EL DEBER DE INVESTIGAR Y EL DERECHO A LA DEFENSA.

Martes, 14 de julio de 2015

 

EL DEBER DE INVESTIGAR Y EL DERECHO A LA DEFENSA.

 

 

?La verdad se robustece con la investigación y la dilación;

 la falsedad, con el apresuramiento y la incertidumbre.?

Tácito.

 

Autor: Dr. M.Sc. Giovani Criollo Mayorga

 

Función Investigativa del Ministerio Público

En los sistemas acusatorios se ha dicho que existe una división de las funciones de las partes procesales. El Ministerio Público se dedica a INVESTIGAR mientras que al juez le queda la obligación de controlar sus actuaciones  (Juez de Garantías Penales) y de ratificar el estado de inocencia del procesado[1] o, en su defecto, de imponer la sanción, de ser procedente (Tribunal de Garantías Penales).

?INVESTIGAR?, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua significa: ?1. tr. Hacer diligencias para descubrir algo. 2. tr. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. 3. tr. Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente.?[2]. Pero en materia penal ??la investigación criminal puede ser concebida como el proceso metodológico y apegado a la ley que emplea una serie de pasos para el descubrimiento de hechos con posible relevancia para el sistema de justicia penal. En otras palabras, puede ser definida como una herramienta técnica y legalmente regulada que sirve al investigador para desentrañar hechos, circunstancias, indicios, evidencias y personas implicadas en un acontecimiento que pueden ser de interés para la justicia criminal?[3]

 

 

 

Investigación del hecho delictivo

De forma aún más exacta, Beatriz Saavedra[4], ha declarado que la investigación del hecho presuntamente delictivo puede entenderse de las siguientes formas: ?1.- Como la actividad que se realiza para la obtención de indicios que sirven para construir prueba y que den cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde se llevan a cabo la o las conductas  que se presumen delictivas, así como los medios de ejecución de las mismas; 2.- como el proceso que es útil para acreditar los elementos  ?objetivos? y ?subjetivos? del tipo penal, en el entendido de que los ?normativos? facilitan la comprensión de la  descripción  típica de la conducta contenida en la disposición penal, en tanto indicaciones sobre la acepción con que debe tomarse alguno de los términos incluidos en esa descripción cuando su significado no sea fácilmente entendible ?desde el sentido común-, por ser un vocablo técnico de uso poco frecuente, de manera que, en estricto sentido los elementos ?normativos? no se acreditan porque son indicaciones que sirven para entender bajo que acepción se ha usado algún o alguno de los términos utilizados en un contexto de significación específico, en este caso, en la descripción típica de una conducta contenida en una norma penal; 3.- como el proceso que tiene por finalidad el comprobar el cuerpo del delito en tanto concesión del daño ocasionado  a un bien jurídico tutelado al tener lugar la conducta investigada; así como la responsabilidad y la personalidad  del responsable, este último para efectos de la individualización de la pena.?

 

Presunción de inocencia, objetividad y esclarecimiento de la verdad

Por manera que en los sistemas acusatorios adversariales[5], es una parte importantísima del proceso penal la ardua, científica, difícil y compleja labor de investigar, pues requiere del Ministerio Público, por una parte, un compromiso con el descubrimiento de la verdad y de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; y, por otra, el respeto a un principio de OBJETIVIDAD que se materializa en la consideración del que el procesado es un sujeto de derechos, protegido por el ordenamiento jurídico, cuya dignidad merece consideración y énfasis espacial en cuanto a su respeto y tratamiento, particularmente cuando existe una garantía del debido proceso, regulada por nuestra Constitución, por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, denominada como PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

 

Por ello se determina que el Ministerio Público o ?cabeza sin manos?, a decir de Roxin, es el garante del cumplimiento de la presunción de inocencia que se ve obligado a respetar las garantías de los ciudadanos que están siendo sometidos al sistema penal. En consecuencia, al establecerse un plexo normativo de garantías bilaterales (para el procesado y para la víctima), que es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios públicos que llevan adelante la persecución penal, HA DE RESPETARSE ESTE LÍMITE INFRANQUEABLE, pues: ?El Ministerio Público no fue concebido para cumplir una función unilateral de persecución, como es del caso con el acusador del proceso penal angloamericano, sino para ser custodio de la ley. Ello significa: su tarea consiste en velar, a favor del imputado, porque se obtenga todo el material de descargo y porque ninguno de sus derechos procesales sea menoscabado.?[6]

 

De allí que el Código Orgánico Integral Penal COIP haya establecido que uno de los principios fundamentales para la configuración de un proceso penal democrático, es el de OBJETIVIDAD, el cual implica que el Ministerio Público: ?En el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan.?[7]

 

El acatamiento de este principio es de vital importancia, pues es sabido QUE DICHA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA TERMINA CUANDO EXISTA UNA SENTENCIA, DE ULTIMA INSTANCIA, QUE DECLARA LA RESPONSABILIDAD PENAL Y LA CULPABILIDAD DEL SUJETO PROCESADO, lo que obliga a resolver el caso penal, luego de una investigación CIENTÍFICA SERIA, sin pasiones ni favoritismos, pero sobre todo SIN INTUICIONES, mediante el USO DE LA DOGMÁTICA PENAL,  que restringe al máximo la RESOLUCIÓN INTUITIVA DE LOS CASOS.

 

CIDH: Parámetros para la investigación del Ministerio Público

Por otra parte es importante recalcar que existe un  derecho de la parte procesada: LA DE PLANTEAR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, las mismas que no son letra muerta para el Ministerio Público, sino que deben ser explotadas, por SER el órgano investigador, a fin de garantizar el Derecho a la Defensa del procesado, ya que según explica Maier; ??el poder sancionador del Estado constituye la amenaza concreta de aplicación de una pena de encierro y de sufrir los demás costos personales que apareja el solo hecho de verse sometido a un proceso penal. La historia de la persecución penal ha sido pródiga en arbitrariedades e injusticias y por tal razón se fue consolidando el lugar del derecho a defenderse ante toda imputación de un delito como uno de los derechos fundamentales en defensa de la libertad de todos los ciudadanos. La larga lucha por la consolidación de este derecho se materializa hoy en las fórmulas normativas que los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y las Constituciones de todos los países. Ya no quedan dudas de que la posibilidad real de defenderse de la persecución penal constituye una garantía inherente al Estado de Derecho.?[8]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, ha establecido a este respecto que la investigación llevada adelante por el Ministerio Público: ?? debe ser seria, imparcial y efectiva. Para cumplir con estas exigencias que, en definitiva, apuntan a la debida diligencia por parte de los Estados, la Corte estableció que: [...] se requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; d) determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y e) en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.?[9]

 

Pero adicionalmente ha declarado que: ?Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos?[10]. Se trata por consiguiente en que ?el deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. La debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.?[11]



[1] Alberto Binder.  Iniciación al proceso penal acusatorio (para auxiliares de la justicia). Graficas del Sur Editora. Argentina. 2000.

 

[2] Versión electrónica disponible en http://lema.rae.es/drae/srv/search?val=investigar

[3] Germán Guillen López. La investigación criminal en el sistema penal acusatorio. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Serie Juicios Orales. No, 6. México. 2013.

 

[4] Beatriz Saavedra. Aspectos básicos de la investigación del delito. UBIJUS. México. 2010.

 

[5] El autor de este artículo no comparte esta forma de unificar los términos ?acusatorio? y ?adversarial? a pesar de que el COIP lo haya hecho, pues las diferencias existentes impiden considerarlo como un solo sistema de procesamiento penal.

[6] CIaus Roxin. Posición Jurídica y tareas futuras del Ministerio Público. El Ministerio Público en el Proceso Penal, Ed. Adhoc, Buenos Aires, 1993.

 

[7] Artículo 5.21 del COIP.

 

[8] 5 Alberto Binder.  Manual de Defensoría Penal Pública para América Latina y el Caribe.  Alfabeta artes gráficas, Santiago de Chile. 1985.

 

 

[9] CIDH. Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 4 de julio de 2007, párrafo 106.

 

 

[10] CIDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 10 de julio de 2007.

 

 

[11] Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988; Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2006,; Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 4 de julio de 2007; y Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia del 10 de julio de 2007.

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