El PROCEDIMIENTO ABREVIADO Constituye o no una violación al principio Nemo Tenetur se Ipsum

Miércoles, 18 de enero de 2017

El PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Constituye o no una violación al principio Nemo Tenetur se Ipsum

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Dentro de este trabajo, se visualizara de manera clara como el procedimiento abreviado establecido en el Código Orgánico Integral Penal, trae consigo implícitamente la violación al principio acusatorio y el de autoincriminación del procesado.

Ya, que si partimos del concepto dado por Roxin, cuando se refiere al principio acusatorio el manifiesta: ?El principio de legalidad enuncia, por un lado, que la fiscalía debe realizar investigaciones cuando existe la sospecha de que se ha cometido un hecho punible y, por otra parte, que está obligada a formular la acusación cuando después de las investigaciones sigue existiendo esa sospecha vehemente [?]?[2]

Hecho, que dentro del procedimiento abreviado no se cumple, debido a que básicamente este consiste en que el procesado consienta de manera expresa  la comisión del acto, lo que ocasiona la vulneración a su derecho a la no autoincriminación.

Derecho que no puede ser facultativo y  negociable en  el  proceso  penal como lo denota este procedimiento, ya que puede traer consecuencias  negativas, ya que solo  depende  de  la  afirmación del procesado  distorsionando, de esta manera el debido proceso y rompiendo el principio de legalidad, con relación a la obligación de perseguir e investigar, que trae consigo el principio acusatorio.

Lo cual en palabras de Gabriela E. Cordova, cuando se refiere al Nemo tenetur se ipsum accusare, nos manifiesta que este constituye uno de los límites de la averiguación de la verdad[3] tanto, que este principio es enunciado como el derecho del imputado de no ser obligado a declarar contra sí mismo.[4]

Ya que este principio protege al imputado de tener que pronunciarse sobre la imputación que pesa sobre él, concepto, que para el Dr. Cristian Ramírez Tagle, ?significa literalmente nadie puede representarse a sí mismo como culpable o como transgresor?[5]

Es, por eso que en la misma línea de los autores antes citados Chaguan Sarras, manifiesta, que: ?En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio.?[6]

Es decir, básicamente este concepto, nos deja en claro, que lo que busca es proteger al imputado de tener que pronunciarse sobre la imputación que recae sobre él, por lo tanto es oportuno efectuar un análisis abordando los siguientes aspectos.

1.- ¿Que es el Procedimiento Abreviado?

Para el Doctor. Richard Villagómez Cabezas, en su tesis ?EL ROL DEL FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO?, manifiesta que:

?El procedimiento abreviado descansa en el concepto de rentabilidad social, consistente en el intento de justificar, desde el punto de vista económico, la conveniencia social de la reforma procesal penal destacando como resultado una mejor relación entre costos y beneficios hasta alcanzar el grado de cobertura óptimo en el sistema, por ello se destaca como beneficios: el ahorro de recursos del sistema judicial; el ahorro de recursos de la víctima en función de tiempo y dinero; y, el ahorro de recursos del imputado en función de dinero, tiempo de la prisión preventiva, duración de la condena y gastos de la defensa.?[7]

            Mientras, que para Narváez Marcelo, citando a Cafferata Nores, manifiesta que:

?El  procedimiento  penal  abreviado  como  la  idea  de  lograr  sentencias  en  un  lapso  razonable, con fuerte ahorro de energía y recursos jurisdiccionales y sin desmedro de la justicia tradicionalmente aceptada para delitos leves.?[8]

Concepto que en parte es acogido por Jorge Zavala Baquerizo, cuando manifiesta que en el procedimiento abreviado:

?[?] se observa que el principio de proporcionalidad entre el delito y la pena justa y la sentencia como consecuencia de un juicio de culpabilidad en donde se pruebe la acusación fiscal, quedan relegados ante la finalidad utilitaria de descargar de trabajo a los jueces, sacrificando el derecho de defensa de quien enredado en las ofertas o promesas de la fiscalía se entrega a la voluntad del oferente que, de esa manera, se ahorra la obligación que le impone el Estado de probar el delito y la culpabilidad de una persona que constitucionalmente se encuentra en situación jurídica de inocencia. [?]?[9]

De todas estas definiciones, podemos determinar, que el procedimiento abreviado, sin lugar a dudas va referido a una relación costo- beneficio, dejando de lado la importancia de la persecución penal pública, como medio de la averiguación de la verdad, ya que al momento en que el procesado acepta la responsabilidad sin importar si esta es inducida a su aceptación o no, termina el proceso penal, debido a que en ese momento se dicta la sentencia condenatoria.

Es por ello, que la finalidad del procedimiento abreviado, es la obtención de sentencias de modo rápido y económico, coadyuvando a la eficacia del sistema, ya que sólo permite que los juicios más graves y que mayor conmoción social causan, sean los que en definitiva necesitan y deban probarse, obteniendo de esta manera ahorro de recursos y tiempo, visualizando como si el sistema penal, solo se basará en un cálculo presupuestario destinado sólo a un cierto porcentaje de casos que deban ser investigados mediante el procedimiento ordinario.[10]

Lo cual  nos denota que a la luz de estos conceptos el procedimiento abreviado básicamente va dirigido a lograr un eficientísmo penal, medido en el número de sentencias condenatorias obtenidas en el menor tiempo posible lo que genera una rentabilidad en los gastos vistos desde el punto económico.

Por lo tanto el procedimiento abreviado, conforme manifiesta el Doctor. Richard Villagómez Cabezas:

 ?es  un  mecanismo  de  descongestión  del  sistema  penal,  pero  lamentablemente  no  tiene  un   índice  mayor  de  aceptación  y  aplicación  debido  a  las  implicaciones  doctrinarias,  tanto  constitucionales  como  legales  y  procesales,  sobre  la  conveniencia  de  su  aplicación  en  que  se  ha  destacado  la  probable  reducción  o  violación  de  los  derechos  del  debido  proceso  en  detrimento  del  imputado,  principalmente,  privilegiando  la  persecución  penal  por  sobre  los derechos constitucionales del imputado.?[11]

            Siguiendo la misma, línea, es necesario manifestar, que efectivamente el procedimiento abreviado deja de lado varios derechos fundamentales del procesado, siendo uno de los más importantes su derecho a la no autoincriminación.

            Lo cual nos conlleva a plantearnos si el imputado, más allá de permanecer callado, tiene la facultad de decidir sobre toda actividad autoincriminatoria,[12]ya que este en sí es el sustento del procedimiento abreviado.

Concepto, que para   Cafferata Nores, consiste, en que el derecho, ?se origina en el principio de inocencia; ya que este le permite al imputado ejercer un comportamiento procesal pasivo (no hacer, no colaborar, no declarar)?[13], lo cual en palabras de Francisca Zapata García, es entendido como que: ?en el proceso penal la declaración del imputado está dirigida hacia su defensa.?[14]

2.- Delimitación, entre la protección de los derechos del imputado y su posición en el proceso penal.

La doctrina sostiene, que el imputado tiene la obligación de realizar las acciones preparatorias y de acompañamiento necesarias,[15] esto significa que el deber de tolerar abarca, los preparativos, para llevar a cabo una medida.[16]

Por ejemplo: la adopción de determinada postura corporal, para facilitar su reconocimiento por los testigos,[17]en donde su función no es influir sobre la conducta del sujeto, sino hacerle saber, que ese acto es necesario, y no va a empeorar su situación jurídica.[18]

Por lo cual esa diligencia podría ser considerada como un comportamiento activo, pero de mera tolerancia pasiva, ya que la persona, no pone resistencia, para que se lleve a cabo la misma.[19]

Es decir básicamente surge una distinción entre pasividad y actividad, que recaen en el imputado en donde queda claro, que se le puede exigir ciertas acciones al imputado, sin afectar el principio nemo tenetur.

Por ejemplo: En un caso de reconocimiento en el que los imputados intentan frustrar la ejecución de la medida realizando muecas, para evitar ser reconocidos por los testigos, y se los obliga adoptar una expresión normal.[20]

 

Sin embargo en el procedimiento abreviado estamos ante un claro ejemplo de la toma de un comportamiento activo, ya este tiene ciertas reglas conforme manifiesta el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal, de las cuales las más importantes son:

?1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado. [?]

3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.

4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales. [?].?[21]

Lo cual nos permite afirmar lo previamente enunciado, debiendo cuestionar, que si bien es cierto aplica solo para las infracciones sancionadas con pena de hasta diez años, lo cual es sumamente grave, ya que una pena de tal magnitud, no puede ser tomada tan a la ligera, es por ello, que se necesita de una investigación fehaciente, para así obtener la verdad, es por ello, que las autoridades encargadas de llevar a cabo la persecución penal, deben recabar los elementos necesarios para poder deducir una imputación penal, y no basarse solo en el consentimiento de la persona procesada de la aceptación del hecho, ya que no se sabe por qué acepta el hecho, surgiéndonos las siguientes interrogantes:¿realmente lo hizo?; o ¿alguien lo presiono aceptar dicha responsabilidad?.

Lo que presupone, además que el abogado, que está ejercitando la defensa, prevea la realidad procesal de su defendido, ya que al no poder ejercitar plenamente la defensa técnica, es obvio que solo viene a configurar su presencia como un simple formalismo dentro de la audiencia.

Configurando lo que para Luigi Ferrajoli, se conoce como el problema de la verdad procesal, en donde:

?[?] Si una justicia penal completamente «con verdad» constituye una utopía, una justicia penal completamente «sin verdad» equivale a un sistema de arbitrariedad. [?].?[22]

3.- Obligación de investigar para formular una imputación necesaria, a fin de garantizar el principio acusatorio

            Previo al desarrollo, de este subtema, es necesario tener en claro, que el principio acusatorio, conforme manifiesta Roxin, consiste:

?[?] en que juez y acusador no son la misma persona. Esto sólo puede suceder si el Estado asume tanto la tarea del acusador como la del juez, separando esa función en dos autoridades estatales distintas- una autoridad de acusación y el tribunal [?]?[23]

            Esto es sumamente importante, debido a que la principal característica  del principio acusatorio consiste, en que  no  puede  existir  juicio  sin  acusación,  conforme  al  aforismo  ?Nemo iudex sine acusatore?, que evidentemente trae consigo de manera implícita, la premisa de  ?quien   acusa   no   puede   juzgar?[24]

            Es decir, conforme lo manifiesta Roxin:

?la interposición de la acusación le corresponde al Estado. Para ello, está representado por la fiscalía. Ella tiene, en principio, el monopolio de la acusación; la única excepción, precisamente, son los casos de acción privada.?[25]

Conforme, se establece, además en el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal, determinándose además que esta, ejercerá la acción penal pública cuando tenga los elementos de convicción suficientes.[26]

Es decir, que para efectuar una imputación, ya debe contar con elementos necesarios, ya que conforme menciona Julio B. J. Maier:

? El núcleo de la imputación, es una hipótesis fáctica ?acción u omisión según se sostenga que lesiona una prohibición o un mandato del orden jurídico- atribuida al imputado, la cual, a juicio de quien la formula, conduce a consecuencias jurídico penales, pues contiene todos los elementos, conforme a la ley penal, de un hecho punible [?]?[27]

Esto es de suma importancia, ya que para obtener esos elementos, se debe efectuar una investigación necesaria que lleve a descubrir los acontecimientos, que servirán para el descubrimiento de la verdad, ya que si no realiza una investigación adecuada, y solo se toma de base para la emisión de una sentencia condenatoria, la aceptación del hecho dada por el procesado, se descontextualiza totalmente la obligación de investigar, para poder ejercitar una acusación sólida.

Generando además una vulneración directa del principio de contradicción, que comprende, como señala Maier:

 ?la imputación, la intimación y el derecho de audiencia; es decir, la necesidad de que los cargos que se formulan consistan en la relación clara, precisa y circunstanciada de un delito, y que esa relación sea conocida por el imputado, y que el imputado sea oído y pueda presentar su defensa antes de la resolución [?]?[28]

Es decir, el momento en que solo se juzga en base a la aceptación del hecho, se viola directamente el principio de contradicción ya que este garantiza que la producción de las pruebas se hagan bajo el control de todos los sujetos procesales, con la finalidad de que ellos tengan la facultad de intervenir en dicha producción, formulando preguntas, observaciones, objeciones, aclaraciones y evaluaciones, tanto sobre la propia prueba como respecto de la de los otros.[29]

Garantizando además, que las partes, puedan, en todo momento, escuchar de viva voz los argumentos de la parte contraria para apoyarlos o rebatirlos, así como el derecho de aportar las pruebas conducentes a fin de justificar su teoría del caso, y la parte contraria de la misma manera, tiene el derecho de controvertirlas, por lo que el principio de contradicción tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a sus atribuciones procesales.[30]

Es por ello, que para juzgar, se necesita indudablemente de la presencia de prueba, que pueda ser rebatida, hecho que aparentemente no sucedería en el procedimiento abreviado o al menos lo dejo para consideración de cada uno de los lectores que sabrán dilucidar si se cumple o no este presupuesto.

            Debiendo destacar que la acusación pública, tiene la obligación de desarrollar, la comprobación sobre los hechos, y no puede de ninguna manera, solo efectuar su acusación, y solicitar la aplicación de una pena por el solo hecho de la aceptación del acto referido por parte del procesado, ya, que además de ello, la fiscalía, debe sustentar en todo caso, que la declaración de la comisión del acto, es verídica, para lo cual no le exime de ninguna manera, que deba aportar prueba, para sustentar dicha declaración ya, que la base de toda acusación, se sustenta en los elementos, que permitan la misma.

4.- Garantía de la no autoincriminación:

            La razón de la garantía de la no autoincriminación consiste según Liliana Campos Aspajo y Rosa Karina Salas Pachas en:

?La razón de ser de la garantía de la no autoincriminación contiene un trípode que  contiene  dos  elementos  históricos  como  son  la  dignidad  y  la  búsqueda  de  la  verdad acompañado del tercer y en demasía importante, nos referimos al derecho de defensa y  a la presunción de inocencia [?]?[31]

            Mientras, que para Lincan Cabrera, siguiendo la misma línea, manifiesta que:

?El  principio  de  no  autoincriminación  (nemo  tenetur  se  ipsum  accusare)  tiene  un amplio  reconocimiento  en  las  declaraciones  internacionales  de  los  derechos humanos.  Así  se  encuentra  recogido  en  el  artículo  14.3.g  del  Pacto  Internacional de  Derechos  Civiles  y  Políticos  como  el  derecho  de toda  persona  ?a  no  ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable?. Este derecho tiene tres dimensiones. i) el derecho a no prestar juramento al momento de declarar; ii) el  derecho  a  guardar  silencio,  y  iii)  el  derecho  a no  ser  utilizado  como  fuente  de prueba incriminatoria en contra de sí mismo?[32]

Por otro lado para Chaguan Sarras, manifiesta, que: ?En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio.? [33]

Es decir, básicamente este concepto, nos deja en claro, que lo que busca es proteger al imputado de tener que pronunciarse sobre la imputación que recae sobre él, por lo que la garantía de la no autoincriminación, basándose de las dimensiones antes mencionadas, podría decirse que se ve afectada en el procedimiento abreviado ya que este consigue una sentencia condenatoria, mediante una declaración, que es utilizada como prueba incriminatoria y definitiva de la comisión del hecho, impidiendo de esta manera, que se continúe indagando en la búsqueda de la verdad, ya que esa declaración se configura como la verdad absoluta y se emite la sentencia correspondiente con una atenuación de pena claro está por haberse sometido a este procedimiento.

 

 



[1] Abogado por la Universidad Internacional Sek (Quito, Ecuador). Especialista (c) en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador), Autor de los libros Mundo, Alma y Vida; Senderos de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial; Breves Nociones de la Criminología, la Penología y la Victimología en el Contexto Criminal; y Teoría General de los Recursos y Remedios Procesales en el COGEP. scor1719@hotmail.com.

[2] Claus Roxin, Derecho procesal penal (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000)., p.89.

[3] Gabriela E. Córdoba, «Nemo tenetur se ipsum accusare: ¿principio de pasividad?», s. f.

[4] Ibíd.

[5] CRISTIAN RAMÍREZ TAGLE, «NEMO TENETUR SE IPSUM. EL DERECHO A GUARDAR SILENCIO», s. f., http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/09/2007-2-Ramirez.pdf.

[6] Chaguan Sarras, Sabas, Manual del Nuevo Procedimiento Penal, 2da Edición, Editorial Lexis Nexis, P. 29, Santiago, Chile, 2002

[7] Richard Villagomez Cabezas, «EL ROL DEL FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO», (Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador., 2008), http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/484/1/T605-MDP-Villag%C3%B3mez-El%20rol%20del%20fiscal%20en%20el%20procedimiento%20penal%20abreviado.pdf., p.24

[8] NARVÁEZ, MARCELO., Procedimiento Penal Abreviado. (Quito, Ecuador: Librería Jurídica Cevallos, 2003).,p.74

[9] Jorge Zavala Baquerizo, «EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO», s. f., http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/procedimiento_abreviado.pdf., p.602.

[10] José Sebastián Cornejo Aguiar, «EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL COIP», Derecho Ecuador, 14 de marzo de 2016, http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2016/03/14/el-procedimiento-abreviado-en-el-coip.

[11] Richard Villagomez Cabezas, «EL ROL DEL FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO».,p.32

[12] Ibíd.

[13] Cafferata Nores, Manual de Derecho Procesal Penal. (Córdoba, Argentina: Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Córdoba, 2004).,p.264.

[14] Zapata, Francisco, "El cinturón de seguridad del derecho a guardar silencio/prestar declaración de! detenido: la intervención oportuna y efectiva del defensor, s. f.,p.7

[15] GABRIELA E. CÓRDOBA, «Nemo tenetur se ipsum accusare: ¿principio de pasividad?»

[16] Ibíd.

[17] Ibíd.

[18] Zapata, Francisco, "El cinturón de seguridad del derecho a guardar silencio/prestar declaración de! detenido: la intervención oportuna y efectiva del defensa.

[19] Cafferata Nores, Manual de Derecho Procesal Penal.

[20] GABRIELA E. CÓRDOBA, «Nemo tenetur se ipsum accusare: ¿principio de pasividad?»

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