Registro Oficial - 31 de Enero del 2000 - Suplemento - Derecho Ecuador
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Registro Oficial – 31 de Enero del 2000 – Suplemento

REGISTRO OFICIAL
nORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
n

SUPLEMENTO
n
Lunes 31 de Enero del 2000 – R.O. No. 6
n n

FUNClON EJECUTIVA

n

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES:

n

Convenio de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno de la República del
nEcuador y el Gobierno de la República Popular China

n

Memorándum de entendimiento y cooperación en asuntos de la Región Asia Pacífico entre
nlos Ministerios de Relaciones Exteriores del Ecuador y Perú

n

Notas reversales entre Ecuador y Perú para el establecimiento formal de la Cátedra Alfredo
nPareja Diezcanseco

n

RESOLUCIONES:

n

DIRECCION GERERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL

n

002/2000 Fíjanse las tarifas de fletes por galón (USA) para el transporte de petróleo y sus derivados

n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

n

043-99-TP Concédese el amparo Constitucional propuesto por Wilmer Ramón Párraga Párraga y otros, en sus calidades de dirigentes del Sindicato único de Obreros y Trabajadores del H. Consejo Provincial de Sucumbíos

n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

n

Acta de Discrecimiento de Investidura de Fe Pública otorgada al Notario del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, doctor José Leonardo Andrade Cruz

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El testimonio anticipado es una figura procesal que permite la obtención de declaraciones de testigos o víctimas en etapas previas al juicio oral, con el objetivo de preservar su testimonio para su posterior valoración en el proceso penal.

El ordenamiento ecuatoriano no contiene disposición alguna que habilite la producción de actos administrativos automatizados con IA. El COA únicamente prevé actos emanados de personas físicas en soporte digital, por lo que cualquier implementación de IA en la actividad decisoria de la administración requeriría, como paso previo ineludible, una reforma legal expresa.

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  Los Estados son como los hombres, pues son los hombres los que los forman”:

Mientras varios países latinoamericanos han reformado sus códigos civiles para adaptar los contratos a nuevas corrientes sociales, Uruguay mantiene intactas sus normas del siglo XIX.

La creciente presión por incorporar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ha llevado a las empresas a plagar sus contratos con códigos de ética y políticas de sostenibilidad.

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