Las reformas que necesita la Constitución

Por: Fundación Hacia la Seguridad
Imperio de la Ley

E N EL PROGRAMA JUSTICIA PARA TODOS los juristas Edgar Terán Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley y Luis Fernando Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales analizaron la ilegal eliminación de algunos miembros del Tribunal Constitucional y de algunos miembros del Tribunal Electoral y las deficiencias jurídicas de nuestra Constitución.

Para Luis Fernando Torres los Magistrados del Tribunal Constitucional fueron cesados en sus funciones mediante una simple resolución, cuando la Constitución y la Ley Orgánica de Control Constitucional establecen que solamente mediante juicio político o enjuiciamiento político se pueden destituir a ciertos magistrados. Este acto de la mayoría oficialista en el Congreso Nacional fue inconstitucional, dijo Torres.

Sobre el tema, Edgar Terán coincidió en que no había manera de eliminar a los miembros del Tribunal Constitucional o del Tribunal Electoral sino por juicio político. Además indicó que los miembros del Tribunal Electoral debían haber sido eliminados en juicio político por la cantidad de ilegalidades que han cometido; pero que la resolución del Congreso se la realizó por motivos que son totalmente ajenos al derecho, a la Constitución y a la ley.

Luís Fernando Torres consideró que las inconstitucionalidades cometidas en este caso han quedado en evidencia cuando posteriormente los Magistrados del Tribunal Constitucional fueron llamados a juicio político y no hubo la mayoría absoluta para censurarlos y peor para destituirlos. Para Torres, los Magistrados del Tribunal Constitucional, en principio retendrían sus cargos y con razón podrían realizar denuncias ante tribunales internacionales en contra de lo actuado por el Congreso. El doctor Oswaldo Cevallos, uno de los miembros destituidos, ha indicado que va ha recurrir a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para demandar la reparación por la violación de sus derechos.
Sobre este tema, existe un antecedente, en 1991 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado peruano por una destitución de los Magistrados del Tribunal Constitucional peruano. En ese caso sí hubo juicio político, pero inobservándose el derecho a la defensa, a tal punto que tuvieron que ser restituidos a sus cargos.

Edgar Terán explicó que aunque el argumento de los legisladores que han actuado ilegalmente es que cuando fueron nombrados los miembros ahora cesados se hizo una votación por plancha y no se permitió votar individualmente; existe en el derecho administrativo. Este derecho administrativo indica que aunque un acto sea ilegal, cuando ya el acto ha producido efectos, tiene que ser otro el órgano que revise. Es totalmente contrario a derecho, decir que hubo una violación en la nominación y por eso el Congreso ha revisado esa nominación.

También explicó Terán que la falta de lógica del argumento queda totalmente en evidencia cuando se ha procedido a eliminar a algunos por esa circunstancia y no a todos, «es decir, que ni siquiera se aplica un sentido de equidad en esto».

¿Qué debemos hacer con nuestra constitución?

Luis Fernando Torres aseguró que hay una lamentable conexión entre un Estado fuerte y un pueblo débil, dividido, esclavo de la burocracia estatal. En este sentido, el derecho, cuando se respeta, es el única arma con la que cuenta el individuo para protegerse del Estado.

Para los juristas, el Ecuador se enfrenta a la necesidad de una nueva revolución, pero al rescate del estado de derecho.

Edgar Terán comentó que de acuerdo a su opinión la Constitución del Ecuador si merece reformas. Es que la actual Constitución «es producto de una pseudo Consulta Popular infame .

Que se organizó el año 78 para salir de la dictadura, cuando nos impusieron 1 de 2 textos que la dictadura elaboró y ambos igualmente faltos de estructura y luego rearmada a través de los consensos el año 98, pero no remediada en cuanto a todas sus fallas».

Para Terán varios conceptos de la Constitución están equivocados, lo cual provoca una suerte de postración de las instituciones. Para el jurista, el Ecuador necesita volver a tener una buena constitución como la del año 46, pero claro al avance de los tiempos, en el siglo XXI: «necesitamos una probablemente más corta, más precisa y con instituciones mejor estructuradas», dijo.

Defectos de la Constitución

Estructura presidencial:

Según la Constitución, el Presidente de la República es jefe del estado, jefe de la administración pública y jefe de la función ejecutiva. Es decir tiene poderes sumamente amplios. Sin embargo, ni siquiera en Estados Unidos, la cuna del presidencialismo, se le da al Presidente tantos poderes como le da la constitución ecuatoriana al nuestro.

Debería haber un control político del Congreso sobre ciertos actos del ejecutivo, que actualmente no los hay, por ejemplo sobre los perfiles de ciertos funcionarios que puede nombrar el ejecutivo.

Es necesario limitar los extra poderes del presidencialismo, darle al Congreso un poder de control real sobre ciertos aspectos de la administración.

Estructura legislativa:

El bicameralismo sería adecuado para el país. Habría una Cámara Alta dedicada a manejar asuntos técnicos en materia legislativa y también pronunciarse sobre las grandes orientaciones políticas en materia de seguridad interna y externa, relaciones internacionales, endeudamiento público externo. Esta Cámara Alta se encargaría de la acción legislativa, una Cámara integrada con Senadores de altísimo nivel posiblemente elegidos nacionalmente, no necesariamente por listas, sino a título individual.

Además habría una Cámara baja, la de Diputados, con Diputados provinciales o distritales eventualmente dedicados a fiscalizar y a hacerse cargo de alguna legislación no trascendente, talvez de la legislación coyuntural para que el Senado sea el gran defensor de los principios fundamentales del derecho y las libertades públicas básicas.

Estructura Judicial:

Un acierto de la Constitución actual es ordenar que todos los jueces sean dependientes del sistema judicial. Con las dictaduras militares sucesivas que han sufrido el país y toda América Latina, la justicia pasó a ser ejercida por empleados del ejecutivo. La mayor cantidad de jueces en el Ecuador todavía son jueces administrativos, los que resuelven sobre temas de tierras, aguas, sobre caminos e impuestos. También resuelven sobre materia municipal. La Constitución ordena centralizar la justicia, es decir ordena la unidad jurisdiccional.

Además, una Corte Suprema de 31 miembros es excesiva. El hecho de que existan varias salas que tratan una misma materia, teniendo en cuenta que esas salas son de casación, resulta antinatural. Lo acertado seria reducir el número de salas, para tener salas únicas o simplemente tener una Corte de Casación en la cual cualquier sala trate sobre cualquier materia.
La Corte debe tener la capacidad de nombrar tantos conjueces cuantos sean necesarios para el oportuno despacho de todas las causas, para que no se creen cuellos de botella.

Paralelamente, ciertas decisiones judiciales deben ser objeto de amparo. Actualmente existe una norma que protege a cualquier sentencia judicial del amparo, lo cual es infame. Esa norma les hace irresponsables a los jueces, inclusive a los Magistrados de la Corte Suprema y esa norma se lleva a tal exageración, que ahora los cobradores de coactivas dicen que son jueces y que sus sentencias no pueden ser objeto de amparo. Es decir se deja al ciudadano en indefensión.

Presupuesto desmesurado

Para Edgar Terán en este año no tendremos un gran problema fiscal, pero eso no quita el hecho, de que el presupuesto del Estado sea absolutamente desproporcionado e injusto. Hay un gasto público por un lado desmesurado y por otra parte hay ausencia absoluta de atención a una cantidad de obligaciones estatales.

Sobre el tema, Luis Fernando Torres indicó que el Congreso solamente se pronuncia sobre el presupuesto del gobierno central, que el próximo año será de 700 millones de dólares aproximadamente. Es decir el Congreso no conoce ni se pronuncia sobre el gasto público total. Torres dijo que sin contar con las entidades públicas financieras y las empresas eléctricas, el gasto público bordea los 12 mil millones de dólares y el crecimiento entre el 2004 y el 2005 es del orden del 13%, un crecimiento descomunal del gasto público,
Hay una burocracia dorada rapaz, verdaderamente infame frente a las posibilidades y a las condiciones del país. Esa burocracia es la que empujó la Norma del Servicio Civil y Carrera Administrativa de que el tope de sueldo sea el del Presidente de la República, pero para eso le subieron el sueldo al Presidente de 800 dólares a 8.000. Terán reiteró una vez más el pedido al Presidente de la República para que se rebaje el sueldo.