Emprendedora y dueña de su destino: mujeres que usan la ley para cambiar la economía del Ecuador

Autora: Dra. Carolina Fabara

En Ecuador, al hablar de crecimiento económico sin incluir a las mujeres, se está describiendo solamente la mitad de la realidad. De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2023-2024, las mujeres representan el 51,18% de los emprendedores en Ecuador, lo que coloca al país entre aquellos con la mayor proporción de emprendimiento femenino a nivel global. No obstante, este liderazgo coexiste con profundas brechas: la mayoría de estas iniciativas surgen por necesidad, permanecen en un estado informal y sufren violencia patrimonial y económica, precisamente porque quienes las lideran no tienen acceso a información legal suficiente para salvaguardar su trabajo e integridad. Ante esta situación, el derecho desde las normativas contra la violencia hasta las reglas sobre establecimiento de empresas y propiedad intelectual se transforma en una herramienta estratégica para que las mujeres dejen de subsistir en la economía y empiecen a dirigirla.

Las mujeres ecuatorianas de entre 25 y 44 años que se dedican al comercio mayorista y minorista son el rostro del emprendimiento femenino en Ecuador. Aunque ven al emprendimiento como una opción factible de carrera, suelen ingresar a la actividad económica por la escasez de empleo formal. La motivación por necesidad, junto con las capacidades emprendedoras y los vínculos de apoyo, es uno de los elementos más determinantes para que las mujeres ecuatorianas comiencen empresas, según investigaciones recientes. Esta mezcla provoca que muchas iniciativas surjan con un fuerte impulso pero sin bases legales firmes: empresas que no tienen RUC, contratos escritos, marcas registradas o separación entre el patrimonio personal y el empresarial. En este contexto, una pelea familiar, un incidente de violencia o una separación de pareja son suficientes para que se esfumen años de trabajo arduo. Esto sucede porque la mujer no es reconocida como dueña de la empresa ni de los activos que ella misma contribuyó a crear.

La violencia de género no solo es un crimen y una violación a los derechos humanos, sino que también obstaculiza directamente el progreso económico. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM) reconoce que la violencia se manifiesta de forma física, psicológica, sexual, patrimonial, simbólica y política, y obliga al Estado a actuar bajo cuatro ejes: prevención, atención, protección y reparación. La violencia patrimonial afecta directamente la capacidad de la mujer para tomar decisiones sobre su propio proyecto de vida y para generar ingresos desde el punto de vista económico. Esto incluye situaciones como que el agresor impida que ella trabaje, controle el dinero, esconde bienes o la excluya de los derechos sobre la vivienda o el negocio. La misma ley establece medidas de protección concretas para estas situaciones: los magistrados tienen la facultad de solicitar un inventario de los bienes de la víctima, impedir que el agresor mueva o esconda esos bienes y ordenar que se activen programas y servicios para incluir a las mujeres víctimas de violencia y sus dependientes. Cuando una mujer se familiariza con estas herramientas, el acto de denunciar deja de ser únicamente un acto de supervivencia y pasa a ser la primera medida para retomar el control sobre su patrimonio y su habilidad para emprender.

Esta perspectiva se ve reforzada por el Reglamento General de la LOIPEVM, que establece que los servicios de atención aseguren un enfoque de género, apoyo legal y patrocinio para restaurar los derechos violados. Esto quiere decir que el sistema no solamente debe recibir denuncias, sino también apoyar a las mujeres en la recuperación de su autonomía, lo cual comprende acceso a información sobre empleo, formación, iniciativas empresariales y crédito. No obstante, en realidad, numerosas mujeres no toman estas vías porque ignoran la ley, desconfían de las instituciones o consideran que la violencia “normalizada” en el hogar carece de importancia jurídica. Por lo tanto, la alfabetización legal con perspectiva de género es decir, la exposición de manera comprensible sobre qué estipula la ley, qué acciones existen y cómo se implementan se convierte en un requisito para que las leyes no queden solo escritas sino que se conviertan en oportunidades económicas concretas.

En una nación en la que más de la mitad de los emprendedores son mujeres, pero donde todavía hay altos índices de informalidad económica y violencia de género, la agenda económica se entrelaza con la jurídica. Asegurar que las mujeres conozcan y ejerzan sus derechos no es una acción simbólica, sino una política económica inteligente: cada mujer que formaliza su negocio, registra su marca, rompe un ciclo de violencia y se convierte en sujeto de crédito contribuye a fortalecer el tejido productivo y a ampliar la base de innovadoras y de contribuyentes.

El caso de Lucía ejemplifica la importancia de que las emprendedoras ecuatorianas conozcan sus leyes. Ella comenzó vendiendo postres informalmente y, al no contar con una compañía, un RUC o contratos, dependía de la buena voluntad de sus clientes y no tenía acceso a programas de apoyo ni créditos. Sin embargo, cuando descubre la constitución electrónica de empresas, registra una sociedad de responsabilidad limitada y obtiene su RUC. A partir de ahí empieza a emitir facturas y puede acceder al sistema financiero; además, separa el patrimonio personal del empresarial. Simultáneamente, al enterarse acerca de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se da cuenta de que la violencia patrimonial de su pareja (control del dinero, amenaza de llevarse sus equipos) es ilícita y tiene el derecho a solicitar medidas de protección para salvaguardar los bienes que necesita para trabajar. Por lo tanto, el derecho se convierte en una herramienta concreta para proteger su esfuerzo, su patrimonio y el futuro de su emprendimiento.

El desafío para el Estado, la academia y la sociedad civil es claro: transformar las leyes ya existentes en prácticas vivas, accesibles y comprensibles, para que ninguna mujer tenga que elegir entre sobrevivir en silencio o emprender en soledad. Solo cuando el conocimiento jurídico esté al alcance de todas, la potencia económica de las mujeres ecuatorianas podrá desplegarse plenamente como motor de un desarrollo verdaderamente inclusivo. La tarea para el Estado, la academia y la sociedad civil es evidente: convertir las leyes vigentes en prácticas activas, accesibles y comprensibles, con el fin de que ninguna mujer tenga que escoger entre sobrevivir en silencio o lanzarse al emprendimiento sola. La fuerza económica de las mujeres en Ecuador podrá desarrollarse completamente como motor de un progreso verdaderamente inclusivo únicamente cuando todos tengan acceso al conocimiento jurídico.

En este Día de la Mujer, para reconocer la función de las mujeres ecuatorianas en el progreso económico del país, es necesario ir más allá de los discursos simbólicos y garantizar que cada una conozca y ejerza plenamente sus derechos. Las leyes en contra de la violencia, las regulaciones para establecer compañías y los procesos para resguardar marcas y patrimonios no son meros documentos legales: son llaves que permiten acceder a la independencia económica, a la seguridad personal y a la oportunidad concreta de dirigir negocios propios. Cuando una mujer tiene el conocimiento de cómo hacer una denuncia por violencia, fundar una empresa, registrar su marca y proteger su patrimonio, deja de ser un elemento marginal en la economía y pasa a ser un actor principal de su propio destino. Por lo tanto, honrar este día significa esforzarse para que ese conocimiento legal llegue a todas: a las comunidades, los barrios, las universidades, los mercados y las redes; y para que ninguna mujer tenga que elegir entre vivir libre de violencia y seguir sus sueños: el objetivo es que pueda hacer ambas cosas con la ley apoyándola y con la sociedad reconociendo su capacidad transformadora.

Dra. Carolina Fabara

Consultora Legal en CrossFrontier Legal Consulting

Fundadora de Umalliq