Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 27 de Junio de 2018 (R. O. 271, 27-junio -2018)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

0053…… Dese por finalizadas las funciones como Viceministro de Economía, al economista Víctor Vicente Alvarado

0061…… Subróguense las funciones de Ministro, al magíster Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Viceministro de Finanzas

SECRETARÍA TÉCNICA PLAN TODA UNA VIDA:

DM-STPTUV-005-2018 Expídese el Instructivo de los Procedimientos de Contratación Pública y delegación de funciones y atribuciones

INSTRUMENTO INTERNACIONAL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA:

Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO – AGROCALIDAD:

0003…… Refórmese la Resolución 0153 de 20 de noviembre de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 141 de 15 de diciembre de 2017

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y

MEDICINA PREPAGADA – ACESS:

Nómbrense a varias personas, delegadas provinciales y desígnense atribuciones y responsabilidades:

ACESS-2018-0009 Señora Jaqueline Elizabeth Chiza Zuñiga, provincia de Imbabura

Págs.

ACESS-2018-0010 señora Nataly Salome Delgado Merizalde, provincia de Santo Domingo délos Tsáchilas

ACESS-2018-0011 Señora Claudia Roberta Erazo Arguello, provincia de Esmeraldas

CONSEJO NACIONAL PARA LA

IGUALDAD DE DISCAPACIDADES

CONADIS:

0002-CONADIS-2018 Expídese la política pública para la simplificación en el proceso de importación de bienes para personas naturales con discapacidad y para personas jurídicas que atiendan a personas con discapacidad…… 29

0004-CONADIS-2018 Expídese la política pública para los servicios que presta el Registro Civil a las personas con discapacidad

0005-CONADIS-2018 Extiéndese la validez del carné de discapacidades emitido por el CONADIS y el Ministerio de Salud Pública, hasta el 31 de diciembre del 2019

No. 0053

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de Octubre de 2008, en su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión;

Que la Ley Orgánica del Servicio Público publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010 en su artículo 4, menciona que serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público;

Que la Ley antecedente en su artículo 16, menciona que para desempeñar un puesto público se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido por

la respectiva autoridad nominadora. El término para posesionarse del cargo público será de quince días, contados a partir de la notificación y en caso de no hacerlo, caducarán;

Que el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 1 de abril de 2011, dispone que se debe entender por nombramiento el acto unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público;

Que mediante Memorando MEF-CGAF-2018-0276-M, el Coordinador General Administrativo Financiero solicita a la Coordinación General Jurídica la elaboración del respectivo Acuerdo Ministerial para agradecer y dar por finalizadas las funciones del Econ. Víctor Vicente Alvarado Ferrín como Viceministro de Economía;

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 de la Constitución de la República del Ecuador, 4,16 de la Ley Orgánica del Servicio Público, y; 16 del Reglamento General a la Ley invocada.

Acuerda:

Art. 1.- Dar por finalizadas las funciones como Viceministro de Economía realizadas hasta el 18 de mayo de 2018, al economista Víctor Vicente Alvarado Ferrín.

Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 18 de mayo de 2018.

f.) Econ. Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Es fiel copia del original.- f.) Ilegible.- 11 de junio de 2018.- 2 fojas.

No. 0061

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, en su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley,

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 3

les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010, en su artículo 126 dispone que cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular;

Que el artículo 270 del Reglamento General a la invocada Ley Orgánica publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 1 de abril de 2011, dispone que la subrogación procederá de conformidad al anotado artículo 126, considerando que la o él servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución;

Que el señor Ministro de Economía y Finanzas por medio del Memorando Nro. MEF-MINFIN-2018-0185-M de 7 de junio de 2018, informa que los días 11, 12,13 de junio de 2018, asistirá a reuniones de trabajo interinstitucionales en las ciudades de Washington y Nueva York, en los Estados Unidos de América; por lo que solicita la elaboración del presente Acuerdo Ministerial, en el que el magister Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Viceministro de Finanzas, subrogará las funciones del Ministro de Economía y Finanzas del 11 al 13 de junio de 2018; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 270 del Reglamento General a la invocada Ley.

Acuerda:

Art. 1.- El magister Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Viceministro de Finanzas, subrogará las funciones de Ministro de Economía y Finanzas del 11 al 13 de junio inclusive.

Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 8 de junio de 2018.

f) Econ. Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Es fiel copia del original.- f.) Ilegible.- 11 de junio de 2018.- 2 fojas.

No. DM-STPTUV-005-2018

Carmen Irina Cabezas Rodríguez

SECRETARIA TÉCNICA DEL

PLAN TODA UNA VIDA

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. (…) «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en un Estado de organización descentralizada, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de descentralización, desconcentración y transparencia;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. (…) «;

Que, el literal e) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determina: «Máximas autoridades, titulares y responsables.- Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. Además se establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas: (…)

e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones (…) «;

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala los deberes y responsabilidades de los servidores públicos, respecto al cumplimiento de la Constitución de la República, leyes, reglamentos y demás disposiciones expedidas de acuerdo con la ley;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, y las resoluciones del SERCOP, establecen y determinan las normas sobre los cuales se deben regular los procedimientos de Contratación Pública de las instituciones que conforman el Estado Ecuatoriano, sujetos a los principios de contratación pública;

4 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

Que, el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: «9a.-Delegación.- Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado (…) «;

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: «Delegación-Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPUBLICAS.

Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante.

Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna»;

Que, el artículo 4 del Reglamento General de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: «Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable;

En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia».

Que, el artículo 16 del Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, expresa: «Aplicación del control interno.- El manual de procesos y procedimiento que emitirán las entidades establecerá las funciones incompatibles, la distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago, los procedimientos y los procesos administrativos, financieros, operativos y ambientales, para reducir el grado de error y la posibilidad de fraude a niveles mínimos, el pago con cheques o por la red bancaria, el depósito intacto e inmediato de lo recaudado y el otorgamiento de recibos. Cada entidad emitirá, codificará y actualizará su reglamento orgánico funcional, que será publicado en el Registro Oficial».

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: «(…) Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y

cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. (…) «;

Que, el inciso 1 del artículo 55 del precitado Estatuto, dispone: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial.

Los delegados de las autoridades y funcionarios de la Administración Pública Central e Institucional en los diferentes órganos y dependencias administrativas, no requieren tener calidad de funcionarios públicos».

Que, el numeral 1 del artículo 155, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: «(…) 1. La Administración Pública está facultada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, a celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. (…) «.;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 7 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 16 de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lic. Lenin Moreno Garcés, dispone: «Artículo 2.- El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social se transformará en la Secretaría Técnica del «Plan Toda una Vida» (…) «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 11 de 25 de mayo de 2017, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 16 de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lic. Lenin Moreno Garcés, dispone: «Artículo 4.- Créase la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», adscrita a la Presidencia de la República, encargada de la ejecución de la Misión «Las Manuelas «y la coordinación para la implementación de la «Misión Toda una Vida» (…) DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA- Transfórmese el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social en la Secretaría Técnica del «Plan Toda una Vida» (…) «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 13 de 30 de mayo de 2017, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 16 de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lic. Lenin Moreno Garcés, dispone: «ARTÍCULO ÚNICO.-Designar a la licenciada Carmen Irina Cabezas Rodríguez, para que desempeñe el cargo de Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida»;

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 5

Que, en el Acuerdo No 039 de la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento 87 de 14 de diciembre de 2009, se expidió las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, cuya norma 200-05 trata respecto a la Delegación de autoridad.

Que, la delegación de funciones es compatible y complementaria con la desconcentración de funciones a órganos y servidores públicos de jerarquía inferior a la de la máxima autoridad, por lo que resulta conveniente y aporta al dinamismo en la gestión de esta Cartera de Estado;

Que, es necesario armonizar y definir políticas y procedimientos internos, para agilizar el manejo de procesos administrativos y de Contratación Pública dentro de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», acorde con lo establecido en la normativa vigente;

Que, resulta indispensable para el eficiente manejo de los procedimientos de Contratación Pública y despacho de los trámites que ingresan o se realizan al interior de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», delegar ciertas atribuciones y facultades que aporten al dinamismo, faciliten la gestión y el trabajo diario de esta Cartera de Estado, para un óptimo cumplimiento de sus objetivos, funciones y competencias; y,

En ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; lo dispuesto en el numeral 9a del artículo 6 y 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y los artículos 17, 55 y numeral 1 del artículo 155 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Expedir el INSTRUCTIVO DE LOS

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL

PLAN «TODA UNA VIDA» Y DELEGACIÓN DE

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

SECCIÓN I

OBJETO, ÁMBITO Y NATURALEZA

Art. 1.- Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto establecer un adecuado e idóneo manejo de los procedimientos de Contratación Pública dentro de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», a través del establecimiento de normas y procedimientos institucionales que permitan una correcta aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP y demás normativa conexa. Además de delegar ciertas facultades, funciones y atribuciones necesarias para el correcto desenvolvimiento de las actividades inherentes a esta Cartera de Estado.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El presente instrumento es de obligatorio cumplimiento y aplicación para todas

las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores que laboran dentro de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida».

SECCIÓN II

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Art. 3.- Áreas requirentes.- Para efectos del presente instructivo se considerarán como áreas requirentes: el Despacho Ministerial; la Subsecretaría General; las Subsecretarías, las Coordinaciones; y, las Direcciones de área, que conforman ésta Cartera de Estado.

Las áreas requirentes efectuarán sus pedidos a través de sus titulares, o de ser el caso, encargados o subrogantes, en el ámbito de sus competencias, funciones y atribuciones.

Art. 4- Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.- Las unidades requirentes deberán elaborar los correspondientes Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas según corresponda, para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios incluidos los de consultaría a contratar, los mismos que serán coordinados y revisados por la Dirección Administrativa, cuyo contenido deberá considerar al menos los siguientes aspectos:

• Antecedentes que generan la necesidad;
• Objetivos (¿Para qué?);
• Objeto (¿Qué se va a contratar?);
• Alcance (¿Hasta dónde?);
• Justificación (¿Por qué?);
• Metodología de trabajo (¿Cómo?);
• Información que dispone la entidad (Diagnósticos, estadística, etc.);
• Características del bien a adquirirse, sin incluir marcas o referencias a lugar de origen de los bienes y materiales o características de los servicios, obras o consultarías;
• Experiencia General y Específica (conforme las últimas disposiciones emitidas por el SERCOP);
• Metodología para la evaluación de la oferta;
• Productos o servicios esperados (¿Qué y cómo?);
• Presupuesto referencial;
• Detalle desglosado de cantidades y precios unitarios;
• Plazo de ejecución (¿Desde y hasta cuándo?);
• Personal técnico/equipo de trabajo/recursos (¿Con quién o con qué?);

6 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

• Forma y condiciones de pago;
• Multas;
• Ubicación o lugar de entrega de los bienes y/o servicios;
• Cronograma de actividades o entregas parciales;
• Garantías;
• Vigencia de la oferta;
• Administrador del Contrato;
• Obligaciones de las partes;
• Valor Agregado Ecuatoriano (VAE);
• Patrimonio (Respaldo o capacidad económica del oferente, respecto del presupuesto referencial de la contratación y del tipo de contratación).

Para la aplicación de los aspectos descritos, la unidad requirente deberá identificar el tipo de procedimiento de contratación, a fin de aplicar aquellos que sean pertinentes, así como, podrá incluir condiciones adicionales de conformidad con los principios generales de la Contratación Pública con el propósito de precautelar los intereses institucionales.

Los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas deberán tener la firma del o los servidores responsables de la elaboración, revisión y aprobación de la unidad requirente.

Los Términos de Referencia deberán realizarse para contrataciones de servicios y de consultoría; y, en los casos de adquisición de bienes o ejecución de obras, se elaborarán especificaciones técnicas.

Los Términos de Referencia o las Especificaciones Técnicas han de ser claros, completos e inequívocos; no deben prestarse a ambigüedades que propicien o permitan diferentes interpretaciones de una misma disposición, evitando discrecionalidad, parcialidad o contradicción en la contratación.

Art. 5.- Estudio de Mercado.- Las unidades requirentes elaborarán el correspondiente Estudio de Mercado respecto del objeto a contratar (obras, bienes, servicios o consultoría), para lo cual solicitarán a la Dirección Administrativa, la pertinente certificación que detalle la verificación realizada en el portal de Compras Públicas del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, con los respectivos respaldos que permitan elaborar el referido estudio, conforme lo establece la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072, sus reformas y la normativa posterior que fuere aplicable para el efecto, dictada por el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP.

Las proformas que servirán de sustento para el Estudio de Mercado, serán originales, acorde al objeto de la contratación y contendrán al menos: nombre del proveedor,

RUC, dirección y teléfonos de contacto, vigencia de la oferta, plazo de ejecución, forma de pago, características del producto, valor unitario, valor global, IVA, etc.

Art. 6.- Certificación POA.- La unidad requirente deberá solicitar a la Subsecretaría de Planificación o quien haga sus veces, la correspondiente certificación mediante la cual se validará si la contratación está contemplada en el Plan Operativo Anual y de ser el caso la incluirá.

Art. 7.- Certificación PAC- La unidad requirente deberá obtener la certificación PAC de que el bien, obra o servicio, incluida la consultoría, se encuentre prevista dentro del Plan Anual de Contrataciones de la Institución para el ejercicio fiscal correspondiente, hecho que será debidamente certificado por la Dirección Administrativa.

En caso de que el bien, obra o servicio requerido, incluida la consultoría, no conste programado en el Plan Anual de Contrataciones, el área requirente solicitará motivadamente la debida reforma al PAC, conforme el procedimiento interno determinado para el efecto.

Art. 8- Aprobación, reforma y publicación del Plan Anual de Contrataciones-PAC:

El/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, aprobará y dispondrá la publicación del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», así como de sus respectivas reformas, conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los artículos 25 y 26 de su Reglamento General de aplicación.

Para cumplir con esta finalidad, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

8.1.Para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, la Dirección Administrativa, coordinará y consolidará con las diferentes unidades o áreas administrativas de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», el levantamiento de necesidades institucionales, que contendrá las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, con la respectiva descripción del objeto de contratación, presupuesto referencial, tipo de contratación, cronograma de implementación y demás información que sea requerida, de todo aquello que se contratará durante el año o el período fiscal a planificar.

8.2. El Plan Anual de Contrataciones consolidado, será remitido al/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a para su revisión, aprobación y posterior publicación, mediante resolución administrativa motivada.

8.3. Aprobado el PAC, la Dirección Administrativa efectuará los trámites pertinentes para su publicación en el SOCE, conforme lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, además procederá con la publicación obligatoria en la página web institucional.

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 7

8.4. En el caso en que una obra, bien o servicio, incluido el de consultoría, no se encuentre contemplado en el PAC institucional, el área requirente solicitará justificadamente al/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, la respectiva reforma al PAC. En la solicitud antedicha, se indicará la inclusión de la contratación a efectuarse con el correspondiente justificativo y además se mencionará la obra, bien o servicio, incluido el de consultoría que en su momento fuera planificado por el área requirente y que conste en el PAC actual, pero que con motivo de la inclusión de una nueva contratación, deba ser eliminado o reformado, a efectos de que lo planificado en el PAC sea concordante con lo presupuestado por la Institución en el ejercicio fiscal correspondiente.

El/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a dispondrá a la Dirección Administrativa, la elaboración del correspondiente informe que motive la inclusión y reforma del PAC institucional, respecto de la o las contrataciones solicitadas, y de ser procedente, emita la resolución que reforme el PAC institucional para su suscripción y publicación.

Art. 9- Certificación presupuestaria y disponibilidad de fondos.- Previo al inicio de cualquier procedimiento de Contratación Pública a ser efectuado en la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», el área requirente deberá contar con la certificación de disponibilidad presupuestaria, debidamente emitida por la Dirección Financiera, que garantice la existencia presente y/o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación a realizarse.

Art. 10.- Pliegos.- La unidad requirente solicitará a la Coordinación General Administrativa Financiera, la elaboración de pliegos sobre la base de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas y acorde al procedimiento de Contratación Pública. El/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a remitirá a la unidad requirente, los pliegos que la Dirección Administrativa elaborará sobre la base de los modelos de pliegos y herramienta USHAY emitidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.

Art. 11- Ordenadores de gasto y pago.- Los ordenadores de gasto para los diferentes procedimientos de Contratación Pública que contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que lleve adelante la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», serán los funcionarios que se detallan a continuación, de acuerdo a los montos y facultades debidamente delegadas:

CUANTÍA

ORDENADOR DEL GASTO

De 0 al monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio fiscal

Director/a Administrativo/a

Del monto que supere el resultado de multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio fiscal y sin límite de cuantía

Subsecretario/a General

En todos los casos actuará como Ordenador de Pago el/la Director/a Financiero/a, luego del control previo correspondiente.

Art. 12- Autorización de inicio de procedimiento.- El/la Subsecretario/a General conforme a los montos de contratación, dispondrá y autorizará por escrito, el gasto y el inicio o reapertura de los procedimientos de Contratación Pública previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, en el marco de sus competencias y atribuciones.

Los procedimientos de Contratación Pública que no superen el monto establecido para la ínfima cuantía, serán autorizados y se llevarán adelante por parte del Director/a Administrativo/a, de conformidad a lo establecido en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo 44 y 60 del Reglamento General y la normativa establecida para el efecto por el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP.

Art. 13- Manejo de procedimientos de Contratación Pública.- La Coordinación General Administrativa Financiera a través de la Dirección Administrativa, se encargará del manejo y administración del portal del SOCE, por intermedio del personal de Contratación Pública que será así mismo el responsable del monitoreo de los procedimientos de contratación que lleve adelante la Institución, y que se encuentran previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.

Respecto de la ejecución contractual, los administradores de contratos serán los responsables de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones asumidas de manera contractual por la Institución, así como del desarrollo y ejecución del contrato hasta su culminación, de lo cual reportarán y entregarán la documentación relevante de cada proceso a su cargo a la Subsecretaría General, conforme lo determina el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el 121 de su Reglamento General de aplicación. Además, los administradores se encargarán del manejo de la información que deba alimentarse en la herramienta informática establecida para el efecto por el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, para esta etapa, en coordinación con la Dirección Administrativa.

En caso de reemplazo del Administrador del Contrato, el ordenador de gasto le notificará por escrito con tal designación.

8 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

El administrador a reemplazar, presentará al ordenador de gasto el correspondiente informe técnico-económico que detalle todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que se hayan ejecutado a la fecha del reemplazo.

Una vez cumplido lo determinado en los incisos precedentes, el administrador que corresponda, notificará inmediatamente y por escrito al/la contratista su designación, sin que sea necesaria la modificación de la cláusula contractual de administración del contrato.

Art. 14- Procedimiento.- Los procedimientos de Contratación Pública que se lleven adelante por parte de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», tendrán en cuenta lo siguiente:

14.1 El área requirente solicitará al/la Subsecretario/a General, apruebe la convocatoria o invitación, cronograma, pliegos y disponga el inicio o reapertura del procedimiento de Contratación Pública, cuya solicitud deberá contener lo siguiente:

• Solicitud expresa para que se disponga el inicio o reapertura del procedimiento de contratación.
• Antecedentes y justificativos del procedimientos de contratación.
• Objeto de la contratación.
• Sugerencia respecto del tipo de procedimiento de Contratación Pública a seguirse para cada procedimiento.
• Sugerencia justificada respecto del proveedor o proveedores a invitar, cuando el procedimiento de contratación así lo requiera, para lo cual, procurará remitir adicionalmente, una lista de al menos 3 proveedores o acorde al procedimiento.

A la solicitud deberá adjuntar:

• Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados de los bienes, obras o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran adquirir o contratar, de acuerdo a las necesidades de la Institución, cuando correspondan, debidamente validados por el área requirente.
• Estudio de Mercado.
• Certificación POA.
• Certificación que el bien, obra, servicio, incluida la consultoría se encuentra contemplado en el Plan Anual de Contrataciones – PAC de la Institución.
• Reforma PAC, de ser el caso.
• Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.
• Pliegos.
• Autorización del Ordenador de Gasto.
• Certificación de Catálogo Electrónico.
• Certificación de habilitación en el portal institucional del SERCOP del proveedor, oferente, adjudicatario y/o contratista para cada fase del procedimiento.
• Designación del funcionario o servidor o miembros de la Comisión Técnica con sus calidades quien o quienes llevarán a cabo el proceso en la etapa precontractual.

Todos los documentos deberán contener la firma y rúbrica de elaboración, revisión y aprobación de los responsables del proceso.

1. Con la aprobación de la convocatoria o invitación, cronograma, pliegos y demás documentación de respaldo en forma física el/la Subsecretario/a General, dispondrá el inicio o reapertura del procedimiento de contratación y solicitará a la Coordinación de Asesoría Jurídica la elaboración del proyecto de resolución de inicio del procedimiento.
2. La Coordinación de Asesoría Jurídica revisará la documentación y podrá solicitar se efectúen las correcciones o cambios que correspondan en los aspectos formales y jurídicos a los pliegos.
3. El proyecto de resolución de inicio del procedimiento efectuado por la Coordinación de Asesoría Jurídica, se remitirá a la Subsecretaría General, con los documentos de soporte del procedimiento en forma física, a fin de que se continúe con el trámite correspondiente.
4. La resolución de inicio del procedimiento deberá estar debidamente motivada y constará en ella al menos, los antecedentes que respaldan y justifican realizar el procedimiento de contratación, la normativa aplicable, la designación del funcionario para llevar a cabo el procedimiento o de los miembros que integrarán la Comisión Técnica.

1. Una vez que se cuente con la resolución de inicio del procedimiento debidamente suscrita, junto con la invitación o convocatoria y los pliegos del procedimiento, el/la Subsecretario/a General, remitirá la documentación de respaldo a la Coordinación General Administrativa Financiera, a fin de que proceda a través de la Dirección Administrativa con la publicación del procedimiento en el portal del SERCOP, de conformidad al cronograma previsto en los pliegos.
2. Efectuada la invitación o convocatoria respectiva, en caso de que el área requirente de forma independiente o de manera conjunta con la Dirección Administrativa detectaren que existen causales que justifiquen declarar la cancelación

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del procedimiento de contratación, conforme lo determina el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Contratación Pública, deberán notificar fundamentada e inmediatamente con el informe respectivo al/la Subsecretario/a General, para que este solicite y disponga su cancelación a la Coordinación de Asesoría Jurídica, quien elaborará la resolución de cancelación del procedimiento.

Una vez suscrita la resolución de cancelación del procedimiento por el/la Subsecretario/a General, será remitida a la Dirección Administrativa para su publicación en el portal institucional del SERCOP.

Considerando que la cancelación del procedimiento se la puede efectuar entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, conforme lo determina el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Contratación Pública, el área que solicite la cancelación, deberá tomar en cuenta el tiempo determinado en la ley para efectuar el pedido antes indicado, caso contrario se continuará con el trámite del procedimiento, asumiendo las responsabilidades de ley.

14.8. En la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, la Coordinación General Administrativa Financiera a través de la Dirección Administrativa a su cargo, brindará la asesoría necesaria y coordinará directamente con el área requirente, a fin de solventar y que se dé respuesta, bajo responsabilidad de estas últimas, a las preguntas que fueran efectuadas en los diferentes procedimientos de Contratación Pública. Para el caso de las respuestas efectuadas en la etapa de preguntas respuestas y aclaraciones, se levantará el acta correspondiente con las firmas de responsabilidad de los involucrados en dar respuesta a tales preguntas dentro de cada procedimiento, y la de la máxima autoridad o su delegado, o los miembros de la Comisión Técnica, según corresponda y del oferente invitado.

Igual procedimiento se efectuará para el caso de las aclaraciones, teniendo presente lo dispuesto en al artículo 22 del Reglamento General de aplicación de la LOSNCP.

14.9. Para la presentación de las ofertas, éstas deberán ser recibidas hasta el día y hora determinados en la convocatoria o invitación y en el lugar y/o área de la Institución que se determine en los pliegos, para cada procedimiento de contratación.

A la hora y lugar determinado en los pliegos, la Comisión Técnica o el delegado procederán con la apertura de las ofertas, quienes elaboraran el acta de apertura correspondiente. Luego de lo cual se determinará si existen errores de naturaleza convalidable, conforme lo determinado en el artículo 23 del Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las resoluciones emitidas para el efecto por parte del Servicio Nacional

de Contratación Pública, SERCOP, de lo cual se dejará constancia por escrito con las firmas de los involucrados en el acta de convalidación de errores, conjuntamente con la máxima autoridad o su delegado, o de los miembros de la Comisión Técnica, en el caso que corresponda y de acuerdo a cada procedimiento.

En el caso de existir errores no susceptibles de convalidación, se levantará la respectiva acta debidamente fundamentada con la firma de los involucrados en el acto, los miembros de la Comisión Técnica o de la máxima autoridad o su delegado, en el caso que corresponda y de acuerdo a cada procedimiento.

14.10.- En cada procedimiento de contratación se realizará la etapa de calificación o evaluación de ofertas, en la cual de manera fundamentada, la Comisión Técnica o el delegado de la Máxima Autoridad, levantará el respectivo informe de calificación o evaluación, con el señalamiento y recomendación expresa del oferente al que deba ser adjudicado el procedimiento de contratación, o a los oferentes en el caso de adjudicaciones parciales o por ítems-lotes; o la recomendación de declaratoria de desierto del procedimiento, misma que será puesta a consideración del Subsecretario/a General, a través del informe respectivo.

14.11.- El/la Subsecretario/a General, solicitará justificadamente a la Coordinación de Asesoría Jurídica la elaboración de la resolución de adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda, para lo cual remitirá la documentación o expediente completo del procedimiento.

En caso de precederse con la Declaratoria de Procedimiento Desierto, el área requirente en su informe sugerirá al/la Subsecretario/a General disponga la reapertura del procedimiento de persistir la necesidad institucional, o el archivo del mismo, hecho que se hará constar en la resolución correspondiente.

La resolución de adjudicación deberá ser debidamente motivada, en su parte expositiva contendrá los antecedentes de la fase preparatoria y precontractual; y, en su parte resolutiva deberá constar la individualización del oferente a quien se adjudica la contratación, y demás disposiciones que viabilicen su ejecución de conformidad con la normativa aplicable.

14.12.- Una vez adjudicado el procedimiento y cumplida la notificación al adjudicatario por parte de la Dirección Administrativa, el/la Subsecretario/a General, remitirá el expediente del procedimiento completo conjuntamente con la oferta ganadora, garantías y demás documentos habilitantes a la

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Coordinación de Asesoría Jurídica, para que proceda con la elaboración del proyecto de contrato. La Coordinación de Asesoría Jurídica podrá devolver el expediente si este se encuentra incompleto o no cumple con la normativa vigente.

14.13.- Las áreas requirentes deberán establecer al momento de elaborar las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, el valor o porcentaje a establecerse por concepto de cobro de multas en cada contrato, el mismo que no será menor al 1×1000 del valor total del contrato, para lo cual se tomará en cuenta el nivel de incidencia que tendrá dentro de la ejecución contractual; el plazo total del contrato; su objeto, la complejidad o importancia de la obra, bien o servicios incluido el de consultaría a contratarse; el principio de proporcionalidad y demás aspectos que pudieren afectar o incidir en este procedimiento; teniendo presente que al momento en que se supere el 5% del valor del contrato en multas esto podrá constituir causal de terminación unilateral; para tal efecto, habrá que considerar que si la referida incidencia es mayor, la multa será mayor, y si en cambio la incidencia es menor, ésta deberá ser proporcionalmente inferior, de conformidad con la normativa vigente.

14.14.- En el contrato se procederá a designar al administrador del mismo, de conformidad con lo descrito en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, según corresponda, quien será designado del personal del área requirente, conforme la mención o comunicación efectuada por el titular del área requirente, su encargado o subrogante, y de acuerdo a lo determinado en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 121 de su Reglamento General de aplicación, para lo cual, en el requerimiento correspondiente se hará constar el nombre y el cargo del servidor o servidora que asumirá esta responsabilidad; así como la facultad del Subsecretario/a General, de cambiar al Administrador del Contrato, conforme la necesidad o interés institucional, con la sola notificación previa y por escrito al Contratista.

Suscrito el contrato entre las partes, la Coordinación General Administrativa Financiera, procederá a distribuir y entregar un ejemplar original al/ la Subsecretario/a General, al Administrador del Contrato, a la Coordinación de Asesoría Jurídica; a la Dirección Administrativa; y, al Contratista, según corresponda. Se remitirá además, una copia simple al área requirente.

14.15.- Hecho lo anterior, se informará al responsable de la administración del portal Institucional, para la creación de usuario y claves al Administrador del Contrato.

La información que deba alimentarse en la herramienta informática aprobada por el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP,

así como la información relevante que se genere dentro de cada procedimiento, respecto de la ejecución contractual, será de responsabilidad del Administrador del Contrato y responsable del manejo del portal.

14.16.- En caso de que sea necesaria la presentación de garantías conforme lo determinado en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, será la Dirección Financiera, el/la responsable y encargado de la custodia y de garantizar la vigencia de las mismas, en coordinación con el Administrador del Contrato. Así mismo, tendrá la obligación de verificar documentadamente que las garantías entregadas hayan sido emitidas por las compañías de seguros competentes y debidamente autorizadas por el órgano de control correspondiente.

14.17.- Concluido el procedimiento de Contratación Pública en el portal institucional, el expediente original y completo del procedimiento de contratación será remitido y permanecerá en custodia y bajo la responsabilidad de la Coordinación General Administrativa Financiera, mientras que las garantías y un ejemplar original del contrato permanecerán bajo la responsabilidad y custodia del Tesorero, o quien haga sus veces, quien tendrá presente lo dispuesto en las disposiciones 403-12 y 405-04 contenida en las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, emitidas por la Contrataría General del Estado y demás normativa aplicable.

Art. 15- Archivo, Numeración y Custodia.- La Coordinación General Administrativa Financiera será la encargada de asignar, manejar, controlar y llevar la numeración, reporte seriado de los procesos y pliegos de Contratación Pública. La Coordinación General Administrativa Financiera llevará el archivo físico de los expedientes originales y completos de los diferentes procedimientos de Contratación Pública que se realicen dentro de la Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida», conforme lo establece el artículo 36 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los artículos 13 y 31 de su Reglamento General de aplicación y las resoluciones que el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, dicte al respecto.

Art. 16- Procedimiento para las ínfimas Cuantías. – El área requirente será la responsable de remitir al/la Director/a Administrativo/a, el pedido expreso de efectuar una contratación bajo el procedimiento de ínfima cuantía, para lo cual remitirá los antecedentes y justificativos necesarios, observando lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 44 y 60 de su Reglamento General de aplicación y la normativa que para el efecto emita el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP.

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Con el afán de transparentar la contratación, el área requirente deberá realizar una comparación de precios, mediante la obtención de al menos 3 (tres) proformas, exceptuando el caso de proveedor único debidamente justificado. La proforma tendrá los efectos de la oferta y tendrá un período de validez por el tiempo para el que haya sido emitida, de conformidad con el artículo 148 del Código de Comercio. Esta comparación deberá efectuarse previo a definir el proveedor con quien se realizará la contratación por ínfima cuantía, circunstancia que será de responsabilidad del área requirente; sin embargo, el/la Director/a Administrativo/a, podrá revisar la comparación efectuada y aceptarla o solicitar otra proforma, a fin de precautelar los intereses institucionales. Si se verifica un mayor beneficio para esta Cartera de Estado, se notificará al área requirente para que tome en cuenta el particular y lo tenga presente para futuras contrataciones.

Los documentos inherentes de cada contratación que se hayan efectuado por este procedimiento, se publicarán en el trascurso del mes en el cual se realizaron las contrataciones en el portal institucional conforme la normativa aplicable a la materia, para lo cual las áreas requirentes, deberán remitir la información completa y necesaria al encargado o responsable de realizar estas publicaciones dentro de la Dirección Administrativa, con la debida anticipación, sin que en ningún caso la información le sea remitida en los últimos días laborables, en los que se deba publicar los mismos.

SECCIÓN III

DELEGACIONES PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Art. 17- Aprobación y reformas del Plan Anual de Contrataciones PAC- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a para que a su nombre y representación apruebe y reforme el PAC, así como para que disponga las correspondientes publicaciones, conforme lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y demás normativa que dicte el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP.

Art. 18.- ínfima Cuantía.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida», al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 44 y 60 de su Reglamento General de aplicación y de conformidad con el artículo 11 del presente acuerdo, delega al/la Director/a Administrativo/a, para que a su nombre y representación efectúe y suscriba los siguientes actos en los procedimientos de ínfima cuantía:

Autorización de gasto;

Contratos en caso de ser necesario, incluidos los complementarios y modificatorios, siempre y cuando éstos, sumados, no superen la cuantía establecida en la Ley para este procedimiento;

Designación y remplazo a los administradores de contrato, cuando corresponda;

Designación de los responsables de suscribir las actas de entrega-recepción, provisional, parcial, total y definitiva que sean necesarias e informes si fuere del caso.

Art. 19- Procedimientos de cuantía media y alta.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Subsecretario/a General, para que a su nombre y representación autorice el gasto y suscriba todos los actos de simple administración, actos administrativos y contratos de los procedimientos de Contratación Pública cuyo presupuesto referencial supere el monto que resulte de multiplicar el coeficiente 0.0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado ecuatoriano, del correspondiente ejercicio económico, de conformidad con el artículo 11 del presente acuerdo.

Art. 20- Delegación fase precontractual.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al titular del área requirente, su encargado o subrogante para que a su nombre y representación, sea el responsable de suscribir los actos de simple administración y demás correspondientes a la fase precontractual de los procedimientos de Contratación Pública. Excepción realizada a los procedimientos que se requiera de Comisión Técnica.

La Comisión Técnica se conformará de conformidad al artículo 18 del Reglamento General de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El/la Subsecretario/a General designará al delegado de la máxima autoridad, quien presidirá la Comisión Técnica.

Art. 21- Terminación de Contratos, Reclamos y Recursos.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Subsecretario/a General, conforme los montos establecidos en el artículo 11 del presente acuerdo, para que a su nombre y representación conozca, efectué y suscriba todos los actos administrativos que se requieran para iniciar, continuar y concluir los trámites de terminación de contratos, reclamaciones, recursos e impugnaciones administrativas, conforme lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y demás normativa de la materia, con excepción de los que respondan a los contratos de ínfima cuantía, cuyo delegado es el/la Director/a Administrativo/a.

Art. 22- Comunicaciones, consultas y reclamaciones al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. – La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Subsecretario/a General, para que a su nombre y representación suscriba y remita los actos que se requieran al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, en lo que tiene que ver con consultas, reclamaciones y demás trámites que deban efectuarse respecto de los procedimientos de contratación pública de la Institución.

Art. 23.- Actas de Entrega-Recepción.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión de recepción designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el

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proceso de ejecución del contrato. Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria, de conformidad con la normativa aplicable.

SECCIÓN IV

OTRAS DELEGACIONES

Art. 24- Actos, Contratos, Convenios y otros instrumentos contractuales no sujetos a la LOSNCP ni a lo LOSEP ante entidades públicas o privadas.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Subsecretario/a General para que a su nombre y representación suscriba los documentos de solicitudes, contratos y demás actos administrativos y de simple administración que sea necesarios para la contratación de servicios públicos y otros que sean necesarios para el normal desarrollo de las actividades propias y del funcionamiento de las instalaciones o bienes de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida».

Art. 25.- Convenios de pago.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la señor/a Subsecretario/a General, para que a su nombre y representación autorice y suscriba en los casos que sea procedente y de forma excepcional, los convenios de pago, sus alcances o las modificaciones que fueren necesarias, a fin de dar cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que se encontraren pendientes de pago por parte de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», producto de la adquisición de cualquier bien, obra o servicio, incluida la consultoría.

Así también, se encuentra delegado/a para la suscripción de convenios de pago o acuerdos de devengación, para aquellos casos que no correspondan específicamente a Contratación Pública, sino que respondan a obligaciones de otro carácter; tales como y no solamente, temas de Talento Humano.

Para la suscripción de los mencionados convenios, la unidad requirente deberá realizar las gestiones pertinentes para cumplir con los siguientes requisitos:

25.1.- Informe de Necesidad (Informe Técnico-Económico) suscrito por el titular del área requirente, documento en el cual deberá constar, los siguientes puntos:

1. Antecedentes;
2. Justificación;

b.1) Justificación de la existencia de la necesidad institucional previa de la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;

b.2) Detalle de las circunstancias ajenas a la voluntad o decisión de las autoridades competentes de la STPTV, que imposibilitaron celebrar el contrato o realizar el procedimiento de Contratación Pública;

b.3) Constancia de la recepción del bien, obra o servicio, incluida la consultoría a total satisfacción del área requirente;

b.4) Detalle de los valores unitarios y totales correspondientes a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría y que los mismos respondan a precios del mercado al momento de su ejecución;

b.5) Justificación de que el bien, obra o servicio, incluida la consultoría adquirida fue utilizada en actividades inherentes a la STPTV;

3. Detallar el período o fecha de entrega de los bienes, según corresponda, de la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;
4. Conclusiones
5. Recomendaciones

25.2.- Certificación de recepción a conformidad de la STPTV por el titular del área requirente, en el que se deberá detallar con precisión, los periodos correspondientes y valores unitarios y totales de la prestación del servicio, adquisición o arrendamiento del bien o ejecución de obra, incluida la consultoría desde la fecha de inicio a la fecha de fin, y su valor generado, con sus respectivos respaldos. Adicional se deberá constar de forma expresa la recepción de la prestación del servicio, adquisición o arrendamiento del bien o ejecución de obra, incluida la consultoría a total satisfacción del área requirente.

25.3.- Certificación de disponibilidad de fondos y partida presupuestaria que permita cubrir las obligaciones derivadas del bien, obra o servicio, incluso consultoría que han sido efectuados por el proveedor. Requisito que debe ser solicitado por el área requirente a la Coordinación General Administrativa Financiera.

25.4.- Autorización de elaboración del convenio de pago emitida por el/la señor/a Subsecretario/a General de la Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida».

25.5.- Una vez se reúnan los requisitos detallados, el/ la señor/a Subsecretario/a General de la Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» solicitará a la Coordinación de Asesoría Jurídica la elaboración del proyecto de convenio de pago para lo cual deberá adjuntar la documentación habilitante referida en los incisos anteriores.

Los mencionados requisitos podrán variar de conformidad con lo que establezcan los órganos de Control del Estado.

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Art. 26- Enajenación de Bienes Muebles y Comodatos.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Subsecretario/a General para que a su nombre y representación autorice, gestione y suscriba los actos administrativos y de simple administración que se requieran para efectuar o solicitar comodatos, traspasos, transferencias gratuitas, donaciones o cualquier forma de enajenación o egreso de los bienes de esta Cartera de Estado, delegación que incluye, además, la suscripción de las resoluciones, contratos y demás documentos que se requieran para cumplir con esta finalidad, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Art. 27- Declaratorias de Utilidad Pública.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Subsecretario/a General para que a su nombre y representación autorice, gestione y suscriba los actos administrativos y de simple administración que se requieran ante cualquier entidad, persona pública o privada, para efectuar o imponer las declaratorias de Utilidad Pública que la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida» requiera para cumplir con sus fines y objetivos institucionales

Art. 28- Trámites de Nacionalización, acuerdos de liberación, autorizaciones de embarque y desaduanización de donaciones.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Subsecretario/a General para que a su nombre y representación conozca, gestione y suscriba todos los actos administrativos y de simple administración que se requieran frente a las autoridades competentes, respecto a los trámites y procesos de nacionalización, acuerdos de liberación, exoneración de impuestos, autorizaciones de embarque y desaduanización de donaciones provenientes del exterior, que requieran realizar esta Cartera de Estado en el ámbito de sus competencias, conforme lo establece la legislación ecuatoriana.

Art. 29- Sistema de Gestión Financiera, Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nóminas, y otros Sistemas.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a para que a su nombre y representación conozca, gestione, autorice y suscriba todos los actos administrativos y de simple administración que sean de competencia de la máxima autoridad y que se requieran para resetear o solicitar claves, o cambiar de responsables en lo referente al Sistema de Gestión Financiera (eSIGEF) y del Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nóminas (eSIPREN), IESS, SERCOP, SPJ, etc., cuando así sea necesario. Esta delegación se entiende efectuada para el caso de que el o los nombres de los sistemas sean reformados por la autoridad competente o se utilicen otros sistemas que cumplan con las funciones de los actuales. La presente delegación también se efectúa para el caso del o los sistemas que correspondan a la Dirección Financiera, Administrativa o de Talento Humano, en los que sea necesaria la intervención de la máxima autoridad. Además autorizará la creación de los fondos de caja chica de las diferentes unidades administrativas de la STPTUV, aprobará el pago de nómina y avales solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas. El/la Directora/a Financiero/a, autorizará la reposición de fondos de caja chica.

Art. 30- Pólizas de seguros y garantías.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/ la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a para que a su nombre y representación conozca, gestione, autorice y suscriba garantías y/o pólizas de seguros de cualquier tipo de rubro o concepto, así como sus inclusiones, exclusiones, renovaciones y notas de crédito que por este concepto fueran emitidas a favor de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», y demás actos administrativos y de simple administración que sean de competencia de la máxima autoridad y que se requieran para cumplir con esta finalidad.

Art. 31.- Contrataciones y renuncias.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida», delega al/la Subsecretario/a General de la Secretaria Técnica del Plan «Toda Una Vida» para que a su nombre y representación ejerza las facultades y atribuciones determinadas para la máxima autoridad institucional y/o Autoridad Nominadora constantes en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General de aplicación, Código del Trabajo y normativa conexa, respecto de otorgar la autoridad de contratación de todo el personal excepto el de nivel jerárquico superior, a vincularse en esta Cartera de Estado, así como la potestad de aceptar renuncias. Además, el/ la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a suscribirá los contratos, nombramientos, y demás instrumentos que viabilicen lo mencionado en el presente artículo.

Art. 32.- Del talento humano.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida», delega al/la Director/a de Administración de Talento Humano de la Secretaria Técnica del Plan «Toda Una Vida», planificar la disponibilidad presupuestaria y autorizar el pago de horas suplementarias, extraordinarias y conceder anticipos de remuneraciones a todo el personal de la STPTV.

Se delega además la potestad de gestionar destituciones, remociones, traslados, traspasos, establecer sanciones disciplinarias y administrativas, cambios administrativos del recurso humano, suscripción de acciones de personal por vacaciones, permisos y licencias con o sin remuneración, encargos, comisiones de servicios, previo las consultas respectivas a los titulares de las unidades administrativas de la STPTV, previo autorización de la Autoridad Nominadora.

Adicionalmente, podrá aprobar y reformar los planes anuales de talento humano, de evaluación de desempeño, de capacitación, salud ocupacional y otros.

Autorizar el inicio de procesos de selección de personal de carrera administrativa, mediante concursos públicos de méritos y oposición conforme la normativa vigente expedida para el efecto e integrará los tribunales de méritos y oposición.

Autorizar el gasto y reembolso correspondiente a viáticos y movilizaciones de los servidores a nivel nacional e internacional, exceptuando de esta disposición al titular de la Subsecretaría General y asesores de Despacho Ministerial.

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Art. 33.- Representación administrativa, judicial, extrajudicial y jurisdiccional- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Subsecretario/a General de la Secretaria Técnica del Plan «Toda Una Vida» para que a su nombre ejerza la representación administrativa, judicial, extrajudicial y jurisdiccional de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida»; quien deberá conocer, gestionar, autorizar y suscribir conjuntamente con los abogados patrocinadores de la institución, en los casos que corresponda, toda acción administrativa, judicial, extrajudicial y jurisdiccional de la STPTV, responsabilizándose de ejercer el seguimiento a dichos procesos.

Además el/la delegado/a adoptará todas las acciones que sean necesarias para la cabal defensa institucional, para lo cual suscribirá los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas al presente artículo.

Art. 34.- De la gestión administrativa.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Director/a Administrativo/a, planificar, controlar y generar la necesidad, así como suscribir las actas de entrega recepción de bienes y servicios requeridos por las diferentes unidades, autorizará la orden de movilización de vehículos institucionales previo al desplazamiento de los servidores fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos conforme a la normativa legal vigente expedida para el efecto, ejercerá la custodia, registro, inventario, mantenimiento, utilización, ingreso y egreso, baja de bienes de conformidad a la normativa legal vigente expedida para el efecto, ejercerá la custodia de guardalmacén de bienes de la STPTV para que cumpla las funciones y obligaciones atribuidas por norma expresa.

Art. 35.- Aprobación y reforma de la Programación Anual de Planificación Institucional y/o Plan Operativo Anual.- La Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida» delega al/la Subsecretario/a General para que a su nombre y representación apruebe y reforme la Programación Anual de Planificación Institucional y/o el Plan Operativo Anual.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. – Serán responsables de la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, las diferentes áreas, Direcciones, Coordinaciones y Subsecretarías de la Secretaría Técnica del Plan «Toda una Vida», cada una dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones.

SEGUNDA.- El delegado o delegados deberán actuar en los términos del presente Acuerdo Ministerial, respetando las disposiciones normativas que rigen la materia, por tanto no estarán exentos de responsabilidad por las acciones u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, respondiendo administrativa, civil y penalmente verificadas en el ejercicio de la presente delegación, ante los organismos de control correspondientes, en los términos de la legislación aplicable y vigente en la materia.

TERCERA.- El servidor o servidores delegados para el cumplimiento del presente Acuerdo Ministerial, informarán

por escrito, a solicitud de la Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida», las acciones tomadas en ejercicio de la presente delegación a través de la emisión de los informes correspondientes.

CUARTA.- La presente delegación no constituye renuncia a las atribuciones asignadas por Ley al titular de ésta Cartera de Estado, en virtud que el mismo cuando lo estime procedente, podrá intervenir por avocación en los actos materia del presente Acuerdo Ministerial, conforme lo determinan los artículos 60 y 61 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

QUINTA.- En ningún caso, dentro de los procedimientos de contratación pública, el servidor o los servidores públicos a quienes se establecieron facultades o atribuciones, podrán delegar las mismas a favor de un tercero para la suscripción de contratos, resoluciones o actas dentro de la fase precontractual y ordenadores de gasto y pago a otros servidores, salvo disposición expresa expedida por la máxima autoridad de esta Cartera de Estado.

SEXTA.- Las disposiciones comprendidas en el presente Acuerdo Ministerial no se aplicarán para la adquisición, contratación o ejecución de obras, bienes o servicios, incluidos los de consultaría, que se adquieran en el extranjero o servicios que se provean en otros países distintos al Ecuador. Para este efecto dichas facultades recaerán únicamente a favor de la máxima autoridad de la Secretaria Técnica del Plan «Toda una Vida», quien podrá autorizar dichas contrataciones, de acuerdo a los procedimientos y exigencias establecidas en la normativa competente.

Tampoco se aplicará para las contrataciones compren­didas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las que se regirán por la normativa aplicable en la materia o las disposiciones específicas que se dicte internamente para el efecto.

SÉPTIMA.- Toda documentación de soporte, reque­rimiento, memorando, acta, oficio y demás documentación que se generen por el sistema de gestión documental-Quipux o por cualquier medio, deberá contar con la firma de responsabilidad o ser suscritos por el responsable del área que lo tramita, ya sea de manera física y/o electrónica. En ningún caso se aceptará documentación que no cuente con la correspondiente firma de responsabilidad.

OCTAVA.- En todo lo no previsto en el presente Acuerdo Ministerial o contradicción con la normativa jerárquica­mente superior, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sus Reformas, su Reglamento General de aplicación, las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, lo que establezca la normativa vigente en la materia, según corresponda.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Los procesos de Contratación Pública iniciados con anterioridad a la expedición del presente Acuerdo

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Ministerial, continuarán su curso normal hasta su culminación conforme la normativa que le amparaba a la fecha.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

A partir de la aprobación del presente Acuerdo Ministerial, se deroga y deja sin efecto el Acuerdo Ministerial No. DM-STPTUV-009-2017 de 17 de noviembre de 2017 y el Acuerdo Ministerial No. DM-STPTUV-002-2018 de 17 de enero de 2018.

Disposición Final.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQÚESE Y PUBLIQUE SE – Dado en la ciudad de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2018.

f.) Leda. Carmen Irma Cabezas Rodríguez, Secretaria Técnica del Plan «Toda Una Vida».

ARCHIVO CENTRAL.- Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida.- 30 de mayo de 2018.-Hora: 17:00.-f) Ilegible.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UE-ALC

Las Partes en el presente Acuerdo,

RECORDANDO la asociación estratégica establecida entre América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) en junio de 1999 en el marco de la primera Cumbre UE-ALC celebrada en Río de Janeiro;

TENIENDO EN CUENTA la iniciativa adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y ALC, durante la quinta Cumbre UE-ALC, celebrada en Lima, República del Perú, el 16 de mayo de 2008;

RECORDANDO la Decisión sobre la creación de la Fundación UE-ALC adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y ALC, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión, en la sexta Cumbre UE-ALC, celebrada en Madrid, España, el 18 de mayo de 2010;

RECORDANDO la creación en 2011 de una fundación de transición en la República Federal de Alemania, que concluirá sus actividades y será disuelta cuando entre en vigor el Acuerdo Internacional Constitutivo de la Fundación UE-ALC;

REITERANDO la necesidad de crear una organización internacional de carácter intergubernamental sujeta al Derecho internacional público, mediante un «Acuerdo Internacional Constitutivo de la Fundación UE-ALC» sobre la base del mandato adoptado en una reunión ministerial en paralelo a la VI Cumbre UE-ALC de Madrid, que contribuye al fortalecimiento de las obligaciones existentes entre los Estados Latinoamericanos y Caribeños, la UE y los Estados Miembros de la UE;

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1

Objeto

1. La Fundación internacional UE-ALC («la Fundación» o «la Fundación UE-ALC»), queda establecida en virtud del presente Acuerdo.
2. Este Acuerdo establece los objetivos de la Fundación y define las normas y directrices generales que rigen sus actividades, su estructura y su funcionamiento.

ARTÍCULO 2

Naturaleza y sede

1. La Fundación UE-ALC es una organización internacional de carácter intergubernamental establecida al amparo del Derecho internacional público. Se centra en el fortalecimiento de la asociación birregional entre la UE y los Estados Miembros de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
2. La Fundación UE-ALC tendrá su sede en la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, República Federal de Alemania.

ARTÍCULO 3

Miembros de la Fundación

1. Los Estados Latinoamericanos y Caribeños, los Estados Miembros de la UE y la UE que hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por el presente Acuerdo, con arreglo a sus procedimientos jurídicos internos, pasarán a ser los únicos Miembros de la Fundación UE-ALC.
2. La Fundación UE-ALC también estará abierta a la participación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

ARTÍCULO 4

Personalidad jurídica

1. La Fundación UE-ALC gozará de personalidad jurídica internacional y de la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y actividades, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionale.

16 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

2. La Fundación también estará facultada para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y para incoar procedimientos judiciales.

ARTÍCULO 5

Objetivos de la Fundación

1. La Fundación UE-ALC deberá:

1. contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional UE-CELAC con la participación y las aportaciones de la sociedad civil y otros agentes sociales;
2. seguir fomentando el conocimiento y el entendimiento mutuos entre ambas regiones;
3. mejorar la visibilidad mutua entre las dos regiones, y también la de la propia asociación birregional.

2. La Fundación UE-ALC deberá, en particular:

1. fomentar y coordinar actividades orientadas a los resultados en apoyo de las relaciones birregionales y centradas en la aplicación de las prioridades estipuladas en las Cumbres UE-CELAC;
2. fomentar el debate sobre estrategias comunes destinadas a la ejecución de las mencionadas prioridades, mediante la promoción de la investigación y los estudios;
3. fomentar los intercambios fructíferos y las nuevas oportunidades de entablar contactos entre la sociedad civil y otros agentes sociales.

ARTÍCULO 6

Criterios para las actividades

1. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 5 del presente Acuerdo, las actividades de la Fundación UE-ALC deberán:

1. estar basadas en las prioridades y los temas tratados entre los Jefes de Estado y de Gobierno en las Cumbres, centrándose en las necesidades detectadas en apoyo de la relación birregional;
2. implicar, en la medida de lo posible y en el marco de las actividades de la Fundación, a la sociedad civil y a otros actores sociales, como las instituciones académicas, y tener en cuenta sus contribuciones de forma no vinculante. Para ello, cada Miembro podrá identificar a las instituciones y organizaciones pertinentes que trabajan para reforzar el diálogo birregional a nivel nacional;
3. añadir valor a las iniciativas existentes;
4. dar visibilidad a la asociación, en particular centrándose en acciones con efecto multiplicador.

2. Cuando proponga o participe en actividades, la Fundación UE-ALC estará enfocada a las acciones, tendrá carácter dinámico y estará orientada a los resultados.

ARTÍCULO 7

Actividades de la Fundación

1. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 5, la Fundación UE-ALC desempeñará, entre otras, las siguientes actividades:

1. fomentar el debate, mediante la organización de seminarios, conferencias, talleres, grupos de reflexión, cursos, exposiciones, publicaciones, presentaciones, formación profesional, intercambio de buenas prácticas y conocimientos especiales;
2. fomentar y apoyar eventos relacionados con los temas que se abordan en las Cumbres UE-CELAC y también con las prioridades en las reuniones de Altos Funcionarios;
3. poner en marcha tanto programas de sensibilización como iniciativas a nivel birregional, incluyendo intercambios en los ámbitos prioritarios identificados;
4. fomentar estudios sobre cuestiones planteadas por ambas regiones;
5. lograr y ofrecer nuevas oportunidades de contacto teniendo en cuenta, en particular, a las personas o entidades que no estén familiarizadas con la asociación birregional UE-CELAC;
6. crear una plataforma en internet o elaborar una publicación electrónica.

2. La Fundación UE-ALC podrá emprender iniciativas en estrecha colaboración con entidades públicas y privadas, las instituciones de la UE, instituciones internacionales y regionales, los Estados Latinoamericanos y Caribeños y los Estados Miembros de la UE.

ARTÍCULO 8

Estructura de la Fundación

La Fundación UE-ALC tendrá la siguiente estructura organizativa:

1. el Consejo Directivo;
2. el Presidente; y
3. el Director Ejecutivo.

ARTÍCULO 9

Consejo Directivo

1. El Consejo Directivo estará formado por representantes de los Miembros de la Fundación UE-ALC. Se reunirá

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a nivel de Altos Funcionarios y, en su caso, a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores con motivo de las Cumbres UE-CELAC.

2. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) estará representada en el Consejo Directivo por la Presidencia pro tempore, sin perjuicio de la participación del país en cuestión en su capacidad nacional.
3. Se invitará a la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) a designar a un representante de cada región como observadores en el Consejo Directivo.
4. Se invitará a la Asamblea Parlamentaria Paritaria de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y de la Unión Europea (ACP-UE) a nombrar a un representante de la Unión Europea y otro del Caribe como observadores en el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 10

Presidencia del Consejo Directivo

El Consejo Directivo contará con dos presidentes: un representante de la UE y otro de los Estados Latinoamericanos y Caribeños.

ARTÍCULO 11

Facultades del Consejo Directivo

El Consejo Directivo de la Fundación UE-ALC ejercerá los siguientes poderes:

1. nombrar al Presidente y al Director Ejecutivo de la Fundación;
2. adoptar las directrices generales para el trabajo de la Fundación y establecer sus prioridades operativas y su reglamento interno, así como las medidas apropiadas para velar por la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en lo que respecta a la financiación externa;
3. aprobar la celebración del Acuerdo sobre la Sede, así como cualquier otro acuerdo o arreglo que la Fundación pueda celebrar con los Estados Latinoamericanos y Caribeños y los Estados Miembros de la UE sobre la cuestión de los privilegios e inmunidades;
4. aprobar el presupuesto y el reglamento de personal, partiendo de una propuesta del Director Ejecutivo;
5. aprobar las modificaciones de la estructura organizacional de la Fundación, partiendo de una propuesta del Director Ejecutivo;
6. adoptar un programa de trabajo plurianual, que incluya un presupuesto estimativo plurianual, en principio con una perspectiva cuatrienal, fundamentado en un proyecto presentado por el Director Ejecutivo;
7. adoptar el programa de trabajo anual, con las actividades y los proyectos para el año siguiente en función de un proyecto presentado por el Director Ejecutivo y en el marco del programa plurianual;
8. aprobar el presupuesto anual para el año siguiente;
9. aprobar los criterios de seguimiento y de auditoría, además de los previstos para la notificación de los proyectos de la Fundación;
10. adoptar el informe anual y los estados financieros de la Fundación durante el año precedente;
11. proporcionar orientación y asesoría al Presidente y al Director Ejecutivo;
12. proponer modificaciones de este Acuerdo a las Partes;
13. evaluar el desarrollo de las actividades de la Fundación y actuar con base en los informes presentados por el Director Ejecutivo;
14. resolver las controversias que puedan eventualmente surgir entre las Partes sobre la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo y de sus modificaciones;
15. revocar el nombramiento del Presidente o del Director Ejecutivo;
16. aprobar el establecimiento de asociaciones estratégicas;
17. aprobar la celebración de cualquier acuerdo o instrumento jurídico negociado de conformidad con el párrafo 4, letra i), del artículo 15.

ARTÍCULO 12

Reuniones del Consejo Directivo

1. El Consejo Directivo se reunirá dos veces al año en sesión ordinaria. Estas reuniones deberán coincidir con las reuniones de Altos Funcionarios (SOM) de los Estados de la CELAC y de la UE.
2. El Consejo Directivo celebrará reuniones extraordinarias a instancia de un Presidente, del Director Ejecutivo o a petición de al menos un tercio de sus Miembros.
3. Las funciones de secretaría del Consejo Directivo se llevarán a cabo bajo la autoridad del Director Ejecutivo de la Fundación.

ARTÍCULO 13

Toma de decisiones del Consejo Directivo

El Consejo Directivo actuará en presencia de más de la mitad de sus Miembros de cada región. Las decisiones se adoptarán por consenso de los Miembros presentes.

18 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

ARTICULO 14 Presidente de la Fundación

1. El Consejo Directivo elegirá a un presidente entre los candidatos propuestos por los Miembros de la Fundación UE-ALC. El Presidente ocupará el cargo durante un mandato de cuatro años, renovable una vez.
2. El Presidente será una personalidad conocida y muy respetada tanto en América Latina y el Caribe como en la UE. El Presidente ejercerá sus funciones de forma voluntaria, pero tendrá derecho al reembolso de los gastos necesarios y debidamente justificados.
3. La Presidencia se alternará entre un nacional de un Estado Miembro de la UE y un nacional de un Estado de América Latina o el Caribe. En caso de que el Presidente proceda de un Estado Miembro de la UE, el Director Ejecutivo nombrado procederá de un Estado de América Latina o el Caribe, y viceversa.
4. El Presidente deberá:

1. representar a la Fundación en sus relaciones exteriores, garantizando una representación visible a través de contactos de alto nivel entablados con las autoridades de los Estados de América Latina y el Caribe, de la UE y de los Estados Miembros de la UE, así como con otros socios;
2. rendir informes en las reuniones de los Ministros de Asuntos Exteriores, otras reuniones ministeriales, el Consejo Directivo y otras reuniones importantes, según proceda.
3. proporcionar asesoría al Director Ejecutivo en la elaboración del proyecto de programa de trabajo anual y plurianual y el proyecto de presupuesto para su aprobación por el Consejo Directivo;
4. llevar a cabo otras tareas que determine el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 15

Director Ejecutivo de la Fundación

1. La Fundación estará dirigida por un Director Ejecutivo que será nombrado por el Consejo Directivo por un período de cuatro años, renovables una sola vez, y será seleccionado previa presentación de candidaturas de los Miembros de la Fundación UE-ALC.
2. Sin perjuicio de las competencias del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo no pedirá ni recibirá instrucciones de ningún Gobierno o de cualquier otro organismo.
3. La Dirección Ejecutiva recibirá una remuneración y se alternará entre un nacional de un Estado Miembro de la UE y un nacional de un Estado de América Latina o el Caribe. En caso de que el Director Ejecutivo nombrado

proceda de un Estado Miembro de la UE, el Presidente nombrado procederá de un Estado de América Latina o el Caribe, y viceversa.

4. El Director Ejecutivo será el representante legal de la Fundación y ejercerá las siguientes funciones:

1. elaborar el programa de trabajo anual y plurianual de la Fundación y su presupuesto, en consulta con el Presidente;
2. designar y dirigir al personal de la Fundación, velando por que cumpla los objetivos de la Fundación;
3. ejecutar el presupuesto;
4. presentar informes de actividad de forma periódica y anual, además de las cuentas financieras al Consejo Directivo para su aprobación, velando por mantener unos procedimientos transparentes y una buena circulación de la información sobre todas las actividades realizadas o financiadas por la Fundación, incluida una lista actualizada de las instituciones y organizaciones identificadas a escala nacional, así como de las que participan en las actividades de la Fundación;
5. presentar el informe a que se refiere el artículo 18;
6. preparar las reuniones y asistir al Consejo Directivo;
7. consultar, cuando sea necesario, a los representantes de la sociedad civil pertinentes y a otros agentes sociales, particularmente a las instituciones que puedan determinar los Miembros de la Fundación UE-ALC, dependiendo de las cuestiones planteadas y de las necesidades concretas, y manteniendo al Consejo Directivo informado sobre los resultados de estos contactos para su análisis;
8. entablar consultas y negociaciones con el país anfitrión de la Fundación y las demás Partes del presente Acuerdo en lo que respecta a los detalles de las ventajas a las que puede acogerse la Fundación en estos Estados;
9. llevar a cabo negociaciones de cualquier acuerdo o instrumento jurídico con repercusión internacional con organizaciones internacionales, Estados y entidades públicas o privadas sobre asuntos que pueden ir más allá del ámbito administrativo o el funcionamiento cotidiano de la Fundación, previa y debida consulta y notificación al Consejo Directivo sobre las conclusiones iniciales y previstas de dichas negociaciones, así como consultas periódicas acerca de su contenido, alcance y posibles resultados;
10. comunicar al Consejo Directivo cualquier proce­dimiento judicial que ataña a la Fundación.

ARTÍCULO 16

Financiación de la Fundación

1. Las contribuciones se realizarán de manera voluntaria, sin perjuicio de la participación en el Consejo Directivo.

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2. La Fundación estará financiada principalmente por sus Miembros. El Consejo Directivo, respetando el equilibrio birregional, podrá considerar otras modalidades de financiación de las actividades de la Fundación.
3. En casos concretos, previa notificación y consulta al Consejo Directivo para su aprobación, la Fundación está autorizada a generar recursos adicionales a través de la financiación externa de entidades públicas y privadas, en particular mediante la elaboración de informes y análisis que se soliciten. Dichos recursos se utilizarán exclusivamente para las actividades de la Fundación.
4. La República Federal de Alemania proporcionará, a sus expensas y en el marco de su contribución financiera a la Fundación, instalaciones adecuadas y amuebladas para su uso por parte de la Fundación, sin olvidar el mantenimiento, los servicios generales y la seguridad de las instalaciones.

ARTÍCULO 17

Auditoria y publicación de cuentas

1. El Consejo Directivo nombrará a auditores independientes para que comprueben las cuentas de la Fundación.
2. Los estados financieros de los activos, pasivos, ingresos y gastos de la Fundación, comprobados por auditores independientes, serán puestos a disposición de los Miembros lo antes posible tras el cierre de cada ejercicio, pero antes de haber transcurrido seis meses después de esa fecha, y serán examinados para su aprobación por el Consejo Directivo en su primera reunión inmediatamente posterior.
3. Se publicará un resumen de las cuentas y del balance financiero auditados.

ARTÍCULO 18

Evaluación de la Fundación

A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Director Ejecutivo presentará cada cuatro años un informe sobre las actividades de la Fundación al Consejo Directivo. Este deberá evaluar de manera global dichas actividades y será responsable de decidir acerca de las futuras actividades de la Fundación.

ARTÍCULO 19

Asociaciones estratégicas

1. La Fundación tendrá cuatro socios estratégicos iniciales: por parte de la UE, contará con «1”Institut des Amériques» en Francia y «Regione Lombardia» en Italia; y, por parte de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, contará con la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en la República Dominicana, y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL).

2. Con el fin de lograr sus objetivos, la fundación UE-ALC podrá establecer futuras asociaciones estratégicas con organizaciones intergubernamentales, Estados y entidades públicas o privadas de ambas regiones, respetando siempre el principio de equilibrio birregional.

ARTÍCULO 20

Privilegios e inmunidades

1. En los artículos 2 y 4 se definen la naturaleza y la personalidad jurídica de la Fundación.
2. El estatuto, los privilegios y las inmunidades de la Fundación, el Consejo Directivo, el Presidente, el Director Ejecutivo y los Miembros del personal, así como de los representantes de los Miembros en el territorio de la República Federal de Alemania para el desempeño de sus funciones, se regirán por el Acuerdo de Sede celebrado entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y la Fundación.
3. El Acuerdo de Sede mencionado en el párrafo 2 del presente artículo será independiente del presente Acuerdo.
4. La Fundación podrá celebrar con uno o más Estados Latinoamericanos y Caribeños, así como con Estados Miembros de la UE, otros acuerdos que habrán de ser aprobados por el Consejo Directivo, en cuanto a los privilegios e inmunidades que puedan ser necesarios para el adecuado funcionamiento de la Fundación en sus respectivos territorios.
5. En el marco de sus actividades oficiales, la Fundación, sus activos, sus ingresos y otros bienes estarán exentos de cualquier tipo de impuestos directos. La Fundación no estará exenta del pago de servicios obtenidos.
6. El Director Ejecutivo y el personal de la Fundación estarán exentos de impuestos nacionales sobre los salarios y emolumentos pagados por la Fundación.
7. Los Miembros del personal de la Fundación comprenden todos los Miembros del personal nombrados por el Director Ejecutivo, con excepción de aquellos contratados localmente y sujetos a las tarifas horarias.

ARTÍCULO 21

Idiomas de la Fundación

Los idiomas de trabajo de la Fundación serán los mismos que los utilizados por la asociación estratégica entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, desde su creación en junio de 1999.

ARTÍCULO 22

Solución de controversias

Cualquier controversia que pudiera surgir entre las Partes relativa a la aplicación o la interpretación del presente

20 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

Acuerdo y de sus modificaciones se someterá a negociación directa, con el fin de lograr una resolución puntual. En caso de que la controversia no quede resuelta a través de estos medios, deberá someterse a la decisión del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 23

Modificaciones

1. El presente Acuerdo podrá ser modificado a iniciativa del Consejo Directivo de la Fundación UE-ALC, o a petición de cualquiera de las Partes. Las propuestas de modificación se remitirán al depositario, que las notificará a todas las Partes para su consideración y negociación.
2. Las modificaciones se aprobarán por consenso y entrarán en vigor treinta días tras la fecha de recepción por el depositario de la última notificación, indicando que se han completado todas las formalidades necesarias a tal fin.
3. El depositario notificará a todas las Partes la entrada en vigor de las modificaciones.

ARTÍCULO 24

Ratificación y adhesión

1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma de todos los Estados de América Latina y el Caribe, de los Estados Miembros de la UE y de la UE, desde el 25 de octubre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor, y estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el depositario.
2. El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión de la UE y de los Estados de América Latina y el Caribe, así como de los Estados Miembros de la UE que no lo hayan firmado. Los instrumentos de adhesión correspondientes se depositarán ante el depositario.

ARTÍCULO 25

Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de que ocho de las Partes de cada región, incluida la República Federal de Alemania y la UE, hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o adhesión ante el depositario. Para el resto de Estados Latinoamericanos y Caribeños y Estados Miembros de la UE que depositen sus instrumentos de ratificación o adhesión tras la fecha de entrada en vigor, el presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de que dichos Estados Latinoamericanos y Caribeños y Estados Miembros de la UE hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión.
2. El depositario notificará a todas las Partes la recepción de los instrumentos de ratificación o de adhesión,además de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo.

ARTÍCULO 26

Duración y denuncia

1. El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida.
2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida al depositario por vía diplomática. La denuncia será efectiva doce meses tras la recepción de la notificación.

ARTÍCULO 27

Disolución y liquidación

1. La Fundación se disolverá:

1. si todos los Miembros de la Fundación, o si todos los Miembros de la Fundación, salvo uno, han denunciado el acuerdo; o bien
2. si los Miembros de la Fundación deciden su terminación.

2. En caso de terminación, la Fundación solo existirá a efectos de su liquidación. Deberán liquidarse sus actividades, mediante liquidadores que serán responsables de la cesión de los activos de la Fundación y la extinción de las deudas. El saldo se repartirá entre los Miembros, proporcionalmente a sus respectivas contribuciones.

ARTÍCULO 28

Depositario

La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea será el depositario del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 29

Reservas

1. En el momento de la firma o de la ratificación del presente Acuerdo, o de adhesión al mismo, las Partes podrán formular reservas o declaraciones con respecto a su texto, siempre y cuando no resulten incompatibles con su objeto y finalidad.
2. Las reservas y declaraciones formuladas se remitirán al depositario, quien las notificará a las otras Partes del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 30

Disposiciones transitorias

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Fundación transitoria establecida en 2011, de conformidad

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 21

con la legislación de la República Federal de Alemania, deberá concluir sus actividades y será disuelta. Los activos y pasivos, los recursos, los fondos y el resto de obligaciones contractuales de la Fundación transitoria se transferirán a la Fundación UE-ALC instaurada en virtud del presente Acuerdo. Con este fin, la Fundación UE-ALC y la Fundación transitoria deberán adaptar los instrumentos jurídicos necesarios de concierto con la República Federal de Alemania y cumplir los requisitos legales correspondientes.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados a este fin, han firmado el presente Acuerdo, redactado en un solo original en los idiomas alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, fines, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltes, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que quedará depositado en los archivos del Consejo de la Unión Europea, debiendo remitir este último una copia certificada a todas las Partes.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Instrumentos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.- Quito, a 21 de mayo de 2018.- f.) Ilegible.

22 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

No. 0003

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO – AGROCALIDAD

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el inciso 2 del artículo 400 de la Constitución de la República del Ecuador declara que es de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país;

Que, es deber del Estado mantener al margen cultivos y semillas transgénicas o cultivos genéticamente manipulados, conforme establece el artículo 401 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), establece que los países miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias por la autoridad competente, necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;

Que, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), como la NIMF No. 2 Directrices para el Análisis de Riesgo de Plagas, de 2007; NIMF No. 11 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias, del 2013, NIMF No. 21 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas y la Resolución 025 del 13 de noviembre de 1997 de la Comunidad Andina (CAN), describen los procedimientos para realizar Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), mediante los cuales se establecen los requisitos fitosanitarios de productos vegetales de Importación;

Que, de acuerdo a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 32 sobre «Categorización de productos según su riesgo de plagas», flor cortada de hortensia (Hydrangea macrophylla) para la elaboración de bouquets, se encuentra en categoría de Riesgo 3;

Que, el artículo 12 de la ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 03 de julio del 2017 establece que «Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario,

entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar en estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria»;

Que, de acuerdo a la Disposición General SEXTA de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 03 de julio de 2017, que dice en virtud de la presente Ley el personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD- se integrarán a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, activos y pasivos de la primera;

Que, el artículo 13 literal j) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 03 de julio del 2017 establece que «Certificar y autorizar las características fito y zoosanitarias para la importación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y articules reglamentados de manera previa a la expedición de la autorización correspondiente»;

Que, el artículo 13 literal o) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 03 de julio del 2017 establece que «Regular y controlar la condición fito y zoosanitaria de la importación y exportación da plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos reglamentados, en los puntos de ingreso autorizado que establezca»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1449 publicado en el Registro Oficial N° 479 del 2 de diciembre de 2008, establece que una de las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo, es emitir e implementar la normatividad de procedimientos necesarios para la aplicación del presente Decreto Ejecutivo, incluyendo los de auditoría que garanticen la calidad de los servicios prestados;

Que, en la Resolución N° DAJ-2016-4OQ-0201.0305 del 30 de diciembre del 2016, la cual actualiza el procedimiento para elaborar estudios de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) por vía de ingreso, para el establecimiento de requisitos fito sanitarios de importación de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados;

Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD No. 0153 de 20 de noviembre de 2017, en la cual se establece los requisitos fito sanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de flor cortada de hortensia (Hydrangea macrophylla) para la elaboración de bouquets originarias de Colombia,

Que, mediante Acción de Personal No. 911, del 01 de junio del 2017, la señora Vanessa Cordero Animan, Ministra de Agricultura y Ganadería, nombra como Director Ejecutivo de AGROCALIDAD, al Ing. Milton Fernando Cabezas Guerrero;

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 23

Que, mediante Memorando Nro. MAG-CSV/ AGROCALIDAD-2017-000993-M, de 21 de diciembre de 2017, la Coordinadora General de Sanidad Vegetal manifiesta que con la finalidad de evitar inconvenientes al momento de la emisión del permiso fitosanitario para la importación de flor cortada de hortensia (Hydrangea macrophylla) para la elaboración de bouquets originarias de Colombia y posterior nacionalización de producto, gentilmente solicito la revisión y legalización del borrador de Resolución (documento adjunto), mediante la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución Nro. 0153 de 20 de noviembre de 2017, el mismo que es aprobado mediante sumilla inserta en el documento y;

En uso de sus atribuciones legales que le confieren la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de AGROCALIDAD.

Resuelve:

Artículo 1.- Suprimir el numeral 6 del artículo 2 de la Resolución 0153 de 20 de noviembre de 2017, publicada en el Registro Oficial Nro. 141, de 15 de diciembre de 2017, que a partir de la vigencia de la presente Resolución dirá lo siguiente:

«Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son:

1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de AGROCALIDAD.
2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Colombia que consigne lo siguiente:

2.1. Declaración adicional:

«El envío viene libre de Pseudococcus adonidum y Colletotrichum dematium».

3. El envío viene libre de suelo y cualquier material extraño.
4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar libres cualquier material extraño.
5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso.»

Artículo 2.- Salvo lo considerado en el artículo 1 de la presente Resolución, quedan vigentes en todas sus partes los artículos contemplados en la Resolución 0153 del 20 de los noviembre del 2017.

DISPOSICIÓN GENERAL

Única.- La Coordinación General de Sanidad Vegetal conjuntamente con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica a través de la Gestión de Relaciones Internacionales de AGROCALIDAD se encargará de

notificar La presente Resolución ante la Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN) y a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Coordinación General de Sanidad Vegetal de AGROCALIDAD.

Segunda.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQÚESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE.

Dado en Quito, D.M. 25 de enero del 2018.

f.) Mgs. Milton Fernando Cabezas Guerrero, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – Agrocalidad.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

No. ACESS-2018-0009

Dr. José Francisco Javier Vallejo Flores

DIRECTOR EJECUTIVO

AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y

MEDICINA PREPAGADA – ACESS-

Considerando:

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República manifiesta: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. (…) La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. «;

Que, la Constitución de la República en su artículo 361 dispone: «El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector»;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud establece: «La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud (…) «;

24 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

Que, la Ley Orgánica de Salud en el artículo 6 establece, entre otras, las siguientes responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: «(…) 2.- Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud; (…) 24.- Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sinfines de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; (…) 34.-Cumpliry hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Estas acciones las ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios y procesos de desconcentración y descentralización; (…) «;

Que, Ley Orgánica de Salud en su artículo 130 establece que: «Los establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional. El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario»;

Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 177 establece que es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, expedir normas y controlar las condiciones higiénico sanitarias de establecimientos de servicios de atención al público y otros sujetos a control sanitario, para el otorgamiento o renovación del permiso de funciona­miento;

Que, en el inciso primero del artículo 180 de la Ley Orgánica de Salud dispone que «(…) La autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, con y sinfines de lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada y otorgará su permiso de funcionamiento (…) «;

Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 181 establece que: «La autoridad sanitaria nacional regulará y vigilará que los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos y las empresas privadas de salud y medicina prepagada, garanticen atención oportuna, eficiente y de calidad según los enfoques y principios definidos en esta Ley «;

Que, en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud se define al permiso de funcionamiento como «(…) el documento otorgado por la autoridad sanitaria nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en los reglamentos correspondientes (…) «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 703 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 534 de 1 de julio de 2015, se creó la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, como un organismo técnico administrativo, adscrito al Ministerio de Salud Pública, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, con sede principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con jurisdicción en todo el territorio nacional;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 703 en su artículo 2 establece que: «La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS-, será la institución encargada de ejercer la regulación técnica, control técnico y la vigilancia sanitaria de la calidad de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sinfines de lucro, de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud»;

Que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 703 son atribuciones y responsabilidades de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS-, las siguientes: «4. Otorgar, suspender, cancelar y restituir los permisos de funcionamiento, licencias, registros, certificaciones y acreditaciones sanitarias de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud, según corresponda «;

Que, el artículo 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, en su literal a), reconoce a las Agencias de Regulación y Control como entidades de la Función Ejecutiva: «(…) Agencia de Regulación y Control.- Organismo técnico que tiene por funciones la regulación de las actividades del sector, el control técnico de las actividades realizadas por los agentes que operan en él y la preparación de informes sobre las normas que debería observar el respectivo organismo de control, de acuerdo con la ley. Su ámbito de acción es específico a un sector determinado y estará adscrita a un Ministerio Sectorial o Secretaría Nacional. Dentro de su estructura orgánica tendrá un directorio como máxima instancia de la agencia (…) «;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE establece: «LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.- Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»;

Que, mediante Acción de Personal Nro. 0777, de fecha 25 de octubre del 2017, suscrita por la Dra. María Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud, se nombra al Dr. José Francisco Javier Flores como Director Ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS-;

En virtud de lo establecido por el artículo 55 del ERJAFE y en calidad de máxima autoridad de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS-;

Resuelve:

Art. 1.- Nombrar a la señora JAQUELINE ELIZABETH CHIZA ZUÑIGA como Delegada Provincial de la ACESS en la provincia de Imbabura; y delegar las siguientes atribuciones y responsabilidades:

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 25

a. Otorgar, suspender, cancelar y restituir permisos de funcionamiento, licencias, registros, certificaciones y acreditaciones sanitarias de los establecimientos de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, pertenecientes al Sistema Nacional de Salud sujetos a vigilancia y control sanitario;

b. Atender y gestionar las acciones técnicas y administrativas relacionadas a los procesos de permiso de funcionamiento, control y vigilancia de los establecimientos de salud de su jurisdicción territorial;

c. Recibir y gestionar las solicitudes de dotación de los recetarios que contienen recetas especiales para la prescripción de medicamentos con sustancias estupefacientes y psicotrópicos;

d. Participar en las reuniones intersectoriales en el nivel provincial, en representación de la Agencia;

e. Atender de manera oportuna los requerimientos de la Dirección Ejecutiva de la ACESS y de los procesos habilitantes y agregadores de valor;

f. Coordinar, supervisar y controlar los procesos de planificación, administrativos y de talento humano en su jurisdicción;

g. Reportar al nivel central de la Agencia cualquier eventualidad suscitada con los servidores públicos de la ACESS en su jurisdicción;

h. Resolver las quejas, reclamos y consultas presentadas por los usuarios en su jurisdicción;

i. Direccionar las denuncias, quejas, reclamos y consultas presentadas por los usuarios que no se puedan resolver a nivel provincial hacia el nivel central de la Agencia;

j. Suscribir los convenios de pago presentados a solicitud de los administrados que hayan sido sancionados con multa dentro de un proceso sancionatorio por el cometimiento de infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud, cuando se trate de establecimientos de salud o de profesionales de la salud.

k. Las demás que sean asignadas por el Director Ejecutivo de la ACESS.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- Encárguese de la ejecución de esta resolución a la Delegada Provincial de la ACESS en la provincia de Imbabura; y, de su notificación encárguese la Gestión Administrativa de Talento Humano.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito a los 16 días del mes de mayo de 2018.

f.) Dr. José Francisco Javier Vallejo Flores, Director Ejecutivo.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

No. ACESS-2018-0010

Dr. José Francisco Javier Vallejo Flores

DIRECTOR EJECUTIVO

AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y

MEDICINA PREPAGADA – ACESS-

Considerando:

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República manifiesta: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. (…) La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. «;

Que, la Constitución de la República en su artículo 361 dispone: «El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector»;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud establece: «La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud (…) «;

Que, la Ley Orgánica de Salud en el artículo 6 establece, entre otras, las siguientes responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: «(…) 2.- Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud; (…) 24.- Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; (…) 34.-Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Estas acciones las ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios y procesos de desconcentración y descentralización; (…) «;

Que, Ley Orgánica de Salud en su artículo 130 establece que: «Los establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional. El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario «;

Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 177 establece que es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, expedir normas y controlar las condiciones higiénico sanitarias de establecimientos de servicios de atención al público y otros sujetos a control sanitario, para el otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento;

26 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

Que, en el inciso primero del artículo 180 de la Ley Orgánica de Salud dispone que «(…) La autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada y otorgará su permiso de funcionamiento (…) «;

Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 181 establece que: «La autoridad sanitaria nacional regulará y vigilará que los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos y las empresas privadas de salud y medicina prepagada, garanticen atención oportuna, eficiente y de calidad según los enfoques y principios definidos en esta Ley «;

Que, en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud se define al permiso de funcionamiento como «(…) el documento otorgado por la autoridad sanitaria nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en los reglamentos correspondientes (…) «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 703 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 534 de 1 de julio de 2015, se creó la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, como un organismo técnico administrativo, adscrito al Ministerio de Salud Pública, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, con sede principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con jurisdicción en todo el territorio nacional;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 703 en su artículo 2 establece que: «La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS-, será la institución encargada de ejercer la regulación técnica, control técnico y la vigilancia sanitaria de la calidad de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sinfines de lucro, de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud»;

Que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 703 son atribuciones y responsabilidades de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS-, las siguientes: «4. Otorgar, suspender, cancelar y restituir los permisos de funcionamiento, licencias, registros, certificaciones y acreditaciones sanitarias de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud, según corresponda»;

Que, el artículo 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, en su literal a), reconoce a las Agencias de Regulación y Control como entidades de la Función Ejecutiva: «(…) Agencia de Regulación y Control.- Organismo técnico que tiene por funciones la regulación de las actividades del sector, el control técnico de las actividades realizadas por los agentes que operan en él y la preparación de informes sobre

las normas que debería observar el respectivo organismo de control, de acuerdo con la ley. Su ámbito de acción es específico a un sector determinado y estará adscrita a un Ministerio Sectorial o Secretaría Nacional. Dentro de su estructura orgánica tendrá un directorio como máxima instancia de la agencia (…) «;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE establece: «LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.- Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»;

Que, mediante Acción de Personal Nro. 0777, de fecha 25 de octubre del 2017, suscrita por la Dra. María Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud, se nombra al Dr. José Francisco Javier Flores como Director Ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS-;

En virtud de lo establecido por el artículo 55 del ERJAFE y en calidad de máxima autoridad de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS-;

Resuelve:

Art. 1.- Nombrar a la señora NATALY SALOME DELGADO MERIZALDE como Delegada Provincial de la ACESS en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; y delegar las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a. Otorgar, suspender, cancelar y restituir permisos de funcionamiento, licencias, registros, certificaciones y acreditaciones sanitarias de los establecimientos de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, pertenecientes al Sistema Nacional de Salud sujetos a vigilancia y control sanitario;

b. Atender y gestionar las acciones técnicas y administrativas relacionadas a los procesos de permiso de funcionamiento, control y vigilancia de los establecimientos de salud de su jurisdicción territorial;

c. Recibir y gestionar las solicitudes de dotación de los recetarios que contienen recetas especiales para la prescripción de medicamentos con sustancias estupefacientes y psicotrópicos;

d. Participar en las reuniones intersectoriales en el nivel provincial, en representación de la Agencia;

e. Atender de manera oportuna los requerimientos de la Dirección Ejecutiva de la ACESS y de los procesos habilitantes y agregadores de valor;

f. Coordinar, supervisar y controlar los procesos de planificación, administrativos y de talento humano en su jurisdiccin;

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 27

g. Reportar al nivel central de la Agencia cualquier eventualidad suscitada con los servidores públicos de la ACESS en su jurisdicción;

h. Resolver las quejas, reclamos y consultas presentadas por los usuarios en su jurisdicción;

i. Direccionar las denuncias, quejas, reclamos y consultas presentadas por los usuarios que no se puedan resolver a nivel provincial hacia el nivel central de la Agencia;

j. Suscribir los convenios de pago presentados a solicitud de los administrados que hayan sido sancionados con multa dentro de un proceso sancionatorio por el cometimiento de infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud, cuando se trate de establecimientos de salud o de profesionales de la salud.

k. Las demás que sean asignadas por el Director Ejecutivo de la ACESS.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- Encárguese de la ejecución de esta resolución a la Delegada Provincial de la ACESS en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; y, de su notificación encárguese la Gestión Administrativa de Talento Humano.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito a los 16 días del mes de mayo de 2018.

f.) Dr. José Francisco Javier Vallejo Flores, Director Ejecutivo.

No. ACESS-2018-0011

Dr. José Francisco Javier Vallejo Flores

DIRECTOR EJECUTIVO

AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y

MEDICINA PREPAGADA – ACESS-

Considerando:

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República manifiesta: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. (…) La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. «;

Que, la Constitución de la República en su artículo 361 dispone: «El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector»;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud establece: «La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud (…) «;

Que, la Ley Orgánica de Salud en el artículo 6 establece, entre otras, las siguientes responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: «(…) 2.- Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud; (…) 24.- Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; (…) 34.-Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Estas acciones las ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios y procesos de desconcentración y descentralización; (…) «;

Que, Ley Orgánica de Salud en su artículo 130 establece que: «Los establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional. El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario «;

Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 177 establece que es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, expedir normas y controlar las condiciones higiénico sanitarias de establecimientos de servicios de atención al público y otros sujetos a control sanitario, para el otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento;

Que, en el inciso primero del artículo 180 de la Ley Orgánica de Salud dispone que «(…) La autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada y otorgará su permiso de funcionamiento (…) «;

Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 181 establece que: «La autoridad sanitaria nacional regulará y vigilará que los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos y las empresas privadas de salud y medicina prepagada, garanticen atención oportuna, eficiente y de calidad según los enfoques y principios definidos en esta Ley»;

Que, en el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud se define al permiso de funcionamiento como «(…) el documento otorgado por la autoridad sanitaria nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en los reglamentos correspondientes (…) «;

28 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 703 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 534 de 1 de julio de 2015, se creó la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS, como un organismo técnico administrativo, adscrito al Ministerio de Salud Pública, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, con sede principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con jurisdicción en todo el territorio nacional;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 703 en su artículo 2 establece que: «La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS-, será la institución encargada de ejercer la regulación técnica, control técnico y la vigilancia sanitaria de la calidad de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sinfines de lucro, de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud»;

Que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 703 son atribuciones y responsabilidades de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS-, las siguientes: «4. Otorgar, suspender, cancelar y restituir los permisos de funcionamiento, licencias, registros, certificaciones y acreditaciones sanitarias de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud, según corresponda»;

Que, el artículo 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, en su literal a), reconoce a las Agencias de Regulación y Control como entidades de la Función Ejecutiva: «(…) Agencia de Regulación y Control.- Organismo técnico que tiene por funciones la regulación de las actividades del sector, el control técnico de las actividades realizadas por los agentes que operan en él y la preparación de informes sobre las normas que debería observar el respectivo organismo de control, de acuerdo con la ley. Su ámbito de acción es específico a un sector determinado y estará adscrita a un Ministerio Sectorial o Secretaría Nacional. Dentro de su estructura orgánica tendrá un directorio como máxima instancia de la agencia (…) «;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE establece: «LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.- Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»;

Que, mediante Acción de Personal Nro. 0777, de fecha 25 de octubre del 2017, suscrita por la Dra. María Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud, se nombra al Dr. José Francisco Javier Flores como Director Ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS-;

En virtud de lo establecido por el artículo 55 del ERJAFE y en calidad de máxima autoridad de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS-;

Resuelve:

Art. 1.- Nombrar a la señora CLAUDIA ROBERTA ERAZO ARGUELLO como Delegada Provincial de la ACESS en la provincia de Esmeraldas; y delegar las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a. Otorgar, suspender, cancelar y restituir permisos de funcionamiento, licencias, registros, certificaciones y acreditaciones sanitarias de los establecimientos de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, pertenecientes al Sistema Nacional de Salud sujetos a vigilancia y control sanitario;

b. Atender y gestionar las acciones técnicas y administrativas relacionadas a los procesos de permiso de funcionamiento, control y vigilancia de los establecimientos de salud de su jurisdicción territorial;

c. Recibir y gestionar las solicitudes de dotación de los recetarios que contienen recetas especiales para la prescripción de medicamentos con sustancias estupefacientes y psicotrópicos;

d. Participar en las reuniones intersectoriales en el nivel provincial, en representación de la Agencia;

e. Atender de manera oportuna los requerimientos de la Dirección Ejecutiva de la ACESS y de los procesos habilitantes y agregadores de valor;

f. Coordinar, supervisar y controlar los procesos de planificación, administrativos y de talento humano en su jurisdicción;

g. Reportar al nivel central de la Agencia cualquier eventualidad suscitada con los servidores públicos de la ACESS en su jurisdicción;

h. Resolver las quejas, reclamos y consultas presentadas por los usuarios en su jurisdicción;

i. Direccionar las denuncias, quejas, reclamos y consultas presentadas por los usuarios que no se puedan resolver a nivel provincial hacia el nivel central de la Agencia;

j. Suscribir los convenios de pago presentados a solicitud de los administrados que hayan sido sancionados con multa dentro de un proceso sancionatorio por el cometimiento de infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud, cuando se trate de establecimientos de salud o de profesionales de la salud.

k. Las demás que sean asignadas por el Director Ejecutivo de la ACESS.

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 29

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- Encárguese de la ejecución de esta resolución a la Delegada Provincial de la ACESS en la provincia de Esmeraldas; y, de su notificación encárguese la Gestión Administrativa de Talento Humano.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito a los 16 días del mes de mayo de 2018.

f.) Dr. José Francisco Javier Vallejo Flores, Director Ejecutivo.

No. 0002-CONADIS-2018

EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL

PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES –

CONADIS

Considerando:

Que, mediante Ley Nro. 180, publicada en el Registro Oficial Nro. 996 de 10 de agosto de 1992, se expidió la Ley Sobre Discapacidades, cuyo objetivo era según lo dispuesto en su artículo 1 el de establecer un Sistema de Prevención de las discapacidades y la atención e integración de las personas con discapacidades, permitiéndoles equiparar las oportunidades para desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas;

Que, en el artículo 7 de la Ley ibídem, se creó el Consejo Nacional de Discapacidades con su domicilio en esta ciudad de Quito, como una persona jurídica de derecho público con autonomía operativa, patrimonio propio y presupuesto especial. Consejo que ejercía sus atribuciones a nivel nacional y era el encargado de dictar las políticas en materia de discapacidades, impulsar y realizar investigaciones, y coordinar las labores de los organismos y entidades de los sectores público y privado a los que compete la prevención o atención de discapacidades o la integración social de las personas con discapacidad;

Que, mediante Codificación realizada a la Ley Sobre Discapacidades, publicada en el Registro Oficial No. 301 de 06 de abril de 2001; de igual forma, en su artículo 5 se contempló la creación del Consejo Nacional de Discapacidades -CONADIS como persona jurídica de derecho público, autónoma, con patrimonio y presupuesto propio; ejerciendo las funciones y atribuciones que le asignaba esta ley, dentro de un régimen administrativo y económicamente descentralizado, mediante el traspaso de responsabilidades y recursos a sus comisiones provinciales y cantonales.

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República expedida mediante Decreto Legislativo Nro. 0 y publicada en el Registro Oficial Nro. 449 de 20 de octubre del 2008, establece que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo que supone una transformación de la estructura jurídica e institucional con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas como centro del andamiaje estatal, social y económico del país;

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la citada norma, establece como un deber primordial del Estado, el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos en ella establecidos y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador;

Que, el artículo 10 ibídem establece que todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales;

Que, el ejercicio de los derechos se rige por los principios consagrados en el artículo 11 de la Constitución de la República; entre ellos, el principio de igualdad y de no discriminación, así como la posibilidad de adoptar acciones afirmativas para los titulares que se encuentren en situación de desigualdad;

Que, el numeral 2 del artículo 11 de la citada norma establece el principio de igualdad y no discriminación de todas las personas en materia de derechos, deberes y oportunidades; y que prohíbe todo tipo de discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos;

Que, la Constitución de la República en su artículo 11 responsabiliza al Estado de la adopción de medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad;

Que, el numeral 9 del artículo 11 ibídem dispone que: «el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución»;

Que, en el artículo 66 de la Constitución de la República, se reconoce y garantiza a todas las personas la igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación como derechos de libertad. En este sentido, son principios de la política pública la equidad y la solidaridad como mecanismos redistributivos para alcanzar la igualdad en los resultados, conforme lo determina en su artículo 85;

Que, el artículo 156 de la Constitución del 2008 crea y define a los Consejos Nacionales para la Igualdad como los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución

30 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y les asigna atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana, disponiendo además que para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras, y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno;

Que, el artículo 157 de la de la citada norma señala que los Consejos Nacionales para la Igualdad se integrarán de forma paritaria por representantes de la sociedad civil y del Estado; estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva y su estructura se regulará por los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo;

Que, los sistemas para la garantía y protección de derechos establecidos en la Constitución de la República refuerzan el rol de los Consejos Nacionales para la Igualdad;

Que, el artículo 341, de la Constitución de la República obliga al Estado a generar las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social;

Que, el artículo 424 establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

Que, la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución de la República, dispone que los Consejos Nacionales de la Niñez Adolescencia, Discapacidades, Mujeres, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios, se constituirán en Consejos Nacionales para la Igualdad, para lo que adecuarán su estructura y funciones a la Constitución;

Que, mediante Ley Nro. 0, publicada en el Suplemento Registro Oficial Nro. 283 de 07 de julio del 2014, se expidió la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad cuyo objeto según su artículo 1 es, establecer su marco institucional y normativo, regular sus fines, naturaleza, principios, integración y funciones

de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador; y, la misma que es de aplicación obligatoria en todos los niveles de gobierno para los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas públicas, los organismos especializados para la igualdad, protección y garantía de derechos; y aquellos que sean parte de los Consejos Nacionales para la Igualdad;

Que, el artículo 4 de la citada Ley dispone que los Consejos Nacionales para la Igualdad son organismos de derecho público, con personería jurídica. Forman parte de la Función Ejecutiva, con competencias a nivel nacional y con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera; y no requerirán estructuras desconcentradas ni entidades adscritas para el ejercicio de sus atribuciones y funciones.

Que, el artículo 6 Ley de Consejos contempla 5 Consejos Nacionales para la Igualdad que son: 1. De género; 2. Intergeneracional; 3. De pueblos y nacionalidades; 4. De discapacidades; y, 5. De movilidad humana;

Que, el artículo 7 de la ibídem dispone que los Consejos Nacionales para la Igualdad estarán conformados paritariamente por consejeras y consejeros, representantes de las funciones del Estado y de la sociedad civil. Cada Consejo Nacional para la Igualdad se integrará por diez (10) consejeros en total, cada uno con su correspondiente suplente, de acuerdo con lo que determine el Reglamento de la presente Ley, durarán cuatro años en sus funciones podrán ser reelegidos por una sola vez, estarán presididos por el representante que la o el Presidente de la República designe para el efecto, quien tendrá voto dirimente;

Que, el 25 de mayo de 2015, mediante Decreto Ejecutivo No. 686, publicado en el Registro Oficial No. 521, de 12 de junio de 2015, se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, mediante el cual se norma su Organización;

Que, el artículo 3 del citado Reglamento dispone: «Las o los representantes y sus suplentes de la sociedad civil en los consejos nacionales para la igualdad, deberán ser sujetos destinatarios de la política pública conforme a todas las temáticas de género, de pueblos y nacionalidades, generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana, o tener amplia experiencia de las realidades de los grupos vulnerables. Además, deben acreditar vasto conocimiento de las problemáticas del país, de su historia, su economía, situación geopolítica y de las realidades internacionales.»;

Que, el artículo 4 ibídem dispone: «Las y los Consejeros de las Funciones del Estado o sus suplentes permanentes ante cada Consejo Nacional para la Igualdad serán nombrados por la máxima autoridad de cada una de las funciones del Estado, quien designará, a su representante y a su respectivo suplente ante cada uno de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Cada consejo estará conformado por: a) Un/a representante de la Función Ejecutiva, designado por la o el Presidente de la República; b) Un/a representante de la Función Legislativa, designado por la o el Presidente de la Asamblea Nacional; c) Un/a representante de la

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 31

Función Judicial, designado por el pleno de la Corte Nacional de Justicia; d) Un/a representante de la Función de Transparencia y Control Social, designado por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y, e) Un/a representante de la Función Electoral designado por el pleno del Consejo Nacional Electoral. «;

Que, el numeral 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, dispone que para ejercer atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, discapacidades y movilidad humana, los Consejos Nacionales para la Igualdad, tendrán en otras, funciones para establecer y realizar el seguimiento, y la evaluación de las políticas de acción afirmativa. Para lo cual desarrollarán indicadores y otros instrumentos de seguimiento que permitan evaluar el avance obtenido en el logro de sus objetivos de igualdad;

Que, el literal d) del artículo 8 del Reglamento General a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, dispone que el Pleno del Consejo tendrá las funciones establecidas en el artículo 9 de la Ley; y, además de desarrollar los lineamientos para la coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la garantía y protección de derechos en todos los niveles de gobierno;

Que, mediante Resolución Nro. 0061-DE-2017 de 13 de octubre de 2017, se aprobó a «REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES – CONADIS»;

Que, luego del proceso correspondiente, fueron posesionados los miembros del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS y el mismo que se encuentra integrado en representación de las Funciones del Estado por: XAVIER TORRES CORREA, en su calidad de Representante de la Función Ejecutiva y como tal Presidente del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, conforme a designación dada por el señor Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo Nro. 967 de 17 de marzo del 2016. CARLOS ALBERTO BERGMANN REYNA, en su calidad de Representante de la Función Legislativa, conforme a su designación dada mediante Oficio Nro. PAN-JSS-2017-1482 de 29 de noviembre del 2017. SEBASTIÁN VÁSQUEZ RODAS, en su calidad de Representante de la Función Judicial, conforme a su designación dada mediante Oficio Nro. 872-SP-CNJ-2017 de 28 de agosto de 2017. JUAN MARÍA ANGAMARCA ANGAMARCA, en su calidad de Representante de la Función Transparencia y Control Social, conforme a su designación dada mediante Resolución Nro. PLE-CPCCS-860-19-12-2017. MARÍA GABRIELA VILLAGOMEZ DÁVALOS, en su calidad de Representante de la Función Electoral, conforme a su designación dada mediante Resolución PLE-CNE-1-1-6-2016 de 1 de junio del 2016; y, en represen­tación de la Sociedad Civil por: MARÍA CRISTINA KRONFLE GÓMEZ, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0392. ALBERTO VTNICIO BAQUERO QUIROLA, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0391.

DIANA DEL CARMEN LÓPEZ AL VARADO, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0394. RAÚL IVÁN PAZMTÑO MONGE, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0396. CHRISTIAN OLIVER SALINAS CORONEL, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0397.

Que, el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la cual nuestro país es suscriptor desde el año 2008, dispone que:»Art. 3.- Principios generales Los principios de la presente Convención serán: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f La accesibilidad;»

Que, el artículo 4 Ibídem, dispone que: «Art. 4.- Obligaciones generales 1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;»

Que, los artículos 5, 6, 10 y 12 de la citada Convención, con respecto a la capacidad legal de las personas con discapacidad, disponen: «Art. 5.- Igualdad y no discriminación 1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. (…) » “Art. 6.-Mujeres con discapacidad 1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. » “Art. 10.- Derecho a la vida Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. » «Art. 12.-Igual reconocimiento como persona ante la ley 1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de

32 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. «

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), la misma tiene por objeto garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural.

Que, el segundo inciso, numeral 1 del artículo 4 Ibídem, indica: «Art. 4.- Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y fundamenta en los siguientes principios: 1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de discapacidad. La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de género, generacional e intercultural;»

Que, conforme a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 16 de la citada Ley Orgánica de Discapacidades (LOD): «£7 Estado a través de sus organismos y entidades reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales y esta ley, y su aplicación directa por parte de las o los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de parte; así como también por parte de las personas naturales y jurídicas privadas. (…)»

Que, con respecto a las Medidas de Acción Afirmativa el artículo 17 Ibídem, dispone: «Art. 17.- Medidas de acción afirmativa.- El Estado, a través de los organismos competentes, adoptará las medidas de acción afirmativa en el diseño y la ejecución de políticas públicas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad que se encontraren en situación de desigualdad. Para el reconocimiento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de políticas públicas, así como para el cumplimiento de obligaciones, se observará la situación real y condición humana de vulnerabilidad en la que se encuentre la persona con discapacidad, y se le garantizará los derechos propios de su situación particular. «;

Que, los artículos 74 y 80 de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), regulan la Importación de bienes e Importación y compra de vehículos ortopédicos y no ortopédicos, las mismas que deberán ser autorizada por la autoridad aduanera, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, en concordancia con el artículo 29 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades;

Que, el segundo inciso del artículo 22 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), dispone: «Art. 28. – Importación de bienes. – La autoridad aduanera podrá autorizar concomitantemente la importación de uno o varios bienes, para uso exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su atención, de acuerdo a la clasificación establecida en la Ley Orgánica de Discapacidades. «

Que, mediante Resolución del SENAE Nro. 111, publicada en la Edición Especial Nro. 266 del Registro Oficial de 10 de febrero del 2015, el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, expidió los Requisitos Generales para la Importación de Mercancías con Exoneración Tributaria para Uso de Personas con Discapacidad;

Que, conforme se desprende del Acta de Reuniones de fecha 05 de enero del 2018, suscrita por representantes del Ministerio de Salud Pública y del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS); una vez analizada la Resolución del SENAE Nro. 111, se estableció el procedimiento determinado para la importación de Mercancías con Exoneración Tributaria para Uso de Personas con Discapacidad no era el adecuado, ya que el mismo conllevaba la intervención del Ministerio de Salud Pública; ya que dicha Entidad debía llenar el formulario denominado «Certificado 420 para la importación de bienes» (Artículo 2 Resolución del SENAE Nro. 111), lo que ocasionaba un retardo de hasta 15 meses desde el inicio del trámite de importación hasta la conclusión del mismo; generando de esta manera un represamiento innecesario de solicitudes de personas con discapacidad.

Que, mediante Oficio Nro. CONADIS-PRE-2018-0082-O de 12 enero del 2018, el Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), remitió al Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la Ministra del Ministerio de Salud Pública, el Informe de Pertinencia para la Simplificación de Trámites de Importación de Vehículos Ortopédicos y No Ortopédicos para Personas con Discapacidad;

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 33

Que, mediante Oficio Nro. SENAE-SENAE-2018-0038-OF de 19 de enero del 2018, el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en respuesta a Oficio Nro. CONADIS-PRE-2018-0082-O, manifiesta en lo principal: «Por todo lo expuesto, reiteramos nuestro compromiso en la política pública para agilizar los trámites realzados por las personas con discapacidad por ser un grupo de atención prioritaria, en el ámbito de las competencias técnicas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, relacionadas con las facultades tributarias de determinación, de resolución, se sanción y reglamentaria en materia aduanera, y a su vez nos permitimos sugerir respecto a la simplificación del proceso, que el Ministerio de Salud Pública considere una revisión a su proceso en cuanto al número y necesidad de formularios internos que sirven de insumo para la emisión del certificado 420 transmitido a través de a VUE. «;

Que, mediante Oficio Nro. MSP-VAIS-2018-0022-O de 30 de enero del 2018, el Ministerio de Salud Pública en respuesta a Oficio Nro. CONADIS-PRE-2018-0082-O, remite el Informe Técnico elaborado por la Dirección Nacional de Discapacidades y el mismo que concluye en lo principal: «1. El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Discapacidades se ratifica en el cumplimiento de sus atribuciones sobre la calificación de la discapacidad y emite la acreditación a través del carné, que es el documento habilitante para acceder a los beneficios establecidos en la Ley, por lo que acoge el nuevo proceso recomendado por el CONADIS, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley y su Reglamento. 2.- La SENAE a través del Buss de Datos podrá acceder a la información de la calificación de la discapacidad a fin de verificar los datos cuando lo considere necesario y autorizar, como lo establece la Ley Orgánica de Discapacidades, el proceso de importación vehicular.(…) «;

Que, con fecha 05 de febrero del 2018, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), emite el Informe Técnico para la Simplificación de Trámites de Importación de Bienes para personas con Discapacidad. En dicho Informe se presenta la «Propuesta Técnica de Simplificación en el Proceso de Importación para Personas Naturales con Discapacidad»; y, la «Propuesta Técnica de Simplificación en el Proceso de Importación para Personas Jurídicas que atiendan a Personas con Discapacidad»

Que, en Reunión mantenida el 07 de febrero del 2018 en las instalaciones del CONADIS, entre el Presidente y la Secretaría Técnica de este Consejo, el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la Ministra del Ministerio de Salud Pública; se presentó el Informe Técnico para la Simplificación de Trámites de Importación de Bienes para personas con Discapacidad, conjuntamente con la «Propuesta Técnica de Simplificación en el Proceso de Importación para Personas Naturales con Discapacidad»; y, la «Propuesta Técnica de Simplificación en el Proceso de Importación para Personas Jurídicas que atiendan a Personas con Discapacidad», y las mismas que fueron tratadas y aprobadas;

Que, en Reunión mantenida el 14 de febrero del 2018 en las instalaciones del CONADIS, con representantes de la

Aduana, Ministerio de Salud Pública, Servicio de Rentas Internas y CONADIS; se acordó que para efectos de simplificar el trámite de importación de bienes y vehículos; la SENAE realizará una modificación a su plataforma informática VUE en lo referente a la exigencia del RUC para los beneficiarios con discapacidad y sus familias.

Que, la Política Pública se fundamenta en el principio progresividad y no regresividad de la norma, establecido numeral 8 del artículo 11 de la Constitución que dispone: «Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: // 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. «

Que, este principio no constituye un mero enunciado, sino que el mismo lleva implícito la responsabilidad del Estado de garantizar el respeto a los derechos constitucionales. En el caso que nos ocupa el artículo 35 de la Constitución de la República, dispone que las personas con discapacidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, lo cual propende a superar las desigualdades materiales existentes y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva mediante la adopción de medidas positivas en favor de grupos discriminados o marginados, a fin de reforzar la protección de aquellas que por si condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad.

Que, en observancia al principio de progresividad y no regresividad, los derechos constitucionales de las personas con discapacidad tienen tal importancia que, una vez establecidos o consagrados en la Constitución o los instrumentos internacionales; y, las Leyes, no pueden ser disminuidos, desmejorados ni eliminados; de este modo, la progresividad de los derechos constituye un mandato para los poderes públicos, en virtud de la cual, ninguna norma jurídica, entidad o persona puede menoscabar un derecho previamente reconocido, ni privar a las personas de condiciones de protección adquiridas o colocarlas en situación de vulnerabilidad.

En virtud de las consideraciones expuestas y en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 156 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9, artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y en el literal d) del artículo 8 de su Reglamento General

Resuelven:

EXPEDIR LA POLÍTICA PÚBLICA PARA

LA SIMPLIFICACIÓN EN EL PROCESO DE

IMPORTACIÓN DE BIENES PARA PERSONAS

NATURALES CON DISCAPACIDAD Y PARA

PERSONAS JURÍDICAS QUE ATIENDAN A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD»34 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

Artículo 1. Objeto.- La presente Política Pública tiene por objeto reformar el segundo inciso del artículo 2 de la Resolución del SENAE Nro. 111, publicada en la Edición Especial Nro. 266 del Registro Oficial de 10 de febrero del 2015, mediante la cual el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, expidió los Requisitos Generales para la Importación de Mercancías con Exoneración Tributaria para Uso de Personas con Discapacidad; ya que dicho artículo actualmente dispone:

«Art. 2.- Autoridad competente, procedimiento: La autoridad competente es el Director Distrital o su delegado, quien a solicitud de la persona con discapacidad o la persona jurídica encargada de s atención, procederá a emitir el acto administrativo correspondiente de exención de tributos a comercio exterior, de conformidad con la normativa vigente.

En la solicitud de exoneración, la persona con discapacidad o la persona jurídica encargada de su atención deberá indicar el número de la autorización correspondiente al formulario denominado «Certificado 420 para la importación de bienes «, el cual es generado en la Ventanilla Única Ecuatoriana y es conferido por los profesionales autorizados.

El acto administrativo constituirá documento de soporte para el proceso de despacho. El beneficiario de la exención presentará en el distrito de arribo de la mercancía una declaración aduanera a la que deberá adjuntar los documentos de soporte y de acompañamiento que correspondan. «

Se reformará el texto del artículo por el siguiente:

‘Art. 2.- Autoridad competente, procedimiento: La autoridad competente es el Director Distrital o su delegado, quien a solicitud de la persona con discapacidad o la persona jurídica encargada de su atención, procederá a emitir el acto administrativo correspondiente de exención de tributos a comercio exterior, de conformidad con la normativa vigente.

En el permiso de exoneración, la persona con discapacidad o la persona jurídica encargada de su atención deberá realizar personalmente el procedimiento establecido en el Formulario denominado «Del Procedimiento», en el «Formulario para la Simplificación en el Proceso de Importación para Personas Naturales con Discapacidad»; y, en el «Formulario para la Simplificación en el Proceso de Importación para Personas Jurídicas que atiendan a Personas con Discapacidad»; según el caso.

El acto administrativo constituirá documento de soporte para el proceso de despacho. El beneficiario de la exención presentará en el distrito de arribo de la mercancía una declaración aduanera a la que deberá adjuntar los documentos de soporte y de acompañamiento que correspondan. «

Artículo 2.- Comité de Seguimiento.- Agréguese a continuación del artículo 2 de la Resolución del SENAE Nro. 111, publicada en la Edición Especial Nro. 266 del

Registro Oficial de 10 de febrero del 2015, mediante la cual el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, expidió los Requisitos Generales para la Importación de Mercancías con Exoneración Tributaria para Uso de Personas con Discapacidad; el siguiente artículo:

«Art. 3. Comité de Seguimiento.- Con el objetivo de realizar el control respecto del buen uso de los vehículos importados, confórmese el Comité de Seguimiento integrado por funcionarios de las siguientes Dependencias:

1.- Un representante del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS.

2.- Un representante del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE.

3.- Un representante del Servicio de Rentas Internas – SRI.

4.- Un representante de la sociedad civil del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades -CONADIS.

Para realizar el control respecto del buen uso de los vehículos importados, dicho Comité se reunirá por lo menos una vez al mes, en las oficinas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS; producto de lo cual se realizará el Informe respectivo y el mismo que será puesto en conocimiento de las máximas autoridades de cada Dependencia. «

Artículo 2.- Plazo.- Para los fines pertinentes se EXHORTA al Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; para que en el plazo de 45 días a partir de la suscripción de la presente Resolución, realice reformas legales y modificaciones tecnológicas necesarias, para la implementación de la presente Política Pública en beneficio de las personas con discapacidad.

COMUNIQÚESE.- Dada por el Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), en el Distrito Metropolitano de Quito, en sesión mantenida el 20 de febrero del 2018.

f.) Sr. Xavier Torres Correa, Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS.

f.) Sr. Carlos Alberto Bergmann Reyna, Representante de la Función Legislativa.

f.) Sr. Sebastián Vásquez Rodas, Representante de la Función Judicial.

f.) Sra. Juan María Angamarca Angamarca, Representante de la Función Transparencia y Control Social.

f.) Sra. María Gabriela Villagómez Dávalos, Representante de la Función Electoral.

f.) Sra. María Cristina Kronfle Gómez, Representante de la Sociedad Civil.

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 35

f.) Sr. Alberto Vinicio Baquero Quirola, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sra. Diana Del Carmen López Alvarado, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sr. Raúl Iván Pazmiño Monge, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sr. Christian Oliver Salinas Coronel, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Abg. Winston Bolaños, Secretario Ad-Hoc.

RAZÓN.- Siento por tal que conforme se desprende las Actas de las Sesiones del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el Consejero Carlos Bergman NO asistió a la Sesión en la cual se aprobó la presente Resolución.- Lo certifico.

f.) Abg. Winston Bolaños, Secretario Ad-Hoc.

«Detalle del bien a importar (señale con una X la opción)’

Tipo de Bien a Importar

Ayuda técnica (Según Ley Orgánica de Discapacidades, Art. 74)

Prótesis para personas con discapacidad auditiva, visual o física

Órtesis

Equipos, medicamentos y elementos necesarios para su rehabilitación

Equipos, maquinarias y útiles de trabajo, especialmente diseñados y adaptados para ser usados por personas con discapacidad

Elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, higiene, autonomía y seguridad

Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación, deporte y recreación

Elementos y equipos de tecnología de la información, de las comunicaciones y señalización

Equipos, maquinarias y toda materia prima que sirva para elaborar productos de uso exclusivo para personas con discapacidad

Breve detalle de la ayuda técnica

Describir brevemente la especificación del bien que se va a importar

Adjuntos obligatorios

• Escaneado de la cédula de ciudadanía

En el caso de importación de vehículos, se deberá adjuntar adicionalmente:

* Escaneado de la proforma del vehículo a importar, sujeto a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Discapacidades: 1. Vehículos Ortopédicos, no ortopédicos y o adaptados para uso personal, cuyo precio FOB sea de hasta un monto equivalente hasta sesenta (60) salarios básicos unificados del trabajador en general.

* Escaneado de la declaración juramentada ante notario público del buen uso del vehículo para persona con discapacidad, además deberá constar quien es el primero, segundo y tercer conductor asignado, en caso de que la persona con discapacidad no pueda conducir.

En caso de importación de bienes, se deberá adjuntar adicionalmente:

* Escaneado de la proforma del bien a importar.

* Campos obligatorios que el usuario debe llenar

Cláusula Final: «La persona que suscribe el presente formularlo asume las responsabilidades civiles, penales y administrativas sobre la veracidad de la v Información contenida»

Tipo de Bien a Importar

Vehículo Ortopédico

Automático con mandos manuales

Automático con rampa o elevador de acceso

Mecánico con rampa

Automático con adaptaciones tecnológicas extras

Mecánico con adaptaciones tecnológicas extras

Vehículo No Ortopédico

Automático

Mecánico

Tipo de Bien a Importar

Ayuda técnica (Según Ley Orgánica de Discapacidades, Art. 74)

Prótesis para personas con discapacidad auditiva, visual o física

Órtesis

Equipos, medicamentos y elementos necesarios para su rehabilitación

Equipos, maquinarias y útiles de trabajo, especialmente diseñados y adaptados para ser usados por personas con discapacidad

Elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, higiene, autonomía y seguridad

Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación, deporte y recreación

Elementos y equipos de tecnología de la información, de las comunicaciones y señalización

«Detalle del bien a importar (señale con una X la opción)’1

Tipo de Bien a Importar

Breve detalle de (a ayuda técnica

Describir brevemente la especificación del bien que se va a importar

Adjuntos obligatorios

• Escaneado del RUC.
• Escaneado de los últimos estatutos aprobados
• Escaneado del nombramiento del Representante Legal
• Escaneado del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias { Documento Emitidlo por el SRI)

• Escaneado de la Certificación de Existencia Legal de las Organizaciones Sociales ( Documento otorgado por el ministerio que entrego el acuerdo ministerial según su competencia)

En el caso de importación de vehículos, se deberá adjuntar adicional mente:

• Escaneado de la proforma del vehículo a importar, sujeto a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Discapacidades: 2. Vehículos Ortopédicos, no ortopédicos y o adaptados de transporte colectivo, cuyo precio FOB sea de hasta un monto equivalente hasta ciento veinte (120) salarios básicos unificados del trabajador en general.
• Escaneado de la declaración juramentada ante notario público del buen uso del vehículo para el translado de las personas con discapacidad, además deberá constar quien es el primero, segundo conductor asignado.

En caso de importación de bienes, se deberá adjuntar adicionalmente:

» Escaneado de 1a proforma del bien a importar.

• Campos obligatorios que el usuario debe llenar

Clausula Final: «La persona que suscribe el presente formulario asume las responsabilidades civiles, penales y administrativas sobre la veracidad de la información contenida»

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA DE SIMPLIFICACIÓN EN EL PROCESO DE IMPORTACIÓN DE BIENES Y VEHÍCULOS PARA PERSONAS NATURALES CON DISCAPACIDAD

• Las personas calificadas con discapacidad y que tengan el carné emitido por el CONADIS realizarán el proceso de recalificación por el Ministerio de Salud Pública para poder acceder al trámite de importación.
• Las rsonas que se encuentran calificadas y tengan el carné de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública accederán al trámite de importación SIN necesidad de recalificación.

1. La persona natural con discapacidad o su representante legal, adquirirá de forma personal el Certificado de Firma Electrónica (Token), en las oficinas del Registro Civil, Identificación y Cedulación.
2. La persona natural con discapacidad o su representante legal, deberá cumplir con los requisitos establecidos para este procedimiento. Estos requisitos se señalarán en un instructivo que será publicado en la página web del CONADIS.www.consejodiscapacidades.gob.ec
3. La persona natural con discapacidad o su representante legal accede a la página web de la SENAE (www.aduana.gob.ec), al link de la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE).
4. En la VUE deberá llenar el «Formulario de Importación de Bienes y Vehículos para Personas Naturales con Discapacidad» y anexar los adjuntos obligatorios (requisitos).
5. El Ministerio de Salud Pública abastecerá a la SENAE con los datos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, mediante interconexión con la DINARDAP. Esta información ya cuenta con los parámetros de validación y seguridad cruzada con el Registro Civil y con el Ministerio de Salud Pública.
6. SENAE, realizará la verificación de la información de los Adjuntos Obligatorios anexos a la Solicitud.
7. SENAE procederá al trámite interno para la exoneración del pago de tributos al comercio exterior, impuestos al valor agregado e impuesto a consumos especiales, según lo determina la Ley Orgánica de Discapacidades en su artículo 80.
8. La Persona con Discapacidad o su Representante Legal será notificado del progreso y las novedades del trámite por la SENAE, a través de su correo electrónico.

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 39

PROPUESTA TÉCNICA DE SIMPLIFICACIÓN EN EL PROCESO DE IMPORTACIÓN DE BIENES Y VEHÍCULOS DE PERSONAS JURÍDICAS QUE ATIENDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1. La persona jurídica que tengan legalmente bajo su protección, atención y cuidado a personas con discapacidad adquirirá ejerciendo la representación legal, el Certificado de Firma Electrónica (Token), en las oficinas del Registro Civil, Identificación y Cedulación, para acceder al trámite de importación.
2. La persona jurídica deberá cumplir con los requisitos establecidos para este procedimiento. Estos requisitos se señalarán en un instructivo que será publicado en la página web del CONADIS.www.consejodiscapacidades.gob.ec
3. La persona jurídica accede a la página web de la SENAE (www.aduana.gob.ec). al link de VENTANILLA ÚNICA ECUATORIANA (VUE).
4. En la VUE deberá llenar el «Formulario de Importación de Bienes y Vehículos» para Personas Jurídicas dedicadas a la atención de Personas con Discapacidad» y anexar los adjuntos obligatorios (requisitos).
5. SENAE, realizará la verificación los Adjuntos Obligatorios anexos a la Solicitud.
6. SENAE procederá al trámite interno para la exoneración del pago de tributos al comercio exterior, impuestos al valor agregado e impuesto a consumos especiales, según lo determina la Ley Orgánica de Discapacidades, en su artículo 80.
7. La Persona Jurídica que brinda atención y/o cuidado a Personas con Discapacidad y/o su Representante legal, serán notificados del progreso y las novedades del trámite por la SENAE, a través de su correo electrónico.

No. 0004-CONADIS-2018

EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL

PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES

-CONADIS

Considerando:

Que, el artículo 4 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Obligaciones generales 1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas

las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad

Que, los artículos 5, 6, 10 y 12 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la cual nuestro país es suscriptor desde el año 2008, con respecto a la capacidad legal de las personas con discapacidad, disponen: «Art. 5.- Igualdad y no discriminación 1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. (…)» «Art. 6.-Mujeres con discapacidad

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. » “Art. 10.- Derecho a la vida Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. » ‘Art. 12.- Igual reconocimiento como persona ante la ley 1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. «

40 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

Que, el literal a), numeral 1 del artículo 23 de la citada Convención, con respecto al Matrimonio de las personas con discapacidad dispone que: «Art. 23.-Respeto del hogar y de la familia // 1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que: a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;»

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la citada norma, establece como un deber primordial del Estado, el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos en ella establecidos y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador;

Que, el artículo 10 ibídem establece que todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales;

Que, el ejercicio de los derechos se rige por los principios consagrados en el artículo 11 de la Constitución de la República; entre ellos, el principio de igualdad y de no discriminación, así como la posibilidad de adoptar acciones afirmativas para los titulares que se encuentren en situación de desigualdad;

Que, el numeral 2 del artículo 11 de la citada norma establece la igualdad de todas las personas en materia de derechos, deberes y oportunidades; al tiempo que prohíbe todo tipo de discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos;

Que, la Constitución de la República en su artículo 11 responsabiliza al Estado de la adopción de medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad;

Que, el numeral 9 del artículo 11 ibídem dispone que: «el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución»;

Que, el artículo 48 de la Carta Magna dispone «El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: 7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad.»

Que, en el artículo 66 de la Constitución de la República, se reconoce y garantiza a todas las personas la igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación como derechos de libertad. En este sentido, son principios de la política pública la equidad y la solidaridad como mecanismos redistributivos para alcanzar la igualdad en los resultados, conforme lo determina en su artículo 85;

Que, el artículo 67 y 68 del mismo cuerpo legal establecen: «Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes… «; Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.

Que, el artículo 341, de la Constitución de la República obliga al Estado a generar las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social;

Que el Art. 424 de la Carta Magna señala: «La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.»

Que, los sistemas para la garantía y protección de derechos establecidos en la Constitución de la República refuerzan el rol de los Consejos Nacionales para la Igualdad;

Que, el artículo 156 de la Constitución del 2008 crea y define a los Consejos Nacionales para la Igualdad como los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y les asigna atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana, disponiendo además que para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras, y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobieno;

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 41

Que, el artículo 157 de la de la citada norma señala que los Consejos Nacionales para la Igualdad se integrarán de forma paritaria por representantes de la sociedad civil y del Estado; estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva y su estructura se regulará por los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo;

Que, mediante Ley Nro. 180, publicada en el Registro Oficial Nro. 996 de 10 de agosto de 1992, se expidió la Ley Sobre Discapacidades, cuyo objetivo era según lo dispuesto en su artículo 1 el de establecer un Sistema de Prevención de las discapacidades y la atención e integración de las personas con discapacidades, permitiéndoles equiparar las oportunidades para desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas;

Que, en el artículo 7 de la Ley ibídem, se creó el Consejo Nacional de Discapacidades con su domicilio en esta ciudad de Quito, como una persona jurídica de derecho público con autonomía operativa, patrimonio propio y presupuesto especial. Consejo que ejercía sus atribuciones a nivel nacional y era el encargado de dictar las políticas en materia de discapacidades, impulsar y realizar investigaciones, y coordinar las labores de los organismos y entidades de los sectores público y privado a los que compete la prevención o atención de discapacidades o la integración social de las personas con discapacidad;

Que, mediante Codificación realizada a la Ley Sobre Discapacidades, publicada en el Registro Oficial No. 301 de 06 de abril de 2001; de igual forma, en su artículo 5 se contempló la creación del Consejo Nacional de Discapacidades-CONADIS como persona jurídica de derecho público, autónoma, con patrimonio y presupuesto propio; ejerciendo las funciones y atribuciones que le asignaba esta ley, dentro de un régimen administrativo y económicamente descentralizado, mediante el traspaso de responsabilidades y recursos a sus comisiones provinciales y cantonales.

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República expedida mediante Decreto Legislativo Nro. 0 y publicada en el Registro Oficial Nro. 449 de 20 de octubre del 2008, establece que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo que supone una transformación de la estructura jurídica e institucional con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas como centro del andamiaje estatal, social y económico del país;

Que, la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución de la República, dispone que los Consejos Nacionales de la Niñez Adolescencia, Discapacidades, Mujeres, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios, se constituirán en Consejos Nacionales para la Igualdad, para lo que adecuarán su estructura y funciones a la Constitución;

Que, mediante Ley Nro. 0, publicada en el Suplemento Registro Oficial Nro. 283 de 07 de julio del 2014, se expidió la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad cuyo objeto según su artículo 1 es, establecer su marco institucional y normativo, regular

sus fines, naturaleza, principios, integración y funciones de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador; y, la misma que es de aplicación obligatoria en todos los niveles de gobierno para los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas públicas, los organismos especializados para la igualdad, protección y garantía de derechos; y aquellos que sean parte de los Consejos Nacionales para la Igualdad;

Que, el artículo 4 de la citada Ley dispone que los Consejos Nacionales para la Igualdad son organismos de derecho público, con personería jurídica. Forman parte de la Función Ejecutiva, con competencias a nivel nacional y con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera; y no requerirán estructuras desconcentradas ni entidades adscritas para el ejercicio de sus atribuciones y funciones.

Que, el artículo 6 Ley de Consejos contempla 5 Consejos Nacionales para la Igualdad que son: 1. De género; 2. Intergeneracional; 3. De pueblos y nacionalidades; 4. De discapacidades; y, 5. De movilidad humana;

Que, el artículo 7 de la ibídem dispone que los Consejos Nacionales para la Igualdad estarán conformados paritariamente por consejeras y consejeros, representantes de las funciones del Estado y de la sociedad civil. Cada Consejo Nacional para la Igualdad se integrará por diez (10) consejeros en total, cada uno con su correspondiente suplente, de acuerdo con lo que determine el Reglamento de la presente Ley, durarán cuatro años en sus funciones podrán ser reelegidos por una sola vez, estarán presididos por el representante que la o el Presidente de la República designe para el efecto, quien tendrá voto dirimente;

Que, el 25 de mayo de 2015, mediante Decreto Ejecutivo No. 686, publicado en el Registro Oficial No. 521, de 12 de junio de 2015, se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, mediante el cual se norma su Organización;

Que, el artículo 3 del citado Reglamento dispone: «Las o los representantes y sus suplentes de la sociedad civil en los consejos nacionales para la igualdad, deberán ser sujetos destinatarios de la política pública conforme a todas las temáticas de género, de pueblos y nacionalidades, generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana, o tener amplia experiencia de las realidades de los grupos vulnerables. Además, deben acreditar vasto conocimiento de las problemáticas del país, de su historia, su economía, situación geopolítica y de las realidades internacionales.»;

Que, el artículo 4 ibídem dispone: «Las y los Consejeros de las Funciones del Estado o sus suplentes permanentes ante cada Consejo Nacional para la Igualdad serán nombrados por la máxima autoridad de cada una de las funciones del Estado, quien designará, a su representante y a su respectivo suplente ante cada uno de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Cada consejo estará conformado por: a) Un/a representante de la Función Ejecutiva, designado por la o el Presidente de la República; b) Un/a representante de la Función Legislativa, designado por la o el Presidente de la Asamblea Nacional; c) Un/a representante de la

42 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

Función Judicial, designado por el pleno de la Corte Nacional de Justicia; d) Un/a representante de la Función de Transparencia y Control Social, designado por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y, e) Un/a representante de la Función Electoral designado por el pleno del Consejo Nacional Electoral. «;

Que, el numeral 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, dispone que para ejercer atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, discapacidades y movilidad humana, los Consejos Nacionales para la Igualdad, tendrán en otras, funciones para establecer y realizar el seguimiento, y la evaluación de las políticas de acción afirmativa. Para lo cual desarrollarán indicadores y otros instrumentos de seguimiento que permitan evaluar el avance obtenido en el logro de sus objetivos de igualdad;

Que, el literal d) del artículo 8 del Reglamento General a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, dispone que el Pleno del Consejo tendrá las funciones establecidas en el artículo 9 de la Ley; y, además de desarrollar los lineamientos para la coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la garantía y protección de derechos en todos los niveles de gobierno;

Que, mediante Resolución Nro. 0061-DE-2017 de 13 de octubre de 2017, se aprobó a «REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIÓN AL POR PROCESOS DE DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES – CONADIS»;

Que, luego del proceso correspondiente, fueron posesionados los miembros del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS y el mismo que se encuentra integrado en representación de las Funciones del Estado por: XAVIER TORRES CORREA, en su calidad de Representante de la Función Ejecutiva y como tal Presidente del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, conforme a designación dada por el señor Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo Nro. 967 de 17 de marzo del 2016. CARLOS ALBERTO BERGMANN REYNA, en su calidad de Representante de la Función Legislativa, conforme a su designación dada mediante Oficio Nro. PAN-JSS-2017-1482 de 29 de noviembre del 2017. SEBASTIÁN VÁSQUEZ RODAS, en su calidad de Representante de la Función Judicial, conforme a su designación dada mediante Oficio Nro. 872-SP-CNJ-2017 de 28 de agosto de 2017. JUAN MARÍA ANGAMARCA ANGAMARCA, en su calidad de Representante de la Función Transparencia y Control Social, conforme a su designación dada mediante Resolución Nro. PLE-CPCCS-860-19-12-2017. MARÍA GABRIELA VILLAGOMEZ DÁVALOS, en su calidad de Representante de la Función Electoral, conforme a su designación dada mediante Resolución PLE-CNE-1-1-6-2016 de 1 de junio del 2016; y, en represen­tación de la Sociedad Civil por: MARÍA CRISTINA KRONFLE GÓMEZ, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0392. ALBERTO VTNICIO BAQUERO QUIROLA, conforme a posesión

efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0391. DIANA DEL CARMEN LÓPEZ AL VARADO, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0394. RAÚL IVÁN PAZMTÑO MONGE, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0396. CHRISTIAN OLIVER SALINAS CORONEL, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0397, dentro del Sumario Administrativo N° SUM-DISCP-001-2017

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), la misma tiene por objeto garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la citada Ley Orgánica: «Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho (…) «;

Que, el segundo inciso, numeral 1 del artículo 4 Ibídem, indica: «Art. 4.- Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y fundamenta en los siguientes principios: 1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de discapacidad. La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de género, generacional e intercultural;»

Que, el literal d) del artículo 5 de la citada Ley, dispone que se encuentran amparados por ésta las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad;

Que, conforme a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 16 de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD): «El Estado a través de sus organismos y entidades reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales y esta ley, y su aplicación directa por parte de las o los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de parte; así como también por parte de las personas naturales y jurídicas privadas. Se reconoce los derechos establecidos en esta Ley en lo que les sea aplicable a las personas con deficiencia o condición discapacitante, y a las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho o representante legal que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad. «

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 43

Que, con respecto a las Medidas de Acción Afirmativa el artículo 17 Ibídem, dispone: «Art. 17.- Medidas de acción afirmativa.- El Estado, a través de los organismos competentes, adoptará las medidas de acción afirmativa en el diseño y la ejecución de políticas públicas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad que se encontraren en situación de desigualdad. Para el reconocimiento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de políticas públicas, así como para el cumplimiento de obligaciones, se observará la situación real y condición humana de vulnerabilidad en la que se encuentre la persona con discapacidad, y se le garantizará los derechos propios de su situación particular. «;

Que, el artículo 77 de la citada Ley Orgánica dispone que: «Art. 77.- Tasas y/o tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación.- Las personas con discapacidad se encuentran exentas del pago de las tasas y/o tarifas por servicios notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación, así como por la obtención de su pasaporte. «

Que, el segundo inciso del artículo 22 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), dispone: «Art. 22.- Excepciones.- Como excepción a la aplicación de la tabla se considerará (…).Las tasas y tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación se encuentran exentas de pago por parte de las personas con discapacidad, según el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades.»

Que, en reuniones de trabajo mantenidas con el Director del Registro Civil, Identificación y Cedulación, se conoció que la exención contemplada en el artículo 77 Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), solo se aplicaba a la persona con discapacidad y no a su futuro cónyuge; en tal razón, se procedía solo con la deducción del 50% del valor de la tasa por el servicio de matrimonio, cuando dicho artículo claramente dispone una exención (no pago) y no una deducción (rebaja);

Que, la Política Pública se fundamenta en el principio progresividad y no regresividad de la norma, establecido numeral 8 del artículo 11 de la Constitución que dispone: «Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: // 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. «

Que, este principio no constituye un mero enunciado, sino que el mismo lleva implícito la responsabilidad del Estado de garantizar el respeto a los derechos constitucionales. En el caso que nos ocupa el artículo 35 de la Constitución de la República, dispone que las personas con discapacidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, lo cual propende a superar

las desigualdades materiales existentes y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva mediante la adopción de medidas positivas en favor de grupos discriminados o marginados, a fin de reforzar la protección de aquellas que por si condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad.

Que, en observancia al principio de progresividad y no regresividad, los derechos constitucionales de las personas con discapacidad tienen tal importancia que, una vez establecidos o consagrados en la Constitución o los instrumentos internacionales; y, las Leyes, no pueden ser disminuidos, desmejorados ni eliminados; de este modo, la progresividad de los derechos constituye un mandato para los poderes públicos, en virtud de la cual, ninguna norma jurídica, entidad o persona puede menoscabar un derecho previamente reconocido, ni privar a las personas de condiciones de protección adquiridas o colocarlas en situación de vulnerabilidad.

En virtud de las consideraciones expuestas y en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 156 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9, artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y en el literal d) del artículo 8 de su Reglamento General

Resuelven:

EXPEDIR LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS

SERVICIOS QUE PRESTA EL REGISTRO CIVIL A

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 1.- Objeto.- La presente tiene por objeto establecer la política pública y los lineamientos referentes a los Servicios que presta el Registro Civil, Identificación y cedulación; que se encuentran detallados en el anexo presentado por el Registro Civil de Identificación y cedulación.

Artículo 2.- De los Servicios otorgados.- La emisión de los documentos que despacha la entidad competente se considerarán de acuerdo a la siguiente tabla:

Nro.

DETALLE

VALOR

1

Acta de Reconocimiento Voluntario de Hijo/a

$0,00

2

Cambio de Nombre

$0,00

3

Certificado Electrónico

$0,00

4

Copia de Partida íntegra

$0,00

5

Certificado de Identidad y Estado Civil

$0,00

6

Declaración Voluntaria de Información

$0,00

7

Inscripción de Sentencia o Acta Notarial

$0,00

8

Legalización de documento

$0,00

9

Posesión Notoria/ Cambio de Apellido

$0,00

44 – Miércoles 27 de junio de 2018 Registro Oficial N° 271

10

Razón de NO inscripción

$0,00

11

Resolución Administrativa

$0,00

12

Cédula Primera Vez

$0,00

13

Renovación de Cédula

$0,00

14

Formulario para otorgamiento de pasaporte

$0,00

15

Otorgamiento de pasaportes ordinarios

$0,00

16

Inscripción de Defunción Extraordinaria (mayor a 48 horas)

$0,00

17

Inscripción o Registro del Exterior

$0,00

18

Celebración de Matrimonios fuera de sede

$0,00

19

Celebración de Matrimonios en Sede

$0,00

20

Registro de Nacimiento por Naturalización

$0,00

21

Inscripción de Nacimiento por Adopción

$0,00

22

Registro de Unión de Hecho

$0,00

23

Registro de Genero

$0,00

Artículo 3.- De los Servicios otorgados. Las personas con discapacidad que accedan a uno o varios de los servicios detallados en el cuadro precedente, podrán realizar el trámite por una sola vez al año, sin costo; salvo en las siguientes excepciones:

a.) Pérdida de documento debidamente justificado a través de la denuncia legalizada conforme lo dispuesto por el Consejo Nacional de la Judicatura.

b.) Exigencia debidamente justificada de una entidad pública o privada, de más de una especie, para realización del el trámite.

Artículo 4.- Titular del Derecho. La exención en servicios otorgados por el Registro Civil serán únicamente la persona con discapacidad, y en lo que fuere pertinente a los representantes legales o sustitutos debidamente acreditados ante la autoridad competente.

Artículo 5- Excepción de cobro del 50 % en matrimonios y Uniones de Hecho. Se hará extensivo el derecho al matrimonio o Unión de Hecho al cónyuge sin discapacidad (por una sola vez), la exención contemplada en el artículo 77 Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) en concordancia con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 22 de su Reglamento; en lo que respecta a la exención en el pago de la tasa por el servicio de Matrimonio prestado por el Registro Civil, Identificación y Cedulación, cuando una persona con discapacidad contraiga nupcias con una persona sin discapacidad en respecto al principio de progresividad y no regresividad de la norma.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Encárguese al Registro Civil para que en el plazo máximo de 30 días sociabilice la presente Resolución en beneficio de las personas con discapacidad y al Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades para el seguimiento correspondiente en el ámbito de sus atribuciones y competencias.

COMUNIQÚESE.- Dada por el Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), en el Distrito Metropolitano de Quito, en sesión mantenida el 27 del mes de febrero del 2018.

f.) Sr. Xavier Torres Correa, Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS.

f.) Sr. Carlos Alberto Bergmann Reyna, Representante de la Función Legislativa.

f.) Sr. Sebastián Vásquez Rodas, Representante de la Función Judicial.

f.) Sra. Juan María Angamarca Angamarca, Representante de la Función Transparencia y Control Social.

f.) Sra. María Gabriela Villagómez Dávalos, Representante de la Función Electoral.

f.) Sra. María Cristina Kronfle Gómez, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sr. Alberto Vinicio Baquero Quirola, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sra. Diana Del Carmen López Alvarado, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sr. Raúl I van Pazmiño Monge, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sr. Christian Oliver Salinas Coronel, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Ab. Winston Bolaños Flores, Secretario Ad-Hoc.

RAZÓN.- Siento por tal que conforme se desprende las Actas de las Sesiones del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el Consejero Carlos Bergman NO asistió a la Sesión en la cual se aprobó la presente Resolución.- Lo certifico.

f.) Abg. Winston Bolaños, Secretario Ad-Hoc.

Registro Oficial N° 271 Miércoles 27 de junio de 2018 – 45

No. 0005-CONADIS-2018

EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES

Considerando:

Que, el artículo 4 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto a las Obligaciones generales de los Estados Parte, dispone: «i. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

Que, el numeral 9 del artículo 11 ibídem dispone que: «el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución»;

Que, en el artículo 66 de la Constitución de la República, se reconoce y garantiza a todas las personas la igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación como derechos de libertad. En este sentido, son principios de la política pública la equidad y la solidaridad como mecanismos redistributivos para alcanzar la igualdad en los resultados, conforme lo determina en su artículo 85;

Que, el artículo 156 de la Constitución del 2008 crea y define a los Consejos Nacionales para la Igualdad como los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y les asigna atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana, disponiendo además que para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras, y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno;

Que, el artículo 157 de la de la citada norma señala que los Consejos Nacionales para la Igualdad se integrarán de forma paritaria por representantes de la sociedad civil y del Estado; estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva y su estructura se regulará por los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo;

Que, en el Suplemento Registro Oficial Nro. 283 de 07 de julio del 2014, se expidió la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad cuyo objeto según su artículo 1 es, establecer su marco institucional y normativo, regular sus fines, naturaleza, principios, integración y funciones de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador; y, la misma que es de aplicación obligatoria en todos los niveles de gobierno para los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras de políticas públicas, los organismos especializados para la igualdad, protección y garantía de derechos; y aquellos que sean parte de los Consejos Nacionales para la Igualdad;

Que, el artículo 4 de la citada Ley dispone que los Consejos Nacionales para la Igualdad son organismos de derecho público, con personería jurídica. Forman parte de la Función Ejecutiva, con competencias a nivel nacional y con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera; y no requerirán estructuras desconcentradas ni entidades adscritas para el ejercicio de sus atribuciones y funciones.

Que, el artículo 6 Ley de Consejos contempla Cinco Consejos Nacionales para la Igualdad que son: 1. De género; 2. Intergeneracional; 3. De pueblos y nacionalidades; 4. De discapacidades; y, 5. De movilidad humana;

Que, el artículo 7 de la ibídem dispone que los Consejos Nacionales para la Igualdad estarán conformados paritariamente por consejeras y consejeros, representantes de las funciones del Estado y de la sociedad civil. Cada Consejo Nacional para la Igualdad se integrará por diez (10) consejeros en total, cada uno con su correspondiente suplente, de acuerdo con lo que determine el Reglamento de la presente Ley, durarán cuatro años en sus funciones podrán ser reelegidos por una sola vez, estarán presididos por el representante que la o el Presidente de la República designe para el efecto, quien tendrá voto dirimente;

Que, el numeral 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, dispone que para ejercer atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, discapacidades y movilidad humana, los Consejos Nacionales para la Igualdad, tendrán en otras, funciones establecer y realizar el seguimiento y la evaluación de las políticas de acción afirmativa. Para lo cual desarrollarán indicadores y otros instrumentos de seguimiento que permitan evaluar el avance obtenido en el logro de sus objetivos de igualdad;

Que, el 25 de mayo de 2015, mediante Decreto Ejecutivo No. 686, publicado en el Registro Oficial No. 521, de 12 de junio de 2015, se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, mediante el cual se norma su Organización;

Que, el artículo 3 del citado Reglamento dispone: «Las o los representantes y sus suplentes de la sociedad civil en

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los consejos nacionales para la igualdad, deberán ser sujetos destinatarios de la política pública conforme a todas las temáticas de género, de pueblos y nacionalidades, generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana, o tener amplia experiencia de las realidades de los grupos vulnerables. Además, deben acreditar vasto conocimiento de las problemáticas del país, de su historia, su economía, situación geopolítica y de las realidades internacionales. «;

Que, el artículo 4 ibídem dispone: «Lasy los Consejeros de las Funciones del Estado o sus suplentes permanentes ante cada Consejo Nacional para la Igualdad serán nombrados por la máxima autoridad de cada una de las funciones del Estado, quien designará, a su representante y a su respectivo suplente ante cada uno de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Cada consejo estará conformado por: a) Un/a representante de la Función Ejecutiva, designado por la o el Presidente de la República; b) Un/a representante de la Función Legislativa, designado por la o el Presidente de la Asamblea Nacional; c) Un/a representante de la Función Judicial, designado por el pleno de la Corte Nacional de Justicia; d) Un/a representante de la Función de Transparencia y Control Social, designado por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y, e) Un/a representante de la Función Electoral designado por el pleno del Consejo Nacional Electoral. «;

Que, mediante Resolución Nro. 0061-DE-2017 de 13 de octubre de 2017, se aprobó a «REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES – CONADIS «;

Que, luego del proceso correspondiente, fueron posesionados los miembros del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS y el mismo que se encuentra integrado en representación de las Funciones del Estado por: XAVIER TORRES CORREA, en su calidad de Representante de la Función Ejecutiva y como tal Presidente del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, conforme a designación dada por el señor Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo Nro. 967 de 17 de marzo del 2016. CARLOS ALBERTO BERGMANN REYNA, en su calidad de Representante de la Función Legislativa, conforme a su designación dada mediante Oficio Nro. PAN-JSS-2017-1482 de 29 de noviembre del 2017. SEBASTIÁN VÁSQUEZ RODAS, en su calidad de Representante de la Función Judicial, conforme a su designación dada mediante Oficio Nro. 872-SP-CNJ-2017 de 28 de agosto de 2017. JUAN MARÍA ANGAMARCA ANGAMARCA, en su calidad de Representante de la Función Transparencia y Control Social, conforme a su designación dada mediante Resolución Nro. PLE-CPCCS-860-19-12-2017. MARÍA GABRIELA VILLAGOMEZ DÁVALOS, en su calidad de Representante de la Función Electoral, conforme a su designación dada mediante Resolución PLE-CNE-1-1-6-2016 de 1 de junio del 2016; y, en represen­tación de la Sociedad Civil por: MARÍA CRISTINA

KRONFLE GÓMEZ, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0392. ALBERTO VTNICIO BAQUERO QUIROLA, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0391. DIANA DEL CARMEN LÓPEZ AL VARADO, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0394. RAÚL IVÁN PAZMTÑO MONGE, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0396. CHRISTIAN OLIVER SALINAS CORONEL, conforme a posesión efectuada mediante Oficio Nro. T.017-SGJ-17-0397;

Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Discapacidades, dispone: «Art. 9.- Calificación.- La autoridad sanitaria nacional a través del Sistema Nacional de Salud realizará la calificación de discapacidades y la capacitación continúa de los equipos calificadores especializados en los diversos tipos de discapacidades que ejercerán sus funciones en el área de su especialidad. La calificación de la discapacidad para determinar su tipo, nivel o porcentaje se efectuará a petición de la o el interesado, de la persona que la represente o de las personas o entidades que estén a su cargo; la que será voluntaria, personalizada y gratuita. En el caso de personas ecuatorianas residentes en el exterior la calificación de la discapacidad se realizará a través de las representaciones diplomáticas de conformidad con el reglamento. La autoridad sanitaria nacional capacitará y acreditará, de conformidad con la Ley y el reglamento, al personal técnico y especializado en clasificación, valoración y métodos para la calificación de la condición de discapacidad. «;

Que, los artículos 11 y 12 de la citada Ley Orgánica, disponen: «Art. 11.- Procedimiento de acreditación.-Una vez realizada la calificación de las personas con discapacidad y el correspondiente registro por parte de la unidad competente del Sistema Nacional de Salud, la autoridad sanitaria deberá remitir inmediatamente dicha información a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para que se incluya en la cédula de identidad la condición de discapacidad y porcentaje. Las personas con discapacidad residentes en el exterior que han sido acreditadas, si así lo solicitan podrán solicitar su retorno al país, donde recibirán el apoyo económico y social de conformidad con el reglamento.» «Art. 12.-Documento habilitante.-La cédula de ciudadanía que acredite la calificación y el registro correspondiente, será documento suficiente para acogerse a los beneficios de la presente Ley; así como, el único documento requerido para todo trámite en los sectores público y privado. El certificado de votación no les será exigido para ningún trámite público o privado. En el caso de las personas con deficiencia o condición discapacitante, el documento suficiente para acogerse a los beneficios que establece esta Ley en lo que les fuere aplicable, será el certificado emitido por el equipo calificador especializado. «;

Que, la Disposición Transitoria UNDÉCIMA ibídem dispone: «Dentro del plazo máximo de un (1) año contado a partir de la promulgación de esta Ley, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en coordinación con el

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Registro Civil, Identificación y Cedulación, implementarán la interconexión de datos de conformidad con el Artículo 11 de esta Ley. Durante este plazo el Consejo Nacional de Discapacidades podrá seguir emitiendo el carné de discapacidades, el mismo que tendrá una vigencia de cinco (5) años desde su expedición. «;

Que, el artículo 5 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, dispone: «Art. 5.- Requisito para acceder a los beneficios.- Para el otorgamiento de los beneficios establecidos en la Ley, no se exigirá otro requisito además del documento que acredite la calificación de la discapacidad o la determinación de la deficiencia o condición discapacitante, en su caso, se exceptúan aquellos en los cuales por la naturaleza del trámite sea necesaria documentación adicional. «;

Que, las Disposiciones Transitorias SEGUNDA y TERCERA del Reglamento ibídem, disponen: «Segunda.-Hasta que la Dirección General del Registro Civil Identificación y Cedulación implemente las acciones necesarias para efectos de lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Orgánica de Discapacidades, se admitirá la presentación del certificado o documento que acredite la calificación de la discapacidad, emitido por la autoridad competente. » «Tercera.- Para efectos de la calificación de las personas con discapacidad, el Ministerio de Salud Pública elaborará el instrumento de calificación de discapacidades con apoyo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. El Ministerio de Salud Pública contará con el plazo de un (1) año para su aprobación y aplicación. «;

Que, conforme a lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias SEGUNDA y TERCERA del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), el Ministerio de Salud Pública para efectos de la calificación de las personas con discapacidad, elaborará el instrumento de calificación de discapacidades con apoyo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, para lo cual contará con el plazo de un (1) año para su aprobación y aplicación.

Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 11, 12; y, Disposición Transitoria UNDÉCIMA de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), es competencia de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, el incluir en la cédula de identidad la condición de discapacidad y porcentaje;

Que, mediante Oficio Nro. MSP-VAIS-2018-0277-M de 28 de febrero del 2018, el Viceministro de Atención Integral en Salud, Encargado del Ministerio de Salud Pública, puso en conocimiento del Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades; en lo principal: «(…) Las personas con discapacidad portadoras de carné emitido por el Ministerio de Salud Pública (independientemente del año de emisión), deberán canjear el nuevo carné en el cual se registra la fecha de emisión del mismo, el cual no contará con fecha de caducidad.»

«1. Para la recalificación, a las personas con discapacidad portadoras del carné emitido por el CONADIS, se emitirán las directrices necesarias en razón del proceso de elaboración de la Norma Técnica de Calificación de Discapacidad que se está llevando a cabo, por lo que deberán recalificarse con el nuevo instrumento cuando éste se operativice. » «2. Se enfatiza que el carné de CONADIS tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2018; en el caso de que el usuario solicite una certificación adicional se entregará el certificado de discapacidad emitido a través del Sistema Informático en Línea del MSP, y serán los habilitantes suficientes para acceder a los beneficios de la Ley hasta que se recalifique con el nuevo instrumento de valoración de discapacidad ecuatoriano. «;

Que, es necesario extender la validez del carné de discapacidades más allá del 31 de diciembre de 2018 conforme a lo manifestado por el Ministerio de Salud Pública mediante Oficio Nro. MSP-VAIS-2018-0277-M de 28 de febrero del 2018; en virtud de que una vez que se cuente con el nuevo instrumento de calificación de discapacidades, se procederá con la recalificación de todas las personas con discapacidad a nivel nacional;

Que, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en su artículo 94 dispone: «Artículo 94.-La cédula de identidad contendrá en su encabezado la leyenda «República del Ecuador. Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación y, al menos, los siguientes datos: (…) 17. Condición de discapacidad y porcentaje. (…).»

Que, en reunión mantenida el día viernes 16 de marzo del 2018, el Director General de Registro Civil presentó al Presidente del Consejo Nacional para la Igualdades de Discapacidades, la propuesta del nuevo diseño de cédula de ciudadanía para las personas con discapacidad; y, en la cual ya consta el tipo y porcentaje de discapacidad;

Que, el Presidente del Consejo Nacional para la Igualdades de Discapacidades, puso en conocimiento del Pleno del Consejo en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo del 2018, la propuesta del nuevo diseño de cédula de ciudadanía para las personas con discapacidad; y, la misma que una vez discutida fue aprobada por los miembros presentes;

En virtud de las consideraciones expuestas y en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 156 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9, artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y en el literal d) del artículo 8 de su Reglamento General

Resuelve:

Artículo 1.- Extender la validez del carné de discapacidades emitido por el CONADIS y por el Ministerio de Salud Pública hasta el 31 de diciembre del 2019; debido a que una

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vez que se cuente con el nuevo instrumento de calificación de discapacidades, se procederá con la recalificación de todas las personas con discapacidad a nivel nacional; y el tipo, y porcentaje de discapacidad ya deberá constar en la cédula de ciudadanía, conforme a lo dispuesto en los artículos 11, 12; y, Disposición Transitoria UNDÉCIMA de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD); y, artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.

Artículo 2.- Exhortar y recordar a las Instituciones pública y privadas, que tanto el carné emitido por el CONADIS como el carné emitido por el Ministerio de Salud Pública, tienen plena vigencia legal hasta el 31 de diciembre del 2019.

En caso de que el usuario requiera una certificación adicional se entregará el certificado de discapacidad emitido a través del Sistema Informático en Línea del MSP, y serán los habilitantes suficientes para acceder a los beneficios de la Ley, hasta que se recalifique con el nuevo instrumento de valoración de discapacidad ecuatoriano.

Artículo 3.- Aprobar la propuesta presentada por la Dirección General de Registro Civil del nuevo diseño de cédula de ciudadanía para las personas con discapacidad (Anexo 1); y, en la cual ya consta el tipo y porcentaje de discapacidad.

COMUNÍQUESE.- Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Auditorio del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diez y ocho.

f.) Sr. Xavier Torres Correa, Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS.

f.) Sr. Carlos Alberto Bergmann Reyna, Representante de la Función Legislativa.

f.) Sr. Sebastián Vásquez Rodas, Representante de la Función Judicial.

f.) Sr. Juan María Angamarca Angamarca, Representante de la Función Transparencia y Control Social.

f.) Sra. María Gabriela Villagómez Dávalos, Representante de la Función Electoral.

f.) Sra. María Cristina Kronfle Gómez, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sr. Alberto Vinicio Baquero Quirola, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sr. Christian Oliver Salinas Coronel, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sr. Raúl Iván Pazmiño Monge, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Sra. Diana del Carmen López Alvarado, Representante de la Sociedad Civil.

f.) Abg. Winston Bolaños, Secretario Ad-Hoc.

RAZÓN.- Siento por tal que conforme se desprende las Actas de las Sesiones del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el Consejero Carlos Bergman NO asistió a la Sesión en la cual se aprobó la presente Resolución.- Lo certifico.

f.) Abg. Winston Bolaños, Secretario Ad-Hoc.