Mandato Constituyente 4. NORMA CONFISCATORIA DE INDEMNIZACIONES

Lunes, 14 de marzo de 2016

Mandato Constituyente 4.

 

NORMA CONFISCATORIA DE INDEMNIZACIONES

 

Autor: Carlos Galarza Tobar

 

En publicación anterior puse en consideración del lector los antecedentes de los mandatos constitucionales y en particular del Mandato Constituyente 4, su texto normativo, normas laborales implicadas en el mismo, definiciones básicas para su comprensión, abreviaturas que comprende este trabajo y fundamentalmente cite la interpretación jurídica efectuada por el Director Regional del Trabajo como matriz de interpretación de varias instituciones y empresas públicas, la misma que textualmente dice:

??el Mandato Constituyente 4 es una norma constitucional jerárquica superior que está por encima de cualquier ley ordinaria u orgánica, decreto, reglamento, ordenanza u otra norma de menor valor, en donde se dispone que la indemnización por despido intempestivo, que reciban los trabajadores del sector público mediante acta de finiquito, no podrá ser superior a tres cientos salarios básicos del trabajador en general?

 LA INTERPRETACION JURÍDICA.-

El  Art. 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; establece: ?Métodos y reglas de interpretación constitucional.­- Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente.

Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos: Reglas y Principios de: solución de antinomias; Principio de proporcionalidad;­ Ponderación;­ Interpretación evolutiva o dinámica; Interpretación sistemática; Interpretación teleológica; Interpretación literal; principios generales del derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación.?

Conforme la doctrina: las normas se interpretarán según el sentido propio de las palabras[1], en relación con el contexto, los antecedentes históricos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. En esta tarea se atenderá fundamentalmente al espíritu o finalidad de aquéllas. Asimismo se aplicarán los principios hermenéuticos[2], de modo que se tenga una interpretación que sea, no sólo conforme a la Constitución, sino también que sea realizada  desde la misma.

En la corriente normativa, el principio de competencia, regla complementaria del principio de jerarquía normativa, supone que determinadas categorías de leyes tienen un ámbito material prefijado por la propia Constitución. De tal manera, cada una de ellas sólo podrá proyectar su fuerza normativa dentro de ese ámbito material, al cual queda limitada su competencia; en tanto que la condición de validez de las normas, establece que su infracción determina su nulidad o su no aplicabilidad.  

             Premisas para la interpretación del Mandato Constituyente 4

1.-        ¿El Mandato Constituyente 4 es norma Supra legal?

El  Art.  1 del Código Civil dice: "La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común".

La Disposición General Única del Mandato Constituyente 23 dispone: ?Los Mandatos expedidos por la Asamblea Constituyente están en plena vigencia. Para su reforma se adoptará el procedimiento previsto en la Constitución de la República del Ecuador para las leyes orgánicas.?;

Por tanto, los mandatos constitucionales son leyes, las mismas que tienen el nivel jerárquico de Ley Orgánica por lo que dichos mandatos son objeto de ampliación, modificación o reforma, característicos de la Ley, como ha venido ocurriendo. Este criterio se encuentra en varias sentencias de Casación de la Corte Nacional de Justicia, por tanto el considerar por parte del Ministerio de Trabajo y las otras entidades públicas el carácter de norma supra legal del Mandato Constituyente 4 es improcedente e impertinente en tanto asigna una categoría jerárquica que tergiversa el espíritu de la Ley analizada.

2.-        ¿El límite de 300 salarios básicos unificados a las indemnizaciones considera los resarcimientos de perjuicios provenientes de acuerdos laborales y/o provenientes de la ley e instrumentos internacionales?

a)      La parte argumental del Mandato Constituyente, en lo principal dice:

 ?Que, el Mandato Constituyente? no altera las normas ya existentes para el cálculo de liquidaciones e indemnizaciones??

?Que, la contratación colectiva en las entidades detalladas en el Art. 2 del Mandato Constituyente No. 2, al ser un derecho de los trabajadores, no puede generar privilegios y abusos en el pago de indemnizaciones por terminación de las relaciones laborales, en cualquiera de sus formas, que atenten contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley ?

Que, el establecimiento de límites o regulaciones generales en cuanto al pago de indemnizaciones por terminación de las relaciones laborales, bajo cualquier modalidad, contemplados en los contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito o cualquier otra forma de acuerdo en el sector público, financiero y no financiero, no significa atentar contra el derecho a la contratación colectiva, garantizado por la legislación nacional y convenios internacionales suscritos por el Ecuador; ?

De los considerandos señalados se concluye que al referirse con exclusividad a las limitaciones o regulaciones que puedan imponerse a las indemnizaciones contempladas en los Acuerdos laborales no se atenta a la Contratación Colectiva, la misma que ha generado privilegios y abusos que violentan el principio de la igualdad de los Ciudadanos ante la ley y sus derechos. El Mandato fija de esta manera el ámbito material exclusivo en los acuerdos laborales al que se referirán las disposiciones que determinan su competencia, en tanto expresamente considera que no altera las normas ya existentes para el cálculo de liquidaciones e indemnizaciones provenientes de la Ley.

b)      En la parte dispositiva el mandato dice:

 

Los dos primeros incisos del Art. de resolución del mandato señalan:

?Artículo 1.- El Estado garantiza la estabilidad de los trabajadores, la contratación colectiva y la organización sindical, en cumplimiento a los principios universales del derecho social que garantizan la igualdad de los ciudadanos frente al trabajo, evitando inequidades económicas y sociales.

Las indemnizaciones por despido intempestivo,.. acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito o cualquier otra forma de acuerdo o bajo cualquier denominación, que estipule el pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de relaciones individuales de trabajo, bajo la figura de despido intempestivo, no podrán ser superiores a trescientos (300) salarios básicos unificados del trabajador privado.?

            La Corte Constitucional en la Sentencia 004-09-SAN-CC[3]; en la que al analizar los Mandatos 2 y 4 señala:

 ?Esta disposición, orientada a garantizar la estabilidad de los trabajadores amparados por el Código del Trabajo, preserva el reconocimiento de las indemnizaciones establecidas en ese mismo cuerpo legal para el caso de terminación de la relación laboral producida de manera intempestiva por decisión del empleador, y establece como único valor anual ? para el caso de supresión de puesto o de cualquier terminación de las relaciones laborales, previstas tanto en contratos colectivos u otros convenios en los que se haya acordado la entrega de valores, bajo cualquier denominación, por tales conceptos. De esta manera, los trabajadores que se encuentran amparados únicamente por el Código del Trabajo, en caso de despido intempestivo, reciben las indemnizaciones allí previstas, y quienes estén amparados por convenios de cualquier naturaleza que establezcan reconocimientos por terminación de relaciones laborales, percibirán los valores establecidos en la norma en mención.?

La Resolución de Triple Reiteración de la Corte Suprema de Justicia, de 30 de junio de 2009; Registro Oficial 650 de 6 de agosto de 2009 que textualmente dice

?TERCERO: Que si las cláusulas del convenio son atentatorias a los preceptos legales carecen de validez jurídica, prevaleciendo la norma legal, mientras que si las cláusulas contractuales superan los acondicionamientos mínimos establecidos en la ley o en cuanto respeten el ordenamiento legal tendrán validez.?

La Resolución de Triple Reiteración de 30 de junio de 2009; Registro Oficial 650 de 6 de agosto de 2009 de la Corte Nacional de Justicia dice:

?PRIMERO: Que en aplicación ? de la Constitución Política de la República ?, se ha protegido el derecho de los trabajadores ? a las indemnizaciones que les corresponde por despido intempestivo que son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador e irrenunciable por parte del trabajador??

Relacionando el ámbito material de la Ley, los conceptos, las normas implicadas y el mandato, de lo expuesto se colige que la resolución restringe el ámbito material que se norma y por tanto la competencia del mandato, a todo acto jurídico bilateral suscrito mediante acuerdo en el campo laboral cuando se termine la relación de trabajo mediante despido intempestivo, acuerdos o documentos en los cuales se realicen concesiones, eventuales excepciones o reservas a las de la ley, para extinguir dadivas u obligaciones litigiosas o dudosas; estableciendo  una cuantía máxima de trescientos salarios básicos unificados del trabajador privado a los derechos concedidos por dichos documentos, a los funcionarios públicos, conforme el ámbito personal de validez de la Ley. El ámbito material por excepción excluye de este Mandato las indemnizaciones provenientes de las leyes e instrumentos internacionales, hecho que es ratificado por las Resoluciones de las Cortes Constitucional y Nacional que anteceden a este comentario.

El inciso tercero del  Art.  1 dispone:

 ?Ninguna autoridad, juez o tribunal podrá declarar como derecho adquirido, ni ordenar el pago, de una indemnización por terminación de relaciones laborales, bajo la figura de despido intempestivo por un monto superior al establecido en el inciso anterior.?

Con esta disposición por establecido el ámbito material, el objeto regulado son los acuerdos laborales y, el Mandato 4 limita el pago a una indemnización proveniente de los dichos acuerdos laborales en la cuantía fijada anteriormente, en el término de la relación laboral por despido intempestivo.

La disposición además suprime toda interpretación de posible acumulación en su aplicación, al referirse en forma imperativa a una indemnización de los acuerdos laborales, suprimiendo explícitamente las restantes indemnizaciones, al eliminar el principio de derecho adquirido que podrían aplicar las autoridades, jueces o tribunales.

En lo pertinente a los derechos adquiridos provenientes de las leyes, el Mandato al no modificar ley alguna, no genera antinomia o conflicto entre dos leyes que se suceden, ni contradicción del derecho atribuido bajo el imperio de una norma anterior, que se mantiene, pese a las disposiciones contrarias del nuevo texto. Esto ratifica que el Mandato no se refiere a las indemnizaciones legales, sino exclusivamente a aquellas obtenidas mediante acuerdos laborales.

En conclusión, se colige que las indemnizaciones provenientes de la Ley o de instrumentos internacionales, constitucionalmente intangibles, irrenunciables y de cumplimiento obligatorio, quedan excluidas de la competencia del Mandato 4, por así establecerlo, explícitamente, la doctrina, las sentencias de las Cortes Constitucional y Nacional y el propio Mandato, el mismo que al fijar su competencia en los acuerdos laborales, exclusivamente limita a una el número de indemnizaciones a percibir, en un límite de 300 salarios básicos unificados del trabajador general, en tanto no puede haber una multiplicidad de resarcimientos de daños que tienen el mismo origen.

3.-        ¿El Mandato Constituyen 4, dispone la acumulación global de valores provenientes de todo tipo de indemnizaciones existentes al momento del despido intempestivo?

El ?análisis? anterior determina con claridad los ámbitos y competencias del Mandato 4, y la improcedencia de considerar cualquier pretensión de acumulación de las indemnizaciones bonificaciones y contribuciones provenientes de los acuerdos laborales.

Lo pertinente es considerar si ¿los valores provenientes de las indemnizaciones otorgados por la Ley son acumulables?

La Resolución de Triple Reiteración de la Corte Suprema de Justicia, de 30 de junio de 2009; Registro Oficial 650 de 6 de agosto de 2009, textualmente dice:

?SEGUNDO: Que resumida la impugnación en casación a determinar si las normas contractuales consideran procedente la acumulación de indemnizaciones legales y contractuales originadas en un mismo hecho, es decir, en la ruptura unilateral de las relaciones de trabajo, en aplicación del inciso octavo del Art. 188 del Código del Trabajo que prescribe: "Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes..." y de las cláusulas señaladas de los contratos colectivos, se ha dilucidado que la acumulación de indemnizaciones por despido intempestivo procede siempre que la ley así lo disponga expresamente o cuando en el contrato individual o colectivo así se haya convenido por las partes integrantes de la relación laboral, es decir, que no es pertinente que a la sanción contemplada en la contratación colectiva se deba añadir la sanción contemplada por la ley. Así mismo, no implica que necesariamente debe existir una norma que determine expresamente la improcedencia de la acumulación de las dos

De la cita anterior, se demuestra que es obligatoria para el patrono y las autoridades administrativas y judiciales del trabajo, la acumulación de indemnizaciones otorgadas por la Ley e instrumentos internacionales en la elaboración de los finiquitos por parte del patrono, en tanto constituyen derechos de orígenes independientes, sobre un mismo hecho, Indemnizaciones o compensaciones que contiene para cada caso las restricciones o limites emanadas de la lógica y la cuantía del daño o perjuicio considerado en las propias leyes, como acatamiento de dispuesto en  Art.  30 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos[4], Instrumento internacional que en  Art.  29 también dispone:

?Artículo 29.- Normas de interpretación: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

 b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

Concluyendo, la ilegal e impertinente pretensión de interpretación del Ministerio Laboral, que, encasillando a las indemnizaciones de las leyes en forma independiente o acumulada en el Mandato 4, fija límites adicionales a las resarcimientos en provenientes de las leyes en forma  independiente o acumulativa, que constituye un despropósito jurídico y viola los instrumentos internacionales que garantizan el principio de igualdad[5] en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad conforme los Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Art. 24 de la Convención Interamericana de Derechos humanos, considerados en la Constitución de la República en los numerales 2 y 3 del  Art. 11[6]; y, en particular en este caso referentes a los Convenios sobre el Trabajo:[7], ?Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer?[8], Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (2007)[9], y otras, que prescriben sobre el principio de igualdad ante la ley, invocado por el mandato en mención.

Hecho fundamental de esta argumentación constituye la expedición de la posterior indemnización al mandato, correspondiente al despido intempestivo de las personas con discapacidad, dispuesto mediante Art. 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, emitida el 26 de Junio del 2012 y publicada en el Registro Oficial Suplemento No.796 de 25 de septiembre del 2012, que considera una indemnización adicional a la del Código como resarcimiento del daño, en aplicación del derecho de igualdad para este grupo vulnerable. La interpretación contraria consistiría en hacer de la Ley permisiva de inequidades y errores, en tanto el Mandato 4 como ley orgánica es anterior a esta disposición.

De pretenderse alguna acumulación con la indemnización y bonificación del Art. 188, se conculcarían derechos sobre las indemnizaciones de los Art. 154; 179; 187; 193; 233; y; 452., que aplicando el principio de igualdad de las personas ante la ley en aplicación de las acciones afirmativas de los acuerdos internacionales, generó resarcimientos por los daños causados por el despido intempestivo a trabajadores, con falencias temporales o permanentes, considerados la parte débil y vulnerable en la relación laboral.

De aplicarse el Mandato 4 como lo interpreta el Ministerio del Trabajo, este además sería discriminatorio para los funcionarios públicos pertenecientes a grupos vulnerables cuyos derechos también están garantizados por la Constitución.

Aplicando el principio de jerarquía, en el supuesto no consentido de que el Mandato Constituyente 4 (Ley Orgánica), acorde su ámbito material limitase las indemnizaciones de otras leyes, por la jerarquía de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, esta no tendría efecto alguno considerando el rango superior de los Convenios de origen de las leyes que incluyeron estos derechos y por existir disposición expresa de no limitación de derechos en tanto la constitución dispone: ?En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución?; ?La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.?; ?Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica?.

Sobre los errores jurídicos o de interpretación es necesario que el lector envié sus comentarios o ponencias motivadas al email señalado.

 

Dr. Carlos Galarza Tobar

cgalarzat@hotmail.com

 



[1] Código Civil; Artículo 18; Regla 3.-

[2] La aplicación de los principios hermenéuticos del sistema jurídico supone la obligación de interpretar las normas jurídicas de acuerdo con el sistema de derechos humanos: a) Toda interpretación debe respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales; b) Interpretación sistemática; c) Prohibición de interpretación restrictiva respecto de derechos fundamentales; y, d) El "in dubio pro libertate".

[3] Corte Constitucional; Sentencia 004-09-SAN-CC[3]; Registro Oficial Suplemento N° 43, de 8 de oct. de 2009.

[4] Convención americana de derechos humanos:

?Artículo 30. Alcance de las Restricciones: Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.?

[5] El principio de igualdad para Carlos Bernal Pulido "... impone al Estado el deber de tratar a los individuos de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos", concretándose en cuatro mandatos, esto es 1. Un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, 2. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios cuyas circunstancias no sean comunes, 3. Un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presentes similitudes y diferencias, pero que sean mayores las primeras, 4. Un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presentes similitudes y diferencias, pero que sean mayores las segundas. El derecho de los derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2006, pág.257.

[6] ?2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

[7] Se cita únicamente los convenios sobre no discriminación:

Convenio C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.

Convenio OIT 111, Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000

[8] CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (ONU, 1979)

[9] Además debe considerarse:

Declaración de Quito sobre Protección y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. (2003); y Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (1999),