El Estado Social de Derecho y el significado de la Economía Social de Mercado

Por: Dra. Berenice Pólit Montes de Oca
ASESORA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

E L ART. 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA , señala que el Ecuador es un Estado social de derecho. Desentrañando su significado señalemos que el Estado de Derecho es un régimen en el cual el derecho regula imperativamente la vida y la actividad del Estado, sistematiza el funcionamiento de sus órganos y consagra los derechos de los individuos.
Para Lucas Verdú, el Estado de derecho, se rige por los siguientes postulados: ¨La primacía de la ley que rige toda la actividad estatal; un sistema jerárquico de normas; la legalidad de la administración; que debe garantizar recursos en beneficio de posibles lesionados por la actividad administrativa; la separación de poderes como garantía de libertad y freno de posibles abusos; reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales; examen de la constitucionalidad de las leyes¨.

Estado social de derecho

El Concepto de Estado social de derecho, complementa y agrega al Estado de Derecho, el elemento u orientación hacia la justicia social. La doctrina lo define como un Estado de servicios, de bienestar o de distribución; el Estado social de derecho implica la conciencia de que la dignidad del hombre exige del Estado prestaciones positivas que hagan posible mejorar sus condiciones de vida; significa una nueva dimensión que da preferencia a los derechos sociales antes que a las libertades del individuo; prioriza valores y principios como la equidad y la solidaridad en las relaciones, la igualdad de todos y todas en el ejercicio de los derechos.

Economía social de mercado

Guardando armonía con este tipo de Estado, el sistema económico de nuestro país ha sido definido por la Carta Política, como de economía social de mercado, el cual si bien promueve el desarrollo de actividades y mercados competitivos; impulsa la libre competencia, también sanciona las prácticas monopólicas; señala que los bienes de dominio exclusivo del Estado, éste los puede explotar de manera directa o con la participación del sector privado, implica la responsabilidad del Estado en vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley, las regula y controla en defensa del bien común; emprende actividades económicas cuando lo requiera el interés general; y en lo fundamental, el Estado garantizará que los servicios públicos prestados bajo su control y regulación, respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad; velará para que sus precios o tarifas sean equitativos.

Las denominadas políticas neoliberales

Si bien en la Constitución están claros estos preceptos, en la realidad encontraremos una serie de desequilibrios que ponen en entredicho su verdadera eficacia, una de ellas, exógena es la implementación de las llamadas políticas neoliberales, tan debatidas y que al parecer según las corrientes económicas actuales, han entrado en crisis, al ponerse en evidencia un ¨capitalismo salvaje y deshumanizado¨; y por cuyos efectos se han debilitado enormemente los Estados Nacionales, no sólo en lo institucional, sino además en la capacidad política para instrumentar acciones de interés para las grandes mayorías, dejando al mercado liderado por las empresas transnacionales y los organismos financieros que impongan todas sus reglas a través de las llamadas medidas de ajuste.
Y es que, desde hace unas cuantas décadas el crecimiento económico de nuestros países, ha estado subordinado a empréstitos externos, que han alimentado al sector financiero o especulativo antes que al sector productivo, el cual a su vez ha invertido mínimamente en potenciar y calificar la mano de obra, retribuyéndola con buenos y dignos salarios, pensando tal vez así maximizar su potencial de ganancia; pero sobre todo ha evidenciado su incapacidad para competir en un mercado globalizado.

Las privatizaciones

En medio de este modelo económico, los sectores marginales se han multiplicado y han engrosado sus filas incluso sectores que antes pertenecían a la clase media y que hoy se encuentran en un proceso de pauperización y pobreza; se ha agudizado la inseguridad ciudadana, la prostitución de niñas y niños, miles de emigrantes desesperados abandonan al país y como corolario y contraste los organismos financieros internacionales sugieren que la única solución está en preservar la democracia modernizando sus instituciones, entendida ésta como privatización de las empresas del Estado, una mayor la flexibilización laboral (reducción de los derechos laborales) la dolarización de la economía, la libre apertura del capital externo, la eliminación de todo tipo de subsidio, etc.
En definitiva este panorama del sistema económico cuajando de crecientes iniquidades, que ha sido desentrañado mínimamente, sin adentrarnos en la política, fiscal, bancaria, monetaria, es poco alentadora, y no puede permanecer así, el Estado social de derecho y la economía social de mercado, (que no es solo mercado) tendrán que traducirse en una mayor vocación de sus gobernantes para acercarse al día a día de las calles y hacer mayores esfuerzos para humanizarce, so pena de que el país torne ingobernable.