Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 27 de enero de 2021 (R. O.379, 27–enero -2021 ) Suplemento

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

RESOLUCIONES:

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA:

622-2020-S Modifíquese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros

623-2020-V Modifíquese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros

624-2020-G Modifíquese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros

SERVICIO NACIONAL

DE ADUANA DEL ECUADOR – SENAE:

SENAE-SENAE-2020-0061-RE Apruébese el documento denominado «Acuerdo de Confidencialidad y de No-Divulgación de Información

SENAE-SENAE-2020-0063-RE Desígnense a los delegados al Comité Técnico Interinstitucional del Comité de Política Tributaria (CPT

SENAE-SENAE-2021-0001-RE Levántese la suspensión de los plazos y términos ordenada mediante Resolución No. SENAE-SENAE-2020-0062-RE de 22 de diciembre de 2020

FE DE ERRATAS:

-……… A la publicación de la Resolución No. 101 de 21 de septiembre de 2020, emitida por el Consejo de la Judicatura, efectuada en el Registro Oficial 323 de 5 de noviembre de 2020

Año II – N° 379 – 35 páginas

Quito, miércoles 27 de enero de 2021

Miércoles 27 de enero de 2021 Suplemento N° 379 – Registro Oficial

Resolución No. 622-2020-S

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiara, financiera, de seguros y valores;

Que el artículo 14, numeral 33 del citado Código establece que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera debe dictar las normas que regulan los seguros y reaseguros;

Que el artículo innumerado a continuación del artículo 27 de la Ley General de Seguros establece que las empresas de seguros deberán sujetarse para la contratación de los reaseguros a principios de solvencia y prudencia financiera, así como también a principios de seguridad y oportunidad;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución No. 051-2015-S expedida el 5 de marzo de 2015 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 467 de 26 de marzo de 2015, reformó las «Normas relativas a las operaciones de reaseguros y retrocesiones»;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante resolución No. 283-2016-S expedida el 15 de septiembre de 2016 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.467 de 26 de marzo de 2015, reformó la resolución No. 051-2015-S, referente a las «Normas relativas a las operaciones de reaseguros y retrocesiones»;

Que a partir de la vigencia de la resolución No. 051-2015-S de 5 de marzo de 2015, se ha registrado un incremento sustancial de la prima de riesgo retenida, en los ramos de vida individual, vida en grupo, accidentes personales, asistencia médica y vehículos, en los últimos cinco años, afectando también a la siniestralidad, impacto que se refleja en los resultados técnicos presentados por las aseguradoras;

Que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante oficio No. SCVS-INS-2020-00046172-0 de 13 de noviembre de 2020 y su alcance con oficio No. SCVS-INS-2020-00049967-O de 8 de diciembre de 2020, suscritos por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Ab. Víctor Anchundia Places remite para conocimiento y aprobación de la Junta el proyecto de sustitución del Capítulo XIV «Normas relativas a las operaciones de reaseguros y retrocesiones», Título II, Libro III «Sistema de Seguros Privados» de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros», emitido por dicho cuerpo colegiado, para lo cual adjunta los informes técnico y legal que sustentan dicha propuesta;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria realizada a través de medios tecnológicos, convocada el 20 de diciembre de 2020, con fecha 21 de diciembre de 2020, conoció y aprobó el texto de la presente resolución; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

Sustituir el Capítulo XIV, Título II «De la constitución, organización, actividades y funcionamiento» del Libro III «Sistema de Seguros Privados» de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, con el siguiente texto:

CAPITULO XIV: NORMAS RELATIVAS A LAS OPERACIONES DE REASEGUROS Y ^RETROCESIONES

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Registro Oficial – Suplemento N° 379 Miércoles 27 de enero de 2021

SECCIÓN I: ALCANCE Y DEFINICIONES

Art. 1.- La presente normativa es aplicable para las empresas de seguros, compañías de reaseguros y compañías intermediarias de reaseguros; así como en el caso de las operaciones de cesión de riesgos de las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición General Tercera del Reglamento a la Ley orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, en lo que fuere aplicable.

Art. 2.- Los términos utilizados en el presente capítulo deben ser interpretados de acuerdo con las siguientes definiciones:

1. Capa o layer.- Es un límite de la cobertura que se suele repartir en dos o más porciones o tramos, en los reaseguros no proporcionales;
2. Capacidad automática- Es el límite máximo de cobertura de un contrato de reaseguro por ramo o grupo de ramos por la cual la cedente puede suscribir, según los términos y condiciones pactados en dicho contrato;
3. Cesión de reaseguro.- Es el acto por el cual la entidad cedente traspasa parte de sus riesgos a su reasegurador en virtud de un contrato de reaseguro o cesión facultativo;
4. Cobertura.- En los contratos no proporcionales, es la máxima responsabilidad a cargo del reasegurador por cada siniestro en exceso de la prioridad;
5. Comisión adicional o sobrecomisión.- Es el incentivo que le concede el reasegurador a la cedente para producir buenos resultados en los contratos de reaseguro. Su característica fundamental es que su cálculo se basa en la siniestralidad ocurrida;
6. Contrato de reaseguro automático.- Se produce cuando se pactan previamente las condiciones del reaseguro para determinado tipo de riesgo, el asegurador se compromete a cederlas y el reasegurador está obligado a aceptarlas;
7. Contrato de reaseguro cuota parte.- Es un contrato proporcional donde la cedente se compromete a retener y a ceder proporciones fijas de todos los negocios suscritos hasta determinado límite;
8. Contrato de reaseguro excedente.- Es un contrato automático proporcional de porcentajes variables de cesión y de retención;
9. Contrato de reaseguros facultativo.- Es un sistema de reaseguro mediante el cual la cedente tiene la facultad de ofrecer un riesgo y el reasegurador tiene la facultad de aceptarlo o rechazarlo;
10. Contrato de reaseguro no proporcional.* Es la repartición de responsabilidades entre cedente y reasegurador con base a los siniestros y no a la suma asegurada, en compensación de la cobertura otorgada, el reasegurador recibe un porcentaje a la prima original de su cartera que se denomina costo;
11. Contrato de Retrocesión.- Es el contrato de reaseguro concertado entre dos compañías reaseguradoras, mediante el cual uno de ellos (retrocedente) cede al otro (retrocesionario) parte de los riesgos que previamente tiene aceptados en reaseguro;
12. Contribución de contingencia (participación de beneficios o comisión de utilidades).- Es un reconocimiento que el reasegurador comparte con la cedente por el buen manejo del contrato;
13. Contribución para gastos (comisión básica o fija de reaseguro).- Es el reconocimiento económico que le ofrece el reasegurador a la cedente por la cesión de los negocios en reaseguros. Generalmente se establece como un porcentaje;
14. Entradas y salidas de cartera.- Consiste en que el reasegurador entrante asume responsabilidad para el negocio ya en vigor al tomar efectos el contrato;
15. Evento.- Es la totalidad de los siniestros individuales que ocurran en un solo y mismo acontecimiento y que sea a consecuencia directa de éste. Se encuentra limitado por la cláusula sobre horas y ubicación en el espacio (zonas catastróficas);
16. Fronting.- Es la transferencia Integra real del riesgo, esto es, el 100% del riesgo es cedido al reasegurador por parte del cedente;

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17. Instalamentos.- En los reaseguros no proporcionales, son los montos y formas de pago del precio de reaseguro no proporcional en el tiempo de la cobertura de la prima mínima y de depósito;
18. Límite agregado.- Es la suma máxima de responsabilidad a cargo del reasegurador durante la vigencia anual. Se pacta a través de valores y montos en los reaseguros no proporcionales;
19. Patrimonio.- Es el calculado para el cumplimiento de la norma de capital adecuado;
20. Pérdida neta final.- Es la suma efectivamente pagada por el reasegurador con respecto a un evento de siniestros, incluyendo gastos de ajustes, de peritaje y legales, pero exceptuando los sueldos de sus empleados y sus gastos generales. Los salvamentos y recuperaciones se deducirán de dichas sumas para determinar la cuantía de responsabilidad a cargo de este contrato;
21. Prima mínima y de depósito.- Es el precio mínimo de la cobertura, que estará sujeta a un ajuste al finalizar la vigencia;
22. Prioridad.- Es el importe que asume la cedente por cuenta propia en todas y cada una de las pérdidas;
23. Reaseguro.- Es un contrato mediante el cual un asegurador, denominado cedente, transfiere a otro denominado reasegurador, una parte de sus riesgos dentro de los límites establecidos en el contrato;
24. Reaseguro financiero o transferencia alternativa de riesgo.- Son aquellos que no implican una transferencia técnica de riesgo;
25. Reinstalación.- En los reaseguros no proporcionales, si toda o una parte de la cobertura otorgada por el contrato queda absorbida, la cantidad absorbida quedará restablecida automáticamente con o sin pago de prima adicional;
26. Rescisión.- Es la acción de dejar sin efecto un contrato;
27. Retención.- Se entiende por retención de seguros a todos los riesgos que de manera individual y acumulada, no han sido cedidos en un contrato de reaseguro o de retrocesiones. Asimismo, se consideran retenciones a las capas de sumas aseguradas no cubiertas por los contratos de reaseguros, así como la siniestralidad en exceso de lo pactado;
28. Retrocesión.- Es una operación mediante la cual un reasegurador cede una parte del riesgo que él previamente ha asumido, a un segundo reasegurador. Mediante esta operación el reasegurador primero (retrocedente) se protege de las posibles afectaciones que su patrimonio puede sufrir por los riesgos que ha aceptado;
29. Riesgo asegurable.- Es el evento futuro e incierto, establecido en la póliza, cuyo acaecimiento ocasiona un daño al asegurado y hace exigible la obligación del asegurador;
30. Tasa de ajuste.- Es el porcentaje generalmente aplicable sobre el volumen de exposición tanto en primas o sumas aseguradas de la cartera protegida.

SECCIÓN II: DE LAS CONDICIONES DE LOS REASEGUROS Y RETROCESIONES AUTOMÁTICOS

Art. 3.- Los contratos automáticos de reaseguro o de retrocesión deberán adoptar las condiciones, formas y métodos generalmente aceptados en la práctica internacional y se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley General de Seguros, en el Reglamento General a la Ley General de Seguros y en este capitulo.

Art. 4.- Todos los contratos automáticos de reaseguros y/o retrocesión proporcionales deben contemplar: condiciones generales y condiciones particulares.

1. Para las condiciones generales se deben establecer como mínimo las siguientes cláusulas:

a. Cobertura de reaseguro

1. Objeto de contrato;
2. Exclusiones;
3. Tipo de contrato, límites y retención;

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4. Base de cesión;
5. Participación; y,
6. Regulación de monedas.

b. Primas y contribuciones

1. Cesión de primas;
2. Contribución para gastos; y,
3. Contribución de contingencia.

c. Siniestros

1. Indemnización de reaseguro;
2. Ajuste de siniestros;
3. Aviso de siniestros;
4. Siniestros al contado; y,
5. Siniestros pendientes.

d. Procedimientos contables

1. Sistema contable;
2. Cuenta técnica;
3. Observaciones sobre las cuentas; y,
4. Pago de saldos.

e. Otras obligaciones

1. Políticas de suscripción;
2. Comunidad de suerte;
3. Errores u omisiones; y,
4. Derecho de inspección.

f. Duración y modificación

1. Comienzo y duración;
2. Rescisión con efecto inmediato;
3. Rescisión de otros contratos;
4. Entrada y salida de cartera; y,
5. Obligaciones accesorias.

g. Derecho aplicable y resolución de diferencias

1. Usos comerciales y derecho aplicable;
2. Cambio de legislación; y,
3. Resolución de diferencias.

2. Para las condiciones particulares se deben contemplar como mínimo las siguientes cláusulas:

a. Cobertura de reaseguros

1. Objeto del contrato;
2. Exclusiones;
3. Tipo de contrato;
4. Límite del contrato;
5. Retención del contrato;
6. Base de cesión del contrato;
7. Participación del reasegurador; y,
8. Moneda.

b. Primas y contribuciones

1. Cesión de primas;
2. Estimativo de ingreso por primas cedidas;

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3, Contribución para gastos, y,

4. Contribución de contingencia.

c. Siniestros

1. Avisos de siniestros;
2. Siniestros al contado; y,
3. Siniestros pendientes.

d. Procedimientos contables

1. Sistema contable;
2. Cuenta técnica;
3. Observaciones sobre las cuentas; y,
4. Pago de saldos.

e. Otras obligaciones Políticas de suscripción

f. Duración, modificación y terminación del contrato

1. Comienzo y duración; y,
2. Entrada y salida de cartera.

g. Derecho aplicable y resolución de diferencias

1. Usos comerciales y derecho aplicable; y,
2. Resolución de diferencias.

h. Intermediario de reaseguros

1. Nombre;
2. Dirección;
3. Ciudad;
4. Provincia;
5. País;
6. Ejecutivo que compromete al reasegurador;
7. Teléfono; y,
8. Dirección del correo electrónico.

La empresa de seguros y los reaseguradores deberán acordar las condiciones generales y particulares de los contratos automáticos de reaseguro, mediante convenios que serán plasmados a través de cualquier medio probatorio, sea físico o telemático donde conste la aceptación de funcionario autorizado. De igual manera se procederá en caso de retrocesiones entre reaseguradores.

Para contratos proporcionales cuota parte la comisión básica mínima, incluyendo corretaje de reaseguros, no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) para todos los ramos con excepción de terremoto, vida individual, aviación y casco de buques.

Art. 5.- Todos los contratos automáticos de reaseguros y/o retrocesión no proporcionales, exceso de pérdida, deben contemplar: condiciones generales y condiciones particulares.

1. Para las condiciones generales se deben establecer como mínimo las siguientes cláusulas:

a. Alcance;

b. Responsabilidad;

c. Reinstalación;

d. Pérdida neta final;

e. Líneas netas retenidas;

f. Prima;

g. Aviso de reclamos;

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h. Errores y omisiones;

i. Inspección de registros;

j. Impuestos y otros cargos;

k. Correspondencia;

I. Periodo de cobertura;

m. Arbitraje; e,

n. Intermediario.

2. Para las condiciones particulares se deben contemplar como mínimo las siguientes cláusulas:

a. Cedente;

b. Vigencia; o Clase;

d. Alcance territorial;

e. Tipo;

f. Limites;

g. Limite anual agregado; y,

h. Capas adicionales:

1. Tipo;
2. Límites;
3. Reinstalaciones;
4. Prima;
5. Estimativo de ingreso por primas netas retenidas;
6. Intermediario;
7. Porcentaje de colocación;
8. Seguridad;
9. Condiciones generales;
10. Textos oficiales (wording);
11. Ejecutivo que compromete al reasegurador;
12. Teléfono; y,
13. Dirección del correo electrónico. La empresa de seguros y los reaseguradores deberán acordar las condiciones generales y particulares de los contratos automáticos de reaseguro, mediante convenios que serán plasmados a través de cualquier medio probatorio, sea físico o telemático. De igual manera se procederá en caso de retrocesiones.

Art. 6.- La cancelación de manera anticipada, rescisión o no renovación de los contratos automáticos de reaseguro o de retrocesión se pondrá en el término ocho (8) días en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante la emisión de un anexo o endoso, donde conste dicha decisión de los contratantes; o comunicación por escrito, según el caso. Adicionalmente, se señalará el motivo de dicha cancelación, rescisión o no renovación.

La cancelación provisional para la renovación del contrato de reaseguros debe ser notificada por las partes en un plazo de noventa (90) días de anticipación a la terminación del contrato.

SECCIÓN III: DE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE REASEGUROS Y RETROCESIONES FACULTATIVOS

Art. 7.- Los contratos facultativos de reaseguros o de retrocesión deberán adoptar las condiciones, formas y métodos generalmente aceptados en la práctica internacional. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tiene la facultad de solicitar, en cualquier momento, la presentación de éstos, a afectos de verificar su colocación, condiciones y suma reasegurada o retrocedida.

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Art. 8.- Los contratos facultativos de reaseguro o de retrocesión se prueban por medio del documento de colocación facultativa, o mediante la correspondencia intercambiada entre los contratantes, por cualquier medio de comunicación escrito o telemático.

Las notas de cobertura suscritas por los intermediarios de reaseguros deben contener la información que refleje las características del riesgo, sus condiciones de contratación y los clausulados inherentes a los contratos de reaseguros, estar firmadas por el reasegurador o contar con la prueba de su confirmación físico o telemático.

Respecto a los demás reaseguradores participantes, las empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país, deberán contar con el documento que pruebe la confirmación de su aceptación en cada caso, a través de algún medio escrito o telemático. Caso contrario, la nota de cobertura no sustituirá la obligatoriedad de contar con los contratos suscritos.

Art. 9.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país deben adoptar mecanismos de control secuencial de las cesiones y aceptaciones de reaseguros facultativos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros verificará el cumplimiento de esta disposición.

SECCIÓN IV: DE LA CONTRATACIÓN DE REASEGUROS Y RETROCESIONES

Art. 10.- Las empresas de seguros constituidas o establecidas legalmente en el país deberán contratar sus reaseguros con compañías de reaseguros nacionales o extranjeros. Las compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país tendrán como objeto social otorgar coberturas a las empresas de seguros, por los riesgos que éstas hayan asumido así como suscribir contratos de retrocesión.

Art. 11- Las cesiones y aceptaciones de reaseguro que efectúen las empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país deben sujetarse a principios de seguridad, certeza y oportunidad.

Art. 12.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros, constituidas o establecidas legalmente en el país, deben ceder sus riesgos bajo contratos de reaseguros automáticos o facultativos, directamente o a través de intermediarios de reaseguros nacionales o extranjeros a reaseguradores internacionales, inscritos en el registro correspondiente en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

SECCIÓN V: GESTIÓN DE RIESGOS DE REASEGUROS O RETROCESIONES

Art. 13.- Las empresas de seguros deberán establecer estrategias, políticas y procedimientos para la suscripción y seguimiento de los contratos de reaseguros o retrocesiones, las que deberán estar aprobadas por el directorio y ser evaluadas al menos una vez al año. Dicha evaluación estará sustentada por el informe que deberá emitir el comité de administración integral de riesgos.

Asimismo, deberán contar con manuales aprobados por el directorio, que contengan las citadas políticas y procedimientos, así como los criterios sobre los límites de responsabilidades asumidas, tanto por las empresas de seguros y compañías de reaseguros.

SECCIÓN VI: DE LA INFORMACIÓN

Art. 14.- Las empresas de seguros deberán mantener permanentemente la siguiente información mínima:

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1. Un expediente por cada contrato de reaseguro que debe contener como mínimo lo siguiente:

a. Información sobre el reasegurador o reaseguradores que intervienen en el contrato, especificando el nombre del reasegurador, domicilio con indicación del país, teléfono, página web, correo electrónico y calificaciones de riesgo de los reaseguradores participantes a la fecha de celebración del contrato;

b. Copia del contrato de reaseguro que contenga la indicación específica de la vigencia, riesgos cubiertos, exclusiones, límites, deducibles, prima correspondiente al periodo cubierto o prima mínima de depósito, según corresponda, detalle de las condiciones y/o cláusulas convenidas y porcentaje de participación de cada reasegurador; y,

c. Información del intermediario de reaseguros que negocia el contrato, con indicación del nombre completo de la empresa intermediaria de reaseguros, que incluya el registro en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, al momento de tomarse el contrato, así como el porcentaje de su comisión;

2. Planilla de cesiones de reaseguros recibidos y cedidos;
3. Expedientes de siniestros de reaseguros facultativos y proporcionales, con la siguiente información mínima:

a. Aviso de siniestro;

b. Copia de las comunicaciones enviadas y recibidas de los reaseguradores, en el caso de contratos facultativos;

c. Informes emitidos por los ajustadores o peritos que intervienen en el proceso de liquidación del siniestro;

d. Convenio de ajuste, en caso corresponda, firmado por el asegurado; y,

e. Recibo de indemnización firmado por el asegurado, cuando se trata de siniestros que involucran indemnizaciones importantes, para lo cual se considerará aquellos que sean iguales o superiores al 10% del patrimonio de la empresa de seguros.

Art. 15.- Las empresas de seguros deberán implementar sistemas de información que faciliten la identificación del riesgo total para la contratación adecuada y la gestión de reaseguros.

SECCIÓN Vil: DE LA JURISDICCIÓN

Art. 16.- Las controversias surgidas en y por la aplicación de los contratos de reaseguro o de retrocesión cedidos, se someterán a la jurisdicción ecuatoriana, a menos que las partes estipulen de mutuo acuerdo someterse a una jurisdicción distinta,

SECCIÓN VIII: DE LAS SANCIONES

Art. 17.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país, sus representantes legales o quienes a nombre de aquéllas suscriban contratos de reaseguro o de retrocesión automáticos o facultativos con re aseguradores extranjeros no autorizados para operar en el país o a través de intermediarios extranjeros de reaseguro no inscritos en el registro respectivo, serán sancionados de acuerdo con la Ley General de Seguros.

No obstante a la sanción anterior, las empresas de seguros y compañías de reaseguros que hubieren incurrido en la falta señalada en el inciso anterior, deberán constituir reservas técnicas por el 100% de las primas cedidas a dichos contratos, hasta la fecha en que sean regularizados.

Los representantes legales de los intermediarios de reaseguro, que en las notas de cobertura o en los contratos de reaseguro, que tengan autorización del reasegurador para formularlos, instituyeren condiciones distintas a las pactadas con la cedente; o, retuvieren por un plazo superior al establecido en los respectivos acuerdos el pago de primas a los reaseguradores; o, retrasaren o no entregaren los documentos a la cedente; o, contrataren reaseguros con reaseguradores o a través de

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intermediarios internacionales de reaseguro no inscritos en el registro, serán sancionados de acuerdo con lo que dispone la Ley General de Seguros; y, a la entidad se le revocará la credencial de operación.

SECCIÓN IX: DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las empresas de seguros o compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país, aceptarán reaseguros y retrocesiones únicamente en aquellos riesgos en los cuales tienen autorización de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para operar.

SEGUNDA.- Las empresas de seguros y compartías de reaseguros deben presentar los contratos de reaseguros automáticos y las renovaciones a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para su registro, dentro de los noventa (90) días posteriores al inicio de vigencia de dichos contratos, así como todo anexo o adendum modificatorio del contrato; y se mantendrán en las propias empresas de seguros o compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país, a disposición de la entidad de control.

Los contratos de reaseguro automático y cualquier documento complementario deberán ser presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, redactados en idioma castellano, o traducidos al castellano, de acuerdo a la ley.

Los contratos de reaseguro celebrados en el extranjero, para su validez, deberán ser legalizados de acuerdo a lo previsto en la Ley.

Los contratos de reaseguro celebrados de manera telemática, deberá ser susceptible su comprobación. Para tal efecto el Órgano de Control dará las instrucciones del caso.

TERCERA.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros establecidas en el país remitirán anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, junto con los estados financieros de cierre del ejercicio, la información relativa a los contratos de reaseguro proporcionales y no proporcionales cedidos o aceptados que han celebrado o se encontraran vigentes, en los formatos que para el efecto proporcionará la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de circular. El incumplimiento de esta disposición será sancionado de acuerdo a la Ley General de Seguros.

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros establecidas en el país remitirán anualmente, junto con los estados financieros al 31 de diciembre, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la información relativa a los contratos de reaseguro obligatorios cedidos o aceptados que han celebrado o se encontraran vigentes, según los vencimientos de sus programas de reaseguro.

CUARTA.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país no podrán asumir en un solo riesgo, como retención máxima, más del 8% anual del patrimonio técnico, correspondiente al mes inmediato anterior a aquel en el cual se efectúe la operación.

Se entiende por riesgo la suma de todos los valores asegurados, coasegurados y reasegurados de los intereses amparados por la empresa de seguros y compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país.

Para los efectos de este artículo, se considerará como patrimonio técnico el calculado para el cumplimiento de las normas de capital adecuado.

QUINTA.- En el ramo de seguros de vehículos las compañías de seguros deberán retener al menos el 60% de la prima neta emitida.

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SEXTA.- Queda prohibido:

1. El método fronting;
2. Los contratos de «reaseguro» conocidos como Transferencia Alternativa de Riesgo (ART) o reaseguros financieros, los mismos que no implican una transferencia técnica de riesgo;
3. Las operaciones de cesión y retrocesión que no corresponda al giro ordinario de su actividad, a través de las cuales se realicen fraudes o lavado de activos.

SÉPTIMA.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguro establecidas legalmente en el país, presentarán a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cada trimestre, es decir marzo, junio, septiembre y diciembre, los estados de cuenta de reaseguro, con saldos confirmados por los reaseguradores nacionales o extranjeros, los que serán remitidos dentro de los noventa (90) días posteriores al cierre del trimestre que se reporta.

OCTAVA.- Los casos de duda en la aplicación del presente capítulo, serán resueltos por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

NOVENA.- De generarse alguna afectación en el resultado técnico de las empresas de seguros y compañías de reaseguros; y los casos de duda por la aplicación de la presente norma serán analizados de manera particular y resueltas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se derogan las resoluciones: JB-2013-2643 de 26 de septiembre de 2013, JB-2001-290 de 9 de enero de 2001, 051-2015-S de 5 de marzo de 2015 y 283-2016-S del 15 de septiembre de 2016.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de diciembre de 2020.

EL PRESIDENTE,

^Econ. Mauricio Pozo Crespo

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de diciembre de 2020 – LO CERTIFICO.

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SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

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Resolución No. 623-2020-V

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 13 del Libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, como ente que forma parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaría, financiera, de seguros y valores;

Que el artículo 14 numeral 2 ibídem; en concordancia con el artículo 9 numerales 1 y 4 del Libro 2, Ley de Mercado de Valores, del citado Código, disponen que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene la función de regular la implementación de las políticas de valores; cumplir con las funciones que la Ley de Mercado de Valores le otorga; establecer la política del mercado de valores y regular su funcionamiento; y, expedir las resoluciones necesarias para la aplicación de la Ley de Mercado de Valores;

Que el artículo 16 el Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I establece que los organismos de control, el Banco Central del Ecuador y la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de seguros privados, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán preparar y proponer a la Junta o a pedido de ésta, planes, estudios, análisis, informes y propuestas de políticas y regulaciones;

Que el numeral 2 del Art. 71 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, faculta a los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores a realizar transferencias de valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores provenientes de transacciones privadas y transmisiones a título gratuito;

Que el segundo artículo innumerado a continuación del art. 72 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II, Ley de Mercado de Valores señala que «Art. …- Transferencia de valores.- La transferencia de los valores representados por anotaciones en cuenta tendrá lugar por registro contable. La inscripción a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

Para los valores, sea que consten de títulos o de anotaciones en cuenta, que se hallan depositados en un depósito de compensación y liquidación de valores, la transferencia se perfeccionará con la anotación en el registro del depósito en virtud de orden emitida mediante comunicación escrita o electrónica dada por el depositante directo debidamente autorizado o su titular, de conformidad con las normas de carácter general que dictará la Junta de Política v Regulación Monetaria v Financiera.»:

Que es necesario, otorgar transparencia a las operaciones que impliquen la transferencia de valores que no se realizan en el mercado bursátil, ni extrabursátil, esto es, no se negocian a través de bolsa como es el caso de la dación en pago;

Que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros medíante oficio No. SCVS-INMV-DNFCDN-2020-00051857-0 de 17 de diciembre de 2020 y su alcance con oficio No. SCVS-INMV-2020-00052104-O de 19 de diciembre de 2020 remitió a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera los informes técnicos jurídicos que sustentan el proyecto de resolución que permita normar el segundo artículo innumerado agregado al artículo 72 de la Ley de Mercado de Valores;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria realizada a través de medios tecnológicos, convocada el 20 de diciembre de 2020, con fecha 21 de diciembre de 2020, conoció los informes y el proyecto de resolución remitidos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y,

En ejercicio de las funciones dispuestas en el artículo 14, numerales 2, 3, 4 y 27 del Titulo Preliminar del Código Orgánico Monetario y Financiero,

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Registro Oficial – Suplemento N° 379 Miércoles 27 de enero de 2021

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- REFORMAR la Sección III: «DISPOSICIONES GENERALES» del Capítulo I: CONSTITUCIÓN, AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO E INSCRIPCIÓN EN EL CATASTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LOS DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES» del Título XI: «DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES» del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros con los siguientes artículos:

1. SUSTITUIR el artículo 11 por el siguiente:

Art. 11.- Compensación: Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores confirmarán a través de los depositantes directos la identidad de los titulares de las subcuentas, y su disponibilidad de valores y de dinero.

La compensación será realizada por los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores con la liquidación de la operación de compra venta de valores que reciba de la bolsa de valores.

Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores deberán verificar la existencia de los recursos dinerarios con los que se efectúan el pago de la compra venta de valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores realizada a través del mercado bursátil.

La compensación se realizará a través del cruce y registro de las diferentes transacciones en las cuentas de la contraparte que finalmente, llevará a la determinación de los saldos de las respectivas cuentas.

2. SUSTITUIR el artículo 12 por el siguiente:

Art. 12.- Liquidación de las transferencias de valores: Es el perfeccionamiento de la entrega del dinero y valores a los depositantes directos y a los titulares de las subcuentas. La liquidación de las transferencias de valores provenientes de una operación de compra venta de valores realizada en el mercado bursátil, se efectuará de acuerdo con la liquidación expedida por la correspondiente bolsa de valores, una vez que se haya verificado la disponibilidad de valores y dinero.

3. AGREGAR a continuación del artículo 17, el siguiente artículo:

Art…….- Registro de transferencia de valores por dación en pago.- Para el registro de la transferencia de la dación en pago con valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores que se encuentran depositados en un depósito centralizado de compensación y liquidación de valores, al ser transferencia privada, el respectivo depósito centralizado verificará:

1. La solicitud de registro de transferencia presentada por el titular del valor;
2. La identidad y capacidad legal del tradente;
3. La identidad del nuevo titular;
4. Las características y datos necesarios para identificar el valor,
5. Copia certificada del convenio de dación en pago ante notario público que habilite dicha transferencia;
6. La solicitud de la casa de valores para la apertura de subcuenta a nombre del nuevo titular, en caso de no disponer de una subcuenta en el respectivo depósito.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AGREGAR un artículo a continuación del artículo 13 del Capítulo IV: DISPOSICIONES GENERALES del Titulo VIII: CASAS DE VALORES del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, que señale:

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Miércoles 27 de enero de 2021 Suplemento N° 379 – Registro Oficial

Art….- La apertura de la subcuenta para el registro de la transferencia que provenga de una dación en pago, no genera comisión. La casa de valores únicamente podrán cobrar los costos operativos propios que la gestión de apertura genere.

La casa de valores será responsable de la verificación de la identidad y la capacidad legal del nuevo titular que requiere la apertura de la subcuenta.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Para el caso de daciones en pago, corresponderá a los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores, previo a realizar los registros de trasferencias, efectuar las respectivas verificaciones de conformidad con las normas contenidas en su manual operativo y reglamento interno, debidamente aprobados y registrados en el Catastro Público del Mercado de Valores.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- En el plazo de un mes, contados a partir de la expedición de la presente Resolución, los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores deberán efectuar las reformas correspondientes a sus Reglamentos Internos y Manuales operativos al tenor de la presente resolución y presentarlos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para su respectivo registro en el Catastro Público del Mercado de Valores; esto es hasta el 21 de enero de 2021.

SEGUNDA.- Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores procederán con los registros de las transferencias por daciones en pago referidas en esta regulación, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera de esta resolución.

DISPOSICIÓN FINAL- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de diciembre de 2020.

EL PRESIDENTE,

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de diciembre de 2020.- LO CERTIFICO.

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SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Registro Oficial – Suplemento N° 379 Miércoles 27 de enero de 2021

Resolución No. 624-2020-G

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 299, inciso segundo de la Constitución de la República dispone que en el Banco Central del Ecuador crearán cuentas especiales para el manejo de los depósitos de las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, y las demás cuentas que correspondan;

Que el artículo 36, numeral 29 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como funciones del Banco Central del Ecuador, actuar como agente fiscal, financiero y depositario de recursos públicos;

Que el artículo 40 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que, las entidades del sistema financiero nacional no podrán abrir a nombre de las instituciones públicas, cuentas diferentes a las cuentas recolectoras, salvo que cuenten con la autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que el artículo 41, inciso primero del mencionado cuerpo legal dispone: «Las instituciones, organismos y empresas del sector público no financiero deberán efectuar por medio del Banco Central del Ecuador, o las cuentas de éste, todos los pagos que tuvieren que hacer, así como todas las operaciones financieras que requieran, de acuerdo con las regulaciones y excepciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera»;

Que la Disposición General Primera del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en relación a la prohibición de crear cuentas o fondos, dispone: «Cualquiera sea el origen de los recursos, las entidades y organismos del sector público no podrán crear cuentas, fondos u otros mecanismos de manejo de ingresos y egresos que no estén autorizadas por el ente rector del Sistema de Finanzas Públicas»;

Que el segundo inciso del artículo 140 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina: «La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera autorizará la apertura y mantenimiento de cuentas en el exterior, para uso de las entidades del sector público, previo informe favorable del ente rector de las finanzas públicas y del Banco Central del Ecuador.»;

Que el artículo 170 del referido Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que: «Con excepción de las instituciones financieras públicas, el Ministerio de Finanzas coordinando con el Banco Central autorizará la apertura y mantenimiento en el exterior de cuentas, para gestionar, conceder o realizar pagos, endeudamiento, inversión e interés de seguridad. El Banco Central del Ecuador, como agente financiero del Estado, aperturará dichas cuentas».

Que mediante memorando No. MEF-STN-2018-0487-M de 03 de junio de 2018, el Subsecretario del tesoro Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas solicita al Viceministro de Finanzas disponga a la Junta y/o a la Secretaria de la Junta requiera al Banco Central del Ecuador el informe favorable para la apertura de una cuenta al Consejo de la Judicatura en BANECUADOR B.P.;

Que mediante oficio No. BCE-BCE-2019-0051-OF de 16 de enero de 2019, dirigido a la Secretaria Administrativa de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, envía el criterio técnico No. BCE-DNSF-022-2019 de 14 de enero de 2019, remitido por la Subgerencia de Servicios del Banco Central del Ecuador;

Que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante oficio No. MEF-VGF-2020-0058-M de 15 de junio de 2020, en calidad de ente rector de las Finanzas Públicas, emitió dictamen favorable para que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, autorice la apertura de una cuenta al Consejo de la Judicatura en BANECUADOR B.P.;

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Miércoles 27 de enero de 2021 Suplemento N° 379 – Registro Oficial

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 20 de diciembre de 2020, con fecha 21 de diciembre de 2020, conoció el tema relacionado con la autorización de apertura de cuenta por excepción solicitada por el Consejo de la Judicatura en BANECUADOR B.P.; y,

En ejercicio de sus facultades,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- En la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Libro Preliminar «Disposiciones Administrativas y Generales», incluir el artículo que corresponda en el Capitulo III «De las Autorizaciones» el siguiente texto:

«Art. …- Autorizar de manera excepcional al Consejo de la Judicatura, abrir y mantener para cada dependencia judicial habilitada a nivel nacional, una cuenta con capacidad de giro en BANECUADOR B.P., en las que se realizarán la recaudación y devolución de valores por concepto de «Depósitos y Remates Judiciales», en los términos dispuestos en los procesos judiciales.

Una vez que se haya cumplido con el proceso de migración a las nuevas cuentas, los valores no identificados que se encuentren en las cuentas Nros. 0010257097 «Control de depósitos judiciales» y 4006982698 «Remates Judiciales», serán transferidos a la cuenta que disponga el Consejo de la Judicatura en el Banco Central del Ecuador.

El Consejo de la Judicatura y BanEcuador B.P., suscribirán convenios para la prestación del servicio bancano y se comprometerán a cumplir fielmente con su contenido.»

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de diciembre de 2020.

EL PRESIDENTE,

Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de diciembre de 2020- LO CERTIFICO.

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SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Registro Oficial – Suplemento N° 379 Miércoles 27 de enero de 2021

Resolución Nro. SENAE-SENAE-2020-0061-RE Guayaquil, 21 de diciembre de 2020

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

LA DIRECCIÓN GENERAL CONSIDERANDO

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.

Que, el numeral 3 del Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador expresamente señala que son entidades del sector público, los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

Que, el Art. 226 ibídem, señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.

Que, el Art. 227 de la Constitución del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que, el Art. 205 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010 señala: «Art. 205.- Naturaleza Jurídica.- El servicio de aduana es una potestad pública que ejerce el Estado, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sin perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios debidamente autorizados y de la coordinación o cooperación de otras entidades u órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de operación y procedimientos, y demás normas aplicables. ( ) «.

Que, el Art. 206 del mencionado Código establece: «Art. 206.- Política Aduanera.- Al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador le corresponde ejecutar la política aduanera y expedir las normas para su aplicación, a través de la Directora o el Director General.».

Que, el Art. 213 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, determina que la administración del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador corresponderá a la Directora o el Director General, quien será su máxima autoridad y representante legal, judicial y extrajudicial, en razón de lo cual ejercerá los controles administrativos, operativos y de vigilancia señalados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversionesí%

Que, respecto de las facultades del Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el último párrafo del artículo 216 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones señala: «Todas las atribuciones aquí descritas serán delegables, con excepción de las señaladas en el literal I)»;

Que, el artículo 69 del Código Administrativo Orgánico, ordena que los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión;

Que, a través de la delegación de atribuciones concentradas en una autoridad administrativa por disposiciones legales o reglamentarias, se puede lograr la optimización cuantitativa y cualitativa del despacho y tramitación de los procesos administrativos internos;

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Miércoles 27 de enero de 2021 Suplemento N° 379 – Registro Oficial

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 025-2019, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 228 de fecha 10 de enero del 2020, se expide el Esquema Gubernamental de la Seguridad de la Información -EGSI, que en su disposición derogatoria, se indica: «Deróguese el Acuerdo Ministerial No, 166, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 88 de 25 de septiembre de 2013 y los artículos II, 12,13 y 15 del Acuerdo Ministerial No. 1606 publicado en Registro Oficial 776 de 15 de junio del 2016».

Que, en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial Nro. 025-2019, se señala: «Recomendar a las Instituciones de la Administración pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, utilicen como guía las Normas Técnicas Ecuatorianas NTEINEN-ISO/IEC 27000 para la Gestión de Seguridad de la información». Considerar que en el referido acuerdo consta la «Guía para la implementación de controles de seguridad de la información» (NTE-INEN 1SO/IEC 27002:2017), que señala en los puntos 3 y 9, lo siguiente:

«3 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.- 3.1 Antes del empleo (…)

3.1.2 Términos y condiciones laborales. Control- Los funcionarios, contratistas y terceros deben aceptar y firmar los términos y condiciones del contrato de trabajo, el cual establece sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a la norma legal vigente.- Recomendaciones para la implementación:

3.1.2.1 Realizar la firma del acuerdo de confidencialidad o no-divulgación, antes de que los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes, tengan acceso a la información. Dicho acuerdo debe establecer los parámetros tanto de vigencia del acuerdo, información confidencial referida, formas de acceso, responsabilidades y funciones (…)».

«9 SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES.- 9.2 Transferencia de información: (…) 9.2.4 Acuerdos de confidencialidad o no revelación Control- Elaborar el acuerdo de confidencialidad observando los requisitos que deben ser parte del mismo, considerando la no divulgación de la información de acuerdo a la necesidad de la institución. Recomendaciones para la implementación:

1. Determinar la duración prevista del acuerdo, incluyendo los casos en los que la confidencialidad necesite mantenerse indefinidamente;
2. Responsabilidades y acciones de los firmantes para evitar la revelación no autorizada de la información;
3. Propiedad intelectual de la información, considerar de acuerdo a las directrices de la clasificación de la información.
4. Implementar políticas para el uso de la información confidencial permitida.

9.2.4.5 Definir claramente el derecho de auditar y supervisar las actividades que involucren con la gestión de información en los equipos institucionales y que naveguen en la red de la institución.

9.2.4.6 Acciones que pueden ser tomadas en caso de incumplimiento del acuerdo, de acuerdo a la norma legal vigente.

9.2.4.7 Definir las acciones necesarias cuando se termine un acuerdo.

9.2.4.8 Definir procesos para notificación y aviso de la difusión no autorizada o fugas de información confidencial;

9.2.4.9 Elaborar y aprobar los acuerdos de confidencialidad y de no-divulgación de información conforme la Constitución, las leyes, las necesidades de protección de información de la institución y el EGSI.

1. Controlar que los acuerdos de confidencialidad de la información, documento físico o electrónico, sean firmados deforma manuscrita o electrónica por todo el personal de la institución sin excepción.
2. Gestionar la custodia de los acuerdos firmados, en los expedientes, físicos o electrónicos, de cada funcionario, por parte del área de gestión de recursos humanos.
3. Controlar que la firma de los acuerdos de confidencialidad sean parte de los procedimientos de incorporación de nuevos funcionarios a la institución, sin excepción…»

Que, mediante Resolución Nro. SENAE-SENAE-2017-0409-RE, de fecha 24 de mayo de 2017, suscrita por el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE, actuante a la fecha, se aprobó la implementación en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, del documento denominado «Acuerdo de Confidencialidad y de No-Divulgación de Información», conforme la Constitución, las leyes, las necesidades de protección de información de la institución y el EGSI.

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Registro Oficial – Suplemento N° 379 Miércoles 27 de enero de 2021

Que, mediante Resolución Nro. SENAE-SENAE-2017-0580-RE, de fecha 17 de octubre de 2017, suscrita por el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador actuante a la fecha, se aprobó la modificación al documento denominado «Acuerdo de Confidencialidad y de No-Divulgación de Información», conforme a la Constitución, las leyes, las necesidades de protección de información de la institución y el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).

Que, considerando la operatividad institucional, en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la actual administración, procede con la revisión y ajustes al documento denominado «Acuerdo de Confidencialidad y de No-Divulgación de Información», en virtud de la vigencia del Acuerdo Ministerial Nro. 025-2019, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 228 de fecha 10 de enero del 2020.

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1105, de fecha 21 de julio del 2020, la Mgs. Andrea Paola Colombo Cordero, fue designada Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; y el literal d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

En tal virtud, la suscrita Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en ejercicio de las atribuciones y competencias dispuestas en los literales k) y 1) del artículo 216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones:

RESUELVE:

Primero.- Aprobar el documento denominado «Acuerdo de Confidencialidad y de No-Divulgación de Información», adjunto a esta Resolución, conforme a la Constitución, las leyes, las necesidades de protección de información de la institución y el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), según Acuerdo Ministerial Nro. 025-2019, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 228 de fecha 10 de enero del 2020.

Segundo.- Delegar al Director (a) Nacional de Talento Humano la facultad de suscribir con todos los funcionarios, servidores y trabajadores del SENAE, así como con quienes vayan a ingresar a la institución, el Acuerdo de Confidencialidad y de No-Divulgación de Información.

Tercero.- La presente resolución es de ejecución inmediata y se publicará a través de los medios de difusión institucional, de conformidad con el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo.

Cuarto.- Para el ejercicio y la aplicación de la facultad administrativa delegada en el presente instrumento, téngase como aplicables a su vez todas las disposiciones legales vigentes, no requiriendo para su ejercicio ninguna otra delegación expresa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Se deja sin efecto las Resoluciones SENAE-SENAE-2017-0409-RE, de fecha 24 de mayo de 2017, y 2017-0580-RE, de fecha 17 de octubre de 2017.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDA: Notifíquese del contenido de la presente resolución a la Subdirección General de Gestión Institucional, Dirección Nacional de Talento Humano, y Dirección de Secretaría General. Publíquese en la página web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para su difusión.

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Miércoles 27 de enero de 2021 Suplemento N° 379 – Registro Oficial

TERCERA: Encárguese a la Secretaría General de la Dirección General y a la Dirección de Comunicación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el formalizar las diligencias necesarias para la difusión y publicación de la presente resolución en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el despacho principal de la Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la ciudad de Santiago de Guayaquil.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Paola Colombo Cordero DIRECTORA GENERAL

Anexos:

• acuerdo_de_confidencial_v2_dic_2020. pdf
• acuerdo_de_confidencial_v2_dic_2020. doc

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Registro Oficial – Suplemento N° 379 Miércoles 27 de enero de 2021

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES, ANTECEDENTES Y DEFINICIONES.-

1.1. COMPARECIENTES:

Comparecen a la suscripción del presente Acuerdo de Confidencialidad de no divulgación de Información (en adelante el «ACUERDO») de manera libre y voluntaria: el SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, a través de la Ab. Lorena Aguilar Heredia, en calidad de Directora Nacional de Talento Humano, en virtud de la delegación conferida por el Director General del SENAE, mediante Resolución No. SENAE-SENAE-2020-OXXX-RE, de fecha 17 de diciembre de 2020, denominado en adelante como «LA INSTITUCIÓN», por una parte, y el/la funcionario/a – servidor/a público/a _________________________________________________________________________ con número de cédula No._______________________________________________ denominado en adelante como «EMPLEADO / DESTINATARIO», los cuales convienen en celebrar el presente acuerdo de confidencialidad al tenor de las siguientes estipulaciones:

1.2. ANTECEDENTES:

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio nacional. Tiene como funciones las competencias técnico-administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de determinación, resolución, sanción y reglamentaria en materia aduanera.

En virtud de las funciones que ejecuta el SENAE, es preciso que la entidad mantenga total confidencialidad acerca de la información relativa al cumplimiento de sus actividades, en consideración a que dicha información tiene el carácter de reservada y extremadamente sensible.

1.3. DEFINICIONES:

• «LA INSTITUCIÓN».- Para los fines del presente Acuerdo de Confidencialidad se entiende por «La Institución» al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, esto es, su Dirección General y todas y cada una de sus Direcciones Distritales, Direcciones Nacionales, Subdirecciones, Unidades, Secretarías y demás niveles jerárquicos distribuidas a nivel nacional, dentro y fuera del país, de ser el caso.-
• «EMPLEADO/DESTINATARIO»: Comprende a todo el personal de LA INSTITUCIÓN, sean servidores públicos o trabajadores privados y/o de servicios complementarios, que se hallen en relación de dependencia y/o presten servicios a LA INSTITUCIÓN bajo cualesquier figura contractual o legal. Así mismo se encuentran incluidos en esta denominación todos los Operadores de Comercio Exterior OCE y/o Agentes de Aduana, personas naturales o jurídicas, estas últimas a través de sus representantes legales en sus relaciones con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. –

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Miércoles 27 de enero de 2021 Suplemento N° 379 – Registro Oficial

> «INFORMACIÓN CONFIDENCIAL»: Para efectos de este acuerdo se entiende por Información confidencial y extremadamente sensible, a toda la información, que en cualquier forma (escrita, oral, visual, virtual, digital, informática o electrónica) o soporte (tangible o intangible como mensajes de datos), haya sido generada, procesada o custodiada por la INSTITUCIÓN, que no sea de libre acceso a terceros o no haya sido divulgada al público de manera oficial por parte del SENAE, y a la cual los EMPLEADOS o DESTINATARIOS tengan acceso o conocimiento en el desarrollo de sus funciones de acuerdo a su relación laboral, institucional y en forma general en su accionar jurídico y operativo. Así mismo se entiende por información confidencial todos los datos de índole financiera, comercial y/o estadística, know -how (inherente al cargo), conceptos, técnicas, principios y demás nociones subyacentes a sus sistemas y aplicaciones informáticas a los que pudiera tener acceso como consecuencia del desarrollo de sus funciones, así como otros datos e información, análisis, estudios, notas, recopilaciones, resúmenes, memorandos, informes y conclusiones o cualquier otro documento preparado por la INSTITUCIÓN (incluyendo sus empleados, asesores o representantes) relacionada con las actividades propias del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, se considerará especialmente pero no forma excluyente, como Información Confidencial o Reservada a la que se describe a continuación:

1. Bases de datos institucionales y las que fueron entregadas a la administración aduanera por parte de otras entidades;
2. Expedientes administrativos, tales como: expedientes OCE’s, procedimientos sumarios, procedimientos sancionatorios, quejas, reclamos administrativos de impugnación y recursos de revisión;
3. Informes internos emitidos que tengan relación con clasificación arancelaria, valoración aduanera y controles que efectúe la administración aduanera;
4. Informes y análisis que generen la institución como insumos para las medidas y políticas de Comercio Exterior;
5. Información empleada para la determinación de los perfiles de riesgo;
6. Planes y lineamientos de acciones estratégicas y operativas, normas, políticas, procedimientos documentados y demás documentos relacionados, que contengan directrices o disposiciones de carácter interno relacionados al control aduanero.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.-

El presente acuerdo tiene como objeto determinar los términos y condiciones con base en los cuales el EMPLEADO/DESTINATARIO mantendrá la reserva y confidencialidad de toda la información descrita en el numeral 1.3, que por motivo de sus funciones llegare a conocer, tener acceso, hacer uso o manejo de ella.

CLÁUSULA TERCERA.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA.-

El EMPLEADO/DESTINATARIO reconoce de manera expresa, la naturaleza reservada de toda la «Información Confidencial» que le suministre o le haya suministrado LA INSTITUCIÓN y de aquella que, en el ejercicio de sus funciones genere, maneje y custodie para LA INSTITUCIÓN, así como el hecho que dicha información le pertenece a la misma INSTITUCIÓN y es de su; propiedad exclusiva. En consecuencia, EL EMPLEADO/DESTINATARIO manufacturar su aceptación y compromiso sobre lo siguiente:

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Registro Oficial – Suplemento N° 379 Miércoles 27 de enero de 2021

1. Sólo utilizará la Información Confidencial con el propósito exclusivo de desarrollar las funciones y/u operaciones que le han sido asignadas, dispuestas o autorizadas por LA INSTITUCIÓN.
2. No permitirá el acceso a la Información Confidencial ni divulgará de manera parcial o total su contenido a ningún tercero, sin el consentimiento escrito u oral previo de LA INSTITUCIÓN, salvo en aquellos casos en que sea necesario divulgar ese contenido con el propósito exclusivo de desarrollar las funciones que le han sido asignadas por LA INSTITUCIÓN conforme lo estipulado en el numeral anterior.

c) Se considerarán las excepciones determinadas en la normativa vigente en cuanto a los requerimientos de información confidencial a la administración aduanera por parte del sujeto pasivo o su abogado defensor debidamente autorizado, siempre y cuando corresponda de manera exclusiva a la información del referido sujeto pasivo. De la misma manera, se podrá proporcionar la información clasificada como reservada, en caso de que las autoridades judiciales o públicas competentes la requieran, a través de solicitud debidamente motivada.

CLÁUSULA CUARTA.- DEL CONTROL DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.-

LA INSTITUCIÓN se reserva el derecho a realizar las auditorías de control respectivas para determinar el cumplimiento del presente Acuerdo. Dichas auditorías se realizarán previa aprobación de la Subdirección General de Gestión Institucional, en el horario que se establezca por parte de la autoridad, sin requerir previo consentimiento del EMPLEADO/DESTINATARIO. Cualquiera de dichas auditorías será realizada por servidores internos designados por la autoridad o profesionales de una firma de auditores o consultores reconocida a nivel nacional, elegida y contratada por LA INSTITUCIÓN. Los resultados de la auditoría serán empleados exclusivamente a efectos de determinar indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal con el fin de tomar las acciones correspondientes por parte de la INSTITUCIÓN

CLÁUSULA QUINTA.- INFORMACIÓN NO SUJETA A CONFIDENCIALIDAD O RESERVA.-

Se excluye de los efectos de este «ACUERDO» aquella información sujeta a confidencialidad y reserva que:

1. Al momento de ser revelada sea ya de dominio público, o que, luego de dicha revelación, se convierta de dominio público por causas no imputables AL EMPLEADO/DESTINATARIO, para lo cual, se entenderá que es de dominio público la información que aparezca en una fuente de divulgación de libre acceso al público en general;
2. Que EL EMPLEADO/DESTINATARIO la haya obtenido sin obligarse a guardarla en reserva, de fuente distinta a LA INSTITUCIÓN y sin que dicha fuente esté desconociendo o violando un pacto de reserva o confidencialidad y,
3. La que expresamente autorice a divulgar LA INSTITUCIÓN.

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA PARTE RECEPTORA.-

EL EMPLEADO/DESTINATARIO, receptor de la Información Confidencial se obliga a mantener estricta confidencialidad sobre la documentación e información que conozca, reciba o intercambie con ocasión de la relación laboral, contractual y/o legal que mantiene con la INSTITUCIÓN.

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En particular, se obliga a:

1. Proteger la confidencialidad de la información verbal, escrita o que por cualquier otro medio reciba de LA INSTITUCIÓN, obligándose en forma irrevocable ante LA INSTITUCIÓN a no revelar, divulgar, facilitar -bajo cualquier forma- a ninguna persona física o jurídica, sea esta pública o privada, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, toda la información relacionada con el ejercicio de sus funciones, como así también las políticas y/o cualquier otra información vinculada con sus funciones.
2. Usar toda la Información Confidencial que se le entregue o que produzca solamente a los efectos del desarrollo de sus funciones. Igualmente, se obliga a mantener dicha información en reserva hasta tanto adquiera carácter público.
3. Implementar mecanismos adecuados para proteger la confidencialidad de la misma guardando dicha Información Confidencial en un lugar de acceso restringido y con las mismas seguridades que utiliza para su propia información confidencial.
4. Cumplir con la obligación de confidencialidad de la misma forma y con el mismo cuidado con que se realiza la protección de la información confidencial propia.

e) Y que por ningún concepto o excusa la mencionada Información Confidencial sea trasladada fuera de LA INSTITUCIÓN; así como los equipos en los que se encuentre, a menos que el traslado de estos equipos sea autorizado por la autoridad competente en los formatos de control correspondiente.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- VIGENCIA.-

Las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo de Confidencialidad tendrán vigencia indefinida desde el inicio de la relación laboral o contractual e inclusive después de su terminación; con excepción de la información que contractualmente tenga un tiempo establecido de conservación

CLÁUSULA OCTAVA.- DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.-

En caso de terminación de la prestación del servicio o vinculo jurídico o laboral por cualquier causa, EL EMPLEADO/DESTINATARIO se obliga, a reintegrar o destruir, según le solicite LA INSTITUCIÓN por escrito, toda la documentación e información que le haya sido suministrada y cualquier otro material o documento que incorpore o refleje Información Confidencial, a la que haya tenido acceso y que conserve EL EMPLEADO/DESTINATARIO.

La entrega de la documentación se deberá efectuar en un plazo ineludible no mayor a quince (15) días calendarios siguientes a la solicitud de entrega de tal documentación por parte de LA INSTITUCIÓN.

De igual forma, cualquier Información Confidencial mantenida en equipos personales, medios magnéticos o cualquier otro similar, será resguardada ó destruida si así es requerido por LA

INSTITUCIÓN.

Una vez devuelta y/o destruida la mencionada documentación, EL EMPLEADO/DESTINATARIO hará constar mediante comunicación escrita que adoptará el carácter de declaración jurada con todos sus efectos, que no se encuentra en su poder ningún otro documento sujeto a la obligación de confidencialidad aquí establecida.

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Registro Oficial – Suplemento N° 379 Miércoles 27 de enero de 2021

CLÁUSULA NOVENA.- SANCIONES.-

Toda infracción, violación o inobservancia cometida en contra de las obligaciones contenidas en el presente acuerdo de confidencialidad acarreará al EMPLEADO/DESTINATARIO la responsabilidad administrativa, civil y/o penal que el caso amerite, de conformidad con la legislación vigente al momento en que se cometa la falta, sin perjuicio de la devolución de cualquier documento o información que viole este acuerdo, siendo facultad de LA INSTITUCIÓN formular la denuncia del caso y constituirse en parte querellante o Acusador Particular.

CLÁUSULA DÉCIMA.- ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL ACUERDO.-

De igual forma, queda expresamente convenido que todo incumplimiento total y/o parcial imputable al EMPLEADO/DESTINATARIO con relación a las obligaciones de confidencialidad asumidas por el presente «ACUERDO», facultará a LA INSTITUCIÓN para disponer la terminación del contrato de trabajo y/o vínculo jurídico, con justa causa, siguiendo los procedimientos determinados para el efecto en la normativa vigente de la materia. Asimismo, LA INSTITUCIÓN queda facultada para iniciar acciones por los daños y perjuicios efectivamente ocasionados, así como para constituirse en parte querellante en denuncia penal contra EL EMPLEADO/DESTINATARIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN.-

El EMPLEADO/DESTINATARIO se obliga a aceptar las responsabilidades sobre el uso de recursos informáticos y de su Perfil de Usuario, descritos a continuación:

1. No divulgar las claves de acceso (Identificación ó Perfil de Usuario y Contraseña) debido a que las mismas son personales e intransferibles, siendo su uso responsabilidad DEL EMPLEADO/DESTINATARIO.
2. Renovar las contraseñas con una periodicidad de 45 (cuarenta y cinco) días, siendo conveniente modificarlas cada vez que se tengan dudas sobre la confidencialidad de la misma. El sistema las invalidará luego de ese período.
3. Desconectarse del mecanismo correspondiente, cada vez que se finalice una sesión, a fin de evitar el uso de la contraseña por otra persona.
4. Queda perfectamente establecido, según corresponda, que tanto el hardware como el software utilizados son propiedad de LA INSTITUCIÓN o licencias de Terceros autorizados, y como tales tienen el carácter de herramienta de trabajo, la cual debe ser utilizada exclusivamente para el cumplimiento de tareas laborales, estando expresamente prohibida su utilización para fines extra laborales. Dichos recursos (hardware o software) solo podrán ser instalados por personal autorizado. No podrán instalarse programas sin la previa autorización de la Dirección de Tecnologías de la Información, aunque sean programas libres de costos. Por tanto, toda la información contenida en estos dispositivos es propiedad de LA INSTITUCIÓN.
5. El acceso a Internet, la dirección corporativa de correo electrónico y/o cualquier acceso que LA INSTITUCIÓN habilita para el uso del EMPLEADO/DESTINATARIO, tienen la única y exclusiva finalidad de ser utilizados como herramienta de trabajo, informático, exclusivamente con fines laborales y/u operativos. La información que se maneje en los mismos, es de exclusiva propiedad de LA INSTITUCIÓN, por lo cual dicha información podrá ser revisada y monitoreada por el Organismo en cualquier momento. El EMPLEADO/DESTINATARIO reconoce que dicho monitoreo no viola sus derechos personales.

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6. La utilización de la dirección corporativa, para uso personal, y la violación del deber de confidencialidad, ya sea desde el Organismo o desde una terminal externa, serán causal de sanción y/o amonestación según corresponda.
7. Cualquier tarea que ejecute por los Sistemas Aplicativos de LA INSTITUCIÓN o aquellos de terceros autorizados, por diferentes medios y/o la utilización del Correo Electrónico, llevarán la identificación de Perfil de Usuario del EMPLEADO/DESTINATARIO, el que equivaldrá a su firma.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD DEL ACUERDO.-

Las partes acuerdan que este «ACUERDO» reviste el carácter de confidencial y por tanto se prohíbe su divulgación a terceros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUPLETORIA.- En todo lo no estipulado se entenderán incorporadas al acuerdo las disposiciones legales pertinentes de la República del Ecuador.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.-

Libre y voluntariamente, el EMPLEADO/DESTINATARIO, declara expresamente su aceptación

a todo lo convenido en el presente Acuerdo, a cuyas estipulaciones se somete.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

Este ACUERDO se regirá por las leyes de la República del Ecuador y se interpretará de acuerdo con las mismas.

Que he leído y comprendido a plenitud los términos, condiciones y alcances del presente ACUERDO de Confidencialidad y manifiesto estar conforme con todas y cada una de sus cláusulas las cuales acepto en todas sus partes, a partir de la presente fecha.

Suscrito en la Ciudad de____________ Provincia del__________, al__del mes de_______2020.

Firma del Empleado/Destinatario

Ab. Lorena Aguilar Heredia

Directora Nacional de Talento Humano

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

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Resolución Nro. SENAE-SENAE-2020-0063-RE

Guayaquil, 23 de diciembre de 2020

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL CONSIDERANDO

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador consagra que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 213 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, determina que la administración del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador corresponderá a la Directora o el Director General, quien será su máxima autoridad y representante legal, judicial y extrajudicial, en razón de lo cual ejercerá los controles administrativos, operativos y de vigilancia señalados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones;

Que, el literal a del artículo 216 del Código ibídem contempla como una de las atribuciones y competencias de la Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador el representar legalmente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;

Que, respecto de las facultades del Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el último párrafo del artículo 216 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones señala: «Todas las atribuciones aquí descritas serán delegables, con excepción de las señaladas en el literal l).»;

Que, el artículo 69 del Código Administrativo Orgánico, ordena que los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión;

Que, el artículo 3 del Reglamento para el Funcionamiento del Comité de Política Tributaria, establece que el referido comité estará integrado también por el Director del Servicio Nacional de Aduanas o su delegado;

Que, el artículo 9 del Reglamento para el Funcionamiento del Comité de Política Tributaria, dispone: «Art. 9.- Delegación.- Los integrantes del Comité de Política Tributaria podrán actuar mediante delegados permanentes u ocasionales. En ambos casos, y previo al inicio de la sesión correspondiente, se debe presentar ante el Secretario del Comité de Política Tributaria el acto administrativo válido, conforme al artículo 70 del Código Orgánico Administrativo, que justifique tal delegación. La designación de un delegado permanente no impide la participación del titular delegado en las respectivas sesiones. Los delegados de las

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instituciones miembros del Comité de Política Tributaria tendrán un rango de, al menos, Subsecretario, o su equivalente en la estructura de la Institución a la cual representan.»;

Que, el artículo 15 del Reglamento para el Funcionamiento del Comité de Política Tributaria, ordena: «Art. 15.- Conformación del Comité Técnico Interinstitucional- El Comité Técnico Interinstitucional estará conformado, permanentemente, por un delegado de todas y cada una de las instituciones que integran el Comité de Política Tributaria, el cual será designado por la autoridad que conforme el Comité de Política Tributaria. Sin perjuicio de la designación del delegado técnico permanente, las autoridades que conforman el Comité de Política Tributaria, podrán designar delegados técnicos específicos, para que actúen en aspectos puntuales.»; y,

Que, la Disposición Transitoria Única del Reglamento para el Funcionamiento del Comité de Política Tributaria, manda: «DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aprobación del presente Reglamento, cada una de las autoridades que conforman el Comité de Política Tributaria de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas hará llegar a la Secretaría las delegaciones a las que se refieren los artículos 9 y

15 del presente Reglamento indicando en cada caso el delegado permanente y el delegado alterno.»

Que, mediante Resolución No. SENAE-SENAE-2020-0029-RE del 05 de junio de 2020, se por parte de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE, la última delegación respectiva para su representación en el Comité Técnico Interinstitucional del Comité de Política Tributaria; sin embargo por motivos de reestructuración interna y cambios administrativos se debe de proceder con la actualización.

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1105 de fecha 21 de julio de 2020, la Ing. Andrea Colombo Cordero fue designada Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones;

En tal virtud, la Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en ejercicio de la atribución y competencia dispuesta en el literal 1) del artículo 216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010,

RESUELVE

DESIGNAR A LOS DELEGADOS AL COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DEL COMITÉ DE POLÍTICA TRIBUTARIA (CPT)

PRIMERO: Delegar a la Magister. Cindy Michelle Coronel Montesdeoca. Directora

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Registro Oficial – Suplemento N° 379 Miércoles 27 de enero de 2021

Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera – SENAE, a efectos de que ejerza en calidad de Delegada Principal de la suscrita Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ante el Comité Técnico interinstitucional del Comité de Política Tributaria (CPT).

SEGUNDO: Delegar al Abg. Manuel Augusto Suárez Albino, Director de Política Aduanera – SENAE, a efectos de que ejerza en calidad de Delegado Alterno de la suscrita Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ante el Comité Técnico Interinstitucional del Comité de Política Tributaria (CPT).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Se deja sin efecto la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2020-0029-RE de fecha 05 de junio de 2020.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su difusión institucional, y su publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDO: Notifíquese el contenido de la presente resolución a la Directora Nacional de Gestión de Riesgos y Técnica Aduanera, al Director de Política Aduanera, a la Dirección de Secretaría General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y a la Secretaría del Comité de Política Tributaria.

TERCERO: Encárguese a la Secretaría General de la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el formalizar las diligencias necesarias para la difusión institucional, y su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el despacho principal del Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la ciudad de Santiago de Guayaquil.

Documento firmado electrónicamente

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Mgs. Andrea Paola Colombo Cordero DIRECTORA GENERAL

Miércoles 27 de enero de 2021 Suplemento N° 379 – Registro Oficial

Resolución Nro. SENAE-SENAE-2021-0001-RE

Guayaquil, 03 de enero de 2021

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

LA DIRECCIÓN GENERAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, el artículo 76 de la referida Norma Suprema proclama que, en todo procedimiento en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso que, entre otras, incluye las garantías básicas del derecho a la defensa, así como, a contar con el tiempo y los medios necesarios para prepararla, correspondiendo a toda autoridad administrativa acreditar su observancia;

Que, el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 86 del Código Tributario indica que los plazos y términos de todos los procesos administrativos tributarios, así como los plazos de prescripción de la acción de cobro, que se encuentren decurriendo al momento de producirse un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, que impida su despacho, se suspenderán hasta que se superen las causas que lo provocaron, momento desde el cual se continuará su cómputo. Para el efecto, la autoridad tributaria publicará los plazos de suspensión a través de los medios previstos en el Código Tributario;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1217, publicado en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 355 de 22 de diciembre de 2020, el Presidente Constitucional del Ecuador declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID-19 por causa de las aglomeraciones así como la exposición a una mutación con mayor virulencia, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas a la salud pública;

Que, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo ibídem suspende el ejercicio del derecho a la

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libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión y establece que el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricción a cada uno de estos derechos:

Que, el COE Nacional, el 22 de diciembre de 2020, resolvió que las instituciones del ejecutivo central y desconcentrado, y de conformidad a las necesidades institucionales, deberán acogerse a la modalidad de teletrabajo en todas aquellas actividades cuya naturaleza lo permita, por el período comprendido durante el 23 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021;

Que, mediante Dictamen No. 7-20-EE/20, suscrito electrónicamente por el Presidente de la Corte Constitucional el 02 de enero de 2021, la referida Corte declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 1217;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1105 de fecha 21 de julio de 2020, la Ing. Andrea Colombo Cordero fue designada Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones;

En tal virtud, la Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en ejercicio de la atribución y competencia dispuesta en el literal 1) del artículo 216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010,

RESUELVE:

Artículo único.- Disponer el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos ordenada mediante Resolución No. SENAE-SENAE-2020-0062-RE de fecha 22 de diciembre de 2020, debiendo reanudarse su cómputo y contabilización regular.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en la Gaceta Tributaria.

SEGUNDA: Notifíquese del contenido de la presente Resolución a las Subdirecciones Generales, Direcciones Nacionales, Direcciones Distritales y Direcciones Técnicas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

TERCERA: Encárguese a la Dirección de Secretaría General de la Dirección General del

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Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el formalizar las diligencias necesarias para la difusión interna y publicación de la presente resolución en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, en el despacho de la Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Paola Colombo Cordero DIRECTORA GENERAL

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Registro Oficial – Suplemento N° 379 Miércoles 27 de enero de 2021

Oficio-CJ-SG-2020-0507-OF TR: CJ-INT-2020-18253

Quito D.M., miércoles 30 de septiembre de 2020

Asunto: Comunico la fe de erratas de la Resolución 101-2020 para publicación en el Registro Oficial

Ingeniero

Hugo Del Pozo

Director General del Registro Oficial

Registro Oficial

De mi consideración:

En mi calidad de Secretaria General del Consejo de la Judicatura, me permito remitir a usted para la publicación en el registro a su cargo la siguiente fe de erratas de la Resolución 101-2020, de 21 de septiembre de 2020, aprobada en sesión ordinaria No. 071-2020, de 29 de septiembre de 2020.

Además, doy a conocer que los documentos originales firmados electrónicamente pueden ser descargados a través del sistema de gestión documental en la página web www.funcionjudicial.gob.ec en el menú «trámites externos», los cuales tienen igual validez y se les reconoce los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, con base en el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.

Atentamente,

Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán Secretaria General Secretaría General

Adjunto: Resolución 101-2020 y fe de erratas de la Resolución 101-2020

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Miércoles 27 de enero de 2021 Suplemento N° 379 – Registro Oficial

FE DE ERRATAS

En referencia a la Resolución 101-2020, de 21 de septiembre de 2020, donde se resolvió: «CONFORMAR EL COMITÉ ESPECIALIZADO DE CATEDRÁTICOS PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN Y CONTROL SOCIAL PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA», el doctor Pedro José Crespo Crespo, Director General del Consejo de la Judicatura, remite Memorando CJ-DG-2020-8459-M, de 26 de septiembre de 2020, en el cual señala:»(…) Al respecto en mi calidad de Director General remito a usted el memorando No. CJ-DNTH-2020-3401-M que contiene el informe técnico No. CJ-DNTH-SI-110-2020 y, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura, acoger el mencionado informe y, emitir una fe de erratas de la Resolución No. 101-2020, en la cual se ponga de manifiesto el lapsus calami de la Dirección Nacional de Talento Humano (…).».

Por las razones antes expuestas, dentro de la Resolución 101-2020, de 21 de septiembre de 2020, en el artículo 1, ítem 3 del cuadro ESPECIALIZARON: DERECHO CONSTITUCIONAL, ESPECIALIZARON: DERECHO PROCESAL Y ESPECIALIZARON: DERECHOS HUMANOS, se hace constar:

No.

APELLIDOS Y NOMBRES

FUENTE

INSTITUCIÓN

PROVINCIA

3

CORONEL ZAMBRANO JAVIER MIGUEL

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE

GUAYAQUIL

GUAYAS

Siendo lo correcto:

No.

APELLIDOS Y NOMBRES

FUENTE

INSTITUCIÓN

PROVINCIA

3

CORONEL ZAMBRANO JAVIER MIGUEL

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

GUAYAS

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Quito, Distrito Metropolitano 29 de septiembre de 2020