Constitucionalismo y seguridad ciudadana

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

Por: Dr. Javier de La Torre P
DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS CONSTITUCIONALES
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN que en un país que más allá del 70% de la población soporta índices infrahumanos en su economía, se vuelve eminente el incremento de la delincuencia, la misma que deberá ser enfocada dentro de tres aspectos.

Delincuentes de cuello blanco

El primero de ellos hace relación a los delitos que se cometen a través de los ardides legales y que están amparados en sectores del poder del Estado que bajo negociaciones ilícitas y peculados, bancarios, etc., se vuelven difíciles de perseguir, ya que estos delincuentes de cuello blanco son lo suficientemente hábiles para eludir a la justicia; es más, este tipo de delitos se convierten en atracos multimillonarios al erario público y la mayoría de sus autores evaden de una u otra forma la persecución judicial para lograr ser detenidos y sancionados como la ley prevé; con un alto nivel económico estos delincuentes pueden sufragar gastos ya sea para corromper, ya sea para tratar con hábiles abogados que de cualquier forma, incluso rompiendo la ética, los hacen salir impunes de aquellos monstruosos atracos que han cometido, como podemos darnos cuenta en los últimos 5 años.

Narcotráfico

El segundo tipo de delitos son aquellos que tienen que ver con el tráfico y blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. Una de las formas que los sectores económicos medios han visto necesario para el enriquecimiento ilícito es dedicarse a las labores ilícitas del narcotráfico. Para ello se debe tomar en consideración que éste responde a la apertura de los mercados que se han dado en los países de alto consumo de droga, que posibilita que este tipo de delitos sea realmente de gran beneficio económico para sus autores.

En el país existen verdaderos clanes de la droga, enquistados en empresas fantasmas, que raramente son detectados a tiempo, y los que sufren las consecuencias de la represión policial, generalmente son aquellos individuos que en el argot del tráfico de estupefacientes son conocidos como "mulas", que por tres o cuatro mil dólares arriesgan su vida, ingiriendo cápsulas de clorhidrato de cocaína, a veces en cantidades de 30, 40 o más paquetes. En la Defensoría del Pueblo hemos visto cómo este tipo de ciudadanos, al reventarse la cápsula en el estómago, mueren inmediatamente y son depositados en la morgue de países de Europa y en Estados Unidos, sin que nadie reclame tan siquiera sus cadáveres.

Delitos contra la propiedad

Por último, el tercer punto de delitos, el de mayor índice, es el cometido por aquellos ciudadanos que debido a sicologías sociales, estructuradas, en su dependencia con la vinculación a la clase a la que pertenecen, la más empobrecida, se dedican a delitos sexuales, contra la propiedad, etc.

Para este último sector se ha implementado dentro de la concepción del Estado un proceso calificado por muchos autores bajo el parámetro de vigilar y castigar; esto quiere decir que el individuo permanentemente se siente ultrajado por una sombra que le instiga a delinquir, a sabiendas de que traerá consigo una sanción que generalmente repercute en la pérdida de su libertad, la misma que se sustenta en el fundamento de extraerlo del núcleo social y ponerle en centros penitenciarios, donde igual que en los manicomios, no pueda afectar a los bienes jurídicos protegidos por el Estado. En tanto que el viejo concepto de la rehabilitación es totalmente inoperante, así se lo ha demostrado en la práctica.

La Policía Nacional, de conformidad a lo que establece la Constitución Política de la República, en su art. 183, párrafos cuarto y quinto, tiene como misión fundamental el garantizar la seguridad y el orden público y se constituye en un ente auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía nacional, vale decir que bajo el presupuesto constitucional existe un factor denominado violencia, que se produce en los espacios individuales y sociales, motivo por el cual se vuelve imprescindible garantizar la permanencia del Estado, instrumentar una institución disciplinada y de estructura vertical como es la Policía que frene especialmente los actos que atenta contra la seguridad jurídica; pero es un error entender que el problema de inseguridad ciudadana nace exclusivamente dentro del ámbito de la delincuencia.

El incremento de las conductas delictivas

tiene que ver con comportamientos sociales típicos que responden a una estructura de exclusión social y de injusticia que sufren amplios sectores de la población marginados de los modelos económicos y afectados directamente por la selectividad de los sistemas penales penitenciarios y policíacos represivos.
De ahí que la recuperación y la construcción de una verdadera democracia constitucionalista tiene que aparejar la adopción de valores y paradigmas distintos en lo que hace relación a la seguridad, referentes a los regímenes dictatoriales y de facto que fueron producto de un pasado por todos nosotros conocido.

Estos regímenes dictatoriales concebían al ente policial dentro del orden y la disciplina social, como un organismo de represión y no subordinaban sus intereses a los derechos y garantías individuales de las personas y de la comunidad. Fue en esa época en la que más se instrumentó la doctrina de la seguridad nacional que desplegó un terrorismo de Estado ante lo que se denominó el "enemigo interno", que no era más que aquel que no respondía a los intereses del sector económico dominante del país.

Seguridad ciudadana

Ante esta situación surgió un nuevo planteamiento, el de la seguridad ciudadana democrática, en el cual los valores y paradigmas fundamentales son los de la promoción y el respeto de los derechos humanos, dentro de su concepción integral; y la tranquilidad pública es consecuencia del esfuerzo conjunto para genera oportunidades iguales para el desarrollo en pleno de las facultades de todos los habitantes.

El ente policial dentro de un marco constitucional y ante el enfrentamiento de la delincuencia debería equilibrar la investigación, la persecución de las conductas delictivas en referencia al Estado de derecho y las garantías contempladas dentro de la Constitución, que de una u otra forma precautelan la integridad jurídica de los ciudadanos; dentro de este marco conceptual, las tendencias modernas tanto en la doctrina de derecho penal, cuanto en la criminología, tienden a establecer una política de despenalización y soluciones alternativas carcelarias, que siempre irán unidas a través de la tecnificación y profesionalización de los cuerpos policiales.

Ante el incremento de delincuencia se ha dado una actitud miope de las raíces sociales y estructurales de las conductas delictuales y ha primado en cierta forma una tendencia finalista que busca establecer un aparato supuestamente preventivo, represivo y rehabilitado que, como ya hemos indicado, ha demostrado su fracaso; es más, éste se ha transformado en un factor altamente criminógeno, en el cual los ciudadanos que han delinquido, en la mayoría clase humilde, vuelven a ingresar en alto índice a los llamados centros de rehabilitación.

No es menos cierto que en la práctica policial se ha visto, en cuanto al enfrentamiento delictivo, que no se apareja la necesidad de la seguridad ciudadana; por el contrario, la inseguridad es un factor más rígido de los sectores sociales excluidos, empobrecidos, vulnerables o marginales, que constantemente sufren violaciones a sus derechos humanos. Si bien no es una norma general, se ha visto una acción violenta por parte del ente policial frente a los conflictos sociales, batidas o redadas policiales indiscriminadas, detenciones preventivas por mera sospecha, por detenciones a su vez por comportamientos no precisamente delictivos de sectores alcohólicos, prostitutas, homosexuales, gentes que están en la desocupación o subocupación y mendigos.
Todo esto conlleva a un enfoque no correcto del fenómeno delictivo, por otra parte la acción violenta de los agentes que vigilan el orden público. De ahí que vuelva necesario una política entre el Estado y la sociedad para el enfrentamiento de la seguridad ciudadana, buscando un deseable equilibrio entre lo que puede ser la libertad y la autoridad.

Solución estructural y democrática al fenómeno delictivo

Dentro de un sistema democrático con visión social, se tiene a no dudarlo que garantizar los derechos que son propios a través de conquistas sociales de todos y cada uno de los que forman parte del Estado-nación. Debe darse una solución estructural, democrática al fenómeno delictivo, especialmente bajo el entendido que la acción preventiva a través de la participación social dará un mejor resultado que la acción represiva y presuntamente rehabilitadora.

No solamente los delitos de pandillerismo, delitos contra la vida, la integridad física y sexual, el terrorismo, el narcotráfico deben ser preventivos, es indispensable que los delitos de cuello blanco en el ámbito financiero, los delitos informáticos, los delitos contra el consumidor, contra el patrimonio histórico, delitos de alta corrupción en los niveles públicos del Estado que en muchas de las veces no apareja un interés en cuanto a la sanción y a la investigación y que en la mayoría de los casos han quedado impunes.

El radio de la acción delictiva al ampliarse ha traído como lógica consecuencia que sean los propios sectores populares quienes busquen la seguridad en las áreas urbanas a través de construcciones de muros, empresas de guardianías privadas, que van segmentando a la colectividad y, como es lógico suponer, traen situaciones de incomunicación y sospechas mutuas dentro de la sociedad. Se ha visto el creciente empuje de las empresas de seguridad privada, hasta llegar a fuerzas parapoliciales y paramilitares que en ciertos momentos resquebrajan la labor que está encomendada por la Constitución a la Policía Nacional, rompiendo todo marco de ordenamiento jurídico del Estado de derecho.

El delito de muchedumbre, en términos más comprensibles la justicia por propia mano, se vuelve cada vez más apreciable en ámbito de los sectores sociales, los llamados linchamientos se escudan en una falsa política de autodefensa social, arbitraria y violatoria de la normatividad jurídica.

De todo ello se concluye que el sistema democrático dentro de la conciencia colectiva se presente como ineficaz o ineficiente para brindar seguridad frente al delito; ante ello, en forma totalmente impropia se busca conductas autoritarias y respuestas gubernamentales penalizadoras y represivas, lo que produce un retroceso en cuanto a la visión moderna del Estado frente al problema de la violencia. Es así como nos encontramos ante hechos claros que desafían de una u otra forma la insuficiencia de un mal llamado sistema democrático y la impractibilidad de la defensa de los derechos humanos; por el contrario, se produce una disminución de la figura institucional y de la figura estatal, regresando a posturas autoritarias y burocráticas.

Una nueva concepción doctrinaria de la institución policial

La seguridad ciudadana tiene que ser vista dentro del derecho humano, que debe proteger y promoverse a través de reformas institucionales tanto en la administración de justicia y especialmente en el aparato policial.

La Policía, quiérase o no, tiene que enfrentar el fenómeno de la delincuencia reelaborando sus postulados institucionales, sus mecanismos de acción. Debe entender que el monopolio de la fuerza física y las armas que ejerce dentro del Estado no puede usarse contra la sociedad y los ciudadanos sino para preservarnos y protegernos.

Debe cumplir con su rol de defender la seguridad ciudadana sin equivocar el ámbito de la defensa nacional, el mismo que corresponde en forma exclusiva a las Fuerzas Armadas; ya que solamente en circunstancias de carácter excepcional las FF.AA. pueden ingresar en tareas de seguridad interna.

La Policía debe desarrollar un claro perfil apolítico, profesional, técnico y altamente eficiente integrado a la comunidad. Se debe desterrar todo tipo de tendencia a la militarización y debe alejarse del ente policial la manipulación gubernamental en lo que tiene que ver con labores de espionaje, inteligencia o represión que pueden nacer del gobierno de turno.

La Policía debe ser revalorizada como una institución de servicio público para preservar la seguridad ciudadana y democrática, la protección de los derechos humanos; y solo a partir de ello la prevención y el enfrentamiento al delito
Lo anotado demanda una nueva concepción doctrinaria de la institución policial, la misma que deberá articularse, a mi modo de entender, bajo los siguientes presupuestos:

1. La defensa y protección de los derechos humanos.

2. El servicio policial como forma esencialmente civil, no militar ni armada, y que se exprese en labores de educación, prevención, información y protección de todos los ciudadanos.

3. El cuerpo policial debe ser eminentemente modernizado, dotándolo de tecnología, formación y carrera profesionales, a la vez que de recursos logísticos, adecuada infraestructura y salarios dignos.

4. La Policía debe integrarse con las organizaciones de la comunidad, para desplegar todo el abanico que supone la prevención, y para superar la desconfianza que la comunidad ha desarrollado respecto a la Institución. La participación ciudadana en la formulación y evaluación permanente de políticas policiales es parte de la modernización y la revalorización a la que debe propender la función policial.

El aumento de la prevención contra el delito no debe agotarse exclusivamente con las reformas policiales, debe necesariamente estar acompañada ya en lo inmediato, en cambios trascendentes en el aparato judicial y en los mecanismos penitenciarios.

Es indudable que se da una ineficiencia demostrable en la práctica, en la investigación y sanción por parte de los jueces en cuanto a las conductas delictivas a través de prácticas obsoletas, burocráticas, retardatorias, totalmente impersonales y corruptas, las mismas que afectan directamente a la seguridad

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