Por: Dr. Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General
Dentro de un estado democrático el Derecho penal cumple una doble función de protección; la primera respecto a controlar las manifestaciones de violencia que existen dentro de la sociedad, y la segunda referente a las limitaciones que se imponen al Estado, con el fin de evitar excesos en el uso del poder.
Con ese afán, el artículo 195 de la Constitución ecuatoriana, señala al principio de mínima intervención como una de las reglas básicas de la investigación penal. De esta manera se establece un catálogo de garantías y derechos que limitan cualquier tipo de coerción ya sea estatal o de parte de los particulares.
Las sanciones que las normas penales imponen, vulneran derechos; sin embargo encuentran justificación en cuanto esas limitaciones significan un mal menor frente a las reacciones sociales violentas que genera la comisión de algún delito.
Es así que la represión estatal constituye un método de control que, dentro del estado democrático, debe respetar las condiciones de dignidad del ser humano.
En atención a un Derecho penal mínimo, éste deberá preocuparse exclusivamente de las conductas relevantes para la sociedad; aquellas que vulneren derechos de los ciudadanos y cuya satisfacción no se halle a través de algún otro mecanismo establecido por el Estado.
Como lo manifiesta Luis Prieto Sanchís, el empleo de la ley penal deberá conseguir la tutela eficaz de los bienes protegidos, cuando no existan otros medios menos perjudiciales y sus beneficios sean mayores al daño que se causa; es decir debe ser idóneo, necesario y proporcional.
La mínima intervención penal se proyecta así como una garantía para los ciudadanos, ya que frente a los recursos con los que cuenta el Estado para la persecución, el procesado mantiene su presunción de inocencia que únicamente se desvirtúa con una sentencia condenatoria, que haya sido producto de un juicio previo.
La humanización del Derecho penal, junto con el legítimo respeto a la dignidad del ser humano ha permitido la consolidación de un derecho garantista, que constituye el principal instrumento de defensa de todos los ciudadanos, pues delimita la reacción violenta del Estado frente a los delitos.
Por tanto, el Derecho penal debe ser considerado como una herramienta de ultima ratio, llamada a intervenir únicamente frente a las conductas más graves del conflicto social, que afecten bienes jurídicos penalmente relevantes.
ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSORÍA PÚBLICA
De acuerdo a las normas nacionales e internacionales el acceso a la justicia constituye uno de los principales derechos humanos, pues consiste en garantizar a todos los ciudadanos las posibilidades de recurrir al sistema judicial para la solución de sus conflictos.
El acceso a los servicios públicos, en general, resulta difícil para quienes menos posibilidades económicas tienen y la administración de justicia no escapa de esta realidad.
Con el fin de que la justicia sea asequible a todos, la Defensoría Pública en su misión de defender gratuitamente a las personas en estado de indefensión, ha garantizado la asistencia y acceso a la justicia de los grupos más vulnerables.
Sin lugar a dudas, quien se enfrenta a todo el aparataje estatal de investigación y persecución, se encuentra en una situación de desventaja; de manera que los Estados se encuentran obligados a facilitarles los recursos que les permitan afrontar el conflicto.
Antes de la creación de esta institución, la falta de recursos económicos constituía el principal factor por el que las personas debían relegar la contratación de un abogado, frente a las imperiosas necesidades del diario vivir. Por ello, la asistencia y patrocinio de los defensores públicos ha garantizado que miles de personas puedan enfrentar técnicamente un proceso judicial, sin importar su condición social o económica.
El acceso al sistema judicial a través de la Defensoría, ha permitido también que las causas se desarrollen en igualdad de condiciones, y sobre todo que los involucrados cuente con toda la información referente a su caso y conozcan claramente sus derechos.
Con una institución estatal encargada de la defensa y asistencia legal gratuitas, se ha logrado además que todos los sectores del país cuenten con este servicio. De esta manera se han descentralizado las posibilidades de contar con abogados capacitados, permitiendo que la ubicación geográfica no sea un impedimento más para la solución de conflictos.
La labor de la Defensoría no sólo ha permitido el acceso de la justicia de quienes han estado procesados, sino que también ha posibilitado que las víctimas puedan encontrar salidas a sus conflictos. La comparecencia y asesoría de nuestros abogados ha facilitado también que los juicios puedan desarrollarse sin demoras, ni dilaciones; así, quienes han resultado ofendidos también han hecho valer sus derechos dentro de procesos públicos, orales y contradictorios.
Por estas razones, la defensa pública se ha convertido en un instrumento importante de acercamiento de la justicia a los ciudadanos, de educación acerca de sus derechos, y de protección al garantizar que los juicios se desarrollen respetando el debido proceso.