CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN LEGÍTIMA Y EXPRESA DE AUTORIDAD COMPETENTE

Lunes, 19 de diciembre de 2016

CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN LEGÍTIMA Y EXPRESA DE AUTORIDAD COMPETENTE.

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Podría decirse que esta orden legitima y expresa de autoridad competente deviene o produce un estado de obediencia para quien la ejecuta debiéndose considerar que la obediencia más generalizada es la debida a la voluntad de los dioses, tanto así que incluso la misma biblia nos da a entender que cuando el profeta Samuel dijo: ?La obediencia vale más que los sacrificios, y el ser dócil importa más que ofrecer carneros bien cebados. Porque el desobedecer al Señor es como un pecado de magia, y como crimen de idolatría el no querer sujetársele?.[2]

 

Nos está dando de alguna manera una idea del concepto de obediencia que surte en razón del cumplimiento de una orden legitima y expresa de autoridad competente; no obstante, en el ámbito penal esta obediencia es una eximente de cumplimiento de un deber es decir es una causa de justificación o de exclusión de la antijuridicidad que elimina la antijuridicidad de la conducta del subordinado volviéndola lícita.

 

Sin embargo, para Quintano Ripollés, en su obra ?Tratado de derecho penal internacional?, es muy acertado cuando manifiesta que el 8 de abril de 1945 los aliados firmaban el Estatuto y Acuerdo de constitución del Tribunal Militar Internacional que juzgaría los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, en donde se asistía a un cambio fundamental en la institución de la obediencia debida, ya que en efecto, al afrontar el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos, el tribunal se encontraba ante la posibilidad de que las responsabilidades se diluyeran entre las órdenes y jerarquías de la organización nazi, con el riesgo de que los hechos quedaran en la impunidad.[3]

 

Esta noción nos da entender que el deber de obediencia al superior, que radica de la existencia de una orden legitima y expresa de autoridad competente, es una exención de responsabilidad al subordinado que actuaba conforme a dicha obediencia y en razón del cumplimiento de dichos parámetros, ya que se explicaba la fundamentación de las sociedades antiguas bajo el principio de autoridad.[4]

 

Lo cual, si analizamos desde esta única concepción, se estaría entendiendo como que la disciplina, moral y espíritu, aunque puedan en apariencia parecer diferentes y sin relación, son todas condiciones necesarias para lograr una rápida aceptación de la obediencia para el cumplimiento de las órdenes impartidas por el superior, órdenes que, en definitiva, son las herramientas ejecutivas imprescindibles para obtener eficiencia y efectividad en una organización militar.

 

Evidenciándose que el presupuesto de la obediencia es la existencia de una orden del servicio previa, en donde el mando se ejerce por órdenes y una orden es el mandato de un superior que deberá ser cumplido por el subordinado a quien está destinado.

 

Es decir, está eximente de responsabilidad de alguna manera permite justificar jurídicamente acciones que, de otra manera serían catalogadas como delitos, en donde se deriva que, en la consumación de una conducta punible, no resultaría proporcional ni justo, si un sujeto fuera objeto de una pena cuando cumple una obligación impuesta por un superior, que en caso de no acatarla se haría acreedor a una sanción.

 

Debiéndose indicar que dentro del cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente, es necesario considerar el estudio de lo que se conoce como mandato vinculante, que no es sino aquel que actualiza un deber impuesto por el Derecho, que para Queralt Jiménez, en su obra: ?La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de Justificación.?, manifiesta que no existiría un auténtico deber jurídico ya que éste no se concibe sin sanción material[5], lo cual nos lleva a pensar que el mandato vinculante se correspondería con el mandato cuya desobediencia es tipificada por alguna norma de conducta o incluso el mismo Código Orgánico Integral Penal.

 

Lo cual, en palabras de Díaz Palos, sería entendido como que en el ámbito de estos mandatos quedaría muy reducido en la práctica, aparentemente y siendo fiel a la letra del precepto penal en donde se colige la obligatoriedad de ciertos mandatos antijurídicos que son aquellos que, manteniendo los presupuestos formales y competenciales, constituyen una infracción de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general sin llegar a ser tal infracción.[6]

 

Lo que en síntesis nos permite entender que para que se genere un deber de obediencia, siempre deben concurrir algunos requisitos como son la relación de subordinación y legitimidad básicamente, pero no obstante para que sea esta actuación justificada debe legitima y expresa de autoridad competente.

 

Debiéndose tomar en consideración que, desde un principio, se ha considerado indispensable que dentro de por ejemplo las fuerzas militares reine un criterio de estricta jerarquía y disciplina, pero se ha rechazado como inconstitucional la concepción absoluta y ciega de la obediencia, tal es así que el principio no absoluto de obediencia debida pese a que exista la determinación de autoridad competente, no solamente corresponde a la noción aceptada por la conciencia jurídica universal como fruto de la evolución histórica y filosófica de tal concepto, sino que también coincide con el alcance que la doctrina del derecho penal le concede.

 

Dándose a entender que la responsabilidad penal derivada de los actos ilícitos cometidos en obediencia a los superiores, resulta un tema de interés multidisciplinar ya que se debate de forma intensa en diferentes ámbitos jurídicos en donde esta eximente por obediencia debida nos conlleva a pensar en diversos contextos generados por los conflictos que incluso podrían ser bélicos razón por la cual los Convenios de Ginebra de 1949 y sucesivos Protocolos Adicionales de 1977 omitieron el problema de la comisión de crímenes internacionales en obediencia a las órdenes de los superiores.

 

Sin embargo, ello no impidió que durante los trabajos de redacción de sus textos se planteara la cuestión e incluso se mantuvieran posturas que reflejaron el sentir respecto del problema de la obediencia debida.

 

Siendo uno de los primeros referentes judiciales conocidos que trataron la cuestión de la exención por obediencia es el Juicio de Peter Von Hagenbach en el año 1474, en el cual Peter Von Hagenbach fue nombrado gobernador de la ciudad de Breisach por Charles The Bold, y siguiendo instrucciones de éste, aplicó un régimen de particular tiranía tanto en la propia ciudad de Breisach como en los territorios vecinos, mediante la práctica habitual de asesinatos, violaciones, saqueo y privación de propiedades privadas a los habitantes de dichas localidades. [7]

 

A lo cual para enjuiciar los crímenes cometidos por Peter Von Hagenbach, se formó un Tribunal Internacional bajo los auspicios del Archiduque de Austria en el que se debatieron los problemas derivados de la responsabilidad criminal que había de atribuirse a quien había cometido crímenes en nombre o siguiendo instrucciones de su superior, el Duque de Burgundy cuyas órdenes, alegó, no podía desoír.

 

Sin embargo, este Tribunal rechazó esta defensa dictaminando que había infringido las leyes más universales de Dios y de los hombres y que los hechos atribuidos al imputado eran auténticos crímenes bajo dicha consideración, dejando sentado que actuar por obediencia no era un cheque en blanco para el subordinado.[8]

 

 En definitiva, el juicio de Peter Von Hagenbach en el siglo XV refleja el conflicto entre las exigencias de la disciplina militar de que se obedezcan las órdenes y las exigencias de la justicia de que los crímenes no queden impunes.[9]

 

Existiendo una contraposición en la cual nos denota la necesidad de determinar bajo qué circunstancias operaria de manera directa la obediencia debida, siendo esta un eximente de exclusión de la antijuridicidad y bajo qué casos está no sería admitida.

 

Considerando que la obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para las buenas relaciones, la convivencia, la misma que conlleva a que incluso pese a que es una de las cosas que más trabajo nos cuestan se acepte someter nuestra voluntad a la orden de otra persona.

 

Tomando en consideración que vivimos en una época donde se rechaza cualquier forma de autoridad, así como las reglas o normas que todos debemos cumplir, y con mucha más razón cuando desde nuestro subconsciente sabemos que estas disposiciones desde toda óptica afecten o transgredan bienes jurídicos protegidos.

 

            En tal sentido parece claro que el problema no radica en las personas que ejercen una autoridad, tampoco en las normas creadas para mantener el orden, la seguridad y la armonía sino en el pretender sentir que obedeciendo determinadas ordenes que sabemos son destinadas a la comisión de actos ilegales, pretendamos que dichas acciones se encuentren justificadas por obediencia debida entendida esta como el cumplimiento de una orden legitima y expresa de autoridad competente.

 

Como por ejemplo seria plenamente aplicable la justificación dentro del cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente en el caso que se haya producido lesiones a un ciudadano cuando un policía, en pleno cumplimiento de lo amparado en el Acuerdo Ministerial No. 4412, de fecha 10 de julio de 2014, emitido por el Ministerio del Interior, cumple con la orden dada por su superior el mismo que le dice que repela las acciones violentas en una manifestación, para lo cual además es necesario verificar si se tomó en consideración o no los presupuestos establecidos en el artículo 23 del referido Acuerdo mismo que de manera textual indica que:

 

?En caso de que en una manifestación se produzcan acciones violentas para el control y neutralización de estas, las o los servidores policiales deberán:

 

1.      Exhortar a los manifestantes a que desistan de su actividad violenta;

2.      Advertir claramente que, de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza;

3.      Ejercer los distintos niveles del uso de la fuerza, hasta lograr el restablecimiento del orden público;

4.      En desobediencia, agresividad o violencia de los manifestantes, se hará uso de armas no letales y demás medios logísticos y tecnológicos en dotación para el control antidisturbios; y,

5.      Dejar de usar la fuerza al cese de la resistencia o violencia adoptando las correspondientes medidas de seguridad.

 

Las y los servidores policiales no podrán usar armas de fuego con munición letal en la dispersión de manifestaciones, salvo contra determinada persona que esté poniendo en riesgo actual, real e inminente la vida de los servidores policiales o la de terceros [?]?[10]

 

En el caso de que se haya actuado siguiendo dichos lineamientos pese haber causado lesiones a un ciudadano la actuación del policía estaría plenamente justificada, no obstante, si el superior le dijese al policía que dispare contra todo aquel que no se disperse y que de no cumplir con dicha disposición sería inmediatamente separado de la Institución; a lo cual el policía decide acatar dicha orden esta conducta no estaría justificada en razón de que el mismo artículo 9 del Acuerdo Ministerial No. 4412, de fecha 10 de julio de 2014 es claro cuando indica que:

 

?Ningún servidor policial podrá ser objeto de proceso y sanción por negarse a ejecutar una orden ilegitima de uso de la fuerza si está, fuere notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito; dicha orden a más de no ser cumplida, será informada al superior jerárquico inmediato de quien la emitió.?[11]

 

Es decir, es obvio en qué casos opera el cumplimiento de una orden legitima y expresa de autoridad competente como una causa de exclusión de la antijuridicidad y en cuáles no.

 

Lo cual nos conlleva a entender que la orden de autoridad competente para expedirla y ser acatada debe estar revestida de las formas exigidas por ley y debe ser totalmente legitima, es decir que no contravenga disposiciones legales ni constitucionales; además de que el agente que cumpla dicha disposición de alguna manera debe encontrarse jerárquicamente subordinado a quien expide la orden y finalmente la orden no debe tener el carácter de una evidente infracción punible.

 

Dicho en otras palabras, para que pueda invocarse esta causal de exclusión de la antijuridicidad, no basta con que haya una relación jerárquica y una orden emanada de un superior que cumpla con las formalidades, sino que también resulta necesario ponderar la naturaleza de la conducta realizada, la que debe ajustarse a derecho y bajo ningún parámetro pretender lesionar gravemente bienes jurídicos protegidos de trascendental importancia como por ejemplo la vida.

 

No obstante, es necesario determinar que el Código Orgánico Integral Penal es claro en este tema ya que determina que además en el caso de que no se cumplan con la ejecución de órdenes legítimas, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 282, el mismo que de manera textual manifiesta que:

 

?Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. - La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

 

La o el servidor militar o policial que se niegue a obedecer o no cumpla las órdenes o resoluciones legítimas de autoridad competente, siempre que al hecho no le corresponda una pena privativa de libertad superior con arreglo a las disposiciones de este Código, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

 

Se aplicará el máximo de la pena prevista en el inciso segundo de este artículo, cuando la o el servidor militar o policial desobedezca o se resista a cumplir requerimientos legítimos de la Policía, en su función de agentes de autoridad y auxiliares de la Fiscalía General del Estado.?

 

Como se puede evidenciar de la lectura de este artículo, que para que la conducta sea punible es requisito fundamental que la orden tiene que ser dada por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, es decir que no puede ser una orden que rompa los esquemas constitucionales y legales, determinando que se cometa por ejemplo un delito de asesinato, ya que de hacerlo la desobediencia a esta orden seria plenamente valida ya que la misma se aleja de los parámetros constitucionales y legales.

 

No obstante, la descripción del tipo penal previamente enunciado, se podría instituir que no existe límites precisos de la conducta, esto es, que no se evidencia una individualización de las órdenes o prohibiciones específicas que son punibles, ni considera la legitimidad de ellas en el contexto que fueron impuestas.

 

Lo cual nos denota que estamos frente a un tipo penal abierto lo que daría lugar a que sean los jueces los que deban determinar los parámetros que hacen el incumplimiento grave o leve para aplicar el máximo o mínimo de la pena, respectivamente.

 

 



[1] Abogado, conferencista y escritor.

Correo:  scor1719@hotmail.com

[2] Biblia; ?Libro I de los Reyes?, cap. XV, vers. 22 y 23).

[3] Quintano Ripollés, Tratado de derecho penal internacional, t. I, Madrid, Instituto Francisco de Vitoria, 1955, p. 180. Algo similar ya había sucedido en el juzgamiento de los hechos de la Primera Guerra Mundial, en el que la obediencia constituyó una válvula de escape de delimitación de responsabilidades.

[4] Elías Díaz, Estado de Derecho y sociedad democrática, 4a reimp., Madrid, Edit. Taurus, 1985, págs. 31.

[5] Queralt Jiménez, J. J., ?La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de Justificación.?

[6] Díaz Palos, F., ?En torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida?; p. 98.

[7] Schiff, B. N., Building the Internacional Criminal Court, Cambridge University Press, Nueva York (EEUU), 2008.

[8] Assiouni, C., Crimes Against Humanitiy in International Law, 2ª edic., Kluwer Law International, La Haya/Londres/Boston, 1999.

[9] Garraway, C., «Superior orders and the international criminal Court: justice delivered or justice denied», International Rewiew of the Red Cross, Nº 836, 1999.

[10] Acuerdo Ministerial No. 4412, de fecha 10 de julio de 2014, Ministerio del Interior.

[11] Ibíd.

Change password



Loading..