Por: Dr. José Alomía Rodríguez

M UCHO SE HA HABLADO EN TORNO al tema de la corrupción existente en la Función Judicial, pero generalmente se enfoca el asunto desde puntos de vista absolutamente unilaterales y formales, descuidando por tanto los aspectos de fondo y la multiplicidad de factores que generan la tan combatida corrupción; al extremo que elementales consensos de los actores de la vida de la Función Judicial permitirían arribar a positivas soluciones; y, así poder contar con una administración de justicia transparente y un ejercicio profesional de la abogacía digno y eficiente.

Las coimas

Coincidimos por ejemplo con Luis Muñoz Pasquel, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empleados Judiciales, quien señala que uno de los factores más vivos de la corrupción judicial, es el propio abogado, quien con afán de agilizar y ganar su causa, no vacila en ofrecer o dar coimas a los diversos funcionarios judiciales.

Tampoco es superficial señalar que en las actuales circunstancias económicas y sociales en que vive nuestra sociedad, existen ya funcionarios, que prácticamente exigen la coima, ya sea retrasando el despacho de la causa, desesperando así al Abogado y al usuario, o lo que es más grave torciendo los procedimientos legales, alrededor de éste caso podría citarse incluso el de funcionarios judiciales que realizan trámites de diferente índole, que corresponden exclusivamente al Abogado, protagonizando así una competencia desleal en contra del profesional del Derecho.

Decisiones de carácter administrativo

Dentro de la realidad en la que se desenvuelve la administración de justicia, citamos también, la existencia de procedimientos o actos de carácter jurídico, tales como la evacuación de informaciones sumarias, reconocimientos de firma y rúbrica, declaraciones juramentadas, certificados de antecedentes penales, y, la misma diligencia de citación con la demanda al demandado, sobre las que bastarían decisiones de carácter administrativo para que estos actos, que contribuyen no solo a la corrupción sino también a la lentitud en la administración de justicia, sean actos ágiles y transparentes y que inclusive podrían generar recursos para la Función Judicial.

Caducidad y confusión en las normas o procedimientos

La existencia de normas y procedimientos caducos para nuestra época, en unos casos; y, la falta de claridad en otras normas contribuyen a acumular trabajo innecesariamente y también a interpretaciones subjetivas y personales de quienes a su turno le corresponde aplicar la Ley, como es el caso de los juicios que tienen trámite especial o aquellos juicios denominados también de jurisdicción voluntaria.

Necesaria reestructuración

En conclusión, se impone de manera urgente la realización de diálogos entre los magistrados de la Función Judicial; sus empleados; y, representantes de los abogados en libre ejercicio de la profesión, a efecto de adoptar decisiones, muchas de ellas de carácter administrativo, sencillas y prácticas que si no alcanzarían a erradicar la corrupción, por lo menos permitirían el dotar al país de una administración de justicia, rápida, transparente y eficaz; y, en nuestro caso, un ejercicio profesional más digno y capaz.

Además realizar una reestructuración del sistema de citaciones; de la forma en que se recepta los correspondientes escritos, de la forma y términos en que se evacúan las diligencias previas, las mismas que por ejemplo no tienen relación con las diligencias solicitadas dentro de los respectivos juicios.

Cabe destacar una realidad incontrovertible, como es la existencia de magistrados, jueces y funcionarios judiciales a quienes no parece que les alcanza siquiera esta triste y amarga realidad, sino que por el contrario con estos factores y todas las circunstancias adversas, se encuentran prácticamente el día con el despacho de sus causas, demostrando con ello que el origen de la crisis no está en factores externos sino esencialmente en el ser humano. Por ello mi homenaje. Los abogados, oportunamente haremos públicos sus nombres.