LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL COIP.

Lunes, 25 de enero de 2016

 

LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL COIP.

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar. [1]

 

En los últimos años, nuestro país ha sufrido una serie de cambios dentro del aparataje jurídico, empezando por la creación de la Constitución de la República del Ecuador, de 2008[2], misma, que tras su emisión, implicó una reforma integral de un sin número de leyes.

Dentro de las cuales, debemos referirnos al Código Orgánico Integral Penal, norma integra que englobo la parte sustantiva, adjetiva y ejecutiva en un mismo cuerpo normativo.

Creando una serie de tipos penales nuevos, así como estructuras procesales; pero bien dentro de este artículo, lo que debemos analizar es lo referente a la prisión preventiva dentro del Código Orgánico Integral Penal.

Es por ello, que es necesario estudiarla de la siguiente manera:

I.- Conceptualización:

Según el maestro Claus Roxin, la prisión preventiva en el proceso penal ?es la privación de la libertad del imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena.?[3]

Para Cafferata Nores, la prisión preventiva es:

 ?el fundamento del encarcelamiento preventivo, es la necesidad de asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, y que aquel rigor máximo deja de justificarse cuando estos objetivos pueden ser cautelados con medidas menos severas, surge la idea de evitarlo antes de que ocurra, o hacerlo cesar cuando ya se haya producido, siempre que en ambas hipótesis la privación de libertad no sea necesaria.?[4]

Para el Dr. José García Falconí, la prisión preventiva es entendida como:

 ?una medida de carácter cautelar personal, que se aplica con el fin de garantizar la investigación de la comisión de un delito y el mantener la inmediación del imputado con el proceso, pero debiéndose tener en cuenta que son personas que gozan de la presunción de inocencia.?[5]

Es decir, de todas estas definiciones, podemos entender que la prisión preventiva, es una medida de neutralización provisional, de carácter cautelar de la libertad ambulatoria, ya que produce una limitación de la libertad individual de una persona en virtud de una declaración de voluntad judicial, emitida por autoridad competente, con el fin de asegurar los fines del proceso penal y la eventual ejecución de la pena.

Es por ello, que dentro del Art. 522, núm. 6 del Código Orgánico Integral Penal, se ubica a la prisión preventiva como una medida cautelar para asegurar la presencia de la persona procesada.[6]

II.- Objetivos de la Prisión Preventiva:

1.    Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal;

2.    Garantizar una investigación de los hechos, en debida forma por los órganos de persecución penal;

3.    Asegurar la ejecución penal;[7]

4.    Evitar la paralización del proceso;

5.    Garantizar la inmediación del procesado con el proceso;

6.    Evitar que el procesado obstaculice la acción de la justicia;[8]

Aparentemente, visto de esta manera, la prisión preventiva parecería que fuera óptima, sin embargo, no lo es, ya que esta es una medida cautelar de ultima ratio, que solo debe ser aplicada, cuando no exista ninguna otra forma para garantizar, que el procesado cumpla con estos objetivos antes mencionados.

Ya, que la prisión preventiva, dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como lo es el Ecuador, debe respetar el principio de proporcionalidad, es decir, que solo se restringirá la libertad, mediante la prisión preventiva, cuando sea estrictamente necesario, a fin de generar un equilibrio, entre la investigación del acto delictual posiblemente cometido, y la satisfacción de la protección de la ciudadanía, que ha encomendado al Estado la persecución penal, a fin de mantener el orden social.

III.- Requisitos:

            Para, poder dictar la prisión preventiva, se debe cumplir con los siguientes requisitos, de conformidad, con el Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal:

?1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción.

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción.

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena.

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año.

De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad.?[9]

Como, podemos darnos cuenta, todos estos requisitos, determinan, que la pertinencia de la prisión preventiva, se aplicara solo si el delito, reviste cierta gravedad, de acuerdo con la importancia del bien jurídico lesionado, esto dando pleno cumplimiento al Art. 77 numeral 1,  de la Constitución de la República del Ecuador, que señala que:

 ?La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso.? [10]

 

 

IV.- Revocación de la Prisión preventiva:

La revocatoria de la orden de detención de la prisión preventiva, consiste básicamente, si se cumplen con los presupuestos establecidos en el Art. 535 del Código Orgánico Integral Penal que son los siguientes:

?1. Cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron.

2. Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado su estado de inocencia.

3. Cuando se produce la caducidad. En este caso no se podrá ordenar nuevamente la prisión preventiva.

4. Por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida.?[11]

Es decir, una vez verificada la existencia de alguno de estos parámetros, se podrá solicitar al Juez, que revoque la prisión preventiva.

V.- Sustitución:

            Opera de conformidad con lo señalado en el Art. 536 del Código Orgánico Integral Penal, es decir esta podrá:

 ?[?] ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años.

Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado.?[12]

Para el Dr. Ricardo Vaca Andrade, cuando se refiere a las medidas cautelares, manifiesta que:

?resulta claro que en ciertas ocasiones, aunque no como regla general, se hace indispensable que el titular del órgano jurisdiccional, es decir el Juez penal competente y únicamente él, disponga la adopción de una o más medidas para asegurar la presencia del procesado, de los objetos empleados para cometer el delito, para que en el momento oportuno puedan servir como medio de prueba, y en el caso de que la sentencia sea condenatoria pueda ejecutarse en su persona la pena establecida por ésta.?[13]

Las medidas cautelares contempladas por nuestra normativa, son las establecidas en el Art. 522 del Código Orgánico Integral Penal, con referencia a las medidas de carácter personal, entre las cuales tenemos:

1. Prohibición de ausentarse del país.

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe.

3. Arresto domiciliario.

4. Dispositivo de vigilancia electrónica.

5. Detención.

6. Prisión preventiva.[14]

Las medidas cautelares sobre los bienes de la persona natural, por su parte son las establecidas en el Art. 549 del Código Orgánico Integral Penal, entre las cuales tenemos:

1. El secuestro

2. Incautación

3. La retención

4. La prohibición de enajenar.[15]

Las medidas cautelares sobre los bienes de la persona jurídica, por su parte son las establecidas en el Art. 550 del Código Orgánico Integral Penal, entre las cuales tenemos:

1. Clausura provisional de locales o establecimientos.

2. Suspensión temporal de actividades de la persona jurídica.

3. Intervención por parte del ente público de control competente.[16]

Cabe mencionar además, que de conformidad con el Art. 537, del Código Orgánico Integral Penal, se manifiesta que:

?Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, en los siguientes casos:

1. Cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en los noventa días posteriores al parto. En los casos de que la hija o hijo nazca con enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podrá extenderse hasta un máximo de noventa días más.

2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de edad.

3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de alta complejidad, rara o huérfana que no le permita valerse por sí misma, que se justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado por la entidad pública correspondiente.

En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el arresto domiciliario no podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la víctima.?

VI.- Sustitución, improcedencia y resolución:

De conformidad con el Art. 538 ?Se suspenderá la prisión preventiva cuando la persona procesada rinda caución.?[17]

Y se declarará la improcedencia de la misma siempre y cuando cumpla con lo establecido en el Art. 539, cuando:

 

1. Se trate de delitos de ejercicio privado de la acción.

2. Se trate de contravenciones.

3. Se trate de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no excedan de un año.[18]

De conformidad con el Art. 540, ?La aplicación, revocatoria, sustitución, suspensión o revisión de la prisión preventiva, será adoptada por la o el juzgador en audiencia, oral, pública y contradictoria de manera motivada.?



[1] Abogado, conferencista y escritor.  (@Jose_SCornejo)

Correo:  scor1719@hotmail.com

[2] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).

[3] Claus Roxin, Derecho Penal Parte General, vol. 2 edición (Civitas, 1999)., p.257.

[4] CAFFERATA Nores, José I, TEMAS DE DERECHO PROCESAL PENAL, tomo I, Editorial DEPALMA, Buenos Aires, 1988, p. 35.

[5] GARCÍA Falconí, José C, LA PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LAS OTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ediciones RODIN, Quito, 2002., p. 88.

[6] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).

[7] Claus Roxin, Derecho Penal Parte General.

[8] Ricardo Vaca Andrade, Manual de derecho procesal penal, 4. ed. actualizada, Cátedra, no. 11-1, 11-2 (Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011).

[9] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).

[10] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).

[11] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).

[12] Ibid.

[13] Vaca Andrade, Manual de derecho procesal penal., p. 651.

[14] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).

[15] Ibíd.

[16] Ibíd.

[17] Ibíd.

[18] Ibíd.

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