Por: Marco Navas Alvear,
Profesor Universitario – UASB

S I ADMITIMOS UNA LECTURA PROACTIVA de la formulación constitucional actual acerca de la ciudadanía, esta tiene una estrecha relación con el tema de la comunicación y sus derechos específicos, a los que hemos denominado genéricamente derechos de la comunicación, como cuerpo de enunciados fundamentales que regulan esa dimensión social de manera integral.
De este cuerpo integrador podremos, para efectos analíticos, derivar unos derechos cuyo amplio ejercicio por parte de los ciudadanos y ciudadanas, supone la creación de formas compartidas de sentido social. A estos derechos los llamaremos específicamente derechos ciudadanos a la comunicación, y a continuación precisaremos sus alcances.
Desde que fue consagrado el derecho a la información por las Naciones Unidas como «piedra de toque» de los demás derechos humanos, la perspectiva sobre el tema se ha tornado no solo más clara sino que ha venido progresivamente extendiéndose al más amplio espectro de la comunicación. A ello ha contribuido el desarrollo también extraordinariamente amplio de las ciencias, interpretaciones y teorizaciones acerca de la comunicacióncomo fenómeno social.

El derecho a la comunicación

La denominación derecho a la comunicación, aparece propiamente, según relata Oswaldo León, en 1969 de mano de Jean D’Arcy, Director de Información de la ONU, quien años más tarde, al referirse al carácter «prospectivo» de su formulación, se refirió a ella en estos términos:
«Hoy día parece posible dar un nuevo paso adelante: el derecho del hombre a la comunicación, como resultado de nuestras últimas victorias contra el tiempo y el espacio, así como de nuestra mayor conciencia del fenómeno de la comunicación. Este derecho fundamental estuvo implícito y subyacente desde los orígenes en todas las libertades conquistadas, tales como la de opinión, la de expresión, de prensa y de información. La aparición de las máquinas, que se interponen entre los hombres, nos hizo olvidar su existencia. Hoy vemos que este derecho abarca todas las libertades, pero que, además, aporta tanto para los individuos como para las sociedades, las nociones de acceso y participación a la información y de corriente bilateral de la información, nociones todas necesarias, como bien comprendemos ahora, para el desarrolllo armonioso del hombre y de la humanidad».
En estas palabras se halla sintetizado todo el giro epistémico e histórico, que la denominación derecho a la comunicación conlleva en el campo de los derechos humanos y fundamentales. Pero además, en ellas se destaca su perspectiva humanista.

Nuevo orden mundial de la comunicación

Cabe resaltar la vinculación y el uso argumental de estas ideas con una serie de iniciativas que apuntaban a crear un espacio comunicativo plural y democrático. Una de las más relevantes acaso haya sido la del Nuevo Orden Mundial de la Comunicación (NOMIC) en cuyo entorno se creó un profundo debate que abarcó los territorios del poder y la política mundiales y nacionales en América Latina durante los años 70s y 80s.
Es decir que, siendo objeto de un uso argumental por parte de determinados actores sociales, especialmente organizaciones civiles, acaso ha sido en el marco de estos debates, muchas veces interdisciplinarios, en donde el derecho a la comunicación se ha dotado o ha enriquecido su contenido.
Fue asímismo la Comisión presidida por Sean Mc Bride y creada a instancias de la UNESCO uno de los espacios más importantes de sistematización de algunas tesis sobre el estado de la comunicación moderna. Se identificó, por ejemplo: la presencia de estructuras y sistemas comunicativos verticales que reflejaban una concentración del poder de decisión en pocas manos, frente a un público con mínima o ninguna capacidad de respuesta. Y a partir de allí se propusieron variadas alternativas que alimentarían la agenda de debate de los siguientes años: la necesidad de afianzar los derechos de los públicos; clarificar las responsabilidades de quienes ejercen poder de comunicar; definir el papel de la comunicación en relación a las identidades culturales; crear formas de democratización, etc.
Hoy es justamente un fuerte y activo movimiento internacional de derechos humanos, integrado por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y distintos colectivos de ciudadanos que velan por la vigencia global (o mundial) de todos estos derechos, el que ha venido incorporando a sus discusiones el tema de la comunicación, pugnando además por situarlo como uno de los ejes centrales de defensa de los derechos humanos, al punto de recomendar a la ONU, la realización de una Conferencia Mundial sobre el derecho a la comunicación.

Ámbitos de acción

Lo expresado supone además que los derechos a la comunicación no se los puede analizar sin tomar en cuenta los ámbitos concretos de acción desde los cuales puede afirmarse la posición de los ciudadanos es ese sentido proactivo propuesto. Dos de esos ámbitos a los que la dimensión comunicativa cruza son el de la cultura, por un lado, y por otro el de la participación, con acento particular en la participación política:

a) La Cultura

El cambio axiológico y de sentido del texto constitucional hace ver a la comunicación como una dimensión que abarca la totalidad social, por lo que resulta necesario, además de subjetivar el derecho a la comunicación, apreciarlo como expresivo de esa dimensión totalizante de todas las prácticas sociales. En ellas, como ha dicho Marcelino Bisbal, «se produce en sentido de la vida…».
Mucho más hoy que «audazmente» la Constitución ha sacralizado el reto de la sociedad ecuatoriana para las próximas décadas, este es el de asumirse compleja y diversa y por lo tanto de funcionar en lugar de con paradigmas centrífugos, omnicomprensivos y absorventes, con otros inclusivos que desarrollen mecanismos de interculturalidad en donde puedan a la vez afianzarse elementos expresivos de diversidad cultural y formas de reconocer las identidades múltiples, fragmentadas y complejas para que estas tengan voz propia con la cual expresarse. Y más allá de eso, contruirse identitariamente.
Así, como con acierto sentencia Nancy Fraser: «Hay que reconocer que esta comunicación requiere ser alfabeto en términos multiculturales, pero creo que eso puede lograrse con la práctica». Es la práctica y a la vez, la conjunción entre cultura y comunicación donde se verifica la posibilidad del giro social que el Ecuador requiere, inmerso en la severa crisis institucional que no termina.

b) El derecho a comunicar es la clave de estas necesarias concresiones.

En cuanto a la participación, hay que subrayar que, desde la misma proposición del texto actualmente convertido en Ley Fundamenal tuvo ese acento participativo de la mano de varias organizaciones de la sociedad civil que demandaban precisamente normas que reformularan los mecanismos de representación política y creen espacios de mayor participación ciudadana.
El tema de la comunicación, como nos relata Marena Briones, fue ejemplo de esas demandas, las mismas que coincidían precisamente en «concebir a la comunicación como un derecho ciudadano fundamental». De modo que la norma fundamental recoge una expresión de la participación civil organizada como vertiente que sustenta su elaboración.
En lo relativo a la participación política, la ciudadania en cuanto institución prescriptiva constituye hoy una clave para relanzar los procesos de democratización en América Latina. En parte debido a que, como expresa Julio Echeverría, en el centro mismo de cualquier noción de democracia, se halla el ideal de lograr una participación extendida en la definición del destino colectivo. En este sentido, el derecho a la comunicación objetiva justamente «aquella dimensión a la cual se remiten los ciudadanos para defender sus derechos a la realización de sus espectativas».
Si buscamos entonces contruir vías concretas para la participación democrática, no podemos descuidar a la comunicación. Por y para ello es necesario pensarla en términos de territorio, como ya hemos dicho, de espacio comunicativo público.
En este punto hay que volver a uno de los temas fundamentales de este libro: la importancia de la publicidad en el espacio de la comunicación, como ideal a mantener. Sin embargo, se trata de una dimensión de lo público que, de acuerdo a la nueva propuesta del Estado Social de Derecho que nuestra Constitución contiene, rebasaría las ambiciones de su inicial versión liberal inicialmente referida (Ver 2.1.).

Creemos en razón de estas consideraciones que el carácter público del espacio comunicativo supone con relación a la participación, entre otras cosas, la posibilidad de concreción de formas de escrutinio hacia el ejercicio del poder estatal.

Escrutinio que para ser efectivo debe recuperar una visión crítica.

Esto tiene que ver a su vez con la conversión de los ciudadanos en lo que la Fraser denomina «públicos fuertes» vía mecanismos de democracia directa (las nuevas tecnologías de la sociedad de la información pueden ser un camino hacia ello); además de formas de responsabilidad y transparencia.
Y es que solamente siendo público, accesible, compartido en los términos más amplios, un espacio comunicacional, resultará el escenario de la ciudadanía proactiva; tal como Fraser dice refiriéndose a las democracias avanzadas, «más allá de la democracia actualmente existente».
Deberíamos pensar entonces que si en democracias supuestamente avanzadas se requiere, como argumenta la autora norteamericana, «repensar la esfera pública», (que como vimos ya, es la base del desarrollo institucionalizado de los medios), en las democracias de nuestros países latinoamericanos que adolecen de esquizofrenia.
Esta necesidad resulta mucho más urgente en medio de este caos de inicios de siglo, de violencia globalizada, de extremismos y de inseguridades.
En consecuencia, una nueva propuesta, tanto de esfera pública, desde la teoría política, como de un espacio comunicativo debidamente tutelado y coherente con el estado social de derecho, desde el tema específico que nos ocupa, pueden ser un instrumento prescriptivo potente que ayude a avanzar en el tratamiento de esta esquizofrenia que corroe las neuronas del tejido social.