Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 28 de febrero de 2018 (R. O.190, 28 -febrero -2018)

Año I – Nº 190

Quito, miércoles 28 de febrero de 2018

FUNCIÓN EJECUTIVA

DECRETOS:

PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR:

295. Nómbrese al señor Crnl. Em. Avc. Fierro Urresta Luis Fernando, para que desempeñe la función de Agregado de Defensa en la Embajada del Ecuador en el Reino de España
296. Declárese el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, por los graves hechos acontecidos en las instalaciones de la Policía Nacional del Distrito San Lorenzo

REGULACIÓN:

AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL DEL AGUA:

DIR-ARCA-RG-006-2017 Expídese la «Normativa técnica para el establecimiento de criterios técnicos y actuariales para la determinación de costos sostenibles en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y, para la fijación de tarifas por los prestadores públicos de estos servicios

No. 295

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que, el artículo 41 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, establece: «Los agregados militares a las embajadas, adjuntos y

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ayudantes, así como delegados militares ante organismos internacionales, serán nombrados por el Ejecutivo, a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional, previo pedido de los comandantes generales de Fuerza respectivos, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas(…) «;

Que, el Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Aérea, en sesión llevada a cabo los días 13, 15 y 18 de diciembre del 2017, de conformidad con lo que estipula el artículo 38 letra d) de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, mediante Resolución No 050-EE-1-O-2017, ha resuelto seleccionar al CRNL. EM. AVC. FIERRO URRESTA LUIS FERNANDO, para que cumpla las funciones de Agregado de Defensa;

Que, con oficio No FA-El-3h-D-2017-2519 de 22 de diciembre de 2017, el señor Comandante General de la Fuerza Aérea, remite al señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la documentación habilitante del señor CRNL. EM. AVC. FIERRO URRESTA LUIS FERNANDO, quien ha sido designado para que desempeñe las funciones de Agregado de Defensa en la Embajada del Ecuador en el Reino de España, con sede en la ciudad de Madrid;

Que, con oficio No 17-G-l-al-444 de 28 de diciembre de 2017, el señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, remite al señor Ministro de Defensa Nacional el expediente para el nombramiento del señor CRNL. EM. AVC. FIERRO URRESTA LUIS FERNANDO, para que desempeñe la función de Agregado de Defensa en la Embajada del Ecuador en el Reino de España, con sede en la ciudad de Madrid, a partir del 12 de febrero de 2018 hasta el 11 de agosto del 2019. Reemplaza al señor CRNL. EM. ESPINOSA CHA VEZ PAULO MAURICIO, cuyo período de gestión concluirá el 1 de febrero del 2018;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 147, número 5 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con el artículo 41 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional, previo pedido de la Comandancia General de la Fuerza Aérea, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;

Decreta:

Art. 1. Nombrar al señor CRNL. EM. AVC. FIERRO URRESTA LUIS FERNANDO para que desempeñe la función de Agregado de Defensa en la Embajada del Ecuador en el Reino de España, con sede en la ciudad de Madrid, a partir del 12 de febrero de 2018 hasta el 11 de agosto del 2019, en reemplazo del señor CRNL. EM. ESPINOSA CHA VEZ PAULO MAURICIO, cuyo período de gestión concluirá el 1 de febrero del 2018.

Art. 2. El mencionado señor Oficial percibirá las asignaciones económicas determinadas en el reglamento pertinente, con cargo al Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, sección Fuerza Aérea.

Art. 3. La señora Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el señor Ministro de Defensa Nacional, quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 18 de enero del 2018.

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

f.) Patricio Zambrano Restrepo, Ministro de Defensa Nacional.

f.) María Fernanda Espinosa, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Quito, 27 de enero del 2018, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR

No. 296

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que el artículo 1 de la Constitución determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;

Que según el número 8 del artículo 3 de la Constitución de la República es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 de la norma suprema, es responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, acatar las decisiones vinculadas a defender la integridad territorial de Ecuador y sus recursos naturales; colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad; respetar los derechos de la naturaleza; preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

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Que los artículos 164 y 165 de la Constitución establecen que es potestad del Presidente de la República decretar el estado de excepción en parte del territorio nacional, en caso de grave conmoción interna o calamidad pública, observando los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Durante el estado de excepción se podrán suspender o limitar los derechos a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información.

Que el artículo 393 de la Constitución de la República, el Estado debe garantizar la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para prevenir las formas de violencia y discriminación, para lo cual se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno la planificación y aplicación de estas políticas;

Que de conformidad al artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública, la seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesario para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador;

Que según informe sobre los hechos, proporcionado por el Ministro del Interior, el día 27 de enero de 2018, aproximadamente a las 01:30 am, las instalaciones del Distrito de Policía de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, sufrieron severas destrucciones causadas por la detonación de un artefacto explosivo de gran magnitud, con una afectación al inmueble de más del 90%;

Que las viviendas ubicadas alrededor del Comando de Policía tienen daños en sus ventanales y dejando al menos a 20 personas heridas, mismas que están siendo atendidas en distintas casas de salud;

Que según la primera verificación de los hechos por parte de las unidades especializadas de la Policía Nacional, se presume que este acto presumiblemente fue cometido por grupos armados organizados, con la finalidad de evitar la intervención policial y militar en el sector donde operan los mismos;

Que la zona fronteriza de la provincia de Esmeraldas, especialmente los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, requieren una respuesta estratégica y emergente por parte de las distintas Carteras de Estado, a efectos de combatir la inseguridad y reparar las consecuencias de los hechos ocurridos la madrugada del 27 de enero del año en curso.

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución de la República: y, 29 y 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,

Decreta:

Artículo 1.- DECLÁRESE el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, por los graves hechos acontecidos en las instalaciones de la Policía Nacional del Distrito San Lorenzo, que han provocado heridos y daños a varios inmuebles situados en la zona y han puesto en grave riesgo a quienes residen en el lugar, con el fin de precautelar el ejercicio efectivo de los derechos de la población.

Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio nacional hacia los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, de tal manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia, deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones para reestablecer el orden y la seguridad ciudadana.

Artículo 3.- SUSPENDER los derechos a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito y libertad de asociación y reunión. El Ministerio del Interior articulará con los otros Ministerios, en sus ámbitos, la forma de aplicar esta medida para conseguir la finalidad señalada.

Artículo 4- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para solventar la emergencia producida.

Las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación.

Artículo 5.- El Ministerio de Economía y Finanzas situará los recursos suficientes para atender la situación de excepción.

Artículo 6- El estado de excepción regirá durante sesenta días a partir de la suscripción de este decreto ejecutivo.

Artículo 7.- Notifíquese de esta declaratoria de estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales correspondientes.

Artículo 8.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio de los derechos: a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito y libertad de asociación y reunión, a la población que reside en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas.

Artículo 9- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense a los ministros: del Interior, Defensa

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Nacional, Economía y Finanzas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Inclusión Económica y Social, y a la Secretaría de Gestión de Riesgos;

Dado en Guayaquil, a los 27 días del mes de enero del 2018.

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

Quito, 27 de enero del 2018, certifico que el que antecede es fiel copia del original

Documento firmado electrónicamente

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR

Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA

Considerando:

Que, el artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida»;

Que, el artículo 52 de la norma ut supra manifiesta que: «Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor»;

Que, el artículo 53 del mencionado cuerpo legal dispone que: «Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y

descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados»;

Que, el artículo 54 de la Carta Magna estipula que: «Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas»;

Que, el artículo 226 del texto constitucional, establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las y los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 313 de la Constitución determina que: «El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (…)»;

Que, el artículo 314 ibídem dispone que: «El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación»;

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República faculta al Estado a constituir empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;

Que, el artículo 318 ibídem, manifiesta que: «El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua

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y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios (…)»;

Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA), publicada en el Registro Oficial Suplemento 305 de 06 de agosto de 2014, establece que «La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), es un organismo de derecho público, de carácter técnico-administrativo, adscrito a la Autoridad Única del Agua, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y jurisdicción nacional (…)»;

Que, el artículo 23, literal n) de la LORHUyA, determina entre otras como competencia de la Agencia de Regulación y Control del Agua, dictar las normas necesarias para el ejercicio de sus competencias;

Que, el artículo 37 ibídem establece que «Para efectos de esta Ley, se considerarán servicios públicos básicos, los de agua potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua. La provisión de estos servicios presupone el otorgamiento de una autorización de uso. La provisión de agua potable comprende los procesos de captación y tratamiento de agua cruda, almacenaje y transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, recaudación de costos, operación y mantenimiento. La certificación de calidad del agua potable para consumo humano deberá ser emitida por la autoridad nacional de salud. El saneamiento ambiental en relación con el agua comprende las siguientes actividades: 1. Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y disposición final de aguas residuales y derivados del proceso de depuración; y, 2. Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final de aguas lluvia. El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas independientes sin interconexión posible, los gobiernos autónomos descentralizados municipales exigirán la implementación de estos sistemas en la infraestructura urbanística»;

Que, el artículo 51 de la LORHUyA establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales darán la asistencia técnica y brindarán apoyo financiero a las juntas administradoras de agua potable para la elaboración y ejecución de los planes de mejora para dar cumplimiento a las normativas técnicas que la ARCA emita;

Que, el artículo 59 de la LORHUyA determina que la cantidad vital de agua cruda destinada al procesamiento para el consumo humano es gratuita en garantía del derecho humano al agua. Cuando exceda la cantidad mínima vital establecida, se aplicará la tarifa correspondiente. La cantidad vital de agua procesada por persona tendrá una tarifa que garantice la sostenibilidad de la provisión del servicio;

Que, el artículo 61 de la LORHUyA manifiesta que: «Todas las personas ejercerán el derecho humano al agua en condiciones de igualdad.»

Se prohíbe toda discriminación por motivos de etnia, género, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, discapacidad física o mental, estado de salud, incluido enfermedades catastróficas, orientación sexual, identidad de género, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho humano al agua.

Las políticas y las asignaciones de recursos en materia de agua y las inversiones en dicho sector se orientarán a garantizar el acceso al agua a todos los miembros de la comunidad en condiciones de igualdad.

El Estado adoptará cuantas medidas de acción afirmativa sean necesarias con el objeto de promover la igualdad real en el ejercicio del derecho humano al agua, protegerá y atenderá de manera preferente a los grupos de atención prioritaria;

Que, el artículo 80, inciso tercero de la LORHUyA dispone que es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales el tratamiento de las aguas servidas y desechos sólidos, para evitar la contaminación de las aguas de conformidad con la ley;

Que, el artículo 135 ibídem establece que: «(…) Para las tarifas por prestación de servicios de agua potable y saneamiento serán fijadas por los prestadores tanto públicos como comunitarios, sobre la base de las regulaciones remitidas por la Autoridad Única del Agua a través de la Agencia de Regulación y Control»;

Que, el artículo 136 de la referida Ley Orgánica, determina que: «En el establecimiento de tarifas por los servicios de agua potable y saneamiento se deben considerar los principios de solidaridad, equidad, sostenibilidad y periodicidad»;

Que, el artículo 137 de la LORHUyA establece que: «(…) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias, establecerán componentes en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios vinculados con el agua para financiar la conservación del dominio hídrico público con prioridad en fuentes y zonas de recarga hídrica»;

Que, el artículo 139 ibídem determina que: «(…) El establecimiento de las tarifas por los servicios públicos básicos atenderá los criterios: a) Inclusión de forma proporcional de lo que el titular del servicio debe pagar a la Autoridad Única del Agua por el suministro de agua cruda; y, b) inclusión de forma proporcional del costo de captación, manejo, impulsión, conducción, operación, tratamiento, administración, depreciación de activos, amortización, distribución, saneamiento ambiental y nuevas inversiones para suministro de agua; y, que las tarifas serán diferenciadas y considerarán la situación socioeconómica de las personas de menores ingresos y condición de discapacidad de los consumidores»;

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Que, el artículo 147 de la referida Ley, dispone que: «() los prestadores públicos de servicios ejercerán la jurisdicción coactiva para el cobro de tarifas y demás conceptos y obligaciones pendientes de pago que se establecen en la LORHUyA y en su Reglamento»;

Que, el numeral 4 del artículo 10 del Reglamento de aplicación a la LORHUyA, determina como atribuciones del Directorio de la ARCA «dictar las normas y políticas que se requieran para el funcionamiento de la Agencia»;

Que, el artículo 112 ibídem, determina que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la LORHUyA, en el caso de las tarifas por prestación de servicios públicos básicos de abastecimiento de agua potable o saneamiento, el pago corresponde de los consumidores a los prestadores del servicio;

Que, el artículo 113 del reglamento de aplicación a la LORHUyA, determina que: «Corresponde a la Secretaría del Agua establecer los parámetros generales para la fijación de las tarifas por la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento a aplicarse por los prestadores del servicio para la fijación de las mismas.

(…)»;

Que, el artículo 114 ibídem, señala como competencia de la Agencia de Regulación y Control del Agua, » (…) emitir las regulaciones técnicas para el establecimiento de las tarifas, por la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento; que conforme a dichas regulaciones las tarifas serán fijadas por los prestadores del servicio; que cuando ya estén establecidas las tarifas mencionadas, corresponderá a la Agencia de Regulación y Control del Agua controlar su aplicación; y, que a los efectos del ejercicio de su competencia de control de la aplicación de las tarifas por los prestadores del servicio, la Agencia de Regulación y Control del Agua podrá solicitar de dichos entes la información que sea necesaria para el cumplimiento de su función que le deberá ser remitida en el plazo de quince días»;

Que, el artículo 117 ibídem, determina que: «Los principios de solidaridad, equidad, sostenibilidad y periodicidad para el establecimiento de tarifas se entenderán de la siguiente forma: a) Solidaridad: Un sistema tarifario es solidario si a través del mismo se puede conseguir que las tarifas establecidas para los altos consumidores de un servicio favorezcan la posibilidad de los consumidores de bajos consumos a recibir el servicio a un valor que pueda ser asumido por éstos sin afectar la sostenibilidad del servicio, b) Equidad: El establecimiento de tarifas se basa en principios de equidad cuando situaciones iguales son objeto de idéntico nivel de tarifa. También coincide la finalidad de la equidad con los principios básicos de la solidaridad, c) Sostenibilidad: Un sistema de tarifas es sostenible económicamente cuando mediante su establecimiento y recaudación es posible gestionar un

sistema de infraestructuras hidráulicas, protección y manejo de cuencas y mejorar progresivamente su calidad y la eficiencia en la gestión del agua, así como la prestación de los servicios públicos relacionados, d) Periodicidad: Las tarifas deberán ser revisadas periódicamente para adaptarlas a las nuevas circunstancias que surjan y a la consecución de la sostenibilidad. Se establece como plazo máximo para la revisión de las tarifas por parte de la entidad titular para su fijación, el de cinco años. Las regulaciones técnicas que dicte la Agencia de Regulación y Control del Agua deberán permitir la consecución de los anteriores principios»

Que, el artículo 118 del Reglamento de aplicación a la LORHUyA establece que: «Cuando en la Ley o en este Reglamento se indique que una tarifa será diferenciada, ello significa que deberá considerar la situación socioeconómica de las personas con menores ingresos y condición de discapacidad de los consumidores de los servicios (…)»;

Que, el literal b) del artículo 119 ibídem determina que: En relación al agua potable que los prestadores de los servicios de agua potable deben entregar a los consumidores y que guarda relación con el contenido del derecho humano al agua. Para la fijación de la cantidad necesaria a estos efectos se estará a lo que pueda deducirse de normas internacionales y a lo que se considere apropiado de acuerdo a los criterios técnicos que establezca la Secretaría del Agua que considerará, para ello, las diferentes zonas geográficas y climáticas del país»;

Que, el artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que el Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta Ley;

Que, el artículo 71 ibídem, determina que la rectoría del SINFIP corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, quien la ejercerá a través del Ministerio a cargo de las finanzas públicas, que será el ente rector del SINFIP;

Que, el artículo 74 ibídem dispone que una de las atribuciones del ente rector del SINFIP es: «Dictar las normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público para el diseño, implantación y funcionamiento del SINFIP y sus componentes»;

Que, el artículo 86 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina

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que las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten organizar, registrar y presentar, la información que nace de las operaciones correlativas al proceso presupuestario, las mismas que tendrán el carácter de obligatorios para todo el sector público. Las clasificaciones presupuestarias se expresarán en los correspondientes catálogos y clasificadores que serán definidos y actualizados por el Ministerio de Finanzas, considerando para el efecto los requerimientos institucionales, entre otros;

Que, el artículo 157 ibídem determina que la información financiera se deberá registrar sobre la base del devengado. Por base devengada se entiende que los flujos se registran cuando se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue un valor económico. Es decir, los efectos de los eventos económicos se registran en el momento en el que ocurren, independientemente de que se haya efectuado o esté pendiente el cobro o el pago de efectivo. En general, el momento que se les atribuye es el momento en el cual cambia la propiedad de los bienes, se suministran los servicios, se crea la obligación de pagar impuestos, surge un derecho al pago de una prestación social o se establece otro derecho incondicional;

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece los servicios públicos domiciliarios como los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados, tales como servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable u otros similares.

Que, el artículo 40 ibídem, dispone que: «En las planillas emitidas por las empresas proveedoras de los servicios públicos domiciliaros, deberá constar exclusivamente el valor del consumo respectivo más los recargos legales pertinentes y cobros adicionales establecidos expresamente por leyes. Queda prohibido incluir en dichas plantillas rubros adicionales a los señalados (…);

Que, el artículo 37 del Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, determina que: «Las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios facturarán, en una misma planilla, el valor de los consumos por todos los servicios legalmente contratados, ordenados o autorizados por sus usuarios; los correspondientes a recargos legales, tales como intereses, impuestos u otros; y los demás valores adicionales estrictamente relacionados con la prestación de tales servicios. Para estos efectos, todos los conceptos fijados en la planilla deberán desglosarse y detallarse de manera clara y exhaustiva, con el objeto de que los usuarios conozcan con exactitud cada uno de los rubros que deberán pagar. Estará prohibido incluir conceptos diferentes a los servicios prestados y, si fuese necesario, se los deberán facturar en planillas independientes;

Que, el artículo 15 de la Ley del Anciano establece que: las personas mayores de 65 años gozarán de la exoneración del 50% (…) del valor del consumo que causare el uso de

los servicios de un medidor de agua potable cuyo consumo mensual sea de hasta 20 metros cúbicos, el exceso de estos límites pagarán las tarifas normales (…);

Que, el artículo 79 de la Ley Orgánica de Discapacidades, determina en su numeral 1 que: «El servicio de agua potable y alcantarillado sanitario tendrá una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del valor del consumo mensual hasta 10 metros cúbicos. (…) En caso de que el consumo de los servicios exceda los valores objeto de rebaja y de generarse otros valores, los mismos se pagarán en base a la tarifa regular»;

Que, la disposición general tercera de la Ley de Educación Intercultural determina que (…) los planteles educativos públicos estarán exonerados del pago de los servicios básicos hasta el monto determinado por la Autoridad Nacional Educativa.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 797 de fecha 2 de octubre de 2015 se dispone a todos los miembros de la Administración Pública Central e Institucional que los bienes y servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, tales como transporte, vialidad, fluido eléctrico, combustibles, medicinas o agua, se informe al ciudadano adecuadamente sobre el monto que el Estado está subsidiando en la prestación del respectivo bien o servicio;

Que, mediante Oficio Nro. SE-SGEI-2015-0066-O, de 10 diciembre de 2015, la Subsecretaría de Gestión y Eficiencia Institucional, del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, remite a la Agencia de Regulación y Control del Agua, el Producto número CUATRO de la Asistencia Técnica Internacional AIGOS: Metodología de cálculo de tarifas de agua cruda (aplicación de las metodologías de cálculo de tasas y tarifas), para que sea utilizado en su planificación, gestión y demás ámbitos de su competencia;

Que, mediante resolución del Directorio No. DIR-ARCA-003-2015, de 22 de mayo de 2015, se encargó la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control del Agua al Ing. Edwin Gordón Rosero;

Que, en sesión del 04 de abril de 2016, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control del Agua, resolvió aprobar la Regulación DIR-ARCA-002-2017 denominada «Criterios técnicos y actuariales para la fijación de tarifas por usos y aprovechamientos del agua cruda»;

Que, mediante Resolución No. 2016-1436 de fecha 25 de noviembre de 2016 la Autoridad Única del Agua emitió los Parámetros Generales para la Fijación de las Tarifas por la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y/o Saneamiento;

Que, mediante Acuerdo ministerial 2017-0031, el Secretario del Agua ratifica en el artículo 1 que la gestión comunitaria del agua la cumplen las juntas administradoras de agua potable y saneamiento; juntas generales de

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usuarios de sistemas de riego públicos, juntas o directorios de riego y drenaje; comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y sus organizaciones; y toda forma de organización comunitaria establecida de conformidad con la ley y la Constitución;

Que, en sesión del 09 de febrero de 2017, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control del Agua, resolvió aprobar mediante Resolución DIR-ARCA-001-2017, la Agenda Regulatoria 2017 que contiene, entre otros, el tema regulatorio relacionado a los criterios técnicos y actuariales en la fijación de tarifas por la prestación de los servicios públicos básicos de agua potable y/o saneamiento ambiental en el Ecuador;

Que, mediante Memorando Nro. ARCA-CGT-2017-0051-M de fecha 5 de abril de 2017, la Coordinación General Técnica de la Agencia de Regulación y Control del Agua pone a disposición de la Dirección Ejecutiva de la Agencia el Estudio de Impacto Regulatorio de la «Normativa técnica para el establecimiento de criterios técnicos y actuariales en la fijación de tarifas por la prestación de los servicios públicos básicos de agua potable y/o saneamiento ambiental en el Ecuador»;

Que, mediante Memorando Nro. ARCA-CGT-001-2017-M de fecha 03 de mayo de 2017, la Coordinación General Técnica de la Agencia de Regulación y Control del Agua pone a conocimiento de la Dirección Ejecutiva de la Agencia el Informe_ARCA_CP_EXT_REG_001, el cual contiene los resultados del Proceso de Consulta Pública; así como, el resumen de los aportes recibidos por parte de los participantes de dicho proceso;

Que, mediante Memorando Nro. ARCA-CGT-2017-013-2017-M de fecha 29 de noviembre de 2017, la Coordinación General Técnica de la Agencia de Regulación y Control del Agua pone a disposición de la Dirección Ejecutiva de la Agencia el Informe Técnico del Proyecto de Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 denominado «Normativa técnica para el establecimiento de criterios técnicos y actuariales para la determinación de costos sostenibles en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento ambiental en el Ecuador, a ser fijadas por los prestadores públicos de estos servicios», el mismo que recomienda: la adopción de dos (2) categorías de consumidores; la adopción de cuatro (4) bloques de consumo para la categoría residencial y tres (3) bloques de consumo para la categoría no residencial; la clasificación de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento en cuatro tipos, siendo éstos: grandes, medianos, pequeños (a), pequeños (b); y, los plazos de reporte de información por tipo de prestador de servicios de agua potable y saneamiento.

Que, mediante Oficio Nro. SENAGUA-SENAGUA-2017-0940-O de fecha 18 de diciembre de 2017, el Secretario Nacional del Agua convoca a una sesión de Directorio para el 20 de diciembre de 2017.

Por lo expuesto, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control del Agua, en ejercicio de las atribuciones y competencias constitucionales y legales vigentes:

Resuelve:

Expedir la presente Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, denominada «Normativa técnica para el establecimiento de criterios técnicos y actuariales para la determinación de costos sostenibles en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y, para la fijación de tarifas por los prestadores públicos de estos servicios», al tenor de los siguientes artículos:

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.- Objeto.- Establecer los criterios técnicos y actuariales para la determinación de los costos sostenibles en la prestación de los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental y, para la fijación de tarifas por los prestadores públicos de estos servicios.

ARTÍCULO 2.- Principios tarifarios.- La fijación de tarifas por los servicios públicos de agua potable y saneamiento ambiental deberán regirse por los siguientes principios:

1. Solidaridad.- conseguir que los altos consumidores de los servicios favorezcan a los bajos consumidores, con el fin de que éstos reciban el servicio a un valor que pueda ser asumido, sin afectar la sostenibilidad del servicio.
2. Equidad.- permitir que situaciones iguales son objeto de idéntico nivel de tarifa. También coincide la finalidad de la equidad con los principios básicos de la solidaridad y la garantía del derecho humano al agua.
3. Sostenibilidad.- permitir la gestión de los servicios públicos básicos de manera autónoma, financiados por los consumidores en garantía del derecho humano al agua.
4. Periodicidad.- permitir la adaptación y revisión periódica a nuevas circunstancias y consecución de la sostenibilidad.
5. Transparencia.- informar y mantener informados a los consumidores de los servicios sobre la gestión de la prestación, los estudios tarifarios, subsidios y sus costos asociados.
6. Eficiencia.- optimizar el uso de los recursos en la prestación de los servicios y su consumo. Las tarifas no podrán trasladar a los consumidores los costos de una gestión ineficiente.

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ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación.- La presente regulación debe ser aplicada exclusivamente por los prestadores públicos de servicios de agua potable y/o saneamiento ambiental ubicados en las áreas urbanas del territorio continental e insular de la República del Ecuador.

ARTÍCULO 4.- Servicios públicos básicos.- Para efectos de la presente regulación se consideran servicios públicos básicos, los siguientes:

1. Servicio de agua potable, que comprende los procesos de: captación y tratamiento de agua cruda, transporte y almacenaje, conducción, impulsión, distribución, gestión comercial, operación y mantenimiento.
2. Servicio de saneamiento ambiental relacionado con el agua, que comprende:

1. Alcantarillado sanitario.- que incluye los procesos de recolección y conducción, tratamiento y disposición final de aguas residuales y derivados del proceso de depuración; y
2. Alcantarillado pluvial.- que incluye los procesos de recolección, conducción y disposición final de aguas lluvia.

Dichos servicios son conocidos también como servicios públicos domiciliarios de acuerdo a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

ARTÍCULO 5.- Definiciones.- Para la aplicación de la presente regulación se tendrá en cuenta las siguientes definiciones:

Actividades productivas.- Son todas aquellas actividades donde se utiliza el agua potable con fines de lucro, tales como: restaurantes, bares, hoteles, entre otros.

Actividades no productivas.- Son todas aquellas actividades donde se utiliza el agua potable sin fines de lucro, tales como: instituciones públicas y de interés social.

Agua potable.- Es el agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar que ésta sea apta para consumo humano en función de lo cual debe cumplir los requisitos de calidad establecidos en la normativa legal vigente en relación al agua potable.

Agua potable no contabilizada en la red.- Permite establecer el porcentaje de volumen de agua tratada que se pierde desde que ésta sale a la red de distribución del sistema hasta que llega a los consumidores del servicio y se factura.

Análisis comparativo.- Es una técnica de análisis que consiste en comparar los resultados obtenidos entre dos metodologías tarifarías, e identificar las diferencias que

se hayan presentado en un mismo período con el objetivo de detectar variaciones que puedan ser relevantes o significativas.

Año de estudio.- Constituye el año fiscal en el cual se realiza el análisis para un estudio tarifario.

Catastro de consumidores.- Es un proceso sistemático de revisión, levantamiento en campo, comprobación, depuración, sistematización y generación de información relativa a los consumidores y conexiones de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Contrato de Prestación de Servicios.- Es un instrumento jurídico suscrito entre el prestador y el consumidor en el cual se detallan los derechos y obligaciones de las partes y mediante el cual se legaliza la condición de la prestación de los servicios y se genera derechos y obligaciones mutuas.

Consumidor de los servicios públicos básicos.- De acuerdo al Art. 67 de la LORHUyA, son personas naturales y/o jurídicas, que demandan la prestación de los servicios públicos básicos.

Consumidor en condición de vulnerabilidad.-Aquellos

consumidores que, por su condición económica, de edad o discapacidad certificadas, merecen un tratamiento diferenciado en el pago por los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental.

Factores de solidaridad y eficiencia administrativos y volumétricos.- Son los factores que se aplican a los costos medios administrativos y volumétricos de la prestación de los servicios con el fin de implementar esquemas de subsidio cruzado en beneficio de los consumidores en condición de vulnerabilidad e, incentivos para el uso eficiente del agua.

Nivel socioeconómico.- Clasificación de la población en base a criterios multidimensionales vinculados a la condición de bienestar de un hogar o grupo familiar.

Parámetro.- Son los costos que surgen de todas las erogaciones necesarias para suministrar los servicios al consumidor, en tanto que éstos constituyen el dato imprescindible, orientativo y constante dentro del estudio tarifario, de acuerdo a lo señalado en la Resolución 2016-1436 de fecha 25 de noviembre de 2016 emitida por la Autoridad Única del Agua.

Plan de Mejora.- Constituye un Plan de Mejora (PM) las estrategias, los programas, proyectos y acciones planificados con sus respectivos presupuestos, financiación y metas de corto, mediano y largo plazo, que deberán acometer los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP), previa aprobación de la Autoridad Única del Agua (AUA), para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos básicos e indicadores de desempeño.

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Planilla.- Documento mercantil por medio del cual el prestador público de servicios presenta al consumidor los montos mensuales a pagar por la prestación de los servicios públicos básicos.

Prestador público.- Para efectos de esta regulación son los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) quienes prestan de manera directa y/o a través de empresas los servicios de agua potable y/o saneamiento en las áreas urbanas y/o rurales.

Subsidios cruzados.- Esquema mediante el cual los consumidores de mejor condición socioeconómica apoyan a los consumidores en condición de vulnerabilidad para acceder a los servicios públicos básicos.

Subsidio directo.- Es la asignación, transferencia, donación y/o aporte realizado por los diferentes niveles de gobierno o donantes hacia un prestador para garantizar la provisión de los servicios públicos básicos a los consumidores en condición de vulnerabilidad.

Tarifa de agua potable y/o saneamiento.- Es la retribución de los consumidores por la prestación de los servicios públicos básicos.

Usuario del agua.- Es todo titular de una autorización de uso o aprovechamiento del agua. Para efecto de esta regulación serán usuarios del agua cruda, los prestadores de los servicios públicos básicos de agua potable y/o saneamiento ambiental.

Volumen de agua tratada distribuida a la red (VTD).- Corresponde al volumen de agua cruda tratada directamente por el prestador o agua importada que se distribuye a la red como agua potable para el consumo de la población servida, en concordancia a lo establecido en la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016.

Volumen total facturado de agua potable (VTF).- Es la sumatoria del volumen de agua potabilizada: facturado medido, facturado estimado y facturado en bloque a otros prestadores, en concordancia a lo establecido en la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016.

CAPITULO II: ELEMENTOS TARIFARIOS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 6.- Elementos tarifarios fundamentales. – Para la fijación de tarifas por la prestación de los servicios públicos básicos en el Ecuador, todos los prestadores deberán considerar y determinar los siguientes elementos, previo al cálculo de la tarifa por los servicios prestados:

1. Estructura de costos asociados a la prestación de los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental.
2. Catastro y categorización de consumidores de los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental.

c) Volumen de agua tratada distribuida a la red y volumen de agua facturada por el prestador público de servicios.

ARTÍCULO 7.- Estructura de costos de los servicios públicos básicos.- Es la distribución ordenada de los costos directos, costos de inversión y costos indirectos de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento ambiental.

La estructura de costos por la prestación de cada componente de los servicios públicos básicos descritos en el artículo 15 de la presente regulación, comprende:

1. Costos Directos.- Costos asociados directamente a la operación y mantenimiento para la prestación de los servicios públicos básicos.
2. Costos Indirectos.- Costos relacionados con la administración general en la prestación de los servicios públicos básicos.
3. Costos de Inversión.- Costos destinados a la ejecución de planes, programas o proyectos en: expansión y ampliación, reposición, rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y/o saneamiento ambiental que comprende la construcción de infraestructura física, tecnológica o digital, así como erogaciones en personal, en bienes o activos, y otros costos asociados a la inversión, como los planes de manejo ambiental.

Para la estimación de los costos futuros respecto del año de referencia por la prestación de cada componente de los servicios descritos en el artículo 15, el prestador deberá considerar la información de su ejecución presupuestaria, estados financieros, flujos, requerimientos comunitarios y demás información financiera pertinente

ARTÍCULO 8.- Catastro y categorización de consumidores de los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental. – El catastro será responsabilidad del prestador público de servicios y deberá contener la información de todos los consumidores dentro de su área de competencia, sean estos atendidos directamente o a través de terceros.

El prestador realizará el catastro el cual consistirá en un levantamiento de la información de los consumidores de los servicios que permita su categorización y diferenciación tarifaria. De acuerdo con el catastro de consumidores el prestador público de servicio deberá ubicar a sus consumidores de acuerdo con las siguientes categorías:

1. Residencial, y
2. No residencial.

ARTÍCULO 9.- Volumen de agua tratada distribuida a la red (VTD).- El prestador público de servicios

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deberá llevar un registro e implementar los mecanismos que considere necesarios para conocer el volumen de agua tratada distribuida a la red para el consumo. Dicho parámetro se encuentra determinado en la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 y servirá para determinar los costos medios volumétricos por la prestación de los servicios públicos básicos.

El prestador deberá considerar el porcentaje de volumen de agua tratada distribuida a la red que se pierde desde que ésta sale a la red de distribución del sistema hasta que llega a los consumidores del servicio, y se factura; lo anterior con el objetivo de que el prestador disminuya el indicador de agua potable no contabilizada en la red.

ARTÍCULO 10.- Volumen de agua facturada por categoría de consumidor (VTF).- El prestador público de servicios deberá llevar un registro e implementar los mecanismos que considere necesarios para conocer el volumen total facturado por cada categoría de consumidor. La sumatoria del volumen de agua facturada es el equivalente al parámetro «Volumen Total Facturado (VTF)», definido en la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 y servirá de base para realizar el ajuste de los factores de solidaridad y eficiencia en el pliego tarifario.

ARTÍCULO 11.- Proyección del volumen de agua tratada distribuida a la red y facturada por el prestador público de servicios.- Para las proyecciones tanto del volumen de agua tratada distribuida a la red (VTD) como del volumen total facturado (VTF), para los años posteriores al año en el que se realiza el estudio tarifario, el prestador público de servicios deberá considerar el cumplimiento a las metas de cobertura establecidas en el Plan de Mejoras que se formule para mejorar el desempeño, el mismo que se encuentra incluido dentro del Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016.

TITULO II: ESTUDIO TARIFARIO

CAPÍTULO I: DETERMINACIÓN DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE INVERSIÓN

ARTÍCULO 12.- Estudio tarifario.- Es una evaluación técnica-económica que considera la aplicación de los principios tarifarios dentro de su análisis. El estudio tarifario contempla la determinación de los elementos tarifarios fundamentales y la aplicación de los criterios técnicos y actuariales para el establecimiento de un pliego tarifario.

ARTÍCULO 13.- Elaboración del estudio tarifario.- El estudio tarifario deberá ser elaborado por profesionales de experiencia comprobada por el prestador público de servicios y con firmas de responsabilidad. En el caso de que el prestador no cuente con profesionales debidamente calificados para la formulación de dicho estudio, éste podrá contratar los servicios que sean necesarios.

ARTÍCULO 14.- Determinación de las metas para los estándares de servicio y los estándares de eficiencia. – Los prestadores públicos de servicios deberán formular el estudio tarifario considerando los costos necesarios para cumplir las metas institucionales para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los servicios en los Planes de Mejora formulados por el prestador o solicitados por la Agencia de Regulación y Control del Agua en aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016 y sus reformas vigentes, incorporando los criterios de eficiencia, y sostenibilidad.

ARTÍCULO 15.- Registro de costos.- El nivel mínimo del registro de costos ejecutado por los prestadores públicos de servicios contemplará la siguiente estructura:

a) Componente

b) Subcomponente

c) Parámetro

1. Agua Potable;

2. Saneamiento Ambiental;

3. Prestación comunitaria (Alianzas público- comunitarias)

1. Costos directos;

2. Costos indirectos;

3. Costos de inversión

Ítem de costos por la prestación de los servicios públicos básicos.

Los componentes de agua potable y saneamiento ambiental hacen referencia a los servicios públicos básicos definidos en el artículo 4 de la presente regulación.

Para el componente de prestación comunitaria se deberán considerar los subcomponentes y parámetros establecidos en las alianzas público-comunitarias, o a su vez, los determinados por el prestador público de servicios dentro de los lanes de Mejora.

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El registro de costos debe considerar los parámetros dispuestos en el Sistema Nacional de Finanzas Públicas establecido por el Ministerio de Finanzas, por lo que su estructura se sostiene sobre la base de la normativa de contabilidad gubernamental y del clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público actualizado al 18 de septiembre del 2017, el mismo que se encuentra detallado en el Anexo No. 1 de la presente regulación.

La información de costos deberá registrarse sobre la base de los montos planificados y de los montos devengados conforme lo establece el artículo 157 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

ARTÍCULO 16.- Determinación de los componentes de la estructura de costos de los servicios públicos básicos.- Para la determinación de la estructura de costos de la prestación de los servicios públicos básicos por cada componente establecido en el artículo 15 de la presente regulación, los prestadores públicos de los servicios deberán determinar los montos en dólares de los diferentes parámetros establecidos en la Resolución No. 2016-1436 de fecha 25 de noviembre de 2016 emitido por la Autoridad Única del Agua para la fijación de tarifas.

ARTÍCULO 17.- Costos directos por el servicio de agua potable.- Los costos directos del servicio deberán considerar los costos de operación y mantenimiento de los siguientes procesos dentro de la prestación del servicio:

1. Captación y tratamiento de agua cruda;
2. Transporte y almacenamiento;
3. Conducción;
4. Impulsión;
5. Distribución; y,
6. Gestión comercial.

ARTÍCULO 18.- Determinación de los costos directos por el servicio de saneamiento ambiental.- Los costos directos del servicio de saneamiento ambiental serán la sumatoria de los costos directos del servicio de alcantarillado sanitario más los costos directos del servicio de alcantarillado pluvial.

ARTÍCULO 19.- Determinación de los costos directos por el servicio de alcantarillado sanitario.- Los costos directos del servicio de alcantarillado sanitario son los que determina el prestador de los servicios, como necesarios, para el desarrollo de actividades de los siguientes procesos:

1. Recolección y conducción de las aguas servidas;
2. Tratamiento y disposición final de aguas residuales y derivados del proceso de depuración; y,

c) Operación y mantenimiento de la infraestructura asociada al servicio de alcantarillado sanitario.

ARTÍCULO 20.- Determinación de los costos directos por el servicio de alcantarillado pluvial.- Los costos directos del servicio de alcantarillado pluvial corresponden a las actividades de:

1. Recolección,
2. Conducción,
3. Disposición final de las aguas de lluvia; y,
4. Operación y mantenimiento de la infraestructura asociada al servicio de alcantarillado pluvial.

ARTÍCULO 21.-Determinación de los costos indirectos por los servicios públicos básicos.- Los costos indirectos para cada servicio público básico son aquellos que el prestador determina, como necesarios, para el desarrollo de las actividades administrativas y de gerenciamiento de la prestación de los servicios públicos básicos. No se podrán incluir en estos costos los asociados a los costos de personal administrativo y de gerenciamiento gestionados o financiados con recursos provenientes de cualquiera de los niveles de Gobierno.

ARTÍCULO 22.- Determinación de los costos de inversión.- Los costos de inversión para cada componente de los servicios serán los que se requieran para cada año del período del estudio tarifario, al menos, para:

1. Protección y conservación de fuentes y zonas de recarga hídrica de donde capte el agua;
2. Expansión del servicio;
3. Reposición, rehabilitación, mejoramiento de infraestructura e infraestructura nueva;
4. Fortalecimiento institucional de prestadores de servicio; y,
5. Costos de pre-inversión e inversión que se encuentren contemplados en la planificación institucional (Plan de Mejora, Plan Maestro, planes de manejo ambiental).

Lo anterior comprende la construcción de infraestructura física, tecnológica o digital, así como la adquisición de bienes o activos, amortización de deuda y otros costos asociados a la inversión para cada año del período del estudio tarifario. En todo caso las inversiones proyectadas deberán contar con los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales correspondientes.

El prestador deberá discriminar los costos de inversión en función de la fuente de financiamiento, diferenciando: montos de crédito, montos no reembolsables, montos

Registro Oficial N° 190 – Suplemento Miércoles 28 de febrero de 2018 – 13

obtenidos por autogestión, montos de transferencias estatales, montos de donaciones, y todos aquellos que considere necesarios para una correcta diferenciación.

ARTÍCULO 23.- Costos de inversión a ser financiados por el consumidor.- A partir de la discriminación de fuentes de financiamiento, el prestador deberá definir aquellos flujos de inversión a ser financiados con la tarifa cobrada al consumidor. No se deberán incluir en este concepto las inversiones financiadas por créditos y transferencias no reembolsables, y por contribuciones especial de mejoras, así como, donaciones. No se deberá incluir costos de inversión de actividades que estén fuera de la prestación de los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental.

ARTÍCULO 24.- Subsidio directo a los consumidores en condición de vulnerabilidad.- Créditos y transferencias no reembolsables, así como, donaciones, se destinarán en primera instancia como montos dirigidos a financiar los costos de los servicios de los consumidores en condición de vulnerabilidad.

CAPÍTULO II: DETERMINACIÓN DE CATEGORÍAS DE CONSUMIDORES

ARTÍCULO 25.- Definición de categorías de consumidores.- Los consumidores de los servicios públicos básicos, en función de los resultados del catastro, se clasificarán en las siguientes categorías:

a) Residencial: Esta categoría contempla los consumidores de hogares/inmuebles destinados únicamente a la vivienda de las personas, donde no se desarrolle ninguna actividad productiva.

b) No residencial: Esta categoría contempla todos los consumidores que se ubiquen en los inmuebles donde se practiquen actividades comerciales e industriales, tales como hoteles, restaurantes, oficinas privadas, talleres y en general todas aquellas que no corresponden a inmuebles residenciales. En el caso de que el prestador público de servicios desarrolle dentro de dicha categoría, subcategorías adicionales, se deberá diferenciar las actividades productivas (comerciales, industriales) de las no productivas (instituciones públicas o de interés social).

Dentro de las categorías anteriores, el prestador podrá desagregar en mayores niveles de detalle a los consumidores en función de sus características específicas, vinculadas a los resultados de los estudios (Socioeconómicos, catastrales y otros relacionados).

CAPÍTULO III: DETERMINACIÓN DE

BLOQUES DE CONSUMO POR CATEGORÍA DE

CONSUMIDOR

ARTÍCULO 26.- Bloque de consumo por categoría de consumidor.- Es la clasificación de los consumos de agua potable en función de rangos que el prestador deberá considerar para aplicar una diferenciación tarifaria.

El prestador deberá utilizar, en el estudio tarifario, los bloques de consumo establecidos en esta regulación para las categorías: residencial y no residencial.

ARTÍCULO 27.- Bloque de consumo para categoría residencial.- De acuerdo con el volumen consumido, el prestador público de servicio ubicará a los consumidores por cuatro bloques, como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 1 Bloques de consumo de los servicios públicos básicos de agua potable y/o saneamiento para la categoría residencial

BLOQUES

Rangos de consumo

Bloque A:

Consumo básico

0 < x <= 10 m³/mes

Bloque B:

Consumo medio

10 <x < = 25 m³/mes

Bloque C:

Consumo alto

25 < x < = 40 m³/mes

Bloque D:

Consumo suntuario

> 40 m³/mes

ARTÍCULO 28.- Bloque de consumo para categoría no residencial.- De acuerdo con el volumen consumido, el prestador público de servicio ubicará a los consumidores de esta categoría por tres bloques, como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 2 Bloques de consumo de los servicios públicos básicos de agua potable y/o saneamiento para categoría no residencial

14 – Miércoles 28 de febrero de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 190

BLOQUES

Rangos de consumo

Bloque 1:

Consumo básico

0 < x <= 25 m³/mes

Bloque 2:

Consumo medio

25 < x < = 50 m³/mes

Bloque 3:

Consumo alto

> 50 m³/mes

ARTÍCULO 29.- Discrecionalidad en la definición de bloques de consumo.- De considerarlo pertinente, el prestador público de servicios podrá justificar ante la Agencia de Regulación y Control del Agua la necesidad de implementar bloques de consumo diferentes a los establecidos. Para lo anterior, se deberá presentar un estudio técnico que sustente lo solicitado y la Agencia deberá emitir un pronunciamiento hasta 30 días posteriores a la presentación de la solicitud, prorrogables otros 30 días más, en donde se acepte con o sin condicionamiento la implementación de los bloques.

CAPITULO IV: CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS

ARTÍCULO 30.- Costo medio de administración por cada servicio público básico.- Es la relación que existe entre el costo indirecto mensual de los servicios públicos básicos y el número máximo mensual de cuentas por cada servicio en el año de estudio. De acuerdo a las siguientes fórmulas:

Donde,

CMA_ap

Costo medio de administración mensual del servicio público básico de agua potable expresado en dólares (USD/consumidores).

CMA_sa

Costo medio de administración mensual del servicio público básico de saneamiento ambiental expresado en dólares (USD/consumidores).

Costos indirectos anuales

Costos indirectos totales anuales por la prestación del servicio expresado en dólares (USD)

n

Año de estudio, que toma valores desde: el año inmediatamente anterior al periodo de estudio, el año actual y al menos tres años siguientes.

Número de cuentas de agua potable max

Número de cuentas/conexiones máximo mensual en el año de estudio

Número de cuentas de alcantarillado max

Número de cuentas/conexiones máximo mensual en el año de estudio

El prestador deberá optimizar los costos administrativos dentro del costo total del servicio, de cada año de estudio, con el fin de cumplir que éstos no superen a los costos directos y/o los de inversión.

Registro Oficial N° 190 – Suplemento Miércoles 28 de febrero de 2018 – 15

Dentro del estudio tarifario se deberá considerar el análisis anual de los costos referidos a los volúmenes y número de cuentas del mismo año, para lo cual se considerará el análisis desde un año anterior al del estudio, el año actual y al menos tres años proyectados a futuro.

ARTÍCULO 31.- Costo medio volumétrico anual.- Es la relación entre los costos directos y de inversiones anuales y el volumen de agua anual tratada distribuida a la red corregido por el indicador de agua potable no contabilizada en la red, en función de la siguiente fórmula:

Para el servicio de agua potable.

Donde,

CMV_ap

Costo medio volumétrico mensual del servicio de agua potable expresado en dólares por metro cúbico. (USD/m³)

CMV_sa

Costo medio volumétrico mensual del servicio de saneamiento expresado en dólares por metro cúbico. (USD/m³)

Costo Directo anual

Costo directo anual del año de estudio, expresado en dólares (USD).

Costo Inversión anual

Costo de inversión anual del año de estudio, expresado en dólares (USD).

VTD

Volumen de agua tratada distribuida a la red expresado en metros cúbicos (m3).

ANC

Indicador de agua potable no contabilizada en la red del prestador de servicios públicos básicos expresado en %.

n

Año de estudio, que toma valores desde: el año inmediatamente anterior al periodo de estudio, el año actual y al menos tres años siguientes.

Para efectos del cálculo del costo medio volumétrico, el indicador de agua potable no contabilizada en la red ANC no podrá exceder el 35%, por tanto, los prestadores de servicios que presenten valores superiores de ANC indicado, deberán incorporar dicho valor (35%) en el cálculo del CMV. Aquellos prestadores que presenten valores del ANC entre 0%> y 35%) deberán incluir en la fórmula del costo medio volumétrico su ANC correspondiente para cada año de estudio.

En el caso, que los prestadores de servicios presenten niveles mayores de ANC a los establecidos en la presente regulación, deberán incorporar dentro de sus Planes de Mejora, los planes, programas y proyectos de reducción del indicador de agua potable no contabilizada en la red.

Dentro del estudio tarifario se deberá considerar el análisis anual de los costos, referidos a los volúmenes y número de cuentas del mismo año, para cada servicio, para lo cual se considerará desde un año anterior al del estudio, el año actual, y al menos tres años proyectados a futuro.

ARTÍCULO 32.- Consideraciones para la proyección de costos.- La proyección de costos de la prestación de los servicios públicos básicos de los años subsiguientes al año de estudio deberá estar contemplada dentro del estudio tarifario a ser presentado a la ARCA. De considerarlo pertinente el prestador de servicios, para la proyección de los costos deberá tomar como base los costos del año en el que se realiza el estudio tarifario.

16 – Miércoles 28 de febrero de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 190

La proyección de costos deberá ser desarrollada en función del periodo para el cual se establezca el nuevo pliego tarifario, aplicando el método que el prestador público de servicios considere idóneo, siempre y cuando éste contemple variables de carácter macroeconómico, tales como: inflación anual, demanda futura proyectada, variación del producto interno bruto (anual), índice de precios al consumidor, entre otros, con la finalidad de que dichos costos se acerquen lo más posible a la realidad de cada prestador.

ARTÍCULO 33.- Análisis situacional de la prestación de los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental.-El prestador público de servicios deberá realizar un análisis comparativo anual de los costos de la prestación de los servicios, los montos de facturación y, los ingresos por recaudación, con el fin de identificar las posibles brechas existentes que impiden la sostenibilidad de los servicios y para que se planteen por parte del prestador acciones que corrijan esta insostenibilidad, dentro de la cual esta, entre otros, establecer o ajustar las tarifas de los servicios o incrementar subsidios por parte del prestador.

Brechas del servicio con facturación

5. Bf_ap = (CD + CI + Cinv)_ap – FAP
6. Bf_sa = (CD + CI + Cinv)_sa – FALC

Brechas del servicio con recaudación

(7) Br = (CD + CI + Cinv)_ap + (CD + CI + Cinv)_sa – REF_ap+sa

Donde,

Bf_ap

Brecha del servicio con facturación de agua potable

Bf_sa

Brecha del servicio con facturación de saneamiento ambiental

CD

Costo Directo

CI

Costo Indirecto

Cinv

Costo de Inversión

FAP

Facturación de Agua Potable

FALC

Facturación de Alcantarillado (o saneamiento ambiental)

Br

Brecha de recaudación por los servicios de agua potable y saneamiento ambiental

RFF _{ap y sa}

Recaudación efectiva por Agua Potable y Alcantarillado (o saneamiento ambiental)

Las brechas de los servicios con respecto a su facturación y las brechas de los servicios con respecto a su recaudación tendrán valores positivos en dólares cuando los ingresos no cubran los costos.

CAPÍTULO V: ESTRUCTURA DEL PLIEGO TARIFARIO

ARTÍCULO 34.- Elementos del pliego tarifario.- El pliego tarifario estará compuesto por:

1. Categorías de Consumidor,
2. Bloques de Consumo, y

Registro Oficial N° 190 – Suplemento Miércoles 28 de febrero de 2018 – 17

c) Cargos fijos y Cargos Variables.

Los elementos del pliego tarifario podrán ser revisados anualmente y deberán ser actualizados cuando se elaboren nuevos estudios tarifarios.

ARTÍCULO 35.- Pliego tarifario.- Es el conjunto de cargos asociados a la prestación de un servicio público básico, diferenciados por categorías de consumidor y bloques de consumo. El prestador público de servicios deberá determinar un pliego tarifario por cada servicio público básico: agua potable y saneamiento ambiental, en el formato que se muestra a continuación:

Tabla 3 Estructura del pliego tarifario de cada servicio público básico por cada año de la categoría residencial

Categoría de Consumidor

Cargo Fijo

Cargo Variable

Bloque A

Bloque B

Bloque C

Bloque D

Residencial

CF_t

CV_i.j

CV_i.j

W_i.j

W_i.j

Tabla 4 Estructura pliego tarifario de cada servicio público básico por cada año de la Categoría No Residencial

Categoría de Consumidor

Cargo Fijo

Cargo Variable

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

No residencial

CF_t

CV_i.j

CV_i.j

CV_i.j

Donde,

CF

Cargo Fijo mensual expresado en dólares por cuenta (USD/cuenta)

CV

Cargo variable mensual expresado en dólares por metro cúbico. (USD/m3)

i

Categoría de consumidor.

j

Bloque de consumo.

ARTICULO 36.- Cargos del pliego tarifario.- Los cargos son los valores unitarios resultado de la multiplicación entre los costos medios administrativos y/o costos medios volumétricos y los factores de solidaridad y volumétricos respectivamente, determinados por los prestadores públicos de los servicios, que se describen en el siguiente artículo.

Los cargos del pliego tarifario son fijos cuando están asociados a la categoría de consumidor y los costos medios administrativos; y, son variables cuando están asociados a los costos medios volumétricos y a un bloque de consumo.

ARTÍCULO 37.- Factores de solidaridad y eficiencia.- Los factores de solidaridad y eficiencia son aquellos valores, determinados por los prestadores públicos de servicios, que se aplican a los costos medios administrativos y los

costos medios volumétricos, respetivamente, con el fin de garantizar el derecho humano al agua potable.

Los factores son los siguientes:

1. Factores de Solidaridad: son los aplicados a las categorías de consumidor y están enfocados en garantizar la sostenibilidad de cada servicio, contribuyendo a la redistribución de los costos indirectos en función de las condiciones socioeconómicas de los consumidores de cada categoría.
2. Factores de Eficiencia: son los aplicados a los bloques de consumo y están enfocados a incentivar el uso eficiente del agua potable mediante el cobro diferenciado de los servicios de acuerdo al volumen consumido.

18 – Miércoles 28 de febrero de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 190

ARTÍCULO 38.- Determinación del cargo fijo por los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental.- El cargo fijo por los servicios públicos básicos será igual al resultado de multiplicar el costo medio administrativo de cada servicio básico por un factor de solidaridad como se muestra en la siguiente ecuación:

(8) CF_ap/sa. _i.= CMA_ap/sa*fs_i

Donde,

CF ap/sa

Cargo fijo por los servicios públicos básicos de agua potable/saneamiento. (USD/cuenta)

CMA ap/sa

Costo medio administrativo mensual para el servicio público básicos de agua potable/saneamiento ambiental. (USD/cuenta)

fs

Factor de solidaridad (diferente de cero).

i

Categoría de Consumidor

ARTÍCULO 39.- Determinación del cargo variable por los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental.- El cargo variable por los servicios públicos básicos será igual al resultado de multiplicar el costo medio volumétrico de cada servicio básico por un factor de eficiencia como se muestra en la siguiente ecuación:

(9) CV_ap/saiJ= CMV_ap/sa*fe_tJ

Donde,

CV ap/sa

Cargo variable por los servicios públicos básicos de agua potable/saneamiento. (USD/ m³)

CMV ap/sa

Costo medio volumétrico mensual para el servicio público básicos de agua potable/saneamiento. (USD/m³)

fe

Factor de eficiencia (diferente de cero).

i

Categoría de Consumidor

j

Bloque de Consumo.

ARTÍCULO 40.- Determinación de factores de solidaridad y eficiencia.- para la determinación de los factores de solidaridad y eficiencia, que deben ser diferentes de cero, por parte de los prestadores públicos de servicios públicos, deberán mantenerse como principios los siguientes:

1. Los ingresos por la recaudación de cargos fijos deberán cubrir los requerimientos de costos indirectos.
2. Los ingresos por la recaudación de cargos variables deberán cubrir los requerimientos de costos directos y de inversión. Lo anterior en función de lo siguiente:

a) Igualdad de costos indirectos

(10) CI =Σ(CF_i*Ncc_i)

b) Igualdad de costos directos y de inversión

(11) CD + CInv = Σ(CVij * (VTD * (100% – ANC)) _i.j)

Registro Oficial N° 190 – Suplemento Miércoles 28 de febrero de 2018 – 19

Donde,

Ncc_i

Número de cuentas por categoría de consumidor

CI

Costo Indirecto

CF

Cargo Fijo

CMA

Costo Medio Administrativo

CD

Costo Directo

CInv

Costo de Inversión

CV

Cargo Variable

VTD

Volumen de agua tratada distribuida a la red

CMV

Costo Medio Volumétrico

i

Categoría de Consumidor

j

Bloque de Consumo.

El resultado de aplicar los factores de solidaridad en las ecuaciones descritas deberá satisfacer la condición de igualdad, con lo cual el prestador público de servicios deberá recaudar los valores que se requieren para cubrir los costos indirectos y directos incluyendo la inversión para cada uno de los servicios prestados.

La Agencia de Regulación y Control del Agua podrá revisar la aplicación de los factores de solidaridad y encienda establecidos en la presente regulación para determinar si existen o no desequilibrios financieros que afecten la sostenibilidad de los servicios o vulneren el derecho humano al agua potable y, de ser necesario, disponer al prestador los ajustes correspondientes.

CAPÍTULO VI: TARIFA A PAGAR POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y/O

SANEAMIENTO AMBIENTAL

ARTÍCULO 41.- Determinación de la tarifa a pagar.- Es el monto total a pagar por los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental está compuesto por el cargo fijo, el cargo variable y el volumen consumido, calculados en función de la categoría de consumidor y bloques de consumo.

El monto total a pagar por los servicios públicos básicos por parte del consumidor será el resultado de la sumatoria entre: el cargo fijo (por su categoría de consumidor) y el resultado de la multiplicación de los cargos variables y el volumen consumido (dentro de cada bloque de consumo), de conformidad con la siguiente ecuación:

(12) Tar = CF_apysa + Σ(VC_j* CV_ij ) _{ap y sa}

Donde,

Tar

Tarifa a pagar. Valor expresado en dólares (USD)

VCj

Volumen consumido dentro de un bloque de consumo, expresado por en metros cúbicos (m³).

CF

Cargo fijo

CV

Cargo variable

i

Categoría de Consumidor

j

Bloque de Consumo.

ap

Servicio de agua potable

sa

Servicio de saneamiento ambiental

ARTÍCULO 42.- De la planilla de servicios públicos básicos de agua potable y/o saneamiento ambiental. – Para el cobro por la prestación de los servicios públicos básicos los prestadores deberán emitir las planillas correspondientes a cada consumidor de los servicios que se suscriban entre el prestador y el consumidor en cumplimiento de la regulación que emita

20 – Miércoles 28 de febrero de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 190

la Agencia para el efecto, mismas que deberán incluir los valores de consumo respectivo, tanto en volumen como en monto total a pagar. En los casos en que existan cobros y recargos adicionales, estos deberán ser detallados y estar amparados en leyes u ordenanzas para su cobro.

Los prestadores públicos de servicios deberán entregar la planilla de servicios en la forma y plazos señalados en los contratos de prestación de servicios que se suscriban entre el prestador público y el consumidor, y deberán ajustarse a lo estipulado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; así como, a las normas establecidas por el Servicios de Rentas Internas.

ARTÍCULO 43.- Visualización de subsidios.- La planilla deberá presentar el monto que el Estado subsidia en la prestación de los servicios públicos básicos. El prestador deberá hacer visible el o los subsidios de los que el consumidor ha sido beneficiado, entre ellos los facultados por ley: del Anciano, de Discapacidades y LORHUyA, en cuanto al consumo mínimo vital, y los establecidos en la presente regulación producto de la aplicación de: factores de solidaridad y eficiencia.

ARTÍCULO 44.- Cumplimiento a la Ley de Discapacidades y Ley de Ancianos.- Respecto de las condiciones de discapacidad y de edad de los consumidores, los prestadores públicos de servicios deberán dar estricto cumplimiento a lo determinado en la normativa correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

• Artículo 79 numeral 1 de la Ley Orgánica de Discapacidades: exoneración del 50% del valor del consumo de agua potable de hasta 10 metros cúbicos.

Artículo 15 inciso tercero de la Ley del Anciano: pagarán el 50% de la tarifa correspondiente al consumo mensual de hasta 20 metros cúbicos de agua potable en un medidor de su propiedad.

La disposición general tercera de la Ley de Educación Intercultural: los planteles educativos públicos estarán exonerados del pago de los servicios básicos hasta el monto determinado por la Autoridad Nacional Educativa.

El consumidor recibirá las exoneraciones y descuentos sobre el cálculo del monto a pagar.

ARTÍCULO 45.- Facturación consumidores no medidos.- Para los consumidores no medidos, se debe aplicar exactamente la misma estructura y valores tarifarios recomendados para los consumidores medidos, pero asignando a cada consumidor no medido un consumo presunto (o promedio) que deberá ser calculado con base en los consumos de consumidores medidos de su misma categoría. Se pueden tomar en cuenta algunas variables adicionales como el tamaño de la vivienda, nivel de actividad o número de mesas (para cafeterías, restaurantes o similares) o número de camas (para hoteles, hostales o similares).

Los prestadores podrán asignar a sus consumidores no medidos un consumo hasta 50%) adicional al promedio de volumen de consumo de agua potable que presentan los consumidores medidos de su misma categoría.

En todo caso, el prestador de servicios no podrá cobrar por la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento ambiental sobre la base de consumo presunto (o promedio) por más de 6 meses consecutivos en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Defensa del Consumidor.

CAPÍTULO VII: CRITERIOS ACTUARIALES PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS

ARTÍCULO 46.- Análisis de impactos de la aplicación de los criterios técnicos y actuariales.- El prestador público de servicios deberá realizar un análisis de los impactos de la aplicación de los criterios técnicos y actuariales de la presente regulación con el fin de que éstos no afecten la sostenibilidad y eficiencia de los servicios y la garantía del derecho humano al agua.

Resultado del análisis, y con el objetivo de reducir los impactos, se podrá eliminar, trasladar o re planificar los costos considerados para la prestación de los servicios, dentro de un proceso iterativo, con el fin de reducir los impactos identificados.

Se podrán considerar fuentes de financiamiento alternativas, optimización de procesos, priorización de inversiones y alianzas estratégicas hasta formular un pliego tarifario que promueva la sostenibilidad de los servicios y el mínimo impacto a los consumidores.

La Agencia de Regulación y Control del Agua podrá acordar, de ser el caso, con los prestadores públicos de servicios que lo soliciten, ajustes particulares para la aplicación de los criterios técnicos y actuariales, con base en un análisis comparativo.

ARTÍCULO 47.- Planes de gradualidad.- Será optativo por el prestador de servicios y se constituyen como el documento de planificación de la implementación gradual del nuevo pliego tarifario finalmente establecido por el prestador de servicios, el mismo que deberá incluir las tarifas que aplicará durante cada año de la vigencia del pliego tarifario y, las estrategias de financiamiento que permitan cubrir la totalidad de los costos de los servicios y deberá ser presentado como parte del estudio tarifario a la Agencia de Regulación y Control del Agua.

Los planes de gradualidad deberán considerar la implementación progresiva de la tarifa calculada, si la misma no se implementa en su totalidad en el periodo que se defina en el año de estudio. Igualmente, dichos planes deberán implementarse en los plazos definidos en la presente regulación.

ARTÍCULO 48.- Aplicación, actualización y revisión del pliego tarifario.- El pliego tarifario entrará en vigencia

Registro Oficial N° 190 – Suplemento Miércoles 28 de febrero de 2018 – 21

una vez que la autoridad competente de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento ambiental lo apruebe; y, tendrá una vigencia de mínima de 3 años. La revisión se realizará anualmente.

En situaciones de fuerza de mayor el prestador podrá justificar y solicitar a la Agencia de Regulación y Control del Agua la actualización del pliego tarifario, en plazos diferentes a los establecidos en la presente regulación.

ARTÍCULO 49.- Reporte del estudio tarifario.- El prestador público de servicios deberá remitir a la Agencia de Regulación y Control del Agua el estudio tarifario vigente, que incluye el detalle de los elementos tarifarios fundamentales, en las mismas fechas de reporte de información definidas en el artículo 15 de la Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016 y sus reformas vigentes. La Agencia emitirá un informe y controlará su cumplimiento. El estudio tarifario deberá estar suscrito por el representante legal de la entidad prestadora de los servicios públicos básicos.

ARTÍCULO 50.- Información a los consumidores.- Los prestadores de servicios públicos de agua potable y/o saneamiento ambiental deberán comunicar a los consumidores el nuevo pliego tarifario, en un periodo posterior de hasta 30 días calendario de entrada en vigencia del mismo. Las tarifas deberán publicarse en un periódico que circule en los municipios en donde se presten los servicios públicos básicos o en uno de circulación nacional. Igualmente podrán publicarse por otros medios de comunicación.

El pliego tarifario, estudio tarifario y, de ser el caso, plan de gradualidad deberán estar disponibles en la página web

institucional del prestador del servicio, o a su vez, a través de un medio digital verificable.

ARTÍCULO 51.- De las campañas de concientización.- Los prestadores presupuestarán y ejecutarán campañas de concientización entre sus consumidores sobre los principios de eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos básicos, así como de aquellas directrices que establezca para el efecto la Autoridad Única del Agua.

Las campañas deberán dirigirse a todos los sectores de la población con mensajes que estimulen y generen una cultura de pago y consumo eficiente del agua.

ARTÍCULO 52.- Garantía de principios de los servicios públicos básicos.- El prestador público de servicios deberá aplicar los criterios técnicos y actuariales para la fijación de tarifas por los servicios públicos básicos en la jurisdicción de su competencia, en el área urbana y/o rural en donde se preste el servicio, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios públicos bajo los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

TÍTULO III: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

CAPITULO I: CUMPLIMIENTO DE ELEMENTOS TARIFARIOS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 53.- Cumplimiento de elementos tarifarios fundamentales.- El prestador público de servicios, según la clasificación establecida en el Anexo 2, deberá reportar a la Agencia: el informe situacional de ingresos y costos, el estudio tarifario e implementación de su plan de gradualidad, por única vez en los siguientes plazos:

Tabla 5 Plazos de cumplimiento de elementos tarifarios para Prestadores Grandes

Elementos Tarifarios

Plazo de cumplimiento

Informe situacional de ingresos y costos

Mesjuniode2018

Entrega de Estudio Tarifario

Mes septiembre de 2018

Plan de Gradualidad

Mes octubre de 2018

Tabla 6 Plazos de cumplimiento de elementos tarifarios para Prestadores Medianos

Elementos Tarifarios

Plazo de cumplimiento

Informe situacional de ingresos y costos

Mes agosto de 2018

Entrega de Estudio Tarifario

Mes noviembre de 2018

Plan de Gradualidad

Mes diciembre de 2018

22 – Miércoles 28 de febrero de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 190

Tabla 7 Plazos de cumplimiento de elementos tarifarios para Prestadores Pequeños (a)

Elementos Tarifarios

Plazo de cumplimiento

Informe situacional de ingresos y costos

Mes marzo de 2019

Entrega de Estudio Tarifario

Mes julio de 2019

Plan de Gradualidad

Mes octubre de 2019

Tabla 8 Plazos de cumplimiento de elementos tarifarios para Prestadores Pequeños (b)

Elementos Tarifarios

Plazo de cumplimiento

Informe situacional de ingresos y costos

Mes enero de 2020

Entrega de Estudio Tarifario

Mes mayo de 2020

Plan de Gradualidad

Mes julio de 2020

ARTÍCULO 54.- Programación para el cumplimiento de los elementos tarifarios fundamentales.- Con el fin de que el prestador público de servicio aplique los criterios determinados en la presente regulación, éste deberá contar con una programación de cumplimiento de los elementos tarifarios fundamentales.

La Agencia de Regulación y Control del Agua podrá solicitar, dentro de las actividades contempladas en el plan de control vigente, la presentación de dicha programación y su actualización, de ser el caso.

TÍTULO IV: PROCESO DE CONTROL Y RÉGIMEN SANCIÓNATORIO

CAPITULO I: PROCESO DE CONTROL

ARTÍCULO 55.- Del control de la aplicación de los criterios técnicos y actuariales.- La Agencia de Regulación y Control del Agua será la responsable del control a los prestadores de servicios en la aplicación del contenido de la presente norma técnica.

El prestador de servicio deberá reportar la información en los plazos y condiciones requeridas por la Agencia.

ARTÍCULO 56.- De la evaluación de la información.- La Agencia de Regulación y Control del Agua podrá realizar evaluaciones a los avances y resultados de la programación para el cumplimento de elementos tarifarios fundamentales en función de la priorización que ésta determine.

ARTICULO 57.- Solicitudes de la ARCA sobre la fijación de las tarifas de los servicios públicos básicos.- La Agencia de Regulación y Control del Agua podrá solicitar a los prestadores públicos de servicios, toda la información que considere necesaria para el cumplimiento de su función respecto del control a la fijación de tarifas por los servicios públicos básicos, la cual deberá ser remitida en un plazo máximo de 15 días, posterior a la solicitud de información. La inobservancia de estos plazos será considerada como incumplimiento a la presente norma técnica.

ARTÍCULO 58.- Del control a las obligaciones de la norma técnica.- La ARCA realizará el control a las obligaciones vertidas en la presente norma técnica acorde a la naturaleza de las disposiciones indicadas en su contenido. En este sentido y para efectos de control a la efectiva implementación de la regulación por parte de los prestadores de servicios, se tomarán las siguientes acciones conforme a los tipos de faltas descritos a continuación.

Notificación de incumplimiento por no acatar las disposiciones de la regulación- Específicamente el reporte de la información acorde a lo establecido en los artículos 49 y 53 de la presente Regulación, en cuyo caso la ARCA notificará al prestador, dentro de los 15 días posteriores al plazo determinado en la solicitud de información o disposición de la Regulación, convocándole al prestador del servicio a una reunión para fijar de mutuo acuerdo un plazo para subsanar el incumplimiento; esto de conformidad con el artículo 124 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua;

Registro Oficial N° 190 – Suplemento Miércoles 28 de febrero de 2018 – 23

Establecimiento de plazo perentorio si el prestador de servicios no acatare las disposiciones de la

ARCA.- Si luego de haberse efectuado la notificación de incumplimiento, el prestador de servicio s no asistiere a la reunión convocada por la ARCA, se le notificará con el plazo perentorio de la entrega de la información solicitada para subsanar el incumplimiento, dentro del término de 15 días posteriores a la fecha determinada en la notificación de convocatoria inicial;

Control in situ en caso de reincidencia.- Si posterior a la fijación del plazo para subsanar el incumplimiento a lo establecido en la solicitud de información o disposición de la Regulación, el prestador no remite a la ARCA la información respectiva en el plazo perentorio establecido, se realizará un control in situ y se verificarán las razones por las cuales el prestador incurrió en el posible incumplimiento; resultado de este control se fijará un nuevo plazo el cual tiene el carácter de improrrogable para subsanar el incumplimiento respectivo; y,

Proceso administrativo sancionatorio.- Si posterior a las acciones descritas anteriormente no se evidencian acciones por parte del prestador para el cumplimiento a las disposiciones de la presente Regulación o de las emanadas por la ARCA, se procederá al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio, acorde al procedimiento establecido por la ARCA para el efecto.

El cumplimiento al procedimiento indicado en los apartados precedentes, no constituye un impedimento para que la ARCA controle la aplicación de todas las disposiciones dadas en la presente Regulación, y ejecute las acciones necesarias para su cumplimiento en función de sus competencias.

CAPITULO II: RÉGIMEN SANCIONATORIO

ARTÍCULO 59.- Competencia Sancionatoria.- El conocimiento, tramitación, resolución y sanción por el incumplimiento a las obligaciones y a las disposiciones contenidas en esta norma técnica, siempre que el acto no constituya delito o contravención, son competencia de la Agencia de Regulación y Control del Agua.

ARTÍCULO 60.- Sanciones.- El incumplimiento a las obligaciones y a las disposiciones descritas en esta normativa técnica será sancionado por la ARCA, con multas que oscilan entre 51 y 150 salarios básicos unificados del trabajador en general, que se fijarán proporcionalmente en consideración de la naturaleza y gravedad de la infracción que determine la ARCA con base en un informe técnico e instructivo para la determinación de las multas que se emita para el efecto; sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que diera lugar y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 151 literal c) numeral 5 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

TÍTULO V: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En tanto los prestadores de servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento ambiental administren sistemas de alcantarillados pluviales y sanitarios de manera combinada deberán aplicar la metodología de cálculo de las tarifas dispuesta para el servicio público básico de saneamiento ambiental.

SEGUNDA.- Hasta tanto los prestadores de servicios públicos de agua potable y saneamiento ambiental ejecuten las acciones estipuladas en el régimen de transición, éstos deberán aplicar el estudio y pliegos tarifarios vigentes previos a la emisión de la presente regulación.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de diciembre de 2017.

f).- Mgs. Humberto Cholango, Presidente del Directorio; MSc. Santiago Esteban Córdova Guillen, Delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Miembro del Directorio; e, Ing. Edwin Gordón Rosero, Secretario del Directorio.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

f.) Edwin Gordón Rosero, Director Ejecutivo -Encargado de la ARCA, Secretario del Directorio.

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA.- Copia certificada.- f.) Ilegible.

24 – Miércoles 28 de febrero de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 190