que tiene el presidente de la República de consultar al pueblo sobre eventuales enmiendas o reformas de la Constitución.
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No obstante, advierte que existen unos procedimientos y un debido proceso que respetar, los cuales están establecidos en los artículos 441, 442, 443 y 444 de la Constitución de la República, y en los artículos 101 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
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Manifiesta que estas normas establecen tres caminos establecidos en la Constitución de la República y la ley y, por lo tanto, plantea la urgencia de que la Corte Constitucional, como elemento medular de su pronunciamiento, identifique cuál es el camino para tramitar las preguntas y determine si las mismas constituyen o no una restricción de derechos.
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En su opinión, la primera pregunta de la Consulta Popular restringiría el derecho a la inversión privada, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la generación de trabajo estable, el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a desarrollar actividades económicas.
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En lo relativo a la segunda pregunta, el manifiesta que se restringen derechos como el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la libertad en todas sus formas, el derecho a desarrollar actividades económicas.
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Sobre la tercera pregunta, manifiesta que viola el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la protección del patrimonio cultural del país, el derecho a la identidad cultural, el derecho a las propias expresiones culturales y el derecho a la recreación y esparcimiento.
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Acerca de la cuarta pregunta sobre los medios de comunicación, señala que restringiría la libertad de comunicación y la libertad de información, el derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente, el derecho a disponer de servicios de información. Y finalmente, respecto a la última pregunta, en torno a la no afiliación de los empleados al IESS, expresa nuevamente que restringiría los derechos contemplados en los artículos 276 y 66 de la Constitución de la República,.
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El señor Douglas Paredes señala que los derechos de la naturaleza están reconocidos en la Constitución, que toda actividad que la sociedad desarrolle debe estar enmarcada dentro de lo que la Carta Magna indica, y que dentro de estas actividades están las corridas de toros.
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Añade que él, como otros ciudadanos, cree en la democracia directa reconocida en la Constitución, como aquella forma más cercana para que el pueblo decida.
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El señor Fredy Fuenmayor, representante de Ecuador por la Vida, manifestó que la Constitución garantiza el respeto a los animales, y que contrario a ello están los espectáculos donde se maltrata al animal por diversión, los cuales son una actividad contraria al orden constitucional.
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Asimismo, señala que el Capítulo VII de la Constitución sobre los DERECHOS DE LA NATURALEZA, protege a todos los seres que hacen parte de ella, dentro de esta a los animales.
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Enuncia el artículo 395 de la Constitución y la Declaración Universal de los derechos de los animales, proclamada el 15 de octubre de 1978, aprobada por la UNESCO, y por otro lado, la “versión” de las Naciones Unidas, señalan: “que todo animal posee derechos”; “que el desconocimiento y desprecio de estos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza”, “que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos, de la existencia de las otras especies animales constituye el fundamento de la coexistencia”.
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Solicita que la pregunta número uno quede y pase para la consulta popular.
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La señora Priscila Benítez, representante de los trabajadores de la unidad turística Mercury, Hotel Alameda y Casino Montecarlo, manifiesta que la pregunta dos del plebiscito trata de derechos inherentes a las personas, derechos como la recreación, el uso del tiempo libre, el trabajo; derechos que, según expresa, no pueden ser consultados mediante el procedimiento de consulta popular, sino que se requeriría una Asamblea Constituyente.
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Además sostiene que la pregunta es inocua porque no afecta al juego informal, sino a aquellos que trabajan legalmente amparados por la Ley de Turismo.
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Indica estar de acuerdo con la prevención, con la regulación y con la fiscalización; concluye señalando que la eliminación de los juegos de azar determinará la presencia de mafias internacionales que se apropiarán del mercado.
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Finalmente, solicita que se recaben las actas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para que se consideren los argumentos que condujeron a que dicha comisión rechazare la pretensión de criminalizar el juego de azar.
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El señor Delfín Tenesaca manifiesta no estar en contra de la consulta, como mecanismo de participación, por constituir un derecho de todos los ecuatorianos.
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Afirma que su preocupación es en torno a las preguntas formuladas, puesto que, en su opinión, no responde a los grandes problemas sociales del país y que existe una intención por controlar el poder judicial.
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El señor Marlon Santi manifiesta estar de acuerdo con el principio constitucional de la consulta, mas no con el procedimiento a través del cual se quiere hacer, rompiendo los principios y procedimientos constitucionales de la consulta.
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El señor doctor Douglas Paredes, respecto a la pregunta tres, señala que su intención es denunciar públicamente que la tauromaquia es inconstitucional. Manifiesta que conforme a la propia Constitución, no se puede invocar la cultura cuando se atente contra los derechos consagrados en la Constitución.
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La tauromaquia, añade, es una expresión minoritaria de la sociedad ecuatoriana. Según se desprende de una encuesta realizada por CEDATOS en septiembre del 2009, un setenta por ciento de los ecuatorianos no gustan del espectáculo de las corridas, de tal forma que la cultura nacional es de tendencia diferente y por lo tanto, añade, esto debe ser considerado por la Corte Constitucional al tomar su decisión.
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Adicionalmente, señala que en virtud de los artículos 71 y siguientes, la Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; y esta disposición se estaría vulnerando si se mantiene la legalidad de la actividad taurina.
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El señor Juan Manuel Chimbo, a nombre de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino – Coordinadora Nacional Campesina, señala que conforme a la Constitución, el Presidente de la República tiene la facultad y competencia para realizar una consulta popular, cumpliendo con los procedimientos legales y constitucionales.
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Indica además que como Confederación Nacional del Seguro Social Campesino – Coordinadora Nacional Campesina, solicita dar trámite a la consulta popular, como símbolo de la expresión que la soberanía está en el pueblo.
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El doctor Carlos Solines Coronel, Presidente de la Federación de Ferias Taurinas del Ecuador, señala que existe una Ley del Ejercicio Profesional de Toreros Nacionales y espectáculos taurinos, misma que regula y organiza los espectáculos taurinos en el país y entrega la facultad de organizar esos espectáculos a los municipios, confiriéndoles la capacidad para reglamentar, controlar y autorizar estos espectáculos públicos.
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Añade además que la fiesta de los toros es una herencia cultural que se ha recibido de la misma forma como el carnaval, la religión, las procesiones, la lengua y, en consecuencia, indica que tienen la protección constitucional de esas otras expresiones culturales.
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El doctor Juan Carlos Solines, en representación de la Fundación Andina para la observación y estudio de medios, Fundamedios, Respecto a la pregunta cuatro, plantea dos problemas fundamentales: el primero que se refiere a la institucionalidad del Estado ecuatoriano, y el segundo respecto a la legalidad de la pregunta.
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En cuanto al primer problema, señala que actualmente en la Asamblea Nacional, la Ley de Comunicación se encuentra en trámite y que éste fue suspendido con ocasión de la convocatoria a la Consulta Popular; según señala, se somete a consideración de la ciudadanía un tema que estaba siendo discutido en el órgano competente.
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Agrega que el punto central de la pregunta es la creación de un Consejo de Regulación, lo cual ya formaba parte de los proyectos oficialistas.
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El segundo aspecto, señala, está en que la pregunta no realiza una distinción entre leyes, y políticas públicas, que supone un elemento fundamental para entender las competencias y atribuciones que tienen las instancias del Estado.
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Advierte que las políticas públicas son los actos que un gobierno tiene la facultad de hacer, y en las cuales se imprime la visión ideológica de un gobierno; con respecto a la regulación y control indica que compete a órganos técnicos independientes del poder central; finalmente, dice, se encuentra por encima de todo la Constitución y las leyes dictadas por el órgano competente para legislar.
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Expresa que la pregunta en debate plantea aspectos de regulación de contenidos mediante un Consejo, sin considerarse que ello está ya regulado en la Ley de Radio y Televisión, y que la misma va más allá de los contenidos sexuales.
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El doctor Vicente Peralta comparece a nombre del Presidente de la República y, entre otras cosas, señala que la soberanía radica en el pueblo cuya expresión es el fundamento de la autoridad, y que además es derecho del pueblo ser consultado, de conformidad al artículo 63 de la Constitución, mismo que se vería conculcado si no se da paso a la consulta popular.
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Indica que el artículo 104 y el numeral 14 del artículo 147 de la Constitución establecen como atribución del Presidente de la República convocar a Consulta Popular, y de calificar la conveniencia de las preguntas, en concordancia además a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y al Código de la Democracia.
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Agrega que la doctrina constitucional ha diferenciado dos eventos a los que están avocados: el primero referido al referéndum, en el cual se someten a enmiendas el texto constitucional.
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La consulta popular, por su parte, se refiere a decisiones generales que el pueblo tendrá que decidir mediante un procedimiento electoral, para luego orientar el desarrollo de las normas.
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Respecto a la pregunta uno de la Consulta Popular señala que será tratado técnicamente mediante una ley; agrega que si hubiese una sanción respecto al enriquecimiento privado injustificado, la misma deberá constar en una ley, porque todo el ordenamiento jurídico constitucional especialmente establece que las sanciones tienen reserva de ley, es decir, deberán ser emitidas en la ley.
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Respecto a los temas relativos a la muerte de animales, el Consejo de Regulación y la sanción penal por no afiliación, señala el representante de la Presidencia de la República, que son problemas de fondo, que determinan el tipo de sociedad que queremos construir.
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Señala que en virtud de lo dispuesto en los artículos 104, 147 numeral 14, 61 numerales 2 y 4 de la Constitución, y en virtud de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la propuesta del Presidente de la República guarda absoluta armonía con el texto constitucional y con las leyes.
n n II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE n LA CORTE CONSTITUCIONAL n n Competencia n n
La Corte Constitucional tiene competencia para emitir dictámenes previos y vinculantes de constitucionalidad de las consultas populares, de conformidad con los artículos 104 último inciso y 438 numeral 2 de la Constitución de la República de Ecuador.
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Asimismo, el artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispone que esta Corte realice un control de con