Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 1 de abril de 2020 (R. 174, 1–abril -2020)

Año I – Nº 174

Quito, miércoles 1° de abril de 2020

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DEL AMBIENTE:

100-A

Expídese el Reglamento ambiental de opera-

ciones hidrocarburiferas en el Ecuador

MINISTERIO DE GOBIERNO:

0227

Desígnese a la señora General Inspector Tannya

Gioconda Varela Coronel, como Jefa de Estado

0237

Otórguese con carácter honorífico la

condecoración “Al Mérito Profesional” en el

grado de “Gran Oficial” a varios servidores

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y GANADERÍA:

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL,

FITO Y ZOOSANITARIO – AGROCALIDAD:

0021

Modifíquese la Resolución Nº 141 del 17 de julio

de 2019, publicada en el Registro Oficial Nº 11 de

0022

Establécense

atribuciones y

responsabilidades,

que permitan definir los parámetros de ejecución

de la Coordinación General de Registros de

SERVICIO NACIONAL

DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS

ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A

ADOLESCENTES INFRACTORES – SNAI:

SNAI-SNAI-2019-0032-R Deléguense funciones al

Subdirector Técnico de Protección y Seguridad

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS

INTELECTUALES – SENADI:

001-2020-DG-SENADI

Deléguense

competencias

y atribuciones al Subdirector Regional de

2 – Miércoles 1° de abril de 2020 Registro Oficial Nº 174

001-2020-DNPI-SENADI Deléguense facultades

al Subdirector o Subdirectora Regional

de Guayaquil

002-2020-DGI-SENADI Confórmese la Comisión

para la evaluación, verificación y

validación de la gestión documental

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

• Cantón Quevedo: Que reforma a la Ordenanza que regula los procesos de jubilación patronal; supresión de puestos; retiro voluntario con indemnización y por compra obligatoria de renuncias con

indemnización

Nro. 100-A

Walter Ramiro Montalvo Hidalgo

MINISTRO DE AMBIENTE, SUBROGANTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce “el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”;

Que, el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, recoge el derecho “a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en tierras de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”;

Que, el artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, obliga al Estado a aplicar “medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de ciclos naturales…”;

Que, el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las personas, comunidades,

pueblos y nacionalidades, tienen el derecho a “beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”;

Que, es atribución del Presidente de la República expedir reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, conforme lo dispuesto en el artículo 147, numeral 13 de la Constitución de la República; Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, determina:

“el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia”. Los sectores estratégicos, por lo tanto, son áreas de decisión y control exclusivo del Estado, siendo la biodiversidad uno de ellos;

Que, el artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “en caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental…”;

Que, el artículo 1 del Código Orgánico del Ambiente, establece que sus disposiciones “regularán los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines”;

Que, la disposición derogatoria quinta del Reglamento al Código Orgánico Con Registro Oficial Suplemento No. 752 de 12 de junio de 2019, expresa lo siguiente: “Una vez transcurrido el plazo de seis meses contados desde la vigencia de la presente norma deróguese el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido en el Registro Oficial 265 del 13 de febrero de 2001, mediante Decreto Ejecutivo 1215 y sus respectivas reformas.”;

Que, la disposición transitoria tercera del Reglamento al Código Orgánico Con Registro Oficial Suplemento No. 752 de 12 de junio de 2019, expresa lo siguiente:“

En el plazo máximo de seis meses contados desde la vigencia de la presente norma la Autoridad Ambiental Nacional emitirá el Acuerdo Ministerial que establezca el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador.”

Que, con memorando No. MAE-SCA-2019-1107-M-E la Subsecretaria de Calidad Ambiental remite el informe técnico No. 002-19-DNCA-DNPCA-MAE de 09 de diciembre de 2019, a la Coordinación General Jurídica.

Registro Oficial Nº 174 Miércoles 1° de abril de 2020 – 3

Que, con memorando No. MAE-CGJ-2019-0067-M, de 11 de diciembre de 2019 se remite para consideración de suscripción de la máxima autoridad de esta Cartera de estado el proyecto de REGLAMENTO AMBIENTAL DE OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR adjuntando el correspondiente informe jurídico.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MAE-2019-100 de 10 de diciembre de 2019, se subroga las atribuciones y responsabilidades de Ministro del Ambiente al Dr. Walter Ramiro Montalvo Hidalgo, Viceministro de Ambiente, a partir del 11 de diciembre a las 05:00 hasta el 11 de diciembre a las 23:00 de 2019.

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda expedir el:

REGLAMENTO AMBIENTAL DE OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR

TITULO I

JURISDICCION, COMPETENCIA Y

GENERALIDADES

CAPITULO I

JURISDICCIÓN

Art. 1. Objeto.- Regular en materia ambiental las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, en sus diferentes fases y demás actividades técnicas y operacionales.

Art. 2. Ámbito de aplicación.- El presente Reglamento se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales reconocidas en el Ecuador, que realicen actividades en Operaciones Hidrocarburíferas, a nivel nacional.

CAPITULO II

COMPETENCIA

Art. 3.- Autoridad ambiental.- Para el sector hidrocarburífero, la Autoridad Ambiental es la Autoridad Nacional Ambiental que tendrá como competencia todas las establecidas en el Código Orgánico del Ambiente, sin perjuicio de las competencias que de manera concurrente ejecuten los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Art. 4.- Operador.- Para efectos de la aplicación de este Reglamento se entenderá como operador hidrocarburífero, a la persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, empresa mixta, consorcio, asociación, u otras formas contractuales reconocidas por la legislación ecuatoriana, a cargo de la ejecución de actividades en cualquiera de las fases de la industria hidrocarburífera o

que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico.

CAPITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 5.- Firma de Responsabilidad.- Todo documento que el Operador presente a la Autoridad Ambiental Competente, llevará la firma de responsabilidad de su representante legal o de la persona legalmente autorizada para hacerlo y la del responsable técnico para el caso de documentos adjuntos.

En caso de documentos que requieran ser elaborados por una persona natural o jurídica calificada como consultor ambiental, deberán ser suscritos por el consultor y su equipo técnico.

Tanto el operador como el consultor serán responsables por la veracidad y exactitud de los contenidos, de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales, y responderán de conformidad con la ley.

Art. 6.- Facilidades a funcionarios públicos.- Los Operadores proporcionarán las facilidades requeridas por los servidores y servidoras de la Autoridad Ambiental Competente, para cumplir oportunamente con las actividades en el lugar en el que se estén ejecutando las Operaciones Hidrocarburíferas, conforme lo establecido en el marco normativo y contractual vigente, en igualdad de condiciones respecto de las facilidades logísticas y requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional con las que cuenta el personal del Operador.

El operador asumirá la prestación del servicio del laboratorio acreditado, toma de muestras y análisis, cuando la Autoridad Ambiental Competente lo requiera.

Art. 7.- Capacitación.- Con el fin de propender a la transferencia de conocimientos los operadores hidrocarburíferos incluirán dentro del programa de capacitación de su Plan de Manejo Ambiental, a los servidores públicos de la Autoridad Ambiental Competente, en temas relacionados a la operación hidrocarburífera.

Art. 8.- Responsabilidad de los operadores.- El operador será directamente responsable de las actividades y operaciones de terceros que actúen a su nombre; quienes estarán sujetos al cumplimiento de este Reglamento y demás normas vigentes y aplicables.

Art. 9.- Pago de tasas administrativas.- El operador está obligado a pagar las tasas por los servicios de gestión y calidad que presta la Autoridad Ambiental Competente, de conformidad con la normativa correspondiente, sin perjuicio de aquellos casos en los que se establezcan exenciones.

Art. 10.- Incentivos ambientales para proyectos del sector hidrocarburífero.- El operador que, de manera

4 – Miércoles 1° de abril de 2020 Registro Oficial Nº 174

voluntaria, implemente infraestructura, adquiera o innove tecnología, y/o desarrolle proyectos articulados con energía renovable, eficiencia energética, producción más limpia, buenas prácticas ambientales, eliminación de sustancias tóxicas, vertidos, descargas, emisiones, uso y manejo sostenible de recursos ambientales y otras acciones que contribuyan a mitigar el Cambio Climático o incrementar la resiliencia frente a eventos climáticos, conservación de biodiversidad, restauración de ecosistemas, podrá acceder a incentivos ambientales de conformidad con el Código Orgánico del Ambiente, su reglamento y normativa expedida para el efecto.

El ejercicio de dicho incentivo será previamente calificado por la autoridad ambiental

Art. 11.- Personal profesional para gestión ambiental.-

El Operador contará con personal profesional capacitado para el manejo de aspectos socio-ambientales, dentro de su estructura organizacional, y acordes al tamaño de la operación.

Art. 12.- Contribución para la reforestación.- El Operador como una buena práctica ambiental considerará la revegetación, de un área de la misma dimensión o mayor que el área desbrozada por la implementación de un proyecto hidrocarburífero, en otro sitio sugerido por la Autoridad Ambiental Nacional que vaya a ser dedicada a la conservación; sin perjuicio del pago correspondiente por remoción de cobertura vegetal, cuyo monto será determinado por la Autoridad Ambiental Nacional.

Art. 13. – Actividades prohibidas.- Se prohíbe al Operador realizar actividades de caza y pesca, recolección de especies de flora y fauna nativa, el mantenimiento de animales en cautiverio y la introducción de especies exóticas y animales domésticos en sus áreas de operación. Sin perjuicio de las prohibiciones generales que se apliquen según la normativa vigente.

Art. 14.- Calidad de equipos y materiales.- En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del ambiente.

Art. 15.- Operación y mantenimiento de equipos de contingencia.- El Operador contará con equipos y materiales para control de derrames y contra incendios, los cuales deben estar operativos y recibir el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente; y con el personal capacitado periódicamente mediante entrenamientos y simulacros. El cumplimiento de este artículo será reportado anualmente en el Informe de Gestión Ambiental Anual.

Art. 16.- Proyectos, obras y actividades en Áreas Protegidas.- La Autoridad Ambiental Nacional realizará la delimitación y re-delimitación de áreas protegidas de acuerdo a la normativa que expedirá para el efecto.

Previo a la delimitación o re-delimitación de un área protegida la Autoridad Ambiental Nacional deberá

contar con el respectivo pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos en el cual se especifique la intersección del área protegida con bloques, campos o áreas hidrocarburíferas existentes o planificadas.

Previo a la delimitación de nuevos de bloques, campos o áreas hidrocarburíferas, la Autoridad Nacional de Hidrocarburos deberá contar con el respectivo pronunciamiento de la Autoridad Ambiental Nacional en el cual se especifique la intersección con áreas protegidas existentes o en proceso de creación.

Art. 17.- Apertura de vías o accesos en áreas protegidas. – En las zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se prohíbe la apertura de vías para actividades exploratorias. Para las actividades de explotación que cuenten con la autorización establecida en el Art. 407 de la Constitución de la República del Ecuador, si por razones técnicas y/o económicas debidamente justificadas se requiere apertura de vías o accesos en áreas protegidas, éstas se incluirán en los estudios ambientales y guardarán coherencia con el plan de manejo y zonificación del área protegida. El estudio ambiental corresponderá al área geográfica contenida en la declaratoria o instrumento jurídico que la modifique.

En todo caso, el control del ingreso y circulación, a través de las vías o accesos abiertos por el Operador en áreas protegidas será restringido y estará bajo su responsabilidad.

TITULO II

ASPECTOS AMBIENTALES EN PROCESOS DE LICITACIÓN, ASIGNACION Y CONTRATACIÓN HIDROCARBURÍFERA

Art. 18.- De la información ambiental.- Previo a todos los procesos de asignación y/o licitación de áreas y bloques, la Autoridad Nacional de Hidrocarburos solicitará a la Autoridad Ambiental Nacional, la información sobre el estado de denuncias, procesos administrativos, autorizaciones administrativas ambientales y otra información documental ambiental disponible a la fecha de la solicitud, en las áreas a licitarse o asignarse. De existir deberán ser incorporadas, en los pliegos de los procesos como riesgos a considerar.

Art. 19.- Aspectos ambientales en procesos de licitación o asignación hidrocarburífera.- La Autoridad Hidrocarburífera Nacional deberá realizar el diagnóstico socio-ambiental de las áreas o bloques nuevos, sometidos a licitación o de asignación directa. Este Diagnóstico socio ambiental será parte de los documentos prelicitatorios o de licitación, del contrato o de cualquier documento que formalice la asignación de la operación y será además puesto en conocimiento de la autoridad ambiental nacional. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la norma donde conste el contenido del Diagnóstico.

Art. 20.- Responsabilidad subsidiaria del Estado.-Cuando mediante acto administrativo debidamente motivado la Autoridad Ambiental Nacional determine, que se ha incurrido en alguno de los siguientes casos:

Registro Oficial Nº 174 Miércoles 1° de abril de 2020 – 5

1. Cuando existan daños ambientales no reparados;

2. Cuando no se haya podido identificar al operador responsable;

3. Cuando el operador responsable incumpla con el plan integral de reparación;

4. Cuando por la magnitud y gravedad del daño ambiental no sea posible esperar la intervención del Operador responsable; y,

5. Cuando exista el peligro de que se produzcan nuevos daños ambientales a los ya producidos y el Operador responsable no pueda o no los asuma.

La Autoridad Ambiental realizará la intervención a la que se refiere el Código Orgánico del Ambiente, mediante la coordinación con la Autoridad Nacional de Hidrocarburos para que a través de sus respectivas empresas públicas, ejecuten los planes y programas de reparación respectivos.

Para las Estaciones de Servicio de la fase de comercialización, se estará en la competencia establecida en la ley a favor de otros niveles de gobierno.

Art. 21.- Cambio de Operador.- Cuando se realice el cambio de operador de un proyecto, obra o actividad hidrocarburífera, las partes deberán presentar a la Autoridad Ambiental Nacional una auditoría ambiental de cambio de operador, conforme los lineamientos establecidos en la norma técnica expedida para el efecto, en la cual el operador anterior y el nuevo acuerdan las responsabilidades de cada uno, sobre la ejecución del plan de acción y el estado de la condiciones socio ambientales en la entrega recepción del área.

La responsabilidad sobre las fuentes de contaminación o pasivos ambientales y los impactos asociados a los mismos, que no fueron identificados en el momento del cambio de operador, serán resueltos en las instancias judiciales correspondientes.

El cambio de titularidad de las Autorizaciones Administrativas Ambientales del área sujeta a cambio de operador deberá seguir el procedimiento establecido en la normativa ambiental vigente y utilizará la auditoria de cambio de Operador aprobada, como documento habilitante. El operador que se encuentre realizando dicho procedimiento podrá continuar ejecutando sus actividades, bajo las mismas condiciones que regían la autorización administrativa original, hasta que se reforme la referida autorización administrativa ambiental.

Art. 22.- Fraccionamiento de área.- Cuando la Autoridad Nacional de Hidrocarburos decida fraccionar un área, bloque o campo asignado a un operador, que cuente con la autorización administrativa ambiental correspondiente, este deberá actualizar el certificado de intersección, el plan de manejo ambiental y su póliza de responsabilidad ambiental, a fin de que sean acordes a lo modificado por dicho fraccionamiento; con lo cual se reformará la referida Autorización.

El operador cuya área, bloque o campo se encuentre en proceso de fraccionamiento, podrá continuar ejecutando sus actividades, bajo las mismas condiciones que regían la autorización administrativa original, hasta que se modifique o reforme la referida autorización administrativa ambiental.

Cuando la Autoridad Nacional de Hidrocarburos atribuya el área fraccionada a un nuevo operador este deberá iniciar un nuevo proceso de regularización ambiental a través de la Auditoria de cambio de Operador, mediante la cual se le otorgará la Autorización Administrativa Ambiental para las actividades previamente autorizadas. El nuevo operador no podrá iniciar actividades sin contar con la nueva Autorización Administrativa Ambiental.

Art. 23.- Áreas añadidas.- Cuando la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, autorice añadir un área contigua a un bloque, campo o instalación asignado a un operador que cuente con la autorización administrativa ambiental correspondiente, deberá iniciar un nuevo proceso de regularización ambiental del área añadida, a través de un Estudio de Impacto Ambiental, el cual contendrá a más de los requerimientos establecidos en la norma técnica respectiva, la actualización del Plan de Manejo Ambiental de la Autorización Administrativa Ambiental principal.

Con el pronunciamiento favorable del Estudio de Impacto Ambiental del área contigua añadida, la Autoridad Ambiental Competente dispondrá al operador la actualización de la póliza de responsabilidad ambiental de ser necesario.

Cumplidos los requisitos correspondientes la Autoridad Ambiental Nacional reformará la Autorización Administrativa Ambiental principal, incluyendo la regularización ambiental del área añadida; a fin de contar con una sola Autorización.

Art. 24.- Devolución al Estado.- Cuando el Operador de una instalación, bloque o campo petrolero entregue su operación al Estado por la finalización del contrato o fin de la asignación, se ejecutará la auditoría ambiental de entrega de área, conforme los lineamientos establecidos en la norma técnica expedida para el efecto. Esta Auditoría Ambiental contendrá un plan de acción que deberá describir las responsabilidades del operador que devuelve el área y el estado de la condiciones socio ambientales del área devuelta.

La responsabilidad sobre las fuentes de contaminación o pasivos ambientales y los impactos asociados a los mismos, que no fueron identificados en el momento de la entrega al Estado, serán resueltos en las instancias judiciales correspondientes.

TITULO III

REGULARIZACIÓN AMBIENTAL

Art. 25.- Instrumentos Técnicos Ambientales.-

Constituyen herramientas técnicas que en conjunto mantienen una unidad sistemática y se clasifican en:

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1. Estudio de Impacto Ambiental;

2. Diagnóstico Ambiental;

3. Estudios Complementarios;

4. Auditoría Ambiental; y,

5. Plan de Manejo Ambiental y su actualización.

El alcance, contenidos y/u otros requisitos se efectuarán conforme a las normas técnicas expedidas para el efecto.

Art. 26. – Autorización Administrativa Ambiental.-Previo al inicio de cualquier proyecto, obra o actividad el Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente, el Estudio Ambiental de las fases o fase hidrocarburífera que ejecutará y de otras actividades inherentes a la industria, que se desarrollen dentro de la instalación, facilidades, campo o bloque y sus actividades conexas, a fin de obtener una única Autorización Administrativa Ambiental por área geográfica.

El operador deberá incluir dentro del estudio como documento habilitante, una copia del contrato o de la resolución de asignación de bloque o campo, o de la autorización de operación o factibilidad, según corresponda, emitida por la Autoridad Nacional de Hidrocarburos.

El estudio se realizará de acuerdo con la norma técnica para regularización ambiental y deberá ser elaborado por consultores ambientales calificados.

Las Actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental podrán ser elaboradas directamente por el Operador o a su nombre por un consultor ambiental calificado.

Las actividades de Magnetometría, Gravimetría, Aero gravimetría, Estudios de sensores remotos, Estudios geoquímicos de superficie en sus diferentes fases y tipos, y otras relacionadas con el diseño de pre-factibilidad de la fase de exploración, no requiere la obtención de una Autorización Ambiental Administrativa para iniciar las mismas.

Art. 27.- Unificación de Autorizaciones Administrativas Ambientales.- El Operador que tenga a su favor varias Autorizaciones Administrativas Ambientales de proyectos que tengan por objeto o sean parte de las actividades inherentes a la industria hidrocarburífera y que se encuentren en áreas regularizadas colindantes, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar la unificación de las mismas, para lo cual presentarán la actualización de: certificado de intersección, plan de manejo ambiental y póliza de responsabilidad ambiental. Una vez presentados estos requisitos, la Autoridad Ambiental Competente emitirá un informe técnico motivado de factibilidad.

Las obligaciones pendientes de las autorizaciones administrativas ambientales previas a la unificación, serán incluidas en la nueva autorización administrativa ambiental.

El acto administrativo de Unificación junto con la aprobación del Plan de Manejo Ambiental, será la herramienta que regirá, respecto a los compromisos y obligaciones que el operador se sujetará para el control y seguimiento ambiental correspondiente.

Art. 28.- Regularización de la gestión propia de desechos peligrosos y especiales.- Para la gestión propia de residuos o desechos peligrosos y especiales, el Operador procederá conforme corresponda a los siguientes casos:

1. Si como parte de un proyecto nuevo, planifica ejecutar la gestión propia en cuanto al transporte, eliminación o disposición final de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, incluirá dicha gestión dentro del proceso de regularización ambiental del proyecto, con el fin de obtener una única Autorización Administrativa Ambiental.

2. Si ya cuenta con una autorización administrativa ambiental para la ejecución de las actividades hidrocarburíferas, y planifica ejecutar la gestión propia en cuanto al transporte, eliminación o disposición final de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, dentro de su área geográfica autorizada, presentará un Estudio Complementario o una Actualización de Plan de Manejo Ambiental, según corresponda, conforme las disposiciones para modificación y ampliación de las actividades hidrocaburíferas, de este reglamento.

3. Si ya cuenta con una autorización administrativa ambiental para la ejecución de las actividades hidrocarburíferas, y requiere realizar la gestión propia en cuanto al transporte, eliminación o disposición

final de residuos o desechos peligrosos y/o especiales fuera del área geográfica autorizada, deberá obtener la respectiva autorización administrativa ambiental o entregar a gestores ambientales que cuente con la autorización administrativa ambiental para el efecto.

La gestión propia en los casos antes referidos deberá contar con la aprobación de los requisitos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable, previa a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, Estudio Complementario o Actualización de Plan de Manejo Ambiental, correspondiente.

Art. 29.- Estudios de impacto ambiental de las fases hidrocarburíferas.- Los estudios de impacto ambiental podrán ser presentados por una fase específica o varias fases de las actividades hidrocarburíferas.

Se requerirá de una sola Autorización Administrativa Ambiental para las fases de exploración y explotación, que abarcará toda el área, bloque o campo adjudicado o asignado por la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, la cual será considerada como el área geográfica del proyecto, debiendo el operador, para este caso, poner en conocimiento de la Autoridad Ambiental Nacional, el cambio de fase.

En el caso de las actividades de sísmica estas podrán presentarse en un estudio independiente y obtener una

Registro Oficial Nº 174 Miércoles 1° de abril de 2020 – 7

Autorización Administrativa Ambiental para esa actividad, finalizada la cual, el operador deberá solicitar la extinción de la misma siempre que se hayan cumplido con todas la obligaciones establecidas.

El operador requerirá de una nueva Autorización Administrativa Ambiental o de la presentación de estudios complementarios, en caso de incurrir en los supuestos previstos en el Código Orgánico del Ambiente referentes a la modificación del proyecto, obra o actividad.

Art. 30.- Observaciones sustanciales.- Se consideran observaciones sustanciales a los estudios de impacto ambiental y sus complementarios para las actividades Hidrocarburíferas, las siguientes:

1. La modificación sustancial del proyecto, obra o actividad hidrocarburífera descrito en el estudio.

2. Cuando el trámite de regularización ambiental no corresponda a la categoría de impacto de la obra, actividad o proyecto hidrocarburífero.

3. Cuando se identifique que la regularización iniciada por el operador generará una duplicidad de autorizaciones ambientales.

Cuando se determinen observaciones sustanciales, la Autoridad Ambiental Competente dispondrá, mediante informe técnico, el archivo del proceso y ordenará al proponente el inicio de un nuevo proceso de regularización.

Art. 31.- Perforación de pozos.- Para la perforación de pozos adicionales en plataformas regularizadas ambientalmente, que no implique una ampliación de área, le corresponde al operador poner en conocimiento a la Autoridad Ambiental Nacional con al menos quince (15) días previos al inicio de las actividades para que se realicen las acciones de control y seguimiento permanente, sin perjuicio del inicio de actividades de perforación.

Cuando para la perforación de pozos en plataformas autorizadas se requiera de la ampliación del área el Operador presentará una Actualización del Plan de Manejo Ambiental.

Art. 32.- Modificación y ampliación de las actividades hidrocaburíferas.- Cuando el operador cuente con una Autorización Administrativa Ambiental, y requiera modificar o ampliar el alcance de su proyecto, obra o actividad, sin incurrir en los casos previstos en el Código Orgánico del Ambiente, presentará a la Autoridad Ambiental Competente, para análisis y pronunciamiento:

1. Estudio complementario, cuando requiera de la intervención en nueva superficie de dentro del área geográfica autorizada, y los posibles impactos sean identificados como mediano y alto.

2. Actualización del plan de manejo ambiental, cuando se requiera de una ampliación o modificación del

alcance del proyecto, obra o actividad, en el área de implantación del proyecto y dentro del área geográfica y las actividades tengan en relación a los impactos de la actividad principal regularizada.

Posteriormente, al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente emitirá la reforma a la Autorización Administrativa Ambiental, y los documentos antes descritos pasarán a formar parte integrante de la referida autorización.

Art. 33.- Modificaciones de bajo impacto.- Cuando el operador requiera realizar actividades adicionales dentro del área regularizada, deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente una petición que contenga el análisis técnico en el cual se evidencie que la evaluación de dichas actividades corresponden a bajo impacto. El análisis deberá incluir entre otras cosas la descripción

de

las actividades, el sustento de la evaluación y de

ser

necesario las medidas de prevención y mitigación

a aplicar; a fin de que la Autoridad Ambiental tome conocimiento o en su defecto notifique al Operador que por las actividades descritas le corresponde realizar un estudio complementario o una actualización de Plan de Manejo Ambiental.

Art. 34.- Póliza o garantía bancaria.- El operador mantendrá en vigencia una sola póliza o garantía bancaria de responsabilidad ambiental por Autorización Administrativa Ambiental, durante el periodo de ejecución de su actividad y hasta su cese efectivo.

Cuando a través de los estudios ambientales, se modifique el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental inicialmente autorizado u otra de las condiciones que rijan la póliza de responsabilidad ambiental, el operador procederá con su actualización.

El cese efectivo de la póliza o garantía bancaría se producirá en los siguientes casos:

1. Ante la devolución del bloque, área o campo al Estado o el o cambio de operador a una empresa pública, cuando la Autoridad Ambiental Competente haya aprobado el informe de ejecución del plan de acción de la auditoría ambiental que corresponda;

2. Ante el cambio de operador entre empresas privadas, la póliza o garantía bancaria del anterior operador, cesará una vez que la Autoridad Ambiental Competente acepte la póliza presentada por el nuevo operador;

La póliza o garantía bancaria se ejecutará a requerimiento motivado de la Autoridad Ambiental Competente.

Los operadores de obras, proyectos o actividades continuarán presentando la póliza o garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental hasta la expedición del instrumento normativo que regule la póliza o garantía por responsabilidades ambientales, de conformidad con lo establecido por el Código Orgánico del Ambiente.

8 – Miércoles 1° de abril de 2020 Registro Oficial Nº 174

Art. 35.- Evaluación de impactos ambientales acumulativos.- Como parte de las herramientas para la evaluación de impacto ambiental acumulativo, los estudios de impacto ambiental y las auditorías ambientales, además de la identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto, obra o actividad, incluirán en su desarrollo la identificación de posibles impactos ambientales acumulativos usando los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional.

Estos lineamientos deberán establecer entre otros aspectos, la delimitación geográfica, el alcance de la información requerida por la autoridad, mecanismos de identificación y deberá ser diseñada considerando las características del sector.

Art. 36.- Suspensión de la presentación de las obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental.- En el caso de que temporalmente no se ejecuten las actividades de un determinado proyecto sobre el cual se otorgó una autorización administrativa ambiental, el operador hidrocarburífero además de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente, debe indicar en la solicitud el tiempo por el cual requiere la suspensión de las obligaciones el cual no podrá exceder el plazo de dos años contados a partir de la autorización de la petición del Operador y adjuntar el documento en el que se evidencie la suspensión de las actividades emitido por la Autoridad Nacional de Hidrocarburos.

La Autoridad Ambiental Competente mediante acto administrativo motivado determinará las obligaciones que están exentas de presentación.

Art. 37.- Reinicio de actividades.- El reinicio de las actividades suspendidas se realizará según consta a continuación:

• Si al reinicio del proyecto las actividades autorizadas originalmente se mantienen y no han transcurrido más de dos años desde la emisión de la Autorización Administrativa Ambiental, deberá poner en conocimiento a la Autoridad Ambiental Competente, con quince (15) días de anterioridad.

• Si al reinicio del proyecto ha transcurrido más de dos años desde la emisión de la Autorización Administrativa Ambiental, deberá presentar la actualización del Plan de Manejo a la Autoridad Ambiental Competente, con quince (15) días de anterioridad.

• Si para el reinicio del proyecto se planifica modificar las actividades autorizadas originalmente, deberá actuar conforme al artículo 176 del Código Orgánico del Ambiente.

TITULO IV

MANEJO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y

SOCIALES GENERALES

CAPITULO I

MANEJO DE ASPECTOS AMBIENTALES

GENERALES

Art. 38.- Gestión Integral de sustancias químicas.-

Para la gestión de sustancias químicas se cumplirá con lo

establecido en las normas técnicas ambientales y demás normativa aplicable. Los Operadores deberán cumplir con las siguientes obligaciones para el manejo de sustancias químicas:

1. Manejar las sustancias puras o en mezcla o sustancias contenidas en productos o materiales, conforme lo establecido en la normativa ambiental correspondiente y normas INEN determinadas para este efecto;

2. Identificar los peligros y los riesgos de las sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales; así como, implementar medidas de prevención para controlar los potenciales riesgos para la salud y el ambiente;

3. Asegurar que todo el personal involucrado en el uso de sustancias químicas se encuentre debidamente capacitado sobre los peligros y riesgos de las sustancias puras, mezclas o sustancias químicas contenidas en productos o materiales, conforme a lo detallado en la etiqueta y su ficha de datos de seguridad, así como, entrenado para enfrentar posibles situaciones de emergencia, conforme los lineamientos establecidos en normativa nacional e internacional aplicable;

4. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación ambiental, durante la gestión de sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales, en sus instalaciones; y, responder solidariamente con las personas naturales o jurídicas contratadas para efectuar la gestión de las mismas, la responsabilidad es solidaria e irrenunciable;

5. Utilizar productos naturales y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes, desodorizantes domésticos e industriales, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas. El operador deberá presentar una lista de los productos químicos a utilizar en su operación en los estudios ambientales;

6. Aplicar estrategias de reducción del uso de sustancias químicas en cuanto a cantidades en general, las mismas que deberán estar consideradas en el Plan de Manejo Ambiental;

7. Contar con los materiales y equipamiento para atención de contingencias, a fin de evitar y controlar inicialmente una eventual liberación de sustancias químicas peligrosas que afecte a la calidad de los recursos naturales;

8. Implementar actividades de mejora continua que permitan un manejo racional de sustancias químicas;

9. Poner en conocimiento a la Autoridad Ambiental Nacional en el término de máximo un (1) día desde el suceso, en caso de producirse accidentes durante la gestión de sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales.

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10. Cumplir con las obligaciones que consten en la correspondiente norma técnica.

Art. 39.- Manejo y almacenamiento de petróleo crudo y derivados.- Para el manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles el Operador cumplirá con lo que establece el Reglamento de Operaciones Hidrocaburíferas, respecto de la construcción y mantenimiento de la infraestructura correspondiente.

El Operador deberá incluir en el Informe de Gestión Ambiental Anual y en la Auditoria Ambiental de Cumplimiento correspondiente, copia del certificado de control anual emitido por la Agencia de regulación y control hidrocarburífero o quien hagas sus veces, el cual será la única evidencia del control de la integridad de los tanques, recipientes a presión, ductos principales, ductos secundarios, centros de fiscalización y entrega, terminales, depósitos de almacenamiento, autotanques, barcazas, buque tanques de bandera ecuatoriana, vehículos que transportan GLP en cilindros.

Art. 40.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas.-Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje de aguas lluvias y de escorrentía, de forma que se realice un tratamiento específico por separado para aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas con residuos oleosos, y evitar la contaminación del ambiente.

En las plataformas off-shore, el sistema de drenaje de cubierta contará en cada piso con válvulas que permitirán controlar eventuales derrames en la cubierta y evitar que estos se descarguen al ambiente. Se deberá dar mantenimiento permanente a los canales de drenaje y separadores.

El manejo y tratamiento de descargas líquidas cumplirá además con:

1. Desechos líquidos industriales y aguas de formación.- Toda estación de producción y demás instalaciones industriales dispondrán de un sistema de tratamiento de fluidos industriales resultantes de los procesos. No se descargará el agua de formación al ambiente debiendo la misma reinyectase, previo pronunciamiento de la Autoridad Ambiental Nacional, conforme lo establecido en el numeral 3 de este artículo.

2. Disposición.- Todo efluente doméstico e industrial, proveniente de la actividad hidrocarburífera, que sea descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites permisibles establecidos en la Norma Técnica que se expida para el efecto. Los desechos domésticos e industriales y otros fluidos de desecho generados en las diferentes actividades

hidrocarburíferas podrán ser reinyectados siempre que dicha disposición cuente con la autorización emitida por el Ministerio del Ambiente, conforme lo descrito en el numeral 1 de este mismo artículo.

Si estos fluidos se dispusieren en otra forma que no sea a cuerpos de agua ni mediante reinyección, en el Plan de Manejo Ambiental se establecerán los métodos, alternativas y técnicas que se utilizarán para su disposición con indicación de su justificación técnica y ambiental; los parámetros a cumplir serán los aprobados en el Plan de Manejo Ambiental;

3. Reinyección de gas, agua de formación, desechos líquidos y semilíquidos.- Cuando el operador prevea la perforación de pozos para reinyección de gas, aguas de formación, desechos líquidos y semilíquidos como mecanismo de gestión de desechos, incluirá dicha actividad como parte del proceso de regularización administrativa ambiental, incorporando la información requerida en Norma Técnica que se expida para el efecto. La reinyección procederá una vez que el Operador presente a la Autoridad Ambiental Nacional copia de la aprobación del estudio técnico al que hace referencia el Reglamento de Operaciones Hidrocaburíferas.

Cuando se prevea convertir un pozo a reinyector, deberá contar con el estudio técnico aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional, que identifique la formación receptora y demuestre técnicamente que:

1. La formación receptora está separada de formaciones de agua dulce por estratos impermeables que brindarán adecuada protección a estas formaciones;

2. El uso de tal formación no pondrá en peligro capas de agua dulce el área; y

3. Las formaciones a ser usadas para la disposición no contienen agua dulce que pueda ser utilizada para el consumo humano ni el riego;

El estudio para reinyección se presentará de conformidad a la Norma Técnica que se expida para el efecto, en el cual se incluirá copia del documento de aprobación al que se refiere el Reglamento de Operaciones Hidrocaburíferas para la reinyección. El avance del proceso de reinyección se presentará en el informe de gestión anual del Operador.

Para todo pozo reinyector el Operador deberá realizar cada cinco años contados a partir el inicio de la reinyección una prueba de integridad mecánica, cuyo informe será incluido como anexo del informe de gestión ambiental anual.

4. Manejo de descargas líquidas costa afuera o en áreas de transición.- Toda plataforma costa afuera y en áreas de transición, contará con circuitos cerrados para el tratamiento de todos los desechos líquidos incluidos el agua de formación, lodos y ripios de

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perforación, procurando la reinyección o inyección de los mismos, para lo cual dispondrá de una capacidad adecuada de tanqueria.

En caso de que no sea posible la reinyección, los lodos y ripios de perforación deberán ser tratados y dispuestos en tierra conforme los lineamientos de la Norma Técnica que se expida para el efecto, para la descarga de aguas residuales y aguas de formación, se cumplirá con los límites permisibles para descarga en agua salada de la Norma Técnica que se expida para el efecto. Las descargas submarinas se harán a una profundidad y distancia tal que se logre controlar la variación de temperatura.

5. Aguas negras y grises.- Todas las aguas negras y grises producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las operaciones hidrocarburíferas, deberán ser tratadas antes de su descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Norma Técnica que se expida para el efecto. En los casos en que dichas descargas de aguas negras sean consideradas como útiles para complementar los procesos de tratamiento de aguas industriales residuales, se especificará técnicamente su aplicación en el Plan de Manejo Ambiental. Los parámetros y límites permisibles a cumplirse en estos casos para las descargas serán los que se establecen en la Norma Técnica que se expida para el efecto.

6. Si la operación requiere de la construcción de letrinas temporales o pozos sépticos permanentes se seguirán las normas que expida la Autoridad Única del Agua.

Para la caracterización de las aguas superficiales en Estudios de Línea Base – Diagnóstico Ambiental, se aplicarán los parámetros establecidos en la Norma Técnica que se expida para el efecto. Los resultados de dichos análisis se reportarán en el respectivo Estudio Ambiental con las coordenadas UTM y geográficas de cada punto de muestreo, incluyendo una interpretación de los datos.

Art. 41.- Aprobación del Estudio Técnico para reinyección de gas, aguas de formación, desechos líquidos y semilíquidos.- La Autoridad Ambiental Nacional emitirá su pronunciamiento en un término no mayor a veinte (20) días, para autorizar u observar el proyecto de reinyección, según corresponda.

Las observaciones que emita la Autoridad Ambiental sobre la conformidad con lo establecido en la Norma Técnica, serán contestadas por el operador en un término de diez (10) de días, el cual podrá ser prorrogado por una sola vez a petición del operador por un término adicional no mayor de 20 días. La Autoridad Ambiental Nacional dispondrá de un término no mayor de diez (10) días para el pronunciamiento respecto de la subsanación de las observaciones presentadas por el operador.

Si el Operador no atiende las observaciones en un término de noventa (90) días, se archivará el proceso.

Art. 42.- Tratamiento y disposición final de fluidos y ripios de perforación.- Los lodos y ripios de perforación junto con los lodos de decantación del tratamiento de fluidos de perforación, deberán someterse a un sistema de tratamiento conforme se establezca en el Estudio Ambiental que permita mejorar su estructura y composición a fin de que cumpla con los límites máximos permisibles en la Norma Técnica que se expida para el efecto para su disposición final en superficie.

En caso de disponer en superficie los lodos y ripios de perforación junto con los lodos de decantación del tratamiento de fluidos de perforación, se deberá monitorear radiactividad, a fin de que cumpla con los límites permisibles para la exposición al público establecidos por la Autoridad Reguladora en materia de radiaciones. En caso de que la radiactividad sea mayor se procurará la reinyección de estos lodos, caso contrario se utilizará otra forma de encapsulamiento.

Art. 43.- Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera.- Los equipos considerados fuentes fijas de combustión serán operados de tal manera que se controlen, minimicen o se traten las emisiones a fin de cumplan los límites permisibles, las cuales se deberán monitorear en función de las frecuencias, parámetros y valores máximos referenciales establecidos en Norma Técnica que se expida para el efecto.

Art. 44.- Gestión Integral de residuos o desechos sólidos no peligrosos. – Son obligaciones de los operadores para el manejo de residuos o desechos sólidos no peligrosos en todas sus fases, sin perjuicio de aquellas contenidas en las normas específicas, las siguientes:

1. Las actividades correspondientes a cada fase de la gestión de residuos o desechos sólidos no peligrosos que realice por gestión propia el Operador deben estar detalladas en el Estudio de Impacto Ambiental del área o instalación que corresponda;

2. Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable;

3. Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional;

4. Mantener las plataformas e instalaciones libres de residuos y desechos sólidos no peligrosos;

5. Garantizar que los residuos o desechos sólidos no peligrosos sean almacenados temporalmente en recipientes, identificados y clasificados en orgánicos, reciclables y desechos;

6. Los recipientes con residuos o desechos sólidos no peligrosos no deberán permanecer en vías y sitios

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públicos en días y horarios diferentes a los establecidos por el prestador del servicio de recolección;

7. Ningún tipo de residuo, desecho, material de suelo o vegetal será depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales; y

8. Presentar en el Plan de Manejo Ambiental el sistema de clasificación, prevención, minimización de la generación en la fuente, aprovechamiento o valorización, eliminación y disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos, inclusive si la gestión será realizada por terceros, cuando fuera el caso.

Art. 45.- Gestión integral de residuos o desechos peligrosos y/o especiales.- Son obligaciones de los operadores para el manejo de residuos o desechos peligrosos y/o especiales en todas sus fases, sin perjuicio de aquellas contenidas en las normas específicas, las siguientes:

1. Las actividades correspondientes a cada fase de la gestión de residuos o desechos sólidos peligrosos que realice o realizará el Operador deben estar detalladas en el Estudio de Impacto Ambiental del área o instalación de conformidad con lo que se detalla en el art. 29 de este Reglamento;

2. Obtener el Registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, y proceder a su actualización en caso de modificaciones, así como presentar las obligaciones derivadas del registro, conforme a la norma técnica emitida para el efecto;

3. Manejar adecuadamente residuos o desechos peligrosos y/o especiales originados a partir de sus actividades, sea por gestión propia o a través de gestores autorizados, tomando en cuenta el principio de jerarquización;

4. Asegurar que todo el personal involucrado en la gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales se encuentre debidamente capacitado sobre los peligros y riesgos de los mismos, así como, entrenado para enfrentar posibles situaciones de emergencia, conforme los lineamientos establecidos en normativa nacional e internacional aplicable;

5. Ser responsable del manejo ambiental de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales, desde su generación hasta su eliminación o disposición final;

6. Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos peligrosos y/o especiales dentro de sus instalaciones en condiciones técnicas de seguridad, evitando su contacto con los recursos agua y suelo, y verificando la compatibilidad;

7. Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo únicamente

a personas naturales o jurídicas que cuenten con la autorización administrativa correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental Nacional;

8. Mantener registros sobre la clasificación de los residuos, desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de eliminación y/o disposición final para cada clase de residuos o desechos. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe Anual Ambiental;

9. Contar con los materiales y equipamiento para atención de contingencias, a fin de evitar contaminación o daños ambientales durante todas las fases de gestión;

10. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación o daños ambientales durante la gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales en sus instalaciones; y, responderá solidariamente con las personas naturales o jurídicas contratadas por ellos para efectuar la gestión de los mismos, en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable.

11. Proponer los tratamientos que aplicará para los fondos de tanque y materiales similares, considerados de difícil degradación, a fin de que tengan una adecuada y eficiente disposición, recuperación, tratamiento y/o control, alineados a los lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente.

Art. 46.- Gestión de residuos radioactivos o materiales contaminados con radiactividad.- Si como parte de las actividades del Operador, se generaren desechos radiactivos, fuentes radiactivas en desuso y material NORM, este será el responsable de su gestión para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas técnicas establecidas por la Autoridad Reguladora en Materia de Radiación.

Art. 47.- Desmantelamiento de infraestructura obsoleta.- El Operador será responsable del desmantelamiento y disposición final de la infraestructura obsoleta utilizada en sus operaciones, cuya gestión será reportada en el Informe de Gestión Ambiental Anual. En ningún caso esta infraestructura será abandonada en los sitios de operación y se gestionará conforme la normativa.

CAPITULO II

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL

Art. 48.- Validez de los Acuerdos.- Todo acuerdo, incluyendo los convenios de compensación, alcanzados entre el Operador y los actores sociales del Área de influencia directa, en el marco de la gestión del proyecto deberán constar por escrito y contar con las firmas de responsabilidad respectivas. El Operador deberá incluir estos acuerdos dentro del Plan de Relaciones Comunitarias del Plan de Manejo Ambiental mediante comunicación a la Autoridad Ambiental Competente, toda vez que ya cuente con la Autorización Administrativa Ambiental.

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Art. 49.- Atención de solicitudes.- El Plan de Relaciones Comunitarias del Plan de Manejo Ambiental contendrá los mecanismos mediante el cual el operador receptará, registrará y responderá a todas las solicitudes verbales y escritas, relativas a la gestión socio-ambiental de su operación, realizadas por cualquier actor social e institucional y reportará sobre este mecanismo en el Informe Gestión Ambiental Anual.

Este proceso no generará obligación legal alguna para el Operador, a menos que ambas partes acuerden formalmente el establecimiento de una obligación, contenidas según se dispone en el artículo anterior de este Reglamento.

Art. 50.- Compensación e indemnización Socio – Ambiental.- A fin de proceder con la compensación e indemnización socio ambiental en materia hidrocarburífera se procederá conforme la normativa aplicable.

TITULO V

NORMAS OPERATIVAS DE LAS FASES DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA

Art. 51.- Fases de la industria.- Para efectos del presente Reglamento se consideran como fases de la industria hidrocarburífera las siguientes: 1) exploración, 2 ) explotación, 3) transporte, 4) almacenamiento, 5) industrialización, 6) refinación, 7) comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas.; y, demás actividades como las obras civiles.

CAPITULO I

EXPLORACIÓN

Sección I

PROSPECCIÓN GEOSÍFICA – SÍSMICA

Art. 52.- Normas operativas para las actividades de sísmica.- El Operador deberán cumplir con las siguientes normas para las actividades de sísmica:

1. Helipuertos y puntos de disparo.- Los helipuertos y puntos de disparo no se establecerán en zonas críticas tales como áreas biológicamente sensibles y sitios arqueológicos. En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas los helipuertos se construirán optimizando las áreas de ocupación.

2. Construcciones temporales.- Al abrir las trochas e

instalar los campamentos de avanzada, helipuertos y puntos de disparo, se removerá la vegetación estrictamente necesaria.

En áreas protegidas y bosques protectores, todas las construcciones, se harán sin utilizar madera del área, excepto la que ha sido previamente autorizada para su adecuación.

3. Tendido de líneas.- En el desbroce de trochas para tendido de líneas sísmicas no se cortarán árboles de diámetro a la altura del pecho – DAP mayor a

20 centímetros; el

ancho normal

promedio será

1.50 metros. Toda

la madera y el

material vegetal

proveniente del desbroce y limpieza del terreno podrá ser reincorporado a la capa vegetal mediante tecnologías actuales disponibles, especialmente en sitios susceptibles a la erosión, o lo que se establezca en el estudio ambiental. La vegetación cortada en ningún caso será depositada en drenajes naturales;

4. Acarreo aéreo de carga.- Para el acarreo de carga aérea deberá utilizarse la técnica llamada de “cuerda larga” (Long Sling), conforme a normas de seguridad OACI (International Civil Aviation Organization). En caso de que se requieran otras condiciones de operación, éstas deberán ser incluidas en los Estudios Ambientales.

5. Control de erosión.- Para controlar la erosión se deberá:

1. Remover cualquier obstrucción al flujo natural de los cuerpos de agua cuando la misma haya sido causada por las operaciones de sísmica o por actividades asociadas a la exploración.

2. Contemplar un programa de revegetación con especies nativas del lugar para las áreas afectadas en donde se haya removido la capa vegetal según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

6. Manejo de explosivos.- Para el manejo de explosivos, se deberá tener en cuenta:

1. Las distancias mínimas establecidas para puntos de disparo, en la Norma Técnica que se expida para el efecto

2. En ríos, lagos, lagunas y el mar no se utilizarán explosivos, sino el sistema de pistola de aire o equivalentes.

3. Los puntos de disparo deben ser rellenados y compactados con tierra para evitar la formación de cráteres o daños al entorno.

4. Las cargas en puntos de disparo no deben ser detonadas a distancias menores de 15 metros de cuerpos de agua superficiales.

5. Con un mínimo de 24 horas de anticipación se informará a las poblaciones vecinas sobre la peligrosidad de los materiales explosivos y se les advertirá acerca de la ocurrencia y duración de las explosiones.

6. Las cargas no detonadas serán neutralizadas.

Sección II

PERFORACIÓN EXPLORATORIA

Y DE AVANZADA

Art. 53.- Normas operativas para la construcción de plataformas de perforación exploratorias o de avanzada.- Para la perforación exploratoria el Operador cumplirá con lo siguiente:

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1. En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se prohíbe la apertura de carreteras.

2. El área útil para plataforma, helipuerto y campamento y construcción de piscinas de tratamiento de ripios, será menor o igual de 1.5 hectáreas;

3. Para la ubicación de la plataforma, el operador considerará las condiciones geológicas, topográficas y accesos existentes, a fin de se produzca el menor impacto ambiental posible;

4. Para la construcción de plataformas en zonas no consideradas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el operador podrá abrir vías o accesos de hasta 5 metros de ancho de capa de rodadura si el proyecto lo requiere;

5. Costa

afuera.-

Los ripios y

efluentes

generados

en

perforación

costa

afuera

podrán ser

tratados

in

situ

o trasladados

al continente para

la

gestión

correspondiente y según lo establecido en el Estudio Ambiental. Las características de los efluentes cumplirán con los límites permisibles establecidos en la Norma Técnica establecido para el efecto

6. Normas complementarias.- el operador en la perforación exploratoria y de avanzada, complementariamente cumplirá con las siguientes regulaciones operativas:

a. Del sitio de perforación.-

1. En el sitio de perforación, el área para: la plataforma, campamento y helipuerto, piscinas de ripios, no tendrán una distribución rígida, se los ubicará de acuerdo con la topografía del terreno, rodeado de vegetación, con una separación adecuada entre sí. En operaciones costa afuera se especificará el equipo de perforaciones a utilizarse.

2. En el caso de perforación exploratoria para áreas protegidas o remotas las operaciones se realizarán preferentemente en forma helitransportable, para lo cual se despejará un área para la aproximación de los helicópteros, conforme a la reglamentación de la OACI. Para la perforación exploratoria en áreas en otras zonas se autorizará la apertura de vías hasta de 5 metros de ancho de capa de rodadura si el proyecto lo requiere. Si el pozo resultare seco, la operadora realizará el respectivo taponamiento y abandono de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

3. Las plataformas para la perforación costa afuera o en áreas de transición, no deben interferir con el normal desarrollo de las actividades de pesca, turismo, navegación y aeronavegación, por lo que se considerará un área de seguridad de una milla marina.

2. Pruebas de producción.- Los fluidos resultantes de las pruebas de producción, cuando no se puedan reinyectar y no existan vías de accesos al sitio de perforación, se helitransportarán fuera del sitio de perforación para su disposición final.

El mecanismo utilizado para realizar las pruebas de producción será descrito en el Estudio de Impacto ambiental y los complementarios del caso.

7. Caso de abandono.- En los casos de abandono temporal o definitivo de las instalaciones hidrocarburíferas, además de lo contemplado en el Plan de Manejo Ambiental, se deberá:

a. Ubicar y disponer

adecuadamente

los equipos

y estructuras que

se encuentren

en los sitios

de trabajo, que no sean necesarios para futuras operaciones;

2. Todos los desechos de origen doméstico e industrial, luego de su clasificación, serán tratados y dispuestos de acuerdo a lo previsto en el Plan de Manejo de Desechos del Plan de Manejo Ambiental propuesto por la operadora;

3. En el sitio de perforación se deberán readecuar los drenajes y reforestar el área que no vaya a ser reutilizada si el abandono es temporal;

4. Cuando se proceda a abandonar definitivamente un pozo, éste se sellará con tapones de cemento en la superficie y en los intervalos apropiados para evitar escapes y/o migraciones de fluidos.

5. En caso de producirse escapes de crudo por trabajos relativos al mal taponamiento del pozo, la empresa asumirá todos los costos de remediación y las reparaciones correspondientes al pozo. Las locaciones de pozos abandonados deberán ser rehabilitadas ambientalmente;

6. Cuando en la perforación costa afuera se proceda a abandonar un pozo en forma permanente, la tubería de revestimiento deberá sellarse 1.5 metros por debajo del lecho marino y otras instalaciones que sobresalen del lecho marino serán retiradas, para evitar daños o impedimentos a la pesca, navegación u otra actividad; y,

7. Cuando en la perforación costa afuera o en áreas de transición se proceda a abandonar temporalmente o en forma permanente un pozo, se colocará un tapón mecánico sobre la tubería de revestimiento y el cabezal será recubierto con una campana anticorrosiva.

CAPITULO II

EXPLOTACIÓN

Art. 54.- Normas operativas para la fase de explotación.-

Para la fase de explotación el Operador cumplirá con lo siguiente:

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1. Patrones de drenaje.- En los planes de manejo ambiental se considerarán medidas de prevención, mitigación o control de los patrones de drenaje del área de implantación de los proyectos.

2. Perforación de desarrollo.- Se aplicarán las mismas normas establecidas para la perforación exploratoria y de avanzada en todo cuanto sean pertinentes;

3. Perforación múltiple o de racimo.- Se permitirá

el desbroce para un área útil de hasta 0,2 hectáreas por cada pozo adicional. La intervención del área se efectuará de manera progresiva, a medida que se desarrollen los proyectos de perforación. De requerirse áreas adicionales a lo previsto en este artículo se incluirán los justificativos técnicos en el estudio ambiental.

4. Fluidos y/o ripios de perforación.- Serán tratados y dispuestos o inyectados, conforme a lo establecido en este Reglamento.

5. Estaciones de producción.- En el caso de contar con plataformas que se convierten en estaciones de producción, se incluirá el área útil requerida que será adicional a la estipulada en este artículo.

6. Disposiciones técnicas.- Durante las actividades constructivas y de operación de las facilidades hidrocarburíferas se observará lo dispuesto en la normativa ambiental, el estudio de impacto ambiental y lo descrito a continuación:

1. Vallas perimetrales: Se construirán vallas alrededor de las instalaciones hidrocarburíferas con el fin de proteger la vida silvestre.

b. Contrapozo.- Alrededor del cabezal

del pozo

se deberá construir

un dique (contrapozo)

impermeabilizado a fin de recolectar

residuos

de crudo provenientes

del cabezal y así evitar

contaminación del sitio de perforación;

3. Cunetas perimetrales: Para el manejo segregado de aguas lluvia y de escorrentía, descargas industriales y/o descargas domésticas se construirán cunetas perimetrales impermeabilizadas, conectadas a un sistema de tratamiento primario.

7. Tratamiento, manejo y disposición de coque.- En caso de que sea técnica y económicamente factible, la eliminación del coque en estaciones de producción que manejen crudos pesados, se incluirá en el estudio de impacto ambiental el tratamiento, manejo y disposición del mismo;

8. Pozos para re-inyección.- Para la re-inyección y disposición de desechos y/o residuos líquidos y semi-líquidos, se reacondicionarán pozos que cuenten con

la autorización de la Autoridad Hidrocarburífera,

de conformidad con el Reglamento de Operaciones

Hidrocarburíferas y con lo señalado en este Reglamento.

9. Pruebas de producción.- En el estudio de impacto ambiental se incorporará las alternativas que el operador prevé para realizar las pruebas de producción. El fluido de las pruebas será transportado hacia una estación de producción para tratamiento e incorporación al proceso hidrocarburífero. Para las pruebas de producción costa afuera, se utilizarán sistemas que recuperen y traten los fluidos contaminantes.

10. Reacondicionamiento de pozos.- El operador incluirá en el Estudio de Impacto Ambiental o los Complementarios del caso, los mecanismos de gestión de los fluidos provenientes del reacondicionamiento.

11. Recuperación secundaria o mejorada.- Cuando el fluido a utilizar en las actividades de recuperación mejorada o secundaria sea agua, se procurará utilizar el agua de producción, en el caso de utilizar agua superficial o de subsuelo, el Operador contará previamente con el permiso emitido por la Autoridad Única del Agua.

Para la conversión de un pozo a inyector, el Operador presentará a la Autoridad Ambiental Nacional para conocimiento, el documento de aprobación o autorización, emitido por la Autoridad Nacional de Hidrocarburos; previo a su ejecución.

Para todo pozo inyector el Operador deberá realizar cada cinco años contados a partir el inicio de la inyección una prueba de integridad mecánica, cuyo informe será incluido como anexo del informe de gestión ambiental anual.

CAPITULO III

INDUSTRIALIZACIÓN Y REFINACIÓN

Art. 55.- Normas operativas para la fase de industrialización.- Para la fase de industrialización el Operador cumplirá con lo siguiente:

1. La

construcción,

ampliación,

rehabilitación

o reubicación de los centros de refinación e

industrialización de

hidrocarburos

se realizará

conforme con lo dispuesto en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas y previa obtención de las autorizaciones administrativas ambientales establecidas en este Reglamento.

2. Las actividades de operación y mantenimiento de

las instalaciones de refinación e industrialización se regirán a lo establecido en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas y normas técnicas ambientales nacionales.

3. Toda instalación para procesamiento de hidrocarburos y sus derivados deberá contar con sistemas para el tratamiento de gases ácidos y compuestos de azufre que garanticen la transformación y/o disminución de los compuestos nocivos de azufre antes de que el gas pase a ser quemado. Estos sistemas serán definidos en el Estudio de Impacto Ambiental.

Registro Oficial Nº 174 Miércoles 1° de abril de 2020 – 15

4. Toda planta para procesamiento de hidrocarburos y sus derivados deberá disponer de sistemas cerrados de tratamiento de efluentes, contará con registros de los volúmenes o caudales tratados y descargados al cuerpo receptor, información que deberá respaldarse en datos de producción.

CAPITULO IV

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS

Art. 56.- Normas operativas para las fases de almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados.- Para las fases de almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados, el Operador cumplirá con lo siguiente:

1. La fase de almacenamiento y transporte de hidrocarburos y derivados, contempla: tanques de almacenamiento, recipientes a presión, oleoductos principales y secundarios, gasoductos y poliductos, estaciones de bombeo, estaciones reductoras y demás infraestructura que forma parte de la misma.

2. En las etapas de construcción, operación y reutilización de infraestructura para el almacenamiento y transporte

de hidrocarburos y derivados, se cumplirá con lo que establece el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas y las normas técnicas expedidas para el efecto.

3. Todo tanque para almacenamiento de hidrocarburos y derivados debe tener cubeto de contención construido bajo normas técnicas, totalmente impermeabilizado, con un sistema de drenaje separado para aguas lluvias y para aguas oleosas; tendrá una capacidad mínima del 110% de la capacidad máxima de operación de todos los tanques que contenga el cubeto, conforme a lo establecido Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas.

4. Todo recipiente a presión debe tener un sistema para contención de derrames, con un sistema de drenaje separado para aguas lluvias y para aguas oleosas.

5. Los tanques para almacenamiento de hidrocarburos y derivados existentes, cuyos cubetos no están impermeabilizados, se regirán conforme a lo establecido Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas.

6. Las medidas de prevención o mitigación para la construcción de oleoductos, poliductos y gasoductos se establecerán en el Estudio de Impacto Ambiental.

7. En zonas pobladas y cruces de vías, el operador deberá colocar señalización de aviso al público que incluya el nombre del operador y el número telefónico en caso de producirse cualquier emergencia.

8. Si los ductos atraviesan núcleos poblados, se instalarán válvulas de cierre en cada uno de los extremos, así como en cualquier sitio que lo amerite, de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental.

9. Para la gestión y mantenimiento del derecho de vía, se procederá conforme establece el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas.

10. Para el

transporte

de hidrocarburos

y derivados

en auto tanques y buque tanques

se

cumplirá con

lo que

establece

el Reglamento

de

Operaciones

Hidrocarburíferas, la normativa ambiental vigente y normas técnicas nacionales expedidas para el efecto.

CAPITULO V

COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, BIOCOMBUSTIBLES Y SUS MEZCLAS

Art. 57.- Normas operativas para las fases de comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas.- El Operador cumplirá con lo siguiente:

La fase de comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas, se desarrolla en: estaciones de servicio, depósitos de pesca artesanal, y depósitos de almacenamiento, plantas envasadoras y depósitos de GLP y terminales de almacenamiento de derivados, en los diferentes segmentos.

El operador y las comercializadoras de hidrocarburos autorizadas por la Autoridad Hidrocarburífera, deberá cumplir con lo establecido en este Reglamento, en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas y normativa ambiental vigente.

Estaciones de servicio, plantas envasadoras de gas y otros centros de almacenamiento y distribución de derivados de hidrocarburos, deberán:

1. Contemplar obligatoriamente la construcción y/o instalación de canales perimetrales, trampas de grasas y aceites, sistemas cerrados de recirculación de agua y retención y demás infraestructura que minimice los riesgos y daños ambientales.

2. Los tanques de combustible y su manejo deberán cumplir con lo establecido en esta Norma y en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas.

CAPITULO VI

OBRAS CIVILES

Art. 58.- Normas operativas para las obras civiles.- El Operador cumplirá obligatoriamente con lo siguiente:

1. Lineamientos generales:

1. Las áreas intervenidas durante la fase constructiva y que no formen parte del área útil del proyecto, obra o actividad, serán revegetadas conforme al Plan de Manejo correspondiente.

2. La vegetación cortada en ningún caso será depositada en drenajes naturales.

3. Los taludes serán estabilizados y revegetados.

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4. Cuando las obras civiles se vayan a realizar en áreas donde existan bosques o relictos boscosos, en el Estudio de Impacto Ambiental o en los complementarios del caso, se incluirá mecanismos para precautelar la flora y fauna de acuerdo a su sensibilidad y estado de conservación, priorizando su rescate.

2. Para la construcción de vías el ancho total del desbroce y desbosque será en promedio 15 metros; si amerita un desbroce mayor de 15 metros, se justificará en el Estudio de Impacto Ambiental.

3. Excavación, corte y relleno de vías cumplirá con lo siguiente:

1. El ancho de la obra básica será en promedio 10 metros, incluyendo cunetas; el ancho de la calzada será en promedio 5 metros. Cada 500 metros se tendrá un sobreancho adicional de rodadura de máximo 5 metros para facilitar el cruce de los vehículos; en casos justificados por la topografía del terreno y seguridad de tráfico, los sobreanchos podrán ubicarse a menor distancia.

2. Para la construcción de estructuras menores como alcantarillas para cruces de agua y agua lluvia, cunetas laterales a lo largo de toda la vía, tratamiento de taludes, construcción de cunetas de coronación y conformación de terrazas en los taludes altos, se adoptarán las debidas medidas técnicas a fin de obtener un adecuado funcionamiento de la vía y precautelar las condiciones ambientales. La infraestructura se incluirá como parte del área reportada para el desbroce y obra básica.

3. Se mantendrán puentes de dosel forestal, así

como estructuras que permitan la continuidad de corredores naturales. Según las condiciones ambientales y necesidades operativas se podrá dividir los accesos y derechos de vías de líneas de flujo a fin de implementar estos corredores naturales.

4. Se prohíbe regar petróleo en la superficie de las carreteras y vías de acceso, para así evitar la contaminación.

4. Alcantarillas:

1. Las dimensiones de las alcantarillas deberán tener el mayor diámetro posible y que la estructura de relleno lo permita, de esta forma además de su funcionamiento hidráulico permitirá el paso de fauna por la parte inferior de los rellenos. En todo relleno mayor a 1,2 m se deberán implementar alcantarillas para el paso de la fauna, en las áreas donde la caracterización ambiental defina dicho requerimiento.

2. Periódicamente deberá realizarse el mantenimiento a las alcantarillas, incluyendo limpieza de

sedimentos y material vegetal, que pudiera causar represamientos.

c. Controlar la erosión a la entrada y salida de las alcantarillas, mediante la construcción de estructuras apropiadas.

4. Las alcantarillas deberán instalarse considerando el caudal, cauce y pendiente natural, a fin de disminuir la erosión y la incorporación de sedimentos a cuerpos de agua.

5. Cunetas:

1. Las cunetas serán construidas con pendiente que facilite la circulación y evacuación del agua lluvia.

2. Realizar periódicamente su limpieza y mantenimiento a fin de evitar su deterioro y controlar la libre circulación del agua lluvia.

6. Taludes:

1. En las zonas donde los cortes son menores, los taludes se construirán con mayor pendiente, y, en cortes mayores con menor pendiente, utilizando sistemas de terrazas para evitar el deslizamiento del suelo y favorecer la revegetación posterior.

2. Se deberán estabilizar los taludes a fin de minimizar la acción erosiva originada por el impacto del agua lluvia sobre el material. En caso de revegetación de taludes, el seguimiento a la revegetación será responsabilidad de la operadora.

3. Cuando sea técnicamente recomendable, se deberá construir y dar mantenimiento a cunetas de coronación para recoger la escorrentía superficial y encauzarla hacia su disposición final y así evitar su circulación y evacuación por la superficie del talud.

7. Todas las vías que sean construidas y utilizadas exclusivamente por el Operador deberán ser señalizadas de acuerdo a las leyes de tránsito vigentes en el Ecuador y/o demás Normas adoptados por cada compañía.

8. Cuando finalice la necesidad del uso en proyectos ejecutados en áreas protegidas, áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, patrimonio forestal, se deberán retirar puentes en cruces de cuerpos de agua e inhabilitar las vías, revegetando con especies nativas del lugar, mantener barreras de control por un período adicional de 2 años y fijar avisos de prohibición de usar la vía, de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente

9. Si se presentaren situaciones especiales, deberá comunicarse el particular al Ministerio del Ambiente.

10. El sitio elegido para los cruces fluviales no se ubicará en áreas biológicamente sensibles y para la construcción

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se considerará la morfología fluvial, cuidando el ángulo de cruce para evitar estrechamiento del cauce por la colocación de columnas o estribos dentro de la corriente.

11. Infraestructura de campamentos:

1. El área máxima de desbroce, limpieza y movimiento de tierras deberá estar planificada en función del número de usuarios y servicios, y las áreas autorizadas en el estudio ambiental

2. En el caso de campamentos temporales, se procurará que sean portátiles y modulares, de ser factible se utilizará la madera resultante del desbroce del área del campamento, material sintético y reutilizable. En zonas habitadas se utilizará en lo posible infraestructura existente.

TITULO VI

MECANISMOS DE CONTROL

Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CAPITULO I

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Art. 59.- Monitoreo ambiental interno.- El Operador realizará el monitoreo ambiental interno de las emisiones a la atmósfera, ruido ambiente, aguas superficiales y subterráneas, descargas líquidas, lodos y ripios de perforación, suelo, sedimentos y componentes bióticos, conforme su plan de manejo ambiental y la periodicidad establecida en este Reglamento.

Art. 60.- Informe de monitoreo ambiental.- El Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente, para aprobación, el informe con la evaluación de los resultados del monitoreo ambiental interno incluyendo el cálculo de la carga contaminante, el análisis de efectividad de las acciones correctivas implementadas en el caso de identificar incumplimiento y demás condiciones conforme a la norma técnica correspondiente.

Este informe será presentado a la Autoridad Ambiental Competente en formato digital con todos los respaldos, acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá las firmas de responsabilidad respectivas o mediante la plataforma informática que la Autoridad disponga para este efecto.

Art. 61.- Puntos de Monitoreo.-El Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente la identificación de los siguientes puntos de monitoreo como parte del Plan de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental: emisiones gaseosas, ruido ambiente (PCA), agua, descargas líquidas, lodos y ripios de perforación, suelo y puntos de monitoreo biótico, según los formatos incluidos en la norma técnica para regularización ambiental, por tanto su aprobación será conjunta con el estudio ambiental que corresponda.

Para los puntos de monitoreo temporal en las actividades de perforación, reacondicionamiento de pozos, construcción,

entre otras, se registrará el punto de monitoreo, el que tendrá validez por el tiempo que dure la actividad.

En el caso de fuentes fijas que requieran ser movilizadas a distintas locaciones en todas las fases de las actividades hidrocarburíferas, se mantendrá un inventario de las mismas y se incluirá como parte del informe periódico del monitoreo, en cuyo caso, no requerirá aprobación del punto de monitoreo.

Art. 62.- Condiciones del monitoreo ambiental.- Las condiciones para ejecutar el monitoreo serán:

1. La toma de muestras en los puntos de monitoreo aprobados de: aire, emisiones a la atmósfera, ruido ambiente, aguas superficiales y subterráneas, descargas líquidas, suelo, sedimentos será realizado por entes acreditados ante la autoridad competente o mediante equipos que cuenten con la certificación del fabricante respecto de las condiciones de diseño y uso previsto hasta que se logre su acreditación.

2. Los análisis serán realizados con laboratorios acreditados ante la autoridad competente, en todos los parámetros físicos – químicos y microbiológicos a reportarse, cuyo límite de detección, del método de análisis, debe ser menor al límite máximo permisible establecido en las normas técnicas.

3. Los puntos de muestreo deberán cumplir con las características y normas técnicas establecidas en la normativa vigente para el efecto.

4. El muestro de descargas líquidas debe incluir los datos de medición del caudal de descarga.

5. La ejecución del monitoreo biótico se realizará por profesionales en los grupos evaluados flora y fauna (terrestre, acuática, marina), según sea el caso.

Art. 63.- Periodicidad del monitoreo y entrega de reporte.- El Operador ejecutará el monitoreo ambiental interno conforme a los siguientes períodos de muestreo y reporte:

1. Para la fase de Exploración.- Para la fase de exploración el monitoreo se realizará según lo establecido en el Plan de Seguimiento y Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental aprobado y los resultados del monitoreo se entregaran 20 días posteriores al fin de la fase, si la fase de exploración dura más de un año, el informe de monitoreo se entregará anualmente.

2. Para las actividades de Perforación o

reacondicionamiento de pozos en cualquier fase.- Para las actividades de Perforación o reacondicionamiento de pozos en cualquier fase, el monitoreo se someterá a las siguientes reglas:

1. Muestreo diario para descargas de aguas residuales operacionales, negras y grises, en base de una muestra simple tomada posterior al tratamiento.

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2. Para descargas por lote o tipo bach, muestrear previo a su evacuación para lo cual el Operador verificará el cumplimiento de los límites máximos permisibles.

3. Para la disposición de lodos, ripios de perforación y lodos de decantación del tratamiento de fluido de perforación se realizará un muestreo inicial para conocer la composición del mismo de acuerdo a los parámetros establecidos en la Norma Técnica como requisito previo a su tratamiento y luego al menos cada seis meses hasta el cumplimiento de límites máximos permisibles.

4. Para emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión se realizará un monitoreo semanal.

5. Para ruido ambiental se realizará al menos un monitoreo o de forma bimensual en caso de que las actividades se extiendan por más tiempo. durante la permanencia ininterrumpida en cada facilidad

f. El monitoreo biótico se realizará conforme los componentes y condiciones de monitoreo establecidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente.

La entrega del informe de monitoreo de las actividades de perforación o reacondicionamiento de pozos se realizará hasta cuarenta y cinco (45) días término posteriores a su culminación. En el caso de monitoreos bióticos y lodos y ripios no incluidos en el mencionado informe, se presentará conjuntamente con el informe de gestión ambiental anual.

3. Para la fase de Explotación.- Las actividades de monitoreo en la fase de explotación se someterán a las siguientes reglas:

1. Para descarga de aguas residuales operacionales, negras y grises, el monitoreo será mensual en

base de una muestra simple, tomada posterior al tratamiento. Para plataformas de producción, donde no exista una descarga de aguas residuales operacionales, los desechos que se acumulen en las trampas de grasas o separadores API deberán tratarse conforme lo dispuesto en el plan de manejo ambiental correspondiente, y no serán sujetos de monitoreo interno.

2. Para aguas subterráneas el monitoreo en las áreas de pozos o almacenamiento de productos limpios será, trimestral en los puntos establecidos en la red piezométrica del área circundante a los pozos de desarrollo, inyección y reinyección y de los sitios de almacenamiento de productos limpios. El análisis de los resultados se presentarán en el informe de monitoreo. Se realizará conforme los lineamientos de la Norma Técnica establecida para el efecto

3. Para emisiones gaseosas se realizará el monitoreo trimestral de las fuentes fijas de combustión

d. Para ruido ambiental el monitoreo será semestral

e. El monitoreo biótico se realizará una vez al año conforme, a los componentes bióticos y condiciones de monitoreo establecidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente.

La entrega del informe de monitoreo de la fase de explotación, a la Autoridad Ambiental Nacional, será semestral dentro de los 30 días posteriores al término del cada semestre, considerando los semestres Enero- Junio y Julio – Diciembre.

4. Para las fases de Industrialización y refinación.- Las actividades de monitoreo en la fase de industrialización y refinación se someterán a las siguientes reglas:

1. Para descarga de aguas residuales operacionales, negras y grises, el monitoreo será diario, en base de una muestra compuesta seccionada, formada por la mezcla de alícuotas de muestras individuales de volumen proporcional al caudal, tomadas a intervalos de una hora, durante un período de 24 horas.

2. Para aguas subterráneas el monitoreo en las zonas de almacenamiento de productos limpios, será trimestral en los puntos establecidos en la red piezométrica del área circundante a los sitios de almacenamiento de productos limpios. El análisis de los resultados se presentará en el Informe de Monitoreo Anual. Se realizará conforme los lineamientos en la Norma Técnica correspondiente.

3. Para emisiones gaseosas se realizará el monitoreo

continuo de las fuentes fijas de combustión, el sistema de monitoreo continuo deberá ser acreditado o certificado.

4. Para emisiones fugitivas en tanques y líneas el monitoreo será trimestral. Se realizará conforme los lineamientos de la Norma Técnica expedida para el efecto.

5. Para ruido ambiental el monitoreo será anual

f. El monitoreo biótico se realizará una vez al año conforme, a los componentes bióticos y condiciones de monitoreo establecidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente.

La entrega del informe de monitoreo de las fases de industrialización y refinación, a la Autoridad Ambiental Nacional, será semestral dentro de los 30 días posteriores al término del cada semestre, considerando los semestres Enero- Junio y Julio – Diciembre.

5. Para las fases de Transporte y Almacenamiento.-

Las actividades de monitoreo en la fase de transporte y almacenamiento se someterán a las siguientes reglas:

1. Para descargas de aguas residuales operacionales, negras y grises, el monitoreo será semestral en

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base de una muestra simple, tomada posterior al tratamiento.

2. Para aguas subterráneas el monitoreo en será anual en los puntos establecidos en la red piezométrica del área circundante a los sitios de almacenamiento de productos limpios. El análisis de los resultados se presentará en el Informe de Monitoreo. Se realizará conforme los lineamientos de la Norma Técnica expedida para el efecto

3. Para emisiones gaseosas se realizará el monitoreo semestral de las fuentes fijas de combustión

4. Para emisiones fugitivas en tanques y líneas el monitoreo será trimestral

5. Para ruido ambiental el monitoreo será anual.

f. El monitoreo biótico se realizará una vez al año conforme, a los componentes bióticos y condiciones de monitoreo establecidas en el estudio de impacto ambiental correspondiente

La entrega del informe de monitoreo de la fases de transporte y almacenamiento, a la Autoridad Ambiental Nacional, será anual dentro de los 30 días del mes enero del año siguiente.

6. Para las fases de Comercialización de hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas.- Las actividades de monitoreo en la fase Comercialización de hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas, se someterán a las siguientes reglas:

1. Para descargas de aguas residuales operacionales, negras y grises, el monitoreo será semestral en base de una muestra simple, tomada al posterior al tratamiento. Para estaciones de servicio (gasolineras) y plantas envasadoras de gas, donde no exista una descarga de aguas residuales operacionales, los desechos que se acumulen en las trampas de grasas o separadores API deberán tratarse conforme lo dispuesto en el plan de manejo ambiental correspondiente, y no serán sujetos de monitoreo interno.

2. Para aguas subterráneas el monitoreo será anual en los puntos establecidos en la red piezométrica del área circundante a los sitios de almacenamiento de productos limpios. El análisis de los resultados se presentará en el Informe de Monitoreo. Se realizará conforme los lineamientos de la Norma Técnica expedida para el efecto

3. Para emisiones gaseosas se realizará el monitoreo anual de las fuentes fijas de combustión, si las hubiere o de sus sistemas de operación ocasional: generadores de emergencia, motores en sistemas contra incendios, siempre que superen las 300 horas de operación.

4. Para emisiones fugitivas en tanques y líneas el monitoreo será trimestral

La entrega del informe de monitoreo de la fase de comercialización, a la Autoridad Ambiental Competente, será anual dentro de los 30 días del mes enero del año siguiente.

Art. 64.- Monitoreos de agua subterránea.- Para obras, proyectos o actividades que impliquen la operación de pozos inyectores o reinyectores, y el uso de tanques de almacenamiento subterráneo de productos limpios, el Operador deberá caracterizar el recurso hídrico subterráneo e implementará pozos de monitoreo. El monitoreo deberá efectuarse con la frecuencia establecida en este Reglamento y los resultados se reportarán en el informe de monitoreo que corresponda al período.

Art. 65.- Monitoreo de emisiones a la atmósfera.-

Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores, incineradores y otros catalogados como fuentes fijas de combustión, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en la normativa para emisiones vigente para el Sector Hidrocarburífero.

Aquellas fuentes que no sean catalogadas como significativas, deberán cumplir con los mantenimientos determinados por el fabricante y presentarán los certificados de emisión teórica, excepto para las fase de perforación donde se monitorearan todas las fuentes independientemente de su potencia.

Art. 66.- Monitoreo de emisiones fugitivas.- Se deberá inspeccionar periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, líneas de conducción y otros donde se manejen productos limpios, mediante la implementación de un programa de medición de emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles (COV’s), de acuerdo al método EPA 21 o su equivalente, y se adoptará las medidas necesarias para minimizar estas emisiones.

Se entiende como COV’s para el monitoreo de emisiones, la respuesta global de un medidor directo con PID, IR, u otros, o la suma, al menos de: Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos, Pentanos, Hexanos, Heptanos, Naftaleno.

Las mediciones se realizarán una vez al año, aplicando el método EPA 325 A/B o su equivalente, para la ubicación de los puntos de monitoreo y los resultados se reportarán en el Informe de monitoreo interno.

Art. 67.- Revisión del informe de monitoreo.- Para la revisión de los informes de monitoreo se procederá conforme los plazos o términos establecidos en la normativa ambiental, para lo cual la autoridad ambiental competente verificará:

• El cumplimiento de las condiciones del monitoreo,

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• El cumplimiento de la metodología y condiciones del muestreo y los análisis,

• La identificación de los incumplimientos a los límites máximos permisibles (en caso de existir) y su justificación (análisis de causa)

• La descripción de las acciones correctivas implementadas o planificadas, mismas que serán sujetos de verificación de su eficacia en los monitoreos subsecuentes.

De cumplir con estos requisitos el informe de monitoreo será aprobado caso contrario se observará.

Si en el proceso de revisión las observaciones no han sido absueltas por el Operador, por segunda ocasión y en adelante; y estas obedecen a inconsistencias metodológicas, técnicas o legales que deslegitimen los resultados del informe, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer de la ejecución de un nuevo monitoreo y aplicará nuevamente el cobro de tasas por revisión de informes de monitoreo.

Art. 68.- Inspecciones.-Las inspecciones de proyectos, obras o actividades para ejecutar el control y seguimiento ambiental deberán ser realizadas por funcionarios de la Autoridad Ambiental Competente.

Durante las inspecciones se podrá tomar muestras de las emisiones, descargas y vertidos, inspeccionar el área de intervención y solicitar las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes, así como cualquier otra información que se considere necesaria en función del marco legal aplicable, el plan de manejo ambiental o las condicionantes de la autorización administrativa ambiental otorgada.

Finalizada la inspección se suscribirá el acta correspondiente, en la que se hará constar:

1. Lugar, día, hora, delegados y concurrentes.

2. Propósito/ Objetivo.

3. Exposiciones y hallazgos

4. Firmas de participantes

Art. 69.- Informe técnico.- Los hallazgos de las inspecciones constarán en el correspondiente informe técnico que será notificado al operador, en el término máximo de quince (15) días posteriores a la inspección. El operador deberá presentar el plan de acción para la implementación de las medidas correctivas, en los casos que corresponda.

Art. 70.- Informe de gestión ambiental anual.- El Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente hasta el treinta y uno de enero de cada año, el informe

anual de gestión ambiental, el cual incluirá el análisis de todos los Planes de Manejo Ambiental que tenga aprobado el Operador y que será elaborado conforme la Norma Técnica emitida para el efecto.

CAPITULO II

AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 71.- Términos de referencia para Auditorías Ambientales.- La Autoridad Ambiental Nacional expedirá los términos de referencia estándar correspondientes al tipo de auditoría, sobre la base de lo cual el Operador presentará la Auditoría Ambiental.

Art. 72.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento.-

El operador presentará una auditoría ambiental de cumplimiento con la finalidad de evaluar la incidencia de los impactos ambientales de sus proyectos, obras o actividades y verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, plan de monitoreo, obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas ambientales, normativa ambiental vigente y planes de acción, de ser el caso.

La auditoría ambiental de cumplimiento se realizará una vez transcurrido un año (1) desde el otorgamiento de la licencia ambiental y posteriormente cada tres (3) años, misma que se presentará tres (3) meses posteriores a la finalización del periodo auditado, sin perjuicio de que según el desempeño ambiental del operador la Autoridad Ambiental Competente pueda reducir el tiempo entre auditorías.

Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y presentar las respectivas facturas junto a la auditoría ambiental de cumplimiento.

Las auditorías ambientales se elaboraran con sujeción a la normativa ambiental vigente y a la norma técnica de control y seguimiento que expida la autoridad ambiental para el efecto.

La Autoridad Ambiental Competente a través de la auditoría ambiental u otros mecanismos de control y seguimiento ambiental y de existir razones técnicas suficientes, podrá requerir al operador, que efectúe modificaciones y actualizaciones al plan de manejo ambiental, en cuyo caso se incluirá esta actividad como parte del plan de acción y constituirá un trámite independiente.

Art. 73.- Revisión del Informe de Auditoría Ambiental.-

Dentro del proceso de revisión del informe de auditoría ambiental, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer de una inspección para verificar lo establecido en el mismo. La revisión de este informe se sujetará a los términos y plazos establecidos en la normativa ambiental vigente.

Se considerará que una observación es reiterativa cuando esta no haya sido absuelta por segunda ocasión y en adelante, por el Operador, en cuyo caso la Autoridad Ambiental Competente aplicará nuevamente el cobro de tasas por pronunciamiento de auditorías ambientales.

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Se rechazará el informe de auditoría, mediante acto debidamente motivado, en el caso de inconsistencias metodológicas, técnicas o legales que deslegitimen los resultados del mismo y que no se puedan corregir, frente a lo cual la Autoridad Ambiental Competente dispondrá la ejecución de una nueva auditoría, correspondiente al mismo período.

La auditoría a la que se refiere el inciso anterior, deberá ser realizada por un consultor diferente al que realizó la auditoría rechazada y cuyo informe deberá presentarse en el plazo máximo de 3 meses contados a partir de la notificación con el pronunciamiento de rechazo.

Art. 74.- Auditorías de conjunción.- Para las actividades hidrocarburíferas la Autoridad Ambiental Competente, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la unificación de los periodos consecutivos de las auditorías que devengan del seguimiento de una o más autorizaciones administrativas ambientales, que formen parte de una misma área, bloque, campo o instalación y que correspondan un mismo Operador, sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas o penales a las que hubiere lugar. Esto puede realizarse de manera excepcional, con el debido informe técnico y jurídico de respaldo.

CAPITULO III

SEGUIMIENTO A EMERGENCIAS AMBIENTALES

Art. 75.- Comunicación de situaciones de emergencia.-

El Operador está obligado a informar, a la Autoridad Ambiental Competente en un plazo no mayor a veinte cuatro (24) horas de conocido el evento, en el formato establecido en la norma técnica expedida para el efecto, cuando se presenten las siguientes situaciones de emergencia:

1. Fuga o derrame no controlado de sustancias, productos o desechos que afecten los componentes ambientales.

2. Cuando las emisiones, descargas y vertidos contengan cantidades o concentraciones de sustancias o materiales que pongan en riesgo la vida o los recursos.

La comunicación no exime al Operador de su responsabilidad legal frente a la situación de emergencia y se considerará atenuante si es inmediata o agravante si no se ejecuta dentro del plazo establecido, en los regímenes sancionatorios administrativos que correspondan a cada caso.

Art. 76.- Seguimiento y control de emergencias ambientales.- Cuando suceda una emergencia ambiental el operador responsable de la instalación donde esta se origina, cumplirá con el proceso de comunicación y la Autoridad Ambiental Competente, realizará la inspección respectiva y conforme los hallazgos detectados se establecerá el proceso de seguimiento y control, conforme los siguientes niveles:

1. Nivel 1: Emergencias generadas dentro de una área operativa o facilidad petrolera sin afectación

a componentes ambientales.- Todo accidente o incidente que se origine dentro de las facilidades del Operador, y donde las sustancias que pudieran producir contaminación de componentes ambientales y/o afectación a terceros; haya sido contenido en cunetas perimetrales, cubetos de retención, trampas de grasa, piscinas de recolección y otras barreras de contención secundaria y por ende no genera impactos ambientales; el Operador deberá informar su gestión a la Autoridad Ambiental Competente en el informe de gestión ambiental anual conforme el formato que se encuentra en la norma técnica expedida para el efecto.

2. Nivel 2: Emergencias generadas dentro del derecho de vía de ductos principales o secundarios para transporte de hidrocarburos o dentro de las instalaciones del operador.- Toda emergencia

ambiental en ductos principales o secundarios de transporte de hidrocarburos e instalaciones administradas por el Operador, en el cual las sustancias que pudieran producir contaminación no migren fuera del perímetro de la instalación o del derecho de vía (DDV) de los ductos antes mencionados, y que pudieran afectar a los componentes físicos y bióticos; el Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente el informe de ejecución de actividades de contingencia, mitigación, corrección y los muestreos de los componentes afectados.

El informe de ejecución de actividades para el nivel 2 conforme la Norma Técnica que se emita para el efecto deberá ser remitido por el Operador a la Autoridad Ambiental Competente máximo 20 días posteriores a la finalización de las actividades de limpieza.

3. Nivel 3: Emergencias ambientales que impacten a los componentes físicos, bióticos o sociales.- Toda emergencia ambiental que se origine dentro de una instalación o facilidad petrolera o durante el transporte bajo la responsabilidad del Operador, en el cual las sustancias que pudieran generar contaminación, migren fuera de dichas instalaciones impactando a los componentes ambientales o generando afectaciones a terceros o ambas; el Operador deberá remitir en el término de dos días el plan emergente que incluya actividades de contingencia, mitigación y corrección conforme el formato que se encuentra en la norma técnica expedida para el efecto.

El plan emergente será observado o aprobado por la Autoridad Ambiental Competente en el término máximo de diez días. En todos los casos el operador deberá adoptar las medidas de contingencia, mitigación y corrección de manera inmediata de producida la emergencia, sin perjuicio del pronunciamiento de la Autoridad sobre dicho plan.

En el caso de que exista afectación a terceros, el operador deberá remitir un informe de compensación o indemnización conforme los lineamientos establecidos en este Reglamento.

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Una vez finalizadas todas las actividades del plan emergente, el Operador deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente el informe con los respaldos de su ejecución en el plazo 30 días a partir de la finalización de las actividades de limpieza.

Art.77.- Seguimiento y control a fuentes de contaminación anteriores a la operación actual.- En el caso que se detecten fuentes de contaminación tales como fosas, piscinas o derrames antiguos, originados por operaciones anteriores, el responsable de la ejecución de los planes y programas de reparación acogerá el formato establecido en la norma técnica expedida para el efecto. Una vez que finalice todas las actividades de los planes y programas de reparación, el responsable de la gestión remitirá a la Autoridad Ambiental Competente el informe con los respaldos de su ejecución en el plazo de treinta (30) días, pudiendo la autoridad solicitar la presentación de informes de avance periódicos de considerarlo pertinente.

CAPITULO IV

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA

GESTIÓN AMBIENTAL

Art. 78.- Difusión del plan de manejo ambiental.- El Operador difundirá anualmente los resultados de la ejecución del o los planes de manejo ambiental, a las comunidades del área de influencia directa. Los respaldos de su ejecución deberán incluirse en el informe anual de gestión ambiental.

Art. 79.- Denuncias.- Presentada la denuncia y con base al análisis de los documentos que la sustentan, la Autoridad Ambiental Competente realizará la inspección técnica en el lugar donde se presumen los hechos denunciados, convocando al Denunciante y al Operador. Los hallazgos de las inspecciones constarán en el correspondiente informe técnico y serán notificados al operador en el término máximo de quince (15) días posteriores a la inspección. Se procederá de la misma manera para denuncias anónimas con la excepción de la convocatoria al Denunciante.

El Operador, en el término de veinte (20) días de notificado, presentará a la Autoridad Ambiental Competente las pruebas de descargo. El Operador se reservará el derecho de las acciones que le asistan por denuncias no comprobadas e infundadas.

La Autoridad Ambiental Competente pondrá en conocimiento del denunciante los descargos presentados por el Operador.

La Autoridad Ambiental Competente, en caso de determinar que la denuncia es infundada, de manera motivada procederá al archivo de la misma. Caso contrario, se iniciaran las acciones legales correspondientes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Los proyectos, obras o actividades que han obtenido y mantienen vigente una Autorización

Administrativa Ambiental con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, realizarán el control y seguimiento ambiental conforme los procedimientos, términos y plazos establecidos en este instrumento.

SEGUNDA: Para la perforación de pozos adicionales en plataformas que cuentan con Licencia Ambiental vigente, en la cual se indique el número de pozos, y que no implique una ampliación de área, a partir de la vigencia de este Reglamento, el Operador deberá proceder conforme indica el artículo 31.

TERCERA: De la ejecución del presente reglamento encárguese a la Subsecretaria de Calidad Ambiental, Subsecretaria de Patrimonio Natural, la Direcciones Provinciales, Gerencia del SUIA, Gobiernos Autónomos Descentralizados que mantienen convenios de competencia concurrente suscritos con el Ministerio del Ambiente

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: La Autoridad Ambiental Nacional en el plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento, emitirá las normas técnicas señaladas en este instrumento.

Hasta la emisión de dichas normas, se aplicará lo determinado en el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento y en el Acuerdo Ministerial No. 097-A Registro Oficial No. 387 de 4 de noviembre de 2015, en lo que fuere aplicable.

SEGUNDA: El Operador que hubiere presentado los Términos de Referencia de las Auditorías Ambientales de Cumplimiento hasta antes de la expedición del presente reglamento y no haya obtenido la aprobación de los mismos, hasta la fecha de vigencia de la norma técnica de control y seguimiento, podrá acogerse a los Términos de Referencia Estándar señalados en el presente Reglamento, mediante petición dirigida a la Autoridad Ambiental Competente, en el plazo máximo de tres (3) meses posteriores a la emisión de los Términos de Referencia Estándar.

TERCERA: Para las actualizaciones de los planes de manejo ambiental incluidos como parte de las Auditorías Ambientales de Cumplimiento presentadas por los Operadores y que no hayan sido aprobadas hasta la fecha de vigencia de este Reglamento, no corresponderá pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental Competente, por cuanto han sido elaborados en base de la normativa derogada y su vigencia correría a partir de la fecha de su aprobación, en este sentido se actuará conforme lo que dispone el art. 496 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

CUARTA: Para la implementación de los nuevos equipos e instalaciones de monitoreo ambiental que se deriven de la aplicación del presente reglamento, el Operador contará con un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la emisión de la norma técnica correspondiente. Hasta tanto,

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el Operador deberá continuar con el monitoreo ambiental conforme los parámetros y condiciones establecidas en su plan de manejo ambiental aprobado.

QUINTA: Al Operador que le correspondía presentar los términos de referencia para Auditorías Ambientales de Cumplimiento cuyo período bienal se cumplía a partir del 13 de diciembre de 2019, deberá acogerse al período trienal y presentar su auditoria en el año siguiente, conforme a las condiciones para presentación de Auditorías Ambientales de este Reglamento y la norma técnica que se expida para el efecto.

DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. – El presente Reglamen-to entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

DEFINICION DE TERMINOS

A

Áreas biológicamente sensibles.- Es una zona que presenta características de importancia biológica y ecológica (aspectos: reproductivo, alimenticio, refugio, tránsito y conectividad, cuerpo hídrico, etc.) para el normal desarrollo y subsistencia de la biota (individuos, especies, poblaciones y comunidades) con riesgo de ser alterada por actividades antrópicas. Además, es una zona donde habitan especies con características especiales como: endemismo, migración, alto grado de sensibilidad o identificadas dentro de categorías de amenaza de acuerdo a su estado de conservación (UICN, CITES, Libros Rojos, Listas Rojas, etc.).

D

Derrame.- Escape de hidrocarburos producidos por causas operacionales imprevistas o por causas naturales, hacia los diversos cuerpos de agua y suelos.

Descarga (de agua residual): La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor

E

Emisión.- Descarga a la atmósfera, continúa o discontinua, de materias, sustancias o formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente, susceptible de producir contaminación atmosférica.

Emisiones puntuales.- son aquellas que tienen una salida a la atmósfera localizada (chimenea, torre de humos, etc.).

Emisiones difusas.- Son emisiones no localizadas (vapores o emanaciones de gases ocasionados por fugas, derrames, manipulación de sustancias, etc.)

F

Fuga.- Escape accidental de un fluido (líquido o gas), por una abertura producida en el contenedor o en el conducto por el que circula.

I

Impactos Ambientales Acumulativos.- Son aquellos impactos que resultan de los efectos sucesivos, incrementales y/o combinados de un proyecto, obra o actividad, cuando se suman a los impactos de otros proyectos, obras o actividades existentes o planificados, evaluados para el área de influencia del proyecto.

Instrumentos Técnicos Ambientales.- Son herramientas técnicas utilizadas para la estimación predictiva o una identificación presente de las alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases hidrocarburíferas.

M

Medidas de contingencia.- Acciones tendientes a evitar la propagación del daño ambiental caracterizado o potencial, limitando o conteniendo la afectación a la menor área posible.

Medidas de mitigación.- Acciones tendientes a aminorar, debilitar o atenuar el daño ambiental caracterizado o potencial, controlando, conteniendo o eliminando los factores que lo originan.

Medidas de corrección.- Acciones tendientes a que la causa o causas del daño ambiental caracterizado o potencial desaparezcan o se eliminen por completo garantizando que las pérdidas sobre el ambiente y sus componentes no se expandan ni se repita.

Medidas de remediación.- Acciones tendientes principalmente a la eliminación del agente contaminante o dañoso.

Medidas de restauración.- Acciones tendientes a restablecer, recuperar y regenerar los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza asegurando su funcionamiento. Se aplican a escala de ecosistema y comprenden acciones tales como la reconformación de la topografía local, restablecimiento de la conectividad local, revegetación, reforestación, y recuperación de las condiciones naturales de los cuerpos de agua.

Medidas de compensación.- Medidas y acciones que buscan generar beneficios ambientales proporcionales a las pérdidas causadas en la naturaleza por el daño ambiental.

Medidas de compensación socio-ambiental.- Acciones, programas, o planes ejecutados por los operadores o responsables del daño ambiental en coordinación con los órganos gubernamentales y tras la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente a favor de los usuarios de los servicios ambientales perdidos o alterados.

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Las medidas pueden ser temporales o permanentes y deben mantenerse como mínimo hasta que el servicio sea restablecido. La definición de las medidas a aplicarse contará con la participación de los usuarios de los servicios ambientales perdidos o alterados para lo cual se podrán suscribir acuerdos de negociación.

Medidas de indemnización socio-ambiental.-

Resarcimiento pecuniario, equivalente a las pérdidas ocasionadas por afectaciones ambientales provocadas a la propiedad privada e individual.

Monitoreo ambiental.- Proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información obtenida del muestreo de matrices ambientales en el tiempo. El análisis de esta información puede incluir técnicas estadísticas apropiadas como el análisis de tendencias.

Muestra. – Parte o cantidad pequeña de una matriz que se considera representativa de ésta. La muestra se recolecta o separa con métodos establecidos y es dependiente del momento y/o condiciones en las que se obtiene. La muestra obtenida puede someterse a estudio, análisis o experimentación.

Muestreo. – Procedimiento por el cual se toma una muestra o muestras de una matriz que se consideran representativas, para un estudio, análisis o experimentación. Debería indicarse el nivel de representatividad cuando sea factible. En algunos casos, la muestra puede no ser representativa, sino está determinada por su disponibilidad. El procedimiento de muestreo debe incluir la elaboración de un plan de muestreo.

P

Plan de muestreo.- Documento que indica el número, sitio y forma de seleccionar, extraer preparar, transportar y preservar una muestra o muestras de una matriz.

Productos limpios.- Derivados de hidrocarburos elaborados o semielaborados.

R

Relicto Boscoso.- fragmento de bosque remanente y aislado.

Residuo o desecho peligroso.- Se considerará a aquellos que se encuentren en forma sólida, pastosa, líquida o gaseosa generados a partir de una actividad productiva, de servicio o debido al consumo domiciliario con características de peligrosidad, tales como corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológicoinfecciosas o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a la normativa aplicable.

Residuo o desecho sólido no peligroso.- Se considerará al conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad

S

Sustancias químicas.- se considerará a todos aquellos elementos compuestos, mezclas, soluciones o productos con una composición química obtenidas de la naturaleza o a través de procesos de transformación físicos o químicos, utilizados en actividades industriales, comerciales, de servicios o domésticos entre otros.

T

Toma de muestra.- Obtención de una muestra o muestras mediante un procedimiento que garantiza su integridad e identidad, evitando contaminación cruzada, degradación o pérdida. La toma de muestras por sí misma no permite extrapolar los resultados de la muestra a toda la matriz (de la cual se han tomado las muestras).

V

Vertido.- Evacuación deliberada al medio (agua o suelo) de residuos líquidos desde un tanque o tubería habilitado para contenerlos o transportarlos.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 11 de diciembre de 2019.

Comuníquese y publíquese,

f.) Walter Ramiro Montalvo Hidalgo, Ministro de Ambiente Subrogante.

Nro. 0227

María Paula Romo Rodríguez

MINISTRA DE GOBIERNO

Considerando:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que el inciso segundo del artículo 160 de la norma suprema, dispone que: “(…) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización (…)”;

Que el inciso primero del artículo 163 de la norma suprema, consagra que: “La Policía Nacional es una institución

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estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional (…)”;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que el artículo 64 del Código orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público, señala que: “El titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público tendrá las siguientes funciones: (…) 4. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional (…)”;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 495 del 31 de agosto de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 327 de 14 de septiembre de 2018, el licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombra como Titular del Ministerio del Interior a la señora María Paula Romo Rodríguez;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 718 de 11 de abril de 2019, publicado en el Registro Oficial No. 483, de 08 de mayo de 2019, el Presidente de la República del Ecuador, en su artículo 5 decreta: “Una vez concluido el proceso de traspaso de atribuciones dispuesto en el presente Decreto, transfórmese al Ministerio del Interior en “Ministerio de Gobierno”, como entidad de derecho público, con responsabilidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, y el titular del Ministerio del Interior pasará a ser titular del Ministerio de Gobierno”;

Que mediante Decreto ejecutivo No. 973 de 10 de enero de 2020, el Licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador nombró como Comandante General de la Policía Nacional al General Inspector Hernán Patricio Carrillo Rosero;

Que mediante Decreto ejecutivo No. 979 de 16 de enero de 2020, el licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador determinó el cese como servidores activos de la Policía Nacional, a partir del 13 de enero de 2020, de los Generales Inspectores Lenin Ramiro Bolaños Pantoja y Marcelo Amilcar Tobar Montenegro;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, indica que: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales”;

Que el artículo 10 del Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del Ministerio del Interior, al referirse a la “Estructura Institucional Descriptiva”, señala que el Ministro del Interior es responsable de “Ejercer la rectoría de la política pública de seguridad ciudadana en el marco del respecto a los derechos humano y al ordenamiento democrático, a fin de garantizar la convivencia social pacífica y contribuir al buen vivir de la población”;

Que con Acuerdo Ministerial Nro. 0138 de 21 de junio de 2018, el Ministro del Interior, designó al General Inspector Lenin Ramiro Bolaños Pantoja, como Jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional;

En ejercicio de las facultades y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Acuerda:

Artículo 1.- DESIGNAR con fecha 16 de enero de 2020, a la señora General Inspector Tannya Gioconda Varela Coronel, como Jefa de Estado Mayor de la Policía Nacional, en reemplazo del General Inspector Lenin Ramiro Bolaños Pantoja.

Artículo 2. – Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 0138 de 21 de junio de 2018.

Artículo 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en la Orden General de la Policía Nacional y de su ejecución encárguese el Comandante General de la Policía Nacional.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dado en Quito DM., a 17 de enero de 2020.

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra de Gobierno.

Ministerio del Interior.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de Unidad de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 12 de febrero de 2020.- f.) Ilegible, Secretaría General.

Nro. 0237

María Paula Romo Rodríguez

MINISTRA DE GOBIERNO

Considerando:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la

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ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que el inciso primero del artículo 163 de la norma suprema consagra que: “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional (…)”;

Que el numeral 4 del artículo 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, señala que: “El titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público tendrá las siguientes funciones: (…) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional (…)”;

Que el artículo 97 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, manifiesta que:

“Dentro de la carrera profesional, son derechos de las y los servidores policiales, además de los establecidos en la Constitución de la República y la ley, los siguientes: (…) 10. Recibir condecoraciones o reconocimientos institucionales no económicos por actos de servicio, previo el cumplimiento de los requisitos que se establecerán por parte del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público;

Que el artículo 100 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, establece que: “Las o los servidores policiales, como estímulo a su labor policial, tendrán derecho a recibir condecoraciones, medallas y distintivos a través del respectivo acuerdo que emita el ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público y previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento respectivo. Los costos máximos de las condecoraciones, medallas o distintivos se sujetarán a las normas establecidas por el ministerio rector del trabajo. En concordancia con las disposiciones pertinentes de la ley que regula el servicio público, en ningún caso dichos reconocimientos consistirán en beneficios económicos o materiales”;

Que el inciso segundo de la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público manifiesta que:

“(…) Hasta que se expidan los reglamentos se aplicará las disposiciones de este Código en el sentido más favorable a las y los servidores de las entidades de seguridad, sin afectar o suspender la calidad de sus servicios”;

Que el artículo 16 de la Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional, señala que: “La condecoración “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial” se concederá (…) En igual forma se concederá esta condecoración al personal policial, empleados civiles, miembros de otras instituciones o particulares que hubiesen prestado

servicios relevantes a la Policía Nacional o cumplido acciones de trascendental prestigio y beneficio para la institución (…)”

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 495 de 31 de agosto de 2018 publicada en el Registro Oficial 327 de 14 de septiembre de 2018, artículo segundo, el licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombra a la señora María Paula Romo Rodríguez, como Ministra del Interior;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 718 de 11 de abril de 2019, publicado en el Registro Oficial No. 483, de 08 de mayo de 2019, el Presidente de la República del Ecuador en su artículo 5 decreta: “Una vez concluido el proceso de traspaso de atribuciones dispuesto en el presente Decreto, transfórmese al Ministerio del Interior en “Ministerio de Gobierno”, como entidad de derecho público, con responsabilidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, y el titular del Ministerio del Interior pasará a ser titular del Ministerio de Gobierno”;

Mediante oficio Nro. 2019-021-SMG del 20 de noviembre de 2019, la Oficial Coordinadora de la Policía Nacional – Ministerio de Gobierno, remite al Comandante General de la Policía Nacional, el informe Nro. 2019-001-SMG de 20 de noviembre de 2019, respecto al pedido de un Reconocimiento Institucional a favor de varios servidores policiales pertenecientes al Equipo de Seguridad de la señora Ministra de Gobierno, por las diferentes actividades realizadas durante las protestas desarrolladas del 03 al 13 de octubre de 2019;

Que mediante informe Nro. 2019-001-SMG de 20 de noviembre de 2019, suscrito por la señora Teniente Coronel de Policía de E.M. Irany Ramírez Ruiz, Oficial Coordinadora de la Policía Nacional-Ministerio de Gobierno, quien en el acápite “Conclusiones’’ establece:

“(…) 4.1.- Que durante las amenazas de alerta presentadas en todos los acontecimientos suscitados en el país como el terrorismo, delincuencia organizada, crisis carcelaria; demandaron acciones operativas inmediatas, efectivas y eficientes que permitieron garantizar la seguridad de la señora Ministra de Gobierno. 4.2.- Que durante las evacuaciones realizadas a la señora Ministra de Gobierno, durante los acontecimientos del 3 al 13 de Octubre del presente año, el personal de seguridad asignado aplicó todas las medidas necesarias para mantener la seguridad y minimizar el riesgo de la señora Ministra de Gobierno, es decir, cambio de rutas, cronogramas y medios de movilización activándose inmediatamente, conforme las alertas de seguridad que determinaban riesgos potenciales. 4.3.- Que durante las evacuaciones realizadas a la señora Ministra de Gobierno, se evidenció un alto nivel de profesionalismo y valentía, relevantes a la Policía Nacional, cumpliendo acciones de transcendental prestigio y beneficio para la Institución “;

Que mediante Resolución Nro. 2019-524-CsG-PN de 23 de diciembre de 2019, el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional, resolvió: “1.- APROBAR el otorgamiento con carácter honorífico, de la Condecoración “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial”, a favor de

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los siguientes servidores policiales pertenecientes al Equipo de Seguridad y Protección de la señora Ministra de Gobierno, que han demostrado actos de relevancia durante las manifestaciones del 03 al 13 de octubre del 2019, la exposición al riesgo permanente y transferible

de

manera

individual

y colectiva,

enfrentamiento

a

escenarios

de alta

complejidad;

de conformidad

con el artículo 16 de la Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional, en concordancia con el artículo 100 del COESCOP (…)

ORD. 1.- GRADO TCNL.- NOMBRES Y APELLIDOS

RAMÍREZ RUIZ IRANY DEL CISNE (…) 2.- SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, se digne alcanzar el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual se confiera la indicada condecoración con carácter honorífico, a los servidores policiales detallados en el numeral que antecede (…)”;

Visto el oficio Nro. 2020-0290-CsG-PN de 28 de enero de 2019, con el que el Comandante General de la Policía Nacional, remite la Resolución 2019-524-CsG-PN de 23 de diciembre de 2019, del H. Consejo de Generales la Policía Nacional y solicita a la Ministra de Gobierno, se emita el correspondiente Acuerdo Ministerial mediante el cual se confiera con carácter honorífico las Condecoraciones “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial” a varios servidores policiales; y,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:

Acuerda:

Artículo 1.- Otorgar con carácter honorífico la condecoración “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial” a varios servidores policiales pertenecientes al Equipo de Seguridad y Protección de la señora Ministra de Gobierno, que han demostrado actos de relevancia durante las manifestaciones del 03 al 13 de octubre del 2019, la exposición al riesgo permanente y transferible de manera individual y colectiva, enfrentamiento a escenarios de alta complejidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en concordancia con el artículo 16 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional, conforme al siguientes detalle:

ORD.

GRADO

NOMBRES Y APELLIDOS

1

TCNL.

RAMÍREZ

RUIZ IRANY DEL

CISNE

2

TNTE.

ZAMBRANO

CANTUÑA

MICHAEL VINICIO

3

SGOP.

PUALASIN

TIGSE

CARLOS

HUMBERTO

4

SGOS.

PILCO PACHA JOSÉ LUIS

5

SGOS.

CASTRO QUEVEDO AMANDA

BEATRIZ

6

SGOS.

CUENCA

ÑACATO VÍCTOR

HUMBERTO

7

SGOS.

RODRÍGUEZ LOJAN SANDRA

MERCEDES

8

SGOS.

GARCÍA

GARCIA

NELVIS

PATRICIO

9

CBOP.

PORTILLA

AUZ

DARWIN

ALEXANDER

10

CBOP.

RODRIGUEZ

SUNTAXI

NELSON SANTIAGO

11

CBOP.

AGUACHELA

SIMALIZA

CHRISTIAN PATRICIO

12

CBOP.

CHUQUIMARCA

CAIZA

RAMIRO RICARDO

13

CBOS.

COMINA

COLLAGUAZO

STALIN PATRICIO

14

CBOS.

MONTENEGRO

MONTALVO

JOHNNY ALEXANDER

15

CBOS.

YUGSI DÍAZ STALIN ALFREDO

16

CBOS.

VÁSQUEZ

TOBAR

HENRRY

RAFAEL

17

CBOS.

LEONES MONCAYO

DANIEL

OCTAVIO

18

CBOS.

BONILLA

GUACHAMIN

BRYAN ÁLVARO

Artículo. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en la Orden General de la Policía Nacional y en el Registro Oficial. De su ejecución encárguese al Comandante General de la Policía Nacional.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dado en Quito, D.M., a 05 de febrero de 2020.

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra de Gobierno.

Ministerio del Interior.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de Unidad de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 12 de febrero de 2020.- f.) Ilegible, Secretaría General.

No. 0021

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

Considerando:

Que, el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos,

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suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”;

Que, el artículo 281 numeral 13 de la Constitución de la República establece: “La soberanía alimentaria constituye un objeto estratégico y una obligación del Estado para garantizar a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente; Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos”;

Que, el artículo 397 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado regulará la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente;

Que, el artículo 19 de la Decisión 804 de Comunidad Andina publicada en el Registro Oficial 558 de 4 de agosto del 2015: “Cada País Miembro, podrá ampliar el uso de un PQUA a cultivos menores, utilizando los resultados del ensayo de eficacia de un PQUA ya registrado, con uso en el cultivo de referencia, bajo las siguientes condiciones: a. Que se trate de la misma plaga; b. Que el daño por la plaga sea igual y afecte la misma parte de la planta del nuevo cultivo; c. Que se trate de la misma especie vegetal u otra especie del mismo género o de otro género, pero de la misma familia del cultivo; y, d. No se aumente la dosis de uso aprobada. Cada País Miembro establecerá y mantendrá actualizada una lista de cultivos menores”;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: “Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria (…)”;

Que, el artículo 13 literal n) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las competencias y atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario es: “Regular, controlar y supervisar el uso, producción, comercialización y tránsito de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias, artículos reglamentados e insumos agroquímicos, fertilizantes y productos veterinarios”;

Que, el artículo 13 literal r) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las competencia y atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario es: “Regular

y controlar el sistema fito y zoosanitario y el registro de personas naturales, jurídicas, agentes económicos, productores de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias, artículos reglamentados y de insumos agropecuarios, operadores orgánicos con fines comerciales y de centros de faenamiento; y la información adicional que se establezcan el reglamento a La Ley”;

Que, la disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “En virtud de la presente Ley el personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD- se integrarán a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, activos y pasivos de la primera”;

Que, el artículo 118 del Código Orgánico Administrativo indica: “En cualquier momento, las administraciones públicas pueden revocar el acto administrativo desfavorable para los interesados, siempre que tal revocatoria no constituya dispensa o exención no permitida por el ordenamiento jurídico o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 1952 publicado en el Registro Oficial 398 de 12 de agosto de 2004, se designa al Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA (hoy Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario), como Autoridad Nacional Competente para aplicar la Decisión 436 de la CAN (hoy Decisión 804);

Que, el artículo 89 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, publicada en el Registro Oficial 536 de 18 de marzo de 2002, establece: “Los actos administrativos que expidan los órganos y entidades sometidos a este estatuto se extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado”;

Que, mediante Resolución 0141 de 17 de julio de 2019, publicada en el Registro Oficial 11 de 5 de agosto de 2019 se establece el procedimiento para la ampliación de uso de productos plaguicidas químicos de uso agrícola en cultivos menores;

Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CIA-2019-000320-M de 31 de mayo de 2019, la Coordinación General de Inocuidad de los Alimentos propone texto “Para los datos de límites máximos de residuos (LMR) del cultivo menor (…) En el caso que el Límite Máximo de Residuo (LMR) no esté establecido en las fuentes citadas anteriormente se deberá declarar el límite detectable de 0,01 mg/kg”.

Que, mediante Criterio Jurídico No. 0003, el Director General de Asesoría Jurídica, recomienda realizar una modificatoria a la Resolución No. 141-2019, en virtud que su aplicación trae confusión en tanto y cuanto a que si el mismo se aplica a todo tipo de plaguicidas de carácter

Registro Oficial Nº 174 Miércoles 1° de abril de 2020 – 29

agrícola o solamente aplica para plaguicidas químicos, bajo este contexto se determina que los anexos de la Resolución traen consigo procedimientos específicos para PLAGUICIDAS QUIMICOS DE USO AGRICOLAS y no de manera general para plaguicidas;

Que, mediante informe técnico de 18 de febrero de 2020, en su parte pertinente indica: “(…) sobre el mencionado particular y ante la necesidad de legalizar la ampliación de uso para plaguicidas de uso agrícola para cultivos menores y tener productos que cubran las necesidades del país y aspectos que en determinado momento puedan ser objeto de reglamentación, para lo cual se actualizó los requisitos y procedimientos (…)”

Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CRIA-2020-168-M, de 21 de febrero de 2020, la Coordinadora General de Registros de Insumos Agropecuarios (e) informa al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario que: “(…) En este contexto, la Dirección de Registros de Insumos Agrícolas, ha visto la necesidad de modificar la Resolución 0141 para incluir nuevas alternativas y un trabajo en conjunto con los titulares de registro de plaguicidas de uso agrícola con la finalidad de obtener la ampliación de uso en cultivos menores para plaguicidas de uso agrícola favoreciendo la sostenibilidad de las producciones y la exportación”, el mismo que es aprobado por la máxima autoridad de la institución a través del sistema documental Quipux, y;

En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD

Resuelve:

Artículo 1.- Modificar la Resolución 141 del 17 de julio de 2019, publicada en el publicada en el Registro Oficial 11 de 5 de agosto de 2019, mediante el cual se establece el procedimiento para la ampliación de uso de productos plaguicidas químicos de uso agrícola en cultivos menores.

Artículo 2.- Establecer el procedimiento para la ampliación de uso de plaguicidas de uso agrícola en cultivos menores.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.- La presente Resolución se aplicará a todas las personas naturales y/o jurídicas que posean registros vigentes de plaguicidas de uso agrícola obtenidos ante la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario y requieran ampliar el uso de sus productos en cultivos menores.

Artículo 4.- Para los datos de límites máximos de residuos (LMR) del cultivo menor del cual se está solicitando la ampliación de uso del plaguicida se utilizará la información establecida en estándares internacionalmente aceptados o estándares propios de conformidad con el ordenamiento jurídico andino y la Organización Mundial de Comercio (OMC), tales como CODEX ALIMENTARIUS, Agencia

de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), FAO, Unión Europea (UE) y/o de autoridades nacionales competentes.

En el caso que el Límite Máximo de Residuo (LMR) no esté establecido en las fuentes citadas anteriormente, queda bajo responsabilidad del titular del registro, el declarar el límite detectable de 0,01 mg/kg.

Artículo 5.- Para los datos de período de carencia (cuando corresponda) se podrá utilizar cualquiera de las siguientes fuentes:

1. Dato proveniente de una fuente oficial o científica de organismos internacionales, o autoridades nacionales competentes.

2. El estudio del ensayo protocolizado para la determinación de residuos de plaguicidas, que se ha conducido para la formulación, en el cultivo objeto de la ampliación de uso, en el que se establezca el resultado de la determinación del período de carencia en días.

3. En el caso de Homologación de Registros (Modalidad B), la Agencia aceptará los periodos de carencia declarados y aprobados en Resolución o certificado de registro o etiqueta del país homologado. En el caso de etiqueta debe presentar el link de verificación de la información.

4. En el caso de no disponer de periodo de carencia del cultivo a legalizar, se permitirá colocar el dato de un cultivo que pertenezca a la misma familia botánica y que tenga similares Buenas Prácticas de Agricultura.

Artículo 6.- En caso de que la dosis propuesta para el cultivo menor sea superior a la(s) dosis previa(s) aprobada(s) para el producto objeto de la ampliación de uso, el titular del producto debe incluir el informe de evaluación de riesgo ambiental del nuevo uso aprobado por el Ministerio del Ambiente; esto aplica únicamente para plaguicidas químicos de uso agrícola con registro bajo Norma Andina.

Artículo 7.- Para el procedimiento de ampliación de uso de plaguicidas en cultivos menores se aplicarán las siguientes modalidades según corresponda:

1. Modalidad A para autorizar la ampliación de uso de plaguicidas en cultivos menores ejecutando un (1) ensayo de eficacia en una localidad por cada complejo cultivo-plaga.

2. Modalidad B para autorizar la ampliación de uso de plaguicidas en cultivos menores, por homologación de registros.

3. Modalidad C para autorizar la ampliación de uso de plaguicidas en cultivos menores por historial de uso y dosis de plaguicidas.

30 – Miércoles 1° de abril de 2020 Registro Oficial Nº 174

4. Modalidad D para autorizar el uso de plaguicidas en cultivos menores, utilizando el uso aprobado del cultivo de referencia de un plaguicida de uso agrícola registrado en el Ecuador.

Artículo 8.- MODALIDAD A.- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario autorizará la ampliación de uso de plaguicidas de uso agrícola en cultivos menores, ejecutando un (1) ensayo de eficacia en una localidad por cada complejo cultivo-plaga.

Artículo 9.- El titular del registro previo a la ejecución del ensayo de eficacia ingresará a la Agencia la solicitud para la aprobación del protocolo de ensayo de eficacia para el cultivo menor conforme lo establecido en la normativa vigente.

Artículo 10.- El proceso de legalización de ampliación de uso se iniciará con la normativa vigente, en el caso de modificación de normativa se validará protocolos e informes finales aprobados con normativas anteriores.

Artículo 11.- El titular del registro del plaguicida de uso agrícola, deberá ejecutar un (1) ensayo de eficacia en una localidad por cada complejo cultivo-plaga y deberá presentar ante la Agencia los resultados de dicho ensayo conjuntamente con todos los requisitos y procedimientos establecidos en las normativas vigentes.

El titular del registro para legalizar la ampliación de uso, con la finalidad de incluir su nuevo uso en la etiqueta, deberá presentar lo que se detalla a continuación:

1. Solicitud de acuerdo al formato establecido en el anexo III (documento que forma parte integrante de la presente Resolución).

2. Solicitud de modificación del Registro Nacional de acuerdo a la normativa vigente.

3. Informe final aprobado del ensayo de eficacia, obtenido del desarrollo del protocolo aprobado por la Autoridad Nacional Competente.

4. Proyecto del arte final de la etiqueta con los cambios propuestos.

5. Informe de evaluación de riesgo ambiental por nuevo uso, emitido por el Ministerio del Ambiente, cuando la dosis a registrar sea superior a la actualmente aprobada en el registro de Ecuador, para plaguicidas químicos de uso agrícola.

6. Información de límites máximos de residuos y períodos de carencia para el cultivo solicitado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 5 de la presente Resolución. (cuando corresponda).

Artículo 12.- MODALIDAD B.- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario autorizará la ampliación de uso de plaguicidas en cultivos menores bajo la modalidad de homologación de registros.

Artículo 13.- La homologación de registros, consiste en el reconocimiento oficial de uso del plaguicida en un complejo cultivo–plaga aprobado por una Autoridad Nacional Competente del exterior, para su ampliación de uso en cultivos menores en Ecuador.

Artículo 14.- Los titulares del registro que se acojan a la modalidad B deberán tener en cuenta que la plaga debe estar presente oficialmente en el Ecuador y no debe ser considerada como plaga cuarentenaria.

Artículo 15.- Para homologar un registro y reconocer el uso en un complejo cultivo-plaga para un cultivo menor en el Ecuador, el plaguicida de uso agrícola debe ser de las mismas características: ingrediente activo, concentración y tipo de formulación.

Artículo 16.- La Agencia, para la respectiva homologación dentro del territorio ecuatoriano aceptará la información aprobada por la ANC del país del cual se va a homologar el uso, siendo ésta: dosis, época, frecuencia de aplicación, periodo de carencia; así como la información básica que consta en la etiqueta del producto. Para el caso de periodo de carencia se tomará en consideración lo señalado en el Artículo 5.

Artículo 17.- Para la legalización de la ampliación de uso en el cultivo menor, el titular del registro del plaguicida deberá presentar la solicitud de acuerdo al formato establecido en el Anexo III (documento que forma parte de la presente Resolución), adjuntando la siguiente documentación:

a) Carta de autorización original emitida por el titular del registro del país donde está registrado el uso a homologar, debidamente apostillada o consularizada,

según corresponda,

que permita la utilización de

la información al

titular del registro en Ecuador

del plaguicida de uso agrícola que va a obtener la ampliación de uso en el cultivo menor. Se exime este requisito en caso que los titulares de los registros pertenezcan a la misma corporación, siendo necesario la presentación de un oficio emitido por el titular del registro del país donde está registrado el uso a homologar explicando tal relación.

2. Información técnica del plaguicida emitido por el titular del registro del país donde está registrado el uso a homologar, la misma que se adjuntará a la carta de autorización, según el formato que consta en el Anexo IV (documento que forma parte de la presente Resolución).

3. Copia certificada del documento de registro vigente del plaguicida emitido por la Autoridad Nacional Competente del país donde está registrado el producto con el uso a homologar, en el que conste la siguiente información mínima: nombre comercial del producto, ingrediente activo, concentración, tipo de formulación, nombre común y científico del cultivo, nombre común y científico de la plaga, dosis de aplicación.

Registro Oficial Nº 174 Miércoles 1° de abril de 2020 – 31

4. En caso de que el certificado o documento de registro del país a homologar no cuente con la información antes indicada, el interesado debe adjuntar la etiqueta aprobada por la ANC del país a homologar en la que conste la información faltante y/o podrá presentar una justificación técnicamente sustentada.

5. Informe de evaluación de riesgo ambiental por nuevo uso, emitido por el Ministerio del Ambiente, cuando la dosis a registrar sea superior a la actualmente aprobada en el registro de Ecuador, para plaguicidas químicos de uso agrícola.

6. Información de límites máximos de residuos para el cultivo solicitado cumpliendo con lo establecido en los Artículos 4 y 5 de la presente Resolución. (cuando corresponda).

7. Proyecto del arte final de la etiqueta con los cambios propuestos.

Artículo 18.- MODALIDAD C.- La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Fito y Zoosanitaria autorizará la ampliación de uso de plaguicidas en cultivos menores por historial de uso y dosis de plaguicidas.

Artículo 19.- Para iniciar el proceso de ampliación de uso bajo la modalidad de historial de uso y dosis, la Agencia receptará una solicitud presentada por productores del cultivo menor, agremiaciones, o fincas que posean la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) cumpliendo con los requisitos establecidos en el Anexo V.

Con la solicitud presentada según el párrafo anterior, se notificará a los titulares de los registros de plaguicidas a ser evaluados para ampliación de uso, dándoles un término de 10 días para que se pronuncien sobre la viabilidad de la ampliación de uso en el complejo cultivo-plaga requerido. El pronunciamiento favorable de, al menos, un titular de registro será un requisito para continuar el proceso.

En caso de no existir pronunciamiento, se considerará que la ampliación de uso bajo esta modalidad no es viable.

Artículo 20.- La Agencia analizará técnicamente y validará la información contemplada en el Anexo V presentada por el gremio legalmente establecido de productores del cultivo menor o fincas que posean la certificación de BPA, con la finalidad de depurar la información presente en el formato.

Artículo 21.- La Agencia una vez aceptada la información contemplada en el Anexo V, procederá a la verificación de los ensayos de eficacia, siguiendo la metodología del protocolo patrón vigente, a una de las fincas que forman parte del gremio de productores de cultivo menor o a fincas que posean la certificación de BPA ante la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Artículo 22.- La Agencia una vez realizado el ensayo de verificación y obteniendo resultados favorables, procederá

a notificar a la(s) empresa(s) que aceptó iniciar el proceso para la legalización de la ampliación de uso en el cultivo menor en el término de 2 años.

Artículo 23.- Para la legalización de uso en el cultivo menor, el titular de registro deberá presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de acuerdo al formato establecido en el anexo III (documento que forma parte integrante de la presente Resolución).

2. Solicitud de modificación del Registro Nacional de acuerdo a la normativa vigente.

3. Copia del oficio de notificación del ensayo de eficacia emitido por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

4. Información de límites máximos de residuos y períodos de carencia para el cultivo solicitado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 5 de la presente Resolución. (cuando corresponda).

5. Informe de evaluación de riesgo ambiental por nuevo uso, emitido por el Ministerio del Ambiente, cuando la dosis a registrar sea superior a la actualmente aprobada en el registro de Ecuador, para plaguicidas químicos de uso agrícola.

6. Proyecto del arte final de la etiqueta con los cambios propuestos.

Artículo 24.- MODALIDAD D.- La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Fito y Zoosanitario autorizará el uso de plaguicidas en cultivos menores utilizando los resultados del ensayo de eficacia de un plaguicida de uso agrícola ya registrado, con uso en el cultivo de referencia, bajo las siguientes condiciones:

1. Que se trate de la misma plaga.

2. Que el daño por la plaga sea igual y afecte la misma parte de la planta del nuevo cultivo.

3. Que se trate de la misma especie vegetal u otra especie del mismo género o de otro género, pero de la misma familia del cultivo.

4. No se aumente la dosis de uso aprobada.

Artículo 25.- Para la legalización de la ampliación de uso en el cultivo menor bajo la modalidad D, el titular del registro del plaguicida deberá presentar:

1. Solicitud de acuerdo al formato establecido en el anexo III (el mismo que forma parte de la presente Resolución).

2. Solicitud de modificación del Registro Nacional de acuerdo a la normativa vigente.

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3. Carta de justificación, debidamente suscrita por el representante legal, que demuestre que la plaga que se quiere controlar en el cultivo menor es la misma para la cual el plaguicida de uso agrícola ya tiene registro en la Agencia de Regulación y control Fito y Zoosanitario y que el daño por la plaga sea igual y afecte la misma parte de la planta del nuevo cultivo.

4. Carta de justificación, debidamente suscrita por el representante legal, que demuestre que se trate de la misma especie vegetal u otra especie del mismo género o de otro género, pero de la misma familia del cultivo principal.

5. Información de límites máximos de residuos y períodos de carencia para el cultivo solicitado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 5 de la presente Resolución. (cuando corresponda).

6. Proyecto del arte final de la etiqueta con los cambios propuestos.

Para la ampliación de uso el titular del registro podrá acceder a varios cultivos si cada uno cumple con los requisitos establecidos en esta modalidad.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Para efectos de la presente Resolución se entenderá:

Cultivos menores son aquellos con escasa o nula oferta de plaguicidas de uso agrícola requeridos para el manejo fitosanitario; los mismos que se detallan en el listado que consta en el Anexo I (el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Plaguicida de uso agrícola son aquellos plaguicidas químicos de uso agrícola, agentes biológicos para el control de plagas y sustancias destinadas a utilizarse solas o en mezcla de sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de las cosechas para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte.

Segunda.- La Agencia podrá negar la ampliación de uso en cultivos menores con un informe sustentando las razones técnicas y/o fitosanitarias.

Tercera.- Se exceptúa de la presentación de los requisitos para Límites Máximos de Residuos (LMR) y periodos de carencia (PC) a los agentes de control biológico (macrocontroladores) y semioquímicos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. – Exonerar el pago de servicios de los ensayos de eficacia para la ampliación de uso en cultivos menores hasta el 31 de diciembre de 2020.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.– Deróguese la Resolución 0141 de 17 de julio de 2019, publicada en el Registro Oficial 11 de 5 de agosto de 2019.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejecución de la presente Resolución

encárguese a

la Coordinación General de Registros

de

Insumos

Agropecuarios a través

de

la Dirección

de

Registros

de Insumos Agrícolas

de la

Agencia de

Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Segunda.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.

Dado en Quito, D.M. 02 de marzo del 2020.

f.) Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

No. 0022

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía

Registro Oficial Nº 174 Miércoles 1° de abril de 2020 – 33

administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional (…)”;

Que, el artículo 13 literal n) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las competencias y atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario es: “Regular, controlar y supervisar el uso, producción, comercialización y tránsito de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias, artículos reglamentados e insumos agroquímicos, fertilizantes y productos veterinarios”;

Que, el artículo 13 literal r) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las competencia y atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario es: “Regular y controlar el sistema fito y zoosanitario y el registro de personas naturales, jurídicas, agentes económicos, productores de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias, artículos reglamentados y de insumos agropecuarios, operadores orgánicos con fines comerciales y de centros de faenamiento; y la información adicional que se establezcan el reglamento a La Ley”;

Que, la disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: “En virtud de la presente Ley el personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD- se integrarán a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, activos y pasivos de la primera”;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo indica: “Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas”;

Que, el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo establece: “Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes”.

Que, el artículo 118 del Código Orgánico Administrativo indica: “En cualquier momento, las administraciones públicas pueden revocar el acto administrativo desfavorable para los interesados, siempre que tal revocatoria no constituya dispensa o exención no permitida por el ordenamiento jurídico o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”;

Que, el artículo 89 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE,

establece que los actos administrativos que expidan los órganos y entidades sometidos a este estatuto se extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado;

Que, Mediante acción de personal No. 0890 CGAF/ DATH, de 28 de agosto de 2018, Sr. Xavier Enrique Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería, nombra como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, al lng. Wilson Patricio Almeida Granja.

Que, mediante Resolución 282 de 15 de agosto del 2014, publicado en el Registro Oficial Nº 168 de 18 de septiembre del 2014 se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD;

Que, el capítulo IV ítem 2.5 literal l) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD establece que tiene la facultad de suscribir los actos y documentos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el ámbito de su competencia;

Que, mediante resolución 0046 de 24 de abril de 2017, publicada en el Registro Oficial N° 1009 de 22 de mayo de 2017, en el cual se resuelve: “Establecer Atribuciones y responsabilidades, que permitan definir los parámetros de ejecución de la Coordinación General de Registros de Insumos Agropecuarios, para que, enmarcados dentro de las normas legales vigentes, principios de eficiencia y eficacia se realice los siguientes actos administrativos”;

Que, mediante Resolución 0291 de 13 de octubre del 2015, publicada en el Registro Oficial Nro. 648 de 14 de diciembre de 2015 se estableció atribuciones y responsabilidades a la Coordinación de Registros de Insumos Agropecuarios;

Que, mediante informe técnico de 19 de febrero de 2020 en su parte pertinente indica: “(…) La Coordinación General de Registros de Insumos Agropecuarios, ha analizado la modificación de la resolución 0046 debido a la reforma de actividades desconcentradas a nivel nacional mencionando las justificaciones correspondientes que avalan la petición referida con el fin de que se inicie con el proceso de actualización de la misma (…)”

Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CRIA-2020-0169-M, de 21 de febrero de 2020, la Coordinadora General de Registros de Insumos Agropecuarios informa al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario: “(…) la Resolución 0046 de 24 de abril de 2017 y publicada en el Registro Oficial Nº. 1099 con fecha 22 de mayo de 2017, en el cual se establecen atribuciones y responsabilidades que permitan definir los parámetros de ejecución de la Coordinación General de Registros de Insumos Agropecuarios, para que, enmarcados dentro de las normas legales vigentes, principios de eficiencia

34 – Miércoles 1° de abril de 2020 Registro Oficial Nº 174

y eficacia, las Direcciones Distritales y Articulación Territorial Tipo A, Direcciones Distritales Tipo B y Jefaturas de Servicio de Sanidad Agropecuaria realicen actos administrativos”, el mismo que es aprobado por la máxima autoridad de la institución a través del sistema de gestión documental Quipux, y;

En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – AGROCALIDAD.

Resuelve:

Artículo 1.- Establecer Atribuciones y responsabilidades, que permitan definir los parámetros de ejecución de la Coordinación General de Registros de Insumos Agropecuarios, para que, enmarcados dentro de las normas legales vigentes, principios de eficiencia y eficacia se realice los siguientes actos administrativos.

Artículo 2.- Entiéndase lo prescrito en el acápite 2.5 literal l) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos “GESTIÓN DE REGISTROS DE INSUMOS AGROPECUARIOS” los siguientes actos administrativos:

1. Suscribir los certificados de registro de plaguicidas y productos afines de uso agrícola;

2. Suscribir los certificados de registro de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola.

3. Suscribir certificados de registro de productos de uso veterinario;

4. Suscribir los documentos que se extiendan como respuesta del registro o modificaciones de registro de operadores (fabricantes, formuladores, envasadores, aplicadores aéreos, aplicadores terrestres, almacenistas, elaboradores por contrato, importadores, exportadores, distribuidores de productos de uso veterinario, plaguicidas y afines de uso agrícola);

5. Suscribir los documentos que se extiendan como respuesta del registro o modificaciones de registro de operadores (fabricantes, formuladores, envasadores, distribuidores, importadores, exportadores y almacenistas) de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola.

6. Suscribir certificados de buenas prácticas de manufactura y almacenamiento de productos de uso veterinario;

7. Suscribir certificados de libre venta de plaguicidas y productos afines de uso agrícola;

8. Suscribir certificados de libre venta de productos de uso veterinario;

1. Suscribir certificados de libre venta de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola;

10. Suscribir certificados de reconocimiento de ejecutores de pruebas de eficacia y responsables técnicos;

k) Suscribir autorizaciones a organismos externos para realizar certificaciones de buenas prácticas de manufactura y almacenamiento de productos de uso veterinario;

• Suscribir autorizaciones a organismos externos para realizar inspecciones de post registro de almacenes de insumos agropecuarios;

13. Suscribir Autorizaciones de importación de plaguicidas y afines de uso agrícola;

• Suscribir Autorizaciones de importación de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola;

• Suscribir Autorizaciones sanitarias de importación de productos de uso veterinario;

16. Autorizar y suscribir los certificados para la desaduanización.

17. Suscribir informes de aprobación de protocolos de ensayos de eficacia;

18. Suscribir informes de aprobación de resultados de ensayos eficacia;

19. Suscribir informes de seguimiento a organismos externos autorizados para realizar certificaciones de buenas prácticas de manufactura y almacenamiento de productos de uso veterinario;

20. Suscribir informes de seguimiento de actividades desconcentradas de las Direcciones Distritales y de Articulación Territorial Tipo A, Direcciones Distritales Tipo B y Jefaturas Técnicas de Sanidad Agropecuaria.

Artículo 3.- Los Directores/as Distritales y de Articulación Territorial Tipo A, Directores/as Distritales Tipo B y a los Jefes Técnicos de Sanidad Agropecuaria se delega en materia de Registros de Insumos Agropecuarios los siguientes actos administrativos:

1. Suscribir los documentos que se extiendan como respuesta del registro o modificaciones de registro de operadores (fabricantes, formuladores, envasadores, aplicadores aéreos, aplicadores terrestres, almacenistas, elaboradores por contrato, importadores, importadores de consumo propio, exportadores, distribuidores de agentes de control biológico, extractos vegetales, semioquímicos, preparados minerales, plaguicidas y productos afines de uso agrícola y productos de uso veterinario).

2. Suscribir los documentos que se extiendan como respuesta del registro o modificaciones de registro de operadores (fabricantes, formuladores, envasadores, distribuidores, importadores, importadores de

Registro Oficial Nº 174 Miércoles 1° de abril de 2020 – 35

consumo propio, exportadores y almacenistas) de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola.

3. Suspender o cancelar el registro de operadores; previo un informe técnico, emitido por los inspectores autorizados por la Agencia, en donde se determine el sustento de la suspensión o cancelación.

4. Aprobar y suscribir las Autorizaciones de importación de plaguicidas y productos afines de uso agrícola, diligenciados en su jurisdicción.

5. Aprobar y suscribir las Autorizaciones de importación de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola, diligenciados en su jurisdicción.

6. Aprobar y suscribir la Autorización sanitaria de importación de productos de uso veterinario, diligenciados en su jurisdicción.

7. Suscribir certificados de libre venta de plaguicidas y productos afines de uso agrícola;

8. Suscribir certificados de libre venta de productos de uso veterinario;

1. Suscribir certificados de libre venta de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola;

10. Suscribir certificados de registro de productos de uso veterinario;

11. Suscribir certificados de registro de productos fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola.

• Autorizar y suscribir los certificados para la desaduanización de insumos agropecuarios.

13. Suscribir informes de aprobación de protocolos de ensayos de eficacia;

• Suscribir informes de aprobación de resultados de ensayos eficacia;

• Suscribir informes de inspección post registro sobre operadores (fabricantes, formuladores, envasadores, aplicadores aéreos, aplicadores terrestres, almacenistas, elaboradores por contrato, importadores, importadores de consumo propio, exportadores, distribuidores) de insumos agropecuarios;

16. Suscribir informes de control post registro de insumos agropecuarios.

17. Suscribir informes nacionales de productos cuarentenados o decomisados y/o disposición final en su jurisdicción.

18. Suscribir las aprobaciones adiciones de presentaciones comerciales de productos plaguicidas y productos afines de uso agrícola.

19. Suscribir las aprobaciones del etiquetado productos de uso veterinario.

20. Suscribir las aprobaciones del etiquetado productos de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola.

21. Suscribir informes de seguimiento a organismos externos que realicen inspecciones de post registro de almacenes de insumos agropecuarios;

5. Suscribir informes de control de la calidad de la formulación de insumos agropecuarios.

Artículo 4.- Los inspectores/as, de las Direcciones Distritales y de Articulación Territorial Tipo A, Direcciones Distritales Tipo B y de las Jefaturas de Sanidad Agropecuaria a nivel nacional serán los encargados en materia de Registros de Insumos Agropecuarios los siguientes actos administrativos:

1. Revisar, validar y aprobar los documentos para registro o modificaciones de registro de operadores (fabricantes, formuladores, envasadores, aplicadores aéreos, aplicadores terrestres, almacenistas, elaboradores por contrato, importadores, importadores de consumo propio, exportadores, distribuidores de agentes de control biológico, extractos vegetales, semioquímicos, preparados minerales, plaguicidas y productos afines de uso agrícola y productos de uso veterinario).

b) Revisar,

validar y

aprobar

los

documentos

para registro o modificaciones de registro de

operadores

(fabricantes,

formuladores,

envasadores,

distribuidores, importadores,

importadores de

consumo propio, exportadores y almacenistas) de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola.

3. Emitir informes técnicos, en donde se determine el sustento de la suspensión o cancelación del registro de operadores (fabricantes, formuladores, envasadores, aplicadores aéreos, aplicadores terrestres, almacenistas, elaboradores por contrato, importadores, importadores de consumo propio, exportadores, distribuidores de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola, agentes de control biológico, extractos vegetales, semioquímicos, preparados minerales, plaguicidas de uso agrícola y productos de uso veterinario). El informe desfavorable se emitirá, en base al no cumplimiento de los puntos críticos y/o obligatorios de los check list correspondientes.

4. Revisar, validar y aprobar las Autorizaciones de importación de plaguicidas y productos afines de uso agrícola, diligenciados en su jurisdicción.

5. Revisar, validar y aprobar las Autorizaciones de importación de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola, diligenciados en su jurisdicción.

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6. Revisar, validar y aprobar la Autorización sanitaria de importación de productos de uso veterinario, diligenciados en su jurisdicción.

7. Revisar, validar y aprobar los documentos para registro o modificaciones de registro de productos de uso veterinario y de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola.

8. Emitir certificados de registro de productos de uso veterinario;

1. Emitir certificados de registro de productos fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola.

10. Emitir los certificados para la desaduanización de insumos agropecuarios.

11. Emitir informe de aprobación de protocolos de ensayos de eficacia;

• Emitir informes de aprobación de resultados de ensayos eficacia;

13. Emitir informes de inspección post registro sobre operadores (fabricantes, formuladores, envasadores, aplicadores aéreos, aplicadores terrestres, almacenistas, elaboradores por contrato, importadores, importadores de consumo propio, exportadores, distribuidores) de insumos agropecuarios;

• Emitir informes de control post registro de insumos agropecuarios,

• Emitir informes nacionales de productos cuarentenados o decomisados y/o disposición final en su jurisdicción.

16. Revisar, validar y aprobar adiciones de presentaciones comerciales de productos plaguicidas y productos afines de uso agrícola.

17. Revisar, validar y aprobar el etiquetado de productos de uso veterinario;

18. Revisar, validar y aprobar el etiquetado productos de fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola.

19. Emitir informes de seguimiento a organismos externos que realicen inspecciones de post registro de almacenes de insumos agropecuarios;

20. Ejecutar medidas sanitarias preventivas ante el hallazgo de insumos agropecuarios que incumplan con la normativa vigente de la Agencia, Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y su Reglamento;

21. Emitir informes de control de la calidad de la formulación de insumos agropecuarios.

DISPOSICIÓN GENERAL

Única.- Todos los actos administrativos expedidos por los Directores/as Distritales y de Articulación Territorial Tipo A, Directores/as Distritales Tipo B y a los Jefes de Sanidad Agropecuaria, antes de la presente resolución tienen plena validez quedando ratificados.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Deróguese la Resolución 0046 de 24 de abril de 2017, publicada en el Registro Oficial Nro. 1009 de 22 de mayo de 2017 en la cual se establecieron atribuciones y responsabilidades a la Coordinación de Registros de Insumos Agropecuarios.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Coordinación General de Registros de Insumos Agropecuarios y a las Direcciones Distritales y de Articulación Territorial, Direcciones Distritales y a las Jefaturas Técnicas de Sanidad Agropecuaria de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Segunda.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Quito, D.M. 02 de marzo del 2020.

f.) Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Nro. SNAI-SNAI-2019-0032-R

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2019

SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3 señala los deberes primordiales del Estado, siendo uno de ellos, conforme el numeral 8 “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 147 numeral 5 indica que entre los deberes y atribuciones del Presidente de la República se encuentran “Dirigir la administración pública en forma

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desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control”;

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “A las ministras y ministros de Estados, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestión

(…)”;

Que, el artículo 201 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos (…)”;

Que, el artículo 685 del Código Orgánico Integral Penal, respecto de la seguridad interna y perimetral de los centros de privación de libertad señala que: “La seguridad interna de los centros de privación de libertad es competencia del cuerpo de seguridad penitenciaria”;

Que, según el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes.

Que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo, la delegación debe contener la especificación del delegado; la especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia; las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de estas; el plazo o condición, cuando sean necesarios; lugar, fecha y número; y las decisiones que pueden adoptarse por delegación.

Que, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en su artículo 2 numeral 4 literal c) indica que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es una entidad complementaria de seguridad de la Función Ejecutiva;

Que, el artículo 36 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público define al régimen administrativo disciplinario como el “conjunto de principios, doctrina, normas e instancias administrativas que de manera especial regulan, controlan y sancionan la conducta de las y los servidores de las entidades de seguridad reguladas por este Código, en el ejercicio de sus cargos y funciones, con el fin de generar medidas preventivas y correctivas”;

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público indica que “(…) Las autoridades con potestad sancionatoria son responsables de los procedimientos y decisiones que se adopten, tienen responsabilidad por la demora injustificada en la investigación y decisión de los casos materia de su competencia”;

Que, el artículo 218 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, respecto de la naturaleza de las entidades complementarias indica que “son de carácter operativo, civil, jerarquizado, disciplinado, técnico, especializado y uniformado”;

Que, el artículo 220 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público indica que “la carrera de las entidades complementarias de seguridad constituye el sistema mediante el cual se regula la selección, ingreso, formación, capacitación, ascenso, estabilidad, evaluación y permanencia en el servicio de las y los servidores que las integran”;

Que, el artículo 247 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público determina que “La máxima autoridad de la entidad que ejerce la rectoría nacional o local, de acuerdo a las necesidades institucionales podrá designar a un servidor o servidora de libre nombramiento y remoción para la dirección estratégica, política y administrativa de la entidad complementaria de seguridad”;

Que, el artículo 264 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es “el órgano de ejecución operativa del ministerio rector en materia de (…) rehabilitación social”, y se constituye en una entidad complementaria de seguridad ciudadana;

Que, el artículo 265 del indicado Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público determina que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es responsable de precautelar, mantener, controlar, restablecer el orden y brindar seguridad en el interior de los centros de privación de libertad; y de la seguridad, custodia, vigilancia, traslado a las diligencias judiciales de las personas privadas de libertad y unidades de aseguramiento transitorio;

Que, el artículo 297 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público indica que uno de los miembros de la Comisión de Administración Disciplinaria es “Un delegado de la máxima autoridad de la entidad rectora local o nacional según corresponda;

(…)”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 560 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República, creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores; y, en su artículo 4, le asignó todas las atribuciones constantes en leyes y demás normativa vigente sobre rehabilitación, reinserción, seguridad, indultos, conmutación o rebaja de penas y medidas cautelares para personas adultas privadas de libertad, así como sobre desarrollo integral de adolescentes infractores;

Que, de conformidad con el inciso final del artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 560, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es el órgano de ejecución operativa del Servicio Nacional de Atención Integral a

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Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores.

Que, el Presidente de la República, a través del Decreto Ejecutivo N° 781 de 03 de junio de 2019, designó al abogado Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda como Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto.

Que, el artículo 59 del indicado Estatuto señala que cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa.

Que, mediante Resolución N° SNAI-SNAI-2019-0014-R de 31 de julio de 2019, el Gral. I. (SP) Abg. Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda, Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, resolvió expedir el Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria;

Que, el Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en su artículo 3, en concordancia con el artículo 4 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece que “El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria se regirá bajo un régimen jurídico especial”;

Que, el artículo 6 del Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria indica que “(…)

La Subdirección Técnica de Protección y Seguridad es la encargada del direccionamiento estratégico, político y administrativo del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. (…)”;

Que, el artículo 39 numeral 9 del Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria respecto de los derechos de los servidores del referido cuerpo, indica “Desarrollar una carrera profesional en el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria”;

Que, el artículo 129 del Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, indica que la Comisión de Administración Disciplinaria está conformada por “1. La máxima autoridad del Servicio Nacional de atención a personas privadas de libertad y a Adolescentes Infractores o su delegado; 2. El Jefe de Seguridad Penitenciaria; 3. La o el Director de Administración Talento Humano o su delegado; y, 4. La o el Director de Asesoría Jurídica o su delegado, que actuará en calidad de secretario/a Ad-hoc”;

Que, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria es una entidad complementaria de seguridad ciudadana y tiene como naturaleza ser disciplinada y jerarquizada, razón por la cual, es necesario que la Comisión de Administración Disciplinaria se conforme para que actúe de manera operativa, expedita y responsable, a fin de aplicar las normas que rigen el régimen disciplinario para los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria; y,

Que, es necesario adoptar las medidas que permitan optimizar la gestión administrativa y operativa de la institución.

En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Código Orgánico Administrativo, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Decreto Ejecutivo N° 781 de 03 de junio de 2019, y el Reglamento General del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria,

Resuelve:

Artículo 1.- Para efectos de conformación de la Comisión de Administración Disciplinaria para aplicación del Régimen Disciplinario del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, actuará como delegado de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores, el servidor público que ejerce funciones de Subdirector Técnico de Protección y Seguridad Penitenciaria.

El Subdirector Técnico de Protección y Seguridad Penitenciaria presidirá la Comisión de Administración Disciplinaria para régimen disciplinario del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

Artículo 2.- El Subdirector Técnico de Protección y Seguridad Penitenciaria realizará todas las acciones y tendrá todas las responsabilidades y atribuciones que la normativa legal vigente le otorgue como autoridad que preside la Comisión de Administración Disciplinaria para el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Encárguese a la Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, al Jefe del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y a la Dirección de Administración de Talento Humano el seguimiento y ejecución de la presente Resolución.

SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección Administrativa la custodia de la presente resolución y envío para la respectiva publicación en el Registro Oficial.

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DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de noviembre de 2019.

Documento firmado electrónicamente

Abg. Edmundo Enrique Moncayo J., Director General del SNAI.

RAZÓN: siento como tal que el documento que antecede en cuatro fojas útiles, es igual al que consta en el Sistema de Gestión Documental Quipux de esta Cartera de Estado y que corresponde a la Resolución Nro. SNAI-SNAI-2019-0032-R de fecha 21 de noviembre de 2019, en el que se Resuelve que para efectos de conformación de al Comisión de Administración Disciplinaria para aplicación del Régimen Disciplinario del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, actuará como delegado de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores, el servidor público que ejerce funciones de Subdirector Técnico de Protección y Seguridad Penitenciaria.

Quito D.M., 21 de febrero de 2020.

f.) Ing. Verónica Valeria Vélez Véliz, Unidad de Secretaría General, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.

No. 001-2020-DG- SENADI

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES –SENADI-

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador contempla: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, de conformidad con el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 899 de 09 de diciembre de 2016, la Autoridad Nacional Competente en materia de Derechos Intelectuales: “(…) Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento.

(…)

La autoridad nacional competente en materia

de

derechos intelectuales tendrá competencia sobre

los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. Adicionalmente, contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito así como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable. (. ..);

Que, el artículo 61 del Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, contempla las medidas de frontera como una medida cautelar, mismo que establece:

“Para evitar el ingreso a los circuitos mercantiles o exportación de productos que vulneren los derechos de autor o marcas, a solicitud de parte, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales podrá disponer que se retenga la mercadería presuntamente infractora, y determinar su destino una vez retirados los productos de los canales comerciales.(…)”;

Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 69 y 70 del Código Orgánico Administrativo, el Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, se encuentra facultado para delegar el ejercicio de sus competencias a servidores del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales para la suscripción de actos administrativos, cuando lo estime conveniente;

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala: “Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”;

40 – Miércoles 1° de abril de 2020 Registro Oficial Nº 174

Que, el artículo 77 numeral 1 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala que las máximas autoridades de las instituciones del Estado son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad y establece para estas, entre otras atribuciones y obligaciones específicas la de “(…) e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones (…)”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio

Nacional de

Derechos

Intelectuales SENADI,

como

un organismo

técnico

de derecho público con

rango

de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera;

Que, el artículo 5 del mencionado Decreto Ejecutivo, establece que el Director General del SENADI es el representante legal de dicha institución;

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mención señala: “La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales sea aprobada, facultándole al Director General realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio”;

Que, de conformidad con el artículo 6 numeral 8.2. literal h) del todavía vigente Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del IEPI prescribe como atribución de la máxima autoridad del IEPI, ordenar medidas en frontera conforme al ordenamiento jurídico aplicable;

Que, mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, designó como Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al Magíster Pablo Santiago Cevallos Mena;

Que, mediante Memorando Nro. SENADI-DG-2020-0017-M de 21 de enero de 2020, la Dirección General, solicitó a la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica que elabore la correspondiente resolución para delegar las atribuciones correspondientes a la ejecución de medidas en frontera al titular de la Subdirección Regional de Guayaquil en observancia de la normativa aplicable;

Que, mediante Memorando Nro. SENADI-UGAJ-2020-0003-M, la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica, remitió a la Dirección General el texto que instrumenta la Resolución 001-2020-DG- SENADI, para la revisión y firma del Director General;

Que, es necesario ejecutar los procesos acorde con los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, a fin de lograr una buena gestión y garantizar la eficiencia a nivel institucional;

Que, es necesario establecer disposiciones que permitan la adecuada sustanciación de los procedimientos, recursos y reclamos administrativos que se interponen y se encuentren sustanciando ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a fin de garantizar la adquisición, uso y el pleno ejercicio de los Derechos Intelectuales;

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Resuelve:

Artículo Único.- DELÉGUESE a la persona que ejerza el cargo de Subdirector Regional de Guayaquil o quien haga sus veces, las siguientes competencias y atribuciones para la ejecución de medidas en frontera:

1. Tramitar, sustanciar y resolver medidas en frontera.

2. Tramitar, sustanciar y resolver recursos de reposición presentados ante los actos administrativos expedidos en medidas en frontera.

3. Suscribir la providencia de admisión a trámite de los recursos de apelación o revisión de los actos administrativos de medidas en frontera presentados de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente o en su defecto el acto que los rechace en caso de incumplirse con aquellos requisitos; y,

4. Remitir el expediente con el recurso admitido al Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El servidor delegado a través de la presente resolución, responderá directamente de los actos realizados en el ejercicio de las funciones y atribuciones delegadas, y deberán observar para el efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

SEGUNDA.- Los documentos emitidos en virtud de esta delegación serán de responsabilidad del servidor delegado, quien actuará según lo establecido en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, en los cuales, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por el Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, para lo cual, se utilizará la siguiente frase: “Por delegación del Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales”.

TERCERA.- El Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, se reserva el derecho de avocar las atribuciones delegadas, cuando lo estime pertinente.

CUARTA.-Dispóngase la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Registro Oficial Nº 174 Miércoles 1° de abril de 2020 – 41

Dado en Quito Distrito Metropolitano a, 27 de enero de 2020.

f.) Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena, Director General, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- f.) Delegado de la Dirección de Gestión Institucional.- Quito, 09 de marzo de 2020.

No. 001-2020-DNPI-SENADI

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES -SENADI-

Considerando:

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016, menciona que la Autoridad Nacional Competente en Materia de Derechos Intelectuales: “(…) Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento. (…) La autoridad nacional competente en materia de derechos

intelectuales tendrá competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. (…) Adicionalmente, contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito así como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable (…)”;

Que según la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación: “(…) La nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, encargada será la sucesora en derecho del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, asumiendo el patrimonio, presupuesto, derechos y obligaciones incluyendo las laborales, conforme los regímenes aplicables a cada caso (…)”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI, como un organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera;

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo mencionado en el acápite anterior, señala que la estructura orgánica del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI continuará funcionando hasta que se apruebe la estructura orgánica del SENADI, facultándose al Director General realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio;

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designó al Magíster Santiago Cevallos Mena como Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI;

Que mediante Acción de Personal No. SENADI-UATH-2018-08-058 que rige a partir el 01 de agosto de 2018, se designó como Director Nacional de Propiedad Industrial al señor Abg. José Andrés Francisco Tinajero Mullo;

Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 69 y 70 del Código Orgánico Administrativo, el Director Nacional de Propiedad Industrial, se encuentra facultado para delegar el ejercicio de sus competencias a servidores del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales para la suscripción de actos administrativos, cuando lo estime conveniente;

Que el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, vigente según lo dispuesto en la Disposición

42 – Miércoles 1° de abril de 2020 Registro Oficial Nº 174

Transitoria Tercera, faculta a los Directores Nacionales la delegación de funciones específicas a servidores subordinados, con la finalidad de propender a una adecuada desconcentración de funciones;

Que mediante Acción de Personal No. SENADI-UATH-2019-11-369 que rige a partir el 29 de noviembre de 2019, se designó como Subdirectora Regional de Guayaquil a la Abogada Cristel Denisse González González;

Que mediante Memorando Nro. SENADI-DNPI-2020-0003-M, de fecha 09 de Enero de 2020 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, solicitó la elaboración de una resolución mediante la cual se delegué por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial, facultades relacionadas al ejercicio de Diligencias Preparatorias a la Subdirección Regional de Guayaquil;

Que es necesario ejecutar los procesos acorde con los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, a fin de satisfacer las necesidades internas para así lograr una buena gestión y garantizar la eficiencia a nivel institucional;

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Resuelve:

Artículo Único.- DELEGAR al Subdirector o Subdirectora Regional de Guayaquil del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, dentro del ámbito de su competencia territorial la facultad de:

Admitir a trámite, conocer y sustanciar las diligencias preparatorias dentro de los procedimientos de observancia, así como ordenar y ejecutar las diligencias orientadas a la sustanciación y prosecución de las mismas.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- La delegada a través de la presente resolución responderá directamente de los actos realizados en el ejercicio de las funciones y atribuciones delegadas y deberá observar para el efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Segunda.- Los documentos emitidos en virtud de esta delegación serán de responsabilidad de la delegada, quien actúa según lo establecido en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, en los cuales, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

Tercera.- El Director Nacional de Propiedad Industrial se reserva el derecho de avocar las atribuciones delegadas, cuando lo estime pertinente.

Cuarta.- Publíquese esta Resolución en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito Distrito Metropolitano a, 13 de Enero de 2020.

f.) José Andrés Francisco Tinajero Mullo, Director Nacional de Propiedad Industrial.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- f.) Delegado de la Dirección de Gestión Institucional.- Quito, 09 de marzo de 2020.

Nro. 002-2020-DGI-SENADI

EL DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES -SENADI-

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016, indica que la Autoridad Nacional Competente en Materia de Derechos Intelectuales: “(…) Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Adems

Registro Oficial Nº 174 Miércoles 1° de abril de 2020 – 43

de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento.

(…)

La autoridad nacional competente en materia

de

derechos intelectuales tendrá competencia sobre

los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. (…) Adicionalmente, contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito así como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable. (…)”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio

Nacional de

Derechos

Intelectuales SENADI,

como

un organismo

técnico

de derecho público con

rango

de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera;

Que, el artículo 5 del mencionado Decreto Ejecutivo, establece que el Director General del SENADI, es el representante legal de dicha institución;

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mención señala que la estructura orgánica del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI continuará funcionando hasta que se apruebe la estructura orgánica del SENADI, facultándose al Director General realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio;

Que, mediante Acuerdo Nro. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se designó como Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al Magíster Pablo Santiago Cevallos Mena;

Que, mediante Acción de Personal Nro. SENADI-UATH-2018-08-059, con vigencia a partir del 1 de agosto de 2018, la autoridad nominadora nombró a Luis Miguel Cano Cifuentes, como Director de Gestión Institucional del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.;

Que, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del IEPI, la Dirección de Gestión Institucional tiene como misión: Coordinar, dirigir y supervisar los procesos de recursos humanos, administrativos financiero, desarrollo tecnológico y secretaría general, aplicando políticas de desconcentración con el fin de contribuir al cumplimiento de la visión y misión institucionales;

Que, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del IEPI, la Dirección

de Gestión Institucional tiene como atribuciones y responsabilidades: (…) d) Supervisar la adecuada administración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos (…) e) Supervisar y coordinar el manejo del patrimonio documental del IEPI;

Que, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del IEPI, la Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica tiene la misión de: (…) asesorar jurídicamente al IEPI, sus niveles y servidores en todos los aspectos relacionados con la misión de la entidad (…);

Que, mediante Resolución No. 001-2019-DG-NI-SENADI, el Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales delegó y asignó competencias, atribuciones y tareas al Director de Gestión Institucional entre ellas: (…) 8. Suscribir todas las actividades e instrumentos jurídicos relacionados al proceso administrativo de la institución;

Que, mediante informe No.SENADI-UGAD-2019-0196-I con asunto INFORME GENERAL DE CONSTATACIÓN FISICA SENADI AÑO 2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, emitido por el Ing. Byrone Tafur en su calidad de guardalmacén, el servidor manifiesta que: Se identificaron dentro del proceso de toma física, un total de 567 libros ubicados en la Biblioteca General y en el Despacho de Órgano Colegiado, de un total de 1.373 registrados en el Sistema EsBYE. Los restantes 806 libros se encuentran ubicados en la Bodega de Existencias del Edificio Ortega a cargo de la Unidad de Gestión Administrativa, sobre ellos deberá definirse el procedimiento a seguirse con base a Examen Especial efectuado por la Contraloría General del Estado, sobre este punto existe documentos que muestran un proceso en trámite cuyas acciones finales deberán determinarse, para lo cual es necesario mantener una reunión de trabajo entre las Unidades de Gestión Administrativa, Jurídica, Financiera para dar continuidad a las acciones establecidas mediante memorando Nro.SENADI-FI-2018-0328-M de fecha 13 de junio 2018, mediante el cual el Mgs. Luis Veintimilla, Experto Principal en Administración y Finanzas remite CRITERIO JURIDICO MATERIAL BIBLIOGRAFICO hacia la Dirección de Gestión Institucional;

Que, la Mgs. María Fernanda Calvopiña, Delegada del Director General en la Unidad de Gestión Administrativa mediante Memorando No.SENADI-ADM-2019-0461-M remitió el informe mencionado en el considerando anterior a la Dirección de Gestión Institucional el 28 de Noviembre del 2019;

Que, mediante Memorando Nro. SENADI-DGI-2020-0003-M de fecha 08 de Enero de 2020 la Dirección de Gestión Institucional dispuso en relación al ANEXO 13 del Informe General de Constatación Física SENADI 2019 (…) la conformación a partir del mes de enero de una comisión evaluadora, que proceda al análisis correspondiente de este caso mediante el instrumento jurídico que corresponda y en función de la normativa vigente en esta materia, quienes deberán proceder a la evaluación, verificación y validación de la gestión

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documental que se mantenga al respecto y emitirán un informe con las acciones que se recomienda ejecutar con el fin de solventar la diferencias existentes.

Que, es necesario ejecutar los procesos acorde con los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, a fin de satisfacer las necesidades internas para así lograr una buena gestión y garantizar la eficiencia a nivel institucional;

En ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

Artículo 1.- Conformar la Comisión para la evaluación, verificación y validación de la gestión documental respecto de toda la documentación que se entregue por parte de la Unidad de Gestión Administrativa con respecto al Anexo 13 del Informe General de Constatación Física SENADI Año 2019, misma que estará integrada por los Responsables de las Unidades de Gestión Administrativa, Financiera y Asesoría Jurídica.

Artículo 2.- La Comisión para la evaluación, verificación y validación de la gestión documental respecto de toda la documentación que se entregue por parte de la Unidad de Gestión Administrativa con relacionada al Anexo 13 del Informe General de Constatación Física SENADI Año 2019, emitirá un informe con las acciones que se recomienda ejecutar con el fin de solventar las diferencias existentes dentro de dicha gestión documental.

Artículo 3.- La Comisión para la evaluación, verificación y validación de la gestión documental respecto de toda la documentación que se entregue por parte de la Unidad de Gestión Administrativa relacionada al Anexo 13 del Informe General de Constatación Física SENADI Año 2019, contará con un plazo de ejecución de dos meses para la entrega de un informe final. Este plazo se contabilizará desde la notificación de la presente resolución a los integrantes de la comisión.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- De la ejecución de la presente resolución se encargarán las Unidades de Gestión Administrativa, Financiera y de Asesoría Jurídica.

Segunda.- Publíquese esta Resolución en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito D.M., 07 de Febrero de 2020.

Comuníquese y Publíquese.-

f.) Mgs. Luis Cano Cifuentes, Director de Gestión Institucional, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- f.) Delegado de la Dirección de Gestión Institucional.- Quito, 09 de marzo de 2020.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUEVEDO

Considerando:

Que, la “Ordenanza que regula los Procesos de

Jubilación Patronal; Supresión de Puestos; Retiro Voluntario con Indemnización y por Compra Obligatoria de Renuncias con Indemnización”, fue aprobada en las sesiones ordinarias de concejo del 06 y 30 de septiembre del 2019 en primero y segundo debate respectivamente.

Que, la “Ordenanza que regula los Procesos de

Jubilación Patronal; Supresión de Puestos; Retiro Voluntario con Indemnización y por Compra Obligatoria de Renuncias con Indemnización”, fue publicada en el Registro Oficial Edición Especial No. 111 de fecha martes 22 de octubre del 2019.

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 y 264, último inciso de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 7 y 57 literal a) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

Expide:

la siguiente: “REFORMA A LA ORDENANZA

QUE REGULA LOS PROCESOS DE JUBILACIÓN PATRONAL; SUPRESIÓN DE PUESTOS; RETIRO VOLUNTARIO CON INDEMNIZACIÓN Y POR COMPRA OBLIGATORIA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACIÓN”.

Art. 1- Sustitúyase el texto del artículo 4, por el siguiente:

“…Art. 4.- Requisitos para acogerse a la Jubilación Patronal. – En concordancia con la normativa legal vigente determinada en el Art. 216 del Código de Trabajo, tendrán derecho para acogerse a la Jubilación Patronal, los (as) trabajadores (as), que por veinticinco años o más hubieren prestado sus servicios de manera continua o discontinua en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo.

El valor de la jubilación patronal, será el equivalente al cincuenta por ciento (50%) mensual del Salario Básico Unificado vigente en ejercicio fiscal inmediato anterior.”

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Art. 2- Suprímase todo el contenido del artículo 11.

Art. 3.- Sustitúyase el título del Capítulo IV, por el siguiente:

“DE LOS RETIROS VOLUNTARIOS”.

Art. 4.- Sustitúyase el texto del artículo 22, por el siguiente:

“…Art. 22.- De los Retiros Voluntarios. – Es una modalidad de desvinculación con compensación económica que se configura cuando las y los servidores públicos sujetos a la LOSEP y los trabajadores sujetos al Código de Trabajo se retiran para acogerse a la jubilación con el IESS, o por presentación de la renuncia voluntaria.

Para acceder de manera completa a los incentivos y/o beneficios económicos establecidos en esta modalidad, el trámite deberá atenerse al proceso de planificación anual que ejecuta la Dirección de Talento Humano tanto para el año en curso como para el subsiguiente, el cual deberá contar con la correspondiente disponibilidad presupuestaria de recursos otorgada por la Dirección Financiera.”

Art. 5.- Sustitúyase el texto del artículo 23, por el siguiente:

“…Art. 23.- Requisitos para acceder al beneficio o compensación por retiro voluntario para acogerse a la jubilación con el IESS. – Los requisitos son los siguientes:

1. Mantener vinculación mediante nombramiento permanente o contrato indefinido con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo;

2. Tener mínimo 60 años de edad y 360 imposiciones o 480 imposiciones sin mínimo de edad

c) Haber solicitado ante la Máxima Autoridad por escrito su inclusión en el Plan Anual de Desvinculación; hasta el 31 de julio del período inmediato anterior.

4. Historia laboral del IESS actualizada a la fecha de presentación de la solicitud”.

Art. 6.- Sustitúyase el texto del artículo 24, por el siguiente:

“…Art. 24.- De los retiros voluntarios por renuncia.

– El procedimiento de desvinculación aquí establecido se aplica a aquellas renuncias voluntarias legalmente presentadas por las y los servidores públicos sujetos a la LOSEP, las mismas que pueden ser planificadas y no planificadas.

Las renuncias voluntarias planificadas son aquellas en las que las y los servidores públicos han solicitado

su inclusión en el Plan Anual de Desvinculación por Renuncia Voluntaria con Compensación.

Los requisitos para acogerse a la renuncia voluntaria planificada con compensación, son los siguientes:

1. Mantener vinculación mediante nombramiento permanente por un período superior a cuatro (4) años con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo;

2. Presentar formalmente la renuncia ante la Máxima Autoridad, hasta el 31 de julio del período inmediato anterior al que se pretende desvincular.

3. Los demás establecidos en la Ley y la Normativa Legal Vigente.

Las renuncias voluntarias no planificadas; son aquellas en las que las y los servidores públicos sujetos a la LOSEP no han solicitado su inclusión en el Plan Anual de Desvinculación por Renuncia Voluntaria con Compensación o no fueron considerados en la misma, pero que debido a circunstancias personales, deben formalizar sus renuncias, mismas que podrán ser aceptadas por la Máxima Autoridad; sin embargo el monto que recibirán por concepto de compensación será el equivalente al 10% del valor calculado en el Retiro Voluntario con Planificación.”

Art. 7.- Sustitúyase el texto del artículo 25, por el siguiente:

“…Art. 25.- Planificación del retiro voluntario. –

Hasta el 31 de julio de cada año el o la responsable de la Dirección de Talento Humano del Municipio, receptará las solicitudes formalmente presentadas ante la Máxima Autoridad por las o los servidores públicos y/o trabajadores, que hubieren manifestado su voluntad de acogerse al retiro voluntario para el siguiente ejercicio fiscal.

Habiéndose cumplido con los requisitos contemplados en el artículo 23 y 24 de la presente Ordenanza, la o el responsable de la Dirección de Talento Humano, procederá a proyectar el monto consolidado por concepto de Retiro Voluntario con Planificación hasta el 31 de agosto, e inmediatamente solicitará a la Dirección Financiera la disponibilidad presupuestaria para la ejecución de este tipo desvinculación.”

Art. 8.- Suprímase los artículos 26 y 27 de la Presente Ordenanza.

Art. 9.- Refórmese el texto del artículo 28; por el siguiente:

“Art. 28.- Retiro Voluntario de los Trabajadores sujetos al Código de Trabajo. – El proceso de solicitud y la compensación a que tienen derecho los trabajadores sujetos al Código de Trabajo que deciden desvincularse de la institución, procederán conforme lo establecido en los artículos 184 y 185 del Código del Trabajo y los beneficios contemplados

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en el Contrato Colectivo vigente a la fecha de la culminación de la relación laboral;”

Art. 10.- Suprímase el artículo 29 de la Presente Ordenanza.

Art. 11.- Sustitúyase el título del Capítulo V, por el siguiente:

“DEL RETIRO POR JUBILACIONES OBLIGATORIAS”.

Art. 12.- Sustitúyase el texto del artículo 30, por el siguiente:

“Art. 30.- De las jubilaciones obligatorias. –

La modalidad de desvinculación por jubilación obligatoria se aplica a los servidores públicos sujetos a la LOSEP y los trabajadores sujetos al Código de Trabajo que cumplan con las condiciones, requisitos y calificaciones señalados en la Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley de Seguridad Social pertinentes al retiro por edad e invalidez.”

Art. 13.- Refórmese todo el artículo 31, por el siguiente:

“Art. 31.- Requisitos para acogerse a los beneficios otorgados por jubilaciones obligatorias. –

Califican para ser beneficiarios de las indemnizaciones que por las jubilaciones obligatorias por edad otorga el GAD Municipal de Quevedo, aquellos servidores públicos y trabajadores que cumplen con los siguientes requisitos:

1. Mantener relación de dependencia con nombramiento permanente o contrato indefinido por un período superior a cuatro (4) años en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo;

2. Haber cumplido un mínimo 70 años de edad y 120 imposiciones;

3. Cumplir con los demás requisitos que exijan las leyes y normas de la materia.

La Dirección de Talento Humano con anticipación al cumplimiento de los requisitos precedentes, previo criterio técnico, podrá determinar la permanencia en la entidad de la o el servidor público o trabajador que cumpla con los requisitos anteriormente indicados. Sin embargo; obligatoriamente la Dirección de Talento Humano programará la desvinculación cuando haya alcanzado las 240 imposiciones y/o 75 años de edad, y la Dirección Financiera deberá incluir impostergablemente las indemnizaciones en el presupuesto.

Califican como jubilaciones obligatorias por invalidez aquellas en las que los servidores públicos y trabajadores cumplen los siguientes requisitos:

1. Mantener relación de dependencia con nombramiento permanente o contrato indefinido en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo;

2. Tener incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, calificada por el Instituto de Seguridad Social – IESS;

c) Tener al menos 60 imposiciones y mínimo 6 imposiciones antes de la declaratoria de incapacidad;

4. Cumplir con los demás requisitos que exijan las leyes y normas de la materia.”

Art. 14.- Refórmese todo el texto del artículo 32, por el siguiente:

“Art. 32.- Inicio del proceso de retiro por jubilaciones obligatorias. – El proceso de retiro para acogerse a la jubilación obligatoria, iniciará con la notificación por parte de la Dirección de Talento Humano a las y los servidores públicos sujetos a la LOSEP y los trabajadores sujetos al Código de Trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo una vez que hubieren calificado conforme los requisitos contemplados en el artículo anterior, a partir de lo cual le corresponde a la mencionada Dirección aplicar el mecanismo de desvinculación laboral pertinente.”

Art. 15.- Refórmese todo el texto del artículo 33, por el siguiente:

“Art. 33.- Planificación del retiro por jubilaciones obligatorias. – La Dirección de Talento Humano realizará anualmente de oficio la planificación del proceso de retiros por jubilaciones obligatorias para los servidores municipales, sobre el análisis del Diagnostico Institucional efectuado.

La planificación y financiamiento de este tipo de desvinculación es de carácter obligatorio para la entidad, de acuerdo a los criterios establecidos en la presente Ordenanza.”

Art. 16.- Suprímase los artículos 34, 35 y 36 de la Presente

Ordenanza.

Art. 17.- Sustitúyase el título del Capítulo VII, por el siguiente:

“DE LOS VALORES Y PARÁMETROS DE CÁLCULO PARA EL PAGO DE LAS COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES”.

Art. 18.- Refórmese el artículo 44, por el siguiente texto:

“Art. 44.- Indemnización por supresión de puestos. – El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo, reconocerá como indemnización al servidor público sujeto a la Ley Orgánica de

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Servicio Público – LOSEP afectado por la supresión de un puesto, el valor equivalente a cinco (5) salarios básicos unificados del trabajador privado en general (vigente al 1 de enero de 2015), multiplicados por cada año de servicio laborado en el sector público, y la parte proporcional a la que hubiere lugar, hasta un monto máximo de ciento cincuenta (150) salarios básicos unificados del trabajador privado en general, según lo establece la Disposición General PRIMERA de la LOSEP y el Art. 287 de su Reglamento General.”

Art. 19.- Refórmese el texto del artículo 45, por el siguiente:

“Art. 45.- Compensación por jubilaciones.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo, reconocerá al servidor público sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público – LOSEP, que se acoge al beneficio de la jubilación, el valor equivalente a cinco (5) salarios básicos unificados del trabajador privado en general (vigente al 1 de enero de 2015), multiplicados por cada año de servicio laborado en el sector público, y la parte proporcional a la que hubiere lugar, contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta (150) salarios básicos unificados del trabajador privado en general.

Para los trabajadores sujetos al Régimen del Código de Trabajo, cuando la relación laboral termina por retiro del trabajador para acogerse a la jubilación con el IESS o con el Patrono, el empleador conviene en reconocer al trabajador una compensación de cuatro (4) salarios básicos unificados del trabajador privado en general (vigente al 1 de enero de 2015), multiplicados por cada año de servicio de servicio laborado en el sector público contados desde el primer año, hasta un máximo de doscientos diez (210) salarios básicos unificados del trabajador privado en general.”

Art. 20.- Refórmese el texto del artículo 46, por el siguiente:

“Art.- 46.- Compensación por renuncia voluntaria. – El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo reconocerá al servidor público sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público – LOSEP, beneficiario de la compensación por renuncia voluntaria; el valor equivalente a cinco (5) salarios básicos unificados del trabajador privado en general (vigente al 1 de enero de 2015), multiplicados por el número de años de servicios prestados en esta entidad, y la parte proporcional a la que hubiere lugar, bajo cualquier modalidad de nombramiento, contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta (150) salarios básicos unificados del trabajador privado en general.

En los casos de las y los servidores públicos que no hubieren solicitado su inclusión en el Plan Anual de Desvinculación o no fueron considerados en el mencionado plan, pero que debido a circunstancias

personales deben formalizar sus renuncias, éstas podrán ser aceptadas por la autoridad nominadora; sin embargo, la compensación por renuncia voluntaria no planificada será efectiva con el equivalente al 10% del valor entregado con planificación.

Para los procesos de los trabajadores amparados en el Código de Trabajo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 185 de este Código; así como lo dispuesto en el Mandato Constituyente N° 2 y el Contrato Colectivo vigente a la fecha de la culminación de la relación laboral. Para el cálculo del Desahucio se considerará únicamente el número de años completos de servicios prestados en esta entidad.”

Art. 21.- Refórmese el texto del artículo 47, por el siguiente:

“…Art.- 47.- Indemnización por compra de renuncia.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo, reconocerá al servidor público sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público – LOSEP, como indemnización por la compra de renuncia, el valor equivalente a cinco (5) salarios básicos unificados del trabajador privado en general (vigente al 1 de enero de 2015), multiplicados por cada año de servicio laborado en la institución, y la parte proporcional a la que hubiere lugar, hasta un monto máximo de ciento cincuenta (150) salarios básicos unificados del trabajador privado en general.”

Art. 22.- Refórmese el texto del artículo 48, por el siguiente:

“Art. 48.- Indemnización por despido Intempestivo a los trabajadores. –El valor que por indemnización deba pagar el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo a causa del despido intempestivo de trabajadores, se calculará en base a lo que disponen los artículos 188 del Código de Trabajo y 1 del Mandato Constituyente N° 4, así como lo dispuesto Contrato Colectivo vigente a la fecha de la culminación de la relación laboral.”

Art. 23.- En las Disposiciones Generales, incorpórese el tercer numeral, con el siguiente texto:

“TERCERA. – Forma de Cálculo. – Para el cálculo de las indemnizaciones establecidas en esta Ordenanza; se aplicará el monto del salario básico unificado del trabajador privado en general, establecido al 1 de enero del 2015; es decir, 354,00 USD. (Trescientos cincuenta y cuatro con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América), conforme lo dispuesto en la Disposición General de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 483, de 20 de abril de 2015”.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente REFORMA A LA ORDENANZA QUE

REGULA LOS PROCESOS DE JUBILACIÓN

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PATRONAL; SUPRESIÓN DE PUESTOS; RETIRO VOLUNTARIO CON INDEMNIZACIÓN Y POR COMPRA OBLIGATORIA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACIÓN; entrara en vigencia a partir de la aprobación del Concejo Municipal; y de la respectiva sanción por parte del Ejecutivo Municipal; sin perjuicio de su publicación en los medios previstos en el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quevedo, a los ocho días del mes de febrero del dos mil veinte.

f.) Lcdo. John Salcedo Cantos, Alcalde de Quevedo.

f.) Ab. Sixto Parra Tovar, Secretario del Concejo.

CERTIFICO: Que la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS DE JUBILACIÓN PATRONAL; SUPRESIÓN DE PUESTOS; RETIRO VOLUNTARIO CON INDEMNIZACIÓN Y POR COMPRA OBLIGATORIA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACIÓN, que antecede fue discutida y aprobada por el Concejo Cantonal de Quevedo, en sesiones ordinaria y extraordinaria del 6 y 8 de febrero del 2020, en primero y segundo debate respectivamente, de conformidad con lo que establece el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la remito al señor Alcalde para su sanción.

Quevedo, 8 de febrero del 2020.

f.) Ab. Sixto Parra Tovar, Secretario del Concejo.

VISTOS: En uso de la facultad que me conceden los artículos 322, inciso quinto y 324, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, declaro sancionada la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS DE JUBILACIÓN PATRONAL; SUPRESIÓN DE PUESTOS; RETIRO VOLUNTARIO CON INDEMNIZACIÓN Y POR COMPRA OBLIGATORIA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACIÓN, por estar de acuerdo con las normas vigentes y dispongo su publicación.

Quevedo, 10 de febrero del 2020.

f.) Lcdo. John Salcedo Cantos, Alcalde de Quevedo.

SECRETARIA DEL CONCEJO. – Sancionó, firmó y ordenó la promulgación de la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCESOS DE JUBILACIÓN PATRONAL; SUPRESIÓN DE PUESTOS; RETIRO VOLUNTARIO CON INDEMNIZACIÓN Y POR COMPRA OBLIGATORIA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACIÓN, el Lcdo. John Salcedo Cantos, Alcalde de cantón Quevedo, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veinte. – Lo certifico.

f.) Ab. Sixto Parra Tovar, Secretario del Concejo.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUEVEDO.-

SECRETARÍA DE CONCEJO.- CERTIFICA: Que la Copia que Antecede es igual a su Original, que reposa en los Archivos de esta Secretaría.- Quevedo, 17 de febrero de 2020.- f.) Ab. Sixto Parra Tovar, Secretario del Concejo.- Cuatro fojas.