LA REPARACIÓN INTEGRAL

Lunes, 08 de diciembre de 2014

 

LA REPARACIÓN INTEGRAL

 

Autor: Dra. Mariana Yépez Andrade

 

 

¿La reparación integral es un derecho o es una pena?

 

Nos planteamos esta interrogante para establecer si es una pena accesoria que responde a la teoría retributiva, o si es un derecho exclusivo de las víctimas.

 

 

1.- La reparación Integral como pena:

Para responder la primera inquietud es preciso  revisar brevemente la teoría de la pena, que recoge el COIP en el artículo 52, el cual determina los fines de la pena:

-la prevención general para la comisión de los delitos;

-el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena; y,

-la reparación del derecho de la víctima.

 

Del contenido de este artículo se infiere que la teoría de la pena asumida por el Estado es la de  prevención general, la misma que consiste en ver a la pena como forma de prevención frente a los ciudadanos. Al efecto, el profesor Alberto Donna manifiesta: ?la pena tiene como objetivo su conminación como intimidación de todos, como posibles protagonistas de futuras lesiones jurídicas, tiene como objetivo la aplicación efectiva de la sanción legal.?

 

En cambio la Prevención General Positiva, elaborada por Roxin enfrenta al delito de tres maneras: a) la misión del derecho penal es la de proteger bienes jurídicos, que amenaza a la sociedad, siendo este el momento clave de la prevención general; b) la pena se impone y se mide judicialmente; y, c), las penas se deben ejecutar teniendo en cuenta la resocialización del delincuente y su reinserción en la sociedad.

 

En este sentido,  la finalidad de la pena de acuerdo a lo señalado por  el COIP es la prevención general positiva, y por  tanto la reparación del  derecho de la víctima es obviamente parte de la pena, tanto es así que en la sentencia en la que se declare la culpabilidad, los Jueces deben disponer la reparación integral de la víctima siempre que se hubiere identificado, y consta además como un requisito formal de la sentencia y una exigencia declarativa junto a la  condena.

 

Por lo expresado, la reparación integral es una pena, conclusión que tiene sustento además en las soluciones que da Claus Roxin para elaborar jurídicamente la idea de la reparación: a) La composición privada del conflicto; b) La incorporación de la reparación como una tercera clase de pena, junto a la privativa de la libertad y a la multa; y, c) La introducción de la restitución en el derecho Penal como fin de la pena. Afirma además que sería recomendable ?construir la reparación al lado de la pena y la medida, como un ?tercer carril? del Derecho Penal? (La reparación en el sistema de los fines de la pena, en ?De los delitos y de las víctimas? Buenos Aires, Ad-Hoc)

 

Pero el autor considera que ?la reparación?debería, en lo posible ser un resultado espontáneo y voluntario, o, cuando menos, conseguido por la vía del acuerdo y no tener que ser impuesto recién como pena.?  Esto significa que para la reparación debe existir un acercamiento entre la víctima y el victimario, lo que podría dar lugar a la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, a fin de que se deje a la Justicia punitiva penal únicamente los casos de gran lesividad, considerando el daño al bien jurídico protegido, lo que se adecua al marco jurídico de Ecuador, pues el artículo 195 de la Constitución de la República declara que en materia penal debe aplicarse el principio de mínima intervención, o sea que el derecho penal sería de última ratio.

 

Sobre la reparación a las víctimas los artículos Arts. 619, numeral 4; 621; 622 numeral 6; y,  628 del Código Orgánico Integral Penal establecen que si se ha declarado la culpabilidad y la pena, el juzgador dispondrá la reparación integral de la víctima siempre que ésta sea identificable, debiendo la sentencia ser motivada y tener claridad en la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima. La sentencia establecerá las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios.

 

En definitiva toda sentencia condenatoria contemplará la reparación integral de la víctima, con la indicación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas.  

 

El proceso penal ha sido configurado para establecer la existencia del delito y la responsabilidad de los partícipes en ese hecho, y actualmente el Código Orgánico Integral Penal, consagra  otra finalidad del proceso, cual es la reparación integral de la víctima, por lo que el pago de los daños producidos por efecto del delito ya no es un tema ajeno al debate procesal, ni se requiere de otro proceso civil, de carácter independiente y posterior a la sentencia condenatoria.

 

De lo indicado, la posición concluyente es que la reparación integral si es una pena.

 

2.- La reparación como derecho:

La reparación integral está ligada a la víctima, por lo que es preciso identificarla, Al igual que  sus derechos a través de los Instrumentos Internacionales, la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, especialmente en el proceso.

 

2.1.- La Víctima y sus derechos: Para la conceptualización de la víctima se tiene como base la Declaración de Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre del año 1985, que define a las víctimas como ?las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder?. Para la Declaración son víctimas también  ?los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.? 

 

Sobre la misma materia es importante mencionar la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas dictada en Argentina por la Cumbre Judicial Iberoamericana, en abril del año 2012, en cuyo artículo 2 define a la víctima como ?toda persona física que haya sido indirectamente afectada en sus derechos por una conducta delictiva, particularmente aquellas que hayan sufrido violencia ocasionada por una acción u omisión que constituya infracción penal o hecho ilícito, sea física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico?. También amplía ese rango a la familia inmediata o las personas que están a cargo de la víctima directa.

 

Esta declaración aparte de señalar los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, contiene un catálogo de derechos: el acceso a la justicia y trato justo, vinculado a la reparación de las víctimas y a la necesaria adecuación de los procedimientos judiciales; y; los derechos de resarcimiento, indemnización y asistencia.

 

Respecto de los derechos de las víctimas y fundamentalmente  la reparación conviene referirse a la Resolución de las Naciones Unidas 2005/35  referente a los ?Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones?. Es  relevante el  Convenio 116 del Consejo de Europa de 24 de noviembre de 1983, que  fija normas mínimas en orden a la indemnización a las víctimas de delitos violentos.  No podemos dejar de mencionar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que en lo relativo a la reparación a las víctimas establece  que la reparación incluye la restitución, la indemnización y la rehabilitación (Art. 75).

 

 

2.2.- la víctima en la legislación ecuatoriana:

Según el COIP (Art. 439) la víctima es un sujeto procesal, lo mismo que la persona procesada, la Fiscalía y la Defensa;  por tanto es uno de los sujetos procesales  principales, o sea aquellos sin los cuales no puede existir un proceso; sin embargo, la presencia de la víctima de acuerdo con el artículo 11 es opcional, ya que en el numeral 1 le faculta proponer acusación particular, participar en el proceso, y también puede dejar de hacerlo en cualquier momento.

 

Conforme al artículo 441 ibidem, son víctimas las personas que han sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por efecto de una infracción penal. Esta descripción es genérica, lo que evidencia que las víctimas son las personas que sufren directamente cualquier tipo de daño como consecuencia de un delito, pero amplía al  cónyuge o pareja  en unión libre, incluso del mismo sexo, a los ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, y además a quienes compartan el hogar de las personas agresoras o agredidas en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

 

El artículo 78 de la Constitución de la República sienta las bases de los derechos de las víctimas y crea el marco para la reparación integral, que incluirá el conocimiento de la verdad y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.

 

Con este precedente, el COIP en el artículo 11 detalla sus derechos siendo uno de ellos la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos, en los mismos términos del precitado artículo 78 de la Constitución. Estos mecanismos que se detallan en el artículo 78 del COIP no son excluyentes, por lo que el Juez puede disponer una u otra forma de reparación,  tomándose en cuenta elementos que determinen la naturaleza de la reparación y su monto, y para ello se apreciarán las características del delito, el bien jurídico protegido, y el daño sufrido.

 

Por otra parte, el artículo 77 del COIP precisa lo que se ha de entender por reparación integral: una solución que tiene la finalidad de restituir al estado anterior de la comisión del hecho,  satisfacer a la víctima; y, hacer cesar los efectos de las infracciones cometidas.

 

El propio Código establece medidas cautelares en el artículo 519, que tienden a proteger los derechos de  las víctimas y demás participantes en el proceso penal, y  a garantizar su reparación integral. Es preciso dejar constancia de que las víctimas pueden reclamar la reparación integral aunque no presente acusación particular (Art. 432)

 

La restitución integral que menciona el segundo inciso del artículo 77 del COIP, es una forma de reparación integral; es un derecho y una garantía para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción al daño causado, o sea que la restitución comprende la restauración y la compensación. No obstante, el artículo 78 va más allá de las definiciones  del artículo 77 ,  ya que la restitución está comprendida entre los mecanismos de reparación junto con la rehabilitación, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, las medidas de satisfacción o simbólicas, y las garantías de no repetición.

 

De lo expresado, se llega a la conclusión de que la reparación integral se manifiesta como un derecho y se correlaciona con una pena condenatoria.

 

3.- La Reparación:

La reparación integral tiene como antecedente la justicia reparadora que a su vez, se inicia en el Congreso Internacional de Budapest de 1993;  se consolida en simposios internacionales de victimología en 1994, 1997 y 2000, pero fue las Naciones Unidas  que dio inicio al respeto de los derechos de las víctimas.

 

Para tener un concepto de reparación integral  se debe tomar en cuenta varios elementos, y como manifiesta  el doctor Andrés Javier Rousset Siri, se debe construirlo a partir de la premisa de que el pleno restablecimiento de las obligaciones de respeto y garantía requiere un complejo diseño de medidas de reparación que tiendan, no sólo a borrar las huellas que el delito ha generado, sino también comprensivo de las medidas tendientes a evitar su repetición, las mismas que tendrán como principal objetivo las consecuencias patrimoniales, y además se deberá trabajar en las medidas extrapatrimoniales.

 

Es preciso señalar que no solamente quien comete un delito tiene obligación de reparar a la víctima, sino también el Estado cuando se ha incurrido en violación de derechos humanos. Las sentencias de la Corte Interamericana condenan a los Estados, y no a los particulares,  pero son precedentes obligatorios para modificar las legislaciones nacionales en  orden a  la reparación cuyas formas son:  el resarcimiento y las indemnizaciones; y, para establecer diferencias entre las obligaciones del Estado y las del delincuente, distingamos también el resarcimiento de la indemnización.

 

Según Luis Rodríguez Manzanera el resarcimiento es la reparación del daño a cargo del delincuente, incluyendo perjuicios, lesiones personales y menoscabo de la propiedad. La indemnización en cambio es la reparación del daño proporcionada por el Estado u otro fondo establecido para tal fin.

El Relator Especial de Naciones Unidas, Theo van Boven, en el Proyeto de Principios y Directrices Básicos relativos a la reparación de violaciones flagrantes de los derechos humanos propuso que para la  reparación de  una violación a los derechos humanos existen: 1) la restitución; 2) la indemnización; 3) Proyecto de vida; 4) la satisfacción y las garantías de no?repetición.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene abundante jurisprudencia sobre la reparación integral, sin embargo sus resoluciones se dirigen a los Estados como violadores de los derechos humanos, pero merece tomar en cuenta sus criterios para establecer la indemnización compensantoria, las indemnizaciones, el daño moral, daño emergente y lucro cesante, el daño patrimonial familiar, el rubro por el proyecto de vida, que es una noción diferente del daño emergente y del lucro cesante. No hay  un desarrollo jurisprudencial concreto sobre el proyecto de vida, aunque ya se han establecido algunos parámetros tales como que implica una indemnización. En el caso Cantoral Benavides vs. Perú, la Corte consideró oportuno reparar el daño al proyecto de vida con una beca de estudios superiores que cubra además, la manutención durante toda la carrera elegida. En términos similares se compensó ese rubro en el caso Gómez Palomino Vs. Perú.

En el derecho comparado hay varios modelos de sistemas reparatorios, así pues un modo de pena porque proviene de un Juez o Tribunal, es una ?sanción de reparación?, en la cual la decisión la tiene el Juez. Otro modelo también tiene la intervención del Juez y  es la suspensión del juicio, en la que se pone a prueba al procesado, para que cumpla ciertas condiciones durante un período determinado, es la ?suspensión del juicio a prueba?, y  entre las medidas ordenadas estaría la reparación del daño causado a la víctima. Este modelo ha sido derogado en nuestra legislación; existió en el Código de Procedimiento Penal y creo que era un camino útil para la reparación de las víctimas. Hoy está vigente el método alternativo de solución de conflictos, pero que no  sustituye a la suspensión del juicio,  ya que es otro modelo que nace de la comunicación de la víctima y del agresor.

 

En la legislación penal ecuatoriana se aplica el modelo de sanción de reparación, como parte de la sentencia condenatoria, y debería ser también el de conciliación. En todo caso, la reparación es una pena y también es un derecho que contempla varios aspectos que han sido definidos en los instrumentos internacionales y en las sentencias de la Corte Interamericana, pero en cualquier forma que sea es una medida que tiende a concluir conflictos sociales derivados del delito, en una forma más ágil y menos traumática. Sobre este tema, acertadamente  dice Zaffaroni en su informe sobre sistemas penales y derechos humanos en América Latina: ?la reparación del daño es una medida de ?pacificación social?, por lo que debe fomentarse, haciendo que el condenado prueba haber indemnizado a la víctima antes de obtener cualquier beneficio, creando fondos de reparación, posibilitando la extinción o suspensión de la acción penal cuando el procesado hubiere reparado el daño, extendiendo el plazo de la prescripción a la acción civil emergente, etc.?

 

Quito, 01 de Diciembre del 2014.

 

Dra. Mariana Yépez Andrade,

marianayepez@uio.satnet.net

 

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