El PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Constituye o no una violación al principio Nemo
Tenetur se Ipsum
Autor:
Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]
Dentro de este trabajo,
se visualizara de manera clara como el procedimiento abreviado establecido en
el Código Orgánico Integral Penal, trae consigo implícitamente la violación al
principio acusatorio y el de autoincriminación del procesado.
Ya, que si partimos del
concepto dado por Roxin, cuando se refiere al principio acusatorio el
manifiesta: ?El principio de legalidad enuncia, por un lado, que la
fiscalía debe realizar investigaciones cuando existe la sospecha de que se ha
cometido un hecho punible y, por otra parte, que está obligada a formular la
acusación cuando después de las investigaciones sigue existiendo esa sospecha
vehemente [?]?[2]
Hecho, que dentro del
procedimiento abreviado no se cumple, debido a que básicamente este consiste en
que el procesado consienta de manera expresa la comisión del acto, lo que ocasiona la
vulneración a su derecho a la no autoincriminación.
Derecho que no puede ser
facultativo y negociable en el
proceso penal como lo denota este
procedimiento, ya que puede traer consecuencias
negativas, ya que solo
depende de la afirmación
del procesado distorsionando, de esta
manera el debido proceso y rompiendo el principio de legalidad, con relación a
la obligación de perseguir e investigar, que trae consigo el principio
acusatorio.
Lo cual en palabras de Gabriela E. Cordova, cuando
se refiere al Nemo tenetur se ipsum accusare, nos manifiesta que este
constituye uno de los límites de la averiguación de la verdad[3]
tanto, que este principio es enunciado como el derecho del imputado de no ser
obligado a declarar contra sí mismo.[4]
Ya que este principio protege al imputado de tener
que pronunciarse sobre la imputación que pesa sobre él, concepto, que para el
Dr. Cristian Ramírez Tagle, ?significa
literalmente nadie puede representarse a sí mismo como culpable o como
transgresor?[5]
Es, por eso que en la misma línea de los autores
antes citados Chaguan Sarras, manifiesta, que: ?En las causas criminales no se
podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio.?[6]
Es decir, básicamente este concepto, nos deja en
claro, que lo que busca es proteger al imputado de tener que pronunciarse sobre
la imputación que recae sobre él, por lo tanto es oportuno efectuar un análisis
abordando los siguientes aspectos.
1.-
¿Que es el Procedimiento Abreviado?
Para
el Doctor. Richard Villagómez Cabezas, en su tesis ?EL ROL DEL FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO?, manifiesta
que:
?El
procedimiento abreviado descansa en el concepto de rentabilidad social,
consistente en el intento de justificar, desde el punto de vista económico, la
conveniencia social de la reforma procesal penal destacando como resultado una
mejor relación entre costos y beneficios hasta alcanzar el grado de cobertura
óptimo en el sistema, por ello se destaca como beneficios: el ahorro de
recursos del sistema judicial; el ahorro de recursos de la víctima en función
de tiempo y dinero; y, el ahorro de recursos del imputado en función de dinero,
tiempo de la prisión preventiva, duración de la condena y gastos de la
defensa.?[7]
Mientras, que para Narváez Marcelo,
citando a Cafferata Nores, manifiesta que:
?El procedimiento
penal abreviado como
la idea de
lograr sentencias en
un lapso razonable, con fuerte ahorro de energía y
recursos jurisdiccionales y sin desmedro de la justicia tradicionalmente
aceptada para delitos leves.?[8]
Concepto
que en parte es acogido por Jorge Zavala Baquerizo, cuando manifiesta que en el
procedimiento abreviado:
?[?] se observa que el
principio de proporcionalidad entre el delito y la pena justa y la sentencia
como consecuencia de un juicio de culpabilidad en donde se pruebe la acusación fiscal,
quedan relegados ante la finalidad utilitaria de descargar de trabajo a los
jueces, sacrificando el derecho de defensa de quien enredado en las ofertas o
promesas de la fiscalía se entrega a la voluntad del oferente que, de esa
manera, se ahorra la obligación que le impone el Estado de probar el delito y
la culpabilidad de una persona que constitucionalmente se encuentra en
situación jurídica de inocencia. [?]?[9]
De
todas estas definiciones, podemos determinar, que el procedimiento abreviado,
sin lugar a dudas va referido a una relación costo- beneficio, dejando de lado
la importancia de la persecución penal pública, como medio de la averiguación
de la verdad, ya que al momento en que el procesado acepta la responsabilidad
sin importar si esta es inducida a su aceptación o no, termina el proceso
penal, debido a que en ese momento se dicta la sentencia condenatoria.
Es
por ello, que la finalidad del procedimiento abreviado, es la obtención de
sentencias de modo rápido y económico, coadyuvando a la eficacia del sistema,
ya que sólo permite que los juicios más graves y que mayor conmoción social
causan, sean los que en definitiva necesitan y deban probarse, obteniendo de
esta manera ahorro de recursos y tiempo, visualizando como si el sistema penal,
solo se basará en un cálculo presupuestario destinado sólo a un cierto
porcentaje de casos que deban ser investigados mediante el procedimiento
ordinario.[10]
Lo
cual nos denota que a la luz de estos
conceptos el procedimiento abreviado básicamente va dirigido a lograr un
eficientísmo penal, medido en el número de sentencias condenatorias obtenidas
en el menor tiempo posible lo que genera una rentabilidad en los gastos vistos
desde el punto económico.
Por
lo tanto el procedimiento abreviado, conforme manifiesta el Doctor. Richard Villagómez
Cabezas:
?es un mecanismo
de descongestión del
sistema penal, pero
lamentablemente no tiene
un índice mayor
de aceptación y
aplicación debido a
las implicaciones doctrinarias,
tanto constitucionales como
legales y procesales,
sobre la conveniencia
de su aplicación
en que se
ha destacado la
probable reducción o
violación de los
derechos del debido
proceso en detrimento
del imputado, principalmente, privilegiando
la persecución penal
por sobre los derechos constitucionales del imputado.?[11]
Siguiendo la misma, línea, es
necesario manifestar, que efectivamente el procedimiento abreviado deja de lado
varios derechos fundamentales del procesado, siendo uno de los más importantes
su derecho a la no autoincriminación.
Lo cual nos conlleva a plantearnos
si el imputado, más allá de permanecer callado, tiene la facultad de decidir
sobre toda actividad autoincriminatoria,[12]ya
que este en sí es el sustento del procedimiento abreviado.
Concepto, que para
Cafferata Nores, consiste, en que el derecho, ?se origina en el principio de
inocencia; ya que este le permite al imputado ejercer un comportamiento
procesal pasivo (no hacer, no colaborar, no declarar)?[13],
lo cual en palabras de Francisca Zapata García, es entendido como que: ?en el
proceso penal la declaración del imputado está dirigida hacia su defensa.?[14]
2.- Delimitación,
entre la protección de los derechos del imputado y su posición en el proceso
penal.
La doctrina sostiene, que el imputado tiene la
obligación de realizar las acciones preparatorias y de acompañamiento
necesarias,[15]
esto significa que el deber de tolerar abarca, los preparativos, para llevar a
cabo una medida.[16]
Por ejemplo: la adopción de determinada postura
corporal, para facilitar su reconocimiento por los testigos,[17]en
donde su función no es influir sobre la conducta del sujeto, sino hacerle
saber, que ese acto es necesario, y no va a empeorar su situación jurídica.[18]
Por lo cual esa diligencia podría ser considerada
como un comportamiento activo, pero de mera tolerancia pasiva, ya que la
persona, no pone resistencia, para que se lleve a cabo la misma.[19]
Es decir básicamente surge una distinción entre
pasividad y actividad, que recaen en el imputado en donde queda claro, que se
le puede exigir ciertas acciones al imputado, sin afectar el principio nemo
tenetur.
Por ejemplo: En un caso de reconocimiento en el que
los imputados intentan frustrar la ejecución de la medida realizando muecas,
para evitar ser reconocidos por los testigos, y se los obliga adoptar una
expresión normal.[20]
Sin
embargo en el procedimiento abreviado estamos ante un claro ejemplo de la toma
de un comportamiento activo, ya este tiene ciertas reglas conforme manifiesta
el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal, de las cuales las más
importantes son:
?1. Las
infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez
años, son susceptibles de procedimiento abreviado. [?]
3. La persona
procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este
procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.
4. La o el defensor
público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado su
consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales. [?].?[21]
Lo
cual nos permite afirmar lo previamente enunciado, debiendo cuestionar, que si
bien es cierto aplica solo para las infracciones sancionadas con pena de hasta
diez años, lo cual es sumamente grave, ya que una pena de tal magnitud, no
puede ser tomada tan a la ligera, es por ello, que se necesita de una
investigación fehaciente, para así obtener la verdad, es por ello, que las
autoridades encargadas de llevar a cabo la persecución penal, deben recabar los
elementos necesarios para poder deducir una imputación penal, y no basarse solo
en el consentimiento de la persona procesada de la aceptación del hecho, ya que
no se sabe por qué acepta el hecho, surgiéndonos las siguientes
interrogantes:¿realmente lo hizo?; o ¿alguien lo presiono aceptar dicha
responsabilidad?.
Lo
que presupone, además que el abogado, que está ejercitando la defensa, prevea
la realidad procesal de su defendido, ya que al no poder ejercitar plenamente
la defensa técnica, es obvio que solo viene a configurar su presencia como un
simple formalismo dentro de la audiencia.
Configurando
lo que para Luigi Ferrajoli, se conoce como el problema de la verdad procesal,
en donde:
?[?] Si una justicia penal
completamente «con verdad» constituye una utopía, una justicia penal
completamente «sin verdad» equivale a un sistema de arbitrariedad. [?].?[22]
3.-
Obligación de investigar para formular una imputación necesaria, a fin de garantizar
el principio acusatorio
Previo
al desarrollo, de este subtema, es necesario tener en claro, que el principio
acusatorio, conforme manifiesta Roxin, consiste:
?[?] en que
juez y acusador no son la misma persona. Esto sólo puede suceder si el Estado
asume tanto la tarea del acusador como la del juez, separando esa función en
dos autoridades estatales distintas- una autoridad de acusación y el tribunal [?]?[23]
Esto es sumamente importante, debido
a que la principal característica del principio
acusatorio consiste, en que no puede
existir juicio sin acusación, conforme
al aforismo ?Nemo
iudex sine acusatore?, que evidentemente trae consigo de manera implícita,
la premisa de ?quien acusa
no puede juzgar?[24]
Es decir, conforme lo manifiesta
Roxin:
?la
interposición de la acusación le corresponde al Estado. Para ello, está
representado por la fiscalía. Ella tiene, en principio, el monopolio de la
acusación; la única excepción, precisamente, son los casos de acción privada.?[25]
Conforme,
se establece, además en el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal,
determinándose además que esta, ejercerá la acción penal pública cuando tenga
los elementos de convicción suficientes.[26]
Es
decir, que para efectuar una imputación, ya debe contar con elementos
necesarios, ya que conforme menciona Julio B. J. Maier:
? El núcleo de la
imputación, es una hipótesis fáctica ?acción u omisión según se sostenga que
lesiona una prohibición o un mandato del orden jurídico- atribuida al imputado,
la cual, a juicio de quien la formula, conduce a consecuencias jurídico
penales, pues contiene todos los elementos, conforme a la ley penal, de un
hecho punible [?]?[27]
Esto
es de suma importancia, ya que para obtener esos elementos, se debe efectuar
una investigación necesaria que lleve a descubrir los acontecimientos, que
servirán para el descubrimiento de la verdad, ya que si no realiza una
investigación adecuada, y solo se toma de base para la emisión de una sentencia
condenatoria, la aceptación del hecho dada por el procesado, se
descontextualiza totalmente la obligación de investigar, para poder ejercitar
una acusación sólida.
Generando
además una vulneración directa del principio de contradicción, que comprende,
como señala Maier:
?la imputación, la intimación y el derecho de
audiencia; es decir, la necesidad de que los cargos que se formulan consistan
en la relación clara, precisa y circunstanciada de un delito, y que esa
relación sea conocida por el imputado, y que el imputado sea oído y pueda
presentar su defensa antes de la resolución [?]?[28]
Es
decir, el momento en que solo se juzga en base a la aceptación del hecho, se
viola directamente el principio de contradicción ya que este garantiza que la
producción de las pruebas se hagan bajo el control de todos los sujetos
procesales, con la finalidad de que ellos tengan la facultad de intervenir en
dicha producción, formulando preguntas, observaciones, objeciones, aclaraciones
y evaluaciones, tanto sobre la propia prueba como respecto de la de los otros.[29]
Garantizando
además, que las partes, puedan, en todo momento, escuchar de viva voz los
argumentos de la parte contraria para apoyarlos o rebatirlos, así como el
derecho de aportar las pruebas conducentes a fin de justificar su teoría del
caso, y la parte contraria de la misma manera, tiene el derecho de
controvertirlas, por lo que el principio de contradicción tiene como base la
plena igualdad de las partes en orden a sus atribuciones procesales.[30]
Es
por ello, que para juzgar, se necesita indudablemente de la presencia de
prueba, que pueda ser rebatida, hecho que aparentemente no sucedería en el
procedimiento abreviado o al menos lo dejo para consideración de cada uno de
los lectores que sabrán dilucidar si se cumple o no este presupuesto.
Debiendo destacar que la acusación
pública, tiene la obligación de desarrollar, la comprobación sobre los hechos,
y no puede de ninguna manera, solo efectuar su acusación, y solicitar la
aplicación de una pena por el solo hecho de la aceptación del acto referido por
parte del procesado, ya, que además de ello, la fiscalía, debe sustentar en
todo caso, que la declaración de la comisión del acto, es verídica, para lo
cual no le exime de ninguna manera, que deba aportar prueba, para sustentar
dicha declaración ya, que la base de toda acusación, se sustenta en los
elementos, que permitan la misma.
4.- Garantía
de la no autoincriminación:
La razón de la garantía de la no autoincriminación
consiste según Liliana Campos Aspajo y Rosa Karina Salas Pachas en:
?La razón de ser de la
garantía de la no autoincriminación contiene un trípode que contiene
dos elementos históricos
como son la dignidad y
la búsqueda de la verdad acompañado del tercer y en demasía
importante, nos referimos al derecho de defensa y a la presunción de inocencia [?]?[31]
Mientras, que para Lincan Cabrera,
siguiendo la misma línea, manifiesta que:
?El principio de
no autoincriminación (nemo
tenetur se ipsum
accusare) tiene un amplio
reconocimiento en las
declaraciones internacionales de
los derechos humanos. Así se encuentra
recogido en el
artículo 14.3.g del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
como el derecho
de toda persona ?a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a
confesarse culpable?. Este derecho tiene tres dimensiones. i) el derecho a no
prestar juramento al momento de declarar; ii) el derecho
a guardar silencio,
y iii) el
derecho a no ser
utilizado como fuente
de prueba incriminatoria en contra de sí mismo?[32]
Por
otro lado para Chaguan Sarras, manifiesta, que: ?En las causas criminales no se
podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio.? [33]
Es
decir, básicamente este concepto, nos deja en claro, que lo que busca es
proteger al imputado de tener que pronunciarse sobre la imputación que recae
sobre él, por lo que la garantía de la no autoincriminación, basándose de las
dimensiones antes mencionadas, podría decirse que se ve afectada en el
procedimiento abreviado ya que este consigue una sentencia condenatoria,
mediante una declaración, que es utilizada como prueba incriminatoria y
definitiva de la comisión del hecho, impidiendo de esta manera, que se continúe
indagando en la búsqueda de la verdad, ya que esa declaración se configura como
la verdad absoluta y se emite la sentencia correspondiente con una atenuación
de pena claro está por haberse sometido a este procedimiento.
[1] Abogado
por la Universidad Internacional Sek (Quito, Ecuador). Especialista (c) en
Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador), Autor de los libros Mundo, Alma y Vida;
Senderos de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial; Breves Nociones
de la Criminología, la Penología y la Victimología en el Contexto Criminal; y
Teoría General de los Recursos y Remedios Procesales en el COGEP.
[email protected].
[2] Claus
Roxin, Derecho procesal penal (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000)., p.89.
[3] Gabriela
E. Córdoba, «Nemo tenetur se ipsum accusare: ¿principio de pasividad?»,
s. f.
[4] Ibíd.
[5] CRISTIAN
RAMÍREZ TAGLE, «NEMO TENETUR SE IPSUM. EL DERECHO A GUARDAR SILENCIO»,
s. f.,
http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/09/2007-2-Ramirez.pdf.
[6] Chaguan Sarras,
Sabas, Manual del Nuevo Procedimiento Penal, 2da Edición, Editorial Lexis
Nexis, P. 29, Santiago, Chile, 2002
[7] Richard
Villagomez Cabezas, «EL ROL DEL FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO»,
(Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador., 2008),
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/484/1/T605-MDP-Villag%C3%B3mez-El%20rol%20del%20fiscal%20en%20el%20procedimiento%20penal%20abreviado.pdf., p.24
[8] NARVÁEZ,
MARCELO., Procedimiento Penal Abreviado. (Quito, Ecuador: Librería
Jurídica Cevallos, 2003).,p.74
[9] Jorge
Zavala Baquerizo, «EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO», s. f.,
http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/procedimiento_abreviado.pdf., p.602.
[10] José
Sebastián Cornejo Aguiar, «EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL COIP», Derecho
Ecuador, 14 de marzo de 2016,
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2016/03/14/el-procedimiento-abreviado-en-el-coip.
[11] Richard
Villagomez Cabezas, «EL ROL DEL FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO».,p.32
[12] Ibíd.
[13] Cafferata
Nores, Manual de Derecho Procesal Penal. (Córdoba, Argentina: Facultad de
Derechos y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Córdoba, 2004).,p.264.
[14] Zapata,
Francisco, «El cinturón de seguridad del derecho a guardar
silencio/prestar declaración de! detenido: la intervención oportuna y efectiva
del defensor, s. f.,p.7
[15] GABRIELA
E. CÓRDOBA, «Nemo tenetur se ipsum accusare: ¿principio de pasividad?»
[16] Ibíd.
[17] Ibíd.
[18] Zapata,
Francisco, «El cinturón de seguridad del derecho a guardar
silencio/prestar declaración de! detenido: la intervención oportuna y efectiva
del defensa.
[19] Cafferata
Nores, Manual de Derecho Procesal Penal.
[20] GABRIELA
E. CÓRDOBA, «Nemo tenetur se ipsum accusare: ¿principio de pasividad?»